Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00137-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2010-00137-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2010-00137-02
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
30 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 50001-23-31-000-2010-00137-02 (64402)
Demandante: José Lizardo Lopera
Demandado: Agencia Nacional de Tierras (antes Instituto Colombiano para la
Reforma Agraria — Incoder)
Tema: Nulidad y restablecimiento del derecho de un acto de revocación directa de
la adjudicación de un bien baldío. Se confirma la sentencia que declaró la
caducidad de la acción.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve
el recurso de apelación interpuesto por José Lizardo Lopera (en adelante, el
“Demandante”) contra la sentencia del 9 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta que resolvió lo siguiente:
<<PRIMERO: DECLÁRASE probada excepción de caducidad de la acción de acuerdo
con la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría ARCHÍVESE el
expediente y DEVUÉLVASE a la parte actora el remanente de la suma que se ordenó
pagar para gastos ordinarios del proceso, si los hubiere>>.
La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia, de acuerdo
con el artículo 129 del CCA, que dispone que esta corporación conocerá de las
apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los tribunales
administrativos en primera instancia. El Tribunal Administrativo del Meta conoció el
proceso en primera instancia en virtud de la cuantía de la demanda1, según el numeral 3
del artículo 132 del mismo código.
1De acuerdo con la demanda, la cuantía correspondió a trescientos ocho millones de pesos ($308.000.000), cifra
superaba los trescientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (300 SMMLV). Fl. 52 del Cuaderno 1.
Radicado: 50001-23-31-000-2010-00137-02 (64402)
Demandante: José Lizardo Lopera.
El recurso de apelación del Demandante fue admitido el 1º de agosto de 20192. En el
auto del 12 de septiembre de 20193 se dio traslado para que se presentaran los alegatos
de conclusión. La Agencia Nacional de Tierras4 (en adelante, la “ANT”) los presentó
oportunamente. El Demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
I. ANTECEDENTES
A.- La posición del Demandante
1.- El 20 de noviembre de 20085 el Demandante presentó acción de nulidad y
restablecimiento del derecho con las siguientes pretensiones:
<<PRIMERA.- Declarar nulas el auto y la Resolución fechados abril 23 de abril de 2007
por medio de los cuales se inició el trámite de la Revocatoria Directa y la Resolución 544
del día (07) del mes de abril del año de dos mil ocho (2.008) expedidas por el INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL —INCODER—, mediante el cual se declaró la
REVOCATORIA DIRECTA de la RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nro. 974 del 17 de
noviembre de 2.006, por medio de la cual se concedió la adjudicación del predio
denominado EL CEDRO a mi poderdante señor JOSÉ LIZARDO LOPERA.
SEGUNDA.- Que se restablezca el derecho a mi poderdante y como consecuencia de lo
anterior, se ordene al INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL —INCODER,
a (sic) dejar incólume la Resolución de Adjudicación Nro. 974 del 17 noviembre de 2006,
y en iguales condiciones de propietaria (sic) del predio EL CERRO, a la adjudicataria (sic)
que lo poseía al memento de la iniciación del trámite de la revocación directa.
TERCERA.- Que se ordene a la entidad demandada oficiar a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Puerto Carreño, Vichada, con el fin de cancelar cualquier
disposición tendiente a revocar la inscripción de adjudicación concedida a la (sic) señor
JOSE LIZARDO LOPERA sobre el predio denominado EL CEDRO y que figura con el
número de matrícula inmobiliaria 540-0004949.
(…)>>.
2.- El Demandante basó sus pretensiones en que el Incoder, mediante la Resolución 544
del 7 de abril de 2008, revocó indebidamente la Resolución 974 del 17 de noviembre de
2006, por medio de la cual le adjudicó un bien baldío.
B.- Posición de la parte demandada
3.- El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (hoy ANT) se opuso a las
pretensiones, entre otros motivos, porque se había configurado la caducidad de la acción.
Esta regla de competencia ha sido reconocida por la sala. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 23 de abril de 2015, exp. 52504, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
2Fl. 1290 del Cuaderno Principal.
3
Fl. 1292 del Cuaderno Principal.
4Fls. 1294 a 1296 del Cuaderno Principal.
5Fl. 53 del Cuaderno 1 (anverso).
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Radicado: 50001-23-31-000-2010-00137-02 (64402)
Demandante: José Lizardo Lopera.
Como la resolución demandada fue notificada por el edicto desfijado el 18 de mayo de
20086, la demanda se presentó extemporáneamente el 20 de noviembre de 2008.
C.- La sentencia recurrida
4.- El Tribunal Administrativo del Meta declaró la caducidad porque la demanda se
presentó tardíamente con base en las siguientes consideraciones:
a.- El término para acudir a la jurisdicción era de cuatro (4) meses porque se pretendió la
nulidad y restablecimiento del derecho de un acto que no está sometido a un término
especial. Teniendo en cuenta que el edicto que notificó el acto administrativo se desfijó
el 16 de mayo de 2008, el Demandante debió acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, a más tardar, el 17 de septiembre de 2008, pero radicó la demanda el 20
de noviembre de ese año.
b.- El apoderado indicó en la demanda que, debido a un paro judicial ocurrido entre el 4
de septiembre y el 15 de octubre de 2008, el término de caducidad se suspendió durante
ese lapso. No obstante, ello no es cierto: al no poder presentar la demanda el día que
caducó el término, debía interponerla el día de la reanudación de labores. En el caso esto
significa que debió presentar la demanda el 16 de octubre de 2008, pero <<decidió
radicarla hasta el 20 de noviembre de 2008, fecha en que ya se encontraba caducada>>7.
D.- Recurso de apelación y su oposición
5.- El Demandante solicita que se revoque la sentencia8 por dos motivos: en primer lugar,
considera que el objeto del proceso es decidir si el acto de adjudicación de baldío debe
subsistir, razón por la cual el término para acudir a la jurisdicción era de dos años, pues
el numeral 4 del artículo 136 del CCA establece que ese es el término de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho <<contra los actos de adjudicación de baldíos>>.
En segundo lugar, reitera que hubo un paro judicial, razón por la cual el período en que
no funcionaron los despachos judiciales debe entenderse suspendido para efectos de
contar el término de caducidad.
II. CONSIDERACIONES
6.- La demanda se presentó extemporáneamente, razón por la cual la Sala confirmará la
declaratoria de la caducidad de la acción. El término para acudir a la jurisdicción es el
previsto en el literal e) del numeral 2 del artículo 136 del CCA, así:
<<ARTICULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. <Subrogado por el artículo 44 de
la Ley 446 de 1998>
6Esa fue la fecha indicada en el escrito de oposición.
7Fl. 1249 del Cuaderno Principal.
8Fls 1251 a 1267 del Cuaderno Principal. En el mismo sentido, fls 1268 a 1284 del Cuaderno Principal.
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Radicado: 50001-23-31-000-2010-00137-02 (64402)
Demandante: José Lizardo Lopera.
(…)
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto,
según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán
demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe>>.
6.1.- Contrario a la indicado en el recurso de apelación, este término fue el invocado por
en la demanda en la cual se presentó una <<ACLARACIÓN ESPECIAL>>9, en la que
aceptó que el término para acudir a la jurisdicción era de cuatro (4) meses pero que
estuvo suspendido por el paro judicial.
6.2.- Al margen de ello, lo cierto es no puede entonces aplicarse el término establecido
en el numeral 4 del artículo 136 del CCA, norma que dispone lo siguiente:
<< 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Agraria, la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, caducará en dos (2) años, contados desde el
día siguiente al de su publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, en
los demás casos. Para los terceros, el término de caducidad se contará a partir del día
siguiente de la inscripción del acto en la correspondiente Oficina de Instrumentos
Públicos>>.
6.3.- La norma anterior es clara en indicar que la caducidad será de dos (2) años en
cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo de adjudicación de un bien baldío,
el cual no puede ser equiparado con el de su revocación directa. En ese sentido, debe
aplicarse la norma general de la nulidad y restablecimiento del derecho, según la cual el
término de caducidad es de cuatro (4) meses. Al respecto, la Subsección A ha indicado
lo siguiente:
<<En atención al contenido de la Ley 160 de 1994 y a la jurisprudencia que se acaba de
reseñar, la Sala advierte la diferencia entre los distintos actos que podía proferir el Incoder
en asuntos agrarios y resalta que, para efectos de establecer la caducidad de la acción,
no cabe la analogía entre el acto de adjudicación de baldíos y el acto de revocatoria
directa de la adjudicación, toda vez que no existe un supuesto que permita pasar por
alto el contenido diverso de los actos administrativos en uno y otro caso.
Además, tampoco se pueden equiparar las pretensiones materia de análisis, puesto que
en la demanda de nulidad y restablecimiento contra el acto de adjudicación se pretende
anular el título concedido por el Estado y en la demanda contra el acto de
revocatoria, se persigue dejar en firme el referido título, es decir que las
pretensiones son distintas y la causa petendi también.
Igualmente, se reseña que en este caso no se presentó un vacío legal sobre la caducidad
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que aplicaba la regla
general del Código Contencioso Administrativo y como consecuencia, la caducidad
de la acción operaba en el término de cuatro meses10>>.
9Fl. 53 del Cuaderno 1.
10Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de noviembre de 2020, exp. 65448, C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico.
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Radicado: 50001-23-31-000-2010-00137-02 (64402)
Demandante: José Lizardo Lopera.
7.- En lo que tiene que ver con el paro judicial, debe tenerse en cuenta la regla fijada por
el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por el artículo 306 del CCA,
que establece lo siguiente:
<<ARTÍCULO 121. TERMINOS DE DIAS, MESES Y AÑOS. <Artículo modificado por el
artículo 1, numeral 65 del Decreto 2282 de 1989> En los términos de días no se tomarán
en cuenta los de vacancia judicial, ni aquéllos en que por cualquier circunstancia
permanezca cerrado el despacho.
Los términos de meses y de años se contarán conforme al calendario>>.
7.1.- Como en este caso el término era de cuatro (4) meses, el paro judicial, durante el
cual los juzgados estuvieron cerrados, no suspende el conteo de la caducidad, razón por
la cual el término vencía el día en el que se reanudó la atención de los despachos
judiciales, conforme al artículo 62 de la Ley 4 de 191311. De acuerdo con lo anterior, ese
día debía presentarse la demanda.
8.- Las anteriores reglas permiten observar que el Demandante presentó la acción
extemporáneamente el 20 de noviembre de 200812. En efecto, el edicto que notificó el
acto administrativo demandado fue desfijado el 16 de mayo de 2008 13, por lo que el
término máximo para acudir a la jurisdicción era el 17 de septiembre de 2008. Y aunque
el Demandante afirmó que hubo un paro judicial entre el 4 de septiembre y el 15 de
octubre de ese año, ello no cambiaría el sentido de la decisión14: en tal caso el término
máximo para acudir a la jurisdicción era el 16 de octubre de 2008.
9.- En consideración a la conducta asumida por las partes, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte vencida, de conformidad con lo previsto en el artículo 171
del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 9 de mayo de 2019 por el Tribunal
11<<ARTICULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los
feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario;
pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil>>. En el mismo sentido,
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de noviembre de 2020, exp. 65448, C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico.
12Fl. 53 del Cuaderno 1 (anverso).
13Folio 152 del Cuaderno 1.
14Y aunque afirma que no conoció la fecha de reanudación del término, su propia argumentación no es coherente
porque reconoce que la tardanza en radicar tuvo como fundamento la suspensión del término.
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Radicado: 50001-23-31-000-2010-00137-02 (64402)
Demandante: José Lizardo Lopera.
Administrativo del Meta.
SEGUNDO: ABSTÉNGASE de condenar en costas.
TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento, una
vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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