Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00750-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00750-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00750-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2020 00750 01 (1394-2022)
Demandante: Marlen Lucrecia Pedraza Gómez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social (UGPP1)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación
docente. Alfabetizador. Aplicación de la sentencia de unificación
jurisprudencial del 21 de junio de 2018. Prescripción trienal.
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque la demandante
cumple con los requisitos para acceder a la pensión gracia. En su
lugar, se accede a su reconocimiento.
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la demandante en contra de la
sentencia de primera instancia proferida el 5 de agosto de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda2
1. La actora ejercitó el medio de control de la referencia con el objetivo de que se
declare la nulidad de las Resoluciones RDP 028716 del 24 de septiembre, RDP 030983
del 16 de octubre y RDP 034646 del 19 de noviembre, todas del 2019, por medio de las
cuales la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la demandada que
le reconozca dicha prestación con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el año de servicios anterior a adquirir el estatus pensional; además, al
pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y
al cumplimiento de la sentencia que ponga fin al proceso en los términos de los artículos
189 y 195 del CPACA.
3. Como sustento fáctico de sus pretensiones, expuso que nació el 1° de marzo de
1953 y que, desde el 1° de julio de 1979, se desempeñó como docente durante más de
20 años al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá.
4. Agregó que el 15 de julio de 2019 solicitó a la entidad accionada el reconocimiento
1 En adelante UGPP.
2 Ver expediente digital, archivo 23_ENVIOCONSEJODEESTADO_ENVICON2020750 / 01.Demanda-Anexos.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000 23 42 000 2020 00750 01 (1394-2022)
Demandante: Marlen Lucrecia Pedraza Gómez
y pago de una pensión gracia, la cual fue negada mediante los actos administrativos
enjuiciados. Afirmó que la entidad no consideró que los recursos destinados para el pago
de sus salarios y prestaciones sociales provenían del Sistema General de
Participaciones, lo que no representa un cambio en el tipo de vinculación.
Contestación de la demanda3
5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
argumentando que al expediente se anexó la Resolución 2129 (sic) del 27 de diciembre
de 1979, emitida por la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., mediante la cual se
reconoce una bonificación mensual a ciertos docentes alfabetizadores; sin embargo,
aseveró que dicha resolución no constituye el acto de nombramiento de un docente.
6. Al respecto, indicó que el programa de alfabetización era financiado por el
Ministerio de Educación a través del presupuesto nacional destinado a pagos por
transferencias al Fondo Educativo Regional, lo que implica que la vinculación fue de
carácter nacional y, por ende, no puede considerarse para acceder a la pensión gracia.
7. Señaló que la demandante demostró haber ejercido como docente desde el 15 de
septiembre de 1982, razón por la cual no puede ser beneficiaria de la prestación que
reclama en tanto su ingreso al magisterio oficial ocurrió con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980. A su vez, se opuso a la condena en costas, arguyendo que su
actuación se ajustó a la ley.
8. Finalmente, propuso las excepciones de «prescripción», «inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido», «prescripción de mesadas», «indexación», «no pago
de intereses» y «prescripción».
Sentencia apelada4
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 5 de agosto de
2021, mediante la cual desestimó las pretensiones de la demanda.
11. La decisión se fundamentó en que, aunque las funciones de alfabetización
realizadas por la demandante forman parte de la profesión docente y podrían ser
consideradas para el reconocimiento de la pensión gracia, en la parte considerativa de la
Resolución 02120 del 27 de diciembre de 1979 se consignó que el Ministerio de
Educación Nacional había financiado dicho programa mediante el presupuesto nacional
destinado a pagos por transferencias al Fondo Educativo Regional del Distrito Especial.
Por lo tanto, la plaza docente ocupada por la demandante no fue creada ni financiada por
el distrito, sino que se trató de una vinculación de carácter nacional.
12. En consecuencia, el a quo consideró que la demandante fue nombrada en una
plaza nacional como alfabetizadora y, al no demostrar que había prestado servicios como
docente en instituciones departamentales, distritales o municipales antes del 31 de
3 Ver índice 16 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, archivo
4_250002342000202000750001CONTESTACIONDE20210601164612.
4 Índice 16 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ver archivo
15_250002342000202000750001SENTENCIA20210809150310.
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Demandante: Marlen Lucrecia Pedraza Gómez
diciembre de 1980, no es posible acceder al reconocimiento de la pensión gracia que
solicita. Finalmente, el Tribunal se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida al
no evidenciarse una manifiesta carencia de fundamento legal.
Recurso de apelación5
13. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia
discutiendo que, en su calidad de docente alfabetizadora, prestó servicios en el distrito
de Bogotá D.C. con un vínculo de carácter territorial. En virtud de esta relación, se le
otorgó una bonificación que fue financiada con los recursos del presupuesto del Ministerio
de Educación Nacional, destinados a los pagos de transferencia al Fondo Educativo
Regional.
14. Por lo tanto, estimó que estos períodos deben ser considerados para el
reconocimiento de la pensión gracia, tal como lo establece el Decreto 196 de 1995, en
concordancia con la jurisprudencia de esta Corporación. Asimismo, hizo referencia a la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, que se alinea con lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 1° de la Ley 715 de 2001. En este sentido,
replicó que tuvo la calidad de docente territorial dado que los recursos del Sistema
General de Participaciones (anteriormente conocido como Situado Fiscal) pertenecen a
la entidad territorial que los recibe.
II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
15. Mediante auto del 30 de junio de 20226 se admitió el recurso de apelación y se
advirtió a la parte demandada que contaba con plazo hasta la ejecutoria de dicha
providencia para pronunciarse al respecto. Igualmente, se indicó que el Ministerio Público
podía rendir concepto hasta antes de ingresar el expediente al despacho para sentencia.
16. En cumplimiento de lo anterior, la parte demandada se pronunció7 reiterando los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
17. La parte demandante y el Ministerio Público optaron por guardar silencio en esta
fase del proceso.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
5 Índice 19 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ver archivo
18_250002342000202000750002RECIBEMEMORIALAPELACION20210922100406.
6 Índice 4 de Samai, ver archivo 4_250002342000202000750011AUTOQUEADMITE20220701180505.
7 Índice 9 de Samai, ver archivo 7_250002342000202000750011RECIBEMEMORIAL20220729103320.
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Demandante: Marlen Lucrecia Pedraza Gómez
Problema jurídico
19. Conforme a los cargos específicos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
procederá a evaluar si los períodos durante los cuales la demandante prestó sus servicios
docentes tuvieron un carácter nacional o, en su defecto, si se limitó al ámbito territorial
y/o nacionalizado. Especialmente, se revisará el interregno que se originó con el
nombramiento realizado por medio de la Resolución 02120 del 27 de diciembre de 1979.
20. Esta evaluación se realiza con el propósito de verificar el cumplimiento del requisito
que establece que la solicitante debe haberse vinculado como docente territorial y/o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y haber ejercido en tal calidad durante
un mínimo de 20 años, tal como lo estipulan las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 91 de 1989.
21. Para efectos metodológicos, la labor de la demandante en la docencia oficial se
estudiará en dos periodos relevantes, pues a cada uno le corresponden análisis
normativos y probatorios independientes.
Análisis del problema jurídico
• Periodo del 1° de julio al 30 de noviembre de 1979
22. Durante este primer lapso, se tiene que a través de la Resolución 02120 del 27 de
diciembre de 1979, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. le reconoció una
bonificación a la demandante por pertenecer al programa de alfabetización en el Distrito
Especial de Bogotá, entre el 1° de julio y el 30 de noviembre de 1979, cuyo pago se
realizó por intermedio del Fondo Educativo Regional de Bogotá - FER.
23. Esta Corporación ha tenido la oportunidad de estudiar actos administrativos
expedidos durante esa época, en los que dichas autoridades, mediante resoluciones
similares a la mencionada, reconocieron una «bonificación a alfabetizadores nacionales».
En esos asuntos se concluyó que el tiempo laborado en la modalidad de alfabetización
era computable para acceder a la pensión gracia, por cuanto se trataba del ejercicio de
la profesión docente y la vinculación era nacionalizada8.
24. En efecto, el Decreto 1830 de 1966 reglamentó la educación para adultos y en su
artículo 7 determinó que la alfabetización «constituye la etapa inicial de programas más
amplios de educación de adultos y tiene como misión específica la enseñanza de la
lectura, escritura, cívica y nociones de aritmética, la iniciación en actividades
profesionales, habilitando al alfabetizado para su ingreso a los cursos de educación
general básica y a los de formación profesional».
25. Posteriormente, el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria para
adultos en todo el territorio nacional. A su vez, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979,
dispuso que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización de adultos. A
8 Ver las siguientes sentencias de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, del Consejo de Estado: i) 14 de octubre
de 2021, radicado 25000-23-42-000-2016-03173-01 (4060-19); ii) 15 de febrero de 2024, radicado 25000-23-42-000-
2018-02196-01 (0911-2021); y iii) 27 de junio de 2024, radicado 25000 23 42 000 2014 02881 01 (2587-2019).
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Demandante: Marlen Lucrecia Pedraza Gómez
partir de las normas transcritas, esta Corporación9 ha sostenido que la labor docente de
alfabetización es computable para efectos de acceder a la pensión gracia, en cuanto debe
tomarse como laborado en educación primaria y sumarlo al que se laboró en educación
secundaria de acuerdo con la extensión que realizara el artículo 3 de la Ley 37 de 1933.
26. Por otro lado, en cuanto a las resoluciones que reconocieron «bonificación a
alfabetizadores nacionales, en el Distrito Especial de Bogotá», esta Subsección concluyó
que realmente la vinculación debía entenderse como nacionalizada por las siguientes
razones10:
«Sobre este aspecto, la apelante advierte que se desacertó la decisión del a quo al
reconocer estos tiempos, al sostener que no se allegaron las pruebas de nombramiento y
posesión, y que ostentó el carácter de nacional por pertenecer a un programa financiado
con recursos de la Nación.
Tal y como se desarrolló previamente, ante la inexistencia de los respectivos actos, obran
los certificados como medios probatorios pertinentes en el esclarecimiento de la situación
fáctica de la actora y suficientes para incluir el tiempo a través del cual la señora Cilia Díaz
fue empleada bajo la modalidad de contratación con el programa de alfabetizadores, con
cargo al presupuesto nacional por transferencia al Fondo Educativo Regional del Distrito.
Así las cosas, la vinculación sostenida de febrero a junio y de julio a diciembre de 1980;
así como desde julio hasta diciembre de 1981, lo fue en calidad de docente del orden
nacionalizada pues, del acto que reconoció la bonificación como retribución por el servicio
prestado intervino tanto la autoridad departamental como el Delegado Regional de Bogotá
del Ministerio de Educación Nacional ante las Juntas Administradoras de los Fondos
Educativos Regionales.
Lo anterior, entonces, se ajusta a los argumentos expuestos en la sentencia de unificación
del 21 de junio de 2018 en relación con el contenido del artículo 1. ° de la Ley 91 de 1989,
cuando precisó lo siguiente:
«[…] se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes del 1.°
de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la expedición de
la Ley 43 de 1975; y (i) los que a partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de
aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado
por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo
fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001-23-33-000-
2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 15 de agosto de
2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); ii) del 6 de julio de 2017, radicado 52001-23-33-000-
2014-00257-01 (4537-2016), iii) del 17 de julio de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-2016); iv)
del 27 de mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021, radicado
76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021, radicados 25000-23-42-000-2016-03173-
01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del 23 de junio de 2022, radicado 41001-23-33-000-
2016-00462-00 (1503-2021).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de febrero de 2024, radicado 25000-23-42-
000-2018-02196-01 (0911-2021).
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Demandante: Marlen Lucrecia Pedraza Gómez
disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para
su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. […]».
Ahora, sobre el argumento referido al carácter nacional porque a la accionante se le
cancelaron los salarios y prestaciones sociales con recursos de la Nación, sea lo primero
indicar que, si bien el pago de la prestación del servicio, lo fue en virtud de las partidas
presupuestales del FER por autorización del Ministerio de Educación, lo cierto es que tal y
como se expuso en acápite precedente, lo relevante frente al reconocimiento del derecho
en litigio, es que la vinculación y el cargo a ocupar por el maestro sea de carácter territorial
o nacionalizado.
Se recuerda que a la luz de los lineamientos fijados por la Sala en la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018, el pago de las acreencias laborales de los educadores
territoriales y nacionalizados con cargo «[…]a las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— […] hoy sistema general de
participaciones.», no implica que los recursos que enmarcan la prestación del servicio sean
de naturaleza nacional y por consiguiente le otorguen dicha calidad a la plaza que el
educador oficial ostenta.
Por lo expuesto, en un análisis integral de los actos referidos, se deriva que los
nombramientos efectuados para ocupar las plazas de docentes alfabetizadores también
los efectúo el representante de la autoridad departamental para la prestación del servicio
a favor del Distrito, sin que exista prueba que contraríe tal disposición […].»
27. De acuerdo con el lineamiento interpretativo previo y la referida resolución que
reconoce la bonificación a la actora por su labor como alfabetizadora, la Sala determina
que las razones presentadas por la entidad demandada y el a quo para negar el derecho
carecen de fundamento. En particular, la afirmación de que no existe certeza sobre la
forma de vinculación de la demandante antes del 31 de diciembre de 1980.
28. Es menester señalar que la actora desempeñó su labor en calidad de
alfabetizadora al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá, tal como lo evidencia
la Resolución 02120 del 27 de diciembre de 197911. Esta vinculación docente tiene
carácter nacionalizado, dado que el acto fue suscrito por la Secretaría de Educación de
Bogotá D.C. y un delegado del Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de
asegurar la disponibilidad de recursos para cubrir los salarios de la docente. Sin embargo,
esto no implica que, por este hecho, la actora haya adquirido la condición de docente
nacional.
29. Para la Sala, la demandante fue vinculada por un nominador del orden territorial y
contó con el aval del delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo
Educativo Regional de Bogotá D.C., por lo que el nombramiento de la demandante
atendió a los mandatos del artículo 10 de la Ley 43 de 197512, en el marco del proceso
de nacionalización de la educación, por lo que el período entre el 1° de julio y el 30 de
11 Ver expediente digital, archivo 23_ENVIOCONSEJODEESTADO_ENVICON2020750 / 01.Demanda-Anexos, folios
51 a 55.
12 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos,
del Ministerio de Educación Nacional.».
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Demandante: Marlen Lucrecia Pedraza Gómez
noviembre de 1979 resulta computable para determinar el derecho a la pensión gracia
reclamada.
30. Así las cosas, se cumple con el presupuesto de vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980, desvirtuando los argumentos esbozados en los actos administrativos
demandados y en el fallo de primera instancia.
• Periodo del 15 de septiembre de 1982 en adelante
31. Con relación a este segundo período, según el Formato Único para Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 8 de enero de 201913, la demandante se desempeñó
como docente en Bogotá D.C. con un tipo de vinculación territorial – distrital en los
siguientes períodos:
• Del 15 de septiembre al 2 de noviembre de 1982. Vinculada en interinidad, por
Resolución 4989 sin fecha.
• Del 21 de mayo al 14 de junio de 1985. Vinculada como docente temporal de
tiempo completo, por Resolución 6616 del 19 de noviembre de 1985.
• Del 26 de mayo al 30 de noviembre de 1989, vinculada como docente temporal de
tiempo completo. No se identifica el acto de nombramiento.
• Del 22 de enero al 30 de noviembre de 1990, vinculada como docente temporal de
tiempo completo. No se identifica el acto de nombramiento.
• Del 21 de enero al 30 de noviembre de 1991, vinculada como docente temporal de
tiempo completo. No se identifica el acto de nombramiento.
• Del 21 de enero al 30 de noviembre de 1992, vinculada como docente temporal de
tiempo completo. No se identifica el acto de nombramiento.
• Del 8 de febrero de 1993 al 8 de enero de 2019, vinculada como docente en
propiedad, por Resolución 202 del 1 de febrero de 1993.
32. Es necesario anotar que de las referidas vinculaciones se desprende el acto de
nombramiento contenido en la Resolución 202 del 1 de febrero de 1993 14; sin embargo,
la Sala otorgará mérito probatorio a los demás tiempos laborados ya que la UGPP, en los
actos acusados, no cuestionó los demás periodos, de suerte que la decisión
administrativa que negó el reconocimiento de la pensión gracia se fundó en que la
demandante no demostró haber ingresado al magisterio oficial antes del 31 de diciembre
de 1980.
33. Aunado a ello, obra en el plenario y concretamente en el certificado de historia
laboral que la demandante tenía el carácter de educadora con vinculación territorial e
incluso en varios lapsos efectuó aportes con destino a la Caja de Previsión Social del
Distrito, de manera que este documento es pertinente, conducente y útil para demostrar
el tiempo de servicio requerido para acceder al beneficio pensional reclamado.
13 Ver expediente digital, archivo 23_ENVIOCONSEJODEESTADO_ENVICON2020750 / 01.Demanda-Anexos, folios
71 a 73.
14 Ver expediente digital, archivo 23_ENVIOCONSEJODEESTADO_ENVICON2020750 / 01.Demanda-Anexos, folios
58 a 61.
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Radicación: 25000 23 42 000 2020 00750 01 (1394-2022)
Demandante: Marlen Lucrecia Pedraza Gómez
34. En efecto, la aludida certificación también resulta idónea para demostrar la relación
legal y reglamentaria, conforme lo estableció esta Sección en sentencia de unificación
del 21 de junio de 201815, en tanto fijó como regla de unificación que «para acreditar la
calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste
el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que
dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido
el docente oficial es de carácter territorial».
35. A su vez, la naturaleza territorial del vínculo de la demandante se reafirma con el
contenido de la Resolución 202 del 1° de febrero de 1993, expedida por el alcalde de
Santafé de Bogotá D.C., en la que se le designó como docente de tiempo completo «en
la planta de personal docente del Distrito Capital de Santafé de Bogotá – Secretaría de
Educación» y luego de que la interesada laboró de manera ininterrumpida como
educadora temporal para dar lugar a este nombramiento en propiedad.
36. De acuerdo con el aludido acto de nombramiento, la demandante ocupó un empleo
adscrito a la planta de personal docente de Bogotá D.C., creada a través del Decreto 029
de 1993, es decir, se desempeñó en una plaza territorial, específicamente, distrital.
37. Asimismo, los salarios se sufragaron con el presupuesto de ese ente territorial para
la vigencia de 1993, con cargo al «rubro expresamente dedicado al pago de personal
docente de la planta distrital de educadores», situación que se mantuvo hasta la entrada
en vigencia de la Ley 715 de 2001, pues en ese momento la nómina fue financiada a
través del Sistema General de Participaciones; sin embargo, como se explicó con
antelación, tal circunstancia no modificó el vínculo territorial con el que venía laborando,
lo cual también fue certificado por la alcaldía de Bogotá D.C.16
38. Así las cosas, el tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia
corresponde al siguiente:
Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Nacionalizada 01/07/1979 30/11/1979 0 5 0
Territorial 15/09/1982 02/11/1982 18 1 0
Territorial 21/05/1985 14/06/1985 24 0 0
Territorial 26/05/1989 30/11/1989 5 6 0
Territorial 22/01/1990 30/11/1990 9 10 0
Territorial 21/01/1991 30/11/1991 10 10 0
Territorial 21/01/1992 30/11/1992 10 10 0
Territorial 08/02/1993 8/01/2019 1 11 25
TOTAL 17 7 29
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
16
Ver expediente digital, archivo 23_ENVIOCONSEJODEESTADO_ENVICON2020750 / 01.Demanda-Anexos, folio
65.
8
Radicación: 25000 23 42 000 2020 00750 01 (1394-2022)
Demandante: Marlen Lucrecia Pedraza Gómez
39. Advierte la Sala que, como la demandante continuó laborando el 8 de enero de
2019, fecha en que se expidió el certificado de historia laboral, los 20 años de servicio se
cumplieron el 21 de mayo de 2009. Asimismo, como se concluyó en el párrafo 33 de esta
sentencia, acreditó la exigencia de haberse vinculado con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980.
40. Por lo demás, la actora supera los 50 años de vida, no registra objeciones a su
trayectoria profesional que desvirtúen el cumplimiento de los requisitos de honradez,
dedicación y buena conducta, ni se evidencia que perciba o haya percibido doble
recompensa del nivel nacional; cumpliendo así con los presupuestos previstos por la Ley
114 de 1913 para el reconocimiento de la pensión gracia reclamada.
Análisis de la prescripción
41. Esta Corporación17 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no
se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya
hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.
42. Para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer, a partir del
cual debe iniciarse el cómputo del término mencionado, es necesario considerar que esta
fecha se concretó el 21 de mayo de 2009, cuando la demandante acreditó su estatus
pensional tras cumplir 20 años de servicio como docente nacionalizada; esta fecha es
posterior a la que corresponde al requisito de edad, es decir, el 1 de marzo de 2003 18.
43. De las pruebas presentadas en el expediente se desprende que la actora solicitó
el reconocimiento pensional el 15 de julio de 201919, lo que dio origen a la expedición de
los actos administrativos acusados.
44. La actora presentó la demanda el 1 de septiembre de 202020, es decir, fuera del
plazo de los 3 primeros años contados desde la fecha de su estatus, pero dentro del
periodo de interrupción causado por la presentación de la solicitud (del 15 de julio de
2019 al 15 de julio de 2022); razón por la cual se debe declarar probada la prescripción
de las mesadas causadas a su favor antes del 15 de julio de 2016.
45. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta Colegiatura 21
ha entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la presentación de la
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15 de
noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
18 Ver expediente digital, archivo 23_ENVIOCONSEJODEESTADO_ENVICON2020750 / 01.Demanda-Anexos, folios
74 a 75.
19 Ver contenido de la Resolución RDP 028716 del 24 de septiembre de 2019, Ver expediente digital, archivo
23_ENVIOCONSEJODEESTADO_ENVICON2020750 / 01.Demanda-Anexos, folios 29 a 33.
20 Ver expediente digital, archivo 02.ActaReparto.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-000-2016-
00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-2016).
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solicitud de reconocimiento pensional, la parte interesada debe presentar en el término
de los 3 años la demanda judicial, de lo contrario, se somete a la activación del término
prescriptivo y la pérdida del derecho de las prestaciones periódicas causadas.
46. En conclusión, se revocará la sentencia apelada y se declarará la nulidad de los
actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se ordenará el reconocimiento y
pago de la pensión gracia en favor de la actora, en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del
estatus pensional, esto es, entre el 21 de mayo de 2008 y el 20 de mayo de 2009; pero
con efectos fiscales a partir del 15 de julio de 2016, en aplicación al fenómeno de la
prescripción.
47. Los factores salariales por incluir son la asignación básica, la prima especial y las
doceavas partes de las primas de vacaciones y navidad22, conforme a lo establecido en
los artículos 4 de la Ley 4ª de 1966, 5 del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos
jurisprudenciales trazados por esta Corporación frente al monto de la prestación, esto es,
que «la pensión gracia debe liquidarse con base en los emolumentos devengados
durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional»23.
48. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4 de la Ley 4 de 1966,
5°del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
Corporación relacionadas con el monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia
debe liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional»24.
49. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
50. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte actora por concepto de mesadas pensionales,
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en
que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto
sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes.
22 Se ordena la inclusión de las doceavas partes de las primas de vacaciones y navidad, en razón a que su causación
es anual. Al respecto ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado: i) del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017); ii) del 31 de enero de 2018, radicado 17001-23-33-000-2012-000269-01
(2926-2013); y iii) del 2 de marzo de 2017, radicado 25001-23-42-000-2013-05374-01 (1363-15).
23 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25
de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-
23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-
19).
24 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25
de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-
23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33- 000-2014-00462-01 (1644-
19).
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51. No se reconocerán los intereses moratorios solicitados por la demandante, pues
esta Corporación ha precisado que, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993,
aquellos solo proceden «en los casos en los que el pago de las mesadas pensionales no
se discute porque está en firme el reconocimiento de la prestación a quien ostenta la
calidad de pensionado y lo que se presenta es una negativa de la entidad a efectuar el
pago»25.
Condena en costas
52. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Con base en esa
regla legal, esta Subsección ha sostenido que, para imponer la condena en costas es
necesario realizar una valoración objetiva-valorativa donde el juez, una vez comprobaba
su causación, y sin atender a factores subjetivos como la buena fe o la temeridad de las
partes, podía ordenarlas.
53. Dicha postura debe adecuarse a lo dispuesto por artículo 47 de la Ley 2080 de
2021 que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA, en el que se introdujo que la
condena en costas procede cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal, lo que implica que sea forzoso examinar si los
argumentos que sostienen la actuación procesal correspondiente se encuentran
huérfanos de sustento legal plausible, lo que acontece, por ejemplo, cuando las normas
en que se fundamente la tesis del caso no sean aplicables o se desconozcan reglas
jurídicas pacíficas producto de los precedentes fijados por esta Corporación vigentes al
momento de la interposición de la demanda o del recurso según sea el caso.
54. Durante el transcurso de ambas instancias26, la demandada presentó su defensa
apoyándose en un fundamento legal sólido y razonable. Argumentó que la actora no
demostró vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, lo cual ameritó un
análisis probatorio y sustancial visible en la parte motiva de esta sentencia. Por lo tanto,
la Sala se abstendrá de condenarla en costas, ya que no se observa una evidente falta
de fundamento legal en sus argumentos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 5 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que negó las
pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia. En su lugar, se dispone lo siguiente:
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de
agosto de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2016-01824-01 (2923-2019).
26 Según el numeral 4 del artículo 365 del CGP, aplicado a esta jurisdicción por remisión de los artículos 188 y 306 del
CPACA, «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias».
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SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 02876 del 24 de
septiembre, RDP 030983 del 16 de octubre y RDP 034646 del 19 de noviembre de 2019,
mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia de la actora.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social reconocer y pagar la pensión gracia
a partir del 21 de mayo de 2009, a favor de la señora Marlen Lucrecia Pedraza Gómez,
identificada con cédula de ciudadanía 41.628.374, en cuantía del 75% del promedio de
los factores salariales de asignación básica, prima especial y las doceavas partes de las
primas de vacaciones y navidad devengados en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 21 de mayo de 2008 y el 20 de mayo de 2009.
La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 15 de julio de 2016, por haber operado
el fenómeno de la prescripción trienal de las mesadas causadas antes de esa fecha.
CUARTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, considerando los índices
de inflación certificados por el DANE y aplicando la fórmula matemática indicada en las
consideraciones de esta sentencia.
QUINTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo en los términos
de los artículos 192 y 195 del CPACA.
SEXTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO. Sin condena en costas en esta instancia.
OCTAVO: Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JC
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