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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2022-00009-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2022-00009-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de enero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Gladys Cumaco Mendoza contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen. 12 Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025) Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 18001-23-33-000-2022-00009-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación
docente. Docentes alfabetizadores y orientadores. Aplicación de la
sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018.
Condena en costas.

Decisión: Se confirma la sentencia apelada por cuanto la parte demandante
acreditó todos los requisitos para gozar de la pensión gracia
reclamada.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 29 de enero de 2025 emitida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 042745 del 29 de
octubre de 2018 y RDP 026769 del 6 de septiembre de 2019, mediante las cuales la
entidad demandada negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó reconocer y pagar la referida
prestación periódica con inclusión de todos los factores salariales devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, el pago de las mesadas retroactivas
causadas hasta el pago efectivo, su indexación, el cumplimiento de la sentencia de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA y, en caso de mora, liquidar los
intereses comerciales y moratorios previstos en el artículo 195 del ibidem.

1 SAMAI, EXPEDIENTE DIGITAL, CUADERNO PRINCIPAL, archivo 3_ED_02DEMANDAYPODER.pdf.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

3. Como sustento fáctico de sus pretensiones, manifestó haber prestado sus
servicios como docente de carácter territorial y nacionalizado en el departamento del
Caquetá y el municipio de Florencia desde el 1 de julio de 1979. Señaló que inició su
vinculación como orientadora de adultos en el Centro Las Brisas, entre el 1 de julio y el
30 de diciembre de 1979, y que posteriormente se desempeñó como docente en distintas
instituciones educativas oficiales, acumulando más de 40 años de servicio. Asimismo,
indicó haber nacido el 1 de agosto de 1958, por lo cual estimó que cumplía los requisitos
legales para acceder a la pensión gracia.

4. Agregó que el 21 de marzo de 2019 solicitó el reconocimiento de dicha prestación,
petición que fue negada por la entidad demandada al considerar que no acreditó
vinculación a la docencia oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Precisó que
contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, aportando documentación
tendiente a demostrar su vinculación como orientadora de adultos durante el año 1979;
no obstante, la entidad confirmó la decisión, al estimar que no se encontraba demostrada
su condición de docente para ese período.

Contestación de la demanda2

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones al considerar que los actos
administrativos acusados fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico y se
encuentran amparados por la presunción de legalidad.

6. Sostuvo que la demandante no acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos
en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 para acceder a la
pensión gracia, en particular porque no demostró su condición de docente oficial durante
el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de diciembre de 1979, ni la prestación
de servicios en el marco de la educación formal en dicho lapso.

7. Añadió que los documentos aportados no permiten acreditar válidamente una
vinculación docente oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Precisó que el
certificado CETIL únicamente registra servicios a partir del 23 de marzo de 1981, mientras
que la certificación expedida por la Secretaría de Educación del Caquetá carece de la
idoneidad necesaria para acreditar tiempos de servicio. Asimismo, indicó que las labores
desempeñadas por la demandante como orientadora de adultos corresponden al ámbito
de la educación no formal, razón por la cual no pueden ser tenidas en cuenta para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia.

Sentencia apelada3

8. El Tribunal Administrativo del Caquetá profirió sentencia el 29 de enero de 2025,
por medio de la cual declaró la nulidad de los actos demandados y, condenó a la entidad
al reconocimiento y pago de la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio
de todos los factores salariales devengados durante el año anterior a consolidación de

2 Ibidem, archivo 24_ED_20CONTESTACIONEXCEPC.pdf.
3 Ibidem, archivo 058SentenciaPrime_202200900NYRPENSIONG.pdf.

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Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

su estatus pensional. Asimismo, dispuso el pago de las mesadas adeudadas
debidamente actualizadas, con efectos fiscales a partir del 15 de marzo de 2016 por
prescripción trienal.

9. Consideró acreditado que la demandante estuvo vinculada al servicio educativo
oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 como orientadora de adultos en el
Centro Educativo Las Brisas, en virtud de la Resolución 0245 de 1979. Señaló que las
labores de orientación y alfabetización de adultos constituyen ejercicio de la profesión
docente y que dicha vinculación tuvo naturaleza territorial.

10. Con base en lo anterior, concluyó que cumplía los requisitos para acceder a la
pensión gracia, al contar con una vinculación docente territorial anterior al 31 de diciembre
de 1980 y más de 20 años de servicios docentes de carácter territorial o nacionalizado.
Igualmente, determinó que el estatus pensional se consolidó el 1 de agosto de 2008 y
declaró la prescripción de las mesadas causadas antes del 15 de marzo de 2016.

Recurso de apelación4

11. La entidad demandada interpuso recurso de apelación en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. Para el
efecto, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en el sentido
de que no se encontraba demostrada la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980,
requisito indispensable para acceder a la pensión gracia.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

12. Mediante auto del 4 de agosto de 20255, se rechazó el recurso de apelación al
considerar que la UGPP se limitó a reiterar argumentos generales sobre el
incumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión gracia, sin formular reparos
concretos contra los fundamentos y el análisis probatorio efectuado por el Tribunal.

13. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de súplica6
en el que sostuvo que la apelación sí había sido debidamente sustentada, en tanto
expuso las razones por las cuales consideraba que la demandante no acreditó una
vinculación docente anterior al 31 de diciembre de 1980 ni el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la pensión gracia.

14. Mediante auto del 23 de octubre de 20257, se revocó la decisión que rechazó la
apelación, al concluir que, aunque la entidad demandada retomó los argumentos de su
defensa, expresó las razones de inconformidad con la sentencia y cumplió con la carga
mínima de sustentación exigida por la ley. En consecuencia, ordenó devolver el
expediente al despacho de origen para que se resolviera sobre la admisión del recurso
de alzada.

4 Ibidem, archivo 059_MemorialWeb_Recurso-APELACIONSENTENCIA.pdf.
5 SAMAI, índice 4.
6 SAMAI, índice 9.
7 SAMAI, índice 18.

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Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

15. Mediante auto del 24 de febrero de 20268 se admitió el recurso de apelación y se
ordenó notificar en debida forma a las partes y al Ministerio Público para lo de su cargo.

16. El Ministerio Público emitió concepto9 por medio del cual solicitó revocar la
sentencia apelada por considerar que, aunque el tiempo servido por la demandante como
orientadora de adultos en 1979 podía ser computable para efectos de la pensión gracia,
no obraba prueba suficiente para acreditar la naturaleza territorial o nacionalizada de
dicha vinculación pues las certificaciones allegadas únicamente daban cuenta de una
vinculación nacionalizada a partir de 1981.

17. Sostuvo que el hecho de que el nombramiento hubiese sido expedido por una
autoridad territorial no permitía, por sí solo, concluir que la vinculación tuviera esa misma
naturaleza, dado que dichas autoridades también podían actuar como delegatarias de la
Nación. En consecuencia, estimó que no se acreditó el requisito de vinculación docente
territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

18. Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

20. Conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a
la Sala determinar si la demandante acreditó una vinculación en calidad de docente
territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, en particular
respecto de las labores desempeñadas como orientadora de adultos; en consecuencia,
se verificará si cumple los demás requisitos legales para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia.

Análisis del problema jurídico

21. La Sala considera que la parte demandante acreditó en su totalidad los requisitos
legales para acceder a la pensión gracia, con base en los argumentos que se expondrán
a continuación.

8 SAMAI, índice 24.
9 SAMAI, índice 30.

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Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

22. Para acceder al beneficio de la pensión gracia, deben cumplirse de manera
concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente territorial o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado servicios como docente
nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por un periodo no inferior a 20
años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber cumplido 50 años de edad; iv) haber
ejercido la docencia con honradez, consagración y buena conducta; y v) no haber recibido
ni estar recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional.

23. En el presente asunto no está en discusión que la demandante satisfizo el
requisito de la edad, en la medida en que nació el 1 de agosto de 195810 y cumplió 50
años el 1 de agosto de 2008. Tampoco se controvierte lo relacionado con el requisito de
haber laborado con consagración, buena conducta y honradez habida cuenta de que
en el recurso de apelación no se planteó un reparo al respecto ni obra en el expediente
prueba alguna que demuestre que la actora haya incurrido en algún hecho que lo
configure; ni se evidencia que perciba una doble compensación o erogación nacional
incompatible con la pensión gracia.

24. Con base en lo expuesto, la Sala se circunscribe al análisis del cumplimiento del
requisito de haberse vinculado como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980 y del examen del tiempo de servicio para calcular los 20 años que
exige la ley.

Requisito de vinculación como docente de carácter territorial y/o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980

• Periodo desde el 1 de julio de 1979 hasta el 30 de diciembre de 1979

25. En el expediente obra copia de la Resolución 0245 de 197911 expedida por la
Secretaría de Educación del Departamento del Caquetá, suscrita por el secretario de
educación de la gobernación de Caquetá y el jefe de educación de adultos, mediante la
cual se efectuaron nombramientos para educación de adultos y se designó a la
demandante, como «orientadora de adultos» en el Centro Las Brisas, a partir del 1 de
julio de 1979.

26. Fue aportada la certificación expedida el 28 de noviembre de 2018 por la
Secretaría de Educación departamental del Caquetá12, en la que hizo constar que la
demandante prestó sus servicios como «Orientadora de Adultos» en el Centro Las Brisas,
en virtud del nombramiento efectuado mediante Resolución 0245 de 1979. En dicho
documento se precisó que laboró durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de
1979 y el 30 de diciembre de 1979, para un total de 5 meses y 29 días.

27. En atención al requerimiento formulado por el Tribunal en la audiencia inicial

10 SAMAI, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo 4_ED_03PRUEBASDOCUMENTALE.pdf, fl. 1, copia de la cédula de
ciudadanía y fls. 9 y 10 copia del registro civil de nacimiento.
11 Ibidem, fls. 38 a 40.
12 Ibidem, fl. 41.

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Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

celebrada el 24 de noviembre de 2022, la Secretaría de Educación del Caquetá informó,
mediante oficio del 16 de diciembre de 2022 suscrito por el jefe de la Dirección
Administrativa y Financiera del Departamento del Caquetá13, que la demandante laboró
para dicha entidad entre el 1 de julio y el 30 de diciembre de 1979 como «maestra
alfabetizadora y orientadora de adultos», en virtud de una orden de prestación de
servicios denominada Maestros Alfabetizadores y Orientadores de Adultos, de
conformidad con la Resolución 245 de 1979, y que la remuneración correspondiente fue
sufragada con recursos de origen nacional.

28. En el mismo oficio se indicó que el Centro Educativo Las Brisas era un
establecimiento educativo del orden municipal, adscrito a la Secretaría de Educación del
municipio de Florencia, entidad territorial a cargo de la prestación del servicio educativo
en dicha jurisdicción.

29. Con fundamento en las pruebas referidas, la Sala encuentra acreditado que la
demandante —quien aparece relacionada en el número 49 del listado contenido en la
Resolución 0245 de 1979— fue designada como orientadora de adultos en el Centro Las
Brisas del municipio de Florencia, mediante acto expedido por la Secretaría de Educación
del Departamento del Caquetá y suscrito por el secretario de educación departamental
en ejercicio de sus atribuciones legales.

30. En consonancia con lo anterior, la certificación allegada por la Secretaría de
Educación del Departamento del Caquetá corroboró la información contenida en el acto
de nombramiento y precisó que la demandante prestó sus servicios como orientadora de
adultos en el Centro Las Brisas entre el 1 de julio y el 30 de diciembre de 1979, para un
total de 5 meses y 29 días. Esta prueba no solo acredita la existencia de la vinculación,
sino también la efectiva prestación del servicio durante dicho lapso.

31. Además, la Secretaría de Educación del Caquetá informó que la demandante
laboró durante ese período como maestra alfabetizadora y orientadora de adultos, y
señaló que dicha vinculación correspondía a un programa denominado Maestros
Alfabetizadores y Orientadores de Adultos, creado en virtud de la Resolución 0245 de
1979. En el mismo oficio la Secretaría de Educación Departamental certificó que el Centro
Educativo Las Brisas era un establecimiento educativo «del orden municipal», a cargo de
la Secretaría de Educación del Municipio de Florencia.

32. Ahora bien, en relación con la naturaleza de las funciones desempeñadas como
docente alfabetizadora, resulta pertinente señalar que el Decreto 1830 de 1966
reglamentó la educación para adultos y en su artículo 7 determinó que la alfabetización
«constituye la etapa inicial de programas más amplios de educación de adultos y tiene
como misión específica la enseñanza de la lectura, escritura, cívica y nociones de
aritmética, la iniciación en actividades profesionales, habilitando al alfabetizado para su
ingreso a los cursos de educación general básica y a los de formación profesional».

13Ibidem, archivo40_ED_36RESPUESTAOFI1550SE.pdf,
40_1800123330002022000090039EXPEDIENTEDIGI20230505172956.pdf.
6

Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

33. Posteriormente, el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria para
adultos en todo el territorio nacional. A su vez, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979
dispuso que la profesión docente comprende no solo el ejercicio directo de la enseñanza,
sino también actividades de dirección, coordinación, supervisión, orientación educativa y,
de manera expresa, la alfabetización de adultos. Por tanto, el propio estatuto docente
vigente para la época reconoció tales actividades como manifestaciones del ejercicio de
la profesión docente.

34. Ahora, si bien el Decreto 2277 de 1979 fue expedido con posterioridad al
nombramiento de la demandante, lo cierto es que dicha disposición no creó la
alfabetización de adultos como actividad docente, sino que reconoció normativamente
una modalidad educativa previamente regulada por los Decretos 1830 de 1966 y 378 de
1970.

35. De manera concordante, esta Corporación14 ha sostenido que las labores de
alfabetización de adultos constituyen tiempo de servicio docente computable para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia, susceptible de acumularse con los servicios
prestados en otros niveles educativos, de conformidad con la extensión prevista en la Ley
37 de 1933.

36. Por otra parte, de acuerdo con la certificación del 16 de diciembre de 2022, se
indicó que la remuneración de los maestros alfabetizadores u orientadores de adultos
provenía de fondos nacionales y que la vinculación correspondía a una OPS. Sin
embargo, ninguno de estos aspectos resulta determinante para alterar la naturaleza
territorial de la plaza docente ocupada por la demandante.

37. En efecto, la Sala Plena de esta Sección, en la sentencia de unificación CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 201815, precisó que la naturaleza de la vinculación docente no
depende del origen de los recursos destinados al pago de salarios y prestaciones, sino
de la naturaleza de la plaza ocupada y de la relación jurídica que vincula al educador con
la administración16.

38. En dicha providencia se estableció, además, que los docentes territoriales o
nacionalizados no adquieren la condición de docentes nacionales por el solo hecho de
que su remuneración provenga de recursos de la Nación o del situado fiscal. Por ello, la
financiación con fondos nacionales resulta insuficiente para desvirtuar el carácter
territorial o nacionalizado de una plaza docente.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001-23-33-000-

2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 15 de agosto de
2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); ii) del 6 de julio de 2017, radicado 52001-23-33-000-
2014-00257-01 (4537-2016), iii) del 17 de julio de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-2016); iv)
del 27 de mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021, radicado
76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021, radicados 25000-23-42-000-2016-03173-
01(4060-19); 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del 23 de junio de 2022, radicado 41001-23-33-000-2016-
00462-00 (1503-2021); viii) del 29 de enero de 2026 radicado 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019); iix) del 26
de febrero de 2026 radicado 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
16 Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo

de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000
2017 00661 01 (0605– 2019).
7

Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

39. En lo que respecta a la vinculación por medio de contratos u órdenes de prestación
de servicios, esta Subsección ha sido del criterio de que dichos períodos son válidos para
ser considerados en el reconocimiento de la pensión gracia por cuanto para tal propósito
solo es necesario acreditar la prestación del servicio docente. En efecto, la Ley 114 de
1913 establece que esta prestación está destinada a quienes hayan ejercido la labor
docente, sin que importe la modalidad de vinculación.

40. Así se ha reconocido reiteradamente al establecer que los periodos servidos por
medio de contrato de prestación de servicios son válidos para acceder a la pensión
gracia17. Lo fundamental es que se demuestre la realización de actividades como docente
oficial siempre que se cumpla con la vinculación de carácter territorial y/o nacionalizada.

41. Adicionalmente, las pruebas obrantes en el expediente permiten concluir que en
el periodo analizado la demandante prestó sus servicios en una plaza adscrita al ámbito
territorial, sin que exista elemento probatorio alguno que permita inferir que se trataba de
una plaza nacional o que el nombramiento hubiese sido efectuado directamente por el
Gobierno nacional.

42. Por lo tanto, para la Sala es diáfano que el servicio prestado por la demandante
como orientadora de adultos en el Centro Las Brisas constituye tiempo de servicio
docente computable para efectos de la pensión gracia y que dicho vínculo tuvo naturaleza
territorial, en los términos del literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

43. En ese orden de ideas, se encuentra acreditado que la demandante estuvo
vinculada como docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
específicamente entre el 1 de julio y el 30 de diciembre de 1979, para un total de 5 meses
y 29 días, período que también debe ser computado para efectos del reconocimiento de
la pensión gracia.

Análisis del requisito de 20 años de servicios como docente de carácter territorial
o nacionalizado

• Periodo desde el 23 de marzo de 1981 hasta el 22 de septiembre de 2000

44. En el plenario obra copia del Decreto 100 del 17 de febrero de 198118, a
través del cual el intendente nacional del Caquetá, en uso de sus facultades legales, y
el secretario de educación, nombró a la demandante en el cargo de maestra
dependiente de la escuela Peregrino Lozano, distrito de Albania – Curillo, como
seccional, cargo del cual tomó posesión el 23 de marzo del mismo año. El acta de
posesión fue suscrita por el secretario de educación el 23 de marzo de 1981 con
efectos fiscales a partir de esa fecha.

17 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de marzo de 2025, rad. 52001-23-33-000-2019-00336-01 (3033-

2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
18 SAMAI, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo Pruebas Documentales No 12-14.pdf, fls. 18 y 19.

8

Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

45. Según el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral del
del 20 de enero de 202119, la Secretaría de Educación de Florencia, señala que la
demandante se desempeñó como docente con vinculación nacionalizada, nombrada
mediante el Decreto 100 del 17 de febrero de 1981 en la institución educativa Peregrino
Lozano en el municipio de Albania, en el periodo comprendido entre el 23 de marzo de
1981 y el 31 de agosto de 1992. Se advierte que, posteriormente presentó las siguientes
situaciones administrativas:

Novedad AA Posesion Plantel educativo Municipio Desde Hasta Total
DECRETO 100 DEL 17 DE
POSESION POR NOMBRAMIENTO FEBRERO DE 1981 23/03/1981 PEREGRINO LOZANO ALBANIA 23/03/1981 31/08/1992 11 años, 5 meses 8 días
DECRETO 414 DEL 1 DE
PERMUTA SEPTIEMBRE DE 1992 1/09/1992 SIETE DE AGOSTO EL DONCELLO 01/09/1992 27/01/1993 4 meses y 27 días
DECRETO 63 DEL 28 DE
DOCENTE ENERO DE 1993 28/01/1993 SIETE DE AGOSTO FLORENCIA 28/01/1993 07/08/2003 10 años, 6 meses y 8 días
RESOLUCION 387 DEL 8 DE
INCORPORACION DOCENTE AGOSTO DE 2003 8/08/2003 JORGE ELIECER GAITAN FLORENCIA 08/08/2003 30/12/2003 4 meses y 22 días
DECRETO 188 DEL 31 DE
INCORPORACION AL MUNICIPIO DICIEMBRE DE 2003 31/12/2003 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA MUNICIPAL FLORENCIA 31/12/2003 17 años, 0 meses y 21 días
39 años, 10 meses

46. Fue aportada constancia del 2 de septiembre de 200820, emitida por la Secretaría
de Educación y Cultura de Florencia, que indica que la accionante presta sus servicios
como docente en propiedad, como nacionalizada, en forma continua y detalla situaciones
administrativas continuas como permutas, traslados y conformación de planta de
personal.

47. Reposa también en el proceso el Certificado de Tiempo de Servicios del 2 de junio
de 200421 emitido por la Secretaría de Educación del Caquetá, que da cuenta que la
demandante presta sus servicios en el nivel preescolar, vinculación en propiedad, como
nacionalizado en forma continua y relaciona situaciones administrativas como permutas,
traslados e incorporaciones.

48. Con fundamento en las pruebas referidas, la Sala encuentra acreditado que la
demandante fue nombrada mediante el Decreto 100 del 17 de febrero de 1981 como
maestra dependiente de la Secretaría de Educación en la escuela Peregrino Lozano,
distrito de Albania-Curillo, y que tomó posesión del cargo el 23 de marzo de la misma
anualidad. Aunque el acto administrativo no resulta completamente legible, de su lectura
integral se advierte que fue suscrito por el intendente nacional del Caquetá y por el
secretario de educación. A su vez, el acta de posesión fue suscrita por esta última
autoridad. Tales circunstancias permiten establecer que la vinculación de la demandante
se produjo por autoridades de la entonces Intendencia Nacional del Caquetá y no
directamente por el Gobierno Nacional.

49. Sobre este aspecto, conviene precisar que para la fecha de expedición del Decreto
100 de 1981 el Caquetá aún no había sido erigido como departamento, pues conservaba
la condición de Intendencia Nacional del Caquetá, situación que se mantuvo hasta la
expedición de la Ley 78 de 198122. No obstante, ello no desvirtúa la naturaleza territorial

19 Ibidem, fls. 4 y 5. En el mismo sentido las expedidas el 19 de septiembre de 2013 archivo
5_ED_04PRUEBASDOCUMENTALE.pdf, fl. 153 y 154 y del 30 de noviembre de 2018, fl. 171.
20 SAMAI, Expediente Digital, 4_ED_03PRUEBASDOCUMENTALE.pdf, fl 11.
21 SAMAI, Expediente Digital, 5_ED_04PRUEBASDOCUMENTALE.pdf, fl. 145.
22 Mediante la cual el Congreso dispuso: «Erígese en Departamento la actual Intendencia Nacional del Caquetá».

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Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

de la vinculación, en tanto las intendencias eran consideradas entidades territoriales y se
encontraban asimiladas a los departamentos en los términos previstos en el artículo 1 de
la Ley 2ª de 1943, criterio que posteriormente fue reiterado por la Ley 22 de 1985 al
referirse a las intendencias y comisarías como entidades territoriales.

50. Al respecto, esta Subsección ha precisado que las antiguas intendencias
nacionales constituían entidades territoriales asimiladas a los departamentos y que los
docentes vinculados por sus autoridades podían ostentar la condición de docentes
territoriales o nacionalizados, según las particularidades de cada caso, por cuanto dichas
entidades también estuvieron comprendidas dentro del proceso de nacionalización de la
educación previsto en la Ley 43 de 1975. En consecuencia, el solo hecho de que el
nombramiento hubiere sido expedido por el intendente nacional del Caquetá no permite
concluir que la vinculación tuviera naturaleza nacional. Por el contrario, constituye un
elemento indicativo de que provino de una entidad territorial23.

51. Adicionalmente, no se observa que en la expedición del acto de nombramiento
hubiera intervenido el Ministerio de Educación Nacional a través de sus delegados, ni que
se hubiese dejado constancia de que la plaza hubiera sido creada por dicha cartera
ministerial o que existiera certificación de disponibilidad presupuestal expedida por el
correspondiente Fondo Educativo Regional. Por el contrario, la documentación obrante
permite advertir una actuación exclusiva de las autoridades educativas de la entidad
territorial.

52. Sin embargo, en el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia
Laboral del 20 de enero de 2021, expedido por la Secretaría de Educación de Florencia,
en el que se certificó expresamente que la demandante se desempeñó como docente
con vinculación nacionalizada, mediante el Decreto 100 del 17 de febrero de 1981,
durante el período comprendido entre el 23 de marzo de 1981 y el 31 de agosto de 1992.

53. Obran también en el expediente las certificaciones expedidas el 2 de septiembre
de 2008 por la Secretaría de Educación y Cultura de Florencia y el 2 de junio de 2004 por
la Secretaría de Educación del Caquetá, documentos en los que igualmente se hace
constar que la demandante ostenta una vinculación de carácter nacionalizado y se
relacionan las diferentes situaciones administrativas derivadas de su trayectoria laboral.

54. En este punto, es menester señalar que la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018 precisó que la naturaleza de la vinculación docente puede acreditarse mediante
los actos administrativos de nombramiento o, en su defecto, mediante certificaciones
expedidas por la autoridad nominadora que den cuenta de manera inequívoca del
carácter territorial o nacionalizado de la relación laboral.

23 Sobre la naturaleza territorial de las antiguas intendencias nacionales y la incidencia de la Ley 43 de 1975 respecto

de los docentes vinculados por sus autoridades, cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de
octubre de 2017, rad. 05001-23-33-000-2014-00638-01 (2753-2016); 15 de junio de 2017, rad. 81001-23-33-000-2013-
00025-01 (4571-2014); 17 de mayo de 2018, rad. 81001-23-33-000-2013-00119-01 (1466-2015); 16 de febrero de
2023, rad. 81001-23-33-000-2013-00128-01 (1518-2015); y 30 de octubre de 2024, rad. 18001-23-33-000-2016-00152-
01 (5985-2023).

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Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

55. En el asunto bajo examen concurren ambos medios de prueba, pero con
calificaciones distintas a la designación. De una parte, obra el Decreto 100 de 1981 y la
correspondiente acta de posesión, de los cuales se desprende que el nombramiento fue
efectuado por autoridades de la entonces Intendencia Nacional del Caquetá,
circunstancia que permite inferir el carácter territorial de la vinculación. De otra, reposan
varias certificaciones expedidas por las autoridades educativas competentes que califican
expresamente la vinculación de la demandante como nacionalizada.

56. No obstante, la Sala dará por acreditada la naturaleza territorial del vínculo
desempeñado por la actora durante el período objeto de estudio toda vez que es el acto
administrativo de nombramiento el instrumento jurídico del que emana la naturaleza del
vínculo docente y, por ende, ostenta mayor fuerza demostrativa que las certificaciones
expedidas con posterioridad.

57. Por su parte, de los certificados de historia laboral se desprende que las
posteriores novedades administrativas correspondieron situaciones meramente
administrativas en la carrera docente —tales como permutas, traslados e
incorporaciones—, sin que se evidencie interrupción en la prestación del servicio. Por
ello, la Sala tiene por acreditado que la actora permaneció vinculada al magisterio oficial
de manera continua desde su nombramiento inicial como docente territorial, sin solución
de continuidad.

58. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que el período comprendido entre el
23 de marzo de 1981 y el 22 de septiembre de 2000 resulta computable para efectos de
acreditar el requisito de tiempo de servicios exigido para el reconocimiento de la pensión
gracia.

59. En cuanto a la determinación del estatus pensional, la Sala comparte el criterio del
a quo según el cual se consolidó el 1 de agosto de 2008, fecha en la que alcanzó los 50
años de edad, la cual es posterior al cumplimiento del requisito de 20 años de servicio,
alcanzado el 22 de septiembre de 2000.

60. Igualmente, la Sala comparte la decisión del tribunal de declarar la prescripción
extintiva respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 15 de marzo de 2016,
toda vez que la solicitud de reconocimiento pensional presentada el 15 de marzo de 2019
interrumpió el término prescriptivo por tres años que empezó a correr desde el 1 de
agosto de 2008. Por tanto, dado que la demanda se presentó el 16 de abril de 2021, esto
es, antes de que se consolidara un nuevo término trienal, no se configuró nuevamente la
prescripción respecto de las mesadas subsistentes.

61. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
que declaró la nulidad de los actos demandados y reconoció el derecho de la demandante
a la pensión gracia.

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Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

Condena en costas en segunda instancia

52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

55. En consecuencia, se impondrán costas en segunda instancia a la entidad
demandada, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de enero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por la señora Gladys Cumaco Mendoza contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Caquetá.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

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Radicación: 18001-23-33-000-2022-00009-01 (1927-2025)
Demandante: Gladys Cumaco Mendoza

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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