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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-33-000-2015-00178-01

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-33-000-2015-00178-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá el 30 de enero de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 18001-23-33-000-2015-00178-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 18001-23-33-002-2015-00178-01 (65967)

Actor: MARITZA ARIAS CASTRO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO
NACIONAL Y POLICÍA NACIONAL

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑOS DERIVADOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS –
DESPLAZAMIENTO FORZADO - no obran pruebas que permitan tener certeza sobre la
cesación del desplazamiento forzado / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN EN EL
CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN – procede
cuando se solicita protección especial con indicación de las especiales condiciones de
riesgo en las cuales se encuentra la persona o cuando, sin que medie solicitud de
protección alguna, resulta evidente que se encontraba expuesta a sufrir graves riesgos
contra su vida.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 30 de enero de 2020, por el Tribunal
Administrativo de Caquetá, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se solicita la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por el
desplazamiento forzado del que fueron víctimas la señora Maritza Arias Castro y su
núcleo familiar, como consecuencia de la falta de protección ante las amenazas de
grupos armados al margen de la ley.

II. ANTECEDENTES

1.- La demanda

El 7 de julio de 20151, la señora Maritza Arias Castro y otros2, por conducto de
apoderado judicial3, interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de

1
Folios 1 – 20. C. 1.
2
Luis Alfredo Arias, Rodolfo Valencia Ramírez, Leiderth Valencia Arias, Fabián Andrés Valencia,
Querly Viviana Ramírez Arias, Hableidy Galvis Ramírez, Derly Andrea Bohórquez Ramírez, Deiby
Juliana Bohórquez Ramírez y Benjamín Bohórquez Ramírez.
3
Folios 21 – 25. C.1.

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de Defensa- Ejército y Policía
Nacional-, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por el
desplazamiento forzado del que fueron víctimas desde el año 2007, en hechos
ocurridos en la vereda “El Cedro” del corregimiento Alto Orteguaza del municipio
de Florencia, Caquetá.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se reconocieran las
siguientes indemnizaciones:

Por concepto de daño moral, “perjuicio por alteración a las condiciones de
existencia y/o a la vida de relación”, una suma equivalente a 300 s.m.m.l.v, para
cada uno. Por concepto de “resarcimiento de los daños a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados”, una suma equivalente a 200
s.m.m.l.v. para cada uno. Por concepto de daño emergente para la señora Maritza
Arias Castro, la suma de $55’000.000 y para la señora Querly Viviana Ramírez, la
suma de $115’000.000. Por concepto de lucro cesante para la señora Maritza Arias
Castro la suma de $98’261.699 y para el señor Rodolfo Valencia la suma de
$98’261.699. Por ese mismo rubro para la señora Querly Viviana Ramírez la suma
de $1.887’619.026. Como medidas de satisfacción se pidió que se ordenara a las
entidades demandadas pedir perdón públicamente a los demandantes en medios
masivos.

Como fundamentos fácticos de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

La señora Maritza Arias Castro vivía, junto con su padre, esposo e hijos, en una
finca ubicada en la vereda “El Cedro” del corregimiento Alto Orteguaza del
municipio de Florencia, Caquetá, en la cual se dedicaban a la producción de
plátano, café, yuca y pastos forrajeros. Para el año 2005 se desempeñó como líder
de la zona y presidenta de la Junta de Acción Comunal, momento en el que empezó
a recibir citaciones y amenazas del grupo criminal FARC que operaba en la zona,
situación que no pudo poner en conocimiento de las autoridades dado el temor de
las posibles represalias de los criminales.

La señora Maritza Arias Castro y su núcleo familiar, finalmente, se desplazaron en
el año 2007 al municipio de Caquetá, dejando abandonados sus bienes, relaciones
familiares y económicas. Dada esa situación, la señora Maritza Arias presentó
denuncia del desplazamiento forzado en la Defensoría del Pueblo – Regional
Caquetá y la Personería Municipal de Florencia, el día 24 de julio de 2007, por lo
que fueron incluidos en el Registro de la Unidad de Víctimas.

2

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

La señora Querly Viviana Ramírez Arias, hija mayor de edad de Maritza Arias
Castro, continuó viviendo en la vereda hasta el día 18 de octubre de 2010, fecha
en la que fue asesinado su esposo, el señor Benjamín Bohórquez Rodríguez, por
miembros de las FARC, circunstancia que produjo su desplazamiento forzado
definitivo.

Aseguraron los demandantes que las autoridades conocían previamente de la
grave situación de orden público, e inclusive, de la situación de desplazamiento de
la señora Maritza Arias Castro y su familia, pero no tomaron medidas para
protegerlos. Como consecuencia del desplazamiento forzado, la familia de la
señora Maritza Arias Castro y, posteriormente, su hija Querly Viviana Ramírez Arias
se tuvieron que dirigir a la ciudad de Florencia “a las invasiones de la ciudad”, y se
dedicaron a desarrollar labores varias para sobrevivir, incluyendo actividades como
solicitar caridad pública al encontrarse en situación de miseria.

Según la demanda, todos los perjuicios padecidos por los grupos familiares eran
consecuencia de la falla del servicio en la que incurrieron las entidades
demandadas, porque a pesar de tener conocimiento del alto grado de vulnerabilidad
de los habitantes de la vereda “El Cedro” del corregimiento Alto Orteguaza del
municipio de Florencia –siendo ello un hecho notorio-, no cumplieron con su
obligación de garantes4.

2.- Trámite en primera instancia

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante
auto de 4 de diciembre de 2015, que se notificó en debida forma a las entidades
demandadas y al Ministerio Público5.

2.2. Dentro de la oportunidad legal para contestar la demanda, el Ministerio de
Defensa -Policía Nacional-6 manifestó que la actividad que desarrollaba la fuerza
pública era de medio y no de resultado y que no le eran imputables al Estado los
daños ocasionados por terceros al margen de la ley. Añadió que no era un hecho
notorio las supuestas amenazas que recibieron los demandantes quienes nunca
solicitaron medidas de protección.

4
En la demanda también se solicitó la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas
por la muerte del señor Benjamín Bohórquez Rodríguez. Sin embargo, en el auto admisorio, el a
quo señaló que se rechazaba la demanda frente a dicha pretensión al haber operado el fenómeno
jurídico de la caducidad, aspecto que no fue apelado por la parte actora.
5
Folios 158 – 162. C.1.
6
Folios 182 – 212. C. 1.

3

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

2.3. El Ejército Nacional contestó extemporáneamente la demanda.

3. Audiencia inicial

La audiencia inicial se llevó a cabo el 15 de noviembre de 20177 en la que se fijó el
litigio en los siguientes términos: “Establecer si la Nación – Ejército Nacional, Policía
Nacional son responsables de los daños y perjuicios irrogados a los demandantes,
como consecuencia del presunto desplazamiento forzado del que fueron víctimas
por parte de las FARC”. La audiencia de pruebas se celebró el día 17 de enero de
20188 y el 26 de junio de 20189, se corrió traslado a las partes para que presentaran
sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para emitir su concepto.

3.1. La parte actora10 reiteró que el desplazamiento forzado al que se vieron
obligados los demandantes correspondió a la falla en la prestación del servicio de
las entidades demandadas, porque a pesar de conocer la grave situación de orden
público en la zona, permitieron la vulneración de los derechos fundamentales de
las víctimas al no haber hecho presencia alguna en la región.

3.2. El Ministerio de Defensa -Ejército Nacional-11 manifestó que no se había
acreditado la condición de desplazados de los demandantes. Adicionó que dicha
entidad no estaba encargada de prestar servicio de seguridad personalizada o
individual y que en el caso se configuró la eximente de responsabilidad
correspondiente al hecho de un tercero.

3.3. El Ministerio de Defensa -Policía Nacional-12 adujo que se configuró la
caducidad de la acción. También señaló que la parte actora no logró probar la falla
en el servicio atribuida en la demanda, porque no se demostró que hubiera
interpuesto alguna denuncia por las supuestas amenazas de que era objeto de
parte del grupo armado ilegal e insistió en que se encontraba configurada la causal
eximente de responsabilidad del hecho de un tercero.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

7
Fls 596 -604 C. 3.
8
Fls 608 – 610 C. 3.
9
Fl 634 C.3.
10
Fls 648 -657 C. 3.
11
Fls 658-670 C. 3.
12
Fls 636-643 C. 3.

4

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

4.- Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo de Caquetá
indicó que los demandantes acreditaron haber sufrido desplazamiento forzado,
incluyendo al señor Rodolfo Valencia Ramírez, frente a quien, a pesar de no estar
incluido en el Registro Único de Población Desplazada, a partir de otros medios de
prueba se podía inferir su calidad de víctima de dicho delito.

Refirió que en el proceso no se probó que el desplazamiento de los demandantes
hubiera sido imputable jurídicamente a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
y Policía Nacional. Puntualizó que los demandantes no acreditaron que hubieran
puesto en conocimiento de las referidas autoridades las amenazas, extorsiones y
demás situaciones que se venían presentando para que se adoptaran las medidas
tendientes a evitar la ocurrencia del hecho dañoso. Respecto del núcleo familiar de
la señora Querly Viviana Ramírez Arias, la cual manifestó que el desplazamiento
forzado había ocurrido después del asesinato de su compañero permanente, se
acreditó que efectivamente ella acudió a las autoridades, pero todo ocurrió con
posterioridad al crimen.

Con base en los anteriores argumentos y en el estudio del material probatorio
obrante en el proceso, concluyó que no se demostró que los demandantes se
hubieran hallado en una situación especial de peligro previa y plenamente conocida
por los miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional y que tornara
imperiosa la adopción de medidas de precaución tendientes a resguardar la
integridad del grupo familiar.

5- El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso de forma
oportuna recurso de apelación13.

Manifestó que con las pruebas obrantes en el plenario no quedaba duda de que era
un hecho notorio la ola de violencia que vivía el departamento de Caquetá pero el
juzgador de primera instancia omitió tener en cuenta dicho contexto de la zona en
la cual se produjo el desplazamiento forzado de los demandantes, frente a lo cual
las entidades demandadas omitieron sus obligaciones “al no ejercer la posición de
garante de la vida honra y bienes de sus ciudadanos”, por no prestar el servicio de

13
Fls 702 - 714 C. Ppal.

5

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

protección y vigilancia a su cargo y no hacer uso de todos los medios para evitar el
hecho dañoso.

Adicionó que a pesar de las graves condiciones que se vivían en la vereda “El
Cedro” del corregimiento de Alto Orteguaza, no había presencia permanente de las
autoridades, lo que pudo evitar el desplazamiento de los demandantes. Señaló que
en el proceso se acreditó que no fue posible denunciar las amenazas previas que
recibían los demandantes antes de su desplazamiento, porque eran
constantemente vigilados por los grupos al margen de la ley.

6- El trámite en segunda instancia

6.1. En proveído del 30 de septiembre de 2020, esta Corporación admitió 14 el
recurso de apelación interpuesto y por auto del 10 de noviembre siguiente corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto15.

6.1.2. En esa oportunidad procesal, las partes reiteraron los argumentos expuestos
en la primera instancia16.

III. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de enero de 2020, por el
Tribunal Administrativo de Caquetá, de conformidad con el artículo 147 del CPACA,
por tratarse de un proceso de doble instancia debido a la cuantía17, según lo
dispuesto en la Ley 1437 de 2011, en razón a que la pretensión mayor excede los
500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la
demanda (7 de julio de 2015)18.

14
Folio 721 C. ppal.
15
Folio 723 C. ppal.
16
SAMAI 11, 12 Y 13
17
En el acápite de la estimación razonada de la cuantía se solicitó por concepto de perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora Querly Viviana Ramírez Arias, la
suma de $1.887’619.026.
18
A la fecha de presentación de la demanda equivalía a $322’175.000.

6

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

2.- La caducidad de la acción

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador
instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas
acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la
carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer
efectivo su derecho.

Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446
de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe
ser declarada de oficio por el juez.

En el presente asunto, para la época de ocurrencia de los hechos – 16 de junio de
200719, fecha en que se desplazó la señora Maritza Arias y su círculo familiar; y 10
de agosto de 201020, fecha en la que se desplazó Querly Viviana Ramírez Arias y
su círculo familiar-, estaba vigente el artículo 136 del Decreto 01 de 198421, que
establecía que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo
de 2 años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho u
omisión al que se atribuye el daño, en este caso, determinado por el
desplazamiento forzado de los demandantes, hechos que tuvieron lugar, según la
demanda, por la omisión del Estado de velar por la protección de sus asociados.

Es importante resaltar que la Sección Tercera de esta Corporación unificó su
jurisprudencia en lo concerniente a la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y “cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la

19
En cuanto al padre de la señora Maritza Arias, no hay claridad de la fecha porque en el certificado
emanado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas se estableció que él
se había desplazado el 6 de enero de 2009, pero en todo el proceso se indicó que el se desplazó
con la señora Maritza Arias. Si se toma la fecha del certificado, para éste demandante, el término
de caducidad vencía a más tardar el 7 de enero de 2011.
20
Se tomaron las fechas que se referenciaron en el certificado emanado por la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas obrante a folios 41 a 47 del cuaderno de pruebas de
la parte actora. En la demanda se indicó que el desplazamiento de la señora Querly Viviana Ramírez
Arias ocurrió con posterioridad al asesinato del señor Benjamín Bohórquez en el mes de octubre de
2010, pero el referido certificado de la UARIV indicó que tal desplazamiento ocurrió el 10 de agosto
de 2010.
21
Decreto 1 de 1984: “Artículo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la
Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:>
“(…)
“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.

7

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado” y concluyó que para
computar el plazo de dicho fenómeno procesal no basta con la ocurrencia del hecho
dañoso, sino que se requiere determinar si el interesado advirtió o tuvo la posibilidad
de saber que el Estado, por acción u omisión, tuvo injerencia en tales hechos y que
le era imputable el daño, pues es a partir de ese momento que surge el interés para
ejercer el derecho de acción, además de que debía tenerse en cuenta la
configuración de algún supuesto objetivo que le impidiera el acceso material a la
jurisdicción.

Teniendo en cuenta las afirmaciones efectuadas en la demanda respecto a que el
desplazamiento ocurrió para la señora Maritza Arias Castro, su esposo, sus hijos
menores de edad y su padre el 16 de junio de 2007; y para el grupo familiar de la
señora Querly Viviana Rodríguez Arias el 10 de agosto de 2010, lo que fue
corroborado por la Personería Municipal de Florencia y la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, en los términos de la sentencia de unificación
de la Sección Tercera, se tiene que esos mismos días los demandantes advirtieron
la posibilidad de imputar responsabilidad patrimonial al Estado, en la medida en que
desde esa fecha conocieron la omisión de las autoridades en cumplimiento de sus
obligaciones de seguridad, pues conforme a la imputación, fue la inactividad del
Estado para adoptar medidas de protección a favor de los demandantes ante las
amenazas y hostigamientos de las FARC en contra de los demandantes, lo que
finalmente llevó al desplazamiento forzado de todos los demandantes.

Según esta perspectiva, para el primer grupo familiar compuesto por Maritza Arias
Castro, el término de caducidad vencía a más tardar el 17 de junio de 2009, y para
el grupo de Querly Viviana Rodríguez Arias, su esposo y sus hijos, el 11 de agosto
de 2012; sin embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 18 de
diciembre de 2014 y la demanda se presentó el 7 de julio de 2015, cuando el
referido plazo legal ya se encontraba ampliamente vencido.

Se debe precisar que no se está contabilizando el término de caducidad desde que
inicia el desplazamiento, como si se tratara de un daño instantáneo, pues se trata
claramente de un daño continuado frente al cual el término de caducidad de
computa desde que verifica su cesación, la referida sentencia de unificación se
tiene en cuenta porque la demandada se edificó en la omisión de las autoridades
en cumplimiento de sus obligaciones de seguridad, la cual en sus precisos términos
sería conocida los mismos día por los afectados, habida cuenta de que, según la

8

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

demanda, fue precisamente esa omisión del Estado ante las amenazas de las
FARC lo que produjo el desplazamiento forzado del grupo familiar demandante.

Ahora bien, en los casos en que el daño alegado es producto de delitos de carácter
continuado, como ocurre con el desplazamiento, desaparición forzada o secuestro,
el término de 2 años previsto en la ley solo podrá computarse teniendo en cuenta
las particularidades de cada caso, pues se trata de eventos en que el daño se
prolonga en el tiempo22. Al respecto, esta Subsección ha sostenido:

En estos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la
ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del ‘acaecimiento del hecho,
omisión y operación administrativa’, sino a partir del momento en que el daño
adquiere notoriedad -cuando esta última no coincide con la causación de aquel,
es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra en la
imposibilidad de conocerlo-, o cuando aquel se entiende consolidado -en los
eventos en que el daño se prolonga en el tiempo-, circunstancias que se
analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

“Bajo esta misma lógica, la Corporación23 ha estimado que, en los eventos de
daños con efectos continuados (vgr. desplazamiento forzado, desaparición
forzada o secuestro), el término de caducidad de la demanda de reparación
directa debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es,
cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando están dadas las
condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen o
en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso
penal (…)”24.

Concretamente, en materia de desplazamiento forzado, esta Corporación ha
considerado que el término de caducidad se cuenta desde el momento en el que el
daño cesa25, evento que puede acontecer desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal seguido por los hechos o desde la fecha del retorno
o restablecimiento de las víctimas al lugar de origen o, en su defecto, desde que
están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno,
independientemente de que los afectados procedan o no a hacerlo 26. De igual
manera, también se ha razonado sobre las hipótesis en las que las personas que
inicialmente se desplazaron forzadamente pudieron haberse reasentado o

22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de diciembre de 2013,
expediente 48.152, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 22 de noviembre de 2012, expediente
40.177, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En esta providencia se cita el auto de 26 de julio de
2011, proferido por la Subsección C, expediente 41.037, M.P. Enrique Gil Botero.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2015,
radicado 20040151201 y auto del 10 de febrero de 2016, radicado 201500934 01, ambas con
ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2014, Exp. nº
00298-01(AG). C.P. Enrique Gil Botero.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 9 de septiembre de 2015, Exp: 200401512 01 y auto del 10 de febrero de 2016, Exp:
201500934 01(AG), C.P. Hernán Andrade Rincón.

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Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

arraigado en otro lugar27 o que pudieran encontrarse elementos que permitieran
considerar que estaban en la posibilidad de acceder a la administración de justicia,
circunstancia que tiene incidencia en el cómputo del término de caducidad28.

Lo primero que se debe advertir es que en el proceso no obra un fallo penal
definitivo por los hechos del desplazamiento de que fueron víctimas los grupos
familiares demandantes. De la misma manera, tampoco se allegaron elementos de
convicción para establecer que retornaron al lugar del que fueron desplazados. El
anterior aspecto fue ratificado por la señora Luz Mery Cano Cabrera, quien conoció
a los demandantes porque vivía en la misma vereda. Al respecto, manifestó que a
la señora Maritza Arias Cano la conocía desde hacía 38 años porque eran vecinas,
así como también al resto de su familia. Manifestó que los demandantes se vieron
obligados a abandonar sus casas en la vereda “El Cedro” en el corregimiento de
Alto Orteguaza y que se fueron para la ciudad de Florencia y que no volvieron a la
zona después de abandonar sus fincas, dado que estaban amenazados y sentían
temor por sus vidas.

Ahora, con el material probatorio obrante en el proceso tampoco es posible señalar
que estaban dadas las condiciones de seguridad para que se produjera el retorno.
En efecto, ninguna de las pruebas que conforman el expediente resultan indicativas
de que los actores gozaran de las garantías y el acompañamiento necesario por
parte de alguna autoridad del Estado para el retorno en condiciones de seguridad.
Inclusive, según se señaló, el señor Benjamín Bohórquez, esposo de la señora
Querly Viviana Rodríguez Arias volvió a su hogar a recoger unos plátanos, pero a
su retorno, resultó asesinado, lo que resulta más que indicativo de que la familia no
tenía las condiciones de seguridad idóneas para volver a su lugar de origen.

Cabe señalar que el artículo 28 numeral 11 de la Ley 1448 de 2011 establece que
el retorno o reubicación en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad,
constituyen un derecho de las víctimas de desplazamiento forzado.

La Corte Constitucional a través del Auto 383 de 2010 menciona que “el retorno es
un derecho de la población en situación de desplazamiento y como tal, debe
considerarse entre los mínimos prestacionales que debe garantizar el Estado”

27
Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 10 de mayo de 2017. Exp: 58.017. C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico. Reiterado por la Sala en sentencia del 13 de agosto de 2021. Exp: 64.893.
M.P. José Roberto Sáchica Méndez
28
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2023. Exp.
62.500.

10

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

El acompañamiento se refiere a las acciones que debe emprender el Estado
dirigidas a que la población víctima de desplazamiento forzado que ha tomado la
decisión de retornar, reubicarse o integrarse localmente bajo los principios de
seguridad, dignidad y voluntariedad, logre avanzar en la superación de la situación
de vulnerabilidad que le generó el desplazamiento forzado y en su proceso de
integración comunitaria y arraigo territorial en el sitio en el que han decidido
permanecer de manera indefinida.

El principio de seguridad está relacionado con las acciones que debe adelantar la
institucionalidad para evitar la vulneración de los Derechos Humanos y la
ocurrencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afecten a la
población acompañada.

La seguridad no se debe comprender solo como parte de la movilización física de
las personas, sino también de su permanencia en los territorios. Inclusive, la Fuerza
Pública está en la obligación de elaborar un plan de acompañamiento antes,
durante y después del retorno o la reubicación, con el fin de garantizar la
permanencia de la población en su territorio.

Así las cosas, bajo este supuesto solo podría considerarse la cesación del
desplazamiento forzado, a partir de un regreso seguro, en el que se verifique la
superación del estado de vulnerabilidad, lo cual implica la consolidación
o estabilización socioeconómica de los afectados en unas condiciones que
garanticen una vida y subsistencia dignas.

Asimismo, en el expediente no obran pruebas indicativas de que se establecieron,
reasentaron o arraigaron en otro lugar con las condiciones necesarias para el goce
efectivo de sus derechos. Sobre este aspecto, se tiene que al proceso se aportaron
los siguientes documentos:

• Respuesta a derecho de petición emanado por Acción Social con fecha del 11 de
noviembre de 201029 a la señora Maritza Arias Castro, en el que se le manifestó
que la entidad procederá a tramitar la solicitud de ayuda humanitaria, para lo cual
se le asignó el número de turno 3C – 248775. También se indicó que el 3 de

29
Fl 131 c 1

11

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

diciembre de 2007 a ella y a su núcleo familiar se le brindó un ayuda por concepto
de Programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos.

• Derecho de petición por medio del cual Querly Viviana solicitó al DPS prórroga de
ayuda humanitaria, debido a que no había recibido los recursos suficientes para su
estabilidad económica30.

-Solicitudes de ayuda humanitaria presentadas por la señora Querly Viviana
Ramírez Arias ante Acción Social los días 16 de diciembre de 201031, 13 de
diciembre de 201132, 13 de septiembre de 201133 y 8 de agosto de 201234.

• Respuesta de Acción Social del 28 de febrero de 201135 al requerimiento de la
señora Querly Viviana Ramírez Arias de reconocérsele reparación administrativa,
en la que se indicó que los hechos narrados no se encontraban en el marco previsto
en el artículo 15 de la ley 418 de 1997, porque hasta esa fecha no se tuvo
conocimiento de los móviles del asesinato de su esposo, el señor Benjamín
Bohórquez Rodríguez; en consecuencia, se le manifestó que “el caso se encuentra
rechazado”.

-Oficio del 15 de julio de 201136 en el que el Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Florencia le informó a la señora Maritza Arias Castro que mediante fallo de ese
día se accedió al amparo constitucional que presentó en contra de Acción Social,
por lo que se le ordenó que dentro de las 48 horas siguientes le debía reconocer y
cancelar la prórroga de ayuda humanitaria de emergencia.

-Comunicación del 23 de agosto de 201137 por medio de la cual, el Subdirector
Técnico de Atención a Población Desplazada le informó a la señora Querly Viviana
Ramírez Arias que su caso se encontraba con asignación de turno vigente y la
solicitud de atención de ayuda humanitaria ya se encontraba en trámite a través del
turno No. 3C – 258755.

30
Fl 92 c 1
31
Fl 117 c 1
32
Fl 118 c 1
33
Fl 119 c 1
34
Fls 123 – 124 c 1
35
Fl 125 c 1
36
Fl 112 c 1
37
Fl 126 c 1

12

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

-Sentencia del 21 de septiembre de 201138, mediante el cual el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Florencia tuteló el derecho fundamental de petición de la
señora Querly Viviana Ramírez Arias. En consecuencia, se le ordenó a Acción
Social realizar a favor de la accionante “la entrega inmediata de la prórroga
humanitaria, sin que sea necesario que se surta el proceso de caracterización,
hasta tanto el actor y su grupo familiar no logre las condiciones de autosuficiencia
económica que le permita una vida en condiciones dignas”.

-Incidente de desacato del 5 de octubre de 2011 que presentó la señora Querly
Viviana Ramírez por el incumplimiento del fallo de tutela39.

-Oficio del 18 de octubre de 2011, mediante el cual el Juzgado Segundo Laboral de
Florencia le informó a la señora Querly Viviana Ramírez que abrió formalmente el
trámite de incidente de desacato contra Acción Social.40

-Oficio del 28 de octubre de 201141, en el que Acción Social le indicó a la señora
Querly Viviana Ramírez Arias que, en cumplimiento al fallo de tutela que profirió el
Juzgado Segundo Laboral del circuito de Florencia, se verificó el Registro Único de
Población Desplazada y se constató que se encontraba incluida conforme a lo
dispuesto en el artículo 1 de la ley 387 de 1997. En dicha comunicación también se
indicó:

Teniendo en cuenta lo anterior y verificada nuestras bases de datos se
registra que a su grupo familiar le han sido entregados todos los
componentes de la Atención Humanitaria. Adicionalmente, al núcleo
familiar se le programó la entrega de una nueva atención humanitaria, en
calidad de prórroga cuya entrega consistirá en alojamiento transitorio y
asistencia alimentaria, la cual se encontrará disponible a partir del 31 de
octubre del presente año en el Banco Agrario de la ciudad de Florencia –
Caquetá – oficina más cercana a su domicilio.

-Oficio del 11 de noviembre de 2011, por medio del cual la Secretaria del Tribunal
Superior de Caquetá le informó a la señora Querly Viviana que en sentencia del 9
de noviembre de 2011 se confirmó la sentencia del 21 de septiembre de 2011 del
Juzgado Laboral del Circuito de Florencia.

38
Fls 95 -97 c 1
39
Fl 94 c 1
40
Fls 99 100 c 1
41
Fls 127 – 129 c 1

13

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

-Sentencia del 11 de marzo de 201342, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo
de Familia de Florencia, en la que se resolvió la acción de tutela presentada por
varias personas, entre ellas, la señora Querly Viviana Ramírez Arias en contra de
la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En la providencia
se manifestó que el grupo de accionantes, en calidad de desplazadas por la
violencia, elevaron derecho de petición de prórroga de ayuda humanitaria sin
obtener respuesta positiva, a pesar de la imposibilidad de autosostenimiento. La
autoridad judicial tuteló los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna de
las accionantes y le ordenó a la accionada entregar en un término no superior a las
48 horas la prórroga de ayuda humanitaria de emergencia en forma automática
dadas sus condiciones de madres cabeza de familia y dicha ayuda se deberá
suministrar hasta tanto logren las condiciones económicas para auto sostenerse.

-Comunicación del 30 de enero de 201443, mediante la cual la Unidad Para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas le manifestó a la señora Querly
Viviana Ramírez Arias que tenía asignado turno vigente, por lo que no era viable
acceder a una nueva programación y que la solicitud de ayuda humanitaria ya se
encontraba en trámite a través del turno 3C-8469.

En ese mismo sentido, la señora Luz Mery Cano Cabrera, quien rindió su testimonio
en el proceso, indicó que después de su desplazamiento de la vereda, se comunicó
un par de veces con la señora Maritza Arias Castro, quien le manifestó que ella tenía
que vivir del trabajo que le saliera; también manifestó que la señora Querly Viviana
Rodríguez Arias, una vez se fue de la vereda “El Cedro” para la ciudad de Florencia,
le tocó trabajar en oficios varios, y “rebuscarla”. Al respecto, declaró que “ellas no
volvieron a la zona, porque uno sale del campo con los brazos cruzados”.

Según la Corte Constitucional, la superación de la situación de vulnerabilidad
comporta la estabilización socioeconómica de la población desplazada; por tanto,
las autoridades públicas deben asegurar de manera prioritaria los derechos a la
salud, educación, alimentación, reunificación familiar, vivienda, orientación
ocupacional y atención psicosocial, y de forma progresiva, el acceso o restitución
de tierras, servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, seguridad alimentaria,
ingresos y trabajo44.

42
Fls 103 – 109 c 1
43
Fl 130 c 1
44
Corte Constitucional, sentencia T-014 de 2015, autos 331 de 2019 y 326 de 2020.

14

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

En cuanto al concepto de vulnerabilidad de la población desplazada, la Corte
Constitucional explicó en la Sentencia T-585 de 2006 (reiterada en las Sentencias
T-239 de 2013 y T-347 de 2014) que esta se entiende como una situación que no
es elegida por el individuo que la padece, pero que le impide acceder a garantías
mínimas para la realización de sus derechos fundamentales, económicos, sociales
y culturales.

Como se puede apreciar, una vez se produjeron los desplazamientos de los
demandantes, se encontraban en alto grado de vulnerabilidad y necesitaban de
manera urgente ayuda humanitaria, sin que los elementos de convicción allegados
al proceso permitan determinar que tal situación hubiera sido superada por los
actores para la fecha en que se interpuso la demanda.

Para la Sala es menester resaltar que, en efecto, los demandantes acudieron a
través del mecanismo de la acción de tutela para que les reconocieran las ayudas
humanitarias necesarias, no sólo una vez sino en varias oportunidades, lo que de
manera alguna podría interpretarse como un elemento indicativo de la superación
de la situación de desplazamiento o de haber encontrado las condiciones de
estabilidad socioeconómicas necesarias y, muy por el contrario, dan la certeza de
que con posterioridad a sus desplazamientos aún continuaban en situación de
vulnerabilidad y que necesitaban de manera urgente ayuda humanitaria; por
consiguiente, tampoco resulta razonable deducir que podían demandar en la
jurisdicción contencioso administrativa por el desplazamiento forzado, pues para
ello debía contar con asesoría jurídica y con los recursos económicos que ello
implica, situación muy diferente a las condiciones en las que se encontraban los
demandantes hasta la fecha de radicación de la demanda.

La Corte Constitucional ha sostenido que el daño material que causa el
desplazamiento forzado está directamente relacionado con la vulneración de
derechos fundamentales y de bienes jurídicos y materiales, lo cual expone a las
víctimas a condiciones adversas tales como la pérdida de sus hogares, medios de
vida y redes de apoyo45.

En efecto, las personas víctimas de desplazamiento forzado afrontan la afectación
de múltiples derechos fundamentales y la emergencia que sobreviene luego de la
ocurrencia de este hecho, así como el daño que ocasiona el desarraigo y cómo éste
genera la pérdida de bienes jurídicos y materiales a las víctimas de graves

45
Corte Constitucional, sentencias SU-1150 de 2000, T-098 de 2002, T-419 de 2003, T-602 de 2003,
T-025 de 2004, T-821 de 2007 y SU-254 de 2013.

15

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario46.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que las víctimas de
desplazamiento forzado se encuentran en una situación material de extrema
vulnerabilidad producto de ese hecho. Asimismo, ha considerado que los esfuerzos
de las autoridades públicas deben encaminarse a superar los escenarios de riesgo
y los obstáculos económicos, sociales y culturales que afectan la supervivencia de
las personas víctimas de desplazamiento forzado47.

La población desplazada tiene que “enfrentar todo tipo de barreras de acceso a la
justicia como las económicas o la falta de conocimiento sobre las vías jurídicas que
tienen a su disposición”.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en la sentencia SU-241 de 2024, hizo
énfasis en que se deben tener en cuenta «las condiciones materiales en las que se
encontraba la parte actora para ejercer el medio de control de reparación directa”.

En este tipo de casos se deben tomar en cuenta las dificultades que enfrentan las
personas para acceder a la justicia y ejercer sus derechos, debido a su situación
socioeconómica y a la falta de conocimiento de sus derechos y de las vías jurídicas
para hacerlos efectivos, lo cual constituye barreras de acceso a la justicia.

En este punto, cabe resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia SU-429 de
2024, reajustó la regla jurisprudencial en cuanto al cómputo de la caducidad en
casos de desplazamiento forzado, en el siguiente sentido:

La Sala Plena parte del siguiente supuesto: recientemente la Sentencia SU-167
de 2023 unificó la regla de aplicación de la caducidad para las demandas de
reparación por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio
atribuibles al Estado, con fundamento en el literal i) del artículo 164.2 de la Ley
1437 de 2011, así:

(i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento
y pago de una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de
guerra y genocidio. Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el
momento en el que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas
conocieron o debieron saber de la participación del Estado y advirtieron que
podían atribuirle responsabilidad patrimonial.

(ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de

46
Corte Constitucional, auto 326 de 2020.
47
Corte Constitucional, sentencia T-014 de 2025.

16

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

reparación, a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de
justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.

Esta sentencia agrega un componente a este segundo criterio, aplicable
para los casos en los que quien demanda es una persona víctima del
desplazamiento forzado. Así, el juez de la causa debe considerar, en su
análisis de las barreras de acceso a la administración de justicia que pudo
enfrentar la parte demandante, todos los factores de vulnerabilidad que
se asocian al flagelo del desplazamiento forzado y que padecen quienes
son víctimas de ese fenómeno”.

Así las cosas, debe tenerse en cuenta que la situación de desplazamiento obliga a
este grupo poblacional a enfocarse en superar las situaciones de vulnerabilidad,
marginalidad e indefensión que este tipo de hechos genera y acceder a las
condiciones mínimas de subsistencia, como tantas veces los requirieron, incluso a
través de acciones de tutela; por tanto, en este tipo de casos resulta necesario
verificar si los afectados realmente estaban en condiciones socioeconómicas de
demandar al Estado con la asesoría jurídica y los recursos que se requieren para
tal efecto, lo cual no se puede establecer en el presente caso.

Finalmente, cabe precisar que al presente caso no le resulta aplicable la sentencia
SU-254 de 2013, porque se verificó probatoriamente que para la fecha de su
ejecutoria y de la interposición de la demanda no había cesado el desplazamiento,
dado que el grupo familiar demandante aún continuaban en situación de
vulnerabilidad y necesitaban de manera urgente ayuda humanitaria.

Bajo las anteriores consideraciones, para la Sala resulta claro que con las pruebas
obrantes en el proceso no es posible concluir con certeza que frente a los
demandantes ha cesado el desplazamiento forzado, razón por la que, para
privilegiar el acceso a la Administración de Justicia de un grupo poblacional
vulnerable y sujeto de especial protección constitucional, la Sala acudirá a la
aplicación de los principios pro damato, pro actione y procederá a estudiar el fondo
del asunto48.

3. Legitimación en la causa

3.1 De los demandantes

Los accionantes acuden a esta jurisdicción invocando la calidad de víctimas de
desplazamiento forzado, y al respecto obran los siguientes elementos de prueba: el

48
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de mayo de 2021. Exp: 52796. M.P. José
Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 21 de marzo de 2025, exp. No. 62577.

17

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

certificado de la Procuradora Regional de Caquetá de 7 de enero de 2013 49 , el
Oficio No. 4018 de la Procuraduría General de la Nación de 21 de noviembre de
201750, el certificado de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas51, los certificados de la Junta de Acción Comunal
de la vereda “El Cedro”,52 y el testimonio de la señora Luz Mery Cano Cabrera,
habitante del sector donde ocurrió el hecho, en los cuales se indicó que tanto la
señora Maritza Arias Castro y su núcleo familiar, como la señora Querly Viviana
Ramírez Arias y su núcleo familiar, se encontraban incluidas en el Registro Único
de Víctimas53 por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, razón por la cual
les asiste legitimación material en la causa por activa.

3.2. De las entidades demandadas

La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional cuentan con
legitimación de hecho, pues los actores les atribuyen el daño demandado y, frente
a la legitimación en la causa material, se aclara que, por determinar el sentido de la
sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar
el estudio que permita determinar si el daño antijurídico alegado por la parte actora
les resulta imputable.

4. El daño

La Sala considera que el daño, consistente en el desplazamiento forzado, está
demostrado, de acuerdo con la documentación expedida por la Oficina Asesora
Jurídica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad
encargada de llevar el registro de la población desplazada del país, en la que se
indica que los demandantes se encuentran incluidos en el Registro Único de

49
Fl 77 c 1
50
Fl 17 c pruebas actora
51
Folios 603-605, cuaderno 2. Certificación emitida por la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
52
Fl 85 c 1
53
Respecto del señor Rodolfo Valencia Ramírez se observa que no aparece en el referido registro,
pero dicha situación no desconoce que efectivamente él fue desplazado dado que existen otros
medios probatorios que dieron cuenta de su condición tales como el testimonio de la señora Luz
Mery Cano y los certificados de la Junta de Acción Comunal de la Vereda. Es menester señalar que
la Corte Constitucional ha sido enfática en que la calidad de desplazado no se adquiere con la
inscripción del Registro Único de la Población Desplazada al ser éste un instrumento técnico,
meramente declarativo, para identificar a las personas para que accedan a los beneficios del Estado,
por lo que en ese asunto no existe una tarifa legal para establecer dicha condición. Sobre el
particular, la sentencia T – 265/10: Reitera esta Sala que el Registro Único de la Población
Desplazada no pretende constituir la condición de desplazado, sino reconocerla para efectos de
proveer la asistencia humanitaria a que se tiene derecho por ley y que es indispensable para la
satisfacción de los derechos esenciales de las personas víctimas del desplazamiento forzado.”

18

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

Víctimas, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado54. Igualmente, obran
en el expediente el certificado de la Procuradora Regional de Caquetá de 7 de enero
de 201355, el Oficio No. 4018 de la Procuraduría General de la Nación de 21 de
noviembre de 201756, los certificados de la Junta de Acción Comunal de la vereda
“El Cedro”,57 y el testimonio de la señora Luz Mery Cano Cabrera, que también dan
cuenta de su condición de desplazados.

5. La imputación

En la demanda se afirmó que la señora Maritza Arias Castro y su familia eran
víctimas de constantes amenazas por parte de las FARC, dada su calidad de líder
de la zona y en ejercicio de sus funciones como presidenta de la Junta de Acción
Comunal de la vereda “El Cedro” en el corregimiento Alto Orteguaza del municipio
de Florencia, lo que conllevó a que se desplazaran a la ciudad de Florencia.
También se manifestó que la señora Querly Viviana Rodríguez Arias se desplazó
como consecuencia de las amenazas que recibió de ese grupo armado ilegal, el
cual asesinó a su esposo.

Ahora bien, en relación con la obligación de protección y vigilancia a cargo del
Estado, se debe precisar que tiene su principal fundamento en el artículo 2 de la
Constitución Política, según el cual “las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades”.

En tal virtud, el Estado responderá por los daños sufridos por quienes han padecido
una situación de riesgo o amenaza previamente conocida por las autoridades, ya
sea porque el afectado solicitó medidas de protección o porque sus circunstancias
de vulnerabilidad eran ampliamente conocidas por las instituciones de seguridad58.

Al respecto, recuerda la Sala que, en casos como el formulado 59, la jurisprudencia
de esta Sección ha sido reiterada en señalar que la Administración responderá

54
Folios 603-605, cuaderno 2. Certificación emitida por la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
55
Fl 77 c 1
56
Fl 17 c pruebas actora
57
Fl 85 c 1
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de
noviembre de 1991, exp. 6296, CP: Daniel Suárez Hernández.
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 76001-23-31-000-2012-00778-01 (54443).

19

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

patrimonialmente, a título de falla en el servicio por omisión en el cumplimiento del
deber de brindar seguridad y protección a las personas, al menos en dos eventos60:

“i) cuando se solicita protección especial con indicación de las especiales
condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona y ii) cuando
sin que medie solicitud de protección alguna, de todas maneras resulta
evidente que la persona la necesitaba en consideración a que existían
pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida,
en razón de sus funciones”.

De acuerdo con dicho criterio, para que el Estado responda por el incumplimiento
de la obligación de brindar protección y seguridad, se debe establecer que las
autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se
encontraba la víctima, pues “tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible la
actuación y protección de las autoridades”61.

Ahora bien, en el presente caso obran los siguientes medios probatorios que
permiten concluir a esta Sala que las autoridades no tenían conocimiento de las
amenazas en contra del grupo familiar demandante:

-Respuesta al derecho de petición que presentó la señora Querly Viviana Ramírez
Arias a la Policía Nacional de Caquetá, con el fin de que se le informara sobre las
medidas de seguridad que se le brindaron a su familia desde el año 2010, fecha en
que se produjo el homicidio de su esposo, Benjamín Bohórquez. En dicho
documento, la autoridad señaló:

1. Se informe por escrito las medidas de seguridad prodigadas a la familia
Bohórquez Ramírez en general, desde el año 2010 fecha en la cual se
produjo el homicidio del señor Benjamín Bohórquez (…).
2. Se informe las labores concretas desarrolladas para la protección de la
vida, honra y bienes de la familia Bohórquez Rodríguez desde el año
2010 fecha en la cual se produjo el homicidio del señor Benjamín
Bohórquez (…) toda vez que fueron estigmatizados como personas
informantes y colaboradores de la Policía Nacional.

En respuesta a los numerales 1 y 2, le indicó que una vez verificada la
información con la Seccional de Protección y Servicios Especiales del
Departamento de Policía Caquetá y una vez adelantados los mecanismos
de búsqueda, no se halló elementos de información físicos ni magnéticos
que evidencien medidas de protección adoptadas para la familia
Bohórquez Ramírez.

3. (…) Se informe si en la zona aledaña a la vereda El Cedro –
Corregimiento Orteguaza, del municipio de Florencia – Caquetá, ha

60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia de unificación del 13 de mayo de 2014, C.P: Mauricio Fajardo Gómez, exp. 23.128.
61
Ibidem, reiterado por la Subsección A en sentencia del 19 de septiembre de 2019, exp. 70001-23-
31-000-2001-00946-01 (52417).

20

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

funcionado en forma constante entre el año 2010 a la fecha, alguna
estación o comando policial (…)
4. (…) Se informe sobre las acciones que la institución ha adelantado en
la vereda El Cedro – Corregimiento Orteguaza del municipio de
Florencia – Caquetá, entre el año 2010 a la fecha con el objetivo de
neutralizar y minimizar las acciones de las FARC (…)

En respuesta a los numerales 3 y 4, le indico que no ha funcionado de
forma constante ninguna estación o comando de Policía en dicha zona.

5. (…) Se informe si tienen conocimiento desde que época operaba el
grupo insurgente de las FARC en la zona aledaña a la vereda El Cedro
– Corregimiento Orteguaza, del municipio de Florencia, Caquetá (…)

En respuesta a numeral 5, le indico que una vez verificado con el Grupo
de Información y Análisis Delincuencial adscrito a la Seccional de
Investigación Criminal SIJIN del Departamento de Policía Caquetá, se
pudo establecer que esta estructura fue creada en 1966 y que desde el
año 2006 y 2007 la Columna Móvil Yesid Ortíz de la OT – FARC, asumió
el control en esta área de insurgencia.

6. (…) se informe de qué forma y manera se ejerció la protección a los
derechos fundamentales de la familia Bohórquez Ramírez, desplazada
forzosamente de la vereda El Cedro – Corregimiento Orteguaza, del
municipio de Florencia Caquetá, desde el año 2010 fecha en la cual se
produjo el homicidio del señor Benjamín Bohórquez Rodríguez (…)

En respuesta al numeral 6, le informo que una vez verificada con la Oficina
de Derechos Humanos del Departamento de Policía Caquetá y Oficina de
Estación Florencia, no se halló archivos físicos ni magnéticos donde se
evidencie información por desplazamiento forzado de las familias antes en
mención. De igual forma dentro de las alertas de riesgo e implementación
de medidas preventivas no fue allegado ningún documento, petición o
atendido caso al respecto.

• Oficio Np. S-2014 -012963 del Coordinador de Derechos Humanos de la Policía
Nacional en el que informó que verificados los archivos no se evidenció información
por desplazamiento forzado de la familia Bohórquez Ramírez, y dentro de las alertas
de riesgo e implementación de medidas preventivas no fue allegado ningún
documento, petición o atención de algún caso al respecto62

-Oficio del 1 de junio de 2018, suscrito por el Defensor del Pueblo, Regional
Caquetá63 en el que se manifestó:

Después de una búsqueda minuciosa no fue posible ubicar el derecho de
petición elevado por la señora Maritza Arias Castro, con C.C. No.
40.767.390, a través de su apoderado el doctor JESÚS ABEL QUINTERO
RAMÍREZ, el cual fue efectivamente recibido en nuestras dependencias, el
16 de diciembre de 2013 asignándole radicado No. 8705, por lo cual
procederemos a la reconstrucción de este documento que por lo demás fue
resuelto a través del oficio No. 6003-941, calendado con 03 de abril de 2014,
conforme consta en un archivo magnético

62
CD FL 21 C pruebas actora
63
Fls 51 – 52 c pruebas parte actora.

21

Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

Así mismo, ante la novedad expuesta procedo a dar contestación a los
oficios librados por su despacho dentro de la acción pública de la referencia,
a través de los cuales solicita información acerca de conductas vulneradoras
a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, en la
vereda " El Cedro", corregimiento del Alto Orteguaza (Florencia) en el
periodo de 2004-2010. En consecuencia, le comunico que en las bases de
datos, así como, en el archivo físico de la entidad no se encontró registro
alguno de ocurrencia de situaciones de amenaza o vulneración similares o
conexas que hubiesen ocurrido en dicha zona, motivo por el cual esta unidad
Defensorial no desplegó intervención o gestión humanitaria en dicho sector
y periodo de tiempo.

Igualmente, le informo que tanto en nuestro archivo físico como el
magnético, no reportan declaración por el delito de desplazamiento forzado
de los señores:
1. -Maritza Arias Castro, con C.C. No. 40.767.390
2. -Leiderth Valencia Arias, con C.C. No. 1.007.331.466
3. -Fabian Andrés Valencia López, con C.C. No. 1.117.525.339
4. -Rodolfo Valencia Ramírez, con C.C. No. 17.702.175
5. -Luis Alfredo Arias, con C.C. No. 1.625.226
6. -Querly Viviana Ramirez Arias, con C.C. No. 1.117.492.982
7. -Hasbleidy Galvis Ramírez, con T.I. No. 1.006.537.936
8. -Derly Andrea Bohórquez Ramirez, con T.I. No. 1.119.540.107
9. -Yuliana Bohórquez Ramírez, con RCN 1.119.540.317 SERIAL
50106585
10. -Benjamin Bohórquez Ramírez, con RCN 1.117.504.905 SERIAL
2467625

(…)

Ahora bien con relación a los requerimientos 4765, 0665,1311, en los cuales
solicita una respuesta de fondo a la señora Arias Castro, acerca del derecho
de petición radicado el día 16 de diciembre de 2013, le reitero que este
documento se encuentra extraviado, no obstante esta regional dio respuesta
a través del oficio idem, suscrita por su anterior director, como consta en los
formatos de respuesta adjunto (sin firma), cuyo original (6003-941) tampoco
se ubicó en el archivo físico. No obstante, para acreditar la entrega de la
respuesta enviada al apoderado de la señora Maritza Arias, el servicio postal
expidió constancia de recibido, como consta en la colilla de envió adjunta
con el presente.

Por último, una vez revalidada la respuesta dada al derecho de petición
radicado el día 16 de diciembre de 2013, radicada por el señor Jesús Abel
Quintero Ramírez, apoderado de la señora Maritza Arias Castro en aquella
época (2014). Igualmente, acato sus requerimientos, en el sentido de
resolver esta petición de fondo para lo cual absolveré cada uno de los
siguientes numerales:

1.El trámite dado a la denuncia formulada por la señora MARITZA ARIAS
CASTRO, portadora de la cédula de ciudadanía No. 40.767.390 de
Florencia, el día 24 de julio de 2007, ante la DEFENSORÍA DEL PUEBLO-
REGIONAL CAQUETÁ, respecto del DESPLAZAMIENTO FORZADO, a que
se vieron (sic) junto con su grupo familiar, con ocasión al homicidio del señor
BENJAMÍN BOHORQUEZ RODRÍGUEZ y a las amenazas recibidas por los
grupos al margen de la ley que operaban en la zona.

RESPUESTA: No es cierto que en nuestro archivo físico se halle denuncia
recepcionada (sic) el día 24 de julio del año 2007. En consecuencia, puede
inferirse que la dirección de la época desconocía la exista (sic) del
desplazamiento y amenazas en contra de la señora Maritza Arias Castro.

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Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

2. De manera formal, detallada y cronológica el avance y las actividades que
la DEFENSORÍA DEL PUEBLO-REGIONAL CAQUETÁ, ha adelantado en
el curso de la denuncia formulada por la señora MARITZA ARIAS CASTRO.

RESPUESTA: No se evidencia actuación administrativa en aquella época
en beneficio de la señora Maritza Arias Castro, por lo expuesto en el numeral
primero.

3.- Se expida una certificación de la investigación relacionada con la
denuncia formulada por la señora MARITZA ARIAS CASTRO, respecto del
DESPLAZAMIENTO FORZADO a que se vieron víctimas (sic), con ocasión
al homicidio perpetrado en la humanidad al señor BENJAMÍN BOHORQUEZ
RODRÍGUEZ y las amenazas recibidas por los grupos al margen de la ley
que operaban en la zona.

RESPUESTA: Teniendo en cuenta que esta Unidad Defensorial no ha
asumido conocimiento de quejas, denuncias o reportes de hechos
intimidatorios en contra de la señora Arias Castro se abstiene de expedir la
certificación por usted solicitada.

4.-Si se realizó alguna investigación detallada en la zona en donde
ocurrieron los hechos de conformidad con la denuncia formulada por la
señora MARITZA ARIAS CASTRO.

RESPUESTA. Se le reitera lo expuesto en la respuesta de la segunda
pregunta. Habida cuenta, que la Regional Caquetá no posee información
física que le permitiera a avocar el conocimiento de los hechos expuestos
en su derecho de petición, así como, determinar la modalidad de gestión
Defensorial.

5. Si se ofició al EJÉRCITO NACIONAL Y/O POLICÍA NACIONAL de la zona
u otro organismo o institución estatal para que le prestaran protección o
medidas de seguridad a la señora MARITZA ARIAS CASTRO y su núcleo
familiar con ocasión al desplazamiento forzado, el crimen perpetrado al
señor BENJAMÍN BOHORQUEZ RODRÍGUEZ y las amenazas recibidas
por parte de los grupos al margen de la ley que operaban en la zona.

6. Se expida copia de la denuncia formulada por la señora MARITZA ARIAS
CASTRO, identificada con la C.C. No. 40.767.390 de Florencia, el día 24 de
julio de 2007.

RESPUESTA: Para resolver sus dos (2) últimas preguntas le informo que la
Regional Caquetá de la Defensoría del Pueblo no ha gestionado en su
beneficio ante organismos de seguridad estatal medidas de protección por
la carencia de información que indique amenaza o vulneración de los
derechos humanos e Infracciones al derecho internacional Humanitario.
Motivo por el cual no es posible la expedición de denuncia o queja formulada
por usted el día 24 de julio de 2007.

-Certificado del 5 de diciembre de 201664 proferido por el Coordinador del Grupo
Solicitudes de Protección de la Unidad de Protección en el que se acreditó respecto
de los demandantes, lo siguiente:

Me permito manifestarle que, revisado el sistema de información de la
Subdirección de Evaluación del Riesgo, el sistema de Información SIGOB de
la entidad y el archivo del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación

64
Fl 6 c pruebas Policía Nacional.

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Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

de Medidas CERREM, no se evidencia que los precitados hayan sido objeto
de algún trámite o elevado alguna solicitud de estudio de nivel de riesgos a
esta entidad.

Ahora bien, los actores también afirmaron que la falla del servicio en la que
incurrieron las entidades demandadas se debió a su omisión por no disponer de las
medidas de seguridad necesarias para combatir a los grupos armados ilegales que
generaron el desplazamiento forzado. Es decir, la responsabilidad que se le imputa
a las demandadas radica en la presunta omisión de protección que produjo el
desplazamiento forzado; sin embargo, este tipo de obligaciones estatales
planteadas constitucionalmente no son absolutas, puesto que dependen de las
capacidades establecidas por cada entidad. Si bien es cierto el Estado tiene una
posición de garante, esto no es motivo para que todos los daños antijurídicos le
sean imputados cuando provengan por hechos de terceros, como en el sub
examine, motivo por el que se debe entrar a revisar cada caso en particular, para
valorar la falla del servicio.

La responsabilidad del Estado frente a eventos de desplazamiento forzado requiere
de un criterio de razonabilidad respecto de la previsibilidad, el cual debe partir de un
conocimiento de la situación de riesgo particular de las víctimas o del contexto
generalizado de violencia de la zona donde ocurrió el desplazamiento, del cual se
desprenden situaciones que conlleven la previsibilidad de un riesgo concreto
frente a unas personas individualizadas o individualizables, de lo cual no
existen pruebas en el expediente.

De acuerdo con el material probatorio enunciado, advierte la Sala que efectivamente
en la zona del corregimiento del Alto Orteguaza, en la vereda “El Cedro” del
municipio de Florencia había presencia de grupos armados ilegales; sin embargo,
en el proceso no obran elementos de convicción que permitan comprobar que las
amenazas por parte de las FARC a la señora Maritza Arias Castro y su grupo familiar
hubieran sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes, toda vez
que no se cuenta con solicitud de protección en la que se mencionara alguna
situación de riesgo para que en ese momento las entidades tuvieran que realizar
actos positivos de protección.

En efecto, los documentos que se aportaron al proceso no permiten concluir que las
autoridades tenían conocimiento de dicha circunstancia, y que los demandantes
pusieron al tanto ni del Ejército Nacional ni de la Policía Nacional de las constantes
amenazas que conllevaron a su desplazamiento de su lugar de residencia ni que

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Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

ello obedeciera a su calidad de miembro de la Junta de Acción Comunal, este último
hecho quedó suficientemente probado a partir del testimonio de la señora Luz Mery
Cano quien manifestó claramente que la señora Arias Castro efectivamente era líder
de su vereda y fungió como presidenta de la Junta de Acción Comunal.

Sin embargo, a la señora Luz Mery Cano, habitante de la vereda “El Cedro” se le
indagó si el grupo familiar le informó a alguna autoridad sobre el acoso o las
amenazas que estaban viviendo, a lo que respondió “no señor”, a lo que agregó que
cuando ya se fueron de la vereda si presentaron su declaración, pero que ello
ocurrió cuando ya se habían ido. También indicó que los miembros de la Junta de
Acción Comunal tampoco llamaron a las entidades encargadas de brindar seguridad
para informar sobre dicha situación.

Debe aclararse que dentro del trámite procesal se decretaron diversas pruebas con
el fin de revisar si, efectivamente, los demandantes, antes de su desplazamiento,
habían denunciado las presuntas amenazas que se venían presentando por parte
de los grupos subversivos; sin embargo, las entidades públicas oficiadas, una vez
revisaron las bases de datos, no hallaron ningún tipo de denuncia sobre posibles
amenazas que se hubieran ejercido en su contra y que por tal motivo requirieran de
protección especial.

En efecto, en el proceso no se demostró que el Ejército Nacional o la Policía
Nacional hubieran sido advertidos de los posibles riesgos de dicho grupo familiar,
así como tampoco se demostró que los demandantes efectuaron alguna denuncia
o algún tipo de solicitud de medidas de protección al respecto, para que las
autoridades hubieran podido tener conocimiento del caso en particular y, de esta
manera, tomar las medidas tendientes a garantizar la vida e integridad de los
actores.

Por lo anterior, la Subsección no tiene certeza de que las entidades demandadas
desconocieron sus deberes de seguridad y protección, pues no obran pruebas en
el expediente que evidencien que la parte actora le informara al Ejército Nacional o
a la Policía Nacional sobre la existencia de amenazas por parte de algún grupo al
margen de la ley.

En el proceso tampoco se tiene algún medio de convicción que permita entender
que las entidades demandadas podían determinar, inclusive de oficio, que en ese
lugar específico de la vereda “El Cedro”, ubicada en el corregimiento de Alto

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Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

Orteguaza, se presentaría una situación de riesgo y que podían ser objetivo de un
ataque, máxime, cuando no hay pruebas que demuestren que dicha jurisdicción era
centro de constantes agresiones por parte de grupos armados al margen de la ley
o que previamente se hubieran presentado situaciones de violencia similar. Se pone
de presente que se trató de desplazamientos de carácter individual y personales,
pero no producto de algún tipo de enfrentamiento previo entre grupos armados en
la zona o por actos de violencia generalizados que pudieran hacer pensar a las
autoridades de una prestación especial de protección de los habitantes del sector.

Se insiste, no está probado que las Fuerzas Militares y de Policía tuvieron
conocimiento de las presuntas amenazas y extorsiones que ejercieron en contra de
los demandantes para que hubieran requerido una mayor protección frente al resto
de la población del referido municipio. Ante la ausencia de denuncia y solicitud de
protección por parte de los demandantes, es ilógico que a las Fuerzas Militares y de
Policía se les exigiera acciones necesarias para evitar el daño, que en este caso
sería el desplazamiento forzado, pues en ningún momento se les informó de la
situación en particular en que se encontraban los actores.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia de primera
instancia, toda vez que no se acreditó que el desplazamiento hubiera sido imputable
a las demandadas en virtud de alguna conducta omisiva, como tampoco que se
hubiera producido por la anuencia o con la complicidad de estas entidades,
configurándose, en consecuencia, el eximente de responsabilidad del hecho
exclusivo de un tercero. Además, no se probó que los actores hubieran puesto en
conocimiento de las referidas autoridades las amenazas, y demás situaciones que
se venían presentando con el grupo delincuencial FARC; por tanto, no se demostró
que se encontraban en una situación de peligro previa y plenamente conocida por
los miembros del Ejército y de la Policía Nacional y que tornara imperiosa la
adopción de medidas de precaución tendientes a resguardar la integridad del grupo
familiar.

6. Condena en costas

En el sub lite la normativa aplicable es la contenida en la Ley 1437 de 2011, que en
su artículo 188 establece que en la sentencia se dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil, siendo las
disposiciones del Código General del Proceso las vigentes para la fecha de
presentación de la demanda -18 de abril de 2017-.

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Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-
241/24 ha decidido que en este tipo de procesos relativos a la responsabilidad por
graves violaciones a los derechos humanos se ventila un interés público, de manera
que al tenor de lo dispuesto en el art 188 del CPACA no procede la condena en
costas, aun habiendo desestimado la alzada. Entiende la Sala que el criterio
indicado por el legislador y que ordena aplicar la Corte en este tipo de asuntos cobija
a los demandantes, de manera que no procede la condena en costas en la presente
instancia, lo que se extiende a la condena impuesta en el fallo apelado, lo que
impone su revocatoria en este aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Caquetá el 30 de enero de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF

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