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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00634-01

Fecha
2 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2017-00634-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En su lugar, se declara probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2017-00634-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

2 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2017-00634-01 (3034-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Hernán Gómez Hernández

Temas: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de caducidad
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra
la sentencia proferida el veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

Colpensiones instauró demanda contra Hernán Gómez Hernández en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
bajo la modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resolución 102056 del 13 de junio de 2011, a través
de la cual se reconoció una pensión de vejez al señor Hernán Gómez Hernández,
sin tener en cuenta que se trataba de una pensión de carácter compartido y que el
retroactivo debió ser girado a favor del empleador y no del pensionado.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene la devolución de la diferencia de
lo pagado por el reconocimiento de la pensión de vejez y el pago del retroactivo, ya
que no se tuvo en cuenta la compartibilidad pensional.

1 Folios 7 a 17.

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Radicado: 54001-23-33-000-2017-00634-01 (3034-2024)

HECHOS
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la Universidad Francisco de Paula Santander a través de Resolución 0563 del
28 de junio de 2010 otorgó una pensión de jubilación al señor Gómez Hernández

Que por Resolución 102056 del 13 de junio de 2011 el ISS reconoció una pensión
de vejez a partir del 1 de febrero de 2011, generando un retroactivo por valor de
$13.488.304. En este acto administrativo no se tuvo en cuenta que como el afiliado
ya disfrutaba de una pensión reconocida por su empleador, la prestación de vejez
debía concederse con carácter compartido y el retroactivo debía ser girado a favor
del empleador.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, Decreto 813 de 1994 y
Decreto 785 de 1990.

Sostuvo que el reconocimiento pensional se realizó sin tener en cuenta que se trata
de una prestación de carácter compartido y que el retroactivo debió ser girado a
favor del empleador y no a favor del pensionado.

Que el retroactivo que resulte del reconocimiento de la pensión, corresponde al
empleador, como quiera que lo que se presenta es un pago anticipado de la pensión
de vejez a cargo de Colpensiones por parte de la entidad, que para no causarle un
perjuicio al trabajador, continúa sufragando el valor total de la prestación cuando ya
no está a su cargo integralmente, por haber operado la subrogación por parte de
Colpensiones.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 15 de febrero de 2018 y notificada al demandado quien
se opuso a las pretensiones. Para ello indicó que debido al compromiso que tenía
con la universidad, el valor del retroactivo le fue entregado a esta mediante cheque
de gerencia del Banco Bogotá, lo cual se encuentra acreditado con la certificación
emitida por la tesorera del ente universitario.

Que no es su responsabilidad si Colpensiones no vinculó a la Universidad Francisco
de Paula Santander como responsable de alguna cuota parte en relación con la
pensión debatida, por tanto, tal omisión no le puede ser imputable al pensionado,
quien sí tiene derecho a recibir la prestación al haber cotizado durante toda su vida
laboral en debida forma para adquirir el derecho.

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Radicado: 54001-23-33-000-2017-00634-01 (3034-2024)

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander,2 accedió parcialmente a las
pretensiones bajo el argumento de que no es ajustado a derecho que el ISS hubiera
ordenado el pago del retroactivo en favor del pensionado, ya que este pertenece al
empleador quien, al conceder la prestación, continuó cotizando al sistema con la
finalidad de que el trabajador completara los requisitos para el reconocimiento de la
pensión de vejez.

Que entre el ISS y la Universidad Francisco de Paula Santander se debía presentar
una sustitución de la entidad encargada de asumir la obligación pensional, y, por
ende, desde que el ISS comenzara a pagar la pensión, subrogara al empleador en
el pago, quedando a cargo de esta únicamente el mayor valor que resulte, razón
por la cual el retroactivo que se cause pertenece al empleador.

Que no había lugar al restablecimiento pedido por cuanto la demandante no probó
que entre las dos pensiones hubiera alguna diferencia a cargo de la universidad
como empleadora, además, en el expediente se acreditó que el valor girado en favor
del demandado como retroactivo, fue reintegrado a la universidad.

RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandante8 interpuso recurso de apelación en el que manifestó que
si no existe una orden judicial en contra del demandado para la devolución de los
dineros, no habría sustento legal para la exigencia de las mesadas o aportes
pagados en exceso, razón por la cual considera que se debió garantizar el retorno
del dinero en favor de Colpensiones, pues resulta claramente establecido que se
estaba percibiendo una mesada que legalmente no le correspondía.

Que el pago de una prestación generada sin el cumplimiento de los requisitos
legales, atenta contra el principio de estabilidad financiera del Sistema General de
Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 001 de 2005 como una obligación del
Estado, entendido como el manejo eficiente de los recursos asignados a dicho
sistema con el objetivo de garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la seguridad social, procurando que las decisiones que afecten dicho sistema,
como el reconocimiento de prestaciones, se adopten teniendo en cuenta que está
conformado por recursos limitados, que se distribuyen de acuerdo con las
necesidades de la población, con el objetivo de que los derechos adquiridos se
hagan efectivos.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 17 de junio de 2024 se admitió el recurso. Las partes y el Ministerio Público

2 Índice 44 de SAMAI actuaciones del tribunal.

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guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo 187 del
CPACA, que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que encuentre
probada, incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in pejus), se
analizará la posible existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024.

Marco normativo y jurisprudencial

Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional

La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.

Al respecto, la Corporación ha sostenido:3

La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del
término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin
que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.

El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de acción
y del origen que la provoca.

El artículo 164, numeral 1.° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir actos
que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se podrá
demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a
partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la
caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de
algún delito en la obtención del derecho.

Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23

de septiembre de 2010. Expediente: 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). Demandante: Marco Fidel
Ramírez Yépez y otros

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Radicado: 54001-23-33-000-2017-00634-01 (3034-2024)

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.». (Negrillas para
resaltar)

Sobre la aplicación inmediata la Ley 2381 de 20244 se advierte que fue sancionada
y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección
Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo
señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio de 2025.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.

Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:

Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?

Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que
no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.

No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1.° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.

Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir

4 «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez

y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones»

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Radicado: 54001-23-33-000-2017-00634-01 (3034-2024)

de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 19975.

Resolución del caso concreto

Aclarado el aspecto de la vigencia, corresponde a la Subsección analizar el asunto
en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la ley, pues dicho precepto es
claro al señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el reconocimiento
del derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y fundamentos de la
demanda no estamos ante el supuesto de un derecho obtenido con fraude o con
ocurrencia de algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción establecida en la
disposición citada.

En este caso, la prestación se otorgó por Resolución 102056 del 13 de junio de
2011, es decir la administración tenía hasta el 14 de junio de 2016 para presentar
la demanda, y según la revisión del expediente digital índice 39 actuaciones en
SAMAI, en el tribunal se radicó por el demandante el 25 de septiembre de 2017,
fecha que coincide con el acta de reparto, por lo que se concluye que se inició con
posterioridad a los 5 años de que trata la Ley 2381 de 2024.

En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará probada de oficio la excepción de caducidad.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el
criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando
encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria,
malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual,
se deberá analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme
al inciso 2 del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

5 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos
de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial,
dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
Negrilla para resaltar.

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Radicado: 54001-23-33-000-2017-00634-01 (3034-2024)

De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya
ha venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha
situación a la luz de la normativa vigente.

En el presente caso, pese a que se está revocando la sentencia de primera
instancia, la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CPG 6 y
observando los fundamentos planteados en la demanda y en las demás
actuaciones, concluye que no hay lugar a la condena en costas en ninguna de las
instancias, pues no se advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario,
la parte actora expuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander. En su lugar, se declara probada de oficio la
excepción de caducidad del medio de control, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previo a realizar las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión

6 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.

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