Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01586-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01586-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01586-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
25 de abril de 2024
Demandante: William Augusto Truque Rivera
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01586-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01586-00
Demandante: WILLIAM AUGUSTO TRUQUE RIVERA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D Y OTRO
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional. Derecho a la igualdad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor William Augusto Truque Rivera, mediante apoderada judicial, presentó
acción de tutela1 con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso, mínimo vital y seguridad social.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de
las sentencias de 12 de diciembre de 2023, de la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la decisión de
primer grado y, de 13 de marzo de 2023, proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá
y la fiduciaria La Previsora S.A. identificada con el número de radicado 11001-33-
42-046-2022-00159-00/01.
1.2. Pretensiones
La parte accionante presentó las siguientes:
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Escrito radicado el 3 de abril de 2024, a través de la ventanilla virtual.
1
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Demandante: William Augusto Truque Rivera
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01586-00
PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad
de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS las sentencias
emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN “D”, en la providencia de fecha 12 de diciembre de 2023
que CONFIRMO la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO
CUARENTA Y SEIS (46) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 13 de MARZO de
2023 mediante la cual se Negaron las suplicas de la demanda, dentro del proceso
con radicado No. 11001334204620220015900.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “D” a proferir sentencia
de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO a realizar el AJUSTE de la pensión de jubilación al cumplimiento
del STATUS PENSIONAL del señor WILLIAM AUGUSTO TRUQUE RIVERA,
incluyendo además, de los factores ya reconocidos, el factor salarial PRIMA DE
VACACIONES, emolumento devengado y del que se realizaron las cotizaciones
a seguridad social, a la fecha de cumplimiento de status pensional, los cuales
corresponden a: SUELDO, BONIFICACION MENSUAL, BONIFICACION
PEDAGOGICA Y PRIMA DE VACACIONES.2
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
1.3.1. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mediante la
Resolución No. 4858 de 11 de septiembre de 2020, le reconoció al señor William
Augusto Truque Rivera pensión de jubilación, efectiva a partir del 4 de febrero de
2020.
1.3.2. Con Resolución No. 6914 de 21 de septiembre de 2021, el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio negó la solicitud de reliquidación, con todos
los factores devengados y cotizados, de la prestación antes señalada.
1.3.3. Con ocasión de la situación anterior, el actor presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de la cual conoció
en primera instancia el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, autoridad judicial que en fallo de 13 de marzo de 2023, negó las
pretensiones deprecadas, para lo cual tomó como sustento las subreglas
establecidas en la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2- 2019 de 25 de abril
de 2019 del Consejo de Estado.
1.3.4. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en providencia de 12 de diciembre de 2023, al desatar el recurso de
apelación presentado por la parte demandante, confirmó la providencia de primer
grado, para lo cual señaló que no era viable incluir en la liquidación de la pensión
2 Transcripción de conformidad con el texto original, con mayúsculas sostenidas, negrillas y posibles
errores.
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Segunda, Subsección D y otro
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factores salariales que no estuvieran taxativamente señalados en la norma aplicable
al caso.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora indicó que con la presente tutela se pretendía la protección a sus
derechos fundamentales como el debido proceso, el mínimo vital y la seguridad
social, en atención a que en el reconocimiento de su pensión de jubilación no se
incluyó la prima de vacaciones, factor que fue devengado y cotizado y que además
se encuentra regulado en el Decreto 1045 de 1978, en concordancia con el Acto
Legislativo 01 de 2005, norma de mayor rango constitucional que la Ley 62 de 1985,
la cual fue desatendida por las accionadas.
De otra parte, alegó que las autoridades judiciales vulneraron el derecho a la
igualdad, comoquiera que, en casos similares, tanto en primera como en segunda
instancia, diferentes despachos han aplicado en debida forma la reliquidación de la
pensión de los docentes cobijados por la Ley 91 de 1989, que según el referido Acto
Legislativo 01 de 2005, los factores a tener en cuenta son aquellos sobre los cuales
se hubieren realizado aportes. Al respecto citó las sentencias dictadas por las
Subsecciones C3, E4 y F5 de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
Insistió que, en su caso se dejó de aplicar lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de
2005, tanto en la vía administrativa como en la judicial, por cuanto que si bien se
probó que la entidad realizó descuentos a seguridad social sobre factores, entre
estos, la prima de vacaciones, esta no fue incluida para la liquidación de la
prestación social, cuando por el contrario el Consejo de Estado6 y la Corte
Constitucional7 han señalado que para tal efecto, los factores a considerar son
aquellos sobre los cuales se realizaron efectivamente cotizaciones al sistema
pensional.
Finalmente, aclaró que el presente mecanismo de amparo no estaba encaminado a
crear una tercera instancia, sino que lo pretendido es que se realice un juicio de
valides de la aplicación de la ley y de la Constitución, pues las sentencias
cuestionadas desconocieron lo relacionado con la forma en que deben liquidarse
las pensiones.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 5 de abril de 2024, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora y, a la Subsección D de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado
Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en calidad de
3 Expedientes 11001333501320210025101 y 11001334205020220044501.
4 Expediente 11001333503020220008601.
5 Expedientes 11001333502920210034301 y 11001333502120220004201.
6 Sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019. Fallos dictados en los expedientes
19001233100020110014401, 76001233100020110141801, 25000234200020130270501 y
52001233300020120014301
7 Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017.
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accionadas, y les otorgó el término de dos días para que rindieran el informe de que
trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Secretaría Distrital
de Educación de Bogotá y a la Fiduciaria La Previsora S.A. [demandadas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho] y a las demás partes e
intervinientes en el proceso ordinario, para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en la presente acción, dentro de la misma oportunidad concedida a la
parte demandada.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario donde se dictaron las providencias censuradas.
Finalmente, reconoció a la abogada Jhennifer Forero Alfonso como apoderada del
tutelante, de conformidad con el poder otorgado en su favor y allegado a este
trámite.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes, tal como se verifica en el índice 8
del expediente electrónico cargado en el aplicativo Samai del Consejo de Estado,
se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D
Mediante correo de 12 de abril de 2024, el magistrado titular del despacho ponente
de la decisión cuestionada, solicitó que se deniegue la solicitud de amparo, para lo
cual indicó que según la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 25 de
abril de 2019, para la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, los factores salariales que
se deben tener en cuenta son los taxativamente señalados en el artículo 1.º de la
Ley 62 de 1985 y sobre los cuales se hayan realizado aportes, razón por la cual,
como la prima de vacaciones reclamada por el tutelante no se encuentra en la
norma en comento, no podía ser incluida en la liquidación de su prestación.
1.6.2. Distrito Capital – Secretaría Distrital de Educación de Bogotá
Con escrito remitido por mensaje de datos de 15 de abril de 2024, la referida entidad
pidió que se le desvincule del presente trámite por falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que no tiene ninguna injerencia en relación con las decisiones
adoptadas por las autoridades judiciales accionadas.
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1.6.3. Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
El titular del mentado despacho judicial rindió informe, enviado el 9 de abril de 2024,
en el cual deprecó que se denegaran las pretensiones, dada la improcedencia de la
tutela, puesto que lo pretendido por el actor era convertirla en una tercera instancia,
en la que además se aparte de la sentencia de unificación del Consejo de Estado
que debía ser aplicada al caso.
1.6.4. Ministerio de Educación Nacional
Por conducto del jefe de la Oficina Jurídica, el 11 de abril de 2024, la cartera en
comento suplicó que se declare improcedente el mecanismo de protección por falta
de relevancia constitucional, comoquiera que el actor no demostró la vulneración a
sus derechos fundamentales, sumado a que la controversia es netamente
económica y que involucra intereses privados.
1.6.5. Fiduciaria La Previsora S.A.
La fiduciaria radicó el 12 de abril de 2024, por la ventanilla virtual del aplicativo
Samai del Consejo de Estado, la respectiva contestación en la que peticionó que se
declare la improcedencia de la tutela y se le desvincule del proceso, al igual que al
Ministerio de Educación Nacional, en atención a que no tiene la facultad de expedir,
modificar o revocar providencias y en ese orden, no puede negar o acceder a las
pretensiones de la accionante.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor William Augusto Truque Rivera, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestión previa
En sus intervenciones la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá y la fiduciaria
La Previsora S.A., solicitaron su desvinculación del presente trámite, al igual que la
del Ministerio de Educación Nacional, requerida por la referida fiduciaria, por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, la Sala negará dichas peticiones, comoquiera que la presencia de las
mentadas entidades en esta acción es en calidad de terceros y, no como
accionadas, en atención al interés que les asiste en las resultas del proceso, dado
que hicieron parte del medio de control que se discute en esta oportunidad.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la parte demandante, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de las sentencias de 12 de diciembre de 2023, de la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la
decisión de primer grado y, de 13 de marzo de 2023, proferida por el Juzgado
Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por medio de la cual
se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que adelantó contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, de encontrase superado, junto con los demás; (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
2.5.1.1. La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia respecto del cargo de un presunto defecto sustantivo y de
desconocimiento de precedente, para lo cual resulta pertinente, en primer lugar,
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)
En segundo lugar, se tiene que esta sección en sentencia del 29 de septiembre de
202212 modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del
requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales
se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico,
sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la trasgresión de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 13.
2.5.1.2. Ahora, en el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por
la parte tutelante, como se indicó en precedencia, no satisface el requisito de
relevancia constitucional, en relación con los defectos sustantivo y de
desconocimiento de precedente, comoquiera que, en primer lugar, el asunto
planteado en este escenario ya fue analizado y zanjado en el proceso ordinario y,
en segundo término, porque las inconformidades planteadas no contienen la carga
argumentativa necesaria que dé cuenta de las razones del porqué el asunto requiere
la intervención del fallador de esta sede.
En efecto, para esta colegiatura los yerros en mención se circunscriben en señalar,
que las autoridades judiciales accionadas dejaron de aplicar la normatividad y la
jurisprudencia según la cual, conforme lo interpreta el actor, para la liquidación de
la pensión de jubilación de los docentes regulados por la Ley 91 de 1989, deben
tenerse en cuenta los factores salariales sobre los cuales se hicieron aportes.
Al respecto, las autoridades judiciales del proceso ordinario, señalaron con
suficiencia que de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de
Estado de SUJ-014-CE-2019 de 25 de abril de 2019, para la liquidación de la
pensión de los educadores cobijados por la Ley 91 de 1989, los factores a
considerar son aquellos sobre los cuales se hayan realizado aportes y, que se
encuentren taxativamente señalados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.
Así, es claro que el actor sí pretende convertir la tutela en una instancia adicional,
pues, las inconformidades y reparos propuestos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, tanto en la demanda como en el recurso de apelación,
son los mismos que planteó en este escenario constitucional.
De igual forma, si bien presentó argumentos para sustentar la presunta
configuración de los mencionados defectos, lo cierto es que no satisfizo la carga
desde la perspectiva constitucional, según lo establecido en la referida sentencia de
unificación de la Corte Constitucional, SU-215 de 2022, pues, no expuso cómo se
materializó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneraron determinadas
prerrogativas superiores, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez
de tutela revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo
que permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o
goce de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este operador
judicial se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
La carga argumentativa a la cual hace alusión la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política para
cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un ejercicio
argumentativo mucho más profundo.
En el escrito contentivo de la tutela, se advierte, como se indicó en precedencia, el
reparo a las decisiones que negaron la pretensión de reliquidación de la pensión de
jubilación del actor con la inclusión de la prima de vacaciones, a partir de la presunta
configuración de los defectos sustantivo y de desconocimiento de precedente, pero
huérfano de una línea conceptual ius fundamental que permita al juez desarrollar,
interpretar o aplicar la carta política respecto al caso concreto, sumado a que el
asunto en cuestión ya fue zanjado por los jueces ordinarios.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces
naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los
argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del
trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de dicho
extremo procesal frente a la interpretación o aplicación de las normas o a la
apreciación de las pruebas del proceso contencioso expuestos en la solicitud de
amparo, sin el adecuado contraste de un indebido e irracional estudio por parte de
la autoridad judicial; atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
2.5.1.3. Por otro lado, y en relación con la lesión al derecho a la igualdad, la Sala
advierte que dicho cargo reviste relevancia constitucional, por cuanto, la parte actora
adujo que las Subsecciones C, E y F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en casos análogos al suyo, ratificaron que, de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y lo dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2005, para la liquidación de la pensión de los docentes gobernados
por la Ley 91 de 1989, se deben tener en cuenta los factores sobre los cuales se
realizaron aportes, entre estos, la prima de vacaciones.
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Segunda, Subsección D y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01586-00
2.5.2. Inmediatez
La Sala advierte que en el sub examine se cumple el presupuesto de la referencia
por cuanto la sentencia censurada de segunda instancia fue proferida el 12 de
diciembre de 2023, notificada el 18 de enero de 2024, mientras que la solicitud de
amparo se presentó el 3 de abril de 2024, de manera que, sin que sea necesario
determinar la fecha en que cobró ejecutoria, ha transcurrido un término que a juicio
de la Sala es razonable.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 14, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.5.3. Agotamiento de los medios de defensa judicial
Se encuentra superado el referido requisito, por cuanto una de las providencias
atacadas corresponde a la sentencia de segunda instancia de la Subsección D de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, frente a la cual
no es admisible ningún recurso ordinario.
Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la parte actora
no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437
de 2011.
2.5.4. Tutela contra tutela
El requisito se satisface comoquiera que no se trata de tutela contra decisión de la
misma naturaleza, puesto que, las providencias judiciales que censura la parte
accionante, fueron proferidas en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la
Secretaría Distrital de Educación de Bogotá y la fiduciaria La previsora S.A.
Así las cosas, concierne a la Sección abordar el estudio de fondo del asunto
respecto del cargo de violación al derecho a la igualdad, sin perjuicio de resaltar el
carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad de
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de
terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.
2.6. Caso concreto
La parte actora alegó que las Subsecciones C, E y F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en casos análogos, habían aplicado en
debida forma la jurisprudencia del Consejo de Estado y lo dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2005, y en ese orden, reafirmaron que para la liquidación de la
pensión de jubilación de los empleados públicos cobijados por la Ley 91 de 1989,
se debían tener en cuenta los factores salariales sobre los cuales se hubieren
realizado aportes o cotizaciones al sistema pensional, como por ejemplo, la prima
de vacaciones.
Como se advierte, son diferentes autoridades judiciales frente a las cuales se
planteó la trasgresión al derecho fundamental a la igualdad, pues, la providencia
censurada de segundo grado fue dictada por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras que las traídas a
colación son de las Subsecciones C. E y F de la misma sección, luego no es posible
imponerle la conclusión adoptada por estas últimas a la accionada.
Frente al punto, la Corte Constitucional ha indicado que la autonomía e
independencia judicial comporta tres atributos básicos en nuestro ordenamiento
superior: i) la posibilidad del juez de aplicar el derecho libre de interferencias tanto
internas como externas; ii) la materialización del principio de separación de poderes,
el derecho al debido proceso y de acceso, a la administración de justicia, y
finalmente iii) constituye un principio estructural de la Carta Política de 199116.
2.7. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional en relación con los yerros sustantivo y por
desconocimiento de precedente, y negará la tutela respecto de la trasgresión al
derecho a la igualdad.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por la Secretaría
Distrital de Educación de Bogotá y de la fiduciaria La Previsora S.A.
16 Sentencia T-450/18 de la Corte Constitucional.
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SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
William Augusto Truque Rivera contra la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Cuarenta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá respecto de los defectos sustantivo y
por desconocimiento de precedente, y NEGAR la solicitud de amparo en relación
con el cargo por violación del derecho a la igualdad.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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