Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00349-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00349-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2019-00349-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00349 01 (1816-2024)
Demandante: Edmundo Vifredo Dávila Chávez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Docente alfabetizador del orden
nacionalizado. Naturaleza de la plaza docente y cómputo del
tiempo de alfabetización para el reconocimiento de la
prestación.
Decisión: Se confirma parcialmente la sentencia apelada, en el sentido
de reconocer la pensión gracia porque el actor reunió la
totalidad de los requisitos legales. Sin embargo, se modifica
la fecha del estatus pensional.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia proferida el 20 de octubre de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia,
solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 06656 del 28 de febrero de
2019 y del Auto 003206 del 14 de mayo de 2019, mediante los cuales la UGPP
negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada a reconocer y pagar, a partir del 1 de enero de 2008, la pensión
gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de los salarios y
factores salariales devengados entre los años 2007 y 2008. Asimismo, pidió la
aplicación de los aumentos anuales automáticos ordenados en la Ley 71 de 1988,
la actualización de los valores conforme a la variación del índice de precios al
consumidor según el artículo 187 del CPACA, y el cumplimiento del fallo en los
términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del mismo código.
3. Como fundamento fáctico, indicó que nació el 30 de septiembre de 1950 y
que inició su carrera al servicio de la educación en el año 1980, mediante la
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Demandante: Edmundo Vifredo Dávila Chávez
Resolución 015 del 31 de enero de 1980 que lo designó como alfabetizador
departamental y, posteriormente, mediante el Decreto 250 del 6 de marzo de
1989 por medio de nombramiento en propiedad, sosteniendo que ambas
vinculaciones fueron de carácter territorial.
4. Manifestó que acreditó más de 20 años de servicios docentes y que
consolidó su estatus pensional en el año 2008, al completar dicho tiempo y haber
cumplido 50 años de edad.
5. Señaló que el 29 de octubre de 2018 radicó ante la entidad accionada una
solicitud de reconocimiento de pensión gracia, la cual fue negada a través de los
actos acusados señalándole que ostentaba una vinculación de orden nacional y
que, a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, no había completado los
requisitos para acceder a la prestación.
6. Adujo que interpuso el recurso de apelación, despachado por correo el 12
de marzo de 2019 con la guía 094020203449, el cual solo fue entregado el 2 de
abril de 2019 debido al cierre de la vía entre Pasto y Popayán con ocasión del
paro indígena. Indicó que la entidad rechazó el recurso de apelación por
extemporáneo mediante el Auto 003206 del 14 de mayo de 2019, sin considerar
la fecha en que efectivamente se despachó y que concedió el recurso de queja,
que, por su carácter facultativo, no fue utilizado.
7. Sostuvo que los actos demandados incurrieron en falsa motivación y
desconocieron las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, los artículos 1
y 15 de la Ley 91 de 1989 y el Decreto 196 de 1991, motivo por el cual solicitó la
nulidad de los actos acusados y el reconocimiento de la prestación reclamada.
Contestación de la demanda
8. La entidad demandada contestó la demanda y se opuso a la prosperidad
de las pretensiones, por carecer de fundamentos de derecho, y solicitó que se
exonerara de responsabilidad a la entidad.
9. Frente a los hechos, aceptó como ciertas las vinculaciones efectuadas
mediante la Resolución 015 del 31 de enero de 1980, como alfabetizador
departamental, y el Decreto 250 del 6 de marzo de 1989; sin embargo, negó que
tuvieran carácter territorial, al señalar que en los nombramientos intervino el
Ministerio de Educación Nacional, por lo que la vinculación se consideraba
nacional.
10. Como fundamento de su defensa, sostuvo que la vinculación anterior al 31
de diciembre de 1980 era de carácter nacional, por cuanto los actos de
nombramiento, suscritos por el secretario de Educación de Nariño y el delegado
del Ministerio de Educación Nacional, provenían de esta última entidad,
encargada del manejo y financiación de los programas de alfabetización.
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11. Indicó que la labor de alfabetizador correspondía a educación para adultos
de carácter no formal, a cargo de la Nación, razón por la cual ese tiempo no podía
computarse para el reconocimiento de la prestación.
12. Argumentó que los salarios del docente se cancelaron con recursos del
situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, provenientes de
transferencias de la Nación, con lo cual se incumplía el requisito del numeral 3
del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, relativo a no recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional.
13. Precisó que, al 29 de diciembre de 1989, fecha de expedición de la Ley 91
de 1989, la parte demandante contaba con 39 años de edad y 6 años y 25 días
de servicio, por lo que no había completado los requisitos para acceder a la
pensión gracia.
14. Propuso como excepción previa la denominada «incumplimiento del
requisito de procedibilidad frente a la UGPP - recurso de apelación». Como
excepciones de mérito propuso las denominadas «inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales», «cobro de lo no debido», «prescripción» y
solicitó el reconocimiento oficioso de las excepciones que resultaren probadas.
Sentencia apelada
15. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 20 de octubre
de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de condenar a
la parte demandada a reconocer y pagar la pensión gracia a favor del actor a
partir del 1 de marzo de 2004, en cuantía del 75% del promedio de los factores
salariales devengados entre el 1 de marzo de 2003 y el 1 de marzo de 2004.
16. Tuvo por superado el requisito de procedibilidad al advertir circunstancias
ajenas a la parte demandante que impidieron la radicación oportuna del recurso,
así como falencias en la notificación del acto, que preveía de manera indistinta
los recursos de reposición y apelación y señalaba como competente para
resolverlos al mismo funcionario que lo profirió, lo que tornaba facultativa su
interposición.
17. En el análisis probatorio, encontró acreditada una vinculación como
docente alfabetizador entre el 1 de febrero de 1980 y el 1 de febrero de 1981, así
como designaciones como docente hora cátedra entre los años 1984 y 1988 y un
nombramiento mediante el Decreto 250 de 1989.
18. Por lo tanto, consideró que la vinculación de la parte demandante fue de
carácter nacionalizado y anterior al 31 de diciembre de 1980, como también
desestimó el argumento de la parte demandada relativo a que los salarios se
pagaron con recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.
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19. De igual modo, tuvo por acreditado que el actor cumplió 50 años de edad
el 30 de septiembre de 2000 y prestó sus servicios como docente durante 20
años —alcanzados el 1 de marzo de 2004—, así como la carencia de
antecedentes disciplinarios.
20. Finalmente, declaró prescritas las sumas adeudadas anteriores al 26 de
junio de 2016, ordenó su indexación y condenó en costas a la parte demandada
en un 80%.
Recurso de apelación
21. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia con el propósito de que se revoque y, en su lugar, se nieguen
las pretensiones de la demanda.
22. Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que el demandante no
tiene derecho a la pensión gracia por cuanto se desempeñó como un docente
nacional, lo cual se deriva de que sus salarios y prestaciones sociales fueron
sufragados con dineros provenientes del situado fiscal o del Sistema General de
Participaciones.
23. Asimismo, alegó que con la prueba documental no es posible determinar
de manera inequívoca el tipo de vinculación de la parte demandante, motivo por
el cual solicitó aplicar la sentencia de unificación 04683 de 2018, en el sentido de
que se debe exigir la prueba inequívoca de que la plaza no era nacional. Agregó
que no obra en el plenario ordenanza o acuerdo mediante el cual el ente territorial
hubiera creado la plaza y que, a falta de tal prueba, debía presumirse su carácter
nacional.
24. Por último, sostuvo que no procedía la condena en costas por cuanto no
se evidenció en su actuación una transgresión de los principios de buena fe y
lealtad procesal.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
25. Mediante auto del 27 de junio de 2024, se admitió el recurso de apelación
de la referencia y se les advirtió a las partes que podrían pronunciarse en torno
a la alzada hasta la ejecutoria de dicha providencia, y al agente del Ministerio
Público que podría remitir su concepto hasta antes de que el proceso ingresara
al despacho para sentencia.
26. A pesar de lo anterior, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio
en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
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27. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado
por los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado
es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problemas jurídicos
28. Conforme a los reparos concretos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sala determinar, en primer lugar, la validez de la afirmación
de que la plaza docente adquiere carácter nacional cuando los salarios han sido
pagados con recursos provenientes del Situado Fiscal o del Sistema General de
Participaciones.
29. En segundo lugar, se establecerá si el demandante cumple a cabalidad
todos los requisitos legales para acceder a la pensión gracia.
30. Finalmente, se analizará la procedencia de la condena en costas impuesta
en la primera instancia.
Análisis del problema jurídico
1. ¿La plaza docente adquiere carácter nacional cuando los salarios han
sido pagados con recursos provenientes del Situado Fiscal o del Sistema
General de Participaciones?
31. Para resolver este interrogante, deben traerse a colación las reglas fijadas
en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, en la
que se precisó que los recursos del entonces situado fiscal —hoy Sistema
General de Participaciones—, aunque provenían del presupuesto nacional, eran
transferidos a las entidades territoriales para financiar servicios como salud y
educación, sin afectar su autonomía.
32. Igualmente, se explicó que estas entidades tienen fuentes de financiación
tanto externas (transferencias nacionales) como internas (recursos propios),
estableciendo que una vez integrados los recursos a sus presupuestos, estos
pasaban a ser de su propiedad como rentas exógenas, pese a su origen nacional.
En tal sentido, se establecieron, entre otras, las siguientes reglas
jurisprudenciales:
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de
1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los
entes territoriales; (ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es
otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de
vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la
disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo; (iii) en consecuencia,
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lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando
se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo
que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema
general de participaciones. (Negrita fuera del texto original)
33. De acuerdo con la jurisprudencia unificada, esta Sala considera que la sola
financiación de salarios y prestaciones con recursos del antiguo situado fiscal o
del actual Sistema General de Participaciones no determina, por sí misma, que
la vinculación docente sea de carácter nacional. Estos recursos, una vez
transferidos, se incorporan al presupuesto de las entidades territoriales
adquiriendo la naturaleza de rentas exógenas.
34. En ese contexto, lo relevante para establecer el derecho a la pensión
gracia es identificar la naturaleza de la plaza ocupada por el docente, es decir, si
corresponde al ámbito territorial o nacionalizado. Tal circunstancia debe
acreditarse mediante los actos administrativos de nombramiento y posesión o, en
su defecto, a través de certificaciones emitidas por la autoridad nominadora que
den cuenta, de manera inequívoca, del tipo de vínculo docente.
35. Así, el planteamiento de la entidad apelante —según el cual el uso de
recursos del Situado Fiscal convierte la relación en nacional— no tiene vocación
de éxito pues el origen del financiamiento no altera la esencia del vínculo, como
quedó definido por la jurisprudencia unificada.
2. ¿El demandante cumple a cabalidad con los requisitos legales para
acceder a la pensión gracia?
36. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
37. Pues bien, en el presente caso no está en discusión que el demandante
satisface el requisito etario, en la medida en que cumplió 50 años el 30 de
septiembre de 20001. Tampoco se controvierte lo relacionado con el requisito de
buena conducta, ya que la entidad no cuestionó dicha exigencia ni en el
expediente obra prueba que demuestre que hubiese sido sancionado
1
Cfr. Cédula de ciudadanía visible en el folio 36 del expediente digitalizado.
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disciplinariamente o haya incurrido en algún hecho que signifique su
incumplimiento.
38. Ahora bien, sobre el requisito de haberse vinculado como docente del
orden territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, en el
expediente obra constancia del 3 de marzo de 20232 emitida por la profesional
universitaria G4 Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Nariño, a
través de la cual se certificó que el actor prestó sus servicios como alfabetizador,
así: entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 1980, en virtud del nombramiento
efectuado mediante la Resolución 015 del 31 de enero de 1980, y a partir del 1
de septiembre de 1980, en atención al nombramiento realizado mediante la
Resolución 397 del 24 de agosto de 1980, hasta el 2 de febrero de 1981 —fecha
en la que fue declarado insubsistente su nombramiento a través de la Resolución
007 del 28 de enero de 19813—.
39. Como soporte de lo anterior, se aportó copia de la Resolución 015 del 31
de enero de 19804, a través de la cual el secretario de Educación Pública de
Nariño, en uso de sus facultades legales, junto con el delegado del Ministerio de
Educación Nacional, nombró al demandante como alfabetizador seccional del
Centro Miraflores de Pasto, con efectos a partir del 1 de febrero de 1980. De
dicho cargo tomó posesión el 5 de febrero de ese mismo año5.
40. A su vez, se aportó copia de la Resolución 397 del 24 de agosto de 19806,
por medio de la cual el secretario de Educación Pública de Nariño nombró al
demandante como alfabetizador del Centro Enrique Hansen de Pasto, con
efectos a partir del 1 de septiembre de 1980.
41. De acuerdo con las pruebas referidas, se encuentra plenamente
demostrado que el actor estuvo vinculado desde el 1 de febrero hasta el 30 de
junio de 1980 y desde el 1 de septiembre de 1980 hasta el 2 de febrero de 19817
como docente alfabetizador del orden nacionalizado ya que los nombramientos
analizados encuadran en la definición que el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 tiene
para dicho personal. Esto se debe a que fueron realizados por la entidad territorial
atendiendo la autorización previa del delegado del Ministerio de Educación
Nacional que consagran los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de 1975.
42. Además, la participación de dicho delegado no implicó que se hubiese
tratado de un docente nacional, sino que atiende a lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 43 de 1975, que estableció que «[e]n adelante ningún departamento,
intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo
2
Página 159 del archivo «22 respuesta Asleyes» visible en el aplicativo Samai del Tribunal Administrativo
de Nariño.
3
Folio 127, ibidem.
4
Folios 41 y 42, ibidem.
5
Cfr. Transcripción del acta de posesión visible en el folio 43, ibidem.
6
Páginas 147 al 149, ibidem.
7
Cfr. Resolución 007 del 28 de enero de 1981, por medio de la cual se declaró insubsistente al personal
alfabetizador que laboraba en los centros del departamento de Nariño (folio 44).
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a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza
primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos
planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del
Ministerio de Educación Nacional».
43. Frente a este punto, la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de
unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20188, determinó
que la condición de docente nacional no se adquiere simplemente por la
participación de un delegado del Ministerio de Educación en el acto administrativo
de nombramiento. De igual forma, no se considera relevante que las autoridades
territoriales actúen como presidentes de las Juntas Administradoras de los
Fondos Educativos Regionales puesto que lo que realmente importa es la
naturaleza de la plaza que se va a ocupar9. El criterio interpretativo se unificó en
estos términos:
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.
44. En consecuencia, para la Sala resulta inequívoco que la plaza docente
ocupada por el actor durante los periodos objeto de análisis ostentó carácter
nacionalizado.
45. Paralelamente, es menester señalar que el Decreto 1830 de 1966
reglamentó la educación para adultos y, en su artículo 7, dispuso que la
alfabetización constituye la fase inicial de programas más amplios dirigidos a
adultos. Su objetivo específico era impartir conocimientos de lectura, escritura,
civismo y aritmética básica, así como introducir al alfabetizado en actividades
profesionales, habilitándolo para acceder a la educación general básica y
formación profesional.
46. Por lo demás, el Decreto 378 de 1970 instituyó la educación primaria para
adultos en todo el territorio nacional. Mientras que el artículo 2 del Decreto 2277
de 1979 dispuso que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización
de adultos.
47. A partir de las normas citadas, esta Corporación10 ha sostenido que la
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014).
9 Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A: i) del 23 de marzo de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6
de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605– 2019).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016,
radicado 19001-23-33-000-2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las
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labor docente en procesos de alfabetización es computable para efectos de
acceder a la pensión gracia pues debe considerarse tiempo laborado en
educación primaria y puede sumarse al tiempo trabajado en educación
secundaria, conforme a la extensión prevista en el artículo 3 de la Ley 37 de 1933.
Efectivamente, en dichos casos esta Sección ha establecido que el tiempo
servido bajo la modalidad de alfabetización corresponde al ejercicio de la
profesión docente y la vinculación era de carácter nacionalizado11.
48. En conclusión, de acuerdo con el lineamiento jurisprudencial previo12, la
Sala estima que los periodos servidos por el demandante como docente
alfabetizador desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 1980 (5 meses), y
desde el 1 de septiembre de 1980 hasta el 2 de febrero de 1981 (5 meses y 2
días) resultan computables para efectos de acceder a la pensión gracia,
confirmando así el cumplimiento del requisito de la vinculación territorial o
nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980.
49. Por otro lado, y para demostrar el requisito de haber prestado sus servicios
como docente territorial o nacionalizado durante 20 años, en el plenario obran las
Resoluciones 300 del 4 de septiembre de 198413, 278 del 1 de septiembre de
198514, 271 del 3 de septiembre de 198615 y 031 del 10 de agosto de 198716, por
medio de las cuales el gobernador de Nariño, en uso de sus facultades legales,
nombró al actor como profesor en la modalidad de hora cátedra, así:
• Del 14 de septiembre de 1984 al 30 de junio de 1985: 21 horas semanales.
• Del 1 de septiembre de 1985 al 30 de junio de 1986: 25 horas semanales.
• Del 1 de septiembre de 1986 al 30 de junio de 1987: 25 horas semanales.
• Del 1 de septiembre de 1987 al 30 de junio de 1988: 25 horas semanales.
50. Al revisar los mencionados actos de nombramiento, la Subsección
evidencia que todos fueron suscritos, además del gobernador de Nariño, por el
delegado del Ministerio de Educación ante el FER, lo cual permite establecer, sin
equívocos, que se trató de vinculaciones nacionalizadas, en concordancia con lo
siguientes sentencias: i) del 15 de agosto de 2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01
(0106-2013); ii) del 6 de julio de 2017, radicado 52001-23-33-000-2014-00257-01 (4537-2016),
iii) del 17 de julio de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-2016); iv) del 27 de
mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021,
radicado 76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021, radicados
25000-23-42-000-2016-03173-01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del
23 de junio de 2022, radicado 41001-23-33-000-2016-00462-00 (1503-2021).
11 Ver las siguientes sentencias de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, del Consejo de
Estado: i) 14 de octubre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2016-03173-01 (4060-19); ii) 15 de
febrero de 2024, radicado 25000-23-42-000-2018-02196-01 (0911-2021); y iii) 27 de junio de
2024, radicado 25000 23 42 000 2014 02881 01 (2587-2019).
12 El criterio relativo a los docentes alfabetizadores fue reiterado en reciente sentencia emitida por
esta Subsección el 21 de agosto de 2025, correspondiente al radicado 25000 23 42 000 2020
00750 01 (1394-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
13
Página 151 del archivo «22 respuesta Asleyes» visible en el aplicativo Samai del Tribunal Administrativo
de Nariño.
14
Página 152, ibidem.
15
Páginas 153 y 154, ibidem.
16
Páginas 155 y 156, ibidem.
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previsto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, por lo que deben tenerse en cuenta
para efectos de la pensión gracia reclamada.
51. Ahora bien, en cuanto a la manera en la que se deben contabilizar las
horas cátedra, con el fin de establecer el tiempo exacto, conviene indicar que en
razón a que todas las vinculaciones fueron superiores a 20 horas semanales, se
tomarán como de tiempo completo, ya que estas deben considerarse como
jornada completa conforme lo estableció esta Corporación en la sentencia de
unificación del 22 de enero de 201517, que a su vez citó la sentencia del 8 de
agosto de 200318.
52. Así las cosas, en vista de que los tiempos laborados por el actor en la
modalidad de hora cátedra fueron de naturaleza nacionalizada, en el sub lite se
contabilizarán para completar el término de 20 años exigidos para acceder a la
pensión gracia.
53. Por otro lado, obra copia del Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 12 de septiembre de 2018, emitido por la
Secretaría de Educación de Nariño, mediante el cual se registró que el actor
prestó sus servicios como docente de secundaria, en propiedad, entre el 1 de
enero de 1989 y el 13 de enero de 2013, en la Institución Educativa San José del
municipio de Gualmatán (Nariño), en atención del nombramiento efectuado
mediante el Decreto 250 del 6 de marzo de 1989.
54. Como soporte de lo anterior, obra copia del aludido Decreto 25019, por
medio del cual el gobernador de Nariño, en uso de sus atribuciones legales,
nombró al demandante profesor de tiempo completo en el Colegio San José de
Gualmatán (Nariño), con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 1989. De
dicho cargo tomó posesión el 7 de marzo de 198920.
55. De acuerdo con lo anterior, contrario a lo manifestado por la recurrente,
está plenamente demostrado que el demandante prestó sus servicios como
docente de secundaria para el departamento de Nariño entre el 1 de enero de
1989 y el 13 de enero de 2013 —fecha de su retiro del servicio—, esto es, durante
24 años y 13 días.
56. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza del vínculo, cabe resaltar que si bien
en el mencionado Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 12 de septiembre de 2018 se indicó que el «régimen de pensiones»
del actor era nacionalizado, lo cierto es que ese dato no resulta concluyente para
determinar la naturaleza jurídica del vínculo docente, de acuerdo con las
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación
del 22 de enero de 2015, proferida dentro del expediente 25000 23 42 000 2012 02017 01 (0775-14), con
ponencia del consejero Alfonso Vargas Rincón.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de agosto de 2003, expediente No. 0396-03, con
ponencia del consejero Jesús María Lemos Bustamante.
19
Folio 45, ibidem.
20
Folio 46, ibidem.
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definiciones que consagra el mencionado artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y la
jurisprudencia de esta Corporación para el personal nacional, nacionalizado y
territorial.
57. Por el contrario, la aludida casilla está orientada a informar sobre el
régimen de seguridad social en materia de pensión de vejez o de jubilación
aplicable al docente, cuestión que dista de los requisitos especiales para acceder
a la pensión gracia.
58. No obstante, en atención a las reglas de unificación fijadas en la ya
mencionada sentencia del 21 de junio de 2018, de las pruebas analizadas, en
especial, del acto administrativo de nombramiento (Decreto 250 del 6 de marzo
de 1989), se puede establecer inequívocamente que se trató de un vínculo de
carácter nacionalizado, por cuanto se evidencia que en su expedición participó el
delegado del Ministerio de Educación Nacional, lo cual se acompasa con lo
establecido en el varias veces citado artículo 1 de la Ley 91 de 1989, tal como se
explicó en los párrafos 43 al 45 ut supra.
59. En consecuencia, el lapso comprendido entre el 1 de enero de 1989 y el
13 de enero de 2013 es computable para efectos de la pensión gracia reclamada.
60. Así las cosas, la Sala encuentra acreditado un total de 28 años, 2 meses
y 2 días como docente de carácter nacionalizado, con los que se satisface el
requisito contemplado en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 (20 años de
servicios). Los tiempos se discriminan así:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días
Nacionalizado 01/02/1980 30/06/1980 0 5 0
Nacionalizado 01/09/1980 02/02/1981 0 5 2
Nacionalizado – hora 14/09/1984 30/06/1985 0 9 17
cátedra
Nacionalizado – hora 01/09/1985 30/06/1986 0 10 0
cátedra
Nacionalizado – hora 01/09/1986 30/06/1987 0 10 0
cátedra
Nacionalizado – hora 01/09/1987 30/06/1988 0 10 0
cátedra
Nacionalizado 01/01/1989 13/01/2013 24 0 13
TOTAL 28 2 2
61. En suma, está acreditado que el actor cumplió con la totalidad de los
requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia. No solo demostró los
requisitos previamente analizados, sino que no se encontró evidencia de que el
actor percibiera una doble compensación o erogación nacional incompatible con
la pensión gracia.
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62. En relación con la fecha en que se adquirió el estatus pensional, la Sala
discrepa de lo establecido por el Tribunal de primera instancia que la estimó a
partir del 1 de marzo de 2004 —día en que completó los 20 años de servicios—.
Lo anterior, por cuanto dicho requisito lo completó el 11 de noviembre de 2004,
ya que al 30 de junio de 1987 el actor había completado 4 años y 1 mes de
servicios prestados, faltándole 15 años, 10 meses y 11 días, los cuales se
cumplieron el 11 de noviembre de 2004.
63. Por lo tanto, se modificará el fallo apelado en lo concerniente a la fecha
del estatus pensional y al interregno que se debe tener en cuenta para liquidar la
prestación objeto de reconocimiento, sin que ello vulnere el principio de la non
reformatio in pejus del apelante único, dado que, en lugar de hacerle más gravosa
su situación, la beneficia.
64. También se discrepa frente a la fecha en la que se declaró la prescripción
de las mesadas causadas con el reconocimiento de la pensión gracia, habida
cuenta de que el Tribunal la estimó a partir del 26 de junio de 2016, esto es, 3
años antes del momento en que se radicó la demanda de la referencia. Sin
embargo, para esta Subsección, el mencionado fenómeno se materializó el 29
de octubre de 2015, contando el término trienal a partir del 29 de octubre de 2018,
fecha en la que se radicó la última reclamación ante la entidad. A pesar de lo
anterior, se mantendrá la fecha estimada por el Tribunal, pues de modificarla en
esta instancia sí iría en perjuicio de la apelante única.
3. ¿Resulta procedente la condena en costas impuesta en la primera
instancia a la parte demandada?
65. La parte demandada se opuso a la condena en costas en primera instancia
fundamentando su apelación en que no existió conducta temeraria ni abuso del
derecho de su parte; además, no se comprobó su causación.
66. Al respecto, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte
de esta Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de
lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia se pronunciará sobre la condena en costas a cargo de
la parte vencida en el proceso.
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68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
69. Así las cosas, comoquiera que en la sentencia apelada se impuso condena
en costas a la parte demandada al prosperar las pretensiones de la demanda, no
corresponde revocar dicha decisión ya que la misma se encuentra debidamente
sustentada en los razonamientos desarrollados en los párrafos anteriores.
Condena en costas en segunda instancia
70. Con base en el análisis normativo abordado en precedencia, en esta
instancia también se impondrán costas a la entidad demandada por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia del 20 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, el cual quedará así:
«SEGUNDO.- En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho,
CONDENAR a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a
reconocer y pagar a favor del señor Edmundo Vifredo Dávila Chávez,
identificado con C.C. No. 5.258.895, a partir del 11 de noviembre de 2004,
la pensión gracia en cuantía del 75% del promedio de todos los factores
salariales consagrados en la ley, devengados en el año anterior a la fecha
de adquisición del estatus pensional, esto es, el comprendido entre el 11 de
noviembre de 2003 y el 10 de noviembre de 2004».
SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 20 de octubre de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se
accedió a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho del señor
Edmundo Vifredo Dávila Chávez contra la UGPP, incluida la declaración de
prescripción y la condena en costas de primera instancia.
TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandada
(UGPP), al haberse negado totalmente las pretensiones del recurso de apelación.
Las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de primera
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instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño, de conformidad con el artículo 366 del CGP.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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