Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00041-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00041-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2021-00041-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
2 de octubre de 2024
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2021-00041-01 (1397-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandada: Adela del Socorro Monroy de Zambrano
Vinculada: UGPP
Temas: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. REVOCA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
Colpensiones instauró demanda contra la señora Adela del Socorro Monroy de
Zambrano y la UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 247228 del 3 de octubre de 2013, a
través de la cual se ordenó el reconocimiento de una pensión vitalicia de vejez a favor
de la señora Monroy de Zambrano, así como de las Resoluciones GNR 197387 del 5
de julio de 2016 y SUB 139755 del 25 de mayo de 2018 mediante las cuales se reliquidó
la prestación.
A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la UGPP reintegrar las
sumas canceladas por concepto del reconocimiento y pago de una pensión de vejez,
retroactivos, mesadas pensionales, y aportes en salud a partir de la fecha de inclusión
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en nómina de pensionados y las que se sigan causando, hasta que cese el pago o se
declare la suspensión provisional, valorado en la suma de $61.721.372.
Pretende la nulidad de los actos administrativos pues considera fueron expedidos sin
ser esa entidad la competente para el reconocimiento de la mesada pensional.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que mediante la Resolución GNR 247228 del 3 de octubre de 2013, Colpensiones
reconoció una pensión de vejez a la actora, bajo los parámetros de la Ley 797 de 2003,
la cual quedó condicionada al retiro definitivo del servicio oficial.
Que por Resoluciones GNR 197387 del 5 de julio de 2016 y SUB139755 del 25 de
mayo de 2018, Colpensiones reliquidó la pensión de vejez.
Que a través de Resolución APDIR 263 del 20 de noviembre de 2018, se solicitó a la
señora Adela del Socorro Monroy de Zambrano, autorización para revocar la
Resolución GNR 247228 del 3 de octubre de 2013 y al no obtenerlo procedió a
presentar la demanda de la referencia.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados los artículos 12 del Decreto 758 de 1990, 33 y 36 de la Ley 100
de 1993, Ley 797 de 2003, Acto legislativo 01 de 2005.
Sostuvo que la competencia frente a los actos administrativos es considerada como un
requisito de su validez, elemento que permite determinar si se ha proferido con las
condiciones (competencia, sujeto, objeto, causa, fin y forma) que establece la ley, so
pena de que posteriormente, con ocasión del control judicial, pueda llegar a ser
declarado nulo.
Que la señora Adela del Socorro Monroy de Zambrano cumplió con el estatus jurídico
de pensionada antes del 1 de julio de 2009 como cotizante activa en Cajanal hoy UGPP,
por lo que Colpensiones no era la competente para conceder la pensión de vejez.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 18 de mayo de 2021 y notificada a los demandados.
La UGPP se opuso a las pretensiones indicando que no tuvo injerencia en la expedición
de los actos, puesto que son derechos que no fueron reconocidos por ella ni fue
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consultada al respecto, por tanto, no es la llamada a soportar las resultas de este
proceso.
Que no le fue entregada por parte de Cajanal la historia laboral de la demandada y de
acuerdo con la ley la competencia para asumir dicha pensión corresponde a
Colpensiones, pues para el 2009 la señora Monroy de Zambrano no se había
pensionado, ni había cumplido requisitos para obtener la prestación económica, la cual
fue reconocida por la entidad demandante el 3 de octubre 2013.
La señora Adela del Socorro Monroy de Zambrano contestó la demanda y expuso
que obró de buena fe, ya que su única actuación ante la administradora de pensiones
ha sido efectuar las cotizaciones al sistema en calidad de trabajadora y posteriormente
solicitarle el reconocimiento de la prestación de vejez y su posterior reliquidación,
siendo la demandante quien ha emitido los respectivos actos administrativos, luego de
hacer el estudio de los derechos que le asisten.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, negó las pretensiones, considerando que el
hecho de que Colpensiones no haya recibido directamente la mayoría de los aportes
pensionales de la señora Monroy de Zambrano, no significa per se, que dicha entidad
quede facultada legalmente para dejar sin prestación mensual a la hoy vinculada, sin
realizar un trámite administrativo previo y con las garantías de un debido proceso según
las reglas vigentes aplicables a este caso concreto.
Que desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera del sistema, la mencionada
prestación obedeció a los aportes efectivamente pagados antes y después de la Ley
100 de 1993, y por el tiempo efectivamente laborado como servidora pública, de
acuerdo con el régimen legal aplicable.
Que si Colpensiones consideraba que carecía de competencia para amparar la
seguridad social en pensiones del cotizante, así debió manifestarlo, proponiendo el
respectivo conflicto de competencia para que la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado lo dirimiera, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de
la Ley 1437 de 2011, pues tal omisión no puede recaer sobre la señora Adela del
Socorro Monroy de Zambrano en desmedro de su derecho pensional adquirido, como
sujeto de especial protección constitucional.
Que debían negarse las súplicas de la demanda, garantizando los derechos de un
sujeto de especial protección que en nada influyó para los desaciertos administrativos
ocurridos al interior de Colpensiones, quedando esta administradora del orden estatal
con todas las herramientas jurídicas y administrativas adecuadas para hacer las
gestiones primarias y proponer, en caso de ser necesario, el conflicto de competencia
a la UGPP.
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Finalmente, que no es la solución más acorde a la justicia social, el dejar desprovista
de pensión a una persona que cotizó al sistema de prima media durante toda su vida
laboral, pues hizo su reclamación pensional a la última entidad a la que cotizó y esta no
informó «no ser la competente» y tampoco remitió los documentos a la entidad que lo
consideraba. No propuso, ni debatió el pago de la prestación respectiva con la UGPP;
y por el contrario, acudió -sin ejercer previamente todos los medios que el ordenamiento
jurídico ha implementado para ello- a este medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para demandar sus propios actos.
RECURSO DE APELACIÓN
Colpensiones reiteró el argumento sobre la falta de competencia formulada en la
demanda razón por la cual insistió en la nulidad de los actos administrativos por
considerar son ilegales al haber sido expedidos sin ser esa entidad obligada a
reconocer la mesada pensional a la parte demandada.
Que corresponde a la UGPP reintegrar las sumas canceladas a la señora Adela del
Socorro de Zambrano por concepto del reconocimiento de la pensión de vejez.
Que el reconocimiento realizado a la demandada quebranta a todas luces el sistema
financiero, puesto que implica el pago de una prestación a favor de una persona que
no acredita todos los requisitos para su reconocimiento lo que afecta gravemente su
capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que sí tienen derecho a
su reconocimiento, vulnerando como consecuencia el principio de progresividad.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 24 de marzo de 2023 se admitió el recurso de apelación, las partes y el señor agente
del ministerio público guardaron silencio.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA,
que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que encuentre probada, incluso
en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in pejus), se analizará la posible
existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Marco normativo y jurisprudencial
Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento pensional
La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
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ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el plazo
señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.
Al respecto, la Corporación ha sostenido:1
La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del término
perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción derivadas de los
actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin que se haya ejercido
el derecho de acción por parte del interesado.
El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de acción y del
origen que la provoca.
El artículo 164, numeral 1.° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir actos
que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se podrá
demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a partir
de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la caducidad,
salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de algún delito en la
obtención del derecho.
Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir
del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a
excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley.». (Negrillas para resaltar)
Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20242 se advierte que fue sancionada
y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección Social
Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en
el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio de 2025.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la norma,
ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se entiende
1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23 de
septiembre de 2010. Expediente: 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). Demandante: Marco Fidel Ramírez
Yépez y otros
2 «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y
muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones»
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que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se realizaron al
aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.
Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a aplicar,
tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera diferido esta
(que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil querido por el
legislador, veamos el siguiente supuesto:
Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?
Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la caducidad
cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que no cumple
con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las situaciones jurídicas
favorables a las personas pensionadas.
No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta el
1.° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara en
este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.
Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se
encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su
promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en
la Sentencia C-957 de 19973.
Resolución del caso concreto
Aclarado el aspecto de la vigencia, corresponde a la Subsección analizar el asunto en
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la ley, pues dicho precepto es claro al
señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el reconocimiento del
derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y fundamentos de la demanda
no estamos ante el supuesto de un derecho obtenido con fraude o con ocurrencia de
algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción establecida en la disposición citada.
En este caso, la prestación se otorgó por Resolución GNR 247228 del 3 de octubre de
2013, es decir la administración tenía hasta el 4 de octubre de 2018 para presentar la
3 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo
que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine una fecha
diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos
legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su
oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.” Negrilla para resaltar.
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demanda, y según índice 18 de SAMAI en actuaciones del tribunal, fue remitida por
correo electrónico el 12 de agosto de 2020 por lo que se concluye que se inició con
posterioridad a los 5 años de que trata la Ley 2381 de 2024.
En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declarará probada de oficio la excepción de caducidad.
Condena en costas: análisis en primera y segunda instancia.
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio
objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual,
en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual, se deberá
analizar la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha situación
a la luz de la normativa vigente.
En el presente caso, pese a que se está revocando la sentencia de primera instancia,
la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CPG4 y observando los
fundamentos planteados en la demanda y en el recurso, concluye que no hay lugar a
la condena en costas en ninguna de las instancias, pues no se advierte carencia de
fundamentación jurídica, por el contrario, la parte actora expuso argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a
pagar las costas de ambas instancias.
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FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda. En su lugar, se declara probada de oficio la excepción de
caducidad del medio de control, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. Se reconoce personería a la abogada Angélica Margoth Cohen Mendoza con
tarjeta profesional 102.786 del CS de la J, representante legal de la empresa Paniagua
& Cohen Abogados SAS, para que defienda los intereses de Colpensiones. Asimismo,
se acepta la sustitución de poder hecha en la abogada Cindy Lorena Canchila Guevara
con tarjeta profesional 237.918 del CS de la J.5
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente en comisión
5 Índice 13 de SAMAI.
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