RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2018-00168-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00168-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00168-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia emitida el 22 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que impetró el señor Marcelino Anchico Campaz contra la UGPP, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Condenar en costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2018-00168-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social (UGPP1)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación
docente. Prueba de la plaza docente. Características del personal
docente nacionalizado. Requisitos para la reconstrucción de
documentos públicos. Principio de la non reformatio in pejus.

Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia porque la parte
demandante acreditó la totalidad de requisitos para acceder a la
pensión gracia, en especial la vinculación como docente
nacionalizado anterior al 31 de diciembre de 1980

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada en contra de
la sentencia de primera instancia del 22 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el propósito de que se declare la nulidad de las
Resoluciones RDP 047801 del 22 de diciembre de 2017 y RDP 010917 del 27 de marzo
de 2018, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, mediante las cuales se le
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad
demandada reconocer y pagar la prestación reclamada a partir del 28 de octubre de 2015,
equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio mensual de los salarios y

1 En adelante UGPP.
2 Folios 2 a 11.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

prestaciones sociales percibidos durante el año anterior a la adquisición del estatus
pensional, incluyendo los incrementos anuales automáticos previstos en la Ley 71 de
1988 y la actualización de las sumas objeto de condena conforme al índice de precios al
consumidor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA. Asimismo, pidió
que el cumplimiento de la sentencia se efectúe en los términos de los artículos 189, 192,
194 y 195 del mismo estatuto.

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, expuso que nació el 25 de
septiembre de 1951 y que inició su carrera docente en 1971 en el municipio de El Charco
(Nariño); posteriormente laboró en el municipio de Santa Bárbara–Iscuandé (Nariño) en
el año 1996, y culminó su trayectoria en el municipio de Pasto (Nariño), bajo una
vinculación de naturaleza territorial.

4. Indicó que el 3 de agosto de 2017 elevó solicitud de reconocimiento de la pensión
gracia ante la entidad accionada, la cual fue negada mediante la Resolución RDP 047801
del 22 de diciembre de 2017 y confirmada por la Resolución RDP 010917 del 27 de marzo
de 2018, bajo el argumento de que no se acreditó el tipo de vinculación docente, toda vez
que «el formato utilizado por las secretarías de educación no incluye un espacio
específico para certificar dicha circunstancia, limitándose únicamente a la información
relativa al régimen de pensión y cesantías a cargo del FOMAG».

Contestación de la demanda3

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones argumentando que el actor no
acreditó su nombramiento como docente municipal antes del 31 de diciembre de 1980 en
el municipio de El Charco (Nariño). Sostuvo que el Decreto 034 de 2017, aportado como
prueba de reconstrucción, no cumple los requisitos legales previstos para este trámite,
por lo que no existe acreditación válida del período servido entre el 27 de septiembre y el
31 de diciembre de 1971. Añadió que, aun si se tuviera en cuenta dicho lapso, no obra
documento idóneo que certifique la naturaleza de la vinculación, ni los actos
administrativos de nombramiento que demuestren la existencia de una relación legal y
reglamentaria.

6. Agregó que es indispensable verificar el origen de los recursos con los cuales se
pagaron los salarios, pues si estos fueron cubiertos con recursos de la Nación —a través
del Situado Fiscal o del Sistema General de Participaciones—, el reconocimiento
pensional sería improcedente, conforme a las restricciones previstas para la pensión
gracia.

7. Propuso como excepciones de fondo las denominadas: «inexistencia de
vulneración de principios constitucionales y legales», «cobro de lo no debido» y
«prescripción».

3 Folios 116 a 120.

2

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

Sentencia apelada4

8. El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia el 22 de mayo de 2019,
mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos acusados. A título de
restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar al
actor una pensión gracia equivalente al 75 % del promedio de lo percibido durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional (del 17 de noviembre de 2014 al 17 de
noviembre de 2015), incluyendo asignación básica, bonificación mensual, primas de
navidad, servicios y vacaciones, precisando que estas prestaciones se liquidan en su
respectiva doceava parte. Adicionalmente, declaró prescritas las sumas causadas con
anterioridad al 3 de agosto de 2014 y condenó en costas a la UGPP.

9. La decisión se apoyó en pruebas que, a juicio del a quo, acreditan que el
demandante prestó sus servicios en el municipio de El Charco (Nariño) del 27 de
septiembre al 31 de diciembre de 1971 y, posteriormente, desde el 21 de febrero de 1996
hasta el 25 de octubre de 2016, en los municipios de Santa Bárbara (Iscuandé), Ipiales y
Pasto (Nariño). Con base en ello, concluyó que se cumplió el requisito de la vinculación
previa al 31 de diciembre de 1980 y que la plaza ocupada corresponde a las clasificadas
como territoriales conforme a la sentencia del 21 de junio de 2018, sin advertirse causal
de mala conducta.

10. En cuanto al argumento relativo al origen nacional de los recursos salariales,
señaló que, de acuerdo con la misma sentencia de unificación, la naturaleza del vínculo
docente no depende del origen de los recursos destinados a sufragar las obligaciones
prestacionales.

11. En consecuencia, determinó que el actor cumplió los requisitos para acceder a la
pensión gracia a partir del 17 de noviembre de 2015, fecha en que alcanzó los 20 años
de servicio, con efectos retroactivos al 3 de agosto de 2014, en aplicación de la
prescripción trienal contada desde la solicitud de reconocimiento presentada el 3 de
agosto de 2017.

12. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada por resultar vencida en el
litigio.

Recurso de apelación5

13. La entidad accionada interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de
la sentencia. Insistió en que no se allegó prueba idónea que demostrara la vinculación
como docente antes del 31 de diciembre de 1980, advirtiendo que este requisito solo
puede acreditarse mediante documento original o copia auténtica del acto de
nombramiento, siendo insuficiente la prueba testimonial. Añadió que no es posible
determinar si la vinculación alegada fue de naturaleza nacional, territorial o nacionalizada,
ni el origen de los recursos con los que se pagaron los salarios, dada la ausencia de actos
administrativos de nombramiento y demás situaciones administrativas.

4 Folios 2060 a 264 reverso.

3

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

14. Sostuvo que no se cumplió con el trámite de reconstrucción previsto en la Ley 50
de 1886 y que la administración no justificó la inexistencia del acto de nombramiento en
sus archivos. Señaló que tampoco se practicó la prueba supletoria establecida en dicha
norma para acreditar la verosimilitud de la certificación laboral sobre el tiempo de servicio.

15. Afirmó que, si el demandante percibió recursos provenientes de la Nación, no
cumple con el requisito previsto en el numeral 3 de la Ley 114 de 1913, que prohíbe
recibir recompensa o pensión de carácter nacional para acceder a la pensión gracia.

16. Por último, cuestionó la condena en costas, alegando que su actuación se ajustó
a los parámetros de razonabilidad y legalidad que rigen la defensa judicial de la entidad.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

17. Mediante auto del 6 de agosto de 20206 se admitió el recurso de apelación. A
través de auto del 11 de marzo de 20217, se corrió traslado a las partes de conformidad
con lo establecido en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA.

18. En atención a dicho traslado, la entidad demandada reiteró que el actor debía
demostrar una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 como docente del orden
departamental, distrital, municipal o nacionalizado. No obstante, advirtió que no obra
copia del acto administrativo de nombramiento, sino únicamente el acta de posesión. A
ello se suma —señaló— que el certificado aportado carece de mérito probatorio y que no
se practicó prueba supletoria que permitiera acreditar la existencia del acto de
nombramiento. Por estas razones, estimó que no existe certeza sobre la naturaleza del
vínculo docente alegado.

19. Por su parte, el demandante solicitó la confirmación del fallo de primera instancia
alegando que ostentó una vinculación territorial de orden municipal que lo habilita para
acceder a la pensión gracia. Sostuvo que el operador jurídico debe atenerse a lo
consignado en los actos administrativos de nombramiento y posesión para determinar el
tipo de vinculación y no a las omisiones que puedan presentarse en las certificaciones de
tiempo expedidas por las secretarías de educación.

20. El Ministerio Público se abstuvo de emitir pronunciamiento en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

6 Folio 297.
7 Folio 299.

4

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

Problemas jurídicos

22. Conforme a los reparos concretos formulados en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sala determinar si el demandante acreditó de manera idónea el
requisito consistente en haber estado vinculado como docente territorial o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980.

23. Para tal efecto, será necesario establecer si el valor probatorio de los documentos
aportados con ese fin se encuentra desvirtuado, habida cuenta de que la entidad
demandada cuestionó su idoneidad argumentando que no cumplen las exigencias
legales para su reconstrucción. Del mismo modo, se verificará si existen otros medios de
convicción que respalden el cumplimiento del referido requisito.

24. Finalmente, se examinará la procedencia de la condena en costas impuesta en
primera instancia, a la luz de la objeción planteada por la entidad recurrente al respecto.

Análisis del problema jurídico

25. En relación con la vinculación territorial y/o nacionalizada anterior a 1980, se
constata en el expediente que, mediante el Decreto 050 del 27 de julio de 20158, el alcalde
municipal de El Charco (Nariño), en uso de las facultades conferidas por la Ley 136 de
1994, ordenó rehacer el Decreto 066 del 27 de septiembre de 1971, por medio del cual
se había nombrado al demandante como director de la Escuela Rural Mixta de San Pablo
la Tola. Según los considerandos, en los archivos de la administración municipal
únicamente se encontraba el acta de posesión sin el correspondiente acto administrativo
de nombramiento. Por lo tanto, fundamentándose en el principio de buena fe y en una
certificación del jefe del archivo general de la entidad, se estimó necesario rehacerlo.

26. También se advierte en el expediente que el alcalde encargado de El Charco
emitió el Decreto 034 el 3 de mayo de 20179, invocando las facultades legales que le
otorgan los artículos 23 y 315 de la Constitución Política, así como el artículo 91 de la
Ley 136 de 1994 y la Ley 909 del 2004. Este decreto confirmó el reseñado Decreto 066
del 27 de septiembre de 1971, otorgándole validez legal para los trámites
correspondientes. Además, se sustentó en la revisión del archivo general, donde se
verificó la existencia de un «acto administrativo de posesión original» en la A-Z de
conservación 003 de 1970-1976, el cual incluye el número del Decreto 066 del 27 de
septiembre de 1971.

27. Al respecto, esta Subsección10 ha sostenido que el procedimiento de
reconstrucción de expedientes debe adherirse al Acuerdo 007 del 15 de octubre de
201411, emitido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación Jorge Palacios

8 Folio 189.
9 Folios 191 y 192.
10 Para mayor referencia, se pueden consultar las siguientes sentencias emitidas por esta Subsección: i) sentencia del

29 de agosto de 2024, radicado 68001-23-33-000-2020-00013-01 (4247-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; ii)
sentencia del 22 de mayo de 2025, radicado 52001-23-33-000-2021-00289-01 (1685-2024), C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez;
11 Esta normativa se expidió en virtud de lo establecido en el entonces vigente numeral 9 del artículo 3 del Decreto

2126 de 2012, el cual asignó al Archivo General de la Nación la función de «expedir normas y reglamentos generales
sobre el desarrollo de la función archivística del Estado».
5

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

Preciado. Este acuerdo fue promulgado en respuesta a la necesidad de establecer un
procedimiento técnico archivístico para la reconstrucción de expedientes en las entidades
y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público a nivel nacional, departamental,
distrital y municipal; así como en entidades territoriales indígenas, territorios especiales,
y otras entidades que se creen por Ley, incluyendo aquellas privadas que desempeñan
funciones públicas.

28. Esta normativa define a la reconstrucción como el proceso técnico que debe
llevarse a cabo con aquellos expedientes que han sufrido deterioro, han sido extraviados
o se encuentran incompletos, con el objetivo de restablecer su integridad, autenticidad,
originalidad y disponibilidad12. Aunado a que, ante la constatación de la pérdida total o
parcial de los expedientes, es necesario verificar los instrumentos de consulta y registro
que posea la entidad responsable de su custodia. Esto incluye, entre otros, inventarios
documentales, sistemas de registro y control de préstamos de expedientes, así como
testimonios y evidencias proporcionadas por los titulares de los expedientes o
información suministrada por las autoridades, que permitan identificar cuáles son los
expedientes que se han perdido total o parcialmente13.

29. Una vez identificada la pérdida total o parcial de los expedientes, se procederá a
realizar un diagnóstico integral de los mismos para determinar cuáles deben ser
intervenidos y, posteriormente, reconstruidos14. Además, será necesario emplear
instrumentos archivísticos tales como: inventarios documentales, cuadros de
clasificación, tablas de retención documental, tablas de valoración documental, sistemas
de registro y control de correspondencia y comunicaciones oficiales. Estos instrumentos
deben ser generados tanto por la entidad encargada de llevar a cabo el proceso de
reconstrucción como por aquellas entidades donde puedan encontrarse tipos
documentales o expedientes completos que faciliten esta labor, con el fin de lograr, en la
medida de lo posible, la reconstrucción total o parcial de los expedientes, según
corresponda15.

30. En relación con el procedimiento para la reconstrucción y la práctica de pruebas,
los artículos 7 y 9 ibidem establecen las siguientes regulaciones:

«Artículo 7. Procedimiento a seguir para la reconstrucción de expediente. Para la
reconstrucción de los expedientes se debe realizar el siguiente procedimiento:
1. De inmediato, informar, a la Entidad propietaria de la información, de lo cual se dejará
constancia, de la pérdida del o los expedientes, por parte del jefe inmediato a la sección y/o
subsección que tenga a su cargo el expediente, al Secretario General o el funcionario de
igual o superior jerarquía.
2. Presentar la correspondiente denuncia a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que
los archivos e información pública son bienes del Estado.
3. Cumplido el procedimiento establecido en el artículo 5° del presente Acuerdo, se
procederá a elaborar el Acto administrativo, de apertura de la investigación por pérdida de
expediente.
4. Investigación por pérdida de expediente, que debe incluir la declaración de pérdida del
expediente y la información que se debe reconstruir.
5. Los Secretarios Generales de las entidades, o quienes hagan sus veces, deberán realizar

12 Artículo 3, Acuerdo 007 del 15 de octubre de 2014, emitido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación

Jorge Palacios Preciado.
13 Artículo 4, ibidem.
14 Artículo 5, ibidem.
15 Artículo 6, ibidem.

6

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

un seguimiento periódico sobre el avance de la reconstrucción de los expedientes hasta
que culminen todas las acciones que correspondan.
6. Reconstrucción del Expediente: Con las copias de los documentos obtenidos
debidamente certificadas o autenticadas según el caso, se procederá a conformar el o los
expedientes dejando constancia del procedimiento realizado, el cual hará parte integral del
mismo.

Artículo 9. Práctica de pruebas. El funcionario competente, practicará las pruebas que
estime conducentes y pertinentes, conforme lo reglamentado en el Código de
Procedimiento Civil o en su defecto el Código General del Proceso, con el fin de lograr la
integridad, veracidad y autenticidad de la información contenida en los expedientes.
La práctica de pruebas puede consistir en visitas de inspección a archivos y/o sistemas de
información donde se pueda encontrar información que sea pertinente para la
correspondiente reconstrucción.»

31. En este contexto, la Sala considera evidente que el alcalde de El Charco no
cumplió con el procedimiento administrativo previamente mencionado. A continuación, se
detallan las omisiones más relevantes: i) no se establecieron las razones por las cuales
el Decreto 066 del 27 de septiembre de 1971 estaba ausente del archivo municipal; ii) no
se presentó la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación; iii)
no se llevó a cabo un diagnóstico integral de los documentos que se habían perdido; iv)
no se elaboró un acto administrativo que formalice la apertura de la investigación sobre
la pérdida del acto administrativo; v) no se inició una investigación que incluya la
declaración oficial de la pérdida y la recopilación de la información necesaria para su
reconstrucción; vi) no se observa la práctica de pruebas pertinentes; vii) no se conformó
el expediente dejando constancia del procedimiento realizado.

32. En estas condiciones, sin que ello implique desconocer la presunción de legalidad
ni formular juicio alguno sobre la validez de los Decretos 066 del 27 de septiembre de
1971 y 034 del 3 de mayo de 2017 —pues no es este el escenario procesal para
controvertir su legalidad—, lo cierto es que, como medios de convicción documentales,
tales actos carecen de idoneidad probatoria por inconducencia16. Ello obedece a que no
se observaron los lineamientos reglamentarios exigidos para la reconstrucción de un
expediente administrativo, circunstancia que impide a esta autoridad judicial conferirles
valor demostrativo en tanto no producen certeza ni generan el grado de convencimiento
requerido sobre los hechos que pretenden acreditar17.

33. Además, se advierte que ni en su parte motiva ni en su parte resolutiva se consigna
información relativa a la naturaleza de la vinculación docente, y el acta de posesión del
27 de septiembre de 1971 tampoco ofrece elementos suficientes para establecerla, lo
que reafirma su ineficacia probatoria frente al requisito de vinculación antes del 31 de
diciembre de 1980.

34. Ahora bien, es dable precisar que en virtud de la libertad probatoria prevista en el
artículo 165 del CGP, así como del principio de la sana crítica para la valoración de los

16 Recuérdese que la conducencia de la prueba consiste en que: «[…] el medio probatorio propuesto sea adecuado

para demostrar el hecho. […]». Ver sentencia del Consejo de Estado proferida el 15 de marzo de 2013, radicado:
15001-23-31-000-2010-00933-02(19227); y el auto del 12 de diciembre de 2023 dictado por esta Corporación en el
proceso 85001-23-33-000-2017-00178-02 (4654-2022).
17 Esta tesis sobre los actos de reconstrucción y la valoración de las demás pruebas ya fue expuesta en un caso similar

al presente, dictado por esta misma Subsección el 2 de octubre de 2024 en el proceso con radicado 54001-23-33-000-
2018-00129-01 (0813-2023).
7

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

medios de prueba consagrado en el artículo 176 de dicha norma adjetiva, el hecho del
tiempo de servicio bajo estudio podría también analizarse con base en otro tipo de
pruebas documentales.

35. En el expediente se vislumbra una constancia emitida por el secretario general y
de gobierno del municipio de El Charco, Nariño, con fecha del 3 de mayo de 2017 18. En
este documento se certifica el récord laboral en los siguientes términos:

«Que en respuesta a la solicitud del señor MARCELINO ANCHICO CAMPAZ, identificada
(sic) con cédula de ciudadanía N°13.103.112 expedida en El Charco Nariño, sobre la
Actualización de Récord Laboral y que, revisados los documentos en el Archivo general de
la Administración Municipal, se verificó que prestó sus servicios como Maestro de la escuela
rural mixta San Pablo Jurisdicción del Municipio del Charco, con el siguiente acto
Administrativo que a continuación se relaciona.

RECORD LABORAL

1971 – Decreto número 066 del 27 de septiembre – nombrase como director de la escuela
rural mixta de SAN PABLO DE LA TOLA, hasta el 31 de diciembre del mismo año. (…).»

36. A su vez, el jefe de archivo general del municipio de El Charco, en respuesta al
requerimiento probatorio realizado en primera instancia, calendado el 12 de febrero de
201919, dejó constancia de lo siguiente:

«Que revisado el Archivo General de la Administración Municipal sobre el requerimiento del
señor antes mencionado [Marcelino Anchico Campaz]; se verificó que sí prestó sus
servicios a la Administración Municipal, por las evidencias, de los actos administrativos,
original encontrado en este archivo en custodia, como a continuación se relacionan:

• Acta de posesión como director de la escuela Rural mixta de San Pablo, de
27/09/1971.
• Decreto de confirmación de No. 034 del 03/05/2017.
• Reenvío la copia del Decreto, de 050 que presentó el peticionario, en la petición, y
hago constar que este decreto no se encuentra en custodia en los archivos de la
administración no sabemos cómo ni donde obtuvo este acto administrativo, que no
reposa en los archivos de la administración

Nota: Por lo demás hago constar.
• Qué No se hayo [sic] evidencia alguna en los archivos contables de nómina de pago
existentes sobre el señor Marcelino Anchico Campaz, Identificado con CC.
13.103.112.
• Tampoco se pudo determinar, la condición de su nombramiento, si fue nacional,
nacionalizado o territorial.
• No hay evidencia si su salario devengado fue proveniente de la nación del
departamento o del municipio.
• El municipio de El Charco Nariño en su actualidad es un municipio No certificado.
• No hay evidencia de hoja de vida del señor de la referencia para determinar si estuvo
o no sanción.

18 Folio 25.
19 Folios 210 a 211.

8

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

Y en el desempeño de mis funciones, me dirijo a usted con mucho respeto para hacer
entrega formal, de las copias de estos actos administrativos de nombramiento y
posesión.»

37. A la referida respuesta, se anexaron los siguientes documentos20:

• Acta de posesión del 27 de septiembre de 1971 ante la alcaldía municipal de El
Charco, en la cual se designó al demandante como director de la escuela rural
mixta de San Pablo La Tola mediante nombramiento realizado a través del Decreto
066 de 1971.

• Decreto 034 del 3 de mayo de 201721 emitido por el alcalde municipal (e) del
municipio de El Charco, a través del cual confirmó el Decreto 066 del 27 de
septiembre de 1971, que nombró al actor como director de la escuela rural mixta
de San Pablo de La Tola; en respuesta a previa solicitud de reconstrucción elevada
por el demandante ante el ente municipal.

38. Paralelamente, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto emitió el Formato
Único para la expedición del Certificado de Historia Laboral con fecha del 26 de febrero
de 201922, en el cual se detalla que el actor se desempeñó como docente en el Instituto
Politécnico Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño). Su nombramiento se realizó mediante
el Decreto 80 del 21 de febrero de 1996 y se extendió hasta el 30 de agosto de 2005.
Después, fue trasladado a la institución educativa Puenes, ubicada en el municipio de
Ipiales, a través del Decreto 0831 del 31 de agosto de 2005, permaneciendo allí hasta el
27 de febrero de 2014. Finalmente, mediante el Decreto 0111 del 28 de febrero de 2014,
fue incorporado a la institución educativa Antonio Nariño de Pasto, donde laboró hasta el
25 de octubre de 2016.

39. A partir del análisis de estas certificaciones, se tiene que, según el récord laboral
emitido por el secretario general y de gobierno del municipio de El Charco, el demandante
fue nombrado director de la Escuela Rural Mixta de San Pablo de La Tola durante el
período mencionado. No obstante, de acuerdo con la prueba decretada en primera
instancia23, el jefe del archivo general del municipio de El Charco manifestó que solo se
encontraba el acta de posesión de un decreto de nombramiento reconstruido, además de
no existir certificados de nómina, hoja de vida u otro documento que proporcionara
elementos adicionales que establecieran el tipo de vinculación docente del interesado; lo
cual le impedía certificar si había ostentado una designación de índole nacional,
nacionalizada o territorial.

40. Por lo tanto, se pone de manifiesto que la certificación proporcionada por el
secretario General y de Gobierno presenta inconsistencias con respecto a la emitida por
el jefe del Archivo General del municipio de El Charco. Esta discrepancia impide la
posibilidad de establecer de manera inequívoca24 la existencia y/o la naturaleza de la

20 Folios 206 a 208.
21
Folio 191 a 192.
22 Folios 222 a 223.
23 Aludida en los párrafos 28 y 29 de esta sentencia.
24 De acuerdo con la regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18

del 21 de junio de 2018, para probar la calidad docente se requiere copia de los actos administrativos donde conste el
vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
9

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

relación legal y reglamentaria que se alegó durante este período. Cabe destacar que esta
información tampoco fue registrada en el formato de historia laboral expedido por la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto.

41. Esta situación es corroborada por el secretario de Educación Municipal de El
Charco, quien, ante el requerimiento realizado por el Tribunal para establecer el carácter
de la vinculación del actor, indicó que «no es posible certificar situaciones laborales o
prestacionales pues la entidad territorial no cuenta con elementos de prueba para concluir
lo solicitado en la prueba»25.

42. En consecuencia, se advierte que el actor no cumplió satisfactoriamente con la
carga de demostrar los hechos sobre los cuales edificó su pretensión pensional. Al
respecto, se recuerda que es a los accionantes a quienes les corresponde probar los
supuestos de hecho en que se basa la censura que pretenden hacer valer para destruir
la presunción de legalidad de los actos acusados, de acuerdo con lo previsto en el Código
General del Proceso que «incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»26, norma aplicable al
presente asunto conforme lo mandado en el artículo 211 del CPACA.

43. En este contexto, debe considerarse que no existe prueba idónea, suficiente y
conducente para sostener que el demandante prestó sus servicios como docente territorial
o nacionalizado entre el 27 de septiembre y el 31 de diciembre de 1971 como director de la
Escuela Rural Mixta de San Pablo de La Tola.

44. A continuación, se observa que el actor acompañó el escrito de demanda con
copia de la Resolución 394Bis del 12 de septiembre de 198027 emitida por el secretario
de educación de Nariño en uso de las facultades legales, a través de la cual nombró al
demandante como Seccional del Centro de Alfabetización de El Obrero de Pasto
(Nariño), con efectos a partir del 1° de septiembre de la misma anualidad.

45. Con fundamento en lo anterior, esta Sala consideró necesario decretar una prueba
de oficio a fin de verificar la vinculación del demandante, para lo cual requirió a la
Secretaría de Educación de Nariño para que remitiera copia del mencionado acto y
certificara si el demandante estuvo vinculado con ocasión de este.

46. La Secretaría de Educación de Nariño mediante comunicación del 21 de agosto
de 2025, remitió a esta Corporación copia de la Resolución 394Bis del 12 de septiembre
de 1980, junto al acta de posesión de fecha 18 de septiembre de 198028.

47. Igualmente, certificó29 que el demandante fue designado como alfabetizador
(Ramo de Educación para adultos) en el Centro de Alfabetización El Obrero de Pasto,

legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial.
25
Folio 205.
26 Artículo 167 del CGP.
27 Folio 149.
28 Índice 62 de Samai, ver archivo 55_520012333000201800168013MemorialWeb202592916035.
29 Índice 62 de Samai, archivo 56_520012333000201800168014MemorialWeb202592916036 ACT 62 C EDO

RESPUESTA SRIA EDUCA DPTAL.pdf
10

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

cargo que ejerció a partir del momento de la posesión (18 de septiembre de 1980), sin
que se haya consignado retroactividad alguna. También señaló que los docentes
alfabetizadores no contaban con una estabilidad laboral en el tiempo, eran nombrados
por períodos que no superaban al siguiente año y afirmó que no se encontraba
documento que probara la insubsistencia del demandante a finales de 1980 o inicios de
1981 como sucedió en otros casos. Finalmente, sostuvo que el carácter de la vinculación
del actor fue «nacionalizado» de acuerdo con las reglas de unificación de la sentencia
del 21 de junio de 2018 emitida por esta Corporación.

48. Como primer aspecto, es menester aclarar que la jurisprudencia ha sostenido que
el tiempo laborado en la modalidad de alfabetización es computable para acceder a la
pensión gracia, por cuanto se trataba del ejercicio de la profesión docente y la vinculación
tenía el carácter de nacionalizada30.

49. En efecto, el Decreto 1830 de 1966 reglamentó la educación para adultos y en su
artículo 7 determinó que la alfabetización «constituye la etapa inicial de programas más
amplios de educación de adultos y tiene como misión específica la enseñanza de la
lectura, escritura, cívica y nociones de aritmética, la iniciación en actividades
profesionales, habilitando al alfabetizado para su ingreso a los cursos de educación
general básica y a los de formación profesional».

50. Posteriormente, el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria para
adultos en todo el territorio nacional. A su vez, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979,
dispuso que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización de adultos. A
partir de las normas transcritas, esta Corporación31 ha sostenido que la labor docente de
alfabetización es computable para efectos de acceder a la pensión gracia, en cuanto debe
tomarse como laborado en educación primaria y sumarlo al que se laboró en educación
secundaria de acuerdo con la extensión que realizara el artículo 3 de la Ley 37 de 1933.

51. En ese orden de ideas, la Sala encuentra demostrado que el demandante tuvo un
vínculo docente a partir del 18 de septiembre de 1980, como Seccional del Centro de
Alfabetización de El Obrero en Pasto (Nariño), acto de designación suscrito por el
Gobernador de Nariño, el secretario de Educación, el Jefe Grupo de Alfabetización y el
Delegado Regional del Ministerio de Educación Nacional, lo que encuadra dentro de la
definición del artículo 1 de la Ley 91 de 1989 respecto al personal nacionalizado.

52. En efecto, es claro que la participación de dicho delegado no implicó que se trate
de un docente nacional, sino que atiende a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 43 de
1975, que estableció que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría,
ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas

30 Ver las siguientes sentencias de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, del Consejo de Estado: i) 14 de octubre

de 2021, radicado 25000-23-42-000-2016-03173-01 (4060-19); ii) 15 de febrero de 2024, radicado 25000-23-42-000-
2018-02196-01 (0911-2021); y iii) 27 de junio de 2024, radicado 25000 23 42 000 2014 02881 01 (2587-2019).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001-23-33-000-

2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 15 de agosto de
2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); ii) del 6 de julio de 2017, radicado 52001-23-33-000-
2014-00257-01 (4537-2016), iii) del 17 de julio de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-2016); iv)
del 27 de mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021, radicado
76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021, radicados 25000-23-42-000-2016-03173-
01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del 23 de junio de 2022, radicado 41001-23-33-000-
2016-00462-00 (1503-2021).
11

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán
decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa
autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».

53. En relación con este tema, la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de
unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201832, determinó que la
condición de docente nacional no se adquiere simplemente por la participación de un
delegado del Ministerio de Educación en el acto administrativo de nombramiento, ni por
el hecho de que los salarios sean financiados con recursos del situado fiscal. De igual
forma, no se considera relevante que las autoridades territoriales actúen como
presidentes de las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales. Lo que
realmente importa es la plaza que se va a ocupar33. El criterio interpretativo se unificó en
estos términos:

«v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en
la Nación.»

54. En este contexto, la Sala estima que, aunque no obra en el plenario una prueba
idónea que permita sostener que el demandante prestó los servicios docentes como
territorial y/o nacionalizado entre el 27 de septiembre y el 31 de diciembre de 1971 como
director de la Escuela Rural Mixta de San Pablo de La Tola, el nombramiento realizado en
virtud de la Resolución 394 Bis del 12 de septiembre de 1980 emitida por el Secretario de
Educación de Nariño, le otorgan el derecho al reconocimiento de la pensión gracia, no solo
porque los tiempos de servicio en calidad de alfabetizador ostentan la condición de
nacionalizados como anteriormente se advirtió, sino porque se cumple con el presupuesto
de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, necesario para acceder al
reconocimiento prestacional.

55. En atención a lo expuesto, la Sala encuentra que el demandante ejerció funciones
como docente de carácter nacionalizado desde el 18 de septiembre hasta el 31 de
diciembre de 1980 teniendo en cuenta la respuesta dada por la Secretaría de Educación
de Nariño34, es decir, durante un periodo de 3 meses y 14 días. Así, cumple con el
requisito de haber sido vinculado en esa calidad antes del 31 de diciembre de 1980 y este
tiempo es acumulable para acreditar los 20 años de servicios exigidos por el artículo 1°
de la Ley 114 de 1913.

32
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
33 Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo

de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000
2017 00661 01 (0605– 2019).
34 Índice 62 de Samai, archivo 56_520012333000201800168014MemorialWeb202592916036 ACT 62 C EDO

RESPUESTA SRIA EDUCA DPTAL.pdf.
12

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

56. En relación con el último requisito mencionado, obra en el expediente el Decreto
80 del 21 de febrero de 199635, «por el cual se nombra un docente nacionalizado en
plaza», expedido por el alcalde municipal y el secretario de educación de Santa Bárbara
de Iscuandé (Nariño). A través de este acto administrativo se designó al demandante, en
propiedad, como docente seccional en el Colegio Instituto Mixto Politécnico Santa
Bárbara de dicha localidad.

57. En sus consideraciones, la autoridad nominadora precisó que la provisión
correspondía a una vacante existente en una institución educativa de carácter
nacionalizado, en el área de Filosofía y Letras. Adicionalmente, se indicó que el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional de
Pasto certificó la disponibilidad presupuestal para atender la provisión de la citada plaza.

58. En relación con este vínculo, el demandante allegó el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral, expedido el 14 de julio de 2017 por la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto. En dicho documento se registra que el actor
fue nombrado docente en el Instituto Politécnico Santa Bárbara mediante el Decreto 80
del 21 de febrero de 1996, iniciando funciones en esa misma fecha. Posteriormente, fue
trasladado a la Institución Educativa Puenes del municipio de Ipiales (Nariño) en virtud
del Decreto del 31 de agosto de 2005. Más adelante, fue incorporado a la Institución
Educativa Municipal Antonio Nariño de Pasto mediante el Decreto 111 del 28 de febrero
de 2014 y, finalmente, trasladado dentro de la misma institución a través de la Resolución
287 del 4 de marzo de 2014. Se advierte que cesó funciones el 25 de octubre de 201636.

59. Para la Sala, esta designación encuadra en la definición que el artículo 1° de la
Ley 91 de 1989 tiene para el personal docente nacionalizado, puesto que fue realizado
por la entidad territorial atendiendo la autorización presupuestal previa del delegado del
Ministerio de Educación Nacional que consagra los artículos 6 y 10 Ley 43 de 1975.

60. En efecto, la participación de dicho delegado no implicó que se trate de un docente
nacional, sino que atiende a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, que
estableció que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito
Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de
maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar
la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en
ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».

61. Adicionalmente, el fundamento normativo por el cual el alcalde de Santa Bárbara
nombró a la parte demandante fue la Ley 29 de 1989. Esta ley asignó a los representantes
legales de las entidades territoriales la función de nombrar, trasladar, remover, controlar
y, en general, administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos
educativos nacionales y nacionalizados.

62. Así pues, la aludida Ley delegó la competencia a los alcaldes y gobernadores para
nombrar docentes nacionales o nacionalizados. En otras palabras, el ejercicio de esta

35 Folios 21 y 22.
36 Folios 48 y 49.

13

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

facultad lleva a concluir que el nombramiento realizado mediante el Decreto 80 de 1996
solo pudo ser nacional o nacionalizado. De tal suerte que, según lo estipulado en el
artículo 1° de la Ley 91 de 1989, el personal nacional se refiere a los docentes vinculados
por nombramiento del Gobierno Nacional, situación que no se ajusta a dicho
nombramiento; por lo tanto, al descartarse el carácter nacional, se confirma que tal
designación ostentó naturaleza nacionalizada; sumado a que el alcalde invocó el
nombramiento a un «docente nacionalizado».

63. Ahora bien, en el expediente se encuentra probado que desde el 21 de febrero de
1996 hasta el 25 de octubre de 2016 (fecha de retiro) el actor fue trasladada e incorporado
sin solución de continuidad a la Institución Educativa Puenes del municipio de Ipiales y
luego a la Concentración Urbana ICCE del municipio de Ventaquemada y después a la
Institución Educativa Municipal Antonio Nariño de Pasto.

64. En este punto, es pertinente señalar que la Sala ha sostenido de manera reiterada
que las características de la vinculación con la Administración se determinan en el
momento de la expedición del acto de nombramiento primigenio, pues es en este dónde
se definen las condiciones jurídicas del vínculo y las implicaciones a las que queda sujeto
el docente37. En consecuencia, las situaciones administrativas posteriores —como los
traslados e incorporaciones a otras instituciones educativas a las que estuvo sujeto el
demandante— no modificaron, al menos para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, la naturaleza nacionalizada de la vinculación inicial otorgada por el Decreto 80 de
1996.

65. En consecuencia, se encuentra plenamente acreditado que el demandante ocupó
una plaza docente del nivel nacionalizado desde el 21 de febrero de 1996 y la
desempeñó sin interrupciones hasta el 25 de octubre de 2016. Por tanto, este período
—equivalente a 20 años, 8 meses y 5 días— resulta computable para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia. En ese orden, el actor supera con amplitud la
exigencia legal de 20 años de servicios en dicha condición.

66. En este orden de ideas, está acreditado que el actor cumplió con la totalidad de
los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia. No solo demostró los requisitos
previamente analizados, sino que también acreditó haber cumplido 50 años de edad el
25 de septiembre de 200138. Además, no se encontraron reproches que cuestionen su
desempeño en el ámbito educativo, lo que permite concluir que también se satisface la
exigencia de honradez, dedicación y buena conducta. Finalmente, no se evidencia que
perciba una doble compensación o erogación nacional incompatible con la pensión
gracia.

67. Ahora bien, según lo establecido por el tribunal administrativo de primera instancia,
el demandante completó los 20 años de servicios el 17 de noviembre de 2015, fecha que

37 Al respecto, ver las sentencias proferidas por la Sección Segunda del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-2009,

C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve;
del 16 de junio de 2015, radicación 68001 23 31 000 2004 02762 01; del 24 de julio de 2025, radicación 76001 23 33
000 2020 00953 01 (6509-2024).
38 Folios 23 y 24.

14

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

fue considerada como aquella en la cual adquirió el estatus pensional. Sin embargo, para
esta Sala, el derecho a la pensión se consolidó realmente el 6 de noviembre de 2015.

68. A pesar de lo anterior, al no haber sido objeto de apelación este aspecto por
ninguna de las partes y en aplicación del principio de la non reformatio in pejus —que
impide desmejorar la situación del apelante único—, se mantendrá la fecha fijada por el
a quo dado que modificarla podría implicar un mayor retroactivo pensional en perjuicio de
la entidad recurrente. Por las mismas razones, se confirmará la decisión de declarar
probada la excepción de prescripción trienal, aun cuando la solicitud de reconocimiento
pensional fue presentada el 3 de agosto de 2017, esto es, dentro de los tres años
siguientes a la exigibilidad del derecho (17 de noviembre de 2015); además, la demanda
fue radicada el 27 de abril de 2018 (dentro de los 3 años subsiguientes).

69. En conclusión, la Sala considera que la parte demandante acreditó en su totalidad
los requisitos legales para acceder a la pensión de gracia. Por tal razón, se procederá a
confirmar la sentencia emitida en primera instancia.

Condena en costas en primera instancia

70. La entidad demandada solicitó la revocatoria de la condena en costas que el
Tribunal le impuso en primera instancia, precisando que en el asunto de la referencia no
ha actuado temerariamente.

71. Al respecto, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de
una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

72. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

73. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida considerando lo
dispuesto en el artículo 365 del CGP, aplicable por la integración normativa autorizada
en el artículo 306 del CPACA; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366
del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

74. Con base en los argumentos expuestos, y comoquiera que en la sentencia apelada
se condenó en costas a la entidad demandada en virtud de la causal prevista en el

15

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

numeral 1°. del artículo 365 del CGP porque sus pretensiones fueron negadas en su
totalidad, no hay lugar a revocar dicha decisión, en tanto que estuvo ajustada a derecho.

Condena en costas en segunda instancia

75. Con base al análisis normativo abordado en los párrafos que preceden, en esta
instancia también se impondrán costas a la parte vencida (demandada), por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia emitida el 22 de mayo de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que impetró el señor Marcelino Anchico Campaz contra la
UGPP, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO. Condenar en costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
16

Radicación: 52001 23 33 000 2018 00168 01 (4279-2019)
Demandante: Marcelino Anchico Campaz

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.