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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01082-02

Fecha
11 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01082-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en lo que respecta a la demanda principal. En su lugar, se declara probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control que presentó la UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Confirmar la sentencia con relación a las pretensiones de la demanda de reconvención, en atención a lo consignado en la parte considerativa. Tercero: Sin condena en costas. Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01082-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01082-02 (3440-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
Demandada: Blanca Graciela Ramírez de Arévalo y otra.

Tema: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de caducidad
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Demanda de reconvención. Reliquidación pensional. REVOCA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la UGPP y por la señora
Blanca Graciela Ramírez de Arévalo contra la sentencia proferida el diecisiete (17)
de abril de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

La UGPP instauró demanda contra la señora Blanca Graciela Ramírez de Arévalo,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones 00450 del 29 de enero de 1990 1 y
001220 del 9 de febrero de 1996 2 expedidas por Cajanal, dado que las prestaciones
reconocidas son incompatibles con las otorgadas por el Instituto de Seguros
Sociales. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la señora
Blanca Graciela Ramírez, como beneficiaria del señor José Néstor Arévalo Arévalo,
reintegrar las sumas percibidas con ocasión del reconocimiento pensional efectuado

1 «Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual por invalidez definitiva.».
2 «Por la cual se reconoce una pensión de sobrevivientes.».

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por la Caja Nacional de Previsión Social. Que se pague la indexación sobre los
valores adeudados. Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme al artículo 192
del CPACA. Que se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en
derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor José Néstor Arévalo Arévalo nació el 16 de octubre de 1933 y prestó
su servicio en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 1.° de agosto de 1964
al 30 de diciembre de 1968, así como en el Instituto Colombiano Agustín Codazzi
desde el 7 de diciembre de 1970 hasta el 10 de junio de 1988. Que su último cargo
fue el de jefe de sección, código 2075, grado 6 en la Subdirección Administrativa de
Bogotá D.C.

Que por Resolución 1477 del 22 de junio de 1988 fue retirado del servicio por
incapacidad, a partir del 11 de junio de 1988 y mediante Resolución 00450 del 29 de
enero de 1990, la extinta Caja Nacional de Previsión Social reconoció una pensión
de invalidez a favor del señor José Néstor Arévalo, por pérdida de capacidad
evaluable en un 96%, efectiva a partir del 11 de junio de 1988, en cuantía de
$176.222.

Que el señor José Néstor Arévalo Arévalo falleció el 22 de noviembre de 1994 y a
través de Resolución 002169 del 6 de marzo de 1995, Cajanal ordenó el traspaso y
pago provisional de la pensión a la señora Blanca Graciela Ramírez de Arévalo.

Que por Resolución 001220 del 9 de febrero de 1996, la entidad concedió una
pensión de sobrevivientes en forma vitalicia a favor de la señora Ramírez de Arévalo,
por el deceso de su esposo, en cuantía de $932.667.96, efectiva a partir del 23 de
noviembre de 1994.

Que por medio de Resolución 03761 del 29 de mayo de 1990, el Instituto de Seguros
Sociales otorgó una pensión de invalidez de origen no profesional a favor del señor
José Néstor Arévalo Arévalo, considerando 652 semanas cotizadas, prestación que
fue prorrogada por dos años a partir de febrero de 1990, a través de la Resolución
07618 del 24 de septiembre del mismo año, basada en el dictamen médico laboral
del 17 de febrero de 1990.

Que el 5 de abril de 1995 por Resolución 002809, el ISS reconoció una pensión de
sobrevivientes a favor de Blanca Graciela Ramírez de Arévalo, en cuantía de
$98.700.

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 6.°, 13, 48, 121, 123, 124, 128 Y 209
constitucionales; 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993; el Decreto 1848 de 1969, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Convenio 102 y 128
de la OIT sobre la seguridad social.

Que las pensiones concedidas por la extinta Cajanal y por el Instituto de Seguros
Sociales, hoy Colpensiones, a favor de José Néstor Arévalo Arévalo son
incompatibles, dado que ambas cubren el mismo riesgo, razón por la cual, el
reconocimiento es ilegitimo, pues afecta los derechos de los demás asociados, en
contraposición a lo establecido en el artículo 6.° de la Constitución, así como en los
artículos 11 y 48, que garantizan el derecho fundamental a la igualdad y la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Que según lo dispuesto en el artículo 209 de la carta política la función administrativa
debe estar al servicio de los intereses generales, guiada por principios como la
igualdad, la moralidad y la economía. Que mantener el reconocimiento de la pensión
de invalidez otorgada al señor Arévalo y, en consecuencia, la pensión de
sobrevivientes a favor de Blanca Graciela Ramírez de Arévalo, beneficiaria del
causante, implicaría otorgar beneficios a la parte pasiva que son contrarios a la ley,
por cuanto comprometería recursos que deberían destinarse al pago de otras
prestaciones.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 6 de septiembre de 2019 y notificada a los demandados.

Colpensiones señaló que no tiene legitimación en la causa por pasiva, dado que las
pretensiones están encaminadas a que se declare la nulidad de los actos
administrativos expedidos por la UGPP y, en consecuencia, se ordene el reintegro
de los dineros percibidos por la señora Ramírez de Arévalo. Propuso las excepciones
de cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y la genérica o innominada.

La señora Blanca Graciela Ramírez de Arévalo, expresó que las prestaciones
reconocidas por Cajanal y el ISS son distintas, por tanto compatibles. Que la Caja
Nacional de Previsión Social se basa en el tiempo de servicio; mientras que el
Instituto de Seguro Social considera las semanas de cotización. Que los
empleadores y los períodos tenidos en cuenta son diferentes: Que cajanal incluyó el
lapso laborado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi desde diciembre de 1970
hasta junio de 1988, y el ISS, el tiempo trabajado en el SENA desde julio de 1978
hasta febrero de 1989. Que la pensión otorgada por la primera tiene como
fundamento el Decreto 1848 de 1969, sin límite de tiempo; la segunda, el Decreto
797 de 1990, y se condicionó a la revisión médica cada 2 años. Que cada norma

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contempla unos requisitos disimiles para acceder al beneficio.

Que la Ley 100 de 1993 rige las situaciones ocurridas después del 1.° de abril de
1994, por lo que no corresponde aplicarla al caso del señor José Néstor, cuyo
accidente y determinación de invalidez acontecieron en 1987 y 1988,
respectivamente. Que tanto Cajanal como el ISS analizaron las prestaciones
conforme a la normativa vigente (Decreto 1848 de 1969 y al Acuerdo 049 de 1990).
Que considerar el sistema general de pensiones para estudiar este asunto, vulneraría
el principio de seguridad jurídica y confianza legítima.

Demanda de reconvención

La señora Blanca Graciela Ramírez de Arévalo presentó demanda de reconvención
en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y la Administradora Colombiana
de Pensiones, solicitando que se declare únicamente la nulidad de las Resoluciones
002809 del 5 de abril de 1995 y 002809 del 5 de abril de 1995 expedidas por el
Instituto de Seguro Social y, en consecuencia, se ordene a Colpensiones constituir
título o bono pensional con destino a la UGPP, teniendo en cuenta las 652 semanas
de cotización realizadas por el SENA al sistema.

Respecto de la UGPP solicitó reajustar la prestación económica de invalidez del
señor José Néstor Arévalo Arévalo, así como la pensión de sobrevivientes, en
consideración a los referidos aportes y con el promedio del último salario devengado
a mayo de 1988, en las siguientes entidades: Instituto Colombiano Agustín Codazzi
y el SENA, para efectos de integrar el IBL. Que se dé cumplimiento al fallo en los
términos del artículo 192 del CAPCA, y se condene en costas a las demandadas.

Estimó como vulnerados el artículo 128 de la Constitución Política, los Decretos 1848
de 1969 y 758 de 1990, y la Ley 100 de 1993.

Señaló que en caso de que el tribunal determine que las acreencias otorgadas son
incompatibles, debe declararse la nulidad de los beneficios concedidos por el ISS,
que fueron posteriores al reconocimiento efectuado por la Caja Nacional de Previsión
Social, ya que en su momento no había incompatibilidad, pues la pensión de Cajanal
era la única que recibía el señor Néstor Arévalo, la cual fue legítima y constituyó un
derecho adquirido.

Que, en ese orden, lo procedente sería la reliquidación, pues no puede desconocerse
el tiempo laborado por el causante en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en el
SENA. Que suspender la pensión de Cajanal le causaría un perjuicio económico
grave, dado que ella depende de esas mesadas para su subsistencia, y la que recibe
por parte del ISS no cubriría sus necesidades básicas.

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La demanda de reconvención fue admitida el 22 de octubre de 2021 y notificada a
las accionadas. La UGPP argumentó que las pensiones otorgadas por la extinta
Cajanal y el ISS son incompatibles entre sí, dado que cubren el mismo riesgo de
invalidez. Que dichos reconocimientos contravienen la prohibición de percibir dos
asignaciones del tesoro público. Colpensiones no se pronunció.

El 8 de junio de 2023 3 se impartió trámite de sentencia anticipada, en dicha
providencia se fijó el litigio en los siguientes términos:

Respecto a la demanda inicial, se dijo que la controversia consistía en determinar, si
los actos administrativos acusados, se encuentran incursos en causal de nulidad. De
ser así, se determinará si la pensión de invalidez reconocida al señor José Néstor
Arévalo Arévalo (q.e.p.d) y sustituida a la demandada Blanca Graciela Ramírez de
Arévalo, es incompatible con la pensión de vejez de origen no profesional reconocida
por el Instituto de Seguros Sociales. Así mismo, en caso afirmativo, como problema
asociado se establecerá si es posible o no el restablecimiento pretendido referente a
la devolución de las mesadas pensionales pagadas con la respectiva indexación.

Con relación a la Demanda de Reconvención, establecer si es procedente declarar
la nulidad de los actos administrativos expedidos por el Instituto de Seguros Sociales
hoy COLPENSIONES, por medio de los cuales reconoció pensión de vejez al señor
José Néstor Arévalo Arévalo (q.e.p.d) y sustituida a la demandada Blanca Graciela
Ramírez de Arévalo, en caso afirmativo, como problema asociado establecer si es
posible o no el restablecimiento pretendido referente a ordenar a COLPENSIONES
constituir título o bono pensional a favor de la UGPP por las 652 semanas de
cotización realizadas al sistema de seguridad social, por parte del empleador SENA.
Asimismo, ordenar a la UGPP reajustar la pensión de invalidez teniendo en cuenta
el promedio del último salario devengado a mayo de 1988 por los empleadores
Instituto Colombiano Agustín Codazzi y Sena Regional Bogotá conforme al Decreto
1848 de 1969, para integrar el Ingreso Base de Liquidación.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
principal interpuesta por la UGPP. Dispuso conservar a favor de la señora Blanca
Graciela Ramírez de Arévalo la pensión de invalidez reconocida por Cajanal al señor
José Néstor Arévalo Arévalo y sustituida a ella, en los términos y cuantía en los que
se estaba pagando.

Accedió parcialmente a lo solicitado por la demandada en la reconvención,
declarando la nulidad de las Resoluciones 03761 del 29 de mayo de 1990 y 002809
del 5 de abril de 1995 a través de las cuales, el extinto ISS concedió la prestación de

3 Folio 196.

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invalidez no profesional en favor del señor Néstor Arévalo y la pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su cónyuge. Se abstuvo de condenar
en costas.

Expresó que conforme a los artículos 31 del Decreto 3135 de 1968, 88 del Decreto
1848 de 1969, 49 del Decreto 758 de 1990, y lo señalado por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, 4 los beneficios otorgados en favor de los
señores José Néstor Arévalo y Graciela Ramírez son incompatibles y, en caso de
concurrencia el acreedor deberá optar por la que más le convenga. Que en este
asunto no es procedente la doble asignación, dado que se trata de dos prestaciones
de la misma naturaleza y por el mismo evento, que cumplen idéntica finalidad.

Que el causante sufrió un accidente el 14 de diciembre de 1987, que le generó
trastornos físicos y mentales que le impedían realizar actividades coordinadas y,
como consecuencia de tal suceso, se le reconoció una pensión de invalidez definitiva
por parte de la Caja Nacional de Previsión Social, mediante Resolución 450 del 29
de enero de 1990, en cuantía de 176.222, a partir del 11 de junio de 1988, con el
96% del salario percibido en el año 1988, tiempo en el que se desempeñó como jefe
de división del Instituto Agustín Codazzi. Prestación que fue sustituida mediante
Resolución 001220 del 9 de febrero de 1996 a la señora Blanca Graciela por un valor
de $932.667,96.

Que el ISS por su parte, le otorgó al señor José Néstor una pensión por invalidez de
origen no profesional a través de la Resolución 03761 del 29 de mayo de 1990, desde
el 17 de febrero de 1989, considerando 652 semanas de cotización realizadas por el
SENA, la cual fue sustituida a la señora Ramírez de Arévalo, por un total de $98.700.
Situación que produjo la doble erogación del erario público, que contraviene lo
estipulado en el artículo 128 constitucional.

Que, en ese orden, el difunto no tenía derecho a recibir ambas prestaciones. Sin
embargo, señaló que la pensión concedida por Cajanal, que fue sustituida a la
beneficiaria, debía conservarse en los mismos términos y cuantía en que se
reconoció, en tanto le era más favorable. Que condicionar su decisión de optar por
una de las pensiones a través de un trámite interadministrativo causaría un perjuicio
innecesario, el cual no tendría por qué asumir, dada su avanzada edad.

Frente a la demanda de reconvención, indicó que se declararía la nulidad de las
resoluciones expedidas por el ISS, por cuanto resultan ilegales debido a su
incompatibilidad con la prestación de Cajanal. Que no hay lugar a las pretensiones
consecuenciales en los términos solicitados, dado que el beneficio más favorable es
el de la UGPP, que fue reconocido con fundamento en el Decreto 1848 de 1969, el
cual reguló las pautas para fijar la cuantía, sin que se estableciera la acumulación de

4 Concepto del 18 de marzo de 1983. Radicado: 1828.

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tiempo de servicio, que sí se determinó para la pensión de jubilación, en el artículo
72.

Que resulta extraño que la demandada en reconvención solicitara la aplicación de la
Ley 100 de 1993, cuando en la contestación de la demanda principal había insistido
en que dicha norma no tenía alcance en este asunto. No obstante, precisó que esta
controversia no podía regirse por la ley invocada, porque las pensiones de invalidez
fueron otorgadas con anterioridad a su entrada en vigencia y se basaron en normas
distintas (Decretos 1848 de 1969 y 758 de 1990).

Que es irracional y desproporcionado acceder a una reliquidación tomando en cuenta
el tiempo de servicio al SENA, que ha sido la base para que el ISS haya realizado el
pago de una pensión mensual durante más de 35 años, la cual fue declarada ilegal
debido a la incompatibilidad advertida al resolver lo relativo a la demanda principal.

RECURSO DE APELACIÓN

La señora Blanca Graciela Ramírez de Arévalo apeló la decisión de negar la
reliquidación de la pensión reclamada, dado que no es posible desconocer el tiempo
laborado por el causante tanto para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como
para el SENA, pues las cotizaciones se realizaron de manera concomitante, sin que
sea viable que el doble esfuerzo sea desconocido.

Que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 establece que se debe considerar la
totalidad de aportes, y que esta norma es aplicable al caso, ya que la pensión de
invalidez del causante fue otorgada con base en distintos períodos. Que el artículo
72 del Decreto 7848 de 1969 permite la acumulación de tiempo de servicio en
relación con la pensión de vejez, siendo igualmente pertinente, por cuanto ambas
prestaciones cubren riesgos de origen común.

Que tal y como lo explicó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
en concepto del 29 de octubre de 2003, la afiliación de los empleados del SENA al
Instituto de Seguro Social fue obligatoria y, por lo tanto, los aportes realizados deben
representarle un beneficio, lo contrario implicaría un enriquecimiento sin justa causa.

Que el argumento sobre la sostenibilidad financiera no es una razón válida para que
se niegue el reajuste pretendido, dado que el hecho de que se le haya reconocido
una prestación a la que no tenía derecho no le resulta imputable.

La UGPP también interpuso recurso de apelación, argumentando que las pensiones
otorgadas por CAJANAL y por el ISS resultan incompatibles entre sí, en la medida
que cubren el mismo riesgo y se emitieron en consideración a tiempos de servicio de
naturaleza pública, siendo inviable el reconocimiento por cada una de sus
vinculaciones laborales con la administración. Que lo procedente es declarar la

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nulidad de los actos administrativos proferidos por la Caja Nacional de Previsión
Social, conservando únicamente los efectos jurídicos de las Resoluciones 03761 del
29 de mayo de 1990 y 002809 del 5 de abril de 1995.

Que hay lugar al reintegro de las sumas canceladas en virtud del pago efectuado por
concepto de la referida prestación económica, habida cuenta de que el causante, a
pesar de conocer que era beneficiario de una pensión de invalidez, solicitó ante la
extinta Cajanal el beneficio causado por el mismo riesgo, lo que, según su criterio,
desvirtúa el principio de buena fe.

La decisión de mantener incólume la concesión del derecho en los términos
establecidos afecta gravemente al erario, comprometiendo recursos para una causa
ilegítima y perjudicando a los demás afiliados al sistema.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 30 de julio de 2024 se admitieron los recursos de apelación. Las partes y el agente
del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Frente a la demanda principal radicada por la UGPP, la Subsección advierte que en
uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA,
que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que encuentre probada, incluso
en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in pejus), se analizará la posible
existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del artículo 86 de la Ley 2381 de
2024.

Por otro lado, conforme al recurso de apelación interpuesto por la señora Blanca
Graciela Ramírez de Arévalo contra la negativa de las pretensiones de la demanda
de reconvención, el problema jurídico se circunscribe en establecer si procede la
reliquidación de la pensión teniendo en cuenta el tiempo de servicio prestado en el
SENA y el IBL integrado con los salarios percibidos tanto en el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y en el Servicio Nacional de Aprendizaje, respectivamente.

Marco normativo y jurisprudencial

Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento pensional

La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el

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ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.

Al respecto, la Corporación ha sostenido: 5

La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del término
perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción derivadas de los
actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin que se haya ejercido
el derecho de acción por parte del interesado.

El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de acción y
del origen que la provoca.

El artículo 164, numeral 1.° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir actos
que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se podrá
demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a
partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la
caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de algún
delito en la obtención del derecho.

Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas
y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a
partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas
para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término
de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.». (Negrillas para resaltar)

Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 6 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio de
2025.

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23

de septiembre de 2010. Expediente: 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). Demandante: Marco Fidel
Ramírez Yépez y otros
6
«por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y
muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones»

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Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto a las demás disposiciones de la norma,
ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se
entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta
que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se
realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.

Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a aplicar,
tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera diferido esta
(que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil querido por el
legislador, veamos el siguiente supuesto:

Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?

Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la caducidad
cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que no cumple
con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las situaciones jurídicas
favorables a las personas pensionadas.

No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta el
1.° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.

Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir
de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 19977.

Resolución del caso concreto

• Demanda principal presentada por la UGPP

Corresponde a la Subsección analizar el asunto en cumplimiento a lo estipulado en
el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, pues dicho precepto es claro al señalar que
los efectos de la caducidad se calculan desde el reconocimiento del derecho. Se
precisa también que, conforme a los hechos y fundamentos de la demanda no

7 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo

que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine una fecha
diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los
actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar
a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.” Negrilla
para resaltar.

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estamos ante el supuesto de un derecho obtenido con fraude o con ocurrencia de
algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción establecida en la disposición
citada.

En este caso, se pretende la nulidad, entre otros actos administrativos, de la
Resolución 001220 del 9 de febrero de 1996 expedida por la extinta Cajanal, a través
de la cual, se sustituyó en favor de la señora Blanca Graciela Ramírez de Arévalo la
pensión de jubilación reconocida al señor José Néstor Arévalo Arévalo por
Resolución 00450 del 29 de enero de 1990, en consecuencia, la administración tenía
hasta el 10 de febrero de 2001 para presentar la demanda, y según el acta de reparto,
se radicó el 15 de julio de 2019,8 por lo que se concluye que se inició con
posterioridad a los 5 años de que trata la citada ley.

En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia en lo
correspondiente a la demanda principal y, en su lugar, declarará probada de oficio la
excepción de caducidad.

• Demanda de reconvención

Pone de presente la Sala que el tribunal accedió a la solicitud de la señora Blanca
Graciela Ramírez de Arévalo de declarar la nulidad de los actos proferidos por
Colpensiones y denegó el restablecimiento del derecho invocado.

La controversia planteada en el recurso por la señora Ramírez de Arévalo gira en
torno a la procedencia de la acumulación de los tiempos de servicio laborados por el
señor José Néstor Arévalo tanto en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como en
el SENA, para efectos de que se reliquide la pensión reconocida al causante por la
Caja Nacional de Previsión Social y, en consecuencia, la de sustitución otorgada a
la demandante.

Según la accionante 9, la reliquidación de la pensión es procedente en consideración
a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 que permite la acumulación de
semanas cotizadas o tiempos de servicio, y en lo establecido en el artículo 72 del
Decreto 1848 de 1969, que admite la adición en relación con la pensión de vejez,
pues, en su criterio, esta norma debe aplicarse a la pensión por invalidez. Señaló
también que la expresión «último salario devengado por el empleado oficial» del artículo
63 del aludido decreto, debe entenderse sobre la totalidad de sueldos percibidos, y
no se puede limitar a uno solo, como sucedió con la prestación de la extinta Cajanal.

De acuerdo con los elementos probatorios, se tiene que, en virtud de lo preceptuado
en el Decreto 1848 de 1969, Cajanal le otorgó una pensión de invalidez definitiva al

8 Folio 112 del cuaderno principal.
9 Se precisa en la demanda de reconvención.

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señor Néstor Arévalo a través de la Resolución 00450 del 29 de enero de 1990, 10
efectiva a partir del 11 de junio de 1988, en cuantía de $176.222, equivalente al 100%
del último salario devengado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, teniendo en
cuenta la pérdida de capacidad determinada en un 96% por la División de Salud
Ocupacional de la entidad.

Con ocasión del fallecimiento del señor Arévalo, Cajanal concedió la pensión de
sobrevivientes a la señora Blanca Graciela Ramírez, de forma vitalicia, mediante la
Resolución 001220 del 9 de febrero de 1996, 11 desde el 23 de noviembre de 1994,
por una suma de $932.667.96.

Al respecto, la Subsección estima que no es viable acceder a lo solicitado, pues tal
como lo consideró el tribunal la normativa que rige el asunto es el Decreto 1848 de
1969, dado que el hecho que originó la incapacidad del señor José Néstor y la
correspondiente prestación datan de 1987 y 1988, es decir, antes de la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993, que establece previsiones distintas a las del mencionado
decreto.

El referido decreto reguló en su artículo 72 la posibilidad de acumular tiempos para
acceder a la pensión de jubilación, pero no en relación con la prestación económica
de invalidez. Lo anterior resulta entendible teniendo en cuenta que para adquirir de
la primera prestación es necesario acreditar el cumplimiento del presupuesto de los
20 años de servicio, a diferencia de la pensión por invalidez la cual conforme a la
norma citada se reconoce al empleado oficial que por cualquier causa, no provocada
intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada y grave de los
reglamentos de previsión, pierde en un porcentaje no inferior al setenta y cinco por
ciento (75%) su capacidad para continuar ocupándose en la labor que constituye su
actividad habitual o la profesional a que se ha dedicado ordinariamente. Es decir, no
exige necesariamente acreditar un tiempo mínimo de servicio o cotización.

En cuanto al monto de la acreencia laboral, en la norma citada se estableció que se
liquida con el último salario devengado o el último promedio mensual si dicho sueldo
es variable. Observa la Sala que la prestación reconocida al causante y sustituida a
la señora Blanca Graciela Ramírez fue equivalente al 100% de la última
remuneración percibida en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,12 teniendo en
cuenta la pérdida de capacidad determinada en un 96% por la División de Salud
Ocupacional de la entidad, lo cual guarda armonía con lo contemplado en el Decreto
1848 de 1969.

En ese orden, en la medida en que el tribunal decidió mantener a favor de la
demandante la pensión de invalidez en los términos reconocidos por la UGPP, al

10 Folios 85 a 86 del cuaderno principal.
11 Folios 105 a 106 del cuaderno principal.
12 Folio 98 reverso del cuaderno principal.

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considerarla más favorable, se concluye que la pensión fue liquidada conforme a la
norma aplicable, por lo tanto, no procede una reliquidación que considere tiempos y
salarios distintos a los considerados.

Finalmente, la Sala comparte lo señalado por el tribunal, al estimar que el reajuste
pensional teniendo en cuenta los tiempos laborados en el SENA resulta
desproporcionado, porque dichos períodos han sido la base para pagar una pensión
durante más de 35 años, la cual fue considerada ilegal debido a la incompatibilidad
encontrada por el juez. De acuerdo con lo anotado, acceder a lo pretendido implicaría
realizar un doble pago con fundamento en los mismos periodos.

Lo anterior impone confirmar lo resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca frente a la demanda de reconvención presentada por la señora Blanca
Graciela Ramírez de Arévalo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida el diecisiete (17) de abril de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en lo que
respecta a la demanda principal. En su lugar, se declara probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control que presentó la UGPP, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Confirmar la sentencia con relación a las pretensiones de la demanda de
reconvención, en atención a lo consignado en la parte considerativa.

Tercero: Sin condena en costas.

Cuarto: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01082-02 (3440-2024)

Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES

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