Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00889-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2018-00889-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00889-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00889-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
2 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00889-01 (3134-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Laureano Germán Valencia Arboleda
Temas: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de caducidad
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
Colpensiones instauró demanda contra Laureano Germán Valencia Arboleda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones 24785 del 5 de octubre de 2001 y
23802 del 29 de octubre de 2003, la primera, mediante la cual el Instituto de Seguros
Sociales reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor del señor
Laureano German Valencia Arboleda y la segunda, por medio de la cual
Colpensiones modificó el acto inicial.
A título de restablecimiento del derecho, se declare que la pensión de vejez
reconocida mediante la Resolución 23902 del 29 de octubre de 2003, no es
compatible con la otorgada por: (i) el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio
1 Expediente digital índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25000-23-42-000-2018-00889-01 (3134-2022)
a través de Resolución 240 del 20 de mayo de 1992, liberando a Colpensiones de
dicha obligación, y (ii) la Caja Nacional de Previsión Social hoy Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP a través de la Resolución 5546 del 8 de marzo de 1993,
liberando a Colpensiones de dicha obligación.
Que se ordene al señor Laureano Germán Valencia Arboleda y a favor de
Colpensiones, la devolución de lo pagado por concepto de pensión de vejez a partir
de la fecha de inclusión en nómina y hasta que se declare su nulidad.
HECHOS
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que a través de Resolución 24785 del 5 de octubre de 2001 proferida por el ISS, se
le reconoció una pensión de vejez al demandado en cuantía de $1.612.607 efectiva
a partir del 1° de noviembre de 2001, calculada sobre un IBL de $1.791.785 al cual
se le aplicó una tasa de remplazo equivalente al 90% de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 758 de 1990.
Que mediante Resolución 23902 del 29 de octubre de 2003, Colpensiones modificó
la resolución anterior, en el sentido de variar la fecha de causación, reconocida a
partir del 1° de agosto de 2001.
Que por medio de la Resolución APSUB 3314 del 28 de agosto de 2017, se le
solicitó autorización expresa al demandado para revocar los actos y vencido el plazo
de 30 días no se allegó manifestación alguna.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados el artículo 128 de la Constitución Política, las Leyes 4ª de
1992, 100 de 1993 y 797 de 2003; el Decreto 758 de 1990 y el Acto Legislativo 01
de 2005.
Sostuvo que la pensión reconocida no es compatible con las pensiones de jubilación
otorgadas por el FNPSM y la UGPP, toda vez que provienen de la misma fuente,
vulnerando el postulado constitucional que prohíbe devengar una doble asignación
del tesoro.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 13 de noviembre de 2018 y notificada
al demandado quien se opuso a las pretensiones indicando que los actos
enjuiciados fueron expedidos por la entidad competente al haberse cumplido con
los requisitos legales para obtener el reconocimiento pensional. Que
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 25000-23-42-000-2018-00889-01 (3134-2022)
adicionalmente, no hay lugar a exigir devolución de dineros porque el derecho se
obtuvo de manera legítima bajo los postulados del principio de buena fe.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, negó
las pretensiones argumentando que examinados los actos administrativos
demandados, contrario a lo solicitado por la parte demandante, no existe
incompatibilidad entre la pensión reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, y las de
FOMAG y Cajanal, hoy UGPP, en la medida en que la pensión del ISS únicamente
tuvo en cuenta para su reconocimiento cotizaciones privadas realizadas por
CAFAM, aportes que no se encuentran dentro de la prohibición de percibir dos
asignaciones del tesoro público prevista en el artículo 128 de la Constitución
Política, pues se entiende que en el presente caso el ISS actuó como un simple
administrador de recursos de índole privado.
Que las pensiones reconocidas por FOMAG y Cajanal, hoy UGPP, tuvieron en
cuenta tiempos públicos, sin embargo, no cubren el mismo riesgo, teniendo en
cuenta que la pensión de jubilación reconocida por el FOMAG corresponde a la
pensión de jubilación contemplada en las Leyes 6 de 1945 y 33 de 1985, es decir,
en la cual se exigen 20 años de servicios y 50 años de edad y tiene como fin cubrir
la vejez, mientras que la pensión reconocida por Cajanal, hoy UGPP, corresponde
a la denominada pensión de jubilación gracia, la cual es una dádiva que se
implementó para nivelar a los docentes territoriales que habían ingresado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 a la docencia oficial y que cumplieran con
20 años como docentes.
RECURSO DE APELACIÓN
La entidad demandante interpuso recurso de apelación manifestando que la
pensión reconocida en su momento por el ISS no es compatible con la otorgada por
el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y Cajanal hoy UGPP, por lo tanto,
en el presente caso el demandado, no adquirió el estatus de pensionado con
anterioridad al 18 de mayo de 1992, sino hasta el día 1 de agosto de 2001. Por lo
que es claro que el acto enjuiciado va en contravía de lo dispuesto por el artículo
128 de Constitución Política de Colombia y el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992
generándose un detrimento al erario y al Sisterna General de Pensiones
administrado por Colpensiones.
Que el perjuicio inminente en contra de la estabilidad financiera del Sistema General
de Pensiones se configura en la medida en que este debe de disponer de un flujo
permanente de recursos que permita su mantenimiento y adecuado funcionamiento,
y el continuar con el pago de una prestación a favor de una persona que no acredita
todos los requisitos para su reconocimiento, afecta gravemente su capacidad de
otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que sí tienen derecho a su
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 25000-23-42-000-2018-00889-01 (3134-2022)
reconocimiento, vulnerando como consecuencia el principio de progresividad, y el
acceso a las pensiones de todos los colombianos.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 5 de julio de 2022 se admitió el recurso.
El Ministerio Público emitió concepto en el sentido de solicitar se confirme el fallo
apelado por cuanto jurídicamente resulta factible inferir que cada una de las tres
pensiones tuvieron una causa diferente, satisfecha, inclusive, en tiempos diferentes,
las cuales se resumen en que para la de vejez tuvo lugar por servicios
eminentemente privados desempeñados a CAFAM; la ordinaria de jubilación, por
labores académicas oficiales; y, la gracia por el desempeño de tareas docentes pero
bajo la autoridad de entidades territoriales, y por posesión anterior al 31 de
diciembre de 1980.
Las partes guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo 187 del
CPACA, que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que encuentre
probada, incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in pejus), se
analizará la posible existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024.
Marco normativo y jurisprudencial
Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional
La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.
Al respecto, la Corporación ha sostenido:2
La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del
término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin
que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23
de septiembre de 2010. Expediente: 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). Demandante: Marco Fidel
Ramírez Yépez y otros
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 25000-23-42-000-2018-00889-01 (3134-2022)
El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de acción
y del origen que la provoca.
El artículo 164, numeral 1.° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir actos
que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se podrá
demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a
partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la
caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de
algún delito en la obtención del derecho.
Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.». (Negrillas para
resaltar)
Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20243 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio de
2025.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.
Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:
3 «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 25000-23-42-000-2018-00889-01 (3134-2022)
Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?
Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino
que no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.
No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1.° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.
Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir
de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 19974.
Resolución del caso concreto
Aclarado el aspecto de la vigencia, corresponde a la Subsección analizar el asunto
en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la ley, pues dicho precepto es
claro al señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el reconocimiento
del derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y fundamentos de la
demanda no estamos ante el supuesto de un derecho obtenido con fraude o con
ocurrencia de algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción establecida en la
disposición citada.
En este caso, la prestación se otorgó por Resolución 24785 del 5 de octubre de
2001, es decir la administración tenía hasta el 6 de octubre de 2006 para presentar
la demanda, y según índice 2 del expediente digital fue radicado por el demandante
el 20 de abril de 2018, información que coincide con el acta de reparto, por lo que
se concluye que se inició con posterioridad a los 5 años de que trata la Ley 2381 de
2024.
En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará probada de oficio la excepción de caducidad.
4 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos
de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial,
dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
Negrilla para resaltar.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 25000-23-42-000-2018-00889-01 (3134-2022)
Condena en costas: análisis de las costas en primera y segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual,
se deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme
al inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya
ha venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.
En el presente caso, pese a que se está revocando la sentencia de primera
instancia, la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CPG 5 y
observando los fundamentos planteados en la demanda y en el recurso, se concluye
que no hay lugar a la condena en costas en ninguna de las instancias, pues no se
advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario, la demandante
expuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. En su lugar, se
declara probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
5 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 25000-23-42-000-2018-00889-01 (3134-2022)
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. Se reconoce personería a la abogada Angélica Margoth Cohen Mendoza
con tarjeta profesional 102.786 del CS de la J, como representante legal de la
empresa Paniagua & Cohen Abogados SAS, para que defienda los intereses de
Colpensiones. Asimismo, se acepta la sustitución de poder hecha en la abogada
María del Carmen Ramos Tamara con tarjeta profesional 319.992 del CS de la J.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.