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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02881-01

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-02881-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 17 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “B”, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone: SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA ENTIDAD DE PENSIONES, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN e INNOMINADA O GENÉRICA, propuestas por la UGPP. TERCERO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 48854 del 21 de octubre, RDP 054321 del 28 de noviembre de 2013 y Resolución nro. RDP 055371 del 5 de diciembre de 2013, mediante las cuales fue negado al actor el reconocimiento de la pensión gracia. w w w . c o n s e j o d e e s t a d o. g o v. c o 32 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 25000 23 42 000 2014 02881 01 Demandante : Ismael Suárez Suárez CUARTO. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y liquidar al señor Ruth Ismael Suárez Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.303.138, una pensión gracia de jubilación en cuantía el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, 11 de septiembre de 2010 al 10 de septiembre de 2011. QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia. SEXTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos señalados en los artículos 192, del CPACA. SÉPTIMO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme la motivación. OCTAVO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-02881-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2014 02881 01 (2587-2019)
Demandante: Ismael Suárez Suárez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Naturaleza de la vinculación docente. Horas Cátedras.
Desigualdad salarial. Ley 1437 de 2011
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 17 de agosto de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”, que
negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda

PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:

• Resolución nro. RDP 48854 del 21 de octubre de 2013 “por la cual se niega
el reconocimiento y pago de una pensión gracia”.
• Resolución nro. RDP 054321 del 28 de noviembre de 2013 “por la cual se
resuelve un recurso de reposición en contra de la Resolución nro. RDP 48854
del 21 de octubre de 2013”.
• Resolución nro. RDP 055371 del 5 de diciembre de 2013 “por la cual se
resuelve un recurso de apelación en contra de la Resolución nro. RDP 48854
del 21 de octubre de 2013”.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 25000 23 42 000 2014 02881 01
Demandante : Ismael Suárez Suárez

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento y pago
de la pensión gracia en cuantía del 75% del salario con la totalidad de los factores
salariales devengados durante el último año de servicio, con la debida inclusión de
todos los factores, y se reajuste el valor de las sumas adeudadas, conforme al IPC.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El señor Ismael Suárez Suárez nació el 6 de noviembre de 1955; trabajó por los
siguientes periodos: desde el 1° de julio de 1976 hasta el 30 de mayo de 1980 con
el Distrito Capital de Bogotá; del 5 de mayo de 1993 al 19 de enero de 1998 con el
Departamento de Cundinamarca y desde el 28 de enero de 1998 hasta el 23 de
mayo de 2014 con el Distrito Capital de Bogotá, lo que arroja un total de 8981 días
laborados.

El demandante presentó ante la UGPP la solicitud de reconocimiento pensional,
petición que fue resuelta negativamente mediante Resolución nro. RDP 48854 del
21 de octubre de 2013. Contra el anterior acto administrativo interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación; sin embargo, los mismos se resolvieron a través
de las Resoluciones nos. RDP 054321 del 28 de noviembre de 2013 y RDP 05371
del 5 de diciembre de 20131, donde se confirmó la decisión inicial.

Manifiesta que reúne los requisitos de tiempos de servicios requeridos, acumulando
8981 días, es decir más de los 20 años de servicio exigidos para el reconocimiento
y pago de la pensión gracia.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23,
25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución; artículos 1, 3 y 4 de la Ley 114 de
1913; artículo 6 de la Ley 116 de 1928; artículo 3 del Decreto 081 de 1976; artículo
3 del Decreto 2277 de 1979 y el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

En resumen, expone que se configura la violación de las leyes antedichas al negarse
el reconocimiento de la pensión, dado que el actor reúne todos los requisitos exigidos
por la norma para ser acreedor de la recompensa de gracia. Además, se desconoce
la Constitución Política al realizarse una interpretación distinta y restrictiva en donde
no se garantiza la efectividad de los derechos, en especial la seguridad social.

Los actos acusados fueron expedidos con falsa motivación al no reconocerse la
pensión gracia, a sabiendas de la existencia del régimen especial de los docentes
contenidos en la Ley 91 de 1989, Decreto 2277 de 1979, Ley 4ª de 1966 y demás
normas que regulan la materia.

1 sic

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 25000 23 42 000 2014 02881 01
Demandante : Ismael Suárez Suárez

El error de la entidad demandada consistió en argumentar que no le asiste derecho
al docente, por cuanto la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un
docente nacional, sin percatarse que los periodos comprendidos entre el 1° de julio
de 1976 al 30 junio de 1980 y del 28 de enero de 1998 en adelante, fueron de
carácter departamental.

No existe fundamento válido para negar la pensión gracia debido que el señor Suárez
Suárez cumple con todos los requisitos legales establecidos para su reconocimiento.

1.4. Contestación de la demanda2

La entidad demandada UGPP-, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad
de todas y cada una de las pretensiones de la demanda al considerar que las mismas
carecen de asidero jurídico.

Expuso que al 31 de diciembre de 1980 el peticionario no se encontraba vinculado
en la docencia oficial, por lo que no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión
solicitada.

Alegó que si bien es cierto el actor laboró como docente al servicio del Estado a partir
del 20 de enero de 1984, también es cierto que estos nombramientos fueron del
orden nacional, en consecuencia, no hay lugar al reconocimiento y pago de la
pensión solicitada.

Finalmente, propuso las excepciones de “presunción de legalidad de los actos
administrativos expedidos por la entidad de pensiones”, “inexistencia de la
obligación”, “prescripción” e “innominada o genérica”.

1.5. Sentencia de primera instancia3

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B”,
en sentencia del 17 de agosto de 2017, negó las pretensiones de la demanda.

Como sustento de su decisión, consideró que según la certificación expedida por el
jefe de Educación No formal y de Adultos del Distrito Especial de Bogotá, al señor
Ismael Suárez Suárez le fue reconocida una bonificación por haber laborado en la
Sección de Educación de Adultos de Bogotá con un horario de 2 1/2 horas diarias y de
lunes a viernes en los periodos del 1° de julio al 30 de noviembre de 1976; del 1° de
febrero al 30 de noviembre de 1977; del 1° de febrero al 30 de junio de 1978 - del 1°
de julio al 30 de noviembre de 1978; del 1° de febrero al 30 de noviembre de 1979
y del 1° de febrero al 30 de junio de 1980.

2 Folios 87 a 93 del expediente físico.
3 Folios 209 a 222 del expediente físico.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 25000 23 42 000 2014 02881 01
Demandante : Ismael Suárez Suárez

En la mencionada certificación hay una nota aclaratoria en la que se indica que el
docente «no fue nombrado mediante decreto, en consecuencia, no hubo posesión»,
es decir, que el demandante no laboró la jornada completa de 8 horas diarias, por lo
que se debe reconocer el tiempo de servicios de forma proporcional.

En ese escenario, el periodo laborado por el señor Suárez Suárez antes del 31 de
diciembre de 1980 debe computarse de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1°
del artículo 1° de la Ley 33 de 1985; ahora, como el tiempo trabajado no supera las
4 horas diarias, entonces el cómputo se hace sumando las horas de trabajo real y
dividiéndola entre 4. Es decir, un total de 2550 horas / 4= 637,5 horas, que equivalen
a 21.25 meses o 1 año y 9 meses aproximadamente.

En efecto, el tiempo laborado con anterioridad sumado a la vinculación del 5 de mayo
de 1993 al 19 de diciembre de 1997 -toda vez que el 20 de diciembre de 1997 fue
nombrado docente nacional-, da cuenta que el actor probó haber laborado como
docente de vinculación territorial un total de 6 años, 4 meses y 14 días
aproximadamente.

Por otra parte, frente a la acreditación de la desigualdad salarial, destacó que a partir
del 1° de enero de 1981 la educación primaria oficial estaba a cargo de la Nación,
es decir, con sus recursos era que se pagaba este servicio, por lo que todos los
docentes estaban en situación de igualdad en materia salarial y prestacional.
Adicionalmente, había entrado en vigencia el Estatuto Docente –Decreto 2277 de
1979, en virtud del cual se establecieron condiciones uniformes para los docentes,
ello significa que desde su adopción no hay desigualdad o diferencias salariales y
prestacionales entre docente del mismo grado, por lo que a partir de su vigencia y
aplicación despareció la causa de otorgamiento de la pensión gracia.

Sostuvo que la parte interesada tiene el deber y la carga de mostrar la desigualdad,
de lo contrario no debe prosperar la pretensión de ordenar el reconocimiento de la
pensión gracia, pues a esta solo tiene derecho, si se acredita el cumplimiento de
todos los requisitos, entre ellos, la desventaja o desigualdad salarial. En este caso,
no se probó en el expediente que los salarios percibidos por el actor eran inferiores
a los de los docentes del mismo grado de escalafón del orden nacional, esto es, a
los de los nombrados por la Nación o nombrados por las entidades territoriales pero
pagados con recursos de la Nación a través de los FER.

Por último, al tener en cuenta que se demostró un tiempo de vinculación con
entidades territoriales de 6 años, 4 meses y 14 días, no examinó los demás requisitos
para el reconocimiento de la pensión gracia.

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Demandante : Ismael Suárez Suárez

1.6. Recurso de apelación4

El apoderado judicial de la demandante interpuso recurso de apelación solicitando la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, en tanto considera que el Tribunal
deja de lado que el docente no fue contratado por un número limitado de horas
semanales, ni mucho menos vinculado por la duración de la labor; por el contrario,
tal como se avizora en la certificación aportada al expediente, el ejercicio de la
docencia para el tiempo estimado del actor, fue por un total de 1291 días laborados
calendarios, y no por las 2 horas y ½ que estima el fallador de instancia, por lo que
no le es dable llegar a dicha conclusión.

Indica que frente a las vinculaciones desde 1993 hasta la fecha de su retiro, resulta
desconocedor de todo derecho que al momento de resolver la pretensión, se afirme
que la misma fue de carácter nacional sin hacer una lectura integral de los
documentos que reposan en el expediente administrativo, puesto que obran actos
de nombramiento conforme los cuales el demandante prestó sus servicios al Distrito
de Bogotá, por lo que tampoco le es hacedero desvirtuar la naturaleza de la relación
laboral como docente nacionalizado, con base en una certificación laboral.

Es cuestionable que se entre a determinar para el reconocimiento de la pensión, que
no se probó la desigualdad salarial frente a los docentes del mismo grado de
escalafón, lo que lleva a concluir que el juzgador no avizoró que el actor hubiese
devengado salarios o prestaciones menores que disminuyeran su poder adquisitivo
y que legalmente justificara el otorgamiento de la pensión gracia.

A pesar que la postura del a quo no sea compartir la jurisprudencia frente al
reconocimiento pretendido, no se pueden desconocer los derechos adquiridos, pues
una interpretación distinta y restrictiva no puede generar un deterioro en la seguridad
jurídica de los docentes y sus beneficiarios.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante auto de 16 de agosto de 20195, se dispuso correr traslado a las partes para
que presentaran alegatos de conclusión.

La apoderada de la UGPP6 solicitó desatender las pretensiones de la demandante,
en tanto aduce que la docente a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, no
había consolidado su derecho, sino que tenía una mera expectativa, puesto que solo
acredita unas vinculaciones como docente desde el 1° de julio de 1976,
concluyéndose que al 29 de diciembre de 1989 no contaba con 20 años de servicio

4 Folios 234 a 236 del expediente físico
5 Folio 248 del expediente físico
6 Folios 256 a 259 del cuaderno físico.

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docente, máxime cuando obran documentales que no certifican todo el año
completo, en razón a las horas diarias laboradas.

Itera que las vinculaciones posteriores al 29 de diciembre de 1989 fueron de carácter
nacional, las cuales no resultan válidas para el cómputo de los 20 años de servicio.

Por su parte, el apoderado del señor Ismael Suárez Suárez7 alegó que los tiempos
laborados como docente fueron efectuados directamente en las Secretarías de los
Departamentos de Cundinamarca y Bogotá D.C, por lo que el error de la
administración consistió en manifestar que no le asiste derecho al demandante, sin
percatarse que se encuentran nombramientos de tipo nacionalizados, evento que se
adecúa a los requisitos de la Ley 91 de 1989.

Aun cuando la entidad demandada señala que los tiempos prestados son del orden
nacional de conformidad con el certificado de tiempo de servicios, el mismo no
demuestra el vínculo nacional.

La forma de vinculación se demuestra a través de los actos administrativos de
nombramiento, siendo necesario estudiar cada vinculación para efectos de
determinar cuáles tiempos son válidos. En el caso en concreto, si bien es cierto que
el demandante laboró para el departamento de Cundinamarca a partir de 1982, sólo
desde 1984 los tiempos pueden ser computados como nacionalizados, en virtud de
los actos administrativos de nombramiento debidamente aportados por la entidad
nominadora.

Que los tiempos laborados con antelación al 31 de diciembre de 1980 corresponden
a una vinculación legal y reglamentaria, a favor de una entidad del orden territorial,
acreditando el requisito para ser acreedor de la pensión gracia.

Finalmente, expuso que no existe fundamento válido para negar la pensión gracia,
por cuanto el demandante cumple los requisitos establecidos en las Leyes 114 de
1913 y 91 de 1989.

El agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación guardó silencio.

De otro lado, el 10 de agosto de 20238, se dictó auto para mejor proveer requiriendo
a las Secretarías de Educación de los Departamentos de Cundinamarca y Bogotá,
para que allegara los siguientes documentos:

a) Copia legible de los contratos de trabajo, órdenes de prestación de servicios y/o actos
administrativos de nombramiento y las respectivas actas de posesión, por medio de los cuales
se designó como docente a Ismael Suárez Suárez, identificado con cédula de ciudadanía

7 Folios 253 a 255 del cuaderno físico.
8 Actuación visible en el índice 25 de la plataforma SAMAI

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19.303.138 de acuerdo con las diferentes vinculaciones que mantuvo como educador desde
1976 a la actualidad.
b) Certificado de tiempos de servicios como docente de Ismael Suárez Suárez, identificado con
cédula de ciudadanía 19.303.138, en el que conste tanto fechas de inicio como de terminación
de cada una de las vinculaciones, en caso de que aún se encuentre adscrita a la educación,
deberá ser precisado en la mencionada certificación junto a la naturaleza del vínculo
(nacional, nacionalizado o territorial) con la respectiva justificación
Adicionalmente, la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá deberá especificar si el
demandante laboró como educador en la Sección de Educación de Adultos.
c) Certificación en la que se indique con claridad la naturaleza de la institución educativa y la
plaza en la cual el demandante Ismael Suárez Suárez, identificado con cédula de ciudadanía
19.303.138, prestó sus servicios como docente.
d) Certificado que especifique de dónde provenían los dineros con los que fueron pagados los
salarios y prestaciones durante el tiempo de servicio de Ismael Suárez Suárez, identificado
con cédula de ciudadanía 19.303.138 como docente.

En respuesta al anterior requerimiento, la Secretaría de Educación Departamental
de Cundinamarca9 anexó la siguiente información:

• Resolución No 21649 de 1983 “por la cual se hace un nombramiento en la
concentración de desarrollo rural de Fusca – Cundinamarca".
• Acta de posesión del 20 de enero de 1984 “posesión de docente de
matemática en la concentración de desarrollo rural de Fusca – Cundinamarca"
• Decreto 032 del 23 de abril de 1993 “por el cual se acepta la renuncia
presentada por un docente de la concentración de desarrollo rural de Fusca
– Cundinamarca, establecimiento Nacional que funciona en este municipio”.
• Decreto No. 010 del 1° de febrero de 1993 “por el cual se nombra en propiedad
a un docente de una plaza oficial del plantel nacionalizado que funciona en
Quetame – Cundinamarca".
• Acta de posesión del 05/05/1993 “posesión de docente de la Normal
Departamental Nacionalizada Santa Teresita de Quetame".
• Decreto 3695 del 30 de diciembre de 1997 “por el cual se acepta una renuncia.
• Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral de
fechas: 20 de enero de 1984 al 3 de mayo de 1993 y del 5 de mayo de 1993
al 20 de enero de 1998.
• Certificado de salarios del 1° de enero de 1995 al 18 de enero de 1998.

Mientras que la Secretaría de Educación de Bogotá atendiendo la solicitud,
mencionó allegar lo siguiente:

• Acta de posesión del 16 de diciembre de 1997.
• Copia de la parte pertinente de la Resolución No. 8753 del 15 de diciembre
de 1997 “por medio del cual se hacen más nombramientos en la planta de
personal docente de la SED Capital”.

9 Actuación visible en los índices 35 y 37 de la plataforma SAMAI

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• Resolución No. 829 del 02 de mayo del 2016 “por la cual se acepta la renuncia
al docente Ismael Suárez Suárez perteneciente a la planta de personal de la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá”.

Tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de
nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas
las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 11 , la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de apelación, el análisis
se encuentra limitado a los argumentos del respectivo recurso.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar:

I) Si la desigualdad salarial es uno de los requisitos establecidos por las Leyes 114
de 1913 y 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta corporación para el reconocimiento
de la pensión gracia.

II) De superarse el anterior interrogante, se establecerá si el señor Ismael Suárez
Suárez, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello; en especial, lo relativo al cómputo del tiempo de
servicio, producto de la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y el
cumplimiento de los 20 años de servicio como docente nacionalizado; o si, por el
contrario, no acreditó las exigencias para dicho reconocimiento.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pron unciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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2.3.1. Pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en favor de
los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión
o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se
reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial
con antelación al 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance
indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de
la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera de texto).

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 25000 23 42 000 2014 02881 01
Demandante : Ismael Suárez Suárez

[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y
será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente, sino que, en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los docentes de carácter territorial y
nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el
particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto
de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de
1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad
de requisitos”. […].»12.

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la
Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los
presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad
de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa
del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto
del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su
presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del
Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de
manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas
por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de

1997.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (38052014).

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tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y
además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a
los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y
endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además
del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo
educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad
presupuestal14; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente
claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales,
o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la
Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema
general de participaciones.»

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de
2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de
1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al
31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».13

Providencias que definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de
resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de

14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 198015 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2. Del docente alfabetizador

El Decreto 2277 de 1979 «por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la
profesión docente» establece en su artículo 2 el ejercicio de la profesión docente en
los siguientes términos:

«Artículo 2. PROFESION DOCENTE. Las personas que ejercen la profesión docente se
denominan genéricamente educadores.
Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no
oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye
esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los
planteles educativos de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación
educativa, de consejería y orientación de educando, de educación especial, de alfabetización
de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de
Educación Nacional en los términos que determine el reglamento ejecutivo».

De lo anterior, se entiende con meridiana claridad que la labor de alfabetizador de
adultos hace parte de la profesión docente, la cual resulta válida para el cómputo de
la pensión gracia, sin ninguna discriminación o precisión en el sentido de que tales
programas sean del orden nacional.

Esa misma postura ha sido adoptada por esta Corporación en reiterada
jurisprudencia. Para el efecto, en sentencia del 26 de octubre de 2023, radicado
interno 5277-2018 se precisó lo siguiente:

«En este orden de ideas, se precisa que la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido
que las tareas desempeñadas por los docentes alfabetizadores para adultos sí implican
el ejercicio de la actividad docente, toda vez que estas se relacionan con el proceso de
educación formal el cual, según se advierte en los Decretos 128 de 1977 y 2277 de 1979, se
encuentran sujetas a la regulación legal del sistema educativo y a las directrices impartidas
por el Ministerio de Educación Nacional». (Negrilla fuera de texto)

2.4 Actuación administrativa

El demandante, actuando por intermedio de apoderado, el día 11 de octubre de
201316 solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual
fue negada a través de la Resolución RDP 048854 del 21 de octubre de 201317;
como argumentos, señaló que los tiempos laborados por el actor fueron del orden
nacional, además las vinculaciones del 01 de julio de 1976 al 30 de junio de 1980 no
se tuvieron en cuenta porque no se allegó el certificado de tiempo en formato fomag.

15 Se entiende que es hasta el 31 diciembre de 1980, como lo establece la Ley 91 de 1989.
16 Folio 5 del expediente físico.
17 Folios 16 a 18 del expediente físico.

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Inconforme con la respuesta, el docente interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación18; sin embargo, la UGPP mediante Resoluciones RDP 054321
del 28 de noviembre de 201319 y RDP 055371 del 5 de diciembre de mismo año20,
confirmó el acto administrativo que negó el reconocimiento pensional.

2.5 Caso concreto

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se tiene que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar: 20 años de servicio en calidad
de docente territorial o nacionalizado, estar vinculado a la docencia oficial con
anterioridad al 31 de diciembre de 198021; haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; haber cumplido 50 años de edad y
no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.

De acuerdo con lo anterior, uno de los argumentos expuestos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B” para negar el
reconocimiento pensional al señor Ismael Suárez Suárez fue, que no se demostró la
desigualdad salarial del demandante frente a otros docentes del mismo grado de
escalafón del orden nacional.

Sobre este punto, precisa la Sala que la finalidad del legislador con la pensión gracia
fue compensar los bajos niveles salariales que devengaban los docentes de primaria
de los entes territoriales frente a los salarios que recibían los profesores vinculados
directamente con la Nación; diferencia que surgió producto de la Ley 39 de 1903,
que radicó la educación pública primaria en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

No obstante, no corresponde a la parte actora acreditar la desigualdad salarial para
acceder al reconocimiento de la acreencia pensional en disputa, pues ninguna norma
del ordenamiento jurídico consagra ese requisito; en consecuencia, no le era dable
al Tribunal de instancia exigir ello para acceder a este beneficio.

Solucionado el primer problema jurídico, corresponde establecer, si le asiste razón
al apelante al afirmar, que el tiempo laborado, durante la vinculación sostenida en
los periodos del 1° de julio al 30 de noviembre de 1976; del 1° de febrero al 30 de
noviembre de 1977; del 1° de febrero al 30 de junio de 1978 - del 1° de julio al 30 de
noviembre de 1978; del 1° de febrero al 30 de noviembre de 1979 y del 1° de febrero
al 30 de junio de 1980, suma un total de 1291 días laborados.

En tal sentido, teniendo a consideración que las constancias de trabajo allegadas al
expediente constatan que el señor Suárez Suárez laboró 2 horas ½ de lunes a

18 Folios 23 a 30 del expediente físico.
19 Folios 19 a 21 del expediente físico.
20 Folios 23 a 25 del expediente físico.
21 Se entiende que es hasta el 31 diciembre de 1980, como lo establece la Ley 91 de 1989.

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viernes inclusive, cabe traer a colación lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 1º
de la Ley 33 de 1985, aplicable en materia pensional a los «[…] afiliados de cualquier
naturaleza de las entidades de previsión social […]» públicas o privadas, donde se
establece:

“Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez,
solo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas
diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a
ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por
cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se
adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.”.

Sobre este particular, esta Corporación en sentencia de unificación de 22 de enero
de 201522, en la cual se hace referencia a la sentencia del 8 de agosto de 2003,
respecto a la jornada laboral docente para determinar si las horas cátedra se deberán
contar como tiempo completo o si es necesario realizar el cálculo de la Ley 33 de
1985, discurrió de la siguiente forma:

“El Decreto 259 de 6 de febrero de 1981, “Por el cual se reglamenta parcialmente el
Decreto Extraordinario 2277 de 1979, en lo relacionado con la inscripción y ascenso
en el Escalafón”, con relación al ascenso docente indicó que el educador debería –
entre otras, certificar el tiempo de servicio y en el b) indicó que si no fuere docente de
tiempo completo, el certificado especificará el número de horas cátedra, es decir, que
era posible el cómputo del tiempo de servicio como docente hora cátedra.

Ahora bien, la Ley 33 de 1985 en el artículo 1º, parágrafo 1º, dispuso lo siguiente:
[…]
La precitada norma estableció que para determinar el tiempo de servicio que da
derecho a la pensión de jubilación:

• Se computará como jornada completa de trabajo docente, aquella compuesta por
cuatro (4) horas diarias.

• Indicó la fórmula que debía aplicarse para computar dicho tiempo.

Con relación al cómputo del tiempo de servicio docente por hora cátedra, la Corte
Constitucional en sentencia C-517 de 1999, dijo lo siguiente:

“(...) Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables al
docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones
similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las
propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de

22 Expediente: 25000-23-42-000-2012-02017-01, C. P. Alfonso Vargas Rincón. Asimismo, de esta
subsección, consultar fallo de 15 de diciembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2016-00149-01
(4526-2021), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, demandante Jorge de Oro Ibáñez, demandada UGPP.
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los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados, las
cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado. (...)”

Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 24 de
agosto de 200033 indicó que era posible tener en cuenta el para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia el tiempo de servicio prestado como docente hora
cátedra y señaló que para su cálculo se daría aplicación al parágrafo 1º del artículo 1º
de la Ley 33 de 1985.

Posteriormente en sentencia de 8 de agosto de 200334 se ratificó el anterior criterio,
para lo cual se concluyó lo siguiente:

“(...) En lo que tiene que ver con el cómputo de tiempo de servicio que da lugar a la
pensión de jubilación, el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 señala que
sólo se computaran como jornadas completas de trabajo las de cuatro horas diarias.
Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese
límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro,
el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará
con los del descanso remunerado y de vacaciones conforme a la ley.

En estas condiciones como el personal docente oficial labora de lunes a viernes y los
sábados y los domingos corresponden a días de descanso remunerados, se deberán
adicionar estos días, al igual que los días de vacaciones escolares de semana santa
(1 semana) y de vacaciones intermedias (4 semanas) de conformidad con el numeral
2° del artículo 3° del Decreto 0174 de 1982 modificado por el artículo 3° del Decreto
1235 de 1982 en armonía con el artículo 58 del Decreto Reglamentario 1860 de 1994.

Así las cosas deben entenderse que cuatro horas diarias de labor académica deberán
computarse como una jornada completa de trabajo, lo que significa que veinte horas
semanales suman ochenta mensuales. ( ... )”

En cuanto a la inclusión de los días de descanso remunerados y las vacaciones, esta
Corporación en las sentencias del 22 de marzo de 2018, radicado: 76001- 23-33-
000-2012-00681-01 (4794-15), y del 19 de enero de 2023, radicado: 08001-23-33-
000-2016-00149-01 (4526-2021), precisó que:

«Ahora bien, en lo concerniente a la suma de los lapsos trabajados por hora cátedra con inclusión
de los fines de semana y vacaciones que reclama el actor, esta Sala, al desatar una controversia
análoga a la que ahora nos ocupa40, dijo:

En relación con las vacaciones para el personal docente, el Decreto 2277 de 1979, dispone:
“Artículo 67. VACACIONES. Los docentes al servicio oficial tendrán derecho a las vacaciones
que determine el calendario escolar.”

De conformidad con los artículos 8o del Decreto 174 de 1982, 4 del decreto 1235 de 1982, 1º
del decreto 1786 de 1985, 61 del Decreto 1278 de 200241, y artículo 2.4.3.4.1 del Decreto1075
de 2015; los docentes y directivos docentes estatales disfrutan de vacaciones colectivas por
espacio de siete (7) semanas en el año, incluida Semana Santa.

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En este orden de ideas, comoquiera que la causante trabajó por el sistema hora cátedra, es
decir, con intensidad no mayor a 20 horas semanales, para determinar el tiempo efectivo
laborado para efectos pensionales, resulta necesario acudir a la fórmula prevista en el inciso
segundo del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 atrás trascrito, es decir, sumar las
horas de trabajo real y dividirlas en cuatro (4), cuyo resultado será el de los días laborados, a los
que se adicionarán los de descanso remunerado (sábados y domingos) y de vacaciones (7
semanas al año), conforme a las normas que regulan la materia.»

En definitiva, los docentes de hora cátedra que presten sus servicios por más de 20
horas semanales (4 horas diarias) son considerados docentes de tiempo completo,
y solo aquellos que presten su servicio por un tiempo inferior se les aplica la fórmula
contenida en la norma, esto, la sumatoria de las horas trabajadas dividido entre 4
con el fin de determinar los días trabajados, incluyendo a su vez los descansos
remunerados y vacaciones.

Está acreditado en el expediente que el demandante trabajó bajo la modalidad de
horas cátedras con una intensidad horaria de 2 horas y ½. de lunes a viernes
inclusive, es decir 12,5 horas semanales. Así la cosas, en aras de determinar el
tiempo efectivo laborado para efectos pensionales, resulta necesario acudir a la
fórmula prevista en el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de
1985.

En ese escenario, considera la Sala que no le asiste razón al actor cuando en su
recurso afirma que no fue contratado por un número de horas semanales; pues
conforme las pruebas aportadas al plenario, y tenidas en cuenta por el juzgador de
primera instancia, el actor laboró por 2 horas ½ media de lunes a viernes inclusive
con el Distrito de Bogotá, por lo que el Tribunal acertó en la determinación del tiempo
laborado por el actor.

Ahora, en cuanto al reparo relacionado con las vinculaciones como docente desde
el año 1993, afirma el demandante en su recurso que las mismas no son del orden
nacional, como lo afirmó el Tribunal, sino nacionalizados.

Sobre el particular, se aprecia de las pruebas allegadas que el señor Ismael Suárez
Suárez laboró desde el 5 de mayo de 1993 hasta el 20 de enero de 1998 23 y desde
el 28 de enero de 1998 hasta el 10 de mayo de 2016, en ejercicio de la labor docente.

Frente a la primera de estas vinculaciones -1993 al 1998-, advierte la Sala que el
alcalde del municipio de Quetame - Cundinamarca, con la intervención del delegado
del Ministerio de Educación Nacional mediante el Decreto Educativo nro. 010 del 1°
de febrero de 199324 realizó el nombramiento en propiedad del señor Ismael Suárez

23 Si bien el Tribunal afirma que fue hasta el 20 de diciembre de 1997, del acta de posesión, el Decreto

3695 del 30 de diciembre de 1997 y el certificado expedido en el Formato Único para Expedición de
Certificado de Historia Laboral visible a folio 3 cuaderno principal se tiene que dicha vinculación duró hasta
el 20 de enero 1998.
24 Folios 173 y 174 del expediente físico.

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Suárez, como docente de matemáticas en la referida municipalidad, tomando
posesión el 5 de mayo de 199325.

Información que coincide con los datos consignados en los Formatos Únicos para la
expedición de certificado de historia laboral expedidos por la Secretaría de
Educación Departamental de Cundinamarca en fechas del 30 de septiembre de 2016
y 1° de noviembre de 2023, donde se establece que el actor trabajó 4 años, 8 meses
y 16 días26.

Respecto a la naturaleza de la vinculación del demandante, de las pruebas antes
citadas pese a lo consignado en el formato fomag, no existe duda que la plaza
ocupada era de carácter nacionalizada, pues el acto de nombramiento
expresamente indica que se trata de una plaza oficial nacionalizada del municipio de
Quetame - Cundinamarca.

Lo descrito previamente, permite concluir que el nombramiento del demandante
como docente, fue expedido por una autoridad territorial, y si bien el ente territorial
adujo que hubo intervención del FER, ello no lo convierte en un vínculo del orden
nacional, pues como se consideró en la sentencia del 21 de junio de 2018, «no es
dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en
educadores nacionales (i) cuando el acto de su vinculación interviene, además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional como miembro de la juntad administradora del respectivo
fondo educativo regional, así este último, certifique la vacancia del cargo junto con
las disponibilidad presupuestal; y ii) por el argumento de que los recursos destinados
para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.».

Aunado a lo anterior, el acto de nombramiento fue expedido con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975, por medio del cual se nacionalizó la
educación en Colombia; siendo pertinente destacar que el artículo 10 de la ley en
cita, dispuso que los recursos para atender el proceso de nacionalización estarían
administrados por el FER, con sujeción a los planes que estableciera el Ministerio de
Educación Nacional.

Todo lo anterior, permite concluir que tal como lo sostuvo el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en el periodo que se analiza, el docente ostentó una vinculación
de naturaleza nacionalizada, por lo que el tiempo de servicio de 4 años, 8 meses y
15 días, transcurridos entre el 5 de mayo de 1993 y el 20 de enero de 1998, resulta
válido para el cómputo de la pensión gracia.

El segundo vínculo laboral del demandante, esto es entre el 28 de enero de 1998 y
el 10 de mayo de 2016, el Tribunal de primera instancia consideró que el actor tuvo

25 Decreto Educativo 010 de 1993 y acta de posesión sin número de fecha 5 de mayo de 1993, documentos

visibles a folio 173 a 175 C. principal.
26 Visibles a folios 170 e índice 37 samai.

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la condición de docente del orden nacional al considerar que en la Resolución nro.
8753 del 15 de diciembre de 1997 se dice que los recursos provienen en su totalidad
del situado fiscal.

No obstante, la financiación de los recursos por parte del situado fiscal, no resulta
relevante a la hora de establecer si la plaza es del orden territorial o nacionalizado, en
tanto tal y como se dio cuenta en la ya mencionada sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018, los dineros provenientes del entonces situado fiscal - ahora Sistema
General de Participaciones-, le pertenecen de forma exclusiva a los entes territoriales
dado que ingresan a sus presupuestos en calidad de rentas endógenas y exógenas.

Lo anterior, quiere decir que los docentes territoriales o nacionalizados no se
convierten en nacionales porque los recursos destinados para su sostenimiento
provienen directamente de la Nación, ni tampoco cuando en el acto de nombramiento
interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo FER o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo.

Así las cosas, el actor en el periodo comprendido entre el 28 de enero de 1998 y el
10 de mayo de 2016, es decir, 18 años, 3 meses y 12 días, tuvo una vinculación
como docente nacionalizado y, en consecuencia, resulta válido para computar los 20
años de servicio como docente exigidos para el otorgamiento de la pensión gracia.

Superado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los requisitos para acceder a la
pensión gracia.

2.5.2 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

Del expediente, la Sala encuentra probado que el señor Ismael Suárez Suárez nació
el 6 de noviembre de 1955, razón por la cual, el 6 de noviembre de 2005 cumplió
50 años de edad27, aspecto que en todo caso no fue cuestionado por la UGPP.

• Buena conducta

No se observan reproches sobre la buena conducta en el desempeño docente, por
lo que se entiende probado dicho requisito.

• Vinculación del demandante y tiempo de servicios

• Docente por horas cátedra del 1 de julio de 1976 al 30 de junio de 1980

27 Copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 2 del expediente físico.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 25000 23 42 000 2014 02881 01
Demandante : Ismael Suárez Suárez

Periodo que fue reconocido como valido en la sentencia de primera instancia y
aceptado por la demandada, en el término traslado del recurso de apelación. Así,
para demostrar la prestación del servicio en el referido periodo, se tuvo en cuenta la
Constancia nro. E-2013 - 74200 del 28 de mayo de 2013 28 expedida por el
profesional especializado de la Secretaría de Educación de Bogotá, donde se
observa que el señor Ismael Suárez Suárez laboró los siguientes tiempos «del 1° de
julio al 30 de noviembre del año 1976; del 1° de febrero al 30 de noviembre de 1977;
del 1° de febrero al 30 de junio y luego del 1° de julio al 30 de noviembre de 1978;
del 1° de febrero al 30 de noviembre de 1979 y del 1° de febrero al 30 de junio
1980», recibiendo una bonificación por la prestación del servicio. La mentada
constancia es la siguiente:

Y constancia de trabajo expedida por el jefe de Educación No Formal y de Adultos
de la Secretaría de Educación de Bogotá con el visto bueno del delegado del
Ministerio de Educación Nacional, donde se le reconoció al señor Ismael Suárez
Suárez una bonificación por haber trabajado en la Sección de Educación de Adultos

28 Folio 11 del expediente físico.

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Radicado : 25000 23 42 000 2014 02881 01
Demandante : Ismael Suárez Suárez

del Distrito Especial de Bogotá con un horario de 2 ½ horas diarias y de lunes a
viernes inclusive. Al tenor, la constancia es29:

De esta última constancia, resaltó que existe una nota en el siguiente sentido: «No
fue nombrado mediante decreto, en consecuencia, no hubo posesión»; y por ello
procedió a realizar el computo en forma proporcional a las horas laboradas.

En un caso de contornos similares al que aquí se presenta -docente alfabetizador
con el Distrito de Bogotá-, esta Corporación en sentencia del 15 de febrero de 2024
radicado 25000-23-42-000-2018-02196-01 (0911-2021), reconoció como
nacionalizado el periodo laborado por la demandante, tomando como documentos
para acreditar la calidad del vínculo las copias de los actos que reconocieron la
retribución del servicio, denominada bonificación y la constancia de tiempos
laborados expedidos por el ente territorial, documentales similares a las aportadas
en este caso.

A efectos de calcular el tiempo laborado por el demandante, se observa conforme a
los certificados allegados, que el señor Suárez Suárez trabajó 2 horas y ½. de lunes

29 Folio 12 del expediente físico.

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Demandante : Ismael Suárez Suárez

a viernes inclusive con el Distrito Especial de Bogotá, es decir 12,5 horas semanales
o de otra forma, con intensidad no mayor a 20 horas semanales. Así la cosas, al
aplicarse la fórmula prevista en el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 1º de
la Ley 33 de 1985, se tiene que obtienen los siguientes resultados:

Período Horas Horas Días Vacaciones
mensuales trabajadas en laborados en (proporcionales
el período el período30 en días)
1° de julio al 53,62531 266,332 66,533 9,0634
30 de
noviembre
de 1976
1° de febrero 53,625 534,435 133,636 18,137
al 30 de
noviembre
de 1977
1° de febrero 53,625 266,338 66,539 9,0640
al 30 de junio
de 1978
1° de julio al 53,625 266,341 66,542 9,0643
30 de
noviembre
de 1978
1° de febrero 53,625 534,444 133,645 18,146
al 30 de
noviembre
de 1979
1° de febrero 53,625 266,347 66,548 9,0649
al 30 de junio
de 1980
Total 533.2 72.74
Total de días a incluir para efectos pensionales 605,74 días50, que equivalen a
1 año, 8 meses y 3 días

30 Incluye los fines de semana.
31 12,5 horas semanales de trabajo x 4,29 semanas que tiene el mes = 53,625 horas laboradas al mes.
32 53,625 horas / 30 días que tiene el mes x 149 días laborados = 266,3 horas servidas en ese período.
33 266,3 horas / 4 = 66,5 días laborados.
34 66,5 días laborados en el período x 49 días de vacaciones al año / 360 días que tiene un año = 9 días.
35 53,625 horas / 30 días que tiene el mes x 299 días laborados = 534,4 horas.
36 534,4 horas / 4 = 133,6 días laborados.
37 133,6 días laborados en el período x 49 días de vacaciones al año / 360 días que tiene un año = 18,1 días.
38 53,625 horas / 30 días que tiene el mes x 149 días laborados = 266,3 horas servidas en ese período.
39 266,3 horas / 4 = 66,5 días laborados.
40 66,5 días laborados en el período x 49 días de vacaciones al año / 360 días que tiene un año = 9 días.
41 53,625 horas / 30 días que tiene el mes x 149 días laborados = 266,3 horas servidas en ese período.
42 266,3 horas / 4 = 66,5 días laborados.
43 66,5 días laborados en el período x 49 días de vacaciones al año / 360 días que tiene un año = 9 días.
44 53,625 horas / 30 días que tiene el mes x 299 días laborados = 534,4 horas.
45 534,4 horas / 4 = 133,6 días laborados.
46 133,6 días laborados en el período x 49 días de vacaciones al año / 360 días que tiene un año = 18,1 días.
47 53,625 horas / 30 días que tiene el mes x 149 días laborados = 266,3 horas servidas en ese período.
48 266,3 horas / 4 = 66,5 días laborados.
49 66,5 días laborados en el período x 49 días de vacaciones al año / 360 días que tiene un año = 9 días.
50 533,2 + 72,74= 605,74 días.

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Demandante : Ismael Suárez Suárez

De acuerdo con el análisis anterior, durante los periodos servidos a la docente estatal
por horas cátedras, el señor Ismael Suárez Suárez laboró con el distrito especial de
Bogotá por 605,74 días, los cuales equivalen a 1 año, 8 meses y 3 días, los cuales
son computables para acceder a la pensión gracia.

• Desde el 20 de enero de 1984 hasta el 3 de mayo de 1993

De conformidad con la Resolución nro. 21649 del 6 de diciembre de 198351, el ministro
de Educación Nacional en uso de sus facultades legales y reglamentarias, nombró al
señor Ismael Suárez Suárez como docente de matemáticas en la Concentración de
Desarrollo Rural de Fosca – Cundinamarca. El acto de nombramiento en el siguiente:

51 Folio 171 del expediente físico.

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Demandante : Ismael Suárez Suárez

El docente tomó posesión del cargo el 20 de enero de 198452, tal como se observa en
la siguiente acta de posesión:

Y, en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
expedido por la Secretaría de Educación Departamental de Cundinamarca el 1° de
noviembre de 202353, se hace constar que el actor laboró como docente del orden

52 Folio 172 del expediente físico.
53 Actuación visible a folio 35 de la plataforma SAMAI.

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Demandante : Ismael Suárez Suárez

nacional desde el 20 de enero de 1984 hasta el 3 de mayo de 1993, dando un total
de 9 años 3 meses y 14 días de servicio. Los formatos son los siguientes:

En ese escenario, el A quo, no tuvo en cuenta el mismo, por tener la calidad de
docente nacional, aspecto que no fue objeto de reproche por el recurrente.

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• Desde el 5 de mayo de 1993 hasta el 20 de enero de 1998

Con relación al periodo en comento, se observa en el Decreto Educativo nro. 010 del
1° de febrero de 199354 el alcalde del municipio de Quetame - Cundinamarca, con
la intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional realizó el
nombramiento en propiedad del señor Ismael Suárez Suárez, como docente de
matemáticas en la referida municipalidad, en el acto de nombramiento se observa:

Tomó posesión del cargo, tal como se observa del acta de posesión sin número del
5 de mayo de 199355.

54 Folios 173 y 174 del expediente físico.
55 Folios 175 del expediente físico.

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Por su parte en los Formatos Únicos para la expedición de certificado de historia
laboral expedido por la Secretaría de Educación Departamental de Cundinamarca el
30 de septiembre de 201656 y 1° de noviembre de 202357, se hizo constar que el
actor laboró como docente del orden nacional desde el 5 de mayo de 1993 hasta el
20 de enero de 199858, arrojando un total de 4 años 8 meses y 15 días de servicio.

Los formatos son los siguientes:

56 Folio 169 y 170 del expediente físico.
57 Actuación visible a folio 35 del expediente digital.
58 Mediante Decreto nro. 3695 del 30 de diciembre de 1997, le fue aceptada la renuncia a partir del 19 de

enero de 1998.
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Pese a lo anterior, considera la Sala que como se concluyó con anterioridad, el
vínculo en comento fue del orden nacionalizado.

De igual manera, esta Sala ha establecido que «el carácter de nacionalizado de la
designación encuentra su respaldo en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, en tanto
dispone que son nacionalizados aquellos docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de la fecha,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43 de 1975».

Todo lo anterior, permite concluir que el periodo que se analiza, el docente ostentó
una vinculación de naturaleza nacionalizada, por lo que el tiempo de servicio de 4
años, 8 meses y 15 días, transcurridos entre el 5 de mayo de 1993 al 20 de enero
de 1998, resulta válido para el cómputo de la pensión gracia.

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• Desde el 28 de enero de 1998 hasta el 10 de mayo de 2016 – retirado del
servicio-

El secretario de Educación de Santa Fe de Bogotá D.C en uso de sus facultades
legales expidió la Resolución nro. 8753 del 15 de diciembre de 1997 59 por medio del
cual realizó el nombramiento en la planta de personal docente de la Secretaría de
Educación del Distrito Capital a unas personas dentro de las que se encontraba el
señor Ismael Suárez Suárez. En el mismo acto de nombramiento se expresó que los
recursos provienen en su totalidad del situado fiscal.

59 Folios 164 y 165 del expediente físico.

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De conformidad con el acta de posesión nro. 1736 del 20 de diciembre de 199760, el
demandante tomó posesión del cargo como docente en el área de matemática, el
mismo acto administrativo contiene como fecha de efectividad el 28 de enero de
1998. Véase:

Mediante Resolución nro. 829 del 2 de mayo de 201661 le fue aceptada la renuncia
al docente Ismael Suárez Suárez perteneciente a la plata de personal de la
Secretaría de Educación de Bogotá Distrito Capital, con efectos a partir del 10 de a
mayo de ese mismo año.

60 Folio 162 del expediente físico.
61 Actuación visible a folio 35 de la plataforma SAMAI.

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Del Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido por
el profesional especializado de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C en fecha
del 31 de agosto de 201662, se observa que el docente tuvo una vinculación nacional
con pagos del situado fiscal desde el 28 de enero de 1998 hasta el 10 de mayo de
2016, cuando se le aceptó la renuncia. A la luz, el certificado es:

Pese a lo anterior, como se analizó anteriormente, de las pruebas allegadas, no existe
duda que el docente tuvo la calidad de nacionalizado.

En ese escenario, el tiempo del actor como docente nacionalizado entre el 28 de
enero de 1998 y el 10 de mayo de 2016, es decir, 18 años, 3 meses y 12 días, es
válido para el cómputo de los 20 años de servicio, que sumados con la vinculación
entre el 5 de mayo de 1993 y 20 de enero de 1998, esto es 4 años, 8 meses y 15
días, más el tiempo laborado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 -1 año, 8
meses y 3 días-, lleva a concluir que el actor trabajó como docente de carácter
nacionalizado por 24 años y 8 meses.

62 Actuación visible a folio 35 de la plataforma SAMAI.

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Demandante : Ismael Suárez Suárez

Así las cosas, al tener acreditado que el señor Ismael Suárez Suárez cumple con la
totalidad de los requisitos para hacerse acreedor a la pensión gracia y como quiera
que los puntos objeto de reparo planteados por la demandante en el recurso de
apelación, prosperan, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores.

En su lugar, se declarará la nulidad de las Resoluciones RDP 48854 del 21 de
octubre, RDP 054321 del 28 de noviembre de 2013 y Resolución nro. RDP 055371
del 5 de diciembre de 2013, mediante las cuales fue negado al actor el
reconocimiento de la pensión gracia, en consecuencia, se condenará a la UGPP
reconocer y pagar al señor Ismael Suárez Suárez, una pensión gracia de jubilación
con el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, junto con los reajustes a que haya
lugar.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que
es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas pensionales,
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente
a la fecha en que la demandante obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de
prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes.

2.6. Prescripción de mesadas pensionales

La prescripción de las mesadas pensionales conforme a lo previsto en los artículos
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, se establece en un
término de tres años a partir de la exigibilidad del derecho, término que se interrumpe
por una sola vez con la reclamación administrativa.

En el sub examine, el derecho se hizo exigible el 11 de septiembre de 2011, es decir,
el día siguiente en que el actor cumplió los 20 años de servicio como docente
nacionalizado, fecha en la que adquirió el estatus pensional.

El señor Ismael Suárez Suárez presentó la reclamación administrativa ante la UGPP
el 11 de octubre de 2013, interrumpiendo el término de la prescripción por un lapso
igual, es decir que tenía plazo para presentar la demanda hasta el 11 de octubre de
2016; sin embargo, lo hizo el 10 de julio de 2014, en consecuencia, no se configuró
la prescripción de las mesadas pensionales, por lo que no prospera esta excepción.
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2.7. Conclusión

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que el docente Ismael
Suárez Suárez cumplió con todos los requisitos establecidos en las Leyes 114 de
1913 y 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación para ser beneficiario de
la pensión gracia. Esto es, no existen reproches sobre la buena conducta en el
desempeño de la labor, cumplió 50 años el 6 de noviembre de 2005, laboró en el
magisterio oficial como docente nacionalizado por más de 20 años, y acreditó su
vinculación de nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.

2.8. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la parte
vencida, comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
su imposición, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respeto de la conducta de las
partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en estos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso análisis, de la revisión de los
argumentos planteados por la parte demandada en el trámite de la primera instancia,
no puede observarse dicha situación; de igual manera, se encuentra que se
sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se
condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III.FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 17 de agosto de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “B”, por
medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de PRESUNCIÓN DE
LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA
ENTIDAD DE PENSIONES, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN,
PRESCRIPCIÓN e INNOMINADA O GENÉRICA, propuestas por la UGPP.

TERCERO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 48854 del 21 de
octubre, RDP 054321 del 28 de noviembre de 2013 y Resolución nro. RDP 055371
del 5 de diciembre de 2013, mediante las cuales fue negado al actor el
reconocimiento de la pensión gracia.

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CUARTO. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP reconocer y liquidar al señor Ruth Ismael Suárez Suárez,
identificado con la cédula de ciudadanía nro. 19.303.138, una pensión gracia de
jubilación en cuantía el 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, 11 de
septiembre de 2010 al 10 de septiembre de 2011.

QUINTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 187 del CPACA, teniendo
en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación
de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.

SEXTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos señalados
en los artículos 192, del CPACA.

SÉPTIMO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme la motivación.

OCTAVO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en esta
providencia.

NOVENO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley, de conformidad con el art. 186 del CPACA.

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