Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2016-00172-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2016-00172-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2016-00172-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 18001-23-33-000-2016-00172-01 (4394-2023)
Demandante: José Antonio Silva Malagón
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─
Tema: Falta de competencia para expedir los actos administrativos
demandados. Reintegro de los valores percibidos por concepto
de asignación de retiro. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional ─CASUR─, contra la sentencia proferida el veintiséis (26) de
abril de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por
medio de la cual se accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor José Antonio Silva Malagón instauró demanda contra la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad:
i) De la Resolución Nro. 000559 del 8 de febrero de 2010, por medio de la
cual se revocó en todas sus partes la Resolución Nro. 2799 del 12 de
mayo de 2005, con la cual se le reconoció la asignación mensual de retiro;
y ordenó el descuento de la suma de sesenta y nueve millones seiscientos
sesenta y tres mil ciento treinta y seis pesos con setenta y tres centavos
($69.663.136,73), por concepto de asignación mensual de retiro
cancelada en el lapso comprendido entre el 24 de marzo de 2005 al 30
de noviembre de 2009.
ii) De la Resolución Nro. 965 del 27 de febrero de 2014, mediante la cual se
reconoció y ordenó el pago de la asignación mensual de retiro a partir del
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25 de febrero de 2014; ordenó descontar la suma de sesenta y nueve
millones seiscientos sesenta y tres mil ciento treinta y seis pesos con
setenta y tres centavos ($69.663.136,73); y lo declaró deudor del tesoro
público.
iii) De la Resolución Nro. 2635 del 28 de abril de 2014, por medio de la cual
se resolvió en forma negativa, el recurso de reposición interpuesto contra
la Resolución Nro. 965 del 27 de febrero de 2014.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la demandada que
pague la totalidad de los dineros descontados de la asignación mensual de retiro,
equivalente a la suma de sesenta y nueve millones seiscientos sesenta y tres mil
ciento treinta y seis pesos con setenta y tres centavos ($69.663.136,73), ajustando
el valor con base en el índice de precios al consumidor.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que mediante Resolución Nro. 03120 del 1° de diciembre de 2004 fue retirado del
servicio activo de la Policía Nacional, por llamamiento a calificar servicios.
Que como superaba los 15 años de servicio, mediante Resolución Nro. 2799 del 12
de mayo de 2005 se le reconoció la asignación mensual de retiro.
Que radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en sentencia del
2 de abril de 2009, el Tribunal Administrativo de Caquetá declaró la nulidad de la
Resolución Nro. 03120 del 1° de diciembre de 2004 y ordenó su reintegro sin
solución de continuidad, así como el pago de los haberes dejados de percibir.
Que por Resolución Nro. 02397 del 11 de agosto de 2009 fue reintegrado al servicio
de la Policía Nacional.
Que, mediante memorando del 26 de noviembre de 2009, la subdirección de
prestaciones sociales de CASUR solicitó a los grupos de tesorería, nómina y
embargos que certificaran los valores que le cancelaron por concepto de asignación
mensual de retiro, en el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 2005 al 30 de
noviembre de 2009.
Que el 8 de febrero de 2010, la dirección general de CASUR expidió la Resolución
Nro. 000559, por medio de la cual revocó en todas sus partes la Resolución Nro.
2799 del 12 de mayo de 2005 y ordenó el descuento de la suma de $69.663.136,73,
por concepto de asignación mensual de retiro cancelada en el lapso comprendido
entre el 24 de marzo de 2005 al 30 de noviembre de 2009.
Que el 21 de marzo de 2014 fue notificado de la Resolución Nro. 965 del 27 de
febrero de 2014, mediante la cual se le reconoció y ordenó el pago de la asignación
mensual de retiro a partir del 25 de febrero de 2014; se ordenó descontar la suma
de $69.663.136,73; y lo declaró deudor del tesoro público.
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Que interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo, el cual
se resolvió, en forma negativa, por medio de la Resolución Nro. 2635 del 28 de abril
de 2014.
Que, a la fecha de interposición de la demanda, de su asignación mensual de retiro
se descontó la suma de $9.425.465.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas al preámbulo y los artículos 2°, 6°, 29, 123 y
128 de la Constitución Política; los artículos 52, 84 y 85 del Código Contencioso
Administrativo; el artículo 3° de la Ley 962 de 2005; el artículo 154 del Decreto 1212
de 1990 y el artículo 32 del Decreto 2150 de 1995.
En el concepto de violación se indicó que los actos administrativos demandados se
expidieron con infracción de las normas antes mencionadas, en la medida que no
se propendió por garantizar la vigencia de un orden justo, sino que se comprueba
la arbitrariedad y el abuso al haberse dispuesto el descuento de sesenta y nueve
millones seiscientos sesenta y tres mil ciento treinta y seis pesos con setenta y tres
centavos ($69.663.136,73).
Que también se expidieron con falsa motivación porque la suma que se ordenó
descontar equivale a la indemnización por haber sido retirado, ilegalmente, del
servicio, tal y como lo determinó el Tribunal Administrativo de Caquetá en sentencia
del 2 de abril de 2009.
Que la demandada no era competente para ordenar el descuento de la suma
supuestamente adeudada.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se presentó, originalmente, ante los juzgados administrativos de
Florencia quienes, por auto del 30 de abril de 2015, la rechazaron porque había
operado el fenómeno de la caducidad 1. La decisión fue recurrida y en providencia
del 23 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Caquetá declaró la nulidad de
todo lo actuado por los juzgados y ordenó la remisión del expediente, por ser el
competente para conocer el caso 2.
Una vez remitido, en auto del 16 de mayo de 2017 se admitió la demanda 3. La
demandada contestó oponiéndose a las pretensiones, tras indicar que el derecho
solicitado fue debatido mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
de acuerdo con el fallo emanado del Juzgado Segundo Administrativo de Arauca,
contra el cual procedían los recursos de ley.
Con base en ello, consideró que la asignación de retiro que había sido reconocida
mediante Resolución 2799 del 12 de mayo de 2005, dejó de existir “tácitamente” al
momento en el que la jurisdicción de lo contencioso administrativo declaró la nulidad
1 Véase a folios 2-5 PDF, del archivo «07CuadernoPpal2», disponible a índice 2 de SAMAI.
2 Véase a folios 26-28 PDF, ibid.
3 Véase a folios 38-39 PDF, ibid.
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del acto que dispuso el retiro del servicio activo del demandante y que, como
consecuencia, no existía razón para haber percibido los emolumentos que la Caja
le entregó al actor. Propuso como excepciones las de inexistencia del derecho y
falta de fundamento jurídico para las pretensiones 4.
El 9 de mayo de 2018 se celebró audiencia inicial, en la que se excluyó a la
Resolución Nro. 000559 del 8 de febrero de 2010 del debate, se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas 5. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se
dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante sentencia proferida el veintiséis
(26) de abril de dos mil veintitrés (2023), accedió a las pretensiones tras indicar que
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en ningún momento, fue parte
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho a través del cual se
determinó el reintegro del actor, por lo que en esa oportunidad no había lugar a
debatir sobre la asignación que se le reconoció en tiempo de retiro, dada su
condición de retirado. Que al desaparecer las razones de hecho y de derecho que
dieron origen al reconocimiento pensional, en razón al reintegro del demandante a
las filas de la Policía Nacional, resultaba claro que Casur debía revocar tal
reconocimiento.
Que la consecuencia de retrotraer las cosas a su estado anterior, como es el
reintegro laboral, implica que el uniformado de la fuerza pública nunca se apartó del
servicio, por lo que las sumas reconocidas por concepto de restablecimiento del
derecho y asignación de retiro se tornan incompatibles, en atención al mandato
contenido en el artículo 128 de la Constitución Política.
Que no había duda de la incompatibilidad entre el pago percibido por el demandante
a título de asignación de retiro entre 2005 y 2009 y el pago de los emolumentos y
prestaciones salariales percibidas como consecuencia del reintegro laboral sin
solución de continuidad ordenado en anterior oportunidad por ese mismo Tribunal.
Que, no obstante, le asistía razón al demandante cuando advirtió que la accionada,
sin mediar autorización de su parte u orden judicial alguna, en forma unilateral y
arbitraria ordenó realizar los respectivos descuentos, mes a mes, sobre la mesada
pensional que de manera definitiva se le reconoció en el 2014, los cuales le venían
aplicando.
Que la Corte Constitucional en Sentencia T-1060 de 2005 sostuvo, entre otras
cosas, que, si bien el pensionado no tiene derecho a conservar lo indebidamente
recibido, la entidad que considere tener derecho a exigir su devolución deberá hacer
uso de los mecanismos legales y judiciales existentes.
Que se estaba frente a unos descuentos efectuados de manera ilegal sobre la
mesada pensional del actor, al no haber contado la entidad con su autorización
4 Véase a folios 51-55 PDF, ibid.
5 Véase a folios 84-87 PDF, ibid.
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previa, ni orden judicial; por lo que también era ilegal la decisión administrativa de
no devolverle lo que de esa forma se le descontó, independientemente del concepto
por el cual se procedió así. Que la legalidad de tal decisión no dependía del actuar
de buena o mala fe del pensionado, cuya mesada fue objeto del irregular descuento.
Que para efectos del restablecimiento del derecho se disponía que, en
consideración al descuento que venía haciéndosele al demandante de manera
mensual, la demandada debía reintegrar las sumas correspondientes a los valores
descontados a su mesada pensional, mes a mes, de forma indexada.
Y que, en todo caso, la demandada tenía derecho a iniciar, por las vías legales, las
acciones encaminadas a recuperar las sumas canceladas al demandante entre el
24 de marzo de 2005 y el 30 de noviembre de 2009. 6.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que manifestó que el fallo
contraría las disposiciones constitucionales que permean el actuar de la entidad.
Que en el proceso que ordenó el reintegro, en ningún aparte del fallo quedó
dispuesto que los dineros reconocidos por concepto de asignación mensual de retiro
fueran a título indemnizatorio, lo cual habilitaba a la entidad para que,
automáticamente, declarara deudor del tesoro al actor y como consecuencia
recuperara dichos dineros.
Que era claro que durante el tiempo el cual se ordenó reconocer, es decir, del 24
de marzo de 2005 y el 30 de noviembre de 2009, se presentó concurrencia entre la
asignación mensual de retiro y los emolumentos que se ordenaron pagar, dado que
ambas prestaciones provenían del erario, lo que a todas luces se encuentra dentro
de la prohibición general y generan una incompatibilidad.
Que, ante esa incompatibilidad, la Caja quedó facultada, por mandato
constitucional, para proceder con las gestiones necesarias para la recuperación o
retorno de un dinero que pertenece al erario, así como para dar cumplimiento a una
sentencia judicial que no incluyó dentro de su parte resolutiva la orden de
descuentos.
Que la entidad, mediante los actos administrativos proferidos, dio aplicabilidad
integral a la norma que se ajusta al caso en concreto, por lo que estos se encuentran
lo suficientemente motivados y gozan de presunción de legalidad, dado que se
actuó en cumplimiento de un mandato constitucional y con el fin de proteger los
recursos del erario7.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 8 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
6 Véase el archivo «11SentenciaPrimera», a índice 2 de SAMAI.
7 Véase el archivo «13ApelacionCasur», a índice 2 de SAMAI.
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hasta antes de que el proceso ingresara para fallo 8.
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si los actos administrativos
demandados, por medio de los cuales se ordenó la devolución de unos dineros
pagados al señor José Antonio Silva Malagón por concepto de asignación de retiro
en el período comprendido entre el 24 de marzo de 2005 y el 30 de noviembre de
2009, están viciados de nulidad.
De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada
La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que
mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue
proferido conforme a derecho, que es obligatorio y puede ejecutarse. En ese
sentido, esta figura consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA, conlleva
que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga
sobre quien la alega, pues como presunción legal admite prueba en contrario.
En esta figura hay una regla que indica al juez que debe denegar la pretensión de
nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga
de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido
caracterizada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene que ver con esta
particular materia.
En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser
valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello, deben ser
tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la Sentencia C-
197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el
numeral 4, del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984) que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación judicial
de un acto administrativo que se indiquen en la demanda las normas violadas y el
concepto de violación.
En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de
simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de
derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos
administrativos acusados, le corresponde analizar de forma oficiosa preceptos o
argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente. Es decir, se puede
flexibilizar el principio de justicia rogada con el fin de dar protección al ordenamiento
superior 9.
8 Véase a índice 4 de SAMAI.
9 Sobre la justicia rogada, se puede revisar: Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia
del 21 de abril de 2018. Rad. 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.
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De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso
Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General
del Proceso y, sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que al:
«[…] encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible interpretar los
actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance
e intención del demandante al formular sus súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la
causa petendi, buscando siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el
auténtico sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos […]»10.
En similar sentido, se ha pronunciado esta Corporación al indicar que dicho deber
tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo materialmente
pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para tramitar la
controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial, se le dé el
sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin
desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales 11.
Así entonces, considera la Subsección que, en virtud de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procedimental, es dable acudir al deber interpretativo del juez y
desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación
inmediata en la actuación administrativa que produjo los actos administrativos
demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la
omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.
Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 Superior se desprenden
diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre ellas, el derecho a
ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo administrativo se traduce
en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el acto, tenga
una asignación previa del ordenamiento, y que para su expedición se atienda el
procedimiento establecido por el legislador para garantizar el debido proceso del
administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de relevancia constitucional.
Sin que ello implique trasgresión al principio de congruencia o vulneración del
derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha
versado sobre la posibilidad o no de que el demandante tenga la obligación de
restituir las sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales.
El debido proceso administrativo
En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido
denominado por la jurisprudencia y la doctrina como debido proceso administrativo,
que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos
por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación
administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.
10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 12 de marzo de 2019. Exp. SL 960-
2019.
11
Al respecto, se puede consultar: CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A.
Sentencia del 13 de agosto de 2021. Rad. 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).
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En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que en
las actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones
jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el
legislador, para garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos de
contradicción y defensa.
Sin embargo, no toda irregularidad dentro del procedimiento dará lugar a la nulidad
de los actos, sino cuando aquella implique el desconocimiento de las garantías
fundamentales de quien pueda resultar afectado con su expedición.
La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos
Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.
La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.
De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos 12.
Como puede observarse, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación
de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico 13, el material 14, el territorial 15 y
en algunos casos el temporal 16.
En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
12 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-014 de 1993 precisó que «[…] la valoración del ejercicio
de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las
reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en
que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad de
su ejercicio. [...]».
13 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional
de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr.
Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
14 Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a
la autoridad que lo expidió. “Es el qué de la competencia”: Ibidem, p. 125.
15 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en
el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.
16 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de
tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.
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de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al
artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un
vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta
Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado 17.
El principio de autotutela administrativa
En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se
trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular
debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades
públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu
proprio tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.
Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés
general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada
autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es
que las autoridades o los particulares que cumplan funciones públicas o
administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen
desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.
Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209
Superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la
admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea
ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.
De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos,
además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también
por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están
positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por
la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.
Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público
debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse
el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como
desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la
misma normativa dispone que «[l]os servidores públicos están al servicio del Estado
y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución,
la ley y el reglamento […]».
Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como los recursos
administrativos, la revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de
cobro coactivo de las entidades públicas tienen una consagración legal expresa que
habilita en cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse 18.
17 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: “Frente a vicios o defectos como
la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso”: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 15 de junio de 2004. Rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).
18 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado:
25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le
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Resolución del caso concreto
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional expidió la Resolución Nro. 965
del 27 de febrero de 2014, por la cual se reconoció y ordenó el pago de la asignación
mensual de retiro a partir del 25 de febrero de 2014, a favor del señor José Antonio
Silva Malagón; ordenó descontar la suma de sesenta y nueve millones seiscientos
sesenta y tres mil ciento treinta y seis pesos con setenta y tres centavos
($69.663.136,73); y lo declaró deudor del tesoro público.
Contra el anterior acto administrativo, el interesado interpuso recurso de reposición,
el cual se resolvió, de forma negativa, mediante la Resolución Nro. 2635 del 28 de
abril de 2014, con base en los siguientes argumentos:
«[…] Que la Caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, no fue parte del
proceso en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Policía Nacional y no ha sido condenada a pagar valor alguno y en
consecuencia no existe mérito para dejar de cobrar los valores cancelados por
concepto de asignación mensual de retiro, máxime que en virtud del fallo que
condenó a la Policía Nacional a reintegrar al servicio activo al señor Suboficial
(r), sin solución de continuidad, es decir que nunca perdió la calidad de Policial
en servicio activo.
Que al haberse ordenado el reintegro al servicio activo al señor Suboficial sin
solución de continuidad para efectos de los pagos salariales y prestacionales,
queda sin ningún fundamento los pagos efectuados por esta Caja por concepto
de asignación mensual de retiro, toda vez que no se puede dar la misma
condición laboral al mismo tiempo en la misma persona, es decir, devengar
salario como miembro activo de la Policía Nacional y simultáneamente cobrar
asignación mensual de retiro por el mismo tiempo, lo que se configura una
flagrante violación al Artículo 128 de la Carta Política. […]» (negrillas y subrayas
originales).
Establecido lo anterior, lo primero que puede concluirse es que CASUR, al expedir
los actos administrativos demandados, actuó en procura de sus intereses jurídicos,
lo que impone la necesidad de establecer si gozaba de una competencia normativa
que le permitiera adoptar tales medidas de autotutela.
Así las cosas, conforme con el artículo 199 del Decreto 1212 de 1990, la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional realiza el reconocimiento de las
asignaciones de retiro y de las pensiones a sus beneficiarios, conforme a la hoja de
servicios adoptada por el Ministerio de Defensa y a los procedimientos y requisitos
que establezca la citada Caja, mediante resolución del director general, contra la
cual procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario.
El numeral 3.10, del artículo 3° de la Ley 923 de 2004 dispuso que la «[…] Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
serán las entidades responsables de las labores de administración de aportes,
reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones, así como
de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes».
concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los
casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos
a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa
obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la
administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica».
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Por su parte, el Acuerdo 8 de 2001 ─por el cual se adoptaron los estatutos internos
de CASUR─ estableció las siguientes funciones del director general:
«[…] 19. Reconocer y pagar, conforme a la ley, las asignaciones de retiro,
pensiones y demás prestaciones a que está obligada la Caja, para lo cual
podrá exigir las pruebas legales y complementarias que estime necesarias.
20. Autorizar descuentos de las asignaciones o pensiones de los afiliados y
beneficiarios de la entidad, por obligaciones contraídas con el Ministerio de
Defensa Nacional y Organismos Adscritos o Vinculados al mismo o por
errores evidentes en la liquidación de las citadas asignaciones y pensiones,
previo procedimiento establecido en la ley y aquellos dispuestos por mandato
judicial o con arreglo a las disposiciones legales».
Visto lo anterior, para la Sala es claro que la entidad demandada no tiene
competencia para ordenarle al demandante que reintegre los dineros pagados por
concepto de asignación de retiro pues, como ya se mencionó, para ejercer cualquier
potestad administrativa debe existir habilitación expresa y, en el caso bajo estudio,
se advierte que las normas que previeron las funciones de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, la facultaron, inicialmente, para reconocer y pagar
dicha prestación económica, pero no la habilitaron para ordenar reintegros de
haberes pagados por concepto de dicha prestación.
Ante la ausencia de una norma que establezca la competencia, la autoridad
administrativa está imposibilitada para actuar, es decir, las facultades de autotutela
declarativa y ejecutiva de la Administración dependen, igualmente, de la existencia
de normas expresas de autorización y de mandato, en correspondencia con el
principio de legalidad.
En estos términos, la Sala concluye que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional no tiene competencia para ordenar, por sí misma, el reintegro de los
dineros recibidos por el señor José Antonio Silva Malagón por concepto de mesadas
de asignación de retiro, razón por la que los actos administrativos demandados se
expidieron sin competencia y en clara extralimitación de funciones. Si la entidad
pretendía una devolución de sumas que, en su consideración, son incompatibles
con el artículo 128 de la Constitución Política, debió reclamar el «pago de lo no
debido», contemplado en el artículo 2313 del Código Civil.
En igual sentido, se pronunció el Consejo de Estado en un asunto con identidad
fáctica al aquí expuesto, en el que se analizó la improcedencia de la orden de
devolución de unos dineros pagados de más por una entidad pública, sin que
hubieran agotado los mecanismos administrativos o judiciales previstos por el
ordenamiento jurídico, a saber:
«[…] Sin embargo y a pesar de esto, la administración expidió las
Resoluciones 1227 y 1541 de agosto 21 y noviembre 6 de 2002
respectivamente, que sin ser nominadas como revocatoria directa de las
Resoluciones 942 de 22 de mayo de 1998, que ordena el reintegro; 858 de
diciembre 14 de 1998; 888 de noviembre 30 de 1998, que da cumplimiento
al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenando
los pagos correspondientes tanto al actor como a la Caja de Previsión del
Distrito; 231 de abril 16 de 1999, que reconoce y paga unos intereses; 233
de abril 16 de 1999, que reconoce una diferencia en el subsidio familiar; 622
de septiembre 21 de 1999, que establece el pago de una cuenta; desconocen
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la legalidad, la vigencia y firmeza de las mismas, y ordena que se reintegre
al Distrito Capital, unos dineros pagados de más por la entidad,
argumentando que se presentó un error en la liquidación.
Al decretar el reintegro de estos dineros está emitiendo una decisión que solo
podía ser fruto de la revocatoria directa, pues el resultado inmediato y útil de
las citadas resoluciones es dejar sin efecto tácitamente las decisiones
que efectuaron ese pago, lo cual no podía hacerse en virtud del
principio de legalidad de los actos y de la presunción que existe sobre
los mismos, cosa diferente, es que hubiese existido ilicitud en su
expedición o en su trámite, o que el error haya sido inducido por el
interesado, vale decir, que hubiese actuado con temeridad, pero aún en
este evento, la entidad debía garantizar el debido proceso con un
procedimiento sumario, antes de tomar una decisión de esta naturaleza.
[…]
El ordenamiento jurídico resguarda la confianza entre las partes y la
administración no tiene otro remedio más que protegerla, no puede destejer
como Penélope, creando situaciones desleales, que van en contravía del
concepto ético del derecho.
“Si bien es cierto la administración está obligada a recuperar los
emolumentos cancelados sin justa causa, como lo afirma la Alcaldía
Mayor de Bogotá en los mismos actos demandados, debe entenderse que
esto no lo habilita para actuar contra legis, sino mediante el uso de los
mecanismos y herramientas legales con los que cuenta; respetando en
todo momento los procedimientos que el legislador ha desarrollado para tal
fin, lo que no significa nada distinto a respetar el debido proceso» […]”19
(negrillas fuera de texto).
Bajo esa óptica, es claro que la administración debe utilizar los mecanismos
judiciales o administrativos establecidos para recobrar o buscar el reintegro de
sumas de dinero que considera indebida o injustamente pagadas, por lo que no es
dable que adelante una actuación administrativa tendiente a crear una nueva
decisión que preste mérito ejecutivo, como ocurrió en el presente caso.
Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra que
la actuación de CASUR transgredió el ordenamiento jurídico y comportó un abuso
del derecho al trasladar al administrado cargas que no tenía que asumir, pues se
reitera, la facultad de autotutela es reglada y si no está expresamente consagrada
u otorgada por la Constitución o la ley, su ejercicio se constituye en una
arbitrariedad.
Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia proferida el veintiséis (26) de abril
de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por medio de
la cual se accedió a las pretensiones.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 20 en el que se
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 11 de noviembre de 2009. Exp. 1127-07.
20 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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Radicado: 18001-23-33-000-2016-00172-01 (4394-2023)
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiséis (26) de abril de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Caquetá, por medio de la cual se
accedió a las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Salvamento parcial de voto
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