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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01667-00

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01667-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de Educación Nacional. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Antonio René Lizarazo Pinzón en lo que concierne al defecto sustantivo, así como el desconocimiento del precedente y, en lo demás, deniégase. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01667-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

24 de abril de 2025

Demandante: Antonio René Lizarazo Pinzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01667-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01667-00
Demandante: ANTONIO RENÉ LIZARAZO PINZÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional. Derecho a la igualdad en decisiones
judiciales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Antonio René Lizarazo Pinzón, por conducto de apoderada judicial,
presentó acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado Quince Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, al considerar vulneradas sus garantías
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la propiedad
privada y «los derechos adquiridos», con ocasión de las sentencias de 10 de
octubre de 2024 y 20 de junio del mismo año proferidas por las autoridades
judiciales accionadas, respectivamente.

Lo anterior, por cuanto se negaron las pretensiones de la demanda que el actor
promovió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag), la Secretaría de
Educación del Distrito de Bogotá y la Fiduciaria La Previsora S.A. (en lo
sucesivo Fiduprevisora S.A.), proceso que se identificó con el radicado 11001-
33-35-015-2022-00492-00/01.

1
Mediante escrito radicado el 19 de marzo de 2025.

1

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Demandante: Antonio René Lizarazo Pinzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01667-00

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS las
sentencias emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”, en la
providencia de fecha 10 de octubre de 2024 que CONFIRMO la sentencia de
primera instancia proferida por el JUZGADO QUINCE (15) ADMINISTRATIVO
DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN
SEGUNDA de fecha 20 de junio de 2024 mediante la cual, NEGO las suplicas
de la demanda, dentro del proceso con radicado No.
11001333501520220049201.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A” a proferir
sentencia de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO a reliquidar la pensión vitalicia de jubilación
del docente ANTONIO RENE LIZARAZO PINZON, incluyendo los factores
salariales devengados y que fueron COTIZADOS, entre ellos la (PRIMA DE
VACACIONES), a la fecha del CUMPLIMIENTO DEL STATUS PENSIONAL,
además de los ya reconocidos mediante la resolución N° 8671 del 12 de
agosto de 2022, acto administrativo que reconoce la pensión vitalicia de
jubilación por aportes a mi representado.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El señor Lizarazo Pinzón hizo referencia a que nació el 4 de mayo de 1964 y
prestó sus servicios como docente oficial desde el 5 de julio de 1983. A su vez,
relató que solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes al
Fomag cuando cumplió los requisitos establecidos en la Ley 91 de 19893.

Narró que mediante la Resolución 4393 de 20 de agosto de 2020, el Fomag
reconoció y ordenó el pago de dicha prestación a su favor a partir del 5 de
mayo de 2019, con la inclusión de la asignación básica y la bonificación
mensual. Sin embargo, no se tuvo en cuenta la prima de vacaciones, pese a
que, en su sentir, se hicieron los respectivos descuentos.

Explicó que el 8 de mayo de 2022 solicitó al Fomag el ajuste de su beneficio
pensional, debido a que no se tuvieron en cuenta todos los factores salariales
que percibía para el momento en que se retiró del servicio. Además, pidió que
se realizaran las cotizaciones a seguridad social de aquellos emolumentos
faltantes.

Indicó que el 16 de junio de 2022 elevó petición ante la Secretaría de
Educación de Bogotá4, con el propósito que se realizara el pago de los aportes
a seguridad social sobre los factores salariales a los que no se les realizó

2
Trascripción literal del original con posibles errores. Negrilla del texto original.
3
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
4
Entidad que ostentó la calidad de empleador del accionante.

2

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Demandante: Antonio René Lizarazo Pinzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro
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dichas cotizaciones y se adelantaran los trámites necesarios para efectos de
trasladar los mismos al Fomag, sin recibir alguna respuesta de fondo.

Señaló que el Fomag expidió la Resolución 8671 de 12 de agosto de 2022, por
medio de la cual reliquidó su prestación teniendo como factores la asignación
básica, así como las bonificaciones mensual y pedagógica. No obstante, se
continuó excluyendo la prima de vacaciones.

Adujo que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fomag, la
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá y la Fiduprevisora S.A., en el
cual controvirtió la legalidad de la Resolución 8671 de 12 de agosto de 2022,
así como del acto ficto o presunto que se originó con ocasión de la falta de
pronunciamiento al petitorio de 16 de junio de 2022.5

Refirió que del asunto conoció el Juzgado Quince Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá que, en sentencia de 20 de junio de 2024, negó las
pretensiones de la demanda tras encontrar probado que en el Oficio S-2022-
182502 de 19 de mayo de 2022 la Secretaría de Educación de Bogotá no
accedió a su requerimiento de efectuar los descuentos para aportes a pensión,
pues estos se hicieron durante su vinculación, según lo previsto en la Ley 62
de 19856.

Además, dicha autoridad judicial consideró que, si bien devengó de mayo de
2018 a mayo de 2019 la asignación básica mensual, el auxilio de alimentación,
la bonificación decreto, la prima de navidad, la prima de servicios, la prima de
vacaciones y la bonificación pedagógica, solo podían incluirse los factores
salariales enlistados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 y que, por tanto,
constituyen la base de liquidación de los aportes, como lo estableció el
Consejo de Estado, Sección Segunda en la sentencia SUJ-014 de 2019 .

Destacó que interpuso recurso de apelación contra el anterior fallo, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, mediante sentencia de 10 de octubre de 2024, en la cual se
confirmó la decisión del a quo por cuanto en la liquidación de la pensión del
docente se incluyeron los factores sobre los cuales se acreditó la realización
de cotizaciones, lo cual no evidenció que se hubiera hecho en cuanto a la
prima de vacaciones reclamada.

Igualmente, puntualizó que el criterio jurisprudencial aplicable al caso
establecía que, para la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes

5
Proceso en el cual se formularon las siguientes pretensiones: 1) se declarara la nulidad
parcial de la Resolución 8671 de 12 de agosto de 2022 proferida por el Fomag, mediante la
cual ajustó la pensión de jubilación al demandante; 2) se declarara la nulidad del acto ficto o
presunto originado por el silencio administrativo proferido por la Secretaría de Educación de
Bogotá; 3) como consecuencia, se ordenara realizar los descuentos sobre los factores que se
solicitó su inclusión y se efectuara el aporte de los mismos al sistema pensional, al igual que se
dispusiera el ajuste de la pensión de jubilación incluyendo, además de los ya reconocidos,
todos los factores salariales devengados en el año anterior al cumplimiento del estatus
pensional, teniendo en cuenta que de la prima de vacaciones se realizaron los descuentos.
6
«Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985».

3

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Demandante: Antonio René Lizarazo Pinzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro
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vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión para los servidores públicos del orden nacional previsto en
la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos
respecto de los que se hayan efectuado los respectivos aportes.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del accionante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo al prescindir dentro de su interpretación de lo previsto en el Acto
Legislativo 1º de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución, a partir
del cual se podía colegir que en la liquidación de su pensión se debía tener en
cuenta la prima de vacaciones, pues respecto a este factor se hicieron los
descuentos correspondientes, tal como aparece en el certificado aportado con
el escrito de la tutela.

En ese sentido, consideró que se le vulneró su derecho fundamental a la
igualdad, toda vez que en casos similares al suyo se aplicó en debida forma el
precedente fijado por el Consejo de Estado relacionado con la manera en que
se deben reliquidar las pensiones de los empleados públicos al tenor de la Ley
91 de 1989, sin pasar por alto lo señalado en el Acto legislativo 1º de 2005, «el
cual ratifica que en las pensiones deberán de tenerse en cuenta los factores
salariales sobre los que se realizaron cotizaciones».

Como respaldo de lo anterior, el señor Lizarazo Pinzón trajo a colación las
siguientes providencias:

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
sentencia de 11 de julio de 2023, M.P. Beatriz Helena Escobar Rojas, radicado
11001-33-35-029-2021-00343-01.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
fallo de 22 de septiembre de 2023, M.P. Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon,
radicado 11001-33-35-030-2022-00086-01.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
providencia de 26 de septiembre de 2023, M.P. Luis Alfredo Zamora Acosta,
radicado 11001-33-35-021-2022-00042-01.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
sentencia de 4 de octubre de 2023, M.P. Amparo Oviedo Pinto, radicado
11001-33-35-013-2021-00251-01.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
fallo de 11 de octubre de 2023, M.P. Samuel José Ramírez Poveda, radicado
11001-33-35-013-2021-00251-01.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
providencia de 15 de noviembre de 2023, M.P. Samuel José Ramírez Poveda,
radicado 11001-33-42-050-2022-00445-01.

4

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Demandante: Antonio René Lizarazo Pinzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01667-00

El actor hizo alusión a que el principio de sostenibilidad financiera pretende un
equilibrio entre los recursos que ingresan al sistema de seguridad social y los
que son destinados a pagar las prestaciones. Sin embargo, en su caso no se
tuvo en cuenta que devengó la prima de vacaciones y respecto de este
emolumento se surtieron los respectivos aportes, por lo que se omitió el rango
constitucional que tiene el acto legislativo antes mencionado.

Además, mencionó que se desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de
2017 que, aunque no se hizo pronunciamiento respecto al régimen de los
docentes, determinó que todas las pensiones deben liquidarse conforme con
los factores salariales frente a los cuales se realizaron efectivamente los
aportes al sistema pensional, en procura de la sostenibilidad financiera del
sistema pensional, criterio que el Consejo de Estado reiteró en el fallo de tutela
de 31 de octubre de 2019.7

En concordancia con lo anterior, el accionante señaló que en su caso particular
se podía aplicar el precedente fijado por el Consejo de Estado en la sentencia
de 4 de agosto de 2010, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en atención al
principio de favorabilidad, pues al comparar el monto de su mesada pensional
con aquel que debería percibir, se denota el menoscabo que ha sufrido tras
interpretarse de manera errada el Acto Legislativo 1º de 2005.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 25 de marzo de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A y al juez Quince Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.

Además, se vinculó al ministro de Educación Nacional y a la secretaria de
Educación del Distrito de Bogotá, así como a los representantes legales del
Fomag y la Fiduprevisora S.A., dado el posible interés que les asiste en las
resultas del presente trámite.

Remitidas las respectivas comunicaciones8, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de esta dependencia de la Alcaldía Mayor
de Bogotá precisó que el actor no formuló algún reproche en su contra, pues lo
controvertido es la decisión proferida por el tribunal accionado. Además, solicitó
«rechazar por improcedente» la tutela, por cuanto no es el mecanismo idóneo
para intentar revivir discusiones jurídicas que fueron resueltas por el juez
natural, máxime cuando el accionante gozó de todas las garantías procesales

7
Proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-04192-00.
8
Mediante oficios enviados el 26 de marzo de 2025.

5

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previstas en el ordenamiento jurídico.

1.5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A

El magistrado ponente de la sentencia objeto de debate trajo a colación que
mediante auto de 6 de septiembre de 2023 el a quo requirió a la Secretaría de
Educación del Distrito de Bogotá para que allegara la certificación que diera
cuenta de los factores salariales devengados y cotizados por el demandante
entre mayo de 2018 y mayo de 2019, ante la ausencia de una prueba que
demostrara tal aspecto.

Entonces, la entidad mencionada aportó al plenario el documento que
demostraba que el señor Lizarazo Pinzón devengó de mayo de 2018 a mayo
de 2019: la asignación básica mensual, el auxilio de alimentación, la
bonificación decreto, la prima de navidad, la prima de servicios, la prima de
vacaciones y la bonificación pedagógica, así como que era parte del ingreso
base de cotización la asignación básica, la bonificación decreto y la
bonificación pedagógica.

De este modo, dicha autoridad judicial argumentó que la decisión cuestionada
se ajustó al material probatorio que obraba en el plenario, a partir del cual no
se acreditó que respecto a la prima de vacaciones se efectuaron cotizaciones a
pensión, por lo que resultaba improcedente su inclusión para efectos de la
reliquidación pensional reclamada por el actor.

Por otra parte, aclaró que el apoderado judicial del accionante allegó en sede
de tutela un certificado que, según él, demuestra que en cuanto a la prima de
vacaciones se realizaron las respectivas cotizaciones. Sin embargo, tal escrito
no reposa en el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho adelantado en esa corporación, así que no podía emitir algún
pronunciamiento sobre el particular.

1.5.3. Ministerio de Educación Nacional

En el informe rendido por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la cartera
ministerial se puntualizó que este caso gira en torno a una controversia de
naturaleza estrictamente económica, al igual que un litigio que involucra
intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela por
carecer de absoluta relevancia constitucional, situación por la cual consideró
que debería declararse improcedente la presente acción.

A su vez, se solicitó la desvinculación de esta entidad por falta de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que no es el responsable de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocada por el actor,
especialmente porque su objeto es establecer las políticas y los lineamientos
para dotar al sector educativo de un servicio de calidad con acceso equitativo y
con permanencia en el sistema.

6

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1.5.4. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá remitió
el expediente digital con radicado 11001-33-35-015-2022-00492-00/01, sin
realizar algún pronunciamiento en lo referente a la controversia expuesta en la
tutela, así como tampoco lo hicieron los representantes legales del Fomag y la
Fiduprevisora S.A.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestiones previas

• El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación del presente
trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, petición que será
denegada debido a que su vinculación obedeció al posible interés que le asiste
en las resultas de este proceso.

Esto, por cuanto integró la parte demandada en el medio de control dentro del
cual se dictaron las providencias a las cuales el actor les atribuye la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales invocados, mas no se vinculó
como la entidad contra la cual se dirijan los reproches planteados en la acción
de tutela.

• Igualmente, se aclara que aun cuando el accionante identificó como autoridad
judicial enjuiciada al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, el estudio del presente caso se abordará a partir de los argumentos
contenidos en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por ser la decisión que puso
fin al proceso objeto controvertido.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la
propiedad privada y «los derechos adquiridos» del señor Lizarazo Pinzón, por
presuntamente incurrir en defecto sustantivo, así como en desconocimiento del
precedente y la vulneración del derecho a la igualdad en las decisiones en las
que se resolvieron casos similares.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias

7

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judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

9
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

8

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Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

Enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

Según se tiene, el señor Lizarazo Pinzón controvierte la sentencia de 10 de
octubre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda que promovió en condición de docente oficial, con
el propósito que se ordenara el ajuste de su pensión de jubilación con la
inclusión de todos los factores salariales que devengó en el último año de
servicios, en particular, la prima de vacaciones.

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Demandante: Antonio René Lizarazo Pinzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01667-00

Entonces, el actor consideró que dicha autoridad judicial incurrió en defecto
sustantivo, al omitir dentro de su interpretación lo previsto en el Acto Legislativo
1º de 2005, según el cual, la pensión debe liquidarse con los factores salariales
respecto de los cuales se realizaron los aportes al sistema pensional. Esto, por
cuanto no se tuvo en cuenta que devengó la prima de vacaciones y en lo que
atañe a esta prestación se surtieron los respectivos aportes, tal como aparece
en el certificado aportado con el escrito de la tutela.

Acorde con lo anterior, el accionante consideró que se desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013,
SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017 que, «aunque no se pronunció
expresamente sobre el régimen de los docentes», determinó que todas las
pensiones deben liquidarse conforme con los factores salariales frente a los
cuales se realizaron efectivamente los aportes al sistema pensional, en aras de
garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, tesis reiterada por
el Consejo de Estado en el fallo de tutela de 31 de octubre de 2019.10

Igualmente, trajo a colación el principio de favorabilidad, a partir del cual
consideró que en su caso se podía aplicar el precedente fijado por el Consejo
de Estado en la sentencia de 4 de agosto de 2010, M.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila, pues al comparar el monto de su mesada pensional con aquel
que debería recibir se evidencia el perjuicio que se le ocasionó a su mínimo
vital.

Así las cosas, la Sala advierte que no se cumple el requisito de procedibilidad
bajo análisis en lo concerniente a tales cargos, pues con los argumentos
expuestos por el actor no se observa a primera vista alguna actuación arbitraria
del tribunal accionado que posiblemente atente contra sus garantías
iusfundamentales, sino las inconformidades que tiene respecto del estudio
abordado en su caso.

Esto es así, por cuanto el debate propuesto bajo el defecto sustantivo versa
sobre una cuestión de interpretación meramente legal y económica, así como
que los reproches del accionante están dirigidos a que se modifique el
raciocinio de la corporación enjuiciada tras no estar de acuerdo con lo decidido,
más allá de sugerir alguna discusión que justifique razonablemente una
afectación desproporcionada de sus derechos invocados, entre estos, el del
debido proceso.11

Nótese que el actor se limitó a reiterar las consideraciones que expuso dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de las cuales la
autoridad enjuiciada se pronunció, aunque no fuera en el sentido que él

10
Proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-04192-00.
11
Al respecto, en la sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional señaló que el núcleo
esencial de este derecho radica en «(...) hacer valer ante los jueces derechos e intereses de
las personas, mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada
en derecho”. Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se
traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia constitucional
ha explicado que esta garantía se traduce en “la posibilidad de emplear todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y pretender una decisión favorable”.»

10

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esperaba, pues concluyó que en la Resolución 8671 de 12 de agosto de 2022
se ajustó la pensión del docente con la inclusión de los factores sobre los
cuales se acreditó la realización de cotizaciones y que están enlistados en el
artículo 3º de la Ley 33 de 198512, sin que dentro de estos se encuentre la
prima de vacaciones reclamada.

La razón de dicha decisión se justificó en la información contenida en la
certificación electrónica de tiempos laborados - CETIL de 10 de abril de 2024
expedida por la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, en la cual se
evidenció que el señor Lizarazo Pinzón devengó de mayo de 2018 a mayo de
2019: la asignación básica mensual, el auxilio de alimentación, la bonificación
decreto, la prima de navidad, la prima de servicios, la prima de vacaciones y la
bonificación pedagógica. Sin embargo, solamente es parte del ingreso base de
cotización la asignación básica, la bonificación decreto y la bonificación
pedagógica.

A reglón seguido, el tribunal accionado explicó que en la sentencia de
unificación de 25 de abril de 2019 la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado13 indicó que para la liquidación de la pensión de jubilación
de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 200314, los
factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes y en el caso sometido a su
consideración no se acreditó que la parte demandada haya omitido la
obligación de cotizar respecto de los factores que por ley le correspondía.

De hecho, en la providencia en cuestión se realizó un recuento jurisprudencial
relacionado con el alcance del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, según las tesis fijadas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en las sentencias de unificación de 28 de agosto de 2018 y
25 de abril de 2019, a partir de las cuales se precisó lo siguiente:

De acuerdo con la jurisprudencia en cita es factible concluir: i) Los docentes
afiliados al FOMAG no pueden ser beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en virtud de la excepción
consagrada en el artículo 279 ibídem; ii) la forma de establecer la base de
liquidación del personal docente es el contenido en la Ley 91 de 1989, esto es, el
75% del salario mensual promedio del último año de conformidad con lo previsto
en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del Acto
Legislativo 001 de 2005; y iii) la segunda subregla fijada por el Consejo de
Estado, esto es, la correspondiente a que los factores salariales que se deben
incluir en el ingreso base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los
cuales se hubieren efectuado las cotizaciones, es de carácter general, en tanto
lo que se busca es garantizar el principio de solidaridad y sostenibilidad fiscal, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1 y 48 de la Constitución Política,
este último modificado por el Acto Legislativo antes referido.

Finalmente, la Sala Plena de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado9, en sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019, resolvió:

12
Modificado por la Ley 62 de 1985.
13
M.P. César Palomino Cortés, rad. 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17).
14
Los cuales gozan del mismo régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985.

11

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Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente:

De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos
los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación
y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados
al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos
regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio
educativo oficial de cada docente, así:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62
de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.15

Además, en la sentencia debatida se puntualizó que aun cuando dicha Sala en
casos semejantes al del señor Lizarazo Pinzón ordenó la reliquidación
pensional en aplicación de la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, ese criterio varió en
consideración a los pronunciamientos de unificación de la misma alta Corte de
28 de agosto de 2018 y 25 de abril de 2019, pues se acogía a lo allí señalado
debido a que también se fijaron reglas en torno a las condiciones en que deben
liquidarse este tipo de prestaciones al tenor de la Ley 33 de 1985, así como en
los supuestos fijados en los artículos 1º y 48 de la Constitución.

Como se advierte, el accionante pretende retrotraer la discusión que gira en
torno a la inclusión de la prima de vacaciones para efectos de liquidar su
pensión y poner en tela de juicio la postura adoptada por el tribunal
demandado. Sin embargo, la controversia propuesta no podía limitarse a la
discrepancia de criterios, dado que era necesario que se expusieran reparos
que denotaran la existencia de una transgresión desmedida a una garantía
constitucional producto de una actuación arbitraria de la corporación
accionada.

Lo anterior es de especial importancia, por cuanto el juez de tutela no puede
realizar nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por otra
autoridad judicial, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están
amparados por los principios de autonomía e independencia judicial que
imponen el respeto por la cosa juzgada.

Ahora, si bien el accionante hizo referencia a que la corporación accionada no
tuvo en cuenta que se hicieron los descuentos para seguridad social en cuanto
a la prima de vacaciones y aportó un certificado de salarios para respaldar tal
afirmación, lo cierto es que no invocó la posible configuración de algún yerro
que se vincule con asuntos probatorios y, con todo, si se ajustara lo
manifestado desde la óptica del defecto fáctico, se echa de menos la carga
argumentativa mínima para que sea dable abordar su estudio de fondo.

15
Negrilla del texto original.

12

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Lo anterior, por cuanto no basta con que el accionante hiciera alusión a dicho
documento, sino además era imprescindible que planteara si el juez a cargo del
asunto lo omitió dentro de su valoración, pese a que fue debidamente aportado
al expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-35-015-2022-00492-00/01 o realizó una indebida
apreciación de la información allí contenida, de tal manera que se apartó de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana critica.

Lo mismo sucede con el desconocimiento del precedente propuesto por el
accionante, toda vez que no explicó por qué el criterio establecido por la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de
2017, al igual que por el Consejo de Estado en el fallo de tutela de 31 de
octubre de 201916, variaría la decisión proferida por el tribunal cuestionado y
desvirtuaría los fundamentos por los cuales se concluyó que no era procedente
acceder a las pretensiones de la demanda, máxime si, según lo afirmado, no
hacen referencia expresamente al régimen de los docentes.

Es oportuno indicar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022
la Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado
tiene relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo
trasciende la mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales», pues dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada
indebidamente para debatir asuntos que dieron origen a la controversia judicial

En este orden de ideas, la Sala advierte que el demandante no sugirió algún
reproche que permita evidenciar, a priori, que su caso amerita algún
pronunciamiento adicional en lo concerniente al alcance interpretativo del Acto
Legislativo 1º de 2005 y el precedente aplicado para resolver la litis.

En consecuencia, se declarará improcedente la tutela en lo relativo al defecto
sustantivo y el desconocimiento del precedente planteados, pues no se
presentó algún cuestionamiento que tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución o determinar el alcance del derecho fundamental al
debido proceso.

Por otro lado, se encuentra que en el escrito de la tutela también se planteó el
posible desconocimiento del derecho a la igualdad en decisiones judiciales,
cargo respecto del cual se considera que se supera el presupuesto de
relevancia constitucional, en atención a que es un planteamiento que amerita
verificar si se quebrantó la garantía constitucional en mención.17

Aunado a que se expusieron argumentos que son suficientes para entender
que la presunta afectación del aludido derecho se produjo con ocasión a que
en casos semejantes al suyo se aplicó el precedente fijado por el Consejo de
Estado, «el cual ratifica que en las pensiones deberán de tenerse en cuenta los

16
Proceso con radicado 11001-03-15-000-2019-04192-00.
17
En este mismo sentido se pronunció la Sala, entre otras, en las sentencias de 25 de abril de
2024, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2024-01586-00 y de 27 de marzo
de 2025, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez, rad. 11001-03-15-000-2024-06688-01.

13

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factores salariales sobre los que se realizaron cotizaciones», al tenor de lo
previsto en la Ley 91 de 1989 y el Acto legislativo 1º de 2005.

En ese orden, se continuará con el análisis de los requisitos de procedibilidad,
respecto al cargo por la presunta vulneración al derecho a la igualdad.

2.4.2. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza, dado que la
providencia que cuestiona el tutelante fue proferida dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fomag, la Secretaría de Educación del
Distrito de Bogotá y la Fiduprevisora S.A., proceso con radicado 11001-33-35-
015-2022-00492-00/01.

2.4.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la última providencia debatida se profirió el 10 de octubre de
2024 y fue notificada por correo electrónico enviado el 25 de octubre del mismo
año, por lo que sin que sea necesario precisar la fecha en que cobró ejecutoria,
se puede concluir que el actor acudió en un término razonable ante el juez de
tutela en defensa de sus derechos fundamentales invocados, comoquiera que
la acción de tutela se radicó el 19 de marzo de 2025, es decir que
transcurrieron menos de 6 meses.18

2.4.4. En lo referente al requisito de subsidiariedad, se observa que el
accionante no dispone de otros medios de defensa judicial, ordinarios o
extraordinarios, para censurar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, comoquiera
que la inconformidad señalada en la tutela relacionada con la presunta
transgresión del derecho a la igualdad, no se adecúa a las causales
establecidas para que procedan los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia.

Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud en lo
concerniente al cargo relativo al desconocimiento del derecho a la igualdad en
decisiones judiciales, sin perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la
tutela que tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el
respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de
buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales

2.5. Caso concreto

El señor Lizarazo Pinzón sugiere un trato desigual por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al no
aplicársele la misma decisión proferida en varias providencias mediante las
cuales se abordaron casos similares al que nos ocupa y se accedió a reliquidar
la pensión de jubilación de docentes con la inclusión de los factores salariales
respecto de los cuales se hicieron aportes al sistema bajo una interpretación

18
Tiempo que esta Sala consideró razonable para ejercicio de este mecanismo constitucional
bajo los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

14

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acertada del precedente fijado por el Consejo de Estado sobre la materia, a
saber:

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
sentencia de 11 de julio de 2023, M.P. Beatriz Helena Escobar Rojas, radicado
11001-33-35-029-2021-00343-01.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
fallo de 22 de septiembre de 2023, M.P. Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon,
radicado 11001-33-35-030-2022-00086-01.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
providencia de 26 de septiembre de 2023, M.P. Luis Alfredo Zamora Acosta,
radicado 11001-33-35-021-2022-00042-01.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
sentencia de 4 de octubre de 2023, M.P. Amparo Oviedo Pinto, radicado
11001-33-35-013-2021-00251-01.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
fallo de 11 de octubre de 2023, M.P. Samuel José Ramírez Poveda, radicado
11001-33-35-013-2021-00251-01.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
providencia de 15 de noviembre de 2023, M.P. Samuel José Ramírez Poveda,
radicado 11001-33-42-050-2022-00445-01.

Al respecto, cabe señalar que la Corte Constitucional19 estableció que el test de
igualdad exige que «ante un mismo supuesto de hecho (caso similar sometido
al conocimiento de un funcionario) se aplique la misma razón de derecho
(adoptar la misma decisión que tomó en un caso anterior)», así como que la
cosa juzgada y el precedente judicial «tienen entre sus propósitos garantizar la
estabilidad de las decisiones y reglas judiciales fijadas con anterioridad».

De la revisión del contenido de tales pronunciamientos se constató que allí se
resolvieron procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, en los cuales
se solicitó el reajuste de la pensión de jubilación de docentes y se accedió a las
súplicas de las demandas en atención a que se encontró probado que respecto
de los factores faltantes por computar en el ingreso base de liquidación se
habían efectuado las cotizaciones con destino a seguridad social.

Sin embargo, se advierte que los medios de control que el actor puso de
presente fueron conocidos por las subsecciones C, E y F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras que el caso
acá controvertido le correspondió a la Subsección A, es decir que se trata de
cuerpos colegiados diferentes al aquí accionado, pese a que compartan la
misma jerarquía.

19
Al respecto, ver entre otras, las sentencias SU- 354 de 2017 y T-321 de 1998.

15

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En este orden de ideas, se advierte que este cargo no tiene vocación de
prosperidad debido a que las sentencias a las que hizo alusión el accionante
fueron proferidas por Salas de Decisión distintas a la que emitió el fallo al que
le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, las cuales
gozan de autonomía e independencia para definir las litis sometidas a su
estudio y que el juez constitucional debe respetar; por lo tanto, se denegará la
tutela en lo que atañe a este reproche.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio
de Educación Nacional.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Antonio René Lizarazo Pinzón en lo que concierne al defecto sustantivo,
así como el desconocimiento del precedente y, en lo demás, deniégase.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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