Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06094-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06094-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06094-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de febrero de 2025
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06094-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 1001-03-15-000-2024-06094-00
Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia -
Requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por conducto del
gerente de Defensa Judicial, presentó acción de tutela1, con el fin de que se protejan
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como al principio de sostenibilidad financiera.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
las 6 sentencias de segunda instancia dictadas el 2 de octubre de 2024, por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, con radicación
interna 3034-20242, 1397-20233, 2406-20224, 3419-20235, 3969-20236 y 3134-
20227, en las cuales revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, declaró
probada de oficio la excepción de caducidad.
1.2. Pretensiones
La parte accionante presentó las siguientes:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de COLPENSIONES al debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad ante la ley,
orientados a la defensa del patrimonio público y a la protección del principio
1
A través de correo electrónico enviado el 8 de noviembre de 2024.
2
Identificado bajo el radicado 54001-23-33-000-2017-00634-01.
3
Identificado bajo el radicado 66001-23-33-000-2021-00041-01.
4
Identificado bajo el radicado 70001-23-33-000-2018-00255-01.
5
Identificado bajo el radicado 47001-23-33-000-2021-00046-01.
6
Identificado bajo el radicado 25000-23-42-000-2018-00756-01.
7
Identificado bajo el radicado 25000-23-42-000-2018-00889-01.
1
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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constitucional de sostenibilidad financiera, en consideración a que se acusa las
sentencias proferidas el dos (2) de octubre de 2024, por la Sección Segunda,
Subsección A, dentro de haber incurrido en desconocimiento del precedente
constitucional, defecto sustantivo y violación directa de la Constitución.
SEGUNDO: DÉJESE SIN EFECTOS las siguientes sentencias proferidas el dos (2)
de octubre de 2024, por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado
dentro de los procesos con radicado interno en dicha Corporación 3034-2024, 1397-
2023, 2406-2022, 3419-2023, 3969-2023 y 3134-2022 y en su lugar, ordénese al
despacho accionado proferir una sentencia sustitutiva, subsanando los yerros
jurídicos enrostrados en el presente escrito.8
1.3. Hechos
Previo a señalar los supuestos fácticos es oportuno indicar que las 6 providencias
acusadas dictadas en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, el 2 de octubre de 2024, preservan unidad de materia, en
el entendido de que en todos los casos debatidos, se revocó la decisión de primer
grado para, en su lugar, declarar de oficio la excepción de caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad en
aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 20249 que es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
Podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando
se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.
Precisado lo anterior, a continuación, se enunciarán los hechos que, en cada
expediente, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
esta providencia.
1.3.1. Exp. 54001-23-33-000-2017-00634-01 Colpensiones contra Hernán
Gómez Hernández
1.3.1.1. Colpensiones pidió declarar la nulidad de la Resolución 102056 del 13 de
junio de 2011, a través de la cual ordenó girar a favor del señor Gómez Hernández
el retroactivo sin tener en cuenta que, por tratarse de una pensión de carácter
compartido, dicho concepto debió ser consignado a favor del empleador y no del
pensionado.
1.3.1.2. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Norte de Santander,
que mediante sentencia proferida el 23 de noviembre de 2023, accedió parcialmente
8
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
9
«Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
2
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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a las pretensiones de la demanda al considerar que efectivamente el retroactivo
pertenecía a la empleadora Universidad Francisco de Paula Santander, quien
continuó pagando la pensión de jubilación a pesar de que ya había operado la
subrogación, sin embargo, no accedió al restablecimiento de lo pedido porque no
se probó alguna diferencia a su favor y a cargo de la Universidad como empleadora.
1.3.1.3. Colpensiones interpuso recurso de apelación solicitando el retorno del
dinero. Dicha alzada fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, autoridad judicial que, en fallo del 2 de octubre de 2024, revocó la
decisión de primer grado para, en su lugar, declarar de oficio la excepción de
caducidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
1.3.2. Exp. 66001-23-33-000-2021-00041-01 Colpensiones contra Adela del
Socorro Monroy de Zambrano
1.3.2.1. Colpensiones solicitó declarar la nulidad de la Resolución GNR 247228 del
3 de octubre de 2013, por medio de la cual reconoció una pensión de vejez a la
señora Adela del Socorro Monroy de Zambrano y de las resoluciones GNR 197387
del 5 de julio de 2016 y SUB 139755 del 25 de mayo de 2018, mediante las cuales
reliquidó dicha prestación.
1.3.2.2. Como fundamento de la demanda la entidad adujo que el reconocimiento
pensional correspondía a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, en tanto que la
pensionada cumplió el estatus jurídico antes del 1° de julio de 2009.
1.3.2.3. El conocimiento de la causa correspondió al Tribunal Administrativo de
Risaralda que, mediante sentencia del 24 de noviembre de 2022, negó las
pretensiones al considerar que el hecho de que Colpensiones no hubiese recibido
directamente la mayoría de los aportes pensionales no significa per se, que dicha
entidad pudiese dejar sin prestación a la señora Monroy de Zambrano, sin realizar
el trámite administrativo previo y con las garantías de un debido proceso.
1.3.2.4. Contra la anterior decisión Colpensiones interpuso recurso de apelación
iterando los argumentos de la demanda. La alzada fue resuelta por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, autoridad judicial que, en fallo del 2 de
octubre de 2024, revocó la decisión de primer grado para, en su lugar, declarar de
oficio la excepción de caducidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024.
1.3.3. Exp. 70001-23-33-000-2018-00255-01 Colpensiones contra Emiro Rafael
Herrera Martínez
1.3.3.1. Colpensiones pidió declarar la nulidad de la Resolución 1203 del 26 de junio
de 2002, mediante la cual, el extinto ISS reconoció una pensión de vejez a favor del
señor Emiro Rafael Herrera Martínez en cuantía inicial de $1.609.270, a partir del
24 de junio de 1998.
1.3.3.2. Como fundamento de las pretensiones se afirmó que hubo un error en el
valor de la mesada pensional pues de conformidad con lo previamente ordenado
por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Sincelejo, el monto era de
$203.826 por lo que solicitó que se reintegrara el valor de la diferencia pensional.
3
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06094-00
1.3.3.3 La primera instancia culminó con el fallo del 14 de julio de 2021, dictado por
el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones con fundamento en
que el ISS reconoció la pensión de vejez en cumplimiento de la sentencia judicial
proferida el 8 de marzo de 2002 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito
Judicial de Sincelejo, teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente de la época,
y que fue con ocasión de una inconformidad formulada por el pensionado que el ISS
la aumentó a $1.609.270, sin que se demostrara por la entidad que el pensionado
lo indujo de alguna manera en un error.
1.3.3.4 Colpensiones recurrió en apelación y, en segunda instancia, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A con fallo del 2 de octubre de 2024, revocó
la decisión de primer grado para, en su lugar, declarar de oficio la excepción de
caducidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
1.3.4. Exp. 47001-23-33-000-2021-00046-01 Colpensiones contra Manuel de
Jesús de Armas Pinillos
1.3.4.1. Colpensiones promovió acción de lesividad con el fin de que se declarara
la nulidad de las resoluciones GNR 68434 del 10 de marzo de 2015 y VPB 52888
del 17 de julio de 2015, a través de las cuales se reconoció una pensión de invalidez
al demandado.
1.3.4.2. Como fundamento de las pretensiones informó que se realizó una revisión
de la invalidez contenida en el dictamen 354367 del 7 de enero de 2020, por medio
del cual se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 60.26%, con fecha de
estructuración del 6 de julio de 2009, data para la cual el accionado se encontraba
afiliado al RAIS en la AFP Colfondos y que su regreso al régimen de prima media
administrado por Colpensiones, sólo se materializó hasta el 1° de agosto de 2009,
fecha para la cual ya se había estructurado la invalidez, motivo por el cual, no le
asistía a Colpensiones competencia para realizar el reconocimiento pensional.
1.3.4.3. La primera instancia finalizó con el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Magdalena, el que negó las pretensiones de la demanda
argumentado que Colpensiones sí era la obligada a reconocer y pagar la pensión
porque fue la última entidad a la cual se encontró afiliado el demandado.
1.3.4.4. La anterior decisión fue controvertida en alzada por Colpensiones y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A con fallo del 2 de octubre de
2024, revocó la decisión de primer grado para, en su lugar, declarar de oficio la
excepción de caducidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.
1.3.5. Exp. 25000-23-42-000-2018-00756-01 Colpensiones contra Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez
1.3.5.1. Colpensiones solicitó declarar la nulidad de la Resolución 02119 del 25 de
enero de 2012, a través de la cual reconoció la pensión de vejez.
1.3.5.2. Como respaldo de las pretensiones adujo que la pensión se concedió sobre
un IBL de $24.173.380, con una tasa de reemplazo del 75%, quedando para el año
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2012 una mesada de $18.130.035, motivo por el cual, la prestación superó el límite
de los 25 SMLMV.
1.3.5.3. El conocimiento de la causa correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, mediante sentencia del 25 de agosto de 2022, accedió de
manera parcial a las pretensiones de la demanda, comoquiera que el art. 48 de la
Constitución Política, expresamente prevé que no habrá pensiones superiores a los
25 salarios mínimos legales mensuales.
1.3.5.4. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación por la parte
demandada, bajo el argumento que la sentencia censurada no tuvo en cuenta la
historia laboral que reflejaba más de 2000 semanas de cotización al Estado.
1.3.5.5. Sin adentrarse a la discusión de fondo, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A con fallo del 2 de octubre de 2024, revocó la decisión de
primer grado para, en su lugar, declarar de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
1.3.6. Exp. 25000-23-42-000-2018-00889-01 Colpensiones contra Laureano
Germán Valencia Arboleda
1.3.6.1. Colpensiones solicitó declarar la nulidad de la Resolución 24785 del 5 de
octubre de 2001 mediante la cual el entonces ISS reconoció una pensión de vejez
y de la Resolución 23802 del 29 de octubre de 2003, a través de la cual se modificó
el acto inicial.
1.3.6.2. Como sustento fáctico esgrimió que la pensión de vejez reconocida por el
ISS, no es compatible con la pensión que le fue otorgada por el Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio otorgada mediante Resolución 240 del 20 de mayo de
1992 y la que le fue reconocida por CAJANAL hoy UGPP mediante Resolución 5546
del 8 de marzo de 1993.
1.3.6.3. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que profirió sentencia el 25 de noviembre de 2021, por medio de la
cual negó las pretensiones de la demanda al considerar que no existe
incompatibilidad con las pensiones reconocidas por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG-, y la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP-.
1.3.6.4. La anterior decisión fue apelada por Colpensiones, siendo desatada la
alzada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A con fallo del 2
de octubre de 2024, en el cual revocó la decisión de primer grado para, en su lugar,
declarar de oficio la excepción de caducidad de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora en primer lugar destacó que la autoridad judicial accionada en todas
las providencias sustentó la declaratoria de caducidad bajo el argumento que operó
el fenómeno de la caducidad de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024 que dispone:
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06094-00
«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y Contencioso
Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles
del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5)
años a partir de la vigencia de esta ley.»10
En segundo lugar, afirmó que el asunto cumplía con todos los requisitos generales
de procedencia que han sido establecidos por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en esa medida adujo:
(i) Es relevante constitucionalmente pues busca la protección inmediata del núcleo
esencial de los derechos fundamentales afectados como los son el debido proceso,
la igualdad, la buena fe y de acceso a la administración de Justicia de Colpensiones.
Refirió sobre el principio de seguridad jurídica y la importancia de que las decisiones
de los órganos de cierre sean «razonablemente previsibles» e hizo hincapié en que
las providencias de los altos tribunales impactan inmediatamente en las dictadas
por los jueces y tribunales.
Indicó que la Corte Constitucional ha dimensionado el respeto al precedente porque
incide en el principio de buena fe, ya que los cambios intempestivos en los criterios
jurisprudenciales pueden defraudar seriamente la confianza que han depositado los
administrados sobre la forma en que han adecuado y encauzado sus actuaciones
y/o relaciones jurídicas al considerar que dicho comportamiento está cobijado por el
ordenamiento vigente y amparado por el Estado mismo como administrador de
justicia.
En síntesis, a su juicio, las decisiones cuestionadas «violan el derecho al debido
proceso de Colpensiones, representado en el principio de legalidad en el Sistema
de Seguridad Social y la obligatoriedad de los principios de la administración de
justicia, artículo 230 Superior; como quiera que se le está denegando el acceso a la
administración de justicia al declararse de oficio la caducidad de acciones de
lesividad promovidas contra actos administrativos que reconocieron de manera
irregular o ilegal pensiones a cargo del Régimen de Prima Media, sin que se hubiera
procedido por el Consejo de Estado a la resolución de fondo del debate que origina
el litigio, bajo el argumento de la operancia de un término de caducidad que se
fundamenta en una norma que ni siquiera se encuentra aún vigente dentro del
ordenamiento jurídico Colombiano, lo que a todas luces vislumbra la carencia
absoluta de fundamento jurídico de las decisiones judiciales cuestionadas, con
respaldo en las cuales, se mantendrán en el mundo jurídico eventuales pensiones
ilegítimas o ilegales, en claro detrimento de los recursos del Sistema de Pensiones».
10 Destacado de la autoridad judicial accionada.
6
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(ii) Se agotaron todos los medios de defensa comoquiera que las sentencias
acusadas fueron proferidas en segunda instancia y contra las mismas no procede
ningún otro recurso ordinario ni extraordinario de revisión.
(iii) Satisface el requisito de la inmediatez habida cuenta que los fallos censurados
fueron dictados el 2 de octubre de 2024, de manera que no ha transcurrido el
término de 6 meses considerado razonable.
(iv) No se debaten decisiones de la misma naturaleza en la medida que las
providencias acusadas no son sentencias de tutela.
En tercer lugar, indicó que los defectos en que incurrió el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A en los 6 fallos acusados del 2 de octubre de 2024
fueron (i) desconocimiento de precedente, (ii) sustantivo y (iii) violación de la
Constitución; en seguida los desarrolló cada uno así:
(i) Desconocimiento de precedente
Afirmó que en las sentencias C-084/96, C-932/06 y C-119/08, la Corte
Constitucional ha consolidado su precedente en cuanto a la definición y diferencias
entre la promulgación y entrada en vigencia de una ley, correspondiendo estas dos
a la última etapa del procedimiento legislativo.
Explicó que, la Corte Constitucional razonó que la competencia para determinar la
iniciación de la vigencia de las leyes es de reserva exclusiva del legislador, derivada
de su potestad constitucional de hacer leyes a la luz de lo previsto en el artículo 150
constitucional. Hizo hincapié en que sólo al legislador le corresponde evaluar a partir
de cuándo puede empezar a surtir efectos la nueva normatividad.
Luego refirió que el precedente constitucional ha sido pacífico en el sentido de
afirmar que el legislador tiene dos formas para determinar la vigencia de las leyes,
por un lado, incorporando dentro del mismo texto de la ley la fecha en que ésta
entrará a regir o tendrá vigor y, por otro, expidiendo una ley especial en la que regule
este aspecto.
Resaltó que la jurisprudencia ha señalado que no es posible sostener que la ley
necesariamente empieza a regir inmediatamente después de su promulgación. Para
fundamentar esta aseveración, enfatizó en diferenciar la promulgación de la
vigencia de una ley, para aclarar, que la primera hace alusión a la publicación oficial
de la Ley, contrario sensu, la entrada en vigencia es la indicación del momento a
partir del cual ésta se vuelve obligatoria, por lo que es posible que publicación y
vigencia coincidan a partir de un mismo momento, como también que la vigencia se
produzca tiempo después de la promulgación, así pues, la entrada en vigencia de
las normas se produce únicamente como resultado de una decisión tomada
discrecionalmente por quien tiene la competencia para hacerlas, esto es, el mismo
legislador.
Señaló que para la Corte Constitucional la necesidad de que la sociedad y
operadores jurídicos queden sujetos a los imperativos de una ley, amerita un
análisis de conveniencia y oportunidad que no corresponde al ejecutivo ni a las
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autoridades judiciales, pues para estos precisos fines, funge el legislativo como
representante de la sociedad y de sus intereses.
Bajo las anteriores consideraciones concluyó que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A con los 6 fallos del 2 de octubre de 2024 dio efectos
jurídicos a un precepto específico pese a que el legislador de manera expresa indicó
un momento diferente para su entrada en vigencia.
Para sustentar su dicho citó el tenor del artículo 86 de la Ley 2381 de 202411 y
destacó que el legislador señaló de manera expresa, clara y contundente su
voluntad de diferir el nuevo mandato sobre la caducidad de acciones contra el
reconocimiento irregular de pensiones, a partir de la entrada en vigencia de la Ley,
precisando que sus efectos vinculantes no se producirían con la sola publicación o
promulgación como en efecto sí lo hizo con otros artículos.
Iteró que la fecha señalada por el legislador para este propósito no es otra que la
establecida en el artículo 94 ibidem, el cual fija el momento en que la ley se vuelve
obligatoria así:
ARTÍCULO 94. VIGENCIA. El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez,
Invalidez y Muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en vigor el
01 de julio de 2025.
En resumen, el precedente jurisprudencial, a su juicio, se desconoció comoquiera
que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A:
1. Respaldó su decisión en que para todas las disposiciones de la Ley 2381 de 2024
al no establecerse una fecha particular para su entrada en vigor, debía entenderse
que tienen vigencia desde su publicación, con lo cual, pretermitió que para la norma
de que trata la caducidad, el legislador precisó que la previsión aplicaría a partir de
la fecha de entrada de vigencia de la ley mas no la de promulgación y,
2. Al elucubrar que «por la naturaleza de la norma a aplicar, tiene vigencia desde su
publicación, aun en el evento de que se hubiera diferido esta (que no fue el caso)
entre otras razones porque se logra el efecto útil querido por el legislador»,
aseveración que «desconoce abiertamente las reglas jurisprudenciales construidas
por la doctrina constitucional en el entendido que la entrada en vigencia de las leyes
o sus normas no se determina por su naturaleza, sino por voluntad del legislador
cuando ha hecho un expreso señalamiento al respecto».
11
«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas
respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y contencioso administrativas,
no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones
otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en
curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas,
y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de
Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley».
8
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(ii) Defecto sustantivo
Frente a este yerro adujo que se incurrió bajo dos modalidades, la primera por la
«carencia absoluta de fundamento jurídico» y la segunda por «interpretar la norma
sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables».
Ahora, al desarrollar la primera indicó que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A aplicó una norma que no está vigente y se remitió a lo expuesto en el
yerro por desconocimiento de precedente, en el sentido de que el legislador fue
claro en señalar un momento específico para el inicio en vigor de la norma rectora
en materia caducidad de acciones judiciales contra pensiones reconocidas de
manera irregular. Por consiguiente, a su criterio, si se tiene en cuenta que el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 entra en vigor a partir del 1° de junio de 2025, esta
disposición no puede ser aplicada para dirimir controversias judiciales con
anterioridad a la mencionada calenda, por cuanto al no estar vigente, aún no se
encuentra incorporada con efectos vinculantes en el ordenamiento jurídico.
Adujo que desde esa perspectiva, la autoridad judicial accionada realizó una
elucubración totalmente incoherente, por cuanto no es cierto, que no tenga sentido
desechar la caducidad de oficio si finalmente la misma tiene que ser declarada con
posterioridad al 1° de julio de 2025, pues este raciocinio sólo tendría sentido
respecto de procesos judiciales en etapa inicial en los que apenas se esté
resolviendo sobre la admisión de la demanda, pues respecto de estos
eventualmente habría que declarar de oficio la caducidad con el fallo de primera o
segunda instancia que posteriormente se profieran después de la mencionada
calenda.
Seguidamente reflexionó que, los asuntos bajo estudio se encontraban en la etapa
final de fallo en segunda instancia, razón por la cual, no le seguía una instancia o
etapa posterior al 1° de julio de 2025, «lo que denota lo irrazonable y
desproporcionado de los supuestos planteados por el Consejo de Estado para
soportar la interpretación acomodaticia que quiso hacer del artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, para inferir de manera equivocada su vigencia y para extraer un
supuesto propósito legislativo falaz».
Por otro lado, frente a la modalidad del defecto sustantivo por «interpretar la norma
sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables» refirió que al aplicar el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, con el fin de determinar su vigencia desatendió lo
establecido en el artículo 4012 de la Ley 154 de 1887 sobre la aplicación en el tiempo
de leyes procesales.
Concluyó que en los casos en que ya se encontraban los asuntos en la segunda
instancia final de juzgamiento, es decir en aquellos que ya se había interrumpido
12
«ARTÍCULO 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de
formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad».
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términos extintivos procesales con la presentación de la demanda se debía aplicar
la ley vigente, esto es, el literal c) del numeral 1° del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA , el cual
establece que la demanda se puede presentar en cualquier tiempo cuando se dirija
contra actos que reconozcan prestaciones periódicas.
(iii) Violación directa de la Constitución
El sustento de este defecto conlleva a la argumentación expuesta en líneas que
anteceden al exponer el requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional y el yerro por desconocimiento del precedente.
En resumen, lo consideró configurado por la vulneración «al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia, confianza legítima y seguridad
jurídica, por la aplicación indebida de una ley procesal en el tiempo».
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 15 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia y ordenó la notificación de la parte accionante y de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Como terceros con interés, dispuso la vinculación de los señores Hernán Gómez
Hernández, Adela del Socorro Monroy de ZambranoAdela del Socorro Monroy de
Zambrano, Emiro Rafael Herrera Martínez, Manuel de Jesús de Armas Pinillos,
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y Laureano Germán Valencia Arboleda
[demandados en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho], del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, el Tribunal Administrativo de Risaralda, el
Tribunal Administrativo de Sucre, el Tribunal Administrativo del Magdalena y la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
[autoridades judiciales de primera instancia en los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho], de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, el Fondo de Pensiones
y Cesantías Colfondos y el Ministerio de Hacienda, así como las demás partes,
personas, terceros y/o entidades que hayan participado en los procesos ordinarios
en los cuales se dictaron las providencias objeto de reproche.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital de los expedientes del
proceso ordinario donde se dictaron las providencias censuradas.
Mediante auto de 6 de diciembre de 2024, con ocasión de los escritos de
contestación se advirtió la necesidad de vincular en calidad de terceros con interés
a las siguientes autoridades judiciales:
(i) Al Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Sincelejo comoquiera que
para el caso del señor Emiro Rafael Herrera Martínez Exp. 70001-23-33-000-
2018-00255-01, fue la autoridad que mediante orden judicial reconoció la pensión.
(ii) Al Juzgado Tercero Laboral del Circuito Judicial de Santa Marta y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Laboral, en la medida que para
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el asunto del señor Manuel de Jesús de Armas Pinillo, Exp. 47001-23-33-000-
2021-00046-02, se pronunciaron en la demanda ordinaria con Rad. 47001-31-05-
003-2015-00164-00.
En resumen, dichas autoridades intervinieron en el reconocimiento pensional de que
fueron finalmente beneficiarios los mentados tutelantes y que, con posterioridad,
Colpensiones demandó en lesividad sus propios actos administrativos y por esa
razón se ordenó su vinculación en calidad de terceros con interés en la decisión que
se adopte en el presente asunto.
Finalmente, con auto de 24 de enero de 2024, en virtud del análisis de los
expedientes ordinarios y memoriales allegados, se ordenó:
(i) Vincular a la Universidad Francisco de Paula Santander y al FOMAG
comoquiera que comparecieron en los procesos adelantados por
Colpensiones en contra del señor Hernán Gómez Hernández y Laureano
Germán Valencia Arboleda, respectivamente.
(ii) Tener como dirección de notificaciones del señor Laureano Germán
Valencia Arboleda el correo valencia@hotmail.com y,
(iii) Requirió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que precisara
sobre su contestación comoquiera que allegó dos contestaciones, ambas
por conducto de la coordinadora del Grupo de Tutelas de la Subdirección
Jurídica, en las cuales responde de manera distinta13.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes, tal como se verifica en los índices
pertinentes del aplicativo Samai, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez
Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela porque el asunto no reviste
relevancia constitucional dado que este excepcional mecanismo de protección de
derechos fundamentales no es una instancia adicional para controvertir asuntos de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial, porque para ello
existen los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos en la ley.
Explicó que según la jurisprudencia del máximo órgano de cierre constitucional, es
evidente que la sentencia acusada dictada en su proceso con radicado interno 2018-
00756, no puede ser revocada por una acción de tutela dado que se pretende ahora
en sede constitucional discutir nada más ni nada menos que la correcta aplicación
de una norma procesal, concretamente el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 que
en su inciso segundo señaló:
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.
Luego resaltó que en el presente trámite se cuestiona la providencia que aplicó la
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En un primer escrito adujo que coadyuva la solicitud elevada por Colpensiones, mientras que en
informe posterior solicitó la improcedencia de la acción de tutela.
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anterior disposición, so pretexto del desconocimiento de los derechos
fundamentales de igualdad, acceso a la administración de justicia y al debido
proceso de la accionante, pero que esos argumentos carecen del más mínimo
sustento, y paso a explicar su dicho así:
El inciso segundo en forma diáfana precisa que esta norma es aplicable a los
procesos que se encuentran en curso, es decir, que esa disposición «se halla en
vigor y por lo mismo es de obligatoria aplicación, como lo precisó el Consejo de
Estado».
En otras palabras, para el proceso que se hallaba en trámite de segunda instancia
en la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, resulta perfectamente
aplicable el inciso 2º del artículo 86 a que se viene aludiendo, dado que el artículo
95 dispuso la vigencia de la Ley 2381 de 2024 «a partir de su sanción». Para el
presente evento, debe entenderse «desde la promulgación», como lo precisó la
Corte Constitucional en la sentencia C-957 de 1997.
Refirió que, si bien el artículo 94 de la ley hizo referencia a la vigencia, para advertir
que entrará en vigor el 1. ° de julio de 2025, ello lo fue puntualmente del Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, esto
es, del sistema de pilares definido en el artículo 1. ° del mismo compendio.
Sobre el punto explicó que no puede perderse de vista que la multicitada ley fue
publicada en el Diario Oficial 52.819 del 16 de julio de 2024 y tampoco pueden
desatenderse las reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes previstas
por la Ley 153 de 1887, en particular (i) prevalencia de la ley posterior sobre la
anterior (art. 2); (ii) las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley
nueva que las anule o cercene (art. 17); y (iii) el efecto inmediato de las normas de
orden público (art. 18).
Recordó que la retroactividad, corresponde a la prohibición de aplicar la nueva
norma a una situación que se consolidó con anterioridad a su entrada en vigencia,
lo cual no corresponde al supuesto de un proceso en curso en segunda instancia;
mientras que la retrospectividad, es la consecuencia normal del efecto general e
inmediato de la ley que se aplica a situaciones que si bien nacieron antes de su
entrada en vigencia, aún no se han cumplido todos los supuestos para que se
consolide el derecho discutido en cabeza de persona alguna.
En otras palabras, a su juicio, de manera alguna se evidencia que el criterio
adoptado por la autoridad judicial accionada desatienda el mandato previsto en el
artículo 58 de la Constitución Política de irretroactividad de las leyes, ni la
orientación reiterada de la Corte Constitucional sobre el tema de la vigencia de las
leyes en el tiempo, teniendo en cuenta que la protección superior corresponde a los
derechos adquiridos con justo título, que por lo mismo, no pueden ser desconocidos,
ni vulnerados por leyes posteriores, supuesto fáctico que no corresponde al que se
estudia, pues se trata de una norma de procedimiento que se impone aplicar en un
medio de control donde no existe situación consolidada porque no existía sentencia
en firme, pues se estaba resolviendo un recurso de apelación frente al fallo de
primera instancia al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
por la modalidad de lesividad.
Sobre este punto, consideró ilustrativo por la analogía citar la sentencia C-619 de
2001 así:
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Dado que el proceso es una situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad
de los procedimientos son de aplicación general inmediata. Todo proceso debe
ser considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo
final es la definición de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en
sí mismo no se erige como una situación consolidada sino como una situación
en curso. Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los
procesos en trámite tan pronto entran en vigor, sin perjuicio de que aquellos actos
procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean
respetados y queden en firme.
Estimó que, desconocer la vigencia del artículo 86 de la Ley 2381 de 2014, llevaría
al supuesto del inciso tercero de la misma, para habilitar el recurso extraordinario
contra la sentencia que resolvió de fondo respecto del control de legalidad de un
acto administrativo que contiene un derecho reconocido hace más de 5 años, para
su caso la Resolución 02119 de 25 de enero de 2012, y desatendería a la tutela
judicial efectiva.
En resumen, afirmó que la providencia cuestionada no surgió del arbitrio o capricho
del ponente de la sentencia accionada, sino que fue el resultado del estudio
ponderado y juicioso del expediente y de las normas aplicables al caso concreto,
que llevaron a los integrantes de la Subsección a respaldar el proyecto presentado
y declarar probada la excepción de caducidad, sin ninguna observación.
Bajo la anterior argumentación indicó que el análisis del Consejo de Estado no solo
se respalda en el simple texto de las normas, sino que corresponde a la reiterada
jurisprudencia de la Corporación, así como de la Corte Constitucional que preserva
derechos fundamentales relativos a los derechos adquiridos, a la confianza legítima,
la buena fe y, por ende, el debido proceso y respeto por las instituciones judiciales
y sus correspondientes fallos.
Aseveró que en su caso el reconocimiento pensional se hizo en el año 2012, con
fundamento en las cotizaciones realizadas durante más de 40 años, como lo reflejó
su historia laboral y que Colpensiones promovió lesividad en 2018, es decir, más de
5 años después del reconocimiento, por tanto, para esa última fecha ya había
operado el fenómeno de la caducidad de la acción para la entidad, como lo declaró
la sentencia de la Corporación.
Con base en lo expuesto concluyó que no existe el alegado defecto material o
sustantivo pues la autoridad judicial observó las normas legales y constitucionales
aplicables al caso concreto, en la medida en que no existe inadvertencia, aplicación
indebida, error grave en su interpretación o desconocimiento del alcance de las
sentencias con efectos erga omnes.
En otras palabras, la sentencia cuestionada en el presente trámite no incurrió en
ninguno de los defectos señalados anteriormente, pues el Consejo de Estado actuó
en el marco de su competencia; respetó el procedimiento previsto para la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho y la decisión que llevó a declarar la
caducidad de la acción se fundamenta en las normas aplicables y en las pruebas
allegadas al expediente, dado que, para la fecha en que se promovió la acción
judicial, ya habían transcurrido más de cinco (5) años, desde que se emitió el acto
administrativo de reconocimiento de mi derecho pensional.
En esas condiciones, solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque a su
juicio la accionante, argumentando el desconocimiento de los derechos
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fundamentales, pretende generar una tercera instancia, al encontrarse inconforme
con la decisión emitida, luego entonces, ese actuar es inadmisible con los términos
del artículo 86 de la Constitución que prevé el carácter subsidiario y residual de tal
herramienta y por ende, como sólo procede en casos excepcionales, no puede ser
utilizada para generar debate respecto de circunstancias que ya fueron
controvertidas en debida forma a lo largo de la litis, de hacerlo se afectaría la
seguridad jurídica y el debido Proceso, pilar de la sociedad.
Enfatizó que Colpensiones no puede pretender que el juez constitucional
desnaturalice la acción de tutela para convertirla en un mecanismo alternativo o
paralelo, al ocuparse de estudiar aspectos debatidos en la sede del proceso
contencioso administrativo.
Finalmente manifestó:
Respetuosamente, debo insistir en que, el hecho de que la accionante no comparta
los argumentos jurídicos expuestos en la providencia cuestionada, no representa la
ocurrencia de ninguna de las causales genéricas ya expuestas, única posibilidad
para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, tal y como lo ha
reiterado el Máximo Tribunal Constitucional.
En conclusión, la Administradora, so pretexto de hacer imperar su personal criterio,
no se encuentra facultada para desconocer la naturaleza subsidiaria y residual de
la acción prevista por el artículo 86 de la Constitución Política.
1.6.2. Emiro Rafael Herrera Martínez
Adujo que acatará cualquier decisión que se profiera en el presente asunto.
Luego, frente a su caso en concreto narró que a través de Resolución 565 del 23 de
abril de 2002 el extinto ISS concedió a su favor una pensión de jubilación, a partir
del 18 de mayo de 1998, fijando la cuantía de la prestación por valor de $203.826,
en cumplimiento del fallo proferido el 8 de marzo de 2002 por el Juzgado Laboral
del Circuito Judicial de Sincelejo, no obstante, con la Resolución 1203 del 26 de
junio de 2002 le fue reliquidada en $1.609.270 efectiva a partir del 24 de junio de
1998, y que dicho ajuste se realizó acorde con los salarios que devengó.
Señalado lo anterior, precisó sobre la caducidad para recordar que es un fenómeno
cuya ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio establecido para
ejercer las acciones ante la jurisdicción y que el tiempo depende del origen que la
provoca.
Indicó que si bien el artículo 164, numeral 1.° literal c del CPACA había previsto que
cuando se controvirtieran actos que reconocieron o negaron total o parcialmente
prestaciones periódicas, se podrían demandar en cualquier tiempo, lo cierto es que
la Ley 2381 de 2024 estableció que las acciones administrativas y contencioso
administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a partir de la
concesión de la prestación y que transcurrido este plazo, se aplicará la caducidad,
salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de algún delito en
la obtención del derecho, supuesto último que no se presenta en su caso. En
resumen, en su asunto de conformidad con la nueva disposición procesal que rige
operó el fenómeno de la caducidad.
14
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1.6.3. Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías - Colfondos S.A.
Por conducto de apoderado allegó escrito en el cual solicitó declarar improcedente
la acción de tutela bajo la siguiente afirmación:
COLPENSIONES hoy presenta esta acción de tutela la cual debe declararse como
improcedente en virtud de que no le asiste razón alguna con respecto a la vulneración
de los derechos fundamentales invocados. La entidad COLPENSIONES tenía y
utilizó los mecanismos legales correspondientes como son las acciones de nulidades
y restablecimiento del derecho para probar sus tesis dentro del proceso judicial bajo
radicado No 47001233300020210004600 situación que no fue favorable para sus
intereses. Ahora pretende mediante esa acción de tutela revivir términos que fueron
declarados precluidos. De permitir reactivar dichos términos en efecto si
estuviéramos ante una vulneración inmediata a los derechos de defensa y
contradicción, debido proceso y acceso a la justicia.
Explicó que en lo que respecta al asunto que involucra la entidad Colpensiones
actúa de manera desobligante al querer escapar de su deber y obligación al dar
cumplimiento a lo ordenado en sentencia proferida por un Juez de la República,
después de haberse tramitado todas las etapas procesales, donde obtuvo un fallo
desfavorable para sus intereses.
Narró que inicialmente su reconocimiento pensional fue conocido por la Jurisdicción
Ordinaria Laboral, de conformidad al artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social, toda vez que se trató de un conflicto suscitado entre
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) adscritas al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones (SGSSP), y que hoy de manera astuta Colpensiones
pretende, a sabiendas que fue vencida en una demanda ordinaria laboral, reabrir un
trámite procesal por su deficiente defensa técnica al no haber solicitado en ese
trámite la comparecencia de Colfondos S.A.
Con todo, Colfondos explicó frente al proceso que lo involucra que el dictamen
339414 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena es
del año 2014 y que el señor Manuel de Jesús de Armas Pinillo desde el 2 de junio
del año 2009 había tramitado su trasladado y afiliación a Colpensiones, entonces
en aplicación del precedente jurisprudencial de la Sentencia SL5183-2021
Radicación 73816 de 8 de septiembre de 2021, es ineluctable concluir que
Colpensiones debe seguir reconociendo la pensión de invalidez, máxime si ya fue
oída y vencida en un proceso judicial .
Enfatizó que Colpensiones al iniciar el proceso por nulidad y restablecimiento de
derecho en la modalidad de lesividad pretendía volver a zanjar toda la discusión que
se dio dentro del proceso ordinario laboral y que, pese a esto, se encontró
nuevamente con un fallo desfavorable a sus intereses en la medida que el Consejo
de Estado ha declaró la caducidad de la acción «la cual es totalmente procedente.
En tal virtud no hay lugar a que se profiera una orden que deje sin efectos lo
determinado lo dicha entidad».
1.6.4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Por conducto de la coordinadora del Grupo de Tutelas de la Subdirección Jurídica
de dicha cartera allegó un primer escrito14 en el cual adujo que los argumentos
14
De fecha 22 de noviembre de 2024.
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presentados por la parte tutelante eran acertados, realizó un resumen de los mismos
y, finalmente, indicó que coadyuvaba la solicitud elevada por Colpensiones porque
las 6 sentencias acusadas vulneran el principio de la sostenibilidad financiera al
aplicar en los procesos activos una fecha de caducidad de una norma que aún no
se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico.
No obstante, en un segundo informe15 solicitó la «IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA FRENTE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO», en la medida que el ministerio no ha vulnerado, ni por acción u omisión,
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como al principio de sostenibilidad financiera del
accionante; tampoco es la entidad competente para dar trámite con lo solicitado en
el escrito de tutela. Con base en lo anterior, pidió su desvinculación del presente
trámite porque no fue parte en los procesos objeto de la acción de tutela adelantada
por Colpensiones.
Finalmente, en un tercer informe16 allegado en respuesta a lo requerido en el auto
de 24 de enero de 2024 precisó: «el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reitera
la posición contenida en el oficio de respuesta 2-2024-062401 del 22 de noviembre
de 2024, que corresponde a la Coadyuvancia respecto a la acción de tutela
presentada por Colpensiones».
1.6.5. Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP
El gerente de Defensa Judicial de la entidad allegó informe en el cual solicitó la
desvinculación de la entidad dado que la pretensión de la acción constitucional está
dirigida exclusivamente en contra de las sentencias proferidas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda de 2 de octubre de 2024 y no en contra de la UGPP.
1.6.6. Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Sincelejo (Sucre)
Adujo que una vez revisado el listado de procesos físicos archivados pudo constatar
la existencia del expediente ordinario laboral con radicado 700013105002-2001-
00099-00 en el cual fue parte procesal el señor Emiro Rafael Herrera Martínez como
demandante y demandado el extinto ISS Seccional Sucre –hoy Colpensiones,
trámite en el cual se pretendió el reconocimiento y pago de una pensión por ser
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y se declaró la compatibilidad de la pensión reconocida de origen convencional
por parte de su patrono (Electrificadora de Sucre S.A.) y la pensión de vejez
reconocida por el ISS para a su vez obtener el pago del correspondiente retroactivo
pensional.
Informó que dentro del referido proceso, se profirió sentencia condenatoria el 8 de
marzo de 2002 a favor del señor Emiro Rafael Herrera Martínez en la que se
concluyó que sí era beneficiario del régimen de transición y cumplía los requisitos
legales previstos en el Acuerdo 049 de 1990 para hacerse acreedor a la pensión de
vejez, además que la misma era compatible con la pensión convencional que
previamente le había reconocido la Electrificadora de Sucre S.A., por lo que
15
Allegado el 12 de diciembre de 2024.
16
De 3 de febrero de 2024.
16
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condenó al ISS a reconocer la pensión de vejez de carácter legal a partir del 25 de
junio de 1998 en cuantía igual al salario mínimo legal mensual vigente, al no haberse
acreditado una cuantía superior a ésta, y condenó al pago de retroactivo pensional
causado a partir del 16 de mayo de 1998 y hasta febrero de 2002.
Con base en el resumen procesal expuesto afirmó que el despacho judicial no
atentó contra los derechos fundamentales deprecados por la entidad accionante,
por lo que se solicitó ser desvinculado o declarar la improcedencia de la presente
acción de tutela.
1.6.7. Juzgado Tercero Laboral del Circuito Judicial de Santa Marta –
(Magdalena)
Realizó un recuento del proceso 47-001-31-05-003-2015-00164-00 en el que fungió
como actor el señor Manuel de Jesús de Armas Pinillos y como demandada
Colpensiones, el cual culminó con sentencia favorable17. Refirió que con
posterioridad se adelantó el correspondiente proceso ejecutivo y para el 20 de
febrero de 2018, se decretó la terminación del proceso, se ordenó entregar al
apoderado del demandante la suma de $28.161.625 por concepto de costas, el
levantamiento de las medidas cautelares decretadas y se archivó del expediente.
Indicó que al proceso de marras se le impartió el trámite correspondiente donde
fueron resueltas todas las solicitudes presentadas por las partes y que las
decisiones se dictaron con fundamento en las sentencias que sirvieron de título
ejecutivo y en las providencias proferidas por su superior, luego «todo lo que se
evidencia es que no se ha desconocido derecho fundamental alguno a la parte
actora, por lo que debe ser despachada desfavorablemente la acción constitucional
presentada».
1.6.8. Tribunal Administrativo del Magdalena
Refirió el trámite impartido a la demanda presentada por el señor Manuel de Jesús
de Armas Pinillos contra Colpensiones al cual se le asignó el radicado 47-001-2333-
000-2021-00046-00.
Resumió el problema jurídico abordado y precisó que, aunque Colpensiones insistía
en que no era la entidad responsable de asumir la prestación del demandado, en
atención a que a la fecha de la estructuración de la invalidez, éste se encontraba
aún afiliado a la AFP Colfondos; dicho argumento fue desestimado por la Sala, toda
17
PRIMERO: DECLARAR que el demandante MANUEL DE JESÚS DE ARMAS PINILLOS, tiene
derecho al reconocimiento y pago de pensión de invalidez, a partir e inclusive del 06 de julio de 2009
y hasta que el derecho subsista, en cuantía inicial de $1.441.579 a cargo de la demandada
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLEPNSIONES de acuerdo a lo anunciado
en la parte considerativa de la presente providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES a reconocer y pagar a MANUEL DE JESÚS DE ARMAS PINILLOS, retroactivo
pensional al que se ha hecho mención en la parte motiva de esta sentencia que desde el 06 de Julio
de 2009, hasta el 30 de Septiembre de 2014 asciende a la suma de CIENTO VEINTE MILLONES
NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($120.920.496,oo).
TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES, a reconocer y pagar al demandante MANUEL DE JESÚS DE ARMAS PINILLOS
intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, liquidados de acuerdo a
la formula anunciada desde e inclusive el 06 de Julio de 2009 y hasta e inclusive el 30 de septiembre
de 2014.
17
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vez que, al tenor de lo expresado por la Corte Suprema de Justicia, la declaración
en firme de este riesgo tuvo lugar sólo hasta el 13 de febrero de 2014, fecha en la
cual la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, mediante
dictamen 339414 calificó al señor De Armas Pinillos con una pérdida de capacidad
laboral del 52,14%, impidiendo que continuara laborando y dando lugar a amparar
el riesgo de la invalidez; encontrándose así la administradora tutelante a cargo de
financiar la prestación correspondiente.
Finalmente, manifestó que la situación fáctica narrada en la solicitud de tutela
muestra una inconformidad de la accionante con la decisión proferida por el Consejo
de Estado a través del cual se resolvió de forma desfavorable a sus intereses la
apelación de la sentencia emanada de esta Corporación.
1.6.9. Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS)
Por conducto de la jefe de la Oficina Jurídica de la institución educativa indicó que
la decisión del Consejo de Estado de declarar la excepción de caducidad no tiene
incidencia sobre los derechos de la UFPS, ya que la sentencia de primera instancia
dentro del proceso 4001-23-33-000-2017-00634-01, en el cual se debatió sobre la
devolución de un retroactivo pensional a favor del señor Hernán Gómez Hernández
ya resolvió a favor de la Universidad en el sentido de concluir que los dineros le
corresponden a ella como empleadora mas no al empleado. Con base en lo anterior
pidió ser desvinculada del presente trámite constitucional.
De otra parte, adujo que la sentencia dictada debe ser respetada por todas las
partes, incluyendo a Colpensiones y que la acción de tutela no es un mecanismo
válido para lograr una instancia adicional «ya que la tutela no es un recurso ordinario
ni extraordinario de revisión».
CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de
conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Solicitudes de desvinculación
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito Judicial de Sincelejo (Sucre) pidieron ser desvinculados por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida que la tutela no se dirigió contra
sus actuaciones sino contra providencias emitidas por el Consejo de Estado.
No obstante, tales peticiones serán denegadas por cuanto su vinculación obedeció
a que fueron identificadas dentro de las demandadas ordinarias y en la acción
constitucional de la referencia, así que más allá de la responsabilidad o no que les
asista era necesario que pudieran ejercer su derecho de defensa.
18
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2.2.2. Solicitud de Coadyuvancia
La figura de la coadyuvancia en la acción de tutela está expresamente señalada en
el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, en el cual se indica:
ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante
del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud.18
Adicionalmente, en el Auto 053 de 2017, la Corte Constitucional refirió que la
coadyuvancia es una entidad jurídica establecida en el artículo 71 del Código
General del Proceso, en el cual se señala:
Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se
extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha
parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras
no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia.
El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento
de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que
ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición
del derecho en litigio”.
Sobre la coadyuvancia en la acción de tutela, se resalta que dicha figura está
expresamente reconocida en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, este contempla
que: ‘quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en
él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud’.
Para actuar como coadyuvante en el trámite de una tutela, la jurisprudencia ha
interpretado que la disposición antes transcrita contiene solo una exigencia,
demostrar un interés legítimo en el resultado del proceso. Luego, si el juez de tutela
acreditó el interés del tercero o terceros intervinientes para actuar dentro del proceso,
se les debe permitir su vinculación sin que para el efecto se señale una forma
19
específica para hacerlo.
En ese sentido, se evidencia que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
presenta interés en este asunto tutelar en la medida que afirmó que de aplicarse el
fenómeno de la caducidad del artículo 86 de la Ley 2381 de 2014 a todos los asuntos
en los que se debate el reconocimiento de pensiones irregulares puede vulnerar el
principio de la sostenibilidad financiera.
Al respecto, se aclara que la figura de la coadyuvancia únicamente faculta al tercero
con interés a efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en
cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho
en litigio.
18
Énfasis propio.
19
Destacado de la Sala.
19
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por Colpensiones, por parte
de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como autoridad
judicial accionada, con ocasión de las sentencias proferidas en segunda instancia
el 2 de octubre de 2024 en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho,
en la modalidad de lesividad, con radicación interna 3034-202420, 1397-202321,
2406-202222, 3419-202323, 3969-202324 y 3134-2022.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia
constitucional y, de encontrarse superado, junto con los demás; (iii) el caso
concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201225
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema26.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales27.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201428, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
20
54001-23-33-000-2017-00634-01
21
66001-23-33-000-2021-00041-01
22
70001-23-33-000-2018-00255-01
23
47001-23-33-000-2021-00046-02
24
25000-23-42-000-2018-00756-01
25
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
26
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
27
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
28
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
20
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2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
destacar que si bien en la sentencia de 12 de agosto de 2021 esta sección realizó
un pronunciamiento somero de este requisito, particularmente porque la decisión se
sustentó principalmente a la luz de la subsidiariedad, en la actualidad se debe tener
en cuenta el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, que
establece pautas más rigurosas para la procedencia de la acción constitucional, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.29
Por su parte, esta sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201430, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia31.
Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En términos generales se debe enfatizar que en materia de tutelas contra
providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe
29
Énfasis de la sala.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
31
Énfasis de la sala.
21
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basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos
por la parte actora dentro del trámite de tutela, ya que de no hacerlo, se atentaría
contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera instancia.
Además, que si bien la tutela puede ser procedente para controvertir decisiones de
cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones de cierre, también es importante
resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial énfasis en la
carga argumentativa que se debe tener cuando se pretenda dejar sin efectos una
decisión de la Sección que la Constitución Política32 y la Ley33 determinaron como
suprema autoridad en la materia, lesión que se podría sintetizar en una actuación
«arbitraria o violatoria de derechos fundamentales34».
Pues bien, para el sub examine la Sección Quinta adelanta que no avizora en las 6
sentencias dictadas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A un
actuar arbitrario ni caprichoso que amerite la necesidad de intervención del juez de
tutela, en la medida que pese a que Colpensiones invocó la vulneración de
preceptos constitucionales, esa argumentación no satisface la carga ius
fundamental requerida por lo siguiente:
Resulta pertinente recordar que los cargos de la solicitud de amparo se podrían
resumir en la oposición que tiene Colpensiones frente a la forma como la autoridad
judicial accionada se eximió de abordar el fondo de las 6 controversias planteadas
al considerar que en todos los asuntos había caducado la acción contenciosa de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
En síntesis, la parte tutelante adujo que se incurrió en un (i) defecto sustantivo
porque aplicó una norma que no ha entrado a regir, lo que conlleva al (ii)
desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales sobre el momento en que
entra en vigor una disposición legal y, que ese actuar (iii) viola las garantías
constitucionales.
Ahora, tras la lectura de las providencias reprochadas se puede evidenciar que la
autoridad judicial accionada señaló en primer lugar que la caducidad es el fenómeno
jurídico que extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de
un derecho en sede judicial cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un
32
«Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal
supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]»
(Énfasis de la Sala)
33
Ver Ley 270 de 1996: «Artículo 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. Modificado por el Artículo
9 de la Ley 1285 de 2009. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la
misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (Énfasis de
la Sala)
34
Ver al respecto SU-573 de 2019: «Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios». (Énfasis de la Sala)
22
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medio de control u otro mecanismo previsto en la ley. Explicó que esos términos
preclusivos constituyen un presupuesto procesal en desarrollo del principio de
seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.
En segundo lugar, reconoció que, en principio, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 164 numeral 1 literal
c), dispuso que la demanda contra actos administrativos que reconozcan o nieguen
total o parcialmente prestaciones periódicas podrían presentarse en cualquier
tiempo.
En tercer lugar, hizo hincapié en que, el artículo 86 de la Ley 2381 de 16 de julio de
2024, «Por la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la
Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones», dispuso
un término de 5 años computados desde el acto de reconocimiento para interponer
las acciones administrativas y contencioso administrativas en materia pensional.
Asimismo, destacó que para el momento de dictar sentencia de segunda instancia
debía aplicar dicha disposición de carácter procesal y de orden público y subrayó la
disposición del inciso segundo del artículo 86 que así lo previó:
«Artículo 86. Término para Ejercer Acciones Administrativas y Contencioso
Administrativas Respecto de las Pensiones Reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles
del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5)
años a partir de la vigencia de esta ley.»35
De esta manera la autoridad judicial accionada precisó la norma aplicable al caso
(Ley 2381 de 2024) y, justamente, frente a la vigencia de la ley que constituye el
pilar de la inconformidad de Colpensiones, la Sala logra evidenciar que lejos de
tomarse una decisión arbitraria, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en virtud del principio de autonomía judicial motivó porque era a partir de
su publicación (16 de julio de 2024) mas no aquella que pretende hacer imperar
Colpensiones al citar la expresión ¨empezará a regir a partir del 1° de julio de 2025¨
del artículo 94 ibidem, en la medida que esta disposición cobija lo concerniente al
Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen
común.
Para evidenciar lo anterior la Sección trascribe el siguiente texto el cual fue incluido
en todas las sentencias acusadas:
Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
35
Destacado de la autoridad judicial accionada.
23
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conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1° de julio de
2025.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.
Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:
Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento pensional,
la administración presentara una demanda contra el pensionado, ¿estaría obligado
el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha entrado en vigencia?.
Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que
no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas. No tendría sentido
entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta el 1° de julio de
2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara en este
momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la contabilización
se debe realizar desde la concesión de la prestación.”
En este orden de ideas, esta colegiatura considera que si bien la parte actora intenta
exponer las razones por las cuales considera que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en su condición de alta corte, incurrió en una
vulneración, ello no se hizo en contraste con una «arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales» o en «una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales», por lo que en realidad lo que se evidencia en una mera
inconformidad con los dispuesto por el ad quem.
Sobre el punto se recuerda que, constituye un deber para los accionantes exponer
con suficiencia los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras de sus
derechos fundamentales sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas contra
providencias judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los
jueces constitucionales un estudio más riguroso de la materia, lo cual se acentúa
cuando el proveído proviene de una alta corte.
Así las cosas, se tiene que los reproches de Colpensiones no evidencian la
vulneración de derechos fundamentales en la medida que se finca en el desacuerdo
frente a la interpretación que sobre la caducidad realizó la autoridad judicial
accionada y, por el contrario, se debe tener en cuenta que la decisión final surgió
de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en
concordancia del inciso 2º del artículo 187 del CPACA, en el sentido de resolver
sobre cualquier excepción que se encuentre probada.
Por todo lo anterior, sin dar lugar a mayores disquisiciones, es evidente que la
controversia planteada no satisface el requisito de relevancia constitucional, debido
a que, no se aludieron argumentos que trasciendan de un debate meramente legal
a una perspectiva constitucional, que sustenten la inconformidad frente a una
providencia judicial que adoptó una decisión en un sentido que no favorece los
actuales intereses de la parte actora.
24
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En este sentido, para esta sección, resulta claro que la controversia es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»36.
2.6. Conclusión
Así las cosas, se declarará improcedente el mecanismo constitucional de la
referencia por falta de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP y del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de
Sincelejo – Sucre.
SEGUNDO: TENER en calidad de coadyuvante, en el asunto de la referencia, al
Ministerio de Hacienda y Crédito público.
TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por Colpensiones.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
36
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
25
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06094-00
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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