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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06688-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06688-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Fanny Arias Marulanda, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06688-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

6 de febrero de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2024 06688 00
Accionante: Fanny Arias Marulanda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06688 00
Accionante: FANNY ARIAS MARULANDA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SALA
TERCERA DE DECISIÓN Y CONSEJO DE ESTADO –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Fanny Arias
Marulanda, en contra de las sentencias proferidas el 23 de noviembre de
2023 y el 12 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Tercera de Decisión y la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado, respectivamente, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) identificado con el radicado nro.
66001 23 33 000 2020 00566 00/01/02.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2024 06688 00
Accionante: Fanny Arias Marulanda

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Fanny Arias Marulanda, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra de las precitadas providencias, y para
ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…]

• Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y derecho
de defensa (artículo 29 C.P.), acceso a la administración de
justicia (art. 229 CP).
• Declarar que las sentencias del 23 de noviembre del 2023 y del
12 de septiembre del 2024, proferidas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA SALA TERCERA DE DECISIÓN
Magistrado ponente: Andrés Medina Pineda y el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN B consejero Ponente: Jorge Edison
Portocarrero Banguera, respectivamente, vulneran los derechos
fundamentales al debido proceso y derecho de defensa (art. 29
CP) y al acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.)
• Corolario de lo anterior, disponer quedan sin efecto las
sentencias del 23 de noviembre del 2023 y del 12 de septiembre
del 2024, emitidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA SALA TERCERA DE DECISIÓN Magistrado ponente:
Andrés Medina Pineda y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero
Banguera respectivamente del medio del control Nulidad y
Restablecimiento del derecho.
• Ordenar al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B,
profiera una nueva sentencia en el medio de control Nulidad y
Restablecimiento del derecho radicado 66001-23-33-000-2020-
00566-02, en la que la nueva decisión tenga en cuenta el artículo
86 de la Ley 2381 del 2024, declarando la caducidad del medio
del control propuesto por la UGPP, negando de esta manera las
s[ú]plicas de la demanda […]”. (Mayúsculas originales del escrito
de tutela).

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06688 00.
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Accionante: Fanny Arias Marulanda

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que nació el 24 de febrero de 1941, que prestó sus
servicios en el Colegio Escuela Normal Belalcázar desde el 7 de marzo de
1963 hasta el 31 de enero de 1964, y que, posteriormente, se vinculó al
Colegio Normal de Pereira “(…) [d]esde el 1 de febrero de 1967 al 8 de
febrero de 1973, con vinculación nacionalizada nombrada por medio de
Decreto No 004 del 1 de febrero de 1967 y con retiro por medio de Decreto
No 1294 del 9 de febrero de 1973. -Desde el 04 de abril de 1978 al 31 de
[j]ulio de 2002, con vinculación Nacional, nombrada por medio de
Resolución No. 2818 del 16 de marzo (…)”2.

Manifestó que mediante la Resolución nro. 000361 del 25 de enero de
1993, la entonces Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL EICE,
resolvió reconocer y pagar la pensión gracia a su favor, la cual,
posteriormente, fue reliquidada mediante la Resolución nro. 10544 del 9
de junio de 2003, “(…) en obedecimiento Juzgado Primero Penal del
Circuito de Bogotá, autoridad judicial que por medio de fallo de fecha 29
de noviembre de 2004, ordenó reliquidar la pensión en forma definitiva
(…)”3.

Relató que, el 15 de diciembre de 2020, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
(lesividad) en su contra con el fin de que se declarara la nulidad de los
actos administrativos por medio de los cuales se había otorgado el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a su favor.

Indicó que la demanda correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Risaralda que, en sentencia del 28 de noviembre de
2023, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, comoquiera

2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06688 00.
3
Ibidem.
3

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Accionante: Fanny Arias Marulanda

que declaró la nulidad de los actos acusados, pero no ordenó devolver los
dineros pagados por concepto de la pensión gracia.

Anotó que, inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de
apelación y la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia proferida el 12 de septiembre de 2024, notificada el 17 de
octubre de 2024, la confirmó.

Señaló que el 2 de octubre de 2024, la Subsección A, Sección Segunda
del Consejo de Estado profirió varias sentencias de nulidad y
restablecimiento del derecho en las que se revocaron los fallos de primera
instancia y, en su lugar, se declaró probada de oficio la excepción de
caducidad del medio de control.

Sostuvo que “(…) [l]a evidencia que refulge de la decisión reprochada del
Consejo de Estado, en su Sección Segunda [S]ubsección B, es que ningún
análisis llevo a cabo de la caducidad de la acción prevista en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, pese a la nueva vigencia de la norma, con lo
cual esa falta de argumentación genera trasgresión del ordenamiento
superior y en concreto al artículo 29 de la Carta (…)”4.

Agregó que “(…) [l]a aspiración que se tiene con la formulación de este
mecanismo excepcional de la tutela, es que en la protección de los
derechos fundamentales del Debido Proceso y Defensa exista una
adecuada interpretación judicial (…)”5.

Expuso que “(…) por existir hoy un criterio en la Sección Segunda del
Consejo de Estado en el sentido de que resulta posible la declaratoria
oficiosa de la caducidad de las acciones enmarcadas en el medio de
control de lesividad que discute el reconocimiento de pensiones
reconocidas desde muchos años atrás. Y que para el caso de la actora de
tutela vine (sic) a ser la misma discusión jurídica, resulta totalmente
desequilibrado en el ámbito de la protección de los derechos superiores,

4
Ibidem.
5
Ibidem.
4

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Accionante: Fanny Arias Marulanda

que a ella no se le brinde el mismo tratamiento que se dispensa para otras
personas en su misma situación de hecho y derecho (…)”6.

En cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, aseveró que su solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales, comoquiera que (i) el asunto bajo estudio tiene
relevación constitucional debido a que “(…) refulge de un nuevo
paradigma fijado en el seno del órgano de cierre administrativo en punto
a la declaratoria oficiosa de la caducidad de la acción, la cual se entroniza
como expresión del avance de los derechos sociales y económicos en claro
desarrollo del principio de progresividad (…)”; (ii) se agotaron todos los
recursos judiciales, ordinario y extraordinarios que tenía a su alcance; (iii)
la sentencia atacada fue proferida el 12 de septiembre de 2024 y
notificada el 19 de octubre de la misma anualidad; (iv) no se está
alegando una irregularidad procesal; (v) se identificó en debida forma los
hechos que generaron la vulneración y (vi) no se trata de tutela contra
tutela.

Frente a causales específicas, precisó que en la providencia cuestionada
se incurrió en defecto material o sustantivo, ya que la autoridad judicial
accionada “(…) no acudió a una norma vigente, esto es, al artículo 86 de
la Ley 2381 del 2024, que para el momento de la emisión de la sentencia
de segunda instancia ya contaba con vigor, con mayor razón cobra
evidencia el menoscabo con los pronunciamientos de ese mismo órgano
de cierre declarando oficiosamente la caducidad de la acción en otros
casos análogos al presente (…)”7.

Al respecto, citó las siguientes providencias:

(i) Sentencia del 2 de octubre de 2024 proferida por la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso identificado con el
radicado nro. 25000 23 42 000 2015 05734 01.

6
Ibidem.
7
Ibidem.
5

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 06688 00
Accionante: Fanny Arias Marulanda

(ii) Sentencia del 2 de octubre de 2024 proferida por la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso identificado con el
radicado nro. 25000 23 42 000 2018 00756 01.

(iii) Sentencia del 2 de octubre de 2024 proferida por la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso identificado con el
radicado nro. 68001 23 33 000 2015 01492 01.

(iv) Sentencia del 2 de octubre de 2024 proferida por la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso identificado con el
radicado nro. 25000 23 42 000 2018 00889 01.

Adujo que en “(…) [t]odos ellos deciden revocar las sentencias de primera
instancia y disponen, de manera oficiosa, dar aplicación a lo dispuesto por
el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 (…)”8.

Teniendo en cuenta lo anterior, advirtió que “(…) la actora FANNY ARIAS
MARULANDA se encuentra dentro de la órbita que viene dada en la
intención del legislador con la promulgación de la Ley 2381 de 2024, en
el sentido de que la administración contaba con un plazo máximo de cinco
años para promover su accionar, tiempo que en este caso está
ampliamente superado, por consiguiente es razonable, coherente y
posible implementar la regla consagratoria del fenómeno jurídico de
caducidad de la acción (…)”9.

Aseguró que “(…) la caducidad operó irrestrictamente para demandar las
resoluciones Resolución No. 000361 de fecha 25 de enero de 1993 y la
Resolución No. 10544 del 9 de junio de 2003, esto, teniendo en cuenta
que, la norma define un máximo de 5 años para presentar las acciones
administrativas o contenciosas administrativas (…)”10, por lo cual “(…) la
señora ARIAS MARULANDA se encuentra cobijada por la disposición legal,
máxime que (…), la UGPP tenía hasta el 10 de junio del 2008 para

8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
6

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Accionante: Fanny Arias Marulanda

presentar el medio de control. Sin embargo, vemos que recién fue
radicada el día 15 de diciembre del 2020 (…)”11.

Reprochó que la autoridad judicial accionada “(…) no tuvo en cuenta el
criterio específico que la jurisprudencia ha aceptado al momento de
aplicar derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. Me
refiero al principio de favorabilidad o principio pro homine, tantas veces
mencionado en la jurisprudencia constitucional y cuyo contenido obliga a
que siempre, sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una
situación, se prefiera aquella que resulte más garantista o que permita la
aplicación de forma más amplia del derecho fundamental (…)”12.

Argumentó que “(…) la posición sostenida de no declarar de oficio la
caducidad no resulta legítima, pues dejó de lado los principios
mencionados anteriormente y, en esa medida, no atendió la
interpretación sistemática de una norma vigente, dado que estaba
obligado por mandado supralegal a analizarla como un cuerpo normativo
unitario de significado coherente (…)”13.

Finalmente, concluyó reiterando que “(…) la sentencia de segundo grado
dictada por la Sección [S]egunda Subsección B del Consejo de Estado,
debía tener el sentido de acoger la norma prevista en el artículo 86 de la
Ley 2381 del 2024, declarando oficiosamente la caducidad del medio del
control propuesto por la UGPP (…)”14.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 4 de diciembre de 202415 a través del
aplicativo de recepción de tutela en línea de la página web de la Rama

11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06688 00.
7

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Accionante: Fanny Arias Marulanda

Judicial, y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 10
de diciembre de 202416 la admitió y dispuso notificar17 al Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión y al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, como partes accionadas, así
como vincular18 a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, como tercero
interesado en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Tercera de Decisión y/o al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, para que allegaran copia digital del expediente del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro.
66001 23 33 000 2020 00566 00/01/02, el cual fue remitido19.

3.2. El magistrado ponente de la providencia de primera instancia
cuestionada rindió informe20 en el que explicó que “(…) este Tribunal no
incurrió en un desconocimiento del precedente o en un defecto material
o sustantivo, pues la decisión proferida, abordó el estudio de los
presupuestos requeridos para la procedencia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad para
declarar la nulidad del acto de reconocimiento de una pensión gracia por
el incumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria, lo anterior de
conformidad con las leyes y la jurisprudencia aplicable al asunto en
materia, el cual no implicaba para la fecha veintitrés (23) de noviembre
de 2023, estudiar la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
pues esta norma no había sido proferida, sin que existiera precedente al
respecto (…)”.

16
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06688 00.
17
Esta orden se cumplió el 16 de diciembre de 2024. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06688
00.
18
Ibidem.
19
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06688 00.
20
Ibidem.
8

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Destacó que “(…) existe una flagrante improcedencia del mecanismo de
la tutela, el cual tiene un carácter residual, por lo tanto, la parte actora
debía demostrar la configuración de un perjuicio irremediable y no
utilizarlo como una tercera instancia, por lo que se requiere su
declaratoria (…)”.

3.3. El subdirector encargado de defensa judicial pensional de la UGPP
presentó escrito21 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela y, en consecuencia, se niegue el amparo de los derechos
fundamentes invocados por la accionante por no configurarse vulneración
alguna.

Manifestó que “(…) LO PRETENDIDO POR LA PARTE ACCIONANTE ES
SUSTITUIR COMPLETAMENTE LA DECISIÓN EJECUTORIADA PROFERIDA
POR EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA, quien con base en la normativa y
jurisprudencia vigente determinó que la parte accionante no tiene derecho
al reconocimiento pensional en razón a que se encontró probado que no
cumplió con los requisitos de Ley, por lo que no le permite ser beneficiaria
de la pensión gracia haciendo ello evidente que el actuar de los estrados
judiciales es ajustada a la normativa aplicable y en la búsqueda de la
protección del Erario, por lo que se deben recuperar las sumas de dinero
entregadas sin derecho a ellas (…)”.

Afirmó que “(…) el actuar de la UGPP y del despacho accionado ha sido
ajustado a la normativa que regula esta pensión gracia haciendo evidente
que el motivo de inconformidad no pueda ser objeto de vía constitucional,
pues ello ya fue analizado y fallado por el juez natural de la causa, en el
control de legalidad que se le hizo al acto administrativo que negó el
reconocimiento pensional Gracia de quien acciona por encontrar que no
cumplió con los requisitos de Ley lo que generó que el despacho accionado
determinara que quien tutela no es beneficiaria de la prestación (…)”.

21
Visto en los índices 10 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06688 00.
9

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Accionante: Fanny Arias Marulanda

3.4. El consejero ponente de la providencia de segunda instancia
cuestionada rindió informe22 en el que expuso que “(…) la acción de tutela
propuesta deviene en improcedente dada la evidente carencia de
relevancia constitucional, pues la discusión planteada contra el fallo se
limita a un claro desacuerdo con el resultado del mismo, constituyéndose
así como una instancia adicional a las surtidas dentro del proceso
ordinario (…)”.

Sostuvo que en el fallo atacado se consignaron las razones legales que
justificaron la decisión tomada, esto es negar la prestación solicitada, al
evidenciar que la accionante no cumple con los requisitos para acceder a
la prestación solicitada, pues solo se acreditó un total de 10 años y 6 días
de vinculación a la docencia territorial o nacionalizada.

Agregó que “(…) respecto a la caducidad que se alega, ha de recordarse
que la justicia contencioso administrativa es rogada, por lo que era deber
de la parte fundamentar su solicitud ante los jueces ordinarios para que
se adelantara su estudio. Por lo que, no resulta procedente a través de la
acción de tutela analizar un aspecto que fue no fue expuesto en el proceso
de ordinario (…)”.

3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 16 de enero de 202523.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199124 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de

22
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06688 00.
23
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06688 00.
24
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
10

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mayo de 2015,25 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202126, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201927, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente28:

4.2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) en contra
de la señora Fanny Arias Marulanda, hoy accionante, pretendiendo lo
siguiente:

“[…] PRINCIPALES.
Como pretensiones principales se solicita de forma respetuosa
acceder a las siguientes:

PRIMERA. - Que son NULA la Resolución No. 000361 de fecha
25 de enero de 1993, emanada de la CAJA NACIONAL DE
PREVISI[Ó]N SOCIAL CAJANAL EICE hoy en liquidación,
mediante la cual se RECONOCIÓ UNA PENSIÓN GRACIA en favor
de la de la señora FANNY ARIAS MARULANDA.

SEGUNDA. - Que es NULA la Resolución No. 10544 del 9 de
junio de 2003, emitida por la extinta CAJANAL, por medio de la
cual se reliquidó la pensión gracia por retiro definitivo del servicio,
de la señora FANNY ARIAS MARULANDA.

TERCERA. - Que, como consecuencia de la declaración anterior, se
declare y concluya que no le asistía el derecho a devengar una
pensión gracia en favor de la señora FANNY ARIAS MARULANDA,
por no cumplir con los requisitos legales para dicho reconocimiento
pensional.

25
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
26
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
27
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
28
Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) identificado con el radicado nro. 66001 23 33 000 2020 00566
00/01/02. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06688 00.
11

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Accionante: Fanny Arias Marulanda

CUARTA. - Que a título de restablecimiento del derecho se condene
a la señora FANNY ARIAS MARULANDA, a pagar o reintegrar a la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, todas las sumas de dinero pagadas
de manera indebida.

QUINTA. - La condena respectiva será actualizada, aplicando los
ajustes de valor o Indexación desde el momento en que se causó
hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al
proceso, prorrogable hasta la fecha del pago efectivo, conforme al
artículo 187 del C.P.A.C.A.

(…)

SECUNDARIAS

En caso de no acceder a las pretensiones principales solicito al
despacho acceder a las siguientes:

PRIMERA. - Que es NULA la Resolución No. 10544 del 9 de
junio de 2003, emitida por la extinta CAJANAL, por medio de la
cual se reliquidó la pensión gracia por retiro definitivo del servicio,
de la señora FANNY ARIAS MARULANDA.

SEGUNDA. – Que, como consecuencia de la declaración anterior, se
declare y concluya que a la señora FANNY ARIAS MARULANDA no
le asiste derecho al reconocimiento y pago de la reliquidación
pensional a partir del momento del retiro definitivo del servicio, sino
a partir del estatus pensional por expresa disposición legal.

TERCERA. - Que a título de restablecimiento del derecho se
condene a la señora FANNY ARIAS MARULANDA, a pagar o
reintegrar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, todas las sumas de dinero
pagadas de manera indebida.

CUARTA. – La condena respectiva se ajustará tomando como base
el índice de precios al consumidor, conforme al artículo 187 del
C.P.A.C.A.

QUINTA. - Si la señora FANNY ARIAS MARULANDA, no efectúa
el pago en forma oportuna, deberán liquidarse los intereses
comerciales y moratorios conforme al artículo 192 del C.P.A.C.A.

SEXTA. - Que se condene en costas a la parte demandada señora
FANNY ARIAS MARULANDA, si a ello hubiere lugar conforme al
artículo 188 del C.P.A.C.A. […]” (mayúsculas y negrillas originales
del escrito de demanda).

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4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
de Risaralda, Sala Tercera de Decisión que, en sentencia del 23 de
noviembre de 2023, dispuso lo siguiente:

“[…] PRIMERO. DECLARAR la nulidad de la Resolución 0361 del 25
de enero de 1993 por la cual se reconoce y ordena el pago de una
pensión gracia a la señora Fanny Arias Marulanda y la Resolución
10544 del 2000 por la cual se reliquida dicha pensión gracia a favor
de la señora Fanny Arias Marulanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda de
acuerdo con las consideraciones de la sentencia.

TERCERO. Sin costas en esta instancia por lo anteriormente
razonado.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, realícense en el sistema de
registro SAMAI las anotaciones de rigor, y archívese el expediente
[…]”

4.2.3. Inconforme con la anterior decisión anterior, la señora Fanny Arias
Marulanda interpuso recurso de apelación y la Subsección B, Sección
Segunda del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 12 de
septiembre de 2024, la confirmó.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe
verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá
en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

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4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”29.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional30.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades31:

29
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
30
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
31
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia32. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

4.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no
es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación

32
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios” (…)”. (se
destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

Ello, debido a que la petición de amparo está siendo utilizada por la parte
accionante para reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades expuestas
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están encaminadas a controvertir lo allí decidido, en tanto que aduce que
la autoridad judicial accionada “(…) debía tener el sentido de acoger la
norma prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024, declarando
oficiosamente la caducidad del medio del control propuesto por la UGPP
(…)”33.

Lo anterior, comoquiera que, según afirma, “(…) la actora FANNY ARIAS
MARULANDA se encuentra dentro de la órbita que viene dada en la
intención del legislador con la promulgación de la Ley 2381 de 2024, en
el sentido de que la administración contaba con un plazo máximo de cinco
años para promover su accionar, tiempo que en este caso está
ampliamente superado, por consiguiente es razonable, coherente y
posible implementar la regla consagratoria del fenómeno jurídico de
caducidad de la acción (…)”34.

En igual sentido, asegura que “(…) la caducidad operó irrestrictamente
para demandar las resoluciones Resolución No. 000361 de fecha 25 de
enero de 1993 y la Resolución No. 10544 del 9 de junio de 2003, esto,
teniendo en cuenta que, la norma define un máximo de 5 años para
presentar las acciones administrativas o contenciosas administrativas
(…)”35.

Bajo dicho contexto, la Sala observa que la acción de tutela está siendo
utilizada como una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para
cuestionar la aplicación e interpretación normativa realizada por el juez
natural de la causa, debido a que la parte actora alega la falta de
aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 que, bajo su concepto,
era aplicable a su caso, por lo que se concluye que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el
tercer criterio de la relevancia constitucional.

33
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06688 00.
34
Ibidem.
35
Ibidem
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Ahora, en cuanto al argumento de la parte actora expuesto en el escrito
de tutela, respecto a que, en otros casos similares, la Sección Segunda
de esta Corporación, “(…) deciden revocar las sentencias de primera
instancia y disponen, de manera oficiosa, dar aplicación a lo dispuesto por
el artículo 86 de la Ley 2381 del 2024 (…)”36, y para ello, citó las
sentencias proferidas el 2 de octubre de 2024 por la Subsección A, Sección
Segunda, en los procesos identificados con los radicados (i) 25000 23 42
000 2015 05734 01; (ii) 25000 23 42 000 2018 00756 01; (iii) 68001 23
33 000 2015 01492 01 y (iv) 25000 23 42 000 2018 00889 01, la Sala
advierte que dichas providencias fueron dictadas con posterioridad a las
sentencias cuestionadas en el presente asunto y por una autoridad judicial
diferente a la que dictó la sentencia de segunda instancia que hoy es
objeto de debate en sede constitucional, esto es, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

36
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06688 00.
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En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Fanny Arias Marulanda, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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