Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02844-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02844-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-02844-02
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
23 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02844-02 (66542)
Demandante: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Movilidad
Demandado: Fiscalía General de la Nación y Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional
Medio de control: Reparación directa
DAÑO-Elemento esencial constitutivo de la responsabilidad civil y del Estado. DAÑO-Concepto.
DAÑO-Debe ser cierto, personal y directo. CERTEZA DEL DAÑO-Debe ser real y efectivo, no
hipotético.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 13 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá formuló demanda de reparación
directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional, en la que solicita la reparación de presuntos daños patrimoniales
causados o la existencia de un enriquecimiento sin justa causa, como consecuencia
del uso de los servicios de grúas y patios del Distrito para los vehículos puestos a
disposición de la Fiscalía General de la Nación y que han sido depositados por
uniformados de la Policía Nacional con funciones de policía judicial y de tránsito.
ANTECEDENTES
La demanda
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02844-02 (66542)
Demandante: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Movilidad
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otro
Medio de control: Reparación directa
El 9 de diciembre de 20151, el Distrito Capital-Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá presentó demanda contra la Fiscalía General de la Nación y la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional, para que se hicieran las siguientes
declaraciones2:
1. Que se declaren responsables, solidaria y administrativamente a la Fiscalía
General de la Nación y a la Nación, Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de los
perjuicios materiales causados a la Secretaría Distrital de Movilidad por concepto de
los gastos y costos en que ha debido incurrir la Secretaria, con ocasión del uso del
servicio de grúas y patios de los vehículos puestos a disposición de la Fiscalía
General de la Nación, o que han sido depositados por los policías vinculados a la
Policía Nacional con funciones de policía judicial y de tránsito.
2. Que como consecuencia de lo anterior se le ordene a la Fiscalía General de la
Nación y a la Policía Nacional, el retiro inmediato de la totalidad de los vehículos a
sus órdenes y que a la fecha de la sentencia se encuentran en los patios de la
Secretaría Distrital de Movilidad.
3. Que se declare responsable y se ordene a la Fiscalía General de la Nación, a
pagar por concepto de reparación del daño causado, a favor de la Secretaría Distrital
de Movilidad un valor equivalente a más de quinientos treinta y seis millones
setecientos veintiún mil novecientos cincuenta (536.721.950.oo) pesos, por
concepto de vehículos a órdenes de la Fiscalía General de la Nación que fueron
devueltos a sus propietarios o a sus poseedores, con orden de no pago por parte de
los Fiscales.
4. Que se declaren solidaria y administrativamente responsable a la Fiscalía General
de la Nación y a la Policía Nacional respecto de los vehículos que fueron ingresados
a los patios y que a la fecha aún se encuentran allí y que están a disposición de la
Fiscalía General de la Nación por valor de más de once mil setecientos cuarenta y
seis millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos (11.716.654.600.oo)
pesos, y las sumas que por concepto de intereses moratorios se generen hasta la
fecha en que sean retirados éstos de los patios de la Secretaría Distrital de
Movilidad.
5. Que se declaren solidaria y administrativamente responsable a la Fiscalía General
de la Nación y a la Policía Nacional respecto del pago por valor de más de
cuatrocientos millones de pesos (400.000.000.oo), como consecuencia del OTROSI
No. 13 celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la UNION TEMPORAL
COLOMBIA ARGENTINA SEGRUP, que es el valor que cuesta movilizar los
vehículos que se encuentran en los patios de la Secretaría Distrital de Movilidad y
que serán recibidos por la Fiscalía General de la Nación en su patio ubicado en
Tenjo (Cundinamarca).
6. Que se aplique el principio general de derecho de “lura Novit Curia” y
subsidiariamente a todos los anterior es [sic] aplique la "actio in renverso”.
Hechos
En sustento de sus pretensiones, la demanda relató los hechos que se compendian
1 Folio 15, c. 1.
2 Folios 2 y 3, c. 1.
2
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02844-02 (66542)
Demandante: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Movilidad
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otro
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así3:
Los vehículos involucrados en accidentes de tránsito, en circunstancias que pueden
constituir delitos (muertes o lesiones a personas), son inmovilizados por el cuerpo
de tránsito de la Policía Nacional, que al atender la situación adquieren la calidad
de policía judicial. En la ciudad de Bogotá estos vehículos estaban siendo
inmovilizados y llevados por los uniformados a los patios de la Secretaría Distrital
de Movilidad, que estaban destinados a retener aquellos vehículos inmovilizados
por infracciones a las normas de tránsito y transporte. Aunque la Policía ha debido
colocar los rodantes bajo custodia y cuidado de la Fiscalía, en virtud de un convenio
entre la Secretaría Distrital y la Policía Nacional para el fortalecimiento de las
condiciones de movilidad en el Distrito, el ingreso a los patios era justificado por los
agentes con el fin de mantener el orden en la ciudad y la locomoción de los
ciudadanos.
Según la accionante, estas circunstancias se seguían presentando al momento de
interponer la demanda, a pesar de no existir un convenio o acuerdo entre la
Secretaría de Movilidad, la Fiscalía y la Policía y aunque el ordenamiento jurídico
obliga tanto a la Policía como a la Fiscalía a mantener la custodia de estos bienes,
los que a partir del momento en que son objeto de inmovilización quedan bajo
disposición de la Fiscalía General de la Nación. Igualmente señala cómo desde el
año 2008 la Secretaría de Movilidad le ha informado a la Fiscalía General de la
Nación las razones por las cuales los vehículos involucrados en accidentes de
tránsito no pueden ser trasladados a los patios de esta.
Alegó que esto le ha producido un detrimento patrimonial al Distrito, por los costos
en que incurre ante la permanencia de estos bienes en sus patios (automotores,
motos, bicicletas y vehículos de tracción animal) y porque además ha debido asumir
los montos frente a la sociedad concesionaria del servicio de grúa y patios, sobre
los automotores que se entregan bajo la orden del fiscal de conocimiento de no
cobrar suma alguna al propietario.
Indicó además que ha enviado numerosas solicitudes para que la Fiscalía traslade
a sus propios patios los vehículos que se encuentran en las condiciones antes
mencionadas y para que dicha entidad pague el monto de los servicios de grúa y
3 Folios 3 a 5, c. 1.
3
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Demandante: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Movilidad
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patios que se han causado. Luego, a partir de una reunión adelantada el día 13 de
octubre de 2015 entre la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de
Movilidad, el ente investigativo se obligó a recibir en su patio de Tenjo
Cundinamarca los automotores, una actividad que supuestamente le implicó a la
Secretaría de Movilidad la necesidad de celebrar un otrosí con el concesionario, por
un valor considerable y aun cuando consideraba que el traslado debía ser cancelado
por la Fiscalía.
Contestación de la demanda
1. Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Se opuso a las pretensiones4 porque consideró que ha cumplido con sus deberes
legales y con el convenio suscrito por ella y la Secretaría Distrital de Movilidad, todo
a fin de garantizar la movilidad de la ciudad. Pero que de igual modo es el
concesionario quien da uso a las grúas, realiza el inventario y lleva los vehículos a
los patios dispuestos por la Secretaría. Destacó que es el propietario del vehículo,
o en su defecto la autoridad judicial que realiza la instrucción del proceso penal, los
que están obligados a cancelar los valores que se generen por concepto de grúa y
parqueadero de vehículos, por lo que no es la Policía Nacional el presunto
generador del daño que se alega con la demanda.
Insistió también que la Secretaría de Movilidad está reclamando un daño
indeterminable e incierto en su producción porque, a pesar de corresponder a un
daño emergente futuro –puesto que la obligación de pagar el servicio de grúa y
parqueadero es exigible solamente cuando el vehículo va a ser retirado del
correspondiente patio–, no existen los elementos probatorios y de juicio que
ofrezcan certeza sobre que los mismos sí se generarán o se llegarán a concretar –
ni tampoco el valor total a pagar luego de transcurrido el lapso hasta la época de
retiro–. Así el actor estaría especulando que no serán pagados los servicios por el
propietario del vehículo o la autoridad judicial; esto sin tener en cuenta los eventos
en los que procede declarar el abandono del vehículo y enajenarlo.
Y recalcó que el reglamento que desarrolla el contrato de concesión del servicio de
patios y grúas es claro al indicar que en caso de exoneración de responsabilidad al
4 Folios 64 a 86, c. 1.
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usuario u orden judicial de salida sin cobre de derechos, el concesionario podrá
descontar los montos no sufragados de la parte que le corresponde a la Secretaría
Distrital de Movilidad por la prestación del servicio. Lo que implicaría que dicho
descuento es un evento futuro que no es obligación o imperativo llegar a
materializarlo, resultando imposible establecer o conocer si el presunto daño tendrá
lugar o no.
2. Fiscalía General de la Nación
Se opuso a las pretensiones5, adujo que la Policía Nacional es a quien le
corresponde decidir la inmovilización de los vehículos y en caso de accidentes que
impliquen el conocimiento de las autoridades judiciales penales, asume funciones
de policía judicial y, en consecuencia, le está prohibido darle a la situación el trato
que se le da a una simple contravención de tránsito, por lo que no debía inmovilizar
vehículos a los patios dispuestos por los organismos de tránsito. También señaló
que es el mismo operario de las grúas de la Secretaría Distrital de Movilidad quien
ha estado desarrollando el desplazamiento de los vehículos a los patios dispuestos
por la autoridad distrital de movilidad y en ninguna de las anteriores actuaciones ha
tenido incidencia la Fiscalía General de la Nación.
Agregó que la Policía Nacional, en desarrollo de sus funciones de policía judicial,
debía garantizar la cadena de custodia y dejar formalmente a disposición de la
Fiscalía General de la Nación los automotores, en el marco del correspondiente
proceso penal. Y de esta manera se entendería que los únicos vehículos así
inmovilizados, puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, son
aquellos en virtud de los cuales la autoridad de policía judicial ha efectuado y
presentado el informe establecido en el Código Nacional de Tránsito, cuestión que
no tuvo lugar en este caso. También reprochó que la Secretaría de Movilidad no
adoptó un mecanismo de control coordinado con la Policía Nacional, que
garantizara la información de los procesos judiciales por los cuales dichos vehículos
eran ingresados a sus patios, incluso después de haberle hecho esa solicitud a la
Secretaría de Movilidad en respuestas a los oficios remitidos por esta última.
Además reitera que no hay prueba de los pagos supuestamente efectuados por la
Secretaría de Movilidad. Y frente al reclamado enriquecimiento sin causa,
5 Folios 106 a 150, c. 1.
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argumenta que no se presenta en el caso ninguno de los tres eventos excepcionales
en los cuales el Consejo de Estado reconoce su procedencia y aplicación y que no
se encuentra establecido ni probado un empobrecimiento del Distrito Capital de
Bogotá-Secretaría Distrital de Movilidad, aunado a que ante la posible existencia de
vehículos que estuviesen vinculados a procesos penales, ubicados en los
parqueaderos operados por la Secretaría Distrital de Movilidad, ello estaría
sucediendo en contraposición del artículo 167 de la Ley 769 de 2002, según el cual
las autoridades de tránsito no podrán inmovilizar en los parqueaderos autorizados,
vehículos por acciones presuntamente delictuosas.
Sentencia de primera instancia
El 13 de febrero de 20206, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda. El Tribunal analizó las
pruebas obrantes en el proceso y pasó a estudiar las disposiciones legales
aplicables al caso, con el objeto de dilucidar cuál es el procedimiento legal o
reglamentario para el depósito de vehículos que resulten involucrados en procesos
penal y que hayan sido depositados en patios de la Secretaría de Movilidad. Luego
de lo cual determinó que no existe una regulación del procedimiento aplicable a
estos casos, sino que las normas existentes –contenidas en la Ley 769 de 2002,
Ley 1730 de 2014, Ley 906 de 2004, así como el artículo 250 de la Constitución
Política– deben analizarse de manera sistemática, a fin de establecer cuáles son
las obligaciones tanto de la Secretaría de Movilidad como de la Fiscalía.
De esta manera, consideró que desde el momento en que se inmoviliza el vehículo
por el servidor de tránsito en funciones de policía judicial, hasta cuando el rodante
sea debidamente depositado en el patio único de la Fiscalía General de la Nación,
la custodia y transporte de este macroelemento es responsabilidad de quien ejerce
dichas labores de policía judicial. Sin embargo, advirtió que desde finales del año
2014, la entidad distrital dispuso no recibir en sus patios los vehículos inmovilizados
por agentes de la Policía Metropolitana de Tránsito cuando conocieran de hechos
que podían constituir infracción penal –invocando para ello el artículo 167 del
Código Nacional de Tránsito Terrestre– y que, en virtud de esa negativa, la Fiscalía
General de la Nación afirmó haber expedido la Resolución No. 1670 de 1 de junio
de 2016.
6 Folios 664 a 679, c. 4.
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Mediante dicha resolución, la Fiscalía impartió instrucciones a la Alcaldía Mayor de
Bogotá, la Secretaria Distrital de Movilidad y la Policía Metropolitana de Bogotá, en
el sentido de gestionar la implementación de la puesta en funcionamiento de un
patio transitorio o sitio de parqueo temporal y adoptar las medidas administrativas
tendientes a cumplir con la actividad de traslado de los vehículos inmovilizados por
agentes de tránsito en hechos constitutivos de posibles conductas ilícitas, desde el
sitio de ocurrencia del accidente hasta su entrega en el patio único de la Fiscalía
General de la Nación cumpliendo con los protocolos que exige la cadena de
custodia.
Con base en lo anterior, el Tribunal explicó que en virtud de la mencionada
Resolución 1670, la demandante tenía a su cargo disponer de un patio transitorio o
sitio de parqueo temporal, para el desarrollo de los actos urgentes en el ejercicio de
las funciones de policía judicial y que de esta manera la Secretaría Distrital de
Movilidad debió asumir temporalmente los gastos derivados de servicios de grúa y
servicio de patios de vehículos involucrados en procesos penales, depositados por
la Policía Nacional. Sin embargo, se detuvo en que esa actividad debía desarrollarla
de forma temporal, pero que en el presente asunto se acreditó que la entidad
demandante asumió esta labor de manera continua hasta el año 2017, cuando la
Fiscalía General del Nación ordenó su traslado al patio único, una situación que el
Tribunal consideró que en principio constituye un daño o afectación para la parte
actora.
No obstante, encontró acreditado que cuando la entidad demandante requirió a la
Fiscalía para solucionar la problemática de congestión no tenía claro los soportes o
antecedentes que permitieran asociar los vehículos encontrados en los patios, con
las respectivas investigaciones penales y que esta situación de falta de claridad en
la información se mantuvo por cerca de 10 años, sin que la Secretaría de Movilidad
tomara medidas efectivas para acreditar que la Fiscalía General de la Nación debía
hacerse cargo de los rodantes.
De esta manera, el Tribunal concluyó que la Secretaria Distrital de Movilidad de
Bogotá: (i) decidió deliberadamente no reconocer su obligación legal como
autoridad de Tránsito, de garantizar el traslado de los vehículos en hechos
constitutivos de posibles conductas ilícitas, desde el sitio de la ocurrencia del
accidente, hasta su entrega en el patio único de la Fiscalía General de la Nación;
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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02844-02 (66542)
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(ii) confió en poder cobrarle a la Fiscalía un crédito a su favor derivado del gasto de
parqueaderos; (iii) permitió la prolongación en el tiempo de la estadía de los
rodantes en sus patios, omitiendo gestionar la suscripción de un convenio con la
Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación; (iv) tenía a su cargo la función
de guardar en depósito temporal los vehículos inmovilizados por agentes de tránsito
en hechos constitutivos de conductas punibles, pero la concesionó en un particular,
sin supervisar ni controlar oportunamente el traslado de los vehículos al patio de la
Fiscalía; (v) no tenía un registro de los soportes o antecedentes para asociar los
vehículos con el respectivo proceso penal, una falta de claridad en la información
que se prolongó en el tiempo sin que la demandante tomara medidas de prevención
ni corrección y (vi) la solución a las circunstancias solo las examinó en abril de 2015,
cuando se sugirió dar aplicación a lo previsto en el artículo 100 de la ley 906 de
2004, en el sentido de tener en depósito los vehículos retenidos, únicamente por el
término de 10 días.
Por estas razones, el a quo decidió que los daños alegados en la demanda,
consistentes en las erogaciones económicas derivadas de la permanencia de los
vehículos, así como en los gastos asumidos ante los vehículos exonerados de pago,
son una afectación que obedeció a la propia conducta de la demandante. Por tanto,
la reparación pretendida por la actora derivaba así de un daño que no tiene el
carácter de antijuridico y este no puede ser indemnizable en el marco de la
responsabilidad extracontractual del Estado. Así, negó las pretensiones de la
demanda.
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación7. Sostuvo que el Tribunal realizó
una indebida apreciación de las pruebas, porque se exigió a la Secretaría Distrital
de Movilidad radicados y actividades que no le correspondían en sus funciones
misionales, ya que los documentos asociados a los vehículos, como los números
de noticias criminales y demás elementos que la Fiscalía solicitaba a la Secretaría
Distrital de Movilidad, eran actividades propias de la Fiscalía, al ser dicha entidad la
encargada de coordinar y dirigir las funciones de policía judicial. Y que, además,
dentro del material probatorio en el proceso se puede evidenciar cómo desde el año
2008 la Secretaría de Movilidad hizo numerosas reclamaciones a la Fiscalía General
7 SAMAI, índice 3. En el archivo: 23_ED_APELACION_apelacion patios y gruas. PROCESO SDM VS FISCALÍA
Y POLICÍA 2015 02844pdf.pdf.
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de la Nación, por lo que tampoco sería cierta la afirmación del Tribunal, en el sentido
de que solamente hasta el 2015 esa Secretaría decidió hacer las reclamaciones a
la Fiscalía.
También resaltó que el Tribunal habría confundido el concepto de caducidad de la
acción por considerarlo como una prueba de la falta de antijuridicidad del daño,
porque el hecho de que las afectaciones se prolongasen en el tiempo, como una
conducta continuada, no podía equiparase a la ausencia de aquella característica
del daño. Entonces parecía considerar el fallador de primera instancia que el paso
del tiempo legaliza o modifica la situación de antijuricidad del daño. Asimismo,
argumentó que las conclusiones del Tribunal desconocen las normas legales
vigentes al momento de los hechos, pues el Código Nacional de Tránsito imponía
la obligación a la Fiscalía de atender los pagos y costos mencionados con la
demanda.
Adicionalmente, realizó un análisis doctrinal sobre el daño, diciendo que el caso
concreto está enmarcado en la definición de daño especial y agregó que sí se
configuraron los requisitos para la procedencia del enriquecimiento sin justa causa.
Sostuvo para esto último de la Fiscalía General de la Nación que, al ser un órgano
del poder judicial, sus decisiones son vinculantes, debiendo ser atendidas por las
autoridades administrativas; y de allí que fue por el imperium de su autoridad que
llegó a imponer a la Secretaría Distrital de Movilidad el suministro de un servicio a
su beneficio, el cual es ejecutado por los policías de tránsito cuando cumplen
funciones de policía judicial, por fuera del marco de un contrato estatal. En este
asunto la recurrente también refirió a la ausencia de una culpa propia,
fundamentada en que para la Secretaría de Movilidad es un deber constitucional y
legal recibir los vehículos, y no hacerlo podría constituir incluso el delito de fraude a
resolución judicial.
De igual forma explicó que las conclusiones a las que llegó el juzgador evidencian
una falta de observancia a las reglas de la sana crítica, desconociendo lo probado
en beneficio de la actora y siendo elementos que sí lo habrían llevado a concluir la
existencia de un daño antijurídico. De esta manera, solicitó revocar el fallo de
primera instancia, para que se acceda a las pretensiones del libelo introductorio.
Trámite de segunda instancia
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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02844-02 (66542)
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El 20 de octubre de 2020, el Tribunal concedió el recurso de apelación8. El 19 de
marzo de 2021, el Despacho admitió el recurso de apelación9. Con auto del 27 de
agosto de 2021, notificado el 21 de septiembre de 2021, el Despacho corrió traslado
a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para rendir concepto10. El 30 de septiembre de 2021, la Secretaría Distrital de
Movilidad presentó sus alegatos de segunda instancia11, reiteró su postura y solicitó
que se revoque el fallo de primera instancia. Por su parte, el 5 y 6 de octubre de
2021, las entidades demandadas Policía Nacional12 y Fiscalía General de la
Nación13, presentaron sus alegatos, respaldando los argumentos de la sentencia de
primera instancia y solicitando que este fallo sea confirmado. De otro lado, el
Ministerio Público guardó silencio14.
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 9 de diciembre de 201515, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
I. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando se
demande la ocurrencia de un daño, cuya causa sea una acción u omisión de una
8 SAMAI, índice 3. En el archivo: 25_ED_CONCEDE_2015 02844 Concede Impugnación.pdf
9 Folio 685, c. 4.
10 Folio 688, c. 4.
11 SAMAI, índice 13.
12 SAMAI, índice 15.
13 SAMAI, índice 16.
14 SAMAI, índice 17.
15 Folio 15, c. 1.
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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02844-02 (66542)
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entidad estatal según el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual
conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor
supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es,
$322.175.00016.
Medio de control procedente
3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo17, por situaciones imputables a una
entidad estatal por causa de supuestos hechos y omisiones (art. 90 de la CN y art.
140 del CPACA).
Demanda en tiempo
4.1. El fenómeno de caducidad de la acción se configura cuando vence el término
previsto en la ley para acudir ante los jueces y demandar. Término que, como ha
señalado la jurisprudencia, está concebido para definir un plazo objetivo e invariable
para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las
autoridades competentes. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese
término perentorio fijado por la ley y, al ser un presupuesto procesal, de
configurarse, debe ser declarada por el juez, incluso de oficio, ya que ´”por ser de
orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando
encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio,
aún en contra de la voluntad de las partes”18.
A propósito de la configuración de este fenómeno preclusivo, el artículo 187 del
CPACA autoriza al fallador a declarar cualquier hecho exceptivo, como es
16 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2015, $644.350, por 500.
17 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 15983.
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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02844-02 (66542)
Demandante: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Movilidad
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otro
Medio de control: Reparación directa
justamente la configuración del hecho jurídico de la caducidad del término para
presentar la demanda. En esa línea se pronunció la Sala Plena de esta Sección en
sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, al sostener19:
[…] este entendimiento […] de los límites competenciales del ad quem frente al
recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que, si se apela
un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos
los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera
expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin
perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente
sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una
decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa
y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por
el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia
censurada. (Negrilla fuera del texto).
La caducidad entonces puede ser declarada de oficio por el juez de segunda
instancia, de tal “manera que si en primera instancia se resolvió sobre la caducidad,
bien a petición de parte o de oficio, el superior puede revisarla también de oficio”20.
E igualmente y a pesar de no ser una cuestión objeto del recurso de apelación, el
juzgador de instancia puede referirse a ella, por cuanto la caducidad es un
fenómeno jurídico de orden público21. En ese sentido, “la caducidad debe ser objeto
de pronunciamiento judicial oficioso cuando aparezca establecida dentro de la
actuación procesal, aun cuando no se descarta la posibilidad de que pueda ser
declarada a solicitud de parte”22.
4.2. El término para formular pretensiones es de 2 años en procesos de reparación
directa, según el artículo 164, numeral 2, literal i del CPACA, que se cuentan a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de
su ocurrencia.
En el caso bajo análisis, se advierte que las afectaciones reclamadas en la demanda
tienen por causa distintas actuaciones individuales y omisiones de similares
características, ocurridas de manera repetida pero bajo circunstancias fácticas
autónomas. Estos daños se concretan en el uso periódico de los servicios de grúa
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de 2018,
Rad. 46005..
20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 16, sentencia del 27 de enero de 2023, Rad. 11001-03-15-
000-2012-02124-00.
21 Ibíd.
22 Corte Constitucional, sentencia C-574 del 14 de octubre de 1998.
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Demandante: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Movilidad
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y patios para el traslado constante de diferentes vehículos inmovilizados –en hechos
que pueden constituir sanción penal– por parte de la Policía Nacional en los patios
de la Secretaría de Movilidad y la supuesta renuencia a recibirlos en patios de la
Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, las reclamaciones de la demanda se
fundan en los llamados daños sucesivos por causa homogénea, es decir, “cuando
los daños se producen de manera paulatina como efecto de sucesivos hechos u
omisiones, o causas dañosas diversas”23, de manera que el término de caducidad
se contabiliza de forma independiente por cada uno de esos eventos sucesivos24.
El escrito de demanda se presentó el 9 de diciembre de 201525 y no se aportó con
ella prueba de trámite conciliatorio al no ser necesario, habida cuenta de la calidad
de entidad pública de quien demanda26. Entonces, como al momento de su
radicación persistía la ocurrencia de eventos sucesivos causantes de daño,
conforme a los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, la Sala tomará
en cuenta de forma independiente los eventos dañinos que ocurrieron desde el año
2008, para efectos de calcular el término de caducidad del medio de control
estudiado.
Así, se tiene que no operó el fenómeno preclusivo de la caducidad únicamente para
aquellas situaciones causantes de daño que ocurrieron el 8 de diciembre de 2013 o
en tiempo posterior, ya que sobre las afectaciones que tuvieron como causa eventos
ocurridos antes de esa fecha, se encuentra vencido el término de dos años de que
trata el artículo 164, numeral 2, literal i del CPACA. Por consiguiente, solo para
efectos de las reclamaciones de la accionante por daños producidos con hechos
que tuvieron lugar el 8 de diciembre de 2013 o después, la demanda se interpuso
en tiempo.
Legitimación en la Causa
5. El Distrito Capital-Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, está legitimado en
la causa, por recaer sobre este el interés jurídico que se debate en el proceso, toda
vez que es la entidad que alega la existencia de perjuicios debidos a la utilización
del servicio de grúa y de sus parqueaderos, por la inmovilización de vehículos en
hechos relacionados con delitos. La Fiscalía General de la Nación y la Nación-
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2011, rad. 20109.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2016, rad. 36231.
25 Folio 15, c. 1.
26 Folio 13, c. 1.
13
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Demandante: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Movilidad
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Ministerio de Defensa-Policía Nacional, están legitimadas en la causa por pasiva,
pues son las entidades públicas a las que se reclama responsabilidad por utilizar
indebidamente los servicios de grúa y patios ofrecidos por la Secretaría Distrital de
Movilidad.
I. Problema jurídico
6. Corresponde a la Sala analizar si La Fiscalía General de la Nación y la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional son responsables de los perjuicios
supuestamente sufridos por el Distrito Capital-Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá, con ocasión de la indebida utilización de los servicios de grúa y patios de la
Secretaría Distrital de Movilidad.
II. Análisis de la Sala
7. Como la sentencia fue recurrida únicamente por la parte demandante, la Sala
estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 del CGP.
El Daño como presupuesto de la Responsabilidad del Estado
8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por
la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de este postulado
constitucional y con el fin de analizar la responsabilidad patrimonial del Estado,
corresponde estudiar la existencia de un daño que estando debidamente
demostrado determina el posterior juicio de imputación, para efectos de imponer la
eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En ese orden y para
satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial de Estado, el primer
elemento que debe analizarse es la configuración de un daño sin cuya existencia
resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás requisitos estructurales
de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio de imputación que
incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.
De esta manera, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un
interés legítimo y lícito27 28 es el primer elemento que debe quedar certera y
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente 61.340
28 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como “…toda afrenta a los intereses lícitos de
una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos,
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suficientemente probado –en tanto no es posible presumirlo–, sin cuya existencia y
demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la doctrina
nacional expone:
[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la
reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y
su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos,
en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede
determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo
adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor
resultará necio e inútil29.
El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto30, es decir, que su existencia
sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal,
es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 31. Y también debe
ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus
características.
Además, el daño debe ser probado teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: “incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”. De ahí que no es suficiente que “en la demanda se hagan afirmaciones
sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede limitarse, si quiere
sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”32.
Caso concreto
que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la
posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil
–imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos” . En Le dommage. Analyse à partir de
la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral,
Universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el
artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas
las acciones contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia,
n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual del Estado”. XVI jornadas
internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU-080 de 2020
29 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan
Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No. 13.186 ““…el
perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio
indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el
perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas
producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública”.
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000, Expediente
No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad del
daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral reclamado porque no
se probó su existencia”.
31 Henao Perez Juan Carlos, El daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio 1998, P. 88 y
104
32 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021. Rad. 50802 [fundamento
jurídico 4.3].
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9. En el presente caso, el daño que se alega en la demanda corresponde a los
costos en que incurre la Secretaría Distrital de Movilidad por la tenencia de
vehículos dejados en sus patios y que deberían ser trasladados a los patios de la
Fiscalía General de la Nación. Así lo especificó la accionante en su escrito
introductorio:
2. DEL DAÑO
En el caso que nos ocupa, estudiaremos el primer elemento que es el daño.
Es evidente, que la Policía Nacional, y la Fiscalía General de la Nación, ha generado
un daño patrimonial por el uso de las grúas y de los patios que se encuentran a
cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad, y a pesar de todos los esfuerzos,
acompañamientos, solicitudes, no se ha logrado que ninguna de las Entidades
cancele los valores que se originan por este concepto.
La fuente del daño, en el presente caso, es fácilmente probable, mediante el contrato
de Concesión 075 de 2007, que se celebró para el manejo de grúas y patios,
contrato que fue firmado entre la firma PONCE DE LEÓN y posteriormente cedido a
la Unión Temporal Colombo Argentina SEGRUP- Servicios de Grúas y Patios
Bogotá.
En virtud del contrato de concesión anteriormente relacionado, se logra determinar
que cada vez que se usan las grúas o se utilizan los patios de la Secretaria Distrital
de Movilidad se genera una erogación económica a favor del concesionario, que
debe ser asumida por la Entidad.
En el caso que nos ocupa, es evidente que una vez la Policía Judicial con el fin de
mantener la cadena de custodia y los bienes que hacen parte en la comisión de un
delito, solicita la grúa y remite el vehículo a uno de los patios, los cuales son
posteriormente dejados a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, genera un
perjuicio económico33. (Subraya la Sala).
La anterior consideración del daño es también reiterada por la demandante en su
escrito de apelación34. Recalcando que la lesión patrimonial tiene lugar cada vez
que la Secretaría Distrital de Movilidad debe asumir una erogación económica frente
al concesionario de los servicios, por la utilización de las grúas o los patios de la
Secretaría Distrital de Movilidad.
10. En el proceso quedó acreditado el hecho dañoso, como se observa en las
resoluciones35 nros. 001 del 8 de marzo de 2017, 006 del 21 de junio de 2017, 011
del 29 de septiembre de 2017 y 014 del 10 de noviembre de 2017, mediante las
cuales la Fiscalía 360 Destacada de Bienes de la Dirección Secciona de Fiscalías
33 Folio 8, c. 1.
34 SAMAI, índice 3. En el archivo: 23_ED_APELACION_apelacion patios y grúas. PROCESO SDM VS
FISCALÍA Y POLICÍA 2015 02844pdf.pdf. Pág. 11.
35 USB. Folio 437, c. 3.
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de Bogotá dispuso el traslado de vehículos que se encontraban en los patios de
inmovilización de la Secretaría de Movilidad asociados a noticias criminales y se
adoptaron decisiones sobre las bicicletas vinculadas a procesos penales que
estaban depositadas en el patio Álamos de la Secretaria de Movilidad de Bogotá.
Pruebas aportadas por la entidad distrital, en cumplimiento del decreto de pruebas
realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en audiencia inicial36.
No obstante lo anterior, la accionante pretendió fundar la responsabilidad de la
demandada a partir de un daño que no fue probado dentro del proceso, es decir, el
detrimento patrimonial del Distrito Capital-Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá por la utilización de los servicios concesionados de grúa y patios.
11. Para constatar los hechos de la demanda y establecer la manera en la que se
determinaba el pago de las erogaciones reclamadas por la Secretaría de Movilidad,
se hace necesario determinar lo pactado frente al pago de los servicios entre la
entidad distrital y el concesionario.
11.1. En primer lugar, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la
demandante aportó copia del contrato de concesión n°. 07537, suscrito el 26 de
diciembre de 2007 entre la sociedad Ponce de León y Asociados – Ingenieros
Consultores como concesionario y la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá
como concedente, en cuya cláusula primera se establece como objeto el siguiente:
OBJETO DEL CONTRATO: Por el presente contrato EL CONCESIONARIO asume
por su cuenta y riesgo la prestación del servicio de inmovilización de: a) Patios para
vehículos de servicio diferente al público, y b) el servicio de grúas para la ciudad de
Bogotá para la Secretaría Distrital de Movilidad; de conformidad con las
especificaciones que se relacionan en los estudios previos de oportunidad y
conveniencia, el pliego de condiciones de la Licitación Pública SDM-LP-008-2007,
sus adendas, la propuesta presentada por el concesionario y la naturaleza del
servicio.
A su vez, la retribución de la concesión de servicios se determinó en la clásusula
séptima del contrato, así:
REMUNERACIÓN DEL CONCESIONARIO: La remuneración del Concesionario
corresponde al porcentaje señalado en el sobre dos (2) de su propuesta “oferta
económica”, correspondiente al sesenta y dos (62%) sobre el ingreso bruto por la
prestación del servicio de inmovilización de: a) Patios para vehículos de servicio
diferente al público, y b) el servicio de grúas para la ciudad de Bogotá para la
36 Folio 436, c. 3.
37 CD. Folio 437A, c. 3. En el archivo: “contrato”.
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Secretaría Distrital de Movilidad. Este valor cubre todos los costos del servicio
directos e indirectos, prestaciones sociales y todos los demás gastos inherentes al
cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, inclusive los imprevisto, gastos de
administración, impuestos, utilidades del contratista.
11.2. Igualmente, con la copia del contrato se allegó el documento contentivo del
pliego de condiciones de la licitación pública38, en cuyo texto se observa lo siguiente:
…5.6 PRECIOS-FORMA DE PAGO-REAJUSTES
5.6.1 Contenido y Periodicidad
Los precios del servicio corresponden a la operación de mutiplicación del
recaudo por la participación porcentual aceptada por la entidad al momento
de la adjudicación.
El concesionario pagará diariamente a la Secretaría Distrital de Movilidad la
participación que le corresponda a ésta a través de la consignación de su
proporción porcentual.
5.6.2. Contenido y periodicidad
El contrato incluye la delegación del recaudo bajo las siguientes condiciones:
1. Que éste se realice en alguna de las entidades financieras que prestan
sus servicios en recaudo a la Secretaría de Hacienda Distrital al momento de
la adjudicación del contrato. El concesionario solicitará el listada de tajes
entidades por escrito haciendo alusión directa a esta disposición del
reglamento contractual.adjudicación del contrato. El concesionario solicitará
el listado de tales entidades por escrito haciendo alusión direcia a esta
disposición del
reglamento contractual.
2. Que el convenio de recaudo incluya las siguientes disposiciones:
2.1. Que todo costo de recaudo y de transferencias de recursos del mismo,
sea asumido por el concesionario.
2.2. Que rudo costo por cajeros, uso de dispositivos de recaudo y
adecuaciones locativas para su instalacion sea asumido por el concesionaro.
2.3. Que al cierre de cada dia de operación, debe consignarse la
participación porcentual de la Secretaria de Movilidad con base en la
liquidación de servicios detallada por operación, sin que ello requiera
autorizaciones, conceptos ni otras actuaciones de parte del concesionario, ni
del recaudador ni de ia entidad, sin perjuicio del derecho de esta a solicitar
revisiones posteriores por conducto de la interventoria o directamente.
2.3. Que al cierre de cada dia de operación, debe consignarse la
participación porcentual de la Secretaria de Movilidad con base en la
liquidación de servicios detallada por operación, sin que ello requiera
autorizaciones, conceptos ni otras actuaciones de parte del concesionario, ni
del recaudador ni de ia entidad, sin perjuicio del derecho de esta a solicitar
revisiones posteriores por conducto de la interventoria o directamente,
2.4. Que el concesionano proveerá el software necesano para el recaudo, el
cual debe calcular el monto de las liquidaciones diarias, mensuales y
acumuladas de recaudo…
38 CD. Folio 437A, c. 3. En la carpeta: “PRECONTRACTUAL”, archivo: “parte 2”, pág. 45 a 99.
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11.3. También se encuentra en el expediente el denominado “Anexo No. 1.
Reglamento de la concesión para el servicio de patios para vehículos diferetes al
público y el servicio de grúas para la ciudad de Bogotá”39, que de acuerdo con la
cláusula trigésima primera del contrato 075 de 2007, es un documento que forma
parte integrante del mismo. En dicho reglamento se estipuló lo siguiente:
…13. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DEL SERVICIO
(…)
13.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EXONERACIÓN U ORDEN JUDICIAL DE
SALIDA SIN COBRO DE DERECHOS
Cuando la Autoridad de tránsito decida dentro del proceso contravencional que la
causal que generó lo inmovilización no estaba ajustada a las conductas establecidas
en el Código de Transito o por orden Judicial, se exonere de responsabilidad al
usuario, el concesionario no podrá cobrar al ciudadano los costos generados por
patios y grúas. Para tal efecto, el concesionario podrá descontar los montos no
sufragados de la participación correspondiente a la Secretaría Distrital de Movilidad,
conservando para la consulta de la interventoría, si esta lo considera necesario, los
documentos soporte
(…)
15. ASPECTOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
(…)
15.2. FACTURACIÓN Y RECAUDO
El Concesionario será el responsable de incorporar a la operación de la Concesión,
un sistema de facturación y recaudo por los servicios prestados a los usuarios que
permita el total control de las solicitudes recibidas y de los dineros ingresados por
los correspondientes conceptos, así como las actualizaciones tarifarias emanadas
del DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD,
con base en las cuales debe producir las liquidaciones correspondientes.
15.3 CONDICIONES DE LA SOLUCIÓN DE RECAUDO
El sistema de facturación y recaudo deberá poseer las siguientes funcionalidades:
A. Liquidación diaria de derechos para el Distrito Capital y el concesionario
de acuerdo con la participación de las partes del contrato.
B. Módulos de consulta para la interventoría y para la entidad concedente,
con el fin de verificar en cualquier momento el comportamiento del recaudo
y la distribución de recursos.
C. Expedición de recibos o facturas a los usuarios
D. Generación de listados auditoría
El concesionario conservará las copias de los comprobantes de pago de los
usuarios, para su examen cuando la entidad o la interventoría así lo requieran.
El sistema de facturación y recaudo implantado deberá ser de fácil revisión y
auditoria por parte de la interventoría a los efectos de la determinación de los
ingresos mensuales por concepto de servicios prestados a los usuarios.
39 Ibíd. Archivo: “parte 8”, Pág. 18 a 55.
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Bajo ninguna circunstancia se permitirá el manejo de recursos por fuera del sistema
bancario. Para el efecto el Concesionario suscribirá los convenios a que hubiere
lugar, con los bancos y corporaciones financieras que estén dispuestos a prestar el
servicio de recaudo.
Los precios del servicio corresponden a la operación de multiplicación del recaudo
por la participación porcentual aceptada por la entidad al momento de la
adjudicación.
El banco recaudador transferirá diariamente a las Cuentas del Banco aprobado por
la Dirección Distrital de Tesorería la participación de los derechos de tránsito que le
corresponde a la Secretaría Distrital de Movilidad.
(…)
• El concesionario debe suministrar un software flexible a la normatividad, que
permita obtener la información discriminada sobre las transacciones que efectúe
el concesionario, en virtud de lo pactado.
• La entidad bancaria escogida por el concesionario para el recaudo debe
garantizar un portal empresarial tanto en la Dirección Distrital de Impuestos
como en la Secretaría, como medio del consulta en línea sobre los recaudos.
• Debe instalar un punto de recaudo del Banco en el Patio para Servicio Público,
para el cobro de servicio de grúas…
11.4. De esta manera, con base en las anteriores pruebas, se advierte que en virtud
del contrato de concesión n°. 075 de 2007, el concesionario presta el servicio de
grúa y patios para vehículos de servicios diferente al público y el pago de dichos
servicios los realizaba el usuario a través de dispositivos de recaudo de una entidad
financiera, por un convenio de recaudo suscrito con el concesionario. A su vez, la
remuneración del concesionario, según su redacción inicial, equivalía al sesenta y
dos por ciento (62%) de los ingresos brutos recibidos por la prestación de los
servicios y el treinta y ocho por ciento (38%) restante era la participación que debía
pagarse diariamente a la Secretaría Distrital de Movilidad.
Del mismo modo, la liquidación diaria de los derechos para el Distrito Capital se
debía hacer a través de un software de facturación y recaudo dispuesto por el
concesionario y la consignación diaria de la proporción porcentual del Distrito, la
hacía el banco recaudador a las cuentas del banco aprobado por la Dirección
Distrital de Tesorería. También se dispuso en el reglamento del contrato que, ante
casos de exoneración del pago de los servicios a los usuarios u orden judicial sin
cobro, se le habilitaba al concesionario la posibilidad de descontar los valores
correspondientes en el monto de participación porcentual correspondiente a la
entidad distrital.
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11.5. Lo anterior, se constata también con la explicación dada mediante oficio SDM-
DSC- 35619 -11 del 27 de abril de 201140 dirigido a la Directora de Asuntos Legales
de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y suscrito por la Directora de Servicio al
Ciudadano de esa entidad, documento que fue aportado con la demanda. En dicho
oficio se indica que la misma “Secretaría Distrital de Movilidad se encarga de Prestar
el servicio de inmovilización para vehículos de servicio público colectivo e individual
de pasajeros de Bogotá D.C.” y que el contrato de concesión No. 075 de 2007 “tiene
por objeto la prestación del servicio de inmovilización (patios y grúas) para vehículos
de servicio diferente al público” y teniendo en cuenta “que este contrato tiene el
ingrediente de interés privado, el cual es buscar la utilidad económica mediante la
ejecución del contrato”, se estableció que:
[E]l modo de operación del Contrato de Concesión 075 de 2007, fue estructurado
para que el concesionario (Ponce de León y Asociados) recaudara el 100% del
dinero proveniente del desarrollo del contrato de una manera autónoma. Es así que
el recaudo de dineros fruto de dicha operación lo hace el concesionario a través de
un convenio suscrito entre el concesionario y un operador bancario. Esta entidad
financiera distribuye los dineros recaudados diariamente, así: La participación de la
Secretaría Distrital de Movilidad se consigna en una cuenta de la Secretaría Distrital
de Hacienda y el porcentaje correspondiente a la participación del concesionario, se
consigna en una entidad Fiduciaria dispuesta por Ponce de León.
En el mismo sentido, se repara la existencia del oficio SDM-DSC-148051-2014 del
29 de octubre de 201441, remitido por María Constanza García Alicastro, Secretaria
Distrital de Movilidad, a la Contraloría de Bogotá. Documento aportado con la
demanda, en el que se aclara que la Secretaría Distrital de Movilidad operaba el
servicio de patios en dos partes (distinto al servicio de grúa):
a) El patio Álamos, el cual es operado a través del Contrato de Concesión No. 075
de 2007 y el cual se inmovilizan los vehículos que prestan un servicio diferente al
público de pasajeros
b) El patio de Fontibón, que es operado directamente por la Secretaría Distrital de
Movilidad y es destinado a la inmovilización de los autores que prestan el servicio
público de pasajeros individual y colectivo (taxis y buses).
Lo anterior además cobra relevancia porque si bien la demandante se refirió, en el
apartado de daño, específicamente a las erogaciones que debió asumir frente al
concesionario del contrato 075 de 2007, por la prestación de servicios de grúa y
patios, también es cierto que en el apartado de la demanda correspondiente a la
liquidación de perjuicios reclamados, presenta la suma de los valores por concepto
40 Folios 82 a 86, c. pruebas.
41 Folios 384 a 391, c. pruebas.
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de servicios tanto del patio Álamos como del patio Fontibón, en ambos casos por
grúas y patios.
12.1. Ahora bien, para probar el supuesto daño sufrido se aportó con el escrito
introductorio un documento que la demandante llamó “Certificado del valor
adeudado por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional, con corte a 31 de octubre de 2015”42. Sin embargo, la
llamada “certificación” en una tabla o cuadro de una sola página, en donde se
resumen los valores que la Secretaría de Movilidad afirma le adeuda la Fiscalía
General de la Nación por concepto de servicios de patios y grúas de los vehículos
inmovilizados en los patios álamos y Fontibón –desde el año 2008 y con corte a 31
de octubre de 2015–, por accidentes de tránsito y que hasta entonces permanecían
en los patios del Distrito, así como los valores de la supuesta cartera en cabeza de
la Fiscalía General de la Nación por concepto de exoneración de servicio de patios.
En la parte inferior del cuadro se dice que la fuente de la información son los
“Informes Patios de Álamos y Fontibón”, sin especificar quién emite dichos informes.
Este documento se encuentra firmado por tres personas, el señor Jairo Muñoz
Galeano, quien lo suscribe como contratista servidor de la Secretaría Distrital de
Movilidad, que elaboró el cuadro resumen. También aparece una rúbrica sin nombre
legible y con la denominación de “interventoría”, que se dice revisó el documento; y
la tercera firma corresponde a la señora Mercedes García Pérez, quien suscribe
como Directora de Servicio al Ciudadano y de la que se dice haber aprobado el
documento. Este cuadro igualmente está acompañado de otra tabla, en donde se
resume nuevamente el rubro de liquidación por concepto de servicios de patios y
grúas de los vehículos inmovilizados en accidentes de tránsito a disposición de la
Fiscalía General de la Nación.
12.2. Frente a la mencionada prueba documental se advierte que su contenido no
demuestra la efectiva existencia de un detrimento patrimonial de la Secretaría
Distrital de Movilidad, puesto que solo muestra un resumen hecho por un funcionario
de la Secretaría Distrital de Movilidad, del cual no se conoce su profesión o
capacidad técnica, en donde se hace una simple lista de valores y cantidades, con
el conceptos de los mismos, en relación con servicios de grúa y patios prestados
supuestamente para vehículos (autos, motos, bicicletas, taxis, buses, etc.) que
42 Folios 8 y 9, c. pruebas.
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estaban a disposición de la Fiscalía. Por ello, no es posible para la Sala tener este
“certificado” como elemento de prueba que demuestre el daño alegado por la
demandante.
13. También obran en el expediente una serie de informes mensuales de gestión
del contrato de concesión 075 de 200743, que abarcan desde el mes de septiembre
de 2012 hasta febrero de 2016. Estos documentos fueron decretados como prueba
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en audiencia inicial44 y a solicitud
de la Fiscalía General de la Nación.
13.1. Los informes son presentados por los contratistas concesionarios (en un
principio la sociedad Ponce de León y Asociados - Ingenieros Consultores y luego
la cesionaria del contrato, la Unión Temporal Colombo Argentina SEGRUP -
Servicios de Grúas y Patios Bogotá). Contienen aspectos como el plan de manejo
ambiental, y cuestiones administrativas de la gestión atinentes al personal
contratado, los equipos y tecnología utilizados y un seguimiento mensual de
verificación al inventario existente. También se relacionan en ellos aspectos
financieros como los ingresos totales del mes y la cantidad total del monto de
participación del contratista y la entidad.
Igualmente, en estos se ofrecen estadísticas sobre las cantidades totales de
entradas y salidas de vehículos en el patio Álamos, los servicios totales de
operación de grúas de Álamos y Fontibón, así como la discriminación por tipo de
infracción cometida con los vehículos inmovilizados. Y en general se presentan
datos comparativos globales con meses y años anteriores, que reflejan el
comportamiento de los servicios prestados y los registros históricos de quejas y
reclamos de usuarios, como promedios y rendimientos de la gestión adelantada por
el contratista. Igualmente se entrega en ellos una información contable con el
resumen de los pagos totales de gastos de operación y administración inherentes a
las actividades ejecutadas por el contratista.
13.2. En suma, los informes aludidos exponen un resumen de la gestión realizada
por los concesionarios del contrato 075 de 2007. Por tanto no son documentos
idóneos para probar un detrimento patrimonial de la entidad demandante por pagos
de la prestación de servicios de parqueadero y grúa que haya debido asumir en
43 CD, Folio 437ª, c. 3.
44 Folio 414, c. 3.
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cuanto a los vehículos que fueron inmovilizados por hechos constitutivos de posible
delito.
En efecto, aunque en los informes analizados se presenta el recaudo mensual de la
prestación de servicios de inmovilización, no es posible determinar en las tablas
dispuestas para ilustrar ello, si se redujo el monto de participación de la Secretaría
Distrital de Movilidad, pues en ellas solo se relaciona el recaudo total a su favor.
Además, con esta documentación se anexan las relaciones de movimientos
contables y estados de resultados, pero sin que en ellas se especifique la operación
de distribución de los ingresos con la posible disminución en el monto de
participación de la Secretaría Distrital de Movilidad. Un estudio que, además, para
su correcta lectura implicaría conocimientos técnicos especializados; sin embargo,
dentro del proceso no se solicitó ni se practicó ninguna prueba para estos efectos,
como por ejemplo, pero sin limitarse, una prueba pericial.
También se adjunta con los informes de gestión los extractos bancarios de la cuenta
de ahorros de los contratistas, en donde se observan transacciones de depósitos
por concepto de recaudos, sin que de estos movimientos pueda si quiera advertirse
–al menos bajo un análisis que no requiere de conocimientos técnicos
especializados– el valor correspondiente a la participación de la Secretaría Distrital
de Movilidad por concepto de recaudos.
La Sala tampoco pierde de vista que entre los anexos de los informes de gestión
entregados por Ponce de León y Asociados, se encuentran las denominadas “actas
de conciliación y liquidación mensual de ingresos por servicios de parqueaderos y
grúas”, firmadas por el representante legal del contratista y por el representante
legal de la interventoría, en virtud de las cuales se realiza una síntesis de la
facturación del mes por los servicios prestados en el patio concesionado y los
servicios de grúas para Álamos y Fontibón y la participación porcentual del mes
correspondiente a los ingresos del concesionario y la Secretaría Distrital de
Movilidad, restándole a los totales de ingreso correspondientes a la entidad, el valor
total de las exoneraciones por servicios.
Sin embargo, a pesar de que en estas actas se sustrae el monto total de
“exoneraciones Álamos” y “exoneraciones Fontibón” efectuadas durante el mes, no
se especifica si esos rubros refieren aquellas exoneraciones de la autoridad de
tránsito frente a vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de tránsito y
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transporte o si son consecuencia de una orden de salida sin pago, efectuada por
autoridad judicial frente a los vehículos detenido por accidentes con posibles hechos
delictivos. Asimismo, aunque en estas actas se determina un “valor a consignar a la
SDM” y un “valor consignado durante el período”, las mismas no son prueba idónea
para determinar el efectivo giro de los dineros –con su correspondiente reducción
por concepto de exoneración de vehículos a disposición de la Fiscalía– a las
cuentas bancarias del Distrito.
13.3. En ese sentido, los informes de gestión y sus anexos, presentados por los
contratistas concesionarios del contrato 075 de 2007 (Ponce de León y Asociados -
Ingenieros Consultores y posteriormente la Unión Temporal Colombo Argentina
SEGRUP - Servicios de Grúas y Patios Bogotá), no son demostrativos del daño
alegado por la demandante. Esto por cuanto no son evidencia de un detrimento
patrimonial del Distrito Capital-Secretaría de Movilidad de Bogotá, por razón de la
asunción de pagos frente a los servicios de parqueadero y grúas prestados para los
vehículos inmovilizados en situaciones de accidentes de tránsito con circunstancias
que pueden constituir delitos (muertes o lesiones a personas).
14. De otro lado, por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferida
en audiencia inicial45 y a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, fueron
aportadas por la demandante la relación documental magnética de los vehículos
que fueron exonerados de pago en los patios Álamos y Fontibón46. En cuanto a los
archivos de la carpeta “PATIO ALAMOS”, se incluye información de “salidas sin
pago” de algunos vehículos que fueron retirados del patio entre los años 2008 a
2014, con exoneración de pago de servicios de parqueo y grúa hecha por la Fiscalía
General de la Nación y la Secretaría Distrital de Movilidad. Frente a cada vehículo
exonerado, entre otros documentos, se observan la factura de venta emitida por el
concesionario por el valor total de la prestación de los servicios de parqueo y grúa,
el oficio de exoneración emitido por la autoridad correspondiente y el acta de
entrega. Sin embargo, ninguno de estos documentos es demostrativo de un efectivo
pago por la demandante, que acredite el haber asumido el valor de los servicios
prestados por el concesionario. Esto a pesar de que en las actas de entrega
suscritas por el coordinador de patio –empleado del concesionario– se dejaba
“constancia” de que el valor de los servicios de parqueadero y grúa, “como lo ordena
el reglamento de la concesión deberá ser descontado de las participaciones que le
45 Folio 414, c. 3.
46 CD, F. 535, c. pruebas.
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corresponden a la Secretaría de Movilidad”. Pues la simple afirmación no es prueba
del acaecimiento del hecho.
Del mismo modo, en cuanto a los archivos de la carpeta “PATIO FONTIBÓN”, esta
contiene “reportes diarios” de exoneración de pago de servicios de parqueo y grúa
ocurridos entre los años 2009 y 2014. Los archivos incluyen una sucesión de oficios
dirigidos al concesionario del contrato 075 de 2007, informándole de la exoneración
de algunos vehículos en particular, las actas de entrega y las liquidaciones hechas
por la Secretaría Distrital de Movilidad por concepto de parqueo en el patio Fontibón.
Pero estos documentos tampoco son prueba de los costos en los que debió incurrir
y asumir la entidad distrital por el depósito de los vehículos puestos a disposición
de la Fiscalía en el patio operado directamente por ella, ni de un efectivo pago de
los servicios de grúa al Concesionario.
De esta manera, los mencionados documentos, aportados en medio magnético por
la demandante, no son prueba de un detrimento patrimonial de la Secretaría Distrital
de Movilidad.
15. Al expediente del proceso la demandante también allegó unos documentos por
solicitud del Tribunal Administrativo de Cundinamarca47, los cuales describió así:
➢ Relación de vehículos en patios por cuenta de la Fiscalía General de la
Nación, en treinta y tres (33) folios.
➢ Relación de bicicletas en patios por cuenta de la Fiscalía General de la
Nación, en sesenta y un (61) folios.
➢ Relación de traslado de vehículos a patio de Tenjo, en quince (15) folios.
➢ Relación de vehículos exonerados de pago por parte de la Fiscalía General
de la Nación, en catorce (14) folios.
Como de la misma descripción se desprende, los documentos son listas de
vehículos frente a los cuales se presentan casilla con un “saldo” por patio y “valor
grúa”, todo lo cual responde supuestamente a la deuda en cabeza de la Fiscalía
General de la Nación, por cartera de vehículos inmovilizados en accidentes de
tránsito y llevados a los patios Álamos y Fontibón. También se exhiben unos
cuadros con la supuesta liquidación por concepto del servicio de traslado que
finalmente se le dio a esos vehículos hacia patios de propiedad de la Fiscalía
General de la Nación. Sin embargo, las tablas presentadas son un resumen de la
supuesta facturación causada por la prestación de servicios, pero no son prueba del
47 Folios 440 a 569, c. 3.
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desembolso monetario y consecuente detrimento patrimonial de la Secretaría
Distrital de Movilidad.
Además, de los documentos mencionados no se desprende con claridad la persona
que los elaboró y es dable concluir que son listas y cuadros realizados por la misma
Secretaría Distrital de Movilidad, por lo que atribuirles si quiera valor probatorio
significaría una desatención del principio conforme al cual a nadie le es permitido
fabricar su propia prueba48.
16. En consecuencia, no se logró acreditar con certeza un detrimento patrimonial
por las erogaciones económicas que supuestamente tuvo que asumir la Secretaría
Distrital de Movilidad para remunerar los costos y precios de los servicios de grúa y
patios prestados para vehículos que fueron inmovilizados en hechos constitutivos
de posible delito y que eran puestos a disposición de la Fiscalía General de la
Nación. En ese sentido, ante la falta de prueba que permita dar por existente la
configuración de un daño, no hay lugar a extender el pronunciamiento al estudio de
los otros elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado.
17. Por último, la demandante también adujo, como pretensión subsidiaria, que las
entidades demandadas se habían enriquecido injustamente. Sobre el particular la
jurisprudencia tiene determinado que para la procedencia de la acción de
enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere, entre otros
elementos, que exista un enriquecimiento por parte del obligado y un
empobrecimiento correlativo49. No obstante, como en el presente caso no se probó
la existencia de un detrimento patrimonial de la Secretaría Distrital de Movilidad, lo
que significaría para ella un empobrecimiento, tampoco hay lugar a extender el
pronunciamiento frente a la configuración de todos los elementos que constituyen
un enriquecimiento injustificado50.
48 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de noviembre de 1993, [fundamento
jurídico 6]. GJ CCXXV, n.° 2464, segunda parte, p. 405: “es principio general de derecho probatorio y de
profundo contenido lógico, que la parte no puede crearse a su favor su propia prueba. Quien afirma un hecho
en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios que enumera el artículo 175 del
código de procedimiento civil, con cualesquiera formas que sirvan para formar el convencimiento del juez. Esa
carga… que se expresa con el aforismo onus probandi incumbit actori, no existiría si al demandante le bastara
con afirmar el supuesto de hecho de las normas y con eso no más quedar convencido el juez”. En el mismo
sentido: CSJ SC 113, A3 sep. 1994; CSJ SC, 27 jul. 1999, rad. 5195; CSJ SC, 31 oct. 2002, rad. 6459; CSJ SC,
25 mar. 2009, rad. 2002-00079-01; CSJ SC9123, 14 jul. 2014, rad. 2005-00139-01; 7 de oct. 2016, rad. 2007-
00079-01.
49 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 1936, [fundamento
jurídico G.J. XLIV p. 474]. Reiterados por esta Corporación, cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 7 de junio de 2007, Rad. n°. 14.669 [fundamento jurídico 7.1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos,
Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 pp. 895 y 896,
disponible en: https://cutt.ly/Akqynhf.
50 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de octubre de 2000, rad. 5744: “en esta
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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02844-02 (66542)
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Medio de control: Reparación directa
Costas
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el Código General del Proceso.
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las agencias
en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4
del artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere.
En atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. 1887 de 2003 del Consejo Superior
de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, la Sala fijará
las agencias en derecho, en la segunda instancia, que estarán a cargo de la parte
demandante en la suma equivalente al 0.1% de las pretensiones negadas 51, es
decir, la suma de doce millones seiscientos ochenta y tres mil trescientos setenta y
seis pesos ($12.683.376)52, la cual se reconocerá, en partes iguales, en favor de las
demandadas.
especial acción es de la incumbencia del actor demostrar que el patrimonio del demandado obtuvo "algo", y que
esa obtención de la ventaja ha costado "algo" en el patrimonio suyo, de modo de establecerse una conexión
indubitable entre el enriquecimiento y el empobrecimiento correlativos. Más elípticamente, probar que la ventaja
del demandado derivó de la desventaja del actor”. En el mismo sentido: CSJ SC, 7 oct. 2009, rad. 2003-00164-
01.
52 La parte demandante estimó la cuantía en $12.683.376.550.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de febrero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: CONDENAR en costas al Distrito Capital-Secretaría Distrital de
Movilidad, en favor la General de la Nación y la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional, y fijar las agencias en derecho de segunda instancia en la suma
de doce millones seiscientos ochenta y tres mil trescientos setenta y seis pesos
($12.683.376) a cargo de la parte actora.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
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Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF
30
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