Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06688-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06688-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06688-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06688-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
27 de marzo de 2025
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06688-01
Demandante: FANNY ARIAS MARULANDA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Derecho a la igualdad en
decisiones judiciales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 6 de febrero de 2025, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección
Primera, declaró improcedente la acción constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 4 de diciembre de 2024 la señora Fanny Arias Marulanda, por conducto de
apoderado judicial, presentó tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y
de acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, con ocasión de las providencias de 12 de septiembre de 2024 y 23 de
noviembre de 2023 proferidas por las autoridades judiciales en mención,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) que promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP,
proceso con radicado 66001-23-33-000-2020-00566-00/02.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la actora elevó las siguientes pretensiones:
• Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa (artículo
29 C.P.), acceso a la administración de justicia (art. 229 CP).
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
• Declarar que las sentencias del 23 de noviembre del 2023 y del 12 de septiembre del
2024, proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA SALA
TERCERA DE DECISIÓN Magistrado ponente: Andrés Medina Pineda y el CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
– SUBSECCIÓN B consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera,
respectivamente, vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y derecho
de defensa (art. 29 CP) y al acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.
• Corolario de lo anterior, disponer quedan sin efecto las sentencias del 23 de
noviembre del 2023 y del 12 de septiembre del 2024, emitidas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA SALA TERCERA DE DECISIÓN Magistrado
ponente: Andrés Medina Pineda y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera respectivamente del medio
del control Nulidad y Restablecimiento del derecho.
• Ordenar al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B, profiera una nueva
sentencia en el medio de control Nulidad y Restablecimiento del derecho radicado
66001-23-33-000-2020-00566-02, en la que la nueva decisión tenga en cuenta el
artículo 86 de la Ley 2381 del 2024, declarando la caducidad del medio del control
propuesto por la UGPP, negando de esta manera las suplicas de la demanda.1
1.3. Hechos2
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
La señora Arias Marulanda hizo referencia a que nació el 24 de febrero de 1941 y
prestó sus servicios como docente en el Colegio Escuela Normal Belalcázar, a partir
del 7 de marzo de 1963 hasta el 31 de enero de 1964. Posteriormente, trabajó en el
Colegio Escuela Normal de Pereira en los siguientes periodos: i) desde el 1º de
febrero de 1967 al 8 de febrero de 1973 con vinculación nacionalizada y ii) del 4 de
abril de 1978 al 31 de julio de 2002 con vínculo nacional.
Relató que mediante la Resolución 000361 de 25 de enero de 1993, la entonces
Caja Nacional de Previsión Social, en adelante Cajanal, reconoció la pensión gracia
a su favor, la cual fue liquidada con el 75% de lo devengado en el año
inmediatamente anterior a adquirir el estatus jurídico en cuantía de $102.375.63 y
fue efectiva a partir del 24 de febrero de 1991.
Indicó que mediante el Decreto 963 de 10 de julio de 2002, el gobernador del
departamento de Risaralda aceptó su renuncia, a partir de ese mismo día. En
consecuencia, la extinta Cajanal reliquidó su beneficio pensional por retiro definitivo
en la Resolución 10544 de 9 de junio de 2003, teniendo en cuenta el 75% de lo
devengado en el último año de servicio, en cuantía de $1.166.567.50 y efectiva a
partir del 1° de agosto de 2002, incluyendo el factor de la asignación básica.
Narró que presentó una acción de tutela3 junto con otros profesores, la cual fue
resuelta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá mediante fallo de 29
de noviembre de 2004, en el cual se concedió el amparo solicitado y ordenó
1
Trascripción literal del original con posibles errores.
2
Cabe aclarar que algunos de los hechos fueros extraídos del expediente, pues en el escrito de la
tutela no se expusieron a pesar que son relevantes para lograr una mayor comprensión del asunto
analizado.
3
Tramitada con el radicado «2004-00397».
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
reliquidar su pensión, según lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es
decir, con la inclusión de todos los factores salariales que recibió.
Mencionó que la entonces Cajanal expidió las resoluciones 06710 de 15 de marzo
de 2007 y 21605 de 8 de junio de 2009, en aras de cumplir la orden impartida por el
juez constitucional. Sin embargo, en la Resolución RDP 012380 de 26 de mayo de
2020 dejó sin efectos los actos antes mencionados, en cumplimiento de lo dispuesto
en la sentencia de 4 de marzo de 2020 proferida por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia.4
Señaló que el 15 de diciembre de 2020 la UGPP promovió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, con el
propósito que se dejara sin efectos las resoluciones 000361 de 25 de enero de 1993
y 10544 de 9 de junio de 2003, en las cuales se le otorgó el reconocimiento de la
pensión gracia y ajustó dicha prestación, respectivamente.
Explicó que del asunto conoció el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera
de Decisión que, en sentencia de 28 de noviembre de 2023, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, al concluir que la señora no acreditó los 20 años
de servicio como docente oficial territorial o nacionalizada, dado que su última
vinculación fue como profesora nacional. Por ello, se declaró la nulidad de los actos
acusados, pero no se le ordenó devolver los dineros que recibió por tal concepto.
Puso de presente que apeló la anterior decisión, pues para el momento en que se
expidió la Resolución 000361 de 25 de enero de 1993 no existía una posición del
Consejo de Estado en cuanto a la restricción del reconocimiento de la pensión
gracia a favor de los docentes con vinculación nacional y, a su vez, la UGPP
interpuso recurso de apelación adhesiva, en el cual insistió que debía ordenarse la
devolución de las sumas de dinero pagadas ilegítimamente y condenarse en costas.
Aludió que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en providencia
de 12 de septiembre de 2024, confirmó el fallo del a quo por cuanto la pensión
gracia fue concebida para compensar los bajos niveles salariales que recibían los
profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones
que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación, quedando
excluidos estos últimos.
Destacó que dicha autoridad judicial encontró demostrado que estuvo vinculada a la
docencia territorial o nacionalizada por 10 años y 6 días, así que no cumplía con los
requisitos para acceder a la aludida prestación, dado que el tipo de vinculación fue
nacional cuando laboró como educadora de la Normal de Varones de Pereira, pues
fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional.
4
En la sentencia de 28 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Tercera de Decisión, se indicó respecto a los hechos de la demanda presentada
por la señora Arias Marulanda lo siguiente: «Aduce que, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en sentencia del 23 de octubre de 2019, ordenó CORREGIR la sentencia proferida el siete (7)
de octubre de dos mil diecinueve (2019), por esta Sala de Decisión Penal, en el proceso seguido
contra Néstor Gilberto Amaya Barrera, en el sentido de que el radicado de la sentencia de tutela
proferida el 29 de noviembre de 2004 por el Juzgado 1 Penal de Circuito de Bogotá, al que se hizo
referencia en el acápite “IX. Tasación de perjuicios” y en la parte resolutiva de la decisión,
corresponde al número: 2004 – 0397. (…)”, decisión revocada parcialmente por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 04 de marzo de 2020.».
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
1.4. Sustento de la petición
La actora consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
sustantivo, al prescindir dentro de su interpretación de lo previsto en el artículo 865
de la Ley 2381 de 20246, con base en el cual era viable declarar de oficio la
caducidad del medio de control promovido por la UGPP, tal como lo hizo el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A en las sentencias proferidas el 2 de
octubre de 2024 dentro de otros procesos similares al suyo.7
Para la accionante, como la referida norma se encontraba vigente desde el 16 de
julio de 2024 era aplicable a su caso, pues aún no se había resuelto en segunda
instancia la litis y, comoquiera que la UGPP dejó transcurrir más de 5 años para
controvertir la legalidad de las resoluciones 000361 de 25 de enero de 1993 y 10544
de 9 de junio de 2003, se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad.
Con base en lo anterior, consideró que se «abre paso a la determinación de
privilegiar el criterio de autoridad que en otro tiempo histórico se mantuvo en el seno
de esa misma Corporación, al concebir el reconocimiento de la pensión gracia bajo
el paradigma que lo avalaba, pero que hoy fue variado, es decir, brindar
categóricamente firmeza al concepto de fuero de estabilidad pensional de la actora
de tutela, sin que se vea afectada su situación de agraciada».
En ese sentido, expresó que se debían tener en cuenta los principios de
favorabilidad y de retrospectividad para efectos de aplicar la Ley 2381 de 2024 a su
caso tras ser más beneficiosa y, de este modo, declarar la caducidad del medio de
control, especialmente porque se trata de una mujer que pertenece al grupo de la
tercera edad, la cual contó por varias décadas con el ingreso económico del que
ahora fue despojada.
Finalmente, trajo a colación que la Sala Especial de Decisión 16 del Consejo de
Estado, mediante providencia de 27 de enero de 20238, reiteró el criterio relativo a
que «[p]or ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez,
cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de
oficio, aún en contra de la voluntad de las partes».
5
ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no Podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a
partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a
excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en
curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas,
y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de
Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.
6
«Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y
muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
7
Al respecto, se trajo a colación las providencias dictadas en los procesos con radicados 25000-23-
42-000-2015-05734-01, 25000-23-42-000-2018-00756-01, 68001-23-33-000-2015-01492-01 y 25000-
23-42-000-2018-00889-01.
8
M.P. César Palomino Cortés, proceso con radicado 11001-03-15-000-2012-02124-00.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 10 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera
admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta decisión a la actora y como
demandados a los magistrados de la Sección Segunda, Subsección B de esta
Corporación, así como aquellos que integran el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Tercera de Decisión. Además, vinculó a la UGPP en calidad de
tercero con interés.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión
El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe por medio del
cual explicó que no incurrió en los yerros planteados en la tutela, pues la decisión
que profirió abordó el estudio de los presupuestos requeridos para la procedencia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad para declarar la nulidad del acto de reconocimiento de la pensión gracia,
debido a que la señora Arias Marulanda no cumplió los requisitos para ser
beneficiaria de tal prestación.
Destacó que para resolver el asunto sometido a su consideración aplicó las leyes y
jurisprudencia relacionadas con la materia en discusión, «el cual no implicaba para
la fecha veintitrés (23) de noviembre de 2023, estudiar la aplicación del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024, pues esta norma no había sido proferida, sin que existiera
precedente al respecto».
Además, consideró que la presente acción constitucional era improcedente debido a
su carácter residual, por lo que la parte actora debió demostrar la configuración de
un perjuicio irremediable y no utilizarla como una tercera instancia al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.5.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Se pronunció por intermedio del subdirector encargado de defensa judicial pensional
de la entidad, quien solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y,
en consecuencia, se niegue el amparo de los derechos fundamentes invocados por
la accionante por no configurarse alguna vulneración.
Hizo hincapié en que lo pretendido por la actora era sustituir la decisión proferida
por el juez natural, el cual determinó que la señora Arias Marulanda no podía ser
beneficiaria de la pensión gracia, con respaldo en la normativa y jurisprudencia
vigente, así como en los hechos probados en el proceso.
1.5.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
En la respuesta enviada por el magistrado a cargo del medio de control objeto de
reproche se explicó que el cuestionamiento planteado por la actora carecía de
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
relevancia constitucional, pues evidenciaba el desacuerdo que tenía con el
resultado de dicho trámite, constituyéndose así como una instancia adicional.
Puso de presente que en el fallo cuestionado se expusieron las razones legales que
justificaron la decisión que se profirió, tras encontrar acreditado que la accionante
no cumplía con los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, pues
solo se acreditó un total de 10 años y 6 días de vinculación a la docencia territorial o
nacionalizada.
En lo concerniente a la configuración de la caducidad el magistrado recalcó que la
justicia contencioso administrativa es rogada, así que era deber de la actora
fundamentar su solicitud ante los jueces para que se adelantara su estudio, sin que
sea dable abordar en sede de tutela un aspecto que fue no fue expuesto en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia de 6 de febrero de 2025,
declaró improcedente la tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto este mecanismo fue promovido por la actora como un
recurso adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
propósito de cuestionar la interpretación normativa que realizó el juez natural, con
ocasión a que, bajo su concepto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 era aplicable
a su caso.
En cuanto al argumento relacionado con que la Sección Segunda de esta
Corporación declaró la caducidad en casos similares al de accionante, se advirtió
que las providencias referenciadas fueron dictadas con posterioridad a las
sentencias acá controvertidas y por una autoridad judicial diferente a la que dictó el
fallo de segunda instancia.
Para finalizar, el a quo explicó que cuando una autoridad judicial se limita a
pronunciarse en torno a las cuestiones que fueron objeto del debate resuelve la
controversia que le fue puesta a su consideración, sin que el juez de
constitucionalidad sea el llamado a decirle cómo debe solucionar el caso en
particular, pues ello rompería el equilibrio entre las partes que precisamente se
garantiza con el proceso diseñado para dirimir este tipo de litigios.
1.7. Impugnación
Con escrito recibido el 19 de febrero de 20259 la actora impugnó el fallo de primera
instancia, al considerar que la discusión ventilada tiene relevancia constitucional,
pues lo pretendido es obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa, por cuanto «la sentencia sometida a este escrutinio
constitucional es contraria al ordenamiento superior del artículo 29, dada la orfandad
de motivación respecto a la caducidad de la acción».
9
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 13 de febrero de 2025.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
En ese sentido, la accionante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la
tutela concernientes a que las autoridades judiciales cuestionadas omitieron realizar
un análisis respecto a la configuración de la caducidad del medio de control con
fundamento en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, pese a que esta norma estaba
vigente y dicho estudio sí lo efectuó la Subsección A, Sección Segunda del Consejo
de Estado en las sentencias proferidas el 2 de octubre de 2024 en procesos
análogos al suyo.
1.8. Intervención de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
El 6 de marzo del año en curso esta entidad solicitó confirmar el fallo proferido en
primera instancia, al considerar que lo pretendido por la actora con el ejercicio de la
acción de tutela es suplir la decisión proferida por el juez natural, pese a que no es
el mecanismo idóneo para revocar una sentencia, aunado a que la cuestión
planteada en la solicitud de amparo es netamente económica.
A su vez, reiteró los argumentos por los que, en su sentir, la providencia dictada por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B fue acertada, en especial
porque «no se puede seguir causando el error que cometió la extinta CAJANAL al
reconocer una prestación al márgen de los requisitos legales».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, el 6 de febrero de 2025, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
Cabe aclarar que, si bien la actora también le atribuye la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, el estudio del presente caso se abordará a
partir de los argumentos contenidos en la providencia dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, por ser la decisión que puso fin al proceso
objeto de debate.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior,
deberá verificar si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró
los derechos fundamentales invocados por la señora Arias Marulanda.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.10
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que
se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
10 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto
del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación
del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por
el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada».
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Según se tiene, el a quo consideró que este presupuesto de procedibilidad de la
acción constitucional no se cumple en el presente asunto, por cuanto lo pretendido
por la señora Arias Marulanda es convertir este mecanismo en una instancia
adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la
UGPP en la modalidad de lesividad, en aras de cuestionar la falta de aplicación de la
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
norma que prevé la posibilidad de declarar de oficio la caducidad en este tipo de
casos.
En criterio de la Sala, si bien la accionante invocó la configuración de un defecto
sustantivo, en realidad este cargo se sustentó en el posible desconocimiento del
derecho a la igualdad en decisiones judiciales, toda vez que lo señalado en la tutela
y reiterado en la impugnación gira en torno a que se debía declarar de oficio la
caducidad del aludido medio de control, tal como lo hizo el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A en procesos análogos al suyo.
Desde esta óptica, la discusión propuesta por la actora supera el requisito de la
relevancia constitucional, en atención a que es un planteamiento que, a juicio de
esta Sección11, amerita verificar si se quebrantó la garantía constitucional en
mención, máxime si se tiene en cuenta que se expusieron argumentos suficientes
para entender el motivo por el que, en su sentir, se debía resolver la litis en la que se
debatió la legalidad de los actos que le reconocieron y ajustaron su pensión gracia
en el mismo sentido que en otros trámites.
Aunado a que la controversia planteada por la señora Arias Marulanda no es
exclusivamente legal o de contenido estrictamente económico pues, se reitera, que
el debate acá sugerido se centra en la viabilidad de declarar de oficio la caducidad
del medio de control en los procesos de lesividad como si se hizo en otros casos, al
tenor de lo previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
2.5.2. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que cuestiona la tutelante fue proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) que promovió la UGPP con
radicado 66001-23-33-000-2020-00566-00/02.
2.5.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de inmediatez
pues la última providencia debatida se profirió el 12 de septiembre de 2024 y fue
notificada por correo electrónico enviado el 17 del mismo mes y año, por lo que sin
que sea necesario precisar la fecha en que cobró ejecutoria, se puede concluir que
la actora acudió en un término razonable ante el juez de tutela, comoquiera que la
acción de tutela se radicó el 4 de diciembre de 2024, es decir que transcurrieron
menos de 6 meses.12
2.5.4. En lo referente al requisito de subsidiariedad se advierte que la accionante no
tuvo la oportunidad de exponer sus cuestionamientos ante el juez natural, teniendo
en cuenta que el 12 de diciembre de 2023 apeló la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, momento para el
cual aún no se encontraba vigente la norma cuya falta de aplicación plantea en la
acción de tutela.
11
Postura acogida por esta Sala, entre otras, en las sentencias de 25 de abril de 2024, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2024-01586-00 y de 9 de mayo de 2024, M.P. Omar
Joaquín Barreto Suárez, rad. 11001-03-15-000-2024-01691-00.
12
Tiempo que esta Sala consideró razonable para ejercicio de este mecanismo constitucional bajo los
parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
En consecuencia, no se le puede exigir a la accionante que previamente a acudir a
esta instancia constitucional debiera acudir a los medios ordinarios de defensa
ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos
fundamentales.
Además, se encuentra que la señora Arias Marulanda no tiene a su alcance algún
otro mecanismo para censurar la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, comoquiera que la inconformidad señalada en la
tutela no se adecúa a las causales establecidas para que procedan los recursos
extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud en lo
concerniente al cargo relativo al desconocimiento del derecho a la igualdad en
decisiones judiciales, sin perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela que
tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la
autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad
jurídica y la confianza en los fallos judiciales
2.6. Caso concreto
En el asunto que nos ocupa, la señora Arias Marulanda sugiere un trato desigual por
parte de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, al no aplicársele
la misma decisión proferida en varias providencias mediante las cuales esta
Corporación abordó casos similares y concluyó que era viable aplicar el artículo 86
de la Ley 2381 de 202413 para efectos de declarar de oficio la caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad.
Como respaldo de lo anterior, la actora trajo a colación los siguientes
pronunciamientos:
i) Sentencia de 2 de octubre de 2024 proferida por la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) identificado con el radicado 25000-23-42-000-2015-05734-01.
ii) Providencia de 2 de octubre de 2024 dictada por la Subsección A, Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) con radicado 25000-23-42-000-2018-00756-
01.
iii) Fallo de 2 de octubre de 2024 proferido por la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado en el marco del trámite de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) con radicado 68001-23-33-000-2015-01492-01.
iv) Decisión de 2 de octubre de 2024 emitida por la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) que se identificó bajo el radicado 25000- 23-42-000-2018-00889-
01.
13
«Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y
muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
De la revisión del contenido de tales pronunciamientos se constató que, en efecto,
en estos litigios se declaró de oficio la caducidad del medio de control, según lo
previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 202414. Sin embargo, dichos casos
fueron conocidos por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mientras que el caso aquí controvertido le correspondió a la Subsección B.
En este orden de ideas, se puede evidenciar que el reproche planteado por la
accionante no tiene vocación de prosperidad debido a que las providencias
referenciadas fueron proferidas por una Sala de Decisión distinta a la que emitió la
sentencia objeto de debate, la cual goza de autonomía e independencia para definir
los asuntos sometidos a su consideración y que el juez constitucional debe respetar.
Adicionalmente, cabe señalar que la Corte Constitucional15 estableció que el test de
igualdad exige que «ante un mismo supuesto de hecho (caso similar sometido al
conocimiento de un funcionario) se aplique la misma razón de derecho (adoptar la
misma decisión que tomó en un caso anterior)», así como que la cosa juzgada y el
precedente judicial «tienen entre sus propósitos garantizar la estabilidad de las
decisiones y reglas judiciales fijadas con anterioridad».
Así que, en todo caso, en el asunto analizado no sería dable colegir que se
desconoció el derecho a la igualdad en decisiones judiciales y, de contera, el
principio a la seguridad jurídica, toda vez que la providencia cuestionada por la
actora data del 12 de septiembre de 2024 y aquellas a las que hizo alusión en la
tutela se profirieron el 2 de octubre del mismo año, es decir, con posterioridad.
Esto quiere decir que las sentencias referenciadas en la presente acción no pueden
ser consideradas siquiera como un precedente aplicable al asunto analizado, de un
lado, porque fueron proferidas por una Sala de Decisión diferente a la aquí
accionada, pese a que comparta la misma jerarquía y, por otro, debido a que se
profirieron después que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
resolvió la litis sometida a su consideración, razón por la que justamente no resulta
acertado exigirle a dicha autoridad judicial que se pronuncie en el sentido esperado
por la señora Arias Marulanda.
Así las cosas, la Sala revocará el fallo impugnado que declaró improcedente la
acción de la referencia por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional y,
en su lugar, denegará el amparo solicitado en la tutela de la referencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: Revócase la sentencia de 6 de febrero de 2025 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela
14
Ibidem.
15
Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU- 354 de 2017 y T-321 de 1998.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fanny Arias Marulanda
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06688-01
presentada por la señora Fanny Arias Marulanda y, en su lugar, deniégase el
amparo solicitado.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.