Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00756-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00756-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00756-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
2 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00756-01 (3969-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez
Temas: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de
caducidad de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_______________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
Colpensiones instauró demanda contra Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de la Resolución 02119 del 25 de enero de 2012, a
través de la cual se reconoció una pensión de vejez a la señora Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez.
A título de restablecimiento del derecho, se declare que no tiene derecho a la
suma reconocida por pensión de vejez por no encontrarse ajustada a derecho.
1 Folios 7 a 17.
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HECHOS
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que mediante Resolución 02119 del 25 de enero de 2012 Colpensiones concedió
una pensión de vejez a la demandada al acreditar 1952 semanas, sobre un IBL
de $24.173.380, con una tasa de reemplazo del 75%, quedando una mesada para
el año 2012 de $18.130.035.
Que por Resolución GNR 150606 del 24 de mayo de 2016 aplicó el tope máximo
pensional a la prestación reconocida.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el
Acto Legislativo 01 de 2005.
Sostuvo que mediante Resolución 02119 del 25 de enero de 2012 se reconoció
una pensión de vejez a la señora Ortiz de Rodríguez sin tener en cuenta que la
prestación superó el límite de los 25 smlmv.
Que conforme al artículo 97 del CPACA si el titular niega su consentimiento para
revocar el acto administrativo y la autoridad considera que es contrario a la
Constitución y la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 10 de julio de 2018 y notificada a la
demandada quien se opuso a las pretensiones2 indicando que el régimen de
transición es inescindible, contempla beneficios que no pueden ser desconocidos
por ninguna autoridad y no se puede aplicar por partes, so pena de crear un
régimen híbrido y atípico.
Que la existencia de los regímenes de transición se explica por la necesidad de
respetar las expectativas legítimas de aquellas personas que están próximas a
consolidar algún derecho bajo los parámetros normativos consagrados en el
régimen jurídico preexistente.
Que no le asiste razón a la entidad en su difusa y confusa demanda la cual no
tiene motivos de violación de las normas, situación que impide la materialización
del derecho de defensa y por ende el debido proceso.
2 Folios 52 a 66.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,3
accedió parcialmente a las pretensiones argumentando que el artículo 48 de la
Constitución Política, expresamente prevé que no habrá pensiones superiores a
la cuantía equivalentes a 25 salarios mínimos legales mensuales, en
consecuencia, esta norma constitucional, proscribió los regímenes pensionales
especiales entre ellos, el aplicable a los Congresistas y magistrados de las Altas
Cortes.
Que como quiera que la pensión a la demandada le fue reconocida dentro de la
vigencia de la modificada norma constitucional, es claro que está sometida al
límite en la cuantía de la mesada al monto de los 25 salarios mínimos legales a
que se contrae el artículo 48 de la Constitución Política y a lo declarado y
ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C- 258 de 2013, por lo que
debía accederse a las pretensiones.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandada8 interpuso recurso de apelación manifestando que en la sentencia
no se hizo el más mínimo análisis de las pruebas allegadas al expediente y
relacionadas particularmente con la historia laboral que reflejan más de 2000
semanas de cotización al Estado y los demás medios de convicción allegados al
expediente.
Que el fallador de primera instancia declaró la nulidad parcial de la Resolución
02119 de 25 de enero de 2012, pero no explicó las razones que fundamentan esa
orden. Tampoco le mereció ningún pronunciamiento el hecho de que aquella fue
modificada por la Resolución 150606 de mayo 24 de 2016, confirmada por
Resolución VPB 37722 de 22 de septiembre de 2016 y ajustada a 25 smlmv
conforme con lo dispuesto en la Sentencia C-258/13.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 24 de octubre de 2023 se admitió el recurso.
El Ministerio Público presentó escrito en el que indicó que el acto demandado es
susceptible de ser declarado nulo parcialmente por el exceso del monto de la
mesada, pero en lo demás estaba ajustado al derecho adquirido.
Las partes guardaron silencio.
3 Índice 39 de SAMAI actuaciones del tribunal.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
En uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo 187 del
CPACA, que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que encuentre
probada, incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in pejus), se
analizará la posible existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del artículo
86 de la Ley 2381 de 2024.
Marco normativo y jurisprudencial
Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional
La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para
presentar las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos
consagrados en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir
a la jurisdicción en el plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el
aludido fenómeno.
Al respecto, la Corporación ha sostenido:4
La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del
término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin
que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.
El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de acción
y del origen que la provoca.
El artículo 164, numeral 1.° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se
podrá demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las
pensiones reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones
administrativas y contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5
años contados a partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo,
se aplicará la caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con
ocurrencia de algún delito en la obtención del derecho.
Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
23 de septiembre de 2010. Expediente: 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). Demandante: Marco
Fidel Ramírez Yépez y otros
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00756-01 (3969-2023)
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años
de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la
caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.». (Negrillas
para resaltar)
Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20245 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio
de 2025.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en
vigor, se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior,
teniendo en cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las
modificaciones que se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió
hasta el año 2025.
Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:
Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el
pensionado, ¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que
la norma no ha entrado en vigencia?
Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino
que no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.
No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1.° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se
declara en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues
la contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.
5 «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones»
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-00756-01 (3969-2023)
Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios
a partir de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 19976.
Resolución del caso concreto
Aclarado el aspecto de la vigencia, corresponde a la Subsección analizar el
asunto en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la ley, pues dicho
precepto es claro al señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el
reconocimiento del derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y
fundamentos de la demanda no estamos ante el supuesto de un derecho obtenido
con fraude o con ocurrencia de algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción
establecida en la disposición citada.
En este caso, la prestación se otorgó por Resolución 02119 del 25 de enero de
2012, es decir la administración tenía hasta el 26 de enero de 2017 para presentar
la demanda, y según consta a folios 7 del cuaderno principal fue radicada el 6 de
abril de 2018, por lo que se concluye que se inició con posterioridad a los 5 años
de que trata la Ley 2381 de 2024.
En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, declarará probada de oficio la excepción de caducidad.
Condena en costas: análisis de las costas en primera y segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la
adición efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica
que la condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida
obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la
6 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos
jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el
Diario Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia
de los mismos.” Negrilla para resaltar.
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cual, se deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso,
conforme al inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado
ya ha venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.
En el presente caso, pese a que se está revocando la sentencia de primera
instancia, la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CPG 7 y
observando los fundamentos planteados en la demanda y en el recurso, se
concluye que no hay lugar a la condena en costas en ninguna de las instancias,
pues no se advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario, la
demandante expuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 25 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar,
se declara probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. Se reconoce personería a la abogada Angélica Margoth Cohen
Mendoza con tarjeta profesional 102.786 del CS de la J, representante legal de la
empresa Paniagua & Cohen Abogados SAS, para que defienda los intereses de
Colpensiones. Asimismo, se acepta la sustitución de poder hecha en la abogada
María del Carmen Ramos Tamara con tarjeta profesional 319.992 del CS de la J.8
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes.
7 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
8 Índice 11 de SAMAI.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión
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