Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04695-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04695-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04695-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
13 de noviembre de 2025
Demandante: Luz María Restrepo Mejía
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04695-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04695-01
Demandantes: LUZ MARÍA RESTREPO MEJÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca sentencia de
primera instancia, en su lugar, declarar improcedente por falta
de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 25 de septiembre de 2025, en virtud de la cual, el Consejo de
Estado, Sección Cuarta negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Luz María Restrepo Mejía, actuando a través de apoderado judicial1,
promovió acción de tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
En criterio de la parte actora, la vulneración de sus garantías constitucionales se
materializó con la providencia del 8 de mayo de 2025 mediante la cual se confirmó
el proveído de primera instancia dictado el 30 de enero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión en el que se concedieron
parcialmente las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) con radicado 05001-23-33-000-2021-02197-00/02.
1 Poder conferido al abogado Carlos Esteban Gómez Duque a través de mensaje de datos.
2 La tutela se radicó el 29 de julio de 2025 a través del aplicativo de «tutela en línea».
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Demandante: Luz María Restrepo Mejía
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04695-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
Que se deje sin efecto la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por la
SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO,
en cuanto se abstuvo de aplicar la excepción de caducidad prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Que se ordene a la SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO que dicte nueva providencia en la que aplique la
caducidad al tenor del artículo 86 de la Ley 2381, en consonancia con el
reiterado precedente jurisprudencial del H. Consejo de Estado3.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
La Universidad de Antioquia demandó en nulidad y restablecimiento del derecho
(lesividad) la Resolución 169 del 19 de abril de 20064 en la que se subrogó del pago
de la diferencia en la mesada pensional reconocida a la señora Luz María Restrepo
Mejía5 para que le fueran incluidas las primas de navidad, vacaciones y semestral
que no fueron otorgadas en las Resoluciones 018126 del 27 de septiembre de 2005
y 24775 del 14 de diciembre de 20056 por las que el ISS le reconoció la pensión de
jubilación a la docente.
3 Transcripción original del texto con posibles errores.
4 En este acto administrativo ordenó: «Pagar temporalmente el valor que resulta de la aplicación del
Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
no reconoce el Seguro Social, a la señora LUZ MARIA RESTREPO MEJÍA identificada con cédula
de ciudadanía 32.422.198, a partir del 19 de DICIEMBRE de 2006, por valor SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($699.714), y a partir del 01 de enero
de 2006 un valor de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
($733.650) mensuales, hasta que el Seguro Social lo reconozca bien motu proprio o por orden
judicial, suma que se incrementara anualmente según lo establecido en los artículos 21 y 36 de la
Ley 100».
5 Mediante la Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 la Universidad de Antioquia resolvió:
«Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales
con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento de entrar en
vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho, de liquidarles sus
pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme
al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de Seguros Sociales, bien motu
proprio, o por orden judicial, asuma la misma».
La anterior fue reglamentada en la Resolución 16628 de 1999 en la que dispuso como destinatarios
del beneficio a los empleados públicos docentes y no docentes de la Universidad, beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
A renglón seguido, mediante la Resolución 35823 del 17 de octubre del 2012 se derogó la Resolución
rectoral 12094 de 1999.
6 A través de estos actos administrativos el ISS reconoció la pensión de jubilación sin incluir en las
primas de vacaciones, navidad y semestral.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
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A título de restablecimiento del derecho solicitó la restitución de las sumas de dinero
pagadas a la señora Restrepo Mejía cuyo monto ascendía a $224.300.467.60.
El proceso se asignó al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión con el radicado No. 05001-23-33-000-2021-02197-00, que mediante
sentencia del 30 de enero de 20237 declaró la nulidad del acto demandado, condenó
en costas a la señora Restrepo Mejía y negó las demás pretensiones.
Como fundamento señaló que la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos le compete exclusivamente al Gobierno Nacional, por lo que la
Universidad carecía de facultades para expedir la resolución demandada en la que
se reconoció un pago pensional más allá de los previsto en las disposiciones
legales, de lo que derivaba su ilegalidad. Por otro lado, consideró que no era
procedente el reintegro de los dineros recibidos de buena fe por la pensionada,
como consecuencia de que el ente universitario se subrogó motu propio de la
referida obligación, sin mediar mala fe de la demandada.
La decisión del a quo se recurrió por las partes y en segunda instancia, el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B en la providencia del 8 de mayo de
2025, previo a resolver el fondo del asunto, decidió, de oficio, estudiar la caducidad
del medio de control.
Lo anterior dada la expedición de la Ley 2381 de 2024 en cuyo artículo 86 8 se
introdujo un plazo de 5 años para incoar la acción de lesividad; no obstante,
consideró que debía inaplicarse la expresión «y que estén en curso» porque era
incompatible con la Constitución Política y los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica, dado que, a los procesos que se iniciaron con sustento en el
inciso 1°, literal c) del artículo 164 del CPACA9 debía aplicárseles esta normativa
que no establecía un límite temporal para demandar los actos que deciden sobre
una prestación pensional. En resumidas cuentas, porque deben respetarse las
7 Providencia suscrita por los magistrados Vannesa Alejandra Pérez Rosales y Juliana Nanclares
Marquez.
8 «Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto
de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán
ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por
las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en
curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a
los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya
se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá́ un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley».
9 «Artículo 164. Oportunidad Para Presentar La Demanda.
La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
[…]
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
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reglas de sustanciación y ritualidades propias de los juicios, como lo dispone el
artículo 4010 de la Ley 153 de 1887.
Además, revocó el ordinal que imponía la condena en costas a la señora Restrepo
Mejía y confirmó en lo demás el fallo de primera instancia, tras considerar que, si
bien la resolución 169 del 19 de abril de 2006 era ilegal, el pago de las sumas que
la Universidad pretendía recobrar tuvo sustento en un acto particular sin mediar una
conducta fraudulenta o deliberada de la demanda, tal como lo concluyó el tribunal.
El proveído que resolvió el recurso de alzada se notificó a las partes por correo
electrónico el 22 de julio de 202511.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante señaló que las providencias cuestionadas incurren en los
siguientes defectos:
(i) Desconocimiento del precedente: explicó que cuando el ad quem
estudió la caducidad de la acción de lesividad ejercida por el ente
universitario concluyó erradamente que el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024 no se aplica a los juicios iniciados con anterioridad a su
promulgación, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado decidió que
sí había lugar a dar aplicabilidad a esta disposición normativa.
Al respecto trajo a colación sentencias de la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado12, en las que, a su juicio, aplicó la
10 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá́ por la legislación vigente en el momento de
formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad».
11 Índice 016 de Samai del proceso 76001333301620140056101.
12 Sentencia del 2 de octubre de 2024, radicado: 68001233300020150149201 (4718-2019). C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sentencia del 2 de octubre de 2024, radicado:
25000234200020180020502 (2524-2022), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sentencia del 7 de
noviembre de 2024 radicado: 250002337000201602057-01 (5366-2022). C.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves; Sentencia del 20 de noviembre de 2024, radicado: 76001233100020100118002 (1074–
2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; Sentencia del 11 de diciembre de 2024, radicado:
66001233300020200042101 (1197– 2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sentencia del 11 de
diciembre de 2024, radicado: 25000234200020190108202 (3340– 2024). C.P Jorge Iván Duque
Gutiérrez; Sentencia del 30 de enero de 2025, radicado: 15001233300020180027301 (2816-2019).
C.P Luis Eduardo Mesa Nieves; Sentencia del 30 de enero de 2025, radicado:
76001233300020140066801 (1154-2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; Sentencia del 20 de
febrero de 2025, radicado: 25000234200020160414402 (2337-2021). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; Sentencia del 20 de marzo de 2025, radicado: 66001233300020200050701 (6103-2024),
C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sentencia del 20 de marzo de 2025, radicado:
76001233300620180059503 (6623-2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sentencia del 20 de
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caducidad consagrada en el artículo 86 de la referida ley, en procesos en
los que se demandó un acto administrativo que reconoce un derecho
pensional.
Consideró que, al inaplicar la regla de caducidad se desconoce que los
actos administrativos demandados reconocieron a la actora un derecho
pensional con sustento en el fenómeno jurídico de la subrogación hace
más de 5 años.
(ii) Sustantivo: explicó que este se configura porque la autoridad judicial
accionada se abstuvo de aplicar el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024
norma vigente y directamente aplicable al caso concreto. Además, resulta
más favorable al ciudadano que disfruta del reconocimiento pensional y
evita postergar la incertidumbre del inicio de una acción judicial tardía por
parte de la propia administración frente a una situación debidamente
consolidada para el pensionado.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 31 de julio de 202513, la magistrada ponente de Consejo de Estado,
Sección Cuarta, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la parte
accionante14, y como accionados, al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B15.
Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso a la Universidad de Antioquia16 [extremo activo], a la Agencia Nacional para
la Defensa Jurídica del Estado17 y al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión [a quo]18.
marzo de 2025, radicado: 23001233300020150024801 (2402-2023). C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; Sentencia del 27 de marzo de 2025, radicado: 52001233300020210013402 (7367-2023).
C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; Sentencia del 27 de marzo de 2025, radicado:
66001233300020200043701 (0106-2024). C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; Sentencia de tutela del
12 de junio de 2025, radicado: 1001031500020250116301. C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
13 Índice 004 de Samai de primera instancia.
14 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: cgomezd@hotmail.com y
luzmariarestrepo@gmail.com.
15 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: notifjbedoya@consejodeestado.gov.co;
tutelasportocarrero@consejodeestado.gov.co; javilas@consejodeestado.gov.co;
sjaimesv@consejodeestado.gov.co; ihernandezb@consejodeestado.gov.co;
dcogolloj@consejodeestado.gov.co; nperezp@consejodeestado.gov.co y
ces2secr@consejodeestado.gov.co.
16 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: notifica.judiciales@udea.edu.co y
atencionciudadano@udea.edu.co.
17 Índice 007 de Samai: La notificación fue realizada a:
notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co y agencia@defensajuridica.gov.co
18 Índice 007 de Samai: La notificación fue realizada a: sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co
recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co y sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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1.6. Intervenciones
1.6.1. Universidad de Antioquia19
La apoderada general del ente universitario solicitó que se declare improcedente el
amparo por carecer de relevancia constitucional porque el planteamiento de la
tutelante es una discusión meramente legal y económica, aunado a que no existe la
vulneración de las garantías invocadas.
Indicó que, frente al supuesto desconocimiento del precedente, más allá de citar
varias providencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, no se
indica cuál es el precedente desatendido ni la ratio decidendi desconocida. Además,
no son asuntos en lo que haya estado involucrada la Universidad de Antioquia, por
lo que se descarta que se trate de casos análogos.
Agregó que la actora no explicó por qué las sentencias que dicta la Subsección A
del Consejo de Estado deberían ser precedente para la Subsección B de la misma
Corporación respecto de la aplicabilidad de la normativa que reguló la caducidad de
la acción de lesividad a casos anteriores a su promulgación.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia20
La magistrada ponente de la decisión dictada en primera instancia dentro del
proceso ordinario explicó que accedió a las pretensiones de nulidad de la
Resolución 169 de 2006 porque al proferirse este acto administrativo se desconoció
la competencia exclusiva que tiene el Gobierno Nacional para fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos.
Señaló que la providencia fue anterior a la expedición de la Ley 2381 de 2024 y que
se fundamentó en las normas y jurisprudencia aplicables al caso.
A renglón seguido, pidió que se declare improcedente la acción de tutela porque
carece de relevancia constitucional, dado que, por un lado, no existe unificación
respecto de la aplicación del artículo 86 de norma referida, frente a los asuntos
previos a su promulgación, máxime porque esta disposición se encuentra
suspendida por orden de la Corte Constitucional en el auto 841 de 2025.
Por otro lado, consideró que el ad quem sustentó debidamente que, en aras de
respetar los principios de legalidad y vigencia normativa la referida normativa no
podía reglar asuntos iniciados con base en la Ley 1437 de 2011.
19 Índice 009 y 010 de Samai.
20 Índice 012 y 013 de Samai.
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1.6.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B21
La consejera ponente de la decisión enjuiciada solicitó que se declare improcedente
la tutela, o en su defecto, se niegue el amparo.
Refirió que lo que la actora pretende es que se aplique el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, pues en su sentir, ello impediría que se declare la nulidad del acto
demandado, no obstante, los defectos que alega no tienen sustento por cuanto la
providencia acusada inaplicó la referida disposición normativa por ser contraria a
los artículos 29 y 229 Constitucionales, cuya postura es consonante con varios
pronunciamientos de dicha Subsección, la que considera que no puede aplicarse el
artículo 86 ibidem a los procesos adelantados antes de su entrada en vigor.
Sin embargo, aclaró que, pese a que la Subsección A tiene una postura diferente al
respecto, no está en la obligación de acoger su tesis, dado que la diferencia
interpretativa se da entre autoridades del mismo orden, en ejercicio de su autonomía
e independencia judicial.
Además, indicó que la tutela no es el mecanismo para definir los criterios a
prevalecer, pues para ello la actora puede hacer uso del recurso extraordinario de
unificación contenido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011.
1.7. Sentencia de primera instancia22
El Consejo de Estado, Sección Cuarta dictó sentencia el 25 de septiembre de 2025
en la que negó el amparo por no advertir la vulneración de las garantías invocadas
por la accionante.
Consideró que el tema objeto de debate, esto es, si se aplica o no el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024 que introdujo el fenómeno de la caducidad a las acciones de
lesividad a las demandas iniciadas y tramitadas con la Ley 1437 de 2011 no tiene
una postura unificada, sino que, por el contrario, existen diferencias de criterios
entre las subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación, por tanto, como
se trata de funcionarios de igual categoría no se les puede exigir que acojan una
misma postura sin que haya una sentencia de unificación sobre el tema, por lo que
concluyó que no se configura el yerro del desconocimiento del precedente.
Por otro lado, respecto del defecto sustantivo, que se basa en el supuesto vicio en
que incurrió al ad quem por no aplicar el artículo 86 de la referida norma, consideró
que, en el proveído cuestionado se explicó debidamente que al haberse radicado la
demanda ordinaria antes de la promulgación de dicha normativa, esta se decidiría
con los ritos del artículo 164 del CPACA, dado que el cambio normativo en una
21 Índice 014 de Samai.
22 Índice 018 de Samai.
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figura como la de la caducidad, que guarda íntima relación con las formas propias
de cada juicio, así lo exige, tal como lo indica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
La sentencia de primera instancia se notificó a las partes e intervinientes el 3 de
octubre de 202523 mediante correo electrónico.
1.8. Impugnación24
El apoderado de los accionantes remitió memorial de impugnación en el que solicitó
que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se amparen las
garantías invocadas.
Argumentó que el a quo constitucional pasó por alto que el Consejo de Estado,
Sección Segunda ha dado aplicación continua a la caducidad regulada en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, por lo que no puede escudarse en la supuesta
independencia y autonomía judicial para desatender el precedente horizontal frente
a este asunto.
A renglón seguido iteró las providencias que al respecto ha dictado la Subsección
A de la Sección Segunda, que fueron citadas en el escrito de amparo.
Insistió en la existencia de un precedente sobre la aplicabilidad de la caducidad del
artículo 86 ibidem que no fue identificado por la autoridad judicial accionada pese a
la abundante línea que hay, aunado a que consideró que no justificó debidamente
las razones por la cuales decidía apartarse del mismo.
Explicó que, pese a que existe diferencia de posturas entre subsecciones de la
misma corporación, todos los funcionarios tienen el deber de motivar las
providencias que emiten, máxime si pretenden apartarse de una línea
jurisprudencial.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la
parte accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.
23 Índice 021 de Samai.
24 Índice 023 a 025 de Samai. La sentencia se notificó el 3 de octubre de 2025 a través de correo
electrónico y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 6 del mismo mes y año, por
lo que fue oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 22 de octubre de 2025.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 25
de septiembre de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, a efectos
de lo anterior, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró las
garantías invocadas por la parte accionante al proferir la sentencia del 8 de
mayo de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) con radicado 05001-23-33-000-2021-02197-02?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201225
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema26 y declaró su
procedencia.27
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
26 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
27 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1 Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202228 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
28 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal29 (Énfasis de la
Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico30; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional31.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal32”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales33”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto34, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal35.
(Resaltado de la Sala)
2.5. Caso Concreto
La parte actora cuestiona la providencia del 8 de mayo de 2025 en la que el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, inaplicó por constitucional el artículo
29 Sentencia SU-573 de 2019.
30 Sentencia SU-103 de 2022.
31 Sentencia SU-103 de 2022.
32 Sentencia SU-103 de 2022.
33 Sentencia SU-128 de 2021.
34 Sentencia SU-573 de 2019.
35 Ibid.
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86 de la Ley 2381 de 2024 que reguló la figura de la caducidad en las demandas
incoadas por la administración contra los actos en los que reconoce un derecho
pensional y confirmó el proveído de primera instancia del 30 de enero de 2023,
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión que
accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho (lesividad) con radicado 05001-23-33-000-2021-02197-02.
En primera instancia, el a quo constitucional negó el amparo porque consideró que
no se configuraban los defectos alegados por la parte demandante contra la
sentencia dictada en segunda instancia por la autoridad judicial accionada y, en
consecuencia, concluyó que no se vulneraban los derechos invocados por la
tutelante.
Sin embargo, en el escrito de impugnación, el tutelante iteró que la providencia
cuestionada incurría en el yerro del desconocimiento del precedente porque
desatendía los proveídos que sobre el tema ha dictado la Subsección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, por lo que insistió en que se acceda al
amparo.
Respecto de lo planteado por la accionante, se evidencia que, si bien refirió sobre
la existencia de una línea jurisprudencial de la Sección Segunda, Subsección A de
esta Corporación, la que, a juicio de la actora, fue desatendida por la autoridad
judicial accionada por no aplicar la figura de la caducidad contemplada en el artículo
86 de la Ley 2381 de 202436, lo cierto es que, más allá de citar las providencias de
la referida subsección no expuso mínimamente alguna regla o subregla de derecho
aplicable a su caso y que hubiera sido desatendida por el juez accionado, en
consideración a las particularidades del caso concreto.
Sobre este cargo es preciso advertir que la Sala ha considerado que la parte que
invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la decisión
que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que
se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de
esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia, lo que no se cumplió por
la tutelante.
Además, esta Sección considera que el yerro alegado no tiene vocación de
prosperidad porque frente al asunto en cuestión, esto es, la aplicabilidad o no de la
figura de la caducidad que introdujo la referida norma frente a los procesos que se
36«Artículo 86. Término Para Ejercer Acciones Administrativas Y Contencioso Administrativas
Respecto De Las Pensiones Reconocidas. Las acciones administrativas y contencioso
administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de
las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de
fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en
curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas,
y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de
Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley».
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iniciaron y se tramitan bajo las reglas del inciso 1, literal c) del artículo 164 del
CPACA37 no existe una posición pacifica, sino que actualmente hay disparidad de
criterios entre las Subsecciones A y B de la Sección Segunda de esta Corporación,
Sin embargo, la diferencia de posturas no conlleva a que se transgredan los
derechos invocados por la demandante, en el entendido que tal situación se
enmarca en el ejercicio autónomo e independiente de su rol de juez.
Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez de tutela, porque carecen de carga
argumentativa, la cual, es sentir de la la Corte Constitucional no se satisface
simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución Política, menos
aun cuando se trata de una providencia de una alta Corporación:
[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son
tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.38
Por último y conforme a lo expuesto, el examen de la acción de tutela dirigida contra
las decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales invocados, en los términos que indicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020, cuya carga argumentativa no se
satisface de manera plena por el actor, pues contrario a ello, por medio de la
presente acción se busca que el juez de tutela examine nuevamente el plenario y
adopte una interpretación favorable a su reclamación .
En este punto resulta pertinente recordar que, si bien la tutela puede ser procedente
para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones
de cierre, también es importante resaltar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se debe tener
cuando se pretende dejar sin efectos una decisión que la Constitución Política 39 y
37 «Artículo 164. Oportunidad Para Presentar La Demanda. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
[…]
Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;»
38 Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
39 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal
supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]» (Énfasis de
la Sala).
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la Ley40 determinaron como suprema autoridad en la materia.
Conforme lo expuesto, se revocará la sentencia del 25 de septiembre de 2025
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó el amparo, y en su
lugar, se declarará improcedente el mecanismo por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de septiembre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta que negó el amparo, para en su lugar,
DECLARAR improcedente la acción constitucional promovida por la señora Luz
María Restrepo Mejía contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
40 Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es
el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y
estará integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina
la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviados por el Consejo Superior de la
Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria pública adelantada
de conformidad con lo previsto en esta ley.
[…]».
El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y
estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los
períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas superiores a cinco (5)
candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (subrayado fuera de texto)
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04695-01
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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