Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2024-00274-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2024-00274-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-33-000-2024-00274-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 22 de mayo de 2026
Radicación: 50001-23-33-000-2024-00274-01 (72.088)
Demandante: Rolando Esteban Peláez Cruz
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER
(hoy Agencia Nacional de Tierras – ANT)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Decreto 1
de 1984)
Temas: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – revocatoria directa del acto
administrativo de adjudicación de bien baldío – acción procedente – caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho – conteo del término para presentar
oportunamente la demanda – cese de actividades de la Rama Judicial.
Síntesis del caso: La parte demandante solicitó la nulidad de la resolución que declaró la
revocatoria directa de una resolución de adjudicación que otorgó un bien baldío. Como
consecuencia, solicitó que se restableciera su derecho y se ordenara al INCODER mantener
intacta la resolución de adjudicación.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida el 29 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Meta1, mediante la cual se declaró probada, de oficio, la
caducidad de la acción.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.3. Sentencia de primera instancia. 1.4. Recurso de apelación y su trámite.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 20 de noviembre de 20082, Rolando Esteban Peláez Cruz presentó
demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, en contra del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER
(hoy Agencia Nacional de Tierras – ANT), en cuyas pretensiones solicitó que
se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):
“PRIMERA.- Declarar nulos el auto y la Resolución fechados abril 23 de 2007
por medio de los cuales se inició el trámite de la Revocatoria Directa y la
Resolución 567 del día siete (07) del mes de abril del año de dos mil ocho
1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2 Folios 2-56 del Cuaderno No. 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 50001-23-33-000-2024-00274-01 (72.088)
Demandante: Rolando Esteban Peláez Cruz
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER (hoy Agencia Nacional de
Tierras – ANT)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
(Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma
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(2.008) expedidas por el INSTITUTO NACIONAL D E DESARROLLO RURAL -
INCODER-, mediante el cual se declaró la REVOCATORIA DIRECTA de la
RESOLUCION DE ADJUDICACION Nro. 936 del 10 de octubre de 2.006, por
medio de la cual se concedió la adjudicación del predio denominado
PARURITO a mi poderdante señor ROLANDO ESTEBAN PELAEZ CRUZ.
SEGUNDA.- Que se restablezca el derecho a mi poderdante y como
consecuencia de lo anterior, se ordene al INSTITUTO NACIONAL DE
DESARROLIO RURAL -INCODER-, a dejar incólume la Resolución de
Adjudicación Nro. 936 del 10 de octubre de 2.006, y en iguales condiciones
de propietarios del predio PARURITO, a los adjudicatarios que lo poseían al
momento de la iniciación del trámite de la revocación directa.
TERCERA.- Que se ordene a la entidad demandada oficiar a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño Vichada, con el fin de
cancelar cualquier disposición tendiente a revocar la inscripción de
adjudicación concedida al señor ROLANDO ESTEBAN PELAEZ CRUZ sobre el
predio denominado PARURITO y que figura con el número de matrícula
inmobiliaria 540-0004961.
CUARTA.- Que se condene en costas del proceso a la entidad demandada.
QUINTA.- Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término
de establecido en el artículo 176 del CCA.
SEXTA.- Que se conceda previo a la admisión de la presente demanda, la
medida provisoria de SUSPENSION PROVISIONAL de los efectos jurídicos de la
Resolución Nro. 567 de abril 7 de 2008, hasta tanto s e resuelva de fondo el
trámite del presente proceso, la cual se ha solicitado en escrito separado.
SEPTIMA.- Las demás condenas que se estime necesarias a efectos de
declarar la nulidad y restablecer el derecho de mi poderdante señor
ROLANDO ESTEBAN PELAEZ CRUZ”.
2. En el escrito de demanda, la parte demandante narró, en síntesis, los
siguientes hechos:
3. 1) En el año 2001, el señor Peláez Cruz y su esposa compraron el predio
denominado “Parurito”, ubicado en el corregimiento de Nueva Antioquia
del municipio La Primavera del departamento de Vichada.
4. 2) El 30 de octubre de 2006, mediante la Resolución No. 936 de 2006,
el INCODER adjudicó al demandante y a su esposa el inmueble
anteriormente descrito, cuyos linderos, superficie y características fueron
registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto
Carreño – Vichada, bajo la matricula inmobiliaria No. 540-0004961.
5. 3) El 23 de abril de 2007, el INCODER inició de oficio el trámite de
revocatoria directa de la Resolución No. 936 de 2006, en la medida en que
el procedimiento de adjudicación se había llevado a cabo sin el
cumplimiento de los requisitos legales previstos en la Ley 160 de 1994 y el
Decreto 2664 de 1994. Lo anterior, por cuanto los adjudicatarios no cumplían
con el tiempo mínimo de ocupación –5 años– y el predio no fue explotado
en las proporciones exigidas por el ordenamiento jurídico.
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Radicación: 50001-23-33-000-2024-00274-01 (72.088)
Demandante: Rolando Esteban Peláez Cruz
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER (hoy Agencia Nacional de
Tierras – ANT)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
(Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma
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6. 4) El 7 de abril de 2008, mediante la Resolución No. 567 de 2008, el
INCODER revocó la Resolución No. 936 de 2006, en la medida en que el
procedimiento de adjudicación del baldío fue adelantado de manera
irregular.
1.2. Posición de la parte demandada
7. El 9 de febrero de 20103, el INCODER contestó la demanda y solicitó
desestimar las pretensiones. Sostuvo que el procedimiento de adjudicación
de baldío se adelantó de manera irregular, y que en él se vulneraron
requisitos establecidos en la normatividad; por tanto, afirmó, debía
revocarse directamente el acto administrativo de adjudicación, en virtud de
los artículos 161 de la Ley 1152 de 2007 y 20 del Decreto 230 de 2008.
8. Señaló que en el procedimiento de revocatoria directa garantizó el
debido proceso y el derecho de defensa de la parte afectada, así como los
principios de publicidad y motivación.
1.3. Sentencia de primera instancia
9. El 29 de agosto de 20244, el Tribunal Administrativo de Meta profirió
sentencia de primera instancia, mediante la cual declaró probada, de
oficio, la caducidad de la acción. Para llegar a tal conclusión, analizó si los
procedimientos de tierras de la Ley 1152 de 2007 eran aplicables al caso,
dado que el término de caducidad variaba según el régimen administrativo
empleado. Al respecto, concluyó que ninguno de los supuestos de dicha
Ley coincidía con los hechos y pretensiones de la demanda.
10. Señaló que la parte actora pretendía la nulidad del acto
administrativo que revocó directamente la adjudicación de un baldío, cuyo
procedimiento se sometió a lo señalado en el CCA, con excepción del
requisito del consentimiento expreso para la revocatoria. En este orden de
ideas, calificó el acto demandado como un acto administrativo
independiente que definió una situación jurídica particular y concreta, el
cual pudo haber sido revocado por la entidad, o demandado ante esta
jurisdicción por la parte, de conformidad con lo establecido en el CCA.
11. Resaltó que esta Corporación5, en un caso similar, fijó el término de
caducidad para este tipo actos administrativos en 4 meses a partir de la
notificación, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo
136 del CCA. Bajo este criterio, señaló que contra la Resolución 567 de 2008
no procedía recurso alguno y que su notificación por edicto se surtió entre
el 2 y el 16 de mayo de 2008; por tanto, concluyó, el término de caducidad
3 Folios 171-193 del Cuaderno No. 1.
4 Índice 6 en SAMAI del Tribunal.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 12 de
marzo de 2015, Rad. 11001-03-26-000-2007-00004-00 (33.595).
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Radicación: 50001-23-33-000-2024-00274-01 (72.088)
Demandante: Rolando Esteban Peláez Cruz
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER (hoy Agencia Nacional de
Tierras – ANT)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
(Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma
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transcurrió, en principio, entre el 17 de mayo de 2008 y el 17 de septiembre
de 2008. No obstante, dado que el Paro Nacional de la Rama Judicial de
2008 suspendió los términos entre el 4 de septiembre y el 15 de octubre de
2008, la demanda debió interponerse a más tardar el 16 de octubre de 2008.
Al haberse presentado el 20 de noviembre de 2008, la acción se encontraba
caducada.
1.4. Recurso de apelación y su trámite
12. El 24 de septiembre de 20246, la parte demandante interpuso recurso
de apelación en contra de la Sentencia de 29 de agosto de 2024. Solicitó
que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
accediera a las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:
13. 1) Aplicación indebida de la caducidad de la acción. Indicó que el
presente asunto se centraba “en un acto administrativo de adjudicación,
esto es la resolución 936 de 30 de OCTUBRE de 2006, por medio de la cual se
adjudicó al señor ROLANDO ESTEBAN PELAEZ, un terreno baldío denominado
PARURITO, en el efectivo cumplimiento o no de los requisitos de la ley 160 de
1994 frente a una resolución 567 de 2008, que ordenó revocar la resolución
de adjudicación. Es palpable entonces, que el objeto y la finalidad de esta
acción de nulidad y restablecimiento del derecho se limitan a la
ADJUDICACIÓN de un baldío y al cumplimiento de los requisitos en cuanto
a la adjudicación”. De este modo, en aplicación de la teoría de los móviles
y las finalidades, señaló que el objeto de la presente acción se limitaba a la
adjudicación del bien baldío y no respecto al acto de revocatoria; por
tanto, debe aplicarse para este caso el término de 2 años previsto en el
numeral 4 del artículo 136 del CCA.
14. 2) Suspensión del término de caducidad. Resaltó que el paro de los
funcionarios de la Rama Judicial implicó el cese de actividades judiciales
entre el 4 de septiembre y el 15 de octubre de 2008, y que la reanudación
de funciones no se informó mediante un acto oficial. Manifestó que, si bien
las actividades judiciales se reanudaron el 16 de octubre de 2008, lo cierto
es que, por la alta congestión en los despachos judiciales, la demanda fue
radicada el 20 de noviembre, esto es, dentro del término oportuno.
15. Subrayó que el cese de actividades de la Rama Judicial fue un hecho
extraordinario, imprevisible y ajeno a la voluntad de la parte demandante,
el cual provocó una falla en la debida prestación del servicio y afectó de
manera directa el acceso a la administración de justicia. Así las cosas, adujo
que la contabilización del término de caducidad realizada por el Tribunal
ignoró las “circunstancias de caso fortuito y fuerza mayor” que provocaron
una carga desproporcionada, aún más cuando impuso a la parte una
6 Índice 10 en SAMAI del Tribunal.
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Radicación: 50001-23-33-000-2024-00274-01 (72.088)
Demandante: Rolando Esteban Peláez Cruz
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER (hoy Agencia Nacional de
Tierras – ANT)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
(Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma
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carga que no estaba en el deber de soportar que derivó en la pérdida de
la oportunidad para reclamar sus derechos.
16. Argumentó que la Rama Judicial debe garantizar y respetar las
condiciones y circunstancias preestablecidas a las personas que acuden a
sus servicios, pues el principio de confianza legitima exige que no se debe
causar ningún perjuicio a los usuarios de la administración de justicia por
situaciones que no dependen de estos, como lo fue el cese de actividades
por el paro judicial. Bajo ese entendido, concluyó que, desde el punto de
vista constitucional, no se debía “aplicar una extensión de la caducidad,
sino en su lugar aplicar una suspensión del término”.
17. El 10 de octubre de 20247, el Tribunal Administrativo de Meta,
mediante Auto, concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación
presentado por la parte actora.
18. El 15 de noviembre de 20248, ingresó el asunto al despacho para
proveer. El 28 de abril de 20259, este despacho, mediante Auto, admitió el
recurso de apelación presentado por la parte actora.
19. El 16 de mayo de 202510, el Ministerio Público presentó un concepto en
el que solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia. Manifestó
que no podía contabilizarse el término de dos años, pues en el presente
asunto no se discutió la legalidad del acto administrativo que adjudicó el
baldío, sino la del acto que revocó esta adjudicación, el cual aclaró el
medio de impugnación procedente. Indicó que el término de caducidad
transcurrió entre el 17 de mayo de 2008 y el 17 de septiembre de 2008, y se
extendió hasta el 16 de octubre de 2008, día hábil siguiente al del fin del
paro judicial. Frente a ello, arguyó que el término de caducidad es de orden
público y no puede extenderse por voluntad de las partes, pues esto
conllevaría a premiar la negligencia de una parte en el cumplimiento de
esa carga procesal. Por lo anterior, concluyó que, al haberse radicado la
demanda el 20 de noviembre de 2008, la acción se promovió por fuera del
término y se encontraba caducada, de conformidad con el numeral 2 del
artículo 136 del CCA.
20. El 26 de mayo de 202511, este Despacho, mediante Auto, corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.
21. El 16 de junio de 202512, la ANT, mediante apoderada judicial, alegó
de conclusión. Solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda y se
confirmara la sentencia de primera instancia. Señaló que la revocatoria
7 Índice 12 en SAMAI del Tribunal.
8 Índice 2 en SAMAI.
9 Índice 3 en SAMAI.
10 Índice 10 en SAMAI.
11 Índice 12 en SAMAI.
12 Índice 18 en SAMAI.
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Radicación: 50001-23-33-000-2024-00274-01 (72.088)
Demandante: Rolando Esteban Peláez Cruz
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
(Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma
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directa cumplió con los postulados legales para su interposición, y que la
demanda se presentó cuando había operado el fenómeno de la
caducidad, dado que su término transcurrió desde el 17 de mayo hasta el
17 de septiembre de 2008.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Caducidad de la acción. 2.2. Sobre la condena en costas.
2.1. Caducidad de la acción
22. La Sala confirmará la Sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Meta, mediante la cual se declaró de oficio la
caducidad del medio de control. Para ello se analizarán cada uno de los
cargos del recurso de apelación con los que se pretenden desvirtuar los
argumentos del Tribunal, en los siguientes términos:
23. 1) Sobre el estudio de la caducidad. Se advierte que
el argumento que sustentó el recurso de apelación se centró en resaltar que
el presente asunto versaba sobre la legalidad de la adjudicación de un bien
baldío frente al acto administrativo que ordenó revocar la adjudicación y,
al coincidir el objeto y la finalidad de estos dos actos la presente acción
resultaba ser la de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de la
adjudicación, de modo que debió aplicarse el término de dos años previsto
en el numeral 4 del artículo 136 del CCA.
24. El artículo 136 del CCA señala (se transcribe):
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…)
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos
que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier
tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
(…)
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley agraria, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos
proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora,
caducará en dos (2) años contados desde el día siguiente al de su
publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, en los demás
casos. Para los terceros, el término de caducidad se contará a partir del día
siguiente de la inscripción del acto en la correspondiente oficina de
instrumentos públicos” (Subrayado fuera del texto original).
25. El argumento de la parte actora no está llamado a prosperar, pues
equiparar el acto administrativo de revocatoria directa con el de
adjudicación desnaturalizaría la esencia del primero. La revocatoria directa
es una manifestación del principio de autotutela administrativa, mediante el
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Demandante: Rolando Esteban Peláez Cruz
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER (hoy Agencia Nacional de
Tierras – ANT)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
(Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma
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cual la Administración pública, en ejercicio de una habilitación legal
expresa, reconoce sus errores y extingue un acto anterior con el fin de
corregir situaciones ilegales, arbitrarias o contrarias al ordenamiento
jurídico13.
26. De este modo, el acto administrativo de revocatoria directa se deriva
de un procedimiento autónomo y constituye una decisión independiente
respecto del acto anterior. Mientras el acto anterior pudo haber creado,
modificado o extinguido una situación jurídica particular o general; la
revocatoria configura una nueva realidad jurídica al suprimir o sustituir la
decisión inicial. Bajo este entendido, dicho acto independiente es
susceptible de control jurisdiccional, cuyo medio de control y término de
caducidad pertinente ha sido delimitado previamente para el caso
concreto, según se expone a continuación.
27. Esta Corporación14 ha sostenido que ni la Ley 160 de 1994 ni la Ley 1152
de 200715 definieron de manera expresa la acción y el juez competente para
conocer las demandas que se instauraran contra los actos proferidos por el
INCODER que revocan de manera directa los actos de adjudicación de
bienes baldíos16, en la medida en que el legislador se limitó a remitir el
procedimiento de revocación a las disposiciones del CCA. De esta manera,
ante el vacío normativo de la legislación agraria, se concluyó que se debía
fijar como acción idónea la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo
término de caducidad aplicable era el de cuatro meses contados a partir
de la notificación del acto administrativo de revocatoria, de conformidad
con la regla general de caducidad prevista en el CCA.
28. Dicho esto, se encuentra que la notificación de la Resolución 567 de
2008 se realizó por edicto que estuvo fijado entre el 2 de mayo y el 16 de
mayo de 200817. Así, el término de los cuatro meses de la caducidad
trascurrió entre el 17 de mayo de 2008 y el 17 de septiembre de 2008, en
principio. No obstante, el Paro Nacional de la Rama Judicial de 2008 se dio
desde el 3 de septiembre de 2008 hasta el 15 de octubre de 2008, lo cual
afectó la fecha límite de interposición de la demanda. Así las cosas, el medio
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de noviembre de
2011, Rad. 11001-03-24-000-2006-00225-00.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 29 de enero de 2010, Rad.
11001-03-26-000-2009-00081-00 (37.152). Posición reafirmada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2013. Rad. 73001-23-31-000-2011-
00110-01(44.827).
15 Aplicable al presente caso, en la medida en que se encontraba vigente tanto para el momento en el que fue
expedido el acto administrativo demandado, como para el momento en el que se presentó la demanda.
16 De hecho, esta Corporación sostuvo con anterioridad una postura jurídica según la cual se asimilaba la
revocatoria directa del acto de adjudicación a un acto administrativo que decidía de fondo un procedimiento
de clarificación, deslinde y recuperación de baldíos. Bajo dicha tesis, se consideraba que el medio de control
idóneo era el de revisión, sujeto a un término de caducidad de quince días y cuyo conocimiento correspondía al
Consejo de Estado en única instancia, conforme al numeral 9 del artículo 128 del CCA. (Exp. 37.350).
Posteriormente, esta posición es modificada en el Auto de 29 de enero de 2010 para señalar que el medio de
control idóneo era el de nulidad y restablecimiento del derecho con un término de caducdidad de 4 meses (Exp.
37.152). De esta manera, la evolución jurisprudencial desvirtúa la posición jurídica de la parte actora, con la que
pretende equiparar la revocatoria directa al acto de adjudicación para aplicar el término de caducidad propio
de las demandas contra este último.
17 Visible en el archivo “010_TRASLADO.PDF” pp. 404-431 del expediente digital.
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Radicación: 50001-23-33-000-2024-00274-01 (72.088)
Demandante: Rolando Esteban Peláez Cruz
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER (hoy Agencia Nacional de
Tierras – ANT)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
(Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma
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de control podía ser presentado hasta el día hábil siguiente en el que se
reanudaron las labores de la Rama Judicial, esto es, el 16 de octubre de
2008, de conformidad con el artículo 12118 del CPC y el artículo 6219 de la
Ley 4 de 1913. Dado que la demanda se presentó el 20 de noviembre de
2008, se concluye que no fue oportuna, contrario a lo afirmado por la parte
actora en su recurso de apelación.
29. 2) Sobre la suspensión del término de caducidad. La parte actora
señaló que el cese de actividades de la Rama Judicial fue un hecho
extraordinario que provocó una falla en la debida prestación del servicio de
justicia y, por ende, el término de caducidad debía suspenderse.
30. La caducidad es un fenómeno jurídico de orden público, cuya
consecuencia es “la expiración del término perentorio fijado en la Ley para
el ejercicio de ciertas acciones, cuando por un acto, hecho, omisión u
operación administrativa por parte de una autoridad pública, se lesiona un
derecho particular”20. Esta Corporación21 y la Corte Constitucional22 han
resaltado, de manera pacífica, el deber que tiene el juez para declarar de
manera oficiosa la caducidad, siempre y cuando se encuentren probados
los supuestos fácticos que la configuran. Lo anterior, por cuanto que el
transcurso de este término perentorio y preclusivo es, por regla general,
improrrogable e irrenunciable y opera incluso en contra de la voluntad de
los sujetos procesales.
31. Así las cosas, la suspensión de este fenómeno no deviene de un
análisis jurídico o discrecional del juez o de las partes, según las
particularidades del caso; por el contrario, responde a criterios de marcada
objetividad, en virtud de su naturaleza legal y no jurisprudencial. De tal
forma, el cese de actividades de los despachos judiciales por el paro judicial
no suspendió el término de caducidad en el presente caso. No obstante, al
haber finalizado el plazo durante el periodo de cierre de los despachos
judiciales, este se prorrogó automáticamente hasta el primer día hábil
siguiente23, como lo determinó de manera acertada el juez de primera
18 “ARTÍCULO 121. TERMINOS DE DIAS, MESES Y AÑOS. En los términos de días no se tomarán en cuenta los de
vacancia judicial, ni aquéllos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho.
Los términos de meses y de años se contarán conforme al calendario” (Subrayado fuera del texto original).
19 “ARTÍCULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los
feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario;
pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.
20 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C 115 de 1998.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 16. Sentencia de 27 de
enero de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2012-02124-00. Asimismo, la Sección Tercera ha afirmado que (se trascribe):
“Por ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los
respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes”. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 25 de marzo de 2009. Rad. 73001-
23-31-000-1996-03652-01 (15.983). También ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia de 24 de abril de 2008. Rad. 73001-23-31-000-1999-01554-01 (16.699). Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 22 de julio de 2009. Rad. 25000-23-31-000-1995-
11341-01 (17.215).
22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C 574 de 1998.
23 En un caso similar esta Corporación señaló que (se transcribe): “(…) cuando se trate de contabilizar el término a
partir del cual ocurre el fenómeno de la caducidad de la mentada acción, debe seguirse la regla del cómputo
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Radicación: 50001-23-33-000-2024-00274-01 (72.088)
Demandante: Rolando Esteban Peláez Cruz
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER (hoy Agencia Nacional de
Tierras – ANT)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
(Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma
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instancia. En consecuencia, el argumento aducido por la parte actora no
está llamado a prosperar.
32. En gracia de discusión, se debe poner de presente que este asunto no
resulta nuevo para esta Subsección, pues la Sala, en un caso como el que
precede, concluyó de manera idéntica que (se transcribe): “el término [de
caducidad] era de cuatro (4) meses, el paro judicial, durante el cual los
juzgados estuvieron cerrados, no suspende el conteo de la caducidad,
razón por la cual el término vencía el día en el que se reanudó la atención
de los despachos judiciales”24.
33. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará en su integridad la
Sentencia de primera instancia, por las razones expuestas.
2.2. Sobre la condena en costas
34. De conformidad con el artículo 17125 del CCA, no se condenará en
costas y agencias en derecho de segunda instancia a la parte
demandante, en la medida en que no se evidenció una conducta
temeraria o de mala fe que haya sido asumida por su parte.
3. DECISIÓN
35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
de meses, es decir, que en ella no se excluyen los días de interrupción de vacancia judicial o los que por cualquier
otra causa el despacho se encuentre cerrado, por ejemplo la suspensión del servicio de administración de justicia,
a menos que el término se venza en uno de ellos, caso en el cual el plazo se extenderá hasta el primer día hábil
siguiente.
En tal orden, no tienen asidero los argumentos esgrimidos por la recurrente relacionados con la suspensión del
término aludido con ocasión del paro judicial presentado en todo el territorio nacional desde el 3 de septiembre
hasta el 16 de octubre de 2008, y tampoco en relación con la vacancia judicial, pues, se repite, el término de
caducidad previsto en el artículo 136 del C.C.A. es de meses, y las normas transcritas exceptúan los de vacancia
o en los que por cualquier otra causa haya permanecido cerrado el Despacho, cuando se trate del cómputo de
términos de días, no de meses como acontece en el sub judice”(Negrillas fuera del texto original). Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 28 de octubre de 2010. Rad. 25000-23-24-
000-2009-00078-01.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 30 de
marzo de 2022. Rad. 50001-23-31-000-2010-00137-02 (64.402).
25 “ARTÍCULO 171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el
Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el
proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.
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Radicación: 50001-23-33-000-2024-00274-01 (72.088)
Demandante: Rolando Esteban Peláez Cruz
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER (hoy Agencia Nacional de
Tierras – ANT)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
(Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma
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RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 29 de agosto de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Meta.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas y agencias en derecho de segunda
instancia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
FCG
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