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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-01492-01

Fecha
2 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-01492-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FA L L A Primero. Revocar la sentencia proferida el 16 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar, se declara probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias. Tercero. Reconocer personería al abogado Jeffer Rubén Blanco Ortega, identificado con cédula de ciudadanía 7.181.247 y tarjeta profesional 180.034 para actuar como apoderado del departamento de Santander según poder especial visible a índice 33 de la plataforma SAMAI. Cuarto. Reconocer personería a la abogada Karina Vence Peláez, identificada con cédula de ciudadanía 42.403.532 y tarjeta profesional 81.621 para actuar como apoderada de Colpensiones. Del mismo modo, se reconoce personería a la abogada Adriana María Chingate Barbosa, identificada con cédula de ciudadanía 52.729.825 y tarjeta profesional 364.036, en los términos de los poderes general y especial visibles a índice 35 de la plataforma SAMAI. Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2015-01492-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

2 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2015-01492-01 (4718-2019)
Demandante: Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga,
ISABU
Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
departamento de Santander, municipio de Bucaramanga y
Colpensiones

Temas: Lesividad. Reconocimiento pensional extralegal. Declara probada
de oficio la excepción de caducidad de conformidad con el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuestos por el demandante 1 y
Colpensiones 2 contra la sentencia proferida el dieciséis (16) de mayo de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Santander,3 que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga, ISABU instauró
demanda en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
departamento de Santander, municipio de Bucaramanga y Colpensiones en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las
siguientes

PRETENSIONES 4

Principales:

Que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las

1 Folios 411 a 416.
2 Folios 408 a 410.
3 Folios 391 a 402.
4 Folios 44 a 46.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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2

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01492-01 (4718-2019)

Resoluciones 1008 de 19995 y 0357 de 2001, por medio de las cuales se reconoció
y reliquidó la pensión de jubilación de la señora Eumelina López de Martínez. A
título de restablecimiento del derecho solicitó se declare que el Municipio de
Bucaramanga, Secretaría de Hacienda, Fondo Territorial de Pensiones no es
competente para el reconocimiento de pensiones de carácter convencional o legal.

Subsidiarias:

Declarar la nulidad parcial de la Resolución 1008 del 18 de enero de 2000, en cuanto
su artículo 3.° señala que el pago de la pensión está a cargo del Fondo Territorial
de Pensiones y será cancelado por el Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU).
En consecuencia, pidió modificar tal disposición, para que se indique que: «el valor
de la pensión mencionada en el artículo primero está a cargo de todas las entidades a las
cuales la señora Eumelina López de Martínez prestó sus servicios, y será pagada por el
Fondo Territorial de Pensiones del municipio de Bucaramanga».

Declarar la inexistencia de la obligación pensional por parte de la Empresa Social
del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU). Condenar al municipio de
Bucaramanga, Secretaría de Hacienda, Fondo Territorial de Pensiones a: (i).
reconocer y pagar, en favor de la demandante, de forma retroactiva las mesadas
canceladas sin justificación, desde la concesión de la prestación hasta que se
profiera el fallo. (ii). Ordenar a las demandadas encargarse de la pensión de
jubilación a la que pueda tener derecho la señora López de Martínez; (iii). y al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público asumir el pasivo pensional causado antes
de la vigencia de la ley 100 de 1993, así como pagar a la ESE ISABU el monto que
fue cancelado sin causa.

Que en caso de que se conmine a la Empresa Social del Estado, Instituto de Salud
de Bucaramanga, al pago de alguna obligación pensional, se considere la figura de
la compartibilidad.

HECHOS 6

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la señora Eumelina López de Martínez trabajó al servicio del departamento de
Santander (7 años y 2 meses); en el municipio de Bucaramanga (4 años, 2 meses
y 13 días); en el ISABU (7 años, 7 meses y 29 días); y en la ESE ISABU (2 años, 6
meses y 1 día).

5 Se advierte que el acto administrativo visible a folios 10 a 13, se identifica como “RESOLUCIÓN NÚMERO
1008 DE 1999 (18 DE ENERO DE 2000)”. No obstante, se advierte que se trata de un error en la referencia,
dado que el año de expedición es 2000, el cual coincide con la anualidad en la que se surtió la notificación.
Por lo tanto, en adelante, se hará alusión a la resolución así: Resolución 1008 del 18 de enero de 2000.
6 Folios 46 a 47.

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3

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01492-01 (4718-2019)

Que, durante su vinculación con el ISABU, estuvo afiliada a la Caja de Previsión
Social Municipal y, del 1.° de enero de 1996 a la fecha de su retiro (enero de 2000),
realizó aportes al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado
por el ISS, hoy Colpensiones, donde se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Que por Resolución 1008 del 18 de enero de 2000, el Fondo Territorial de Pensiones
del Municipio de Bucaramanga le reconoció pensión de jubilación a la señora López
Martínez, efectiva desde el 1.° de febrero de 2000.

Que la ESE ISABU no recibió ninguna solicitud de reconocimiento de la pensión de
jubilación pactada en la convención colectiva de trabajo por parte de la interesada.

Que, la señora López se afilió al Sistema de Seguridad Social en Pensiones del ISS
el 29 de diciembre de 1995, por lo que se subrogó la obligación de pensionarla.

Que la ESE ISABU ha intentado, sin éxito, que las entidades responsables por ley
asuman la obligación prestacional, pero todos los trámites administrativos han sido
infructuosos.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados las Leyes 33 de 1985, 10 de 1990, 100 y 60 de 1993, 549 de
1999, 715 y 643 de 2001, 797 de 2003 y 1438 de 2011, así como los Decretos 665
de 1989, 530, 1160 y 1296 de 1994, 1068 de 1995, 462 y 463 de 1995, 002 de 1996,
1338 de 2002, 306 de 1994 y 700 de 2013.

Sostuvo que, desde 1990, se ha desarrollado una legislación que establece que las
entidades del sector salud, especialmente las ESE, no pueden utilizar sus recursos
para pagar pasivos prestacionales trasladados por las entidades territoriales, dado
que estos tienen destinación especifica. Que, con la expedición de los actos
administrativos acusados, se desconoce lo dispuesto en el Decreto 00463 de 1995,
que declara la insolvencia de los entes descentralizados del municipio para el
reconocimiento de pensiones.

Que la señora Eumelina López Martínez, en su condición de exservidora de la ESE
ISABU, afiliada al ISS desde 1996, debió presentar la solicitud de concesión del
derecho ante Colpensiones, ya que el Fondo Territorial de Pensiones no era la
entidad competente para resolver su situación jurídica.

Que en el Instituto de Salud de Bucaramanga se presenta un empobrecimiento
debido al pago de mesadas que no le corresponden. Que efectuó las respectivas
cotizaciones al Sistema General de Pensiones para subrogarse en la obligación de
pensionar. Que el Fondo se beneficia al cobrar cuotas partes, desplazando el pago
a la ESE sin realizar ningún reintegro.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-01492-01 (4718-2019)

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 17 de febrero de 2016 7 y notificada a los demandados.

Colpensiones8 indicó que, al verificar la historia laboral de la señora Eumelina
López, solo se encontraron aportes desde el 1 de febrero de 1996 hasta el 31 de
enero de 2000, equivalentes a 205.58 semanas. Que, durante toda la relación
laboral, el demandante no realizó las cotizaciones correspondientes, lo que sugiere
que nunca tuvo la intención de otorgar una pensión de carácter compartida. Que el
reconocimiento de la prestación económica se hizo de conformidad con los
parámetros establecidos en una convención colectiva que la administradora
desconoce. Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación,
cobro de lo no debido, buena fe y la genérica o innominada.

El departamento de Santander 9 señaló que, las Resoluciones 1008 del 18 de
enero de 2000 y 0357 del 14 de marzo de 2001 son actos administrativos ajenos a
la entidad, ya que fueron expedidas por el municipio de Bucaramanga, a través de
la Secretaría de Hacienda, como administrador del Fondo de Pensiones
Territoriales. Que la obligación de pago de la prestación se impuso a la E.S.E.
ISABU, por ser la última empleadora, y por su capacidad como ente de derecho
público con autonomía administrativa y financiera para asumir dicha carga.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 10 manifestó que legalmente no puede
satisfacer las pretensiones del demandante, porque no profirió las resoluciones
atacadas y constitucionalmente no tiene la facultad para asumir la carga alegada.
Que cada institución de salud, como es el caso de la E.SE ISABU tiene plena
capacidad y autonomía para ejercer las funciones asignadas y responder por las
consecuencias legales que surjan de ellas.

El Municipio de Bucaramanga 11 arguyó que la facultad del Fondo Territorial de
Pensiones para reconocer prestaciones económicas está establecida en el Decreto
002 de 1996, que modifica el Decreto 463 de 1995. Que aun cuando la señora
Eumelina López de Martínez estaba afiliada a otro régimen de pensiones, esto no
afecta su derecho a la pensión extralegal, ya que solo debe cumplir los requisitos
para acceder a ella. Por lo tanto, concluyó el argumento de falta de competencia no
es válido.

El 3 de octubre de 2016 12 se realizó la audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y,
luego de agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para que
alegaran de conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada oportunamente por
la parte demandante y Colpensiones.

7 Folios 72 a 73.
8 Folios 108 a 110.
9 Folios 115 a 119.
10 Folios 120 a 123.
11 Folios 131 a 51.
12 Folios 247 a 249 y 256 a 259.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-01492-01 (4718-2019)

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad parcial de las
Resoluciones 1008 del 18 de enero de 2000 y 0357 del 14 de marzo de 2001 y, en
consecuencia, ordenó a Colpensiones restituir a la E.S.E. Instituto de Salud de
Bucaramanga, ISABU el 75% de lo que se hubiera cancelado por la pensión
reconocida a la señora Eumelina López de Martínez desde la concesión del
derecho, y asumir, en adelante, el pago de la misma en esa proporción.

Que, de acuerdo con el régimen de cuotas partes pensionales, la entidad
empleadora solo es responsable del reconocimiento y pago de la acreencia laboral
en ausencia de afiliación a una entidad de previsión. Que, aunque la pensionada
estuvo vinculada a la Caja de Previsión Social Municipal y al ISS, el Instituto de
Salud no se relevaría en su totalidad de la obligación, dado que se trata de una
pensión de carácter convencional que fue reconocida por el 100% del salario que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, es decir, por un
porcentaje mayor al establecido en la Ley 33 de 1985.

Que Colpensiones 13 es responsable del 75% del monto de la prestación concedida,
conforme a lo estipulado en la norma citada, y el 25% que excede debe ser asumido
por ISABU. Esto se debe a que el beneficio es de naturaleza extralegal y la
convención colectiva obliga únicamente a quienes la suscriben.

Que la señora López de Martínez prestó sus servicios a la Secretaría de Hacienda
del departamento de Santander, del 1.° de febrero de 1977 al 30 de marzo de 1984,
período en el que no estuvo afiliada a ninguna caja de previsión, lo cual permite
determinar que los actos distribuyeron de manera acertada la cuota parte de la
pensión respecto del Fondo Territorial de Pensiones del departamento.

Concluyó que las cuotas partes de la pensión de jubilación reconocida deben ser
asumidas por el Departamento de Santander - Fondo Territorial de Pensiones y el
Instituto de Salud de Bucaramanga, en proporción al tiempo de vinculación a cada
entidad. Que, al haber cumplido con los requisitos legales para acceder a la pensión,
el 75% que corresponde al demandante será asumido por la Administradora
Colombiana de Pensiones, y el 25% restante será responsabilidad exclusiva del
Instituto de Salud, como ente obligado a cumplir lo acordado en la convención
colectiva.

Finalmente, declaró la prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 16
de diciembre de 2012.

13 Entidad de previsión a la cual se encontraba afiliada la señora Eumelina López al momento de adquirir el

estatus.

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RECURSOS DE APELACIÓN

Colpensiones14 interpuso recurso de apelación, argumentando que el tribunal no
realizó un análisis detallado de la convención colectiva de trabajo suscrita entre
ISABU y el sindicato de trabajadores oficiales SINTRAOFISABU, que originó la
pensión en discusión, de la cual se desprende que el responsable del pago de la
prestación es el Instituto de Salud de Bucaramanga y, por lo tanto, los actos
administrativos demandados se ajustan a derecho.

Que tampoco es procedente la restitución de los dineros que dispuso el juez, dado
que la acreencia laboral fue debidamente reconocida. Que ese pago afectaría
negativamente el patrimonio de la entidad, destinado a cubrir las contingencias de
sus afiliados.

El Instituto de Salud de Bucaramanga15 indicó que el 25% de la pensión al que
fue condenado debe ser financiado por el municipio de Bucaramanga, con los
recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET.
Que la E.S.E ISABU nació a la vida jurídica sin pasivo pensional alguno y que, por
ley, se le prohíbe cualquier tipo de otorgamiento prestacional.

Que, de la forma en la que se determinó en primera instancia, la entidad que debe
responder es Colpensiones, y el excedente debe ser asumido por el ente que
designe el juez de segunda instancia.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 31 de octubre de 2019 se admitieron los recursos interpuestos y el 20 de agosto
de 2020 se corrió traslado para alegatos.

El municipio de Bucaramanga expresó que comparte lo manifestado por el
tribunal y solicitó confirmar la sentencia.

Colpensiones alegó la falta de legitimación por pasiva, dado que no expidió los
actos administrativos demandados ni se agotó la vía administrativa en relación con
la entidad.

El Instituto de Salud de Bucaramanga - ISABU afirmó que no está obligada a
asumir ningún pasivo pensional, ya sea legal o convencional, ya que los entes
territoriales son las entidades competentes para financiar los compromisos
prestacionales del sector salud.

14 Folios 408 a 410.
15 Folios 411 a 416.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

En uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo 187 del
CPACA, que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que encuentre
probada, incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in pejus), se
analizará la posible existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024.

Marco normativo y jurisprudencial

Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional

La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.

Al respecto, la Corporación ha sostenido: 16

La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del
término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin
que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.

El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de acción
y del origen que la provoca.

El artículo 164, numeral 1.° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir actos
que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se podrá
demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a
partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la
caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de
algún delito en la obtención del derecho.

Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del

23 de septiembre de 2010. Expediente: 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). Demandante: Marco
Fidel Ramírez Yépez y otros

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-01492-01 (4718-2019)

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.». (Negrillas para
resaltar)

Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 17 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio de
2025.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.

Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:

Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?

Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que
no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.

No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1.° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.

Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir
de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 199718.

17
«por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones»
18 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos
de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial,
dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
Negrilla para resaltar.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-01492-01 (4718-2019)

Resolución del caso concreto

Aclarado el aspecto de la vigencia, corresponde a la Subsección analizar el asunto
en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la ley, pues dicho precepto es
claro al señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el reconocimiento
del derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y fundamentos de la
demanda no estamos ante el supuesto de un derecho obtenido con fraude o con
ocurrencia de algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción establecida en la
disposición citada.

En este caso, la prestación se otorgó por Resolución 1008 del 18 de enero de 2000,
es decir la administración tenía hasta el 19 de enero de 2005 para presentar la
demanda, y según el acta de reparto visible a folio 71 se radicó el 16 de diciembre
de 2015, por lo que se concluye que se inició con posterioridad a los 5 años de que
trata la Ley 2381 de 2024.

En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará probada de oficio la excepción de caducidad.

Condena en costas: análisis en ambas instancias

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual,
se deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme
al inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya
ha venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.

En el presente caso, pese a que se está revocando la sentencia de primera
instancia, la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CPG 19 y

19
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.

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Radicado: 68001-23-33-000-2015-01492-01 (4718-2019)

observando los fundamentos planteados en la demanda y en los recursos, concluye
que no hay lugar a la condena en costas en ninguna de las instancias, pues no se
advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario, ambas partes, en sus
escritos, expusieron argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FA L L A

Primero. Revocar la sentencia proferida el 16 de mayo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Santander. En su lugar, se declara probada de oficio la excepción
de caducidad del medio de control, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.

Tercero. Reconocer personería al abogado Jeffer Rubén Blanco Ortega, identificado
con cédula de ciudadanía 7.181.247 y tarjeta profesional 180.034 para actuar como
apoderado del departamento de Santander según poder especial visible a índice 33
de la plataforma SAMAI.

Cuarto. Reconocer personería a la abogada Karina Vence Peláez, identificada con
cédula de ciudadanía 42.403.532 y tarjeta profesional 81.621 para actuar como
apoderada de Colpensiones. Del mismo modo, se reconoce personería a la abogada
Adriana María Chingate Barbosa, identificada con cédula de ciudadanía 52.729.825 y
tarjeta profesional 364.036, en los términos de los poderes general y especial visibles
a índice 35 de la plataforma SAMAI.

Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 68001-23-33-000-2015-01492-01 (4718-2019)

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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