Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2014-00210-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2014-00210-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 44001-23-40-000-2014-00210-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 44001-23-40-000-2014-00210-01 (73332)
Demandante: Mariel Rodolfo Galiano Cumplido
Demandados: Instituto Nacional de Vías – Invías y otros
Medio de control: Reparación directa
CADUCIDAD EN REPARACIÓN DIRECTA-El término se contabiliza a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL-
Contabilización de términos establecidos en meses o años. SOLICITUD DE CONCILIACIÓN
PREJUDICIAL-Suspende el término de caducidad
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 31 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, mediante la cual se declaró probada la excepción de
caducidad.
SÍNTESIS DEL CASO
Mariel Rodolfo Galiano Cumplido interpuso demanda de reparación directa contra
el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Concesión Santa Marta Paraguachón, el
Departamento de la Guajira y el Municipio de Riohacha-Alcaldía Municipal de
Riohacha, por la presunta falla del servicio en la que habrían incurrido las entidades
al no mantener en buen estado la carretera en donde se presentó el volcamiento de
un vehículo de su propiedad, causándole con ello afectaciones a su patrimonio.
ANTECEDENTES
La demanda
Radicación: 44001-23-40-000-2014-00210-01 (73332)
Demandantes: Mariel Rodolfo Galiano Cumplido
Demandado: Instituto Nacional de Vías – Invías y otros
Medio de control: Reparación directa
El 9 de diciembre de 20141, Mariel Rodolfo Galiano Cumplido presentó demanda
contra el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Concesión Santa Marta
Paraguachón, el Departamento de la Guajira y el Municipio de Riohacha-Alcaldía
Municipal de Riohacha, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas:
1. Sírvase declarar administrativamente responsable de manera solidaria al Instituto
Nacional de Vías (INVIAS), Concesión Santa Marta Paraguachón, Departamento de
la Guajira y la Alcaldía Municipal de Riohacha, en razón al accidente ocasionado el
día 9 de septiembre de 2012 relacionado con el vehículo automotor señalado con
las siguientes características: Marca FORD, Placa TAD-843, Color Rojo y marfil,
Clase Tracto camión, Modelo 1950, Motor TD-100A20216894, Chasis
98EQH40730, de propiedad del señor MARIEL RODOLFO GALIANO CUMPLIDO
2. Que como consecuencia de lo anterior se condene a las entidades demandadas
a pagar solidariamente los perjuicios ocasionados con el accidente del vehículo de
propiedad del señor MARIEL RODOLFO GALIANO CUMPLIDO el cual era
conducido por el señor CARLOS ALFREDO RAMIREZ PARDO, a título de perjuicios
materiales, perjuicios morales, los daños emergentes y lucro cesante de relación
[sic] así:
PERJUICIOS MATERIALES: Por concepto de daño emergente y lucro cesante.
Daño emergente: Se allanen a recuperar los daños sufridos en el vehículo automotor
a fin de seguir con el contrato de viajes de agua potable el cual era el medio de su
sustento del señor y el de su familia.
Lucro cesante: Se allanen a indemnizar al afectado señor MARIEL RODOLFO
GALIANO CUMPLIDO, el valor equivalente en los salarios que ha dejado de percibir
desde el momento del accidente hasta la fecha en que se ordene el pago de la
obligación mediante sentencia proferida por este despacho.
Perjuicios Morales: una suma equivalente a los salarios dejados de percibir durante
el tiempo que se le ocasionó el accidente
3. Que igualmente se declare, que al pagar las sumas líquidas por concepto de
indemnización de perjuicios materiales y otros deberán reajustarse con base en la
variación del índice del precio al consumidor desde la fecha de ocurrencia del hecho
hasta la fecha en que se materialice el pago.
4. Que las demandadas le den cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 192 del C. P. A. C. A.
5. Condenar en costas a la parte demandada.
Hechos
En sustento de sus pretensiones, en la demanda se relataron los hechos que se
compendian así:
1 Folios 2 a 7, c. 1.
2
Radicación: 44001-23-40-000-2014-00210-01 (73332)
Demandantes: Mariel Rodolfo Galiano Cumplido
Demandado: Instituto Nacional de Vías – Invías y otros
Medio de control: Reparación directa
El 9 de septiembre de 2012, a las 10:30 a. m., a la altura del kilómetro 3 de la vía
que conduce de Riohacha a Maicao en el departamento de La Guajira, ocurrió un
accidente de tránsito involucrando un tracto camión marca FORD, modelo 1950, de
color rojo y marfil, con placa TAD-843, de propiedad del señor Mariel Rodolfo
Galiano Cumplido, conducido por el señor Carlos Alfredo Ramírez Pardo. El
automotor era utilizado para ofrecer el servicio de transporte contratado con una
empresa de agua potable, que implicaba la realización de dos viajes diarios desde
la ciudad de Riohacha al municipio de Maicao.
El demandante alega que en el siniestro se produjo el volcamiento de su tracto
camión a causa del mal estado de la carretera, conforme a concepto técnico descrito
en resolución expedida por el Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de
Riohacha (INSTRAM) de fecha 27 de septiembre de 2012 y como se desprendería
de los actos de reparación de la vía en el lugar del accidente –los que se habrían
producido con ocasión de los requerimientos hechos por su parte a las entidades
demandadas–. Del mismo modo, asegura que con este hecho se ha visto
considerablemente afectado porque perdió el medio de sustento para él y su familia.
Contestación de la demanda
El Distrito de Riohacha2 y el Instituto Nacional de Vías (Invías)3 contestaron la
demanda oponiéndose a las pretensiones, con fundamento en que no pesaba sobre
ellos la obligación de mantenimiento y/o reparación de la vía que conduce entre
Riohacha y Maicao en la altura del kilómetro 3, toda vez que se trataba de una vía
nacional concesionada. Por su parte, el Departamento de la Guajira presentó escrito
de contestación4 en donde se opuso a las súplicas de la demanda, afirmando la
inexistencia de un nexo causal porque el volcamiento del tracto camión se había
ocasionado por deficiencias en las condiciones mecánicas del vehículo.
La Concesión Santa Marta Paraguachón SA contestó la demanda5 solicitando
desestimar las pretensiones porque, en su concepto, existió culpa exclusiva de la
víctima debido a fallas mecánicas presentes en el automotor. Manifestó que el
2 Folios 109 a 113, c. 1.
3 Folios 124 a 127, c. 1,
4 Folios 141 a 144, c.1.
5 Folios 170 a 178, c. 1.
3
Radicación: 44001-23-40-000-2014-00210-01 (73332)
Demandantes: Mariel Rodolfo Galiano Cumplido
Demandado: Instituto Nacional de Vías – Invías y otros
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concepto técnico emitido por el Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de
Riohacha era nulo de pleno derecho, por ser una prueba obtenida con violación al
debido proceso y, además, propuso la excepción de caducidad.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), vinculada al proceso por orden de
integración del contradictorio, presentó contestación de la demanda6 alegando que
no puede ser tenida como sujeto pasivo de las pretensiones, porque dentro de sus
competencias y funciones legales no se hallaba el realizar mantenimiento de la vía,
siendo la concesionaria quien ejecutaba directamente los proyectos de
infraestructura vial y quien era la encargada de mantener en buen estado la
carretera.
Axa Colpatria Seguros SA, llamada en garantía por la Concesión Santa Marta
Paraguachón SA, contestó la demanda7 y se opuso a las pretensiones de esta,
argumentando que no se configuró ninguna falla del servicio en cabeza de las
entidades públicas demandadas ni se demostró responsabilidad de la sociedad
concesionaria y que el accidente obedeció a una falla mecánica del vehículo
propiedad del demandante. Asimismo, propuso el medio exceptivo de caducidad de
la acción.
Sentencia de primera instancia
El 31 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de La Guajira profirió sentencia
de primera instancia8 en la que declaró probada la excepción de caducidad. Explicó
que los hechos que fundamentan la interposición del medio de control de reparación
directa ocurrieron el día 9 de septiembre de 2012, por lo que la parte demandante
tenía 2 años a partir del día 10 de septiembre de 2012 para instaurar la demanda,
esto es, hasta el 10 de septiembre de 2014. Advirtió que la constancia de no
conciliación se expidió el 20 de noviembre de 2014 y los 14 días que faltaban para
que operara el término de caducidad se habían reanudado al día siguiente, esto es
el 21 de noviembre de 2014, culminando el 4 de diciembre de 2014. En ese sentido
concluyó que la demanda, al haberse radicado el día 9 de diciembre de 2014, se
interpuso 5 días después de que feneciera el término de 2 años dispuesto en el
6 Folios 514 a 540, c. 2.
7 Folios 259 a 266, c. 1.
8 Folios 903 a 918, c. 2.
4
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numeral 2 literal i del artículo 164 del CPACA, razón por la cual declaró probada la
excepción de caducidad.
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación9 solicitando la revocatoria de la
sentencia de primera instancia. Como fundamento sostuvo que el 9 de septiembre
de 2012 se ocasionó el accidente de tránsito del vehículo automotor objeto de la
demanda; pero que el día siguiente a esa fecha es el que marca el momento inicial
para poder comenzar a presentar “los derechos de peticiones [para el] agotamiento
de la vía gubernativa” frente a “las entidades que presuntamente tienen
responsabilidades de resarcir los daños y perjuicios ocasionados”;
En ese sentido indicó que presentó derecho de petición: i) al Departamento de la
Guajira el 10 de junio de 2014 y su respuesta fue recibida el 7 de julio de 2014; ii) a
la Alcaldía de Riohacha el 10 de junio de 2014 y esta dio respuesta el 7 de julio de
2014; iii) a la Concesión Santa Marta Paraguachón el 13 de junio de 2014, con
respuesta del 8 de julio de 2014 y iv) al Invías el 13 de junio de 2014, entidad que
no contestó, sino que guardó silencio. Con lo anterior, afirmó que el desarrollo de
este trámite “suspende términos de prescripción” y que, específicamente para el
caso del Invías, ni siquiera llegó a operar el fenómeno de la caducidad porque no
contestó el derecho de petición.
Por otro lado, aseguró que la conciliación prejudicial suspende la caducidad por un
total de tres (3) meses, los cuales debieron contabilizarse de forma completa por el
Tribunal de primera instancia. Y adujo que los días restantes, posteriores a la
expedición del acta de no acuerdo conciliatorio, debieron contarse como días
hábiles y no calendario.
Trámite de segunda instancia
El 11 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de La Guajira concedió el recurso
de apelación10. El 23 de enero de 2026 este despacho admitió el recurso11, decisión
9 Samai, índice 113. Primera instancia.
10 Samai, índice 116. Primera instancia.
11 Samai, índice 8.
5
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que se notificó por estado del 29 de enero de 202612. A su turno, dentro del término
de ejecutoria del auto admisorio, Axa Colpatria Seguros SA allegó pronunciamiento
frente al recurso de apelación13 en el que solicitó confirmar en su integridad la
sentencia de primera instancia, explicando que fue acertado el cómputo del término
de caducidad. Asimismo, la parte demandante se pronunció de forma
extemporánea14, los demás intervinientes guardaron silencio y el Ministerio Público
no emitió concepto15.
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 9 de diciembre de 201416, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
I. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando se
demanda la ocurrencia de un daño, cuya causa sea una acción u omisión de una
entidad estatal según el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual
conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
12 Samai, índice 10
13 Samai, índice 14.
14 Samai, índice 15.
15 Samai, índice 16.
16 Folio 7, c. 1.
6
Radicación: 44001-23-40-000-2014-00210-01 (73332)
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instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor
supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $
308.000.00017.
Medio de control procedente
3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo18, en este caso por situaciones
imputables a entidades estatales por causa de supuestas omisiones en el
mantenimiento vial (art. 90 de la CN y art. 140 del CPACA).
Demanda en tiempo
4. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este
presupuesto procesal, por las razones que se pasarán a explicar.
Problema jurídico
5. Corresponde a la Sala determinar si, en el caso bajo examen, operó el fenómeno
preclusivo de la caducidad del término para demandar.
II. Análisis de la Sala
6. La Sala se detiene en el análisis del fenómeno preclusivo de la caducidad del
término para demandar, por constituir el objeto de la apelación. Sin embargo, no
puede perderse de vista que al ser un presupuesto procesal, de configurarse, debe
ser declarada por el juez, incluso de oficio, ya que “por ser de orden público, la
caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los
respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aún en contra de la
17 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2014, $ 616.000, por 500.
18 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
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voluntad de las partes”19.
El artículo 187 del CPACA autoriza al fallador a declarar cualquier hecho exceptivo,
como es justamente la configuración del hecho jurídico de la caducidad del término
para presentar la demanda20, de tal “manera que si en primera instancia se resolvió
sobre la caducidad, bien a petición de parte o de oficio, el superior puede revisarla
también de oficio”21. E, igualmente, incluso si no resulta ser una cuestión tratada en
el recurso de apelación, el juzgador de instancia puede referirse a ella, por cuanto
la caducidad es un fenómeno jurídico de orden público22. En ese sentido, también
“la caducidad debe ser objeto de pronunciamiento judicial oficioso cuando aparezca
establecida dentro de la actuación procesal, aun cuando no se descarta la
posibilidad de que pueda ser declarada a solicitud de parte”23.
7. El fenómeno de caducidad del medio de control se configura cuando vence el
término previsto en la ley para acudir ante los jueces y demandar. Término que,
como ha señalado la jurisprudencia, está concebido para definir un plazo objetivo e
invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante
las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira
ese término perentorio fijado por la ley.
7. 1. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa,
según el artículo 164, numeral 2, literal i del CPACA, es de 2 años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de
su ocurrencia. Este término de caducidad es una norma de orden público –y por
consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 13 del CGP)– de la que no pueden
disponer los jueces ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad
jurídica y el interés general.
Así lo ha resaltado la Corte Constitucional, indicando que la caducidad representa
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 15983.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de 2018, rad. 46005, C.P. Danilo Rojas
Betancourth.
21 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 16, sentencia del 27 de enero de 2023, rad. 11001-03-15-000-
2012-02124-00.
22 Ibíd.
23 Corte Constitucional, sentencia C-574 del 14 de octubre de 1998.
8
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el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado
derecho. Por ende, según la Corte, la actitud negligente de quien estuvo legitimado
en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien,
dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se
verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado24, situación que
no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos.
La Corte también ha destacado que la caducidad no concede derechos subjetivos,
sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su configuración
impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. Ha
señalado igualmente que la caducidad, dado su carácter de orden público, es
irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su
ocurrencia25.
7.2. Cuando se trata del medio de control de reparación directa, el artículo 164,
numeral 2, literal i del CPACA dispuso que el punto de partida para el cómputo del
término de caducidad es el hecho dañoso y fijó el plazo para la interposición de la
demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause.
Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación
administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no
hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se
debe contar desde que tuvo conocimiento de este26.
Así, incluso si los efectos del daño perduran en el tiempo, el conteo del término de
caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde
la fecha en que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño si fue en
fecha posterior27.
Caso concreto
8. Conforme a la demanda, la parte accionante pretende la declaratoria de
responsabilidad de las demandadas, por los perjuicios que asegura haber sufrido a
causa de un accidente de tránsito en una vía que, en su concepto, se encontraba
24 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3.5].
25 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 [fundamento jurídico 4].
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2011, rad. 20.692.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2020, rad. 61.767.
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en mal estado.
8.1. En ese sentido, en la demanda se indica que el accidente de tránsito ocurrió el
día 9 de septiembre de 2012. Hecho que quedó acreditado en este proceso, de
acuerdo con el informe de accidentes de tránsito n.° 1095681, de fecha 9 de
septiembre de 201228, suscrito por el patrullero Jhon Piñeros Rodríguez de la Policía
Nacional. En este documento se describe que el accidente se produjo en el “Km 3
+ 22.50 Mtrs Vía Riohacha – Maicao”, por un impacto contra un poste de energía
por parte del vehículo marca FORD, modelo 1950, de placa TAD-843, conducido
por Carlos Alfredo Ramírez Pardo y cuyo propietario era Mariel Rodolfo Galiano
Cumplido.
8.1. Adicionalmente, se recibió testimonio de la señora Rosa Isabel Lanao Ríos29,
quien declaró haber sido representante legal de Aguas de la Frontera –empresa que
había contratado el servicio de transporte de agua potable con el demandante– así
como cónyuge del señor Mariel Rodolfo Galiano Cumplido, para la época de los
hechos. Conforme a este medio de prueba, el accionante tuvo conocimiento del
accidente de tránsito el mismo día de su ocurrencia e incluso se acercó al lugar de
los hechos:
PREGUNTADA: Señora Rosa, para la fecha del accidente de tránsito sobre el cual
está rindiendo usted de interrogatorio, ¿usted y el señor Mariel ya eran cónyuges?
RESPONDE: Sí, señor. PREGUNTADA: ¿Usted cómo tuvo conocimiento del
accidente de tránsito? RESPONDE: Enseguida, pues lo llamaron a él.
PREGUNTADA: ¿Usted vio el lugar de los hechos? RESPONDE: Fui con él, sí,
señor (..) Vi la batea, sí la vi (…) PREGUNTADA: El vehículo del señor Mariel,
después de ese accidente, ¿en qué estado quedó? RESPONDE: Vuelto nada,
vuelto nada30.
Esta prueba testimonial fue debidamente decretada y practicada en el proceso y su
dicho no se contradice con otros medios de prueba obrantes en el expediente,
además de que no fue objetada ni se observaron inconsistencias en la declaración.
9. En ese orden de ideas, es dable concluir que el mismo día en que ocurrió el
accidente, esto es, el 9 de septiembre de 2012, la parte actora tenía conocimiento
del daño que reclama con la demanda. Momento que la Sala tendrá en cuenta, para
28 Folios 40 a 46, c. 1.
29 Samai, índice 4. En el archivo: 7RECIBEMEMORIAL_Respuesta_PROCESO_440012340000(.rar) NroActua
4
30 Ibidem, minuto 2:00:53 a 2:01:46.
10
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efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control de reparación
directa.
10. En línea con lo anterior –y contrario a la opinión del apelante–, se aclara en
primer lugar que la contabilización del término de caducidad se realiza partiendo de
los días calendario, siguiendo lo indicado en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, pues
se trata de una disposición de carácter general que “hace referencia a todos los
plazos a los que se haga mención legal”31:
Artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo
contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el
último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.
Además, deben cumplirse las reglas dispuestas en el artículo 118 del CGP, que en
su inciso séptimo menciona: “Cuando el término sea de meses o de años, su
vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente
mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo
mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día
hábil siguiente”. Así entonces, se tiene que:
“Los términos establecidos en meses o años, como en el caso de la caducidad de
los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación
directa, respectivamente, deben ser contabilizados en días calendarios o, mejor, en
unidades exactas, ya sea de meses o de años, de tal forma que, en principio, no
deben excluirse los días no hábiles. Sin embargo, cuando aquel término cae en día
no hábil se extiende hasta el primer día hábil siguiente”32.
De manera que, al reanudarse el término de caducidad, luego de superada la etapa
de conciliación prejudicial, debe seguirse la contabilización del tiempo restante en
años y meses como unidades exactas, y días computados según el calendario;
teniendo en cuenta que si el último día es inhábil, el término se extenderá y su
vencimiento ocurrirá en el primer día hábil siguiente. En consecuencia, las
objeciones postuladas por el recurrente frente a esta circunstancia, no están
llamadas a prosperar.
11. Ahora, el término de caducidad puede verse suspendido con la presentación de
la solicitud de conciliación extrajudicial, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de
31 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27 de mayo de 2021, rad. 23455.
32 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 23 de abril de 2015, rad. 2014-04398-00.
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Radicación: 44001-23-40-000-2014-00210-01 (73332)
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2001, vigente para la época de los hechos:
Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el
término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo
conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en
que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que
se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres
(3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.
En particular es necesario resaltar que la norma es clara en señalar el extremo final
de la suspensión de la caducidad cuando ha resultado fallida la conciliación. En ese
sentido, la suspensión termina cuando: (i) han transcurrido tres meses siguientes a
la presentación de la solicitud sin que se haya intentado la audiencia de conciliación
o (ii) se ha expedido constancia de no acuerdo.
Por lo tanto, no es de recibo el argumento del apelante según el cual la solicitud de
conciliación indefectiblemente suspendía por un total de tres meses el fenómeno de
la caducidad; puesto que, si lo que primero ocurre es que se expide constancia de
no acuerdo conciliatorio –como sucedió en el caso bajo estudio–, ese hecho
produce el fin de la suspensión en el término de caducidad.
12. También es importante mencionar que, en el caso que nos convoca, con la
demanda no se pretendió la declaratoria de nulidad de un acto administrativo
particular, sino la responsabilidad extracontractual de las demandadas a causa de
un siniestro vial. Por lo que no se requería la interposición y decisión de los recursos
obligatorios en actuación administrativa, para acceder a instancia judicial, conforme
lo exige el artículo 161 del CPACA.
En ese sentido, no es correcta la apreciación bajo la cual asegura el demandante
que debía primero agotarse “la vía gubernativa” como requisito de procedibilidad en
el medio de control de reparación directa. E igualmente no le asiste razón cuando
señala que, frente al Invías, no ha operado la caducidad de la reparación directa por
la existencia de un silencio administrativo, puesto que, nuevamente, las
pretensiones de la demanda no se encontraban encaminadas a desvirtuar la
presunción de legalidad de acto administrativo alguno. Y, sumado a lo anterior, se
debe también aclarar que la presentación de un derecho de petición no tiene el
efecto de suspender el término de caducidad para la presentación de una demanda
12
Radicación: 44001-23-40-000-2014-00210-01 (73332)
Demandantes: Mariel Rodolfo Galiano Cumplido
Demandado: Instituto Nacional de Vías – Invías y otros
Medio de control: Reparación directa
de reparación directa, como lo supone el recurrente.
13. Así las cosas, para la Sala resulta ostensible que en el caso bajo análisis operó
el fenómeno preclusivo de la caducidad. Pues se tiene que el hecho dañoso ocurrió
el 9 de septiembre de 2012 y la parte accionante tuvo conocimiento del daño
reclamado en ese mismo día. Por lo que el término de dos años de que trata el
artículo 164, numeral 2, literal i del CPACA, en principio, vencía el 10 de septiembre
de 2014; sin embargo, el demandante presentó solicitud de conciliación el 27 de
agosto de 201433, suspendiendo el término hasta el 20 de noviembre de 2014, fecha
en la que se expidió la constancia de no acuerdo34.
Al día siguiente se reanudó el conteo por los 15 días calendario faltantes35; con lo
cual el demandante tenía hasta el 5 de diciembre de 2014 para presentar en tiempo
la acción judicial. No obstante la demanda fue radicada el 9 de diciembre de 2014,
esto es, cuatro días después de que operara el fenómeno preclusivo de la
caducidad. En consecuencia, el medio de control de reparación directa no se
interpuso en tiempo; razón por la cual, la Sala no accederá a las solicitudes hechas
por el recurrente y, en consecuencia, confirmará la sentencia de primera instancia.
Costas
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el Código General del Proceso.
El artículo 361 del CGP establece que las costas «están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las agencias
en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
33 Folio 66, c. 1.
34 Folio 79, c. 1.
35 Contrario a la contabilización efectuada en sentencia de primera instancia, los días faltantes eran 15 y no 14.
Lo anterior, sin embargo, no afecta la declaratoria de caducidad contenida en dicha decisión, conforme a lo
expuesto en el presente fallo.
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Radicación: 44001-23-40-000-2014-00210-01 (73332)
Demandantes: Mariel Rodolfo Galiano Cumplido
Demandado: Instituto Nacional de Vías – Invías y otros
Medio de control: Reparación directa
comprobación». En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4
del artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere.
En atención a lo dispuesto en el Acuerdo n.° 1887 de 2003 del Consejo Superior de
la Judicatura –vigente para la fecha en que se presentó la demanda–, en el artículo
sexto, numeral 3.1.3., para asuntos de segunda instancia con cuantía en materia
contencioso administrativa, en las tarifas de agencias en derecho se deben
computar “hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas
o negadas en la sentencia”. La Sala fijará las agencias en derecho, en la segunda
instancia, que estarán a cargo de la parte demandante en la suma equivalente al
0,1% de las pretensiones negadas, es decir, la suma de quinientos noventa mil
setecientos ochenta pesos ($ 590.780)36, la cual se reconocerá en favor de Axa
Colpatria Seguros SA, por cuanto en esta instancia solo se observó actuación de la
llamada en garantía, al pronunciarse frente al recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, de acuerdo con la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a Mariel Rodolfo Galiano Cumplido, en favor
de Axa Colpatria Seguros SA, y fijar las agencias en derecho de segunda instancia
en la suma de quinientos noventa mil setecientos ochenta pesos ($ 590.780) a cargo
de la parte actora.
36 La parte demandante estimó la cuantía en $ 590.780.000.
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Radicación: 44001-23-40-000-2014-00210-01 (73332)
Demandantes: Mariel Rodolfo Galiano Cumplido
Demandado: Instituto Nacional de Vías – Invías y otros
Medio de control: Reparación directa
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en
el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
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