Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00506-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2019-00506-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00506-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2019-00506-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00506 01 (5653-2022)
Demandante: Melba Dorys Angulo Angulo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación
docente. Docentes alfabetizadores. Aplicación de la sentencia de
unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018. Origen de los
recursos del situado fiscal o del sistema general de participaciones
no cambia la naturaleza del nombramiento. Condena en costas.
Decisión: Se confirma la sentencia apelada puesto que los reparos concretos
expuestos en la alzada carecieron de la entidad necesaria para
modificar la decisión adoptada
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 1° de julio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La accionante interpuso el presente medio de control con el propósito de que se
declare la nulidad de las Resoluciones RDP 019090 del 26 de junio de 2019 y RDP
025571 del 27 de agosto de 2019 emitidas por la entidad demandada, mediante las
cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se le otorgue la mencionada
prestación periódica a partir del 7 de junio de 2012, por un valor mensual equivalente al
75% del promedio de los salarios y factores salariales percibidos durante los años 2011
y 2012. Igualmente, requirió el reajuste anual de las mesadas y su indexación conforme
a lo dispuesto en la Ley 71 de 1988 y el artículo 187 del CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00506 01 (5653-2022)
Demandante: Melba Dorys Angulo Angulo
3. En sustento de sus pretensiones, manifestó que prestó servicios al magisterio
desde el 12 de septiembre de 1980 hasta el 1° de febrero de 1981 como docente
nacionalizada; posteriormente, sirvió como profesora oficial del nivel municipal desde el
22 de septiembre de 1984 hasta el 3 de mayo de 2003. Además, indicó que nació el 7 de
junio de 1962, que en el año 2012 adquirió el estatus pensional y que no fue objeto de
sanciones disciplinarias.
4. Señaló que el 4 de marzo de 2019 solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento y pago de la pensión gracia. No obstante, dicha petición fue rechazada
mediante los actos administrativos impugnados bajo el argumento de que, si bien es
válido el tiempo laborado a partir de 1984, no ocurre lo mismo con el periodo
desempeñado como alfabetizadora ya que no fue certificado por el FOMAG y existe
norma expresa que impide su reconocimiento.
Contestación de la demanda
4. La entidad demandada manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda
argumentando que la actora inició su carrera docente en 1980 mediante la Resolución
No. 395 BIS. Sin embargo, señaló que su vinculación tenía carácter nacional y no
territorial debido a que intervino el Ministerio de Educación Nacional. En consecuencia,
los periodos laborados como alfabetizadora en programas de educación para adultos no
pueden ser computados para la pensión gracia porque corresponden a educación no
formal y estaban bajo la responsabilidad de la Nación.
5. La entidad citó las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y el Decreto 2277
de 1979, normativas que establecen los requisitos para acceder a la pensión gracia.
Recalcó que la demandante no cumple con los requisitos de servicio como docente
territorial ni con la prohibición de percibir recompensas nacionales toda vez que sus
salarios fueron pagados con recursos provenientes de fondos nacionales.
6. Propuso las excepciones de mérito que denominó «inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales», «cobro de lo no debido», «prescripción» y el
reconocimiento oficioso de excepciones.
Sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Nariño dictó sentencia el 1° de julio de 2022, en la
cual declaró la nulidad de los actos administrativos impugnados y condenó a la parte
demandada a reconocer y pagar a la demandante la pensión gracia, equivalente al 75 %
del promedio de todos los factores salariales percibidos durante el año previo a la
consolidación del estatus pensional, es decir, entre el 7 de junio de 2011 y el 7 de junio
de 2012. Asimismo, declaró la prescripción trienal respecto de las mesadas causadas
con anterioridad al 4 de octubre de 2016 y condenó en costas a la accionada.
8. El tribunal estableció que la demandante se vinculó como docente alfabetizadora
en el centro Cárcel Judicial de Barbacoas mediante la Resolución 395 del 12 de
2
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00506 01 (5653-2022)
Demandante: Melba Dorys Angulo Angulo
septiembre de 1980, labor que desempeñó hasta el 2 de febrero de 1981; cumpliendo así
con el requisito de la vinculación previa al 31 de diciembre de 1980.
9. Frente a la objeción de la entidad demandada en torno a que la alfabetización no
constituía educación formal y que la vinculación era de carácter nacional, el a quo dilucidó
que la intervención del Ministerio de Educación no implicó necesariamente una
vinculación nacional y la certificación expedida por el departamento de Nariño acreditó la
vinculación como nacionalizada.
10. Además, consideró que la docente acumuló 337,79 meses de servicio hasta el 7
de junio de 2012, superando ampliamente los 20 años exigidos por la ley. En cuanto a la
acreditación de la plaza, corroboró que la actora ocupó plazas nacionalizadas;
igualmente, verificó el cumplimiento de los requisitos de edad y buena conducta.
11. Por último, con fundamento en los artículos 365 y 366 del CGP, condenó en costas
a la parte demandada teniendo en cuenta que prosperaron las pretensiones de la
demanda.
Recurso de apelación
12. La entidad demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia
solicitando su revocación. Fundamentó su petición en que la vinculación de la parte
demandante, realizada en 1980, tuvo carácter nacional y no territorial, considerando que
intervino el Ministerio de Educación Nacional; además, sostuvo que los servicios
prestados como alfabetizadora en educación para adultos no son computables para
efectos de la pensión gracia, conforme a lo dispuesto en la Ley 37 de 1933.
13. Asimismo, argumentó que los salarios fueron sufragados con recursos nacionales,
provenientes del Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones, lo cual impide
el reconocimiento de la pensión gracia de acuerdo con lo establecido en las Leyes 114
de 1913, 37 de 1933 y 91 de 1989, así como en la jurisprudencia reiterada del Consejo
de Estado y la Corte Constitucional.
14. Finalmente, cuestionó la condena en costas alegando que no existió conducta
temeraria ni abuso del derecho, sumado a que la parte demandante no demostró la
existencia de gastos procesales.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
15. Mediante auto del 16 de marzo de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada y se indicó que la parte accionante disponía hasta
la ejecutoria de esta providencia para pronunciarse. De igual manera, se precisó que el
Ministerio Público tendría la oportunidad de emitir su concepto hasta que el expediente
fuera ingresado al despacho para la emisión de la sentencia.
16. La entidad demandada intervino reiterando los argumentos previamente
expuestos en su recurso de apelación. Además, sostuvo que la sentencia de unificación
3
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00506 01 (5653-2022)
Demandante: Melba Dorys Angulo Angulo
CE-SUJ-SII-11-2018 no resulta aplicable al caso ya que, según su criterio, contradice
tanto precedentes establecidos por la Corte Constitucional como la normativa vigente,
específicamente el Decreto 102 de 1976 y la Ley 715 de 2001. También señaló que los
periodos laborados con posterioridad a la Ley 91 de 1989 no pueden ser tenidos en
cuenta para la pensión de gracia, dado que la brecha salarial entre docentes nacionales
y territoriales fue eliminada y, en consecuencia, la norma habría sido tácitamente
derogada.
17. Por su parte, la accionante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Problemas jurídicos
19. Conforme a los reparos concretos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sala determinar si el período durante el cual la parte actora ejerció
funciones como docente alfabetizadora puede ser considerado para efectos de acceder
a la pensión gracia. Asimismo, se examinará la validez del argumento que sostiene que
la plaza docente adquiere carácter nacional cuando los salarios han sido pagados con
recursos provenientes del Situado Fiscal o del Sistema General de Participaciones.
Finalmente, se analizará la procedencia de la condena en costas impuesta en la primera
instancia.
Análisis de los problemas jurídicos
1. ¿El tiempo desempeñado por la actora como docente alfabetizadora puede
ser considerado para acceder a la pensión gracia?
20. En el expediente se observa copia de la Resolución 395 Bis del 12 de septiembre
de 1980 mediante la cual el secretario de Educación Pública —con visto bueno del
gobernador de Nariño—, el delegado del Ministerio de Educación Nacional y el jefe del
Grupo Número Uno – Educación Adultos Nariño nombraron a la demandante como
alfabetizadora del Centro «Cárcel Judicial» de la ciudad de Barbacoas1.
21. Se vislumbra transcripción del acta de posesión suscrita por la alcaldesa de
Barbacoas el 30 de noviembre de 2015, en la que se consigna que la demandante asumió
1
Expediente digital, «01 Demanda.pdf», págs. 44-45.
4
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00506 01 (5653-2022)
Demandante: Melba Dorys Angulo Angulo
el referido empleo el 12 de septiembre de 19802.
22. Según la Resolución 007 del 28 de enero de 1981, suscrita por el secretario de
Educación Pública de Nariño y el delegado del Ministerio de Educación Nacional,
basados en la necesidad de reestructurar el personal de alfabetizadores que prestan sus
servicios al ente territorial, decidieron declarar insubsistente al personal docente
alfabetizador a partir del 2 de febrero de 19813.
23. También se aportó la certificación emitida el 5 de febrero de 2019 por la Oficina de
Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, detallando
que la demandante fue designada en el ramo de la educación de adultos mediante
Resolución 395 del 12 de septiembre de 1980, en el Centro «Cárcel Judicial» de la ciudad
de Barbacoas, plaza que fue pagada con recursos del situado fiscal y de carácter
nacionalizada.
24. Con fundamento en las pruebas referidas, se encuentra plenamente demostrado
que la actora estuvo vinculada desde el 12 de septiembre de 1980 hasta el 2 de febrero
de 1981 como docente alfabetizadora, en virtud del nombramiento que le efectuó el
representante del departamento de Nariño con el delegado del Ministerio de Educación
a través de la Resolución 395 Bis del 12 de septiembre de 1980.
25. Este acto administrativo permite a la Sala concluir que el nombramiento
encuadra en la definición que el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 tiene para el personal
nacionalizado, puesto que fue realizado por la entidad territorial atendiendo la
autorización previa del delegado del Ministerio de Educación Nacional que consagra los
artículos 6 y 10 Ley 43 de 1975.
26. En efecto, participación de dicho delegado no implicó que se trate de un docente
nacional, sino que atiende a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, que
estableció que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito
Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de
maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar
la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en
ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
27. En relación con este tema, la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de
unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20184, determinó que la
condición de docente nacional no se adquiere simplemente por la participación de un
delegado del Ministerio de Educación en el acto administrativo de nombramiento. De igual
forma, no se considera relevante que las autoridades territoriales actúen como
presidentes de las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales. Lo que
2
Ibidem; pág. 46.
3
Ibidem; pág. 47.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
5
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00506 01 (5653-2022)
Demandante: Melba Dorys Angulo Angulo
realmente importa es la plaza que se va a ocupar 5. El criterio interpretativo se unificó en
estos términos:
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en
la Nación.
28. Por lo tanto, para la Sala resulta inequívoco que la plaza docente ocupada por la
actora durante el periodo objeto de análisis ostentó carácter nacionalizado.
29. Paralelamente, es menester señalar que el Decreto 1830 de 1966 reglamentó la
educación para adultos y, en su artículo 7, dispuso que la alfabetización constituye la fase
inicial de programas más amplios dirigidos a adultos. Su objetivo específico es impartir
conocimientos de lectura, escritura, civismo y aritmética básica, así como introducir al
alfabetizado en actividades profesionales, habilitándolo para acceder a de educación
general básica y formación profesional.
30. A su vez, el Decreto 378 de 1970 instituyó la educación primaria para adultos en
todo el territorio nacional. Mientras que el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 dispuso
que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización de adultos.
31. A partir de las normas citadas, esta Corporación6 ha sostenido que la labor docente
en procesos de alfabetización es computable para efectos de acceder a la pensión gracia,
debiendo considerarse como tiempo laborado en educación primaria y puede sumarse al
tiempo trabajado en educación secundaria, conforme a la extensión prevista en el artículo
3 de la Ley 37 de 1933. Efectivamente, en dichos casos esta Sección ha establecido que
el tiempo servido bajo la modalidad de alfabetización corresponde al ejercicio de la
profesión docente y la vinculación era de carácter nacionalizada7.
5
Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23
de marzo de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023,
radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605– 2019).
6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001-
23-33-000-2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i)
del 15 de agosto de 2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); ii) del 6 de julio de 2017,
radicado 52001-23-33-000-2014-00257-01 (4537-2016), iii) del 17 de julio de 2020, radicado 52001-23-33-
000-2014-00255-01 (4850-2016); iv) del 27 de mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-00553-
01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021, radicado 76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de
octubre de 2021, radicados 25000-23-42-000-2016-03173-01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-
01(5496-19); vii) del 23 de junio de 2022, radicado 41001-23-33-000-2016-00462-00 (1503-2021).
7
Ver las siguientes sentencias de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, del Consejo de Estado: i) 14
de octubre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2016-03173-01 (4060-19); ii) 15 de febrero de 2024,
radicado 25000-23-42-000-2018-02196-01 (0911-2021); y iii) 27 de junio de 2024, radicado 25000 23 42
000 2014 02881 01 (2587-2019).
6
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00506 01 (5653-2022)
Demandante: Melba Dorys Angulo Angulo
32. En conclusión, de acuerdo con el lineamiento jurisprudencial previo8, la Sala
desestimará los argumentos expuestos por la entidad demandada en su recurso de
apelación habida cuenta que el período servido por la demandante como docente
alfabetizadora —desde el 12 de septiembre de 1980 hasta el 2 de febrero de 1981—
resulta computable para efectos de acceder a la pensión gracia, confirmando así el
cumplimiento del requisito de la vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de
diciembre de 1980.
2. ¿La plaza docente adquiere carácter nacional cuando los salarios han sido
pagados con recursos provenientes del Situado Fiscal o del Sistema General de
Participaciones?
33. Con el fin de resolver este motivo de inconformidad plasmado en el recurso de
apelación, es pertinente acudir a las reglas fijadas en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, en la que se precisó que los recursos del entonces
situado fiscal —hoy Sistema General de Participaciones—, aunque provenían del
presupuesto nacional, eran transferidos a las entidades territoriales para financiar
servicios como salud y educación, sin afectar su autonomía.
34. Igualmente, se explicó que estas entidades tienen fuentes de financiación tanto
externas (trasferencias nacionales) como internas (recursos propios), estableciendo que
una vez integrados los recursos a sus presupuestos, estos pasaban a ser de su propiedad
como rentas exógenas, pese a su origen nacional. En tal sentido, se establecieron, entre
otras, las siguientes reglas jurisprudenciales:
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de
1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los
entes territoriales; (ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es
otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de
vinculación del docente haya intervenido el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la
disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo; (iii) en consecuencia, lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es
la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de
sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones. (Negrita fuera del texto original)
8
El criterio relativo a los docentes alfabetizadores fue reiterado en reciente sentencia emitida por esta
Subsección el 21 de agosto de 2025, correspondiente al radicado 25000 23 42 000 2020 00750 01 (1394-
2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
7
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00506 01 (5653-2022)
Demandante: Melba Dorys Angulo Angulo
35. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala considera que la sola financiación de
salarios y prestaciones con recursos del antiguo situado fiscal o del actual Sistema
General de Participaciones no determina, por sí misma, que la vinculación docente sea
de carácter nacional. Estos recursos, una vez transferidos, se incorporan al presupuesto
de las entidades territoriales adquiriendo la naturaleza de rentas exógenas, conforme lo
explicó la aludida sentencia de unificación jurisprudencial.
36. En ese contexto, lo relevante para establecer el derecho a la pensión gracia es
identificar la naturaleza de la plaza ocupada por el docente, es decir, si corresponde al
ámbito territorial o nacionalizado. Tal circunstancia debe acreditarse mediante los actos
administrativos de nombramiento y posesión o, en su defecto, a través de certificaciones
emitidas por la autoridad nominadora que den cuenta, de manera clara y precisa, del tipo
de relación jurídica existente.
37. Así, el planteamiento de la entidad apelante —según el cual el uso de recursos del
Situado Fiscal convierte la relación en nacional— no tiene vocación de éxito pues el
origen del financiamiento no altera la esencia del vínculo, como quedó definido por la
jurisprudencia unificada.
3. ¿Resulta procedente la condena en costas impuesta en la primera instancia
a la parte demandada?
38. La parte demandada se opuso a la condena en costas en primera instancia
fundamentando su apelación en que no existió conducta temeraria ni abuso del derecho
de su parte, además, no se comprobó su causación.
39. Al respecto, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de
una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
41. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
42. Así las cosas, teniendo en cuenta que en la sentencia apelada se impuso condena
8
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00506 01 (5653-2022)
Demandante: Melba Dorys Angulo Angulo
en costas a la parte demandada al prosperar las pretensiones de la demanda, no
corresponde revocar dicha decisión ya que la misma se encuentra debidamente
sustentada en los razonamientos desarrollados en los párrafos anteriores.
Condena en costas en segunda instancia
43. Con base al análisis normativo abordado en precedencia, en esta instancia
también se impondrán costas a la entidad demandada por cuanto se niegan totalmente
las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 1° de julio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por la señora Melba Dorys Angulo Angulo contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.