Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00906-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00906-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00906-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2020 00906 01 (3487-2024)
Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la
vinculación docente. Estudio de prescripción ante la
presentación de varias reclamaciones. Ley 1437 de 2011
Decisión: Modificar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección A procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 19 de enero de 2023, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Hechos y pretensiones
2. El señor Jaime Humberto Cruz Bejarano, por intermedio de apoderado
judicial solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 014217 de 23 de junio
de 2020 y RDP 022034 de 28 de septiembre de 2020, por medio de las cuales
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, negó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia.
1 Visible en el archivo 055ED_EXPEDIENTE_003DEMANDACRUZBEJARA del expediente digital que reposa
en el aplicativo SAMAI
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00906 01 (3487-2024)
Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad
demandada reconocer y pagar la pensión gracia, a través del Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional – FOPEP – con los correspondientes reajustes de
ley; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento a la sentencia de conformidad
con el CPACA; y se condene en costas.
4. Manifestó que nació el 1.º de agosto de 1952, por lo que cumplió 50 años de
edad el mismo día y mes del año 2002; y que prestó sus servicios como docente
oficial en el departamento de Cundinamarca, así: i) en el municipio de Puerto Salgar,
desde el 29 de julio de 1976 hasta el 30 de septiembre de 1979, con descuento de
licencias no remuneradas; ii) en el municipio de Fusagasugá, por horas cátedra,
entre el 15 de febrero y el 15 de diciembre de 1993, y entre el 11 de abril y el 15 de
diciembre de 1994; y iii) nuevamente en el municipio de Fusagasugá, en propiedad,
desde el 10 de julio de 1995 hasta el 5 de mayo de 2019.
5. En razón de lo anterior elevó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
gracia ante la UGPP, la cual fue resuelta de manera negativa con los actos hoy
demandados.
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
6. Indicó que la entidad demandada desconoció los artículos 1 a 6, 13, 23, 25,
46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política; las Leyes 114 de 1913; 116 de
1928; 37 de 1933; 43 de 1975; 91 de 1989; 115 de 1994; así como el Decreto 081
de 1976. Alegó que los actos acusados fueron expedidos con falsa motivación e
infracción de las normas en que debían fundarse, toda vez que la UGPP negó el
reconocimiento de la pensión al considerar que los tiempos acreditados
correspondían a una vinculación de carácter nacional, sin valorar que el actor prestó
servicios docentes en establecimientos oficiales del departamento de
Cundinamarca y en los municipios de Puerto Salgar y Fusagasugá.
1.4 Contestación de la demanda2
7. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso a las pretensiones de la
demanda, al considerar que los actos administrativos acusados fueron expedidos
con observancia de las normas aplicables al caso concreto y, por tanto, se
encontraban amparados por la presunción de legalidad. Sostuvo que el demandante
2 Visible en el archivo 060ED_EXPEDIENTE_008CONTESTACIONNDEMA.pdf del expediente digital que
reposa en la aplicativo SAMAI. La demanda se presentó el 26 de octubre de 2020, y fue admitida el 19 de enero
de 2021.
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00906 01 (3487-2024)
Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a dicha
prestación, en particular, los 20 años de servicio como docente municipal,
departamental o nacionalizado, ni la vinculación docente con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980.
8. Señaló que en el expediente pensional obraban certificaciones expedidas por
la Secretaría de Educación de Fusagasugá el 18 de julio de 2019, en las que se
indicó, de un lado, que el demandante laboró como docente entre el 29 de julio de
1976 y el 30 de septiembre de 1979, sin establecer el tipo de vinculación; y, de otro,
que prestó servicios entre el 10 de julio de 1995 y el 5 de mayo de 2019, con
vinculación de carácter nacional. Finalmente, propuso como excepciones: i)
inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; ii) prescripción de mesadas;
iii) improcedencia de la indexación; iv) no pago de intereses moratorios; v)
improcedencia de la condena en costas; y vi) genérica.
1.5 Sentencia de primera instancia3
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, mediante sentencia de 19 de enero de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
10. Señaló que, el demandante acreditó una vinculación válida con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980, toda vez que fue nombrado por el gobernador de
Cundinamarca mediante Decreto 1530 de 2 de junio de 1976; por ello consideró que
no era procedente descartar ese periodo por el hecho de que algunas certificaciones
no precisaran el tipo de vinculación. Segundo, estimó computables los periodos
servidos por horas.
11. De igual manera, estimó que los servicios prestados por horas cátedra en los
años 1993 y 1994 eran computables, para lo cual debía atenderse a lo dispuesto en
el parágrafo 1.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985. Seguidamente, en torno a la
labor educativa iniciada en el año 1995, también la considero válida, en tanto dicha
designación la efectuó el gobernador de Cundinamarca mediante Decreto 781 de
17 de abril de 1995, descartando las certificaciones que calificaban a vinculación
como nacional.
12. Con fundamento en lo anterior, declaró la nulidad de los actos acusados y
ordenó a la UGPP reconocer, liquidar y pagar la pensión gracia a favor del
3 Visible en el archivo 28_SENTENCIA que reposa en el expediente digital
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00906 01 (3487-2024)
Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
demandante a partir del 28 de julio de 2011, con efectividad desde el 26 de octubre
de 2017 por prescripción trienal. Se abstuvo de condenar en costas.
1.6 Recursos de apelación4
13. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP interpuso recurso
de apelación con el fin de que se revocara en su totalidad la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.
14. Afirmó que, para el 29 de diciembre de 1989, fecha de expedición de dicha
ley, la actora no reunía las exigencias necesarias para el reconocimiento pensional,
en tanto solo habría acreditado 3 años, 3 meses y 3 días de servicio, y contaba con
37 años de edad.
15. Agregó que, de acuerdo con el certificado de información laboral expedido
por la Secretaría de Educación de Cundinamarca el 5 de abril de 2022 y la
certificación CETIL de 2 de junio de 2022, el actor prestó servicios entre el 10 de
julio de 1995 y el 31 de diciembre de 2002 con vinculación de carácter nacional,
tiempo no computable para la prestación reclamada.
16. Asimismo, manifestó que, conforme al Decreto 726 de 2018, el sistema de
certificación electrónica de tiempos laborados – CETIL – es el mecanismo válido
para hacer constar tiempos laborados y salarios con destino al reconocimiento de
prestaciones pensionales, en ese orden, los documentos aportados por la parte
actora no tenían la idoneidad suficiente para acreditar los aspectos en cita.
17. Por su parte, el demandante interpuso recurso de apelación parcial contra
la sentencia, con el fin de que se modificara el numeral segundo de la parte
resolutiva. Señaló que, para efectos de la prescripción trienal, debía tenerse en
cuenta la solicitud de reconocimiento pensional presentada ante la UGPP en febrero
de 2020, y no la fecha de presentación de la demanda, razón por la cual pidió que
la pensión gracia se reconociera a partir del 28 de julio de 2011, pero con efectos
fiscales desde el 18 de febrero de 2017.
1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia
4 El del demandante visible en el archivo 31_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACION.pdf y el de la
entidad demandada en el archivo JAIME HUMBERTO CRUZ BEJARANO (Recurso de apelación sentencia -
pensión gracia).pdf ambos reposan en el expediente digital
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00906 01 (3487-2024)
Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
18. Mediante auto de 5 de agosto de 2024, se admitieron los recursos de
apelación presentados por las partes.
19. En esta oportunidad, el Ministerio Público conceptuó que debía revocarse
la sentencia de primera instancia, al considerar que el demandante no acreditó los
requisitos para acceder a la pensión gracia. Lo anterior, por cuanto si bien se
encontraba demostrada la vinculación docente anterior al 31 de diciembre de 1980
y el cumplimiento de la edad exigida, no se probó que el actor hubiera completado
20 años de servicios como docente territorial o nacionalizado, pues, de acuerdo con
el certificado de historia laboral de 5 de abril de 2022 y el formato CETIL de 2 de
junio de 2022, el periodo comprendido entre el 10 de julio de 1995 y el 31 de
diciembre de 2002 correspondía a una vinculación nacional. Asimismo, precisó que
no le asistía razón a la UGPP al sostener que el actor debía reunir la totalidad de
requisitos antes del 29 de diciembre de 1989, toda vez que, conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, basta con acreditar una vinculación territorial
o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 y cumplir los demás requisitos
legales para el reconocimiento de la prestación.
20. Por su lado, la parte actora y la entidad demandada guardaron silencio.
21. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que
observe la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
22. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, ambas partes -demandante y
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.»
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00906 01 (3487-2024)
Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
demandada- presentaron recurso de alzada, cuestionándose la totalidad de la
sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
2.2. Problema jurídico
23. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Jaime
Humberto Cruz Bejarano, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión
gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20
años de servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no
acredita las exigencias para dicho reconocimiento.
24. En caso de que se encuentren probadas las exigencias de ley, deberá
establecerse además si hay lugar a modificar la sentencia de primera instancia en
cuanto a la prescripción de mesadas.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1 La pensión gracia
25. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años. En ese sentido, respecto de
los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los
docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91
de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980.
26. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00906 01 (3487-2024)
Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
27. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales7.
28. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20188 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el entendimiento
que había que darse en los casos en que los pagos a docentes provienen del situado
fiscal, lo que no implica que se traten de docentes nacionales; y tampoco tienen está
naturaleza por el hechos que en el acto de vinculación intervenga además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado de la junta administradora
del fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia del cargo y la
disponibilidad presupuestal; y tampoco porque se aluda que los recursos destinados
para el sostenimiento tiene origen o fuente en la Nación.
29. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de la
calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se
destacan:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
7 Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00906 01 (3487-2024)
Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
30. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del
11 de agosto de 20229 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».
31. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que, para
obtener la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en
establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4 Actuación administrativa
32. De la revisión del expediente se advierte que el demandante en una primera
oportunidad, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 14 de febrero de
2013, ante la UGPP, solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia, la
cual fue negada mediante Resolución RDP 020905 de 7 de mayo de 2013, al
considerar la entidad que los tiempos acreditados correspondían a una vinculación
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00906 01 (3487-2024)
Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
de carácter nacional. Contra dicha decisión no se interpusieron recursos.
33. Posteriormente, el 18 de febrero de 2020 el actor presentó una nueva
solicitud de reconocimiento pensional, que fue resuelta negativamente mediante
Resolución RDP 014217 de 23 de junio de 2020, confirmada por la Resolución RDP
022034 de 28 de septiembre de 2020. En síntesis, la UGPP sostuvo que el
demandante no acreditó 20 años de servicio docente departamental, distrital,
municipal o nacionalizado, pues los tiempos certificados correspondían a
vinculación nacional o no permitían establecer de manera suficiente la naturaleza
del vínculo.
2.5 Caso concreto
34. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden
a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114
de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.
35. Previo a la verificación del cumplimiento de requisitos, y en vista de las
inconformidades planteadas con el recurso de apelación de la entidad,
resulta necesario indicar que, conforme lo señalado en sentencia de unificación
SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 proferida por esta Sección del
Consejo de Estado, la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2.º,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, es que los docentes pueden acceder a la misma antes y después del 29 de
diciembre de 1989, en la medida que cumplan con el requisito de demostrar una
vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, y claro
está, acrediten los demás requisitos de ley, esto último, incluso con posterioridad a
dicha data. En ese orden, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la
parte recurrente, relacionado con que debía la docente acreditar la totalidad de los
requisitos para la pensión gracia, antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
36. Edad y buena conducta. El actor nació el 1° de agosto de 1952, por lo que, el
1° de agosto de 2002, cumplió 50 años; y en cuanto al desempeño del ejercicio
docente, no se observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo
de la actividad educativa, por lo que se entienden cumplidos dichos requisitos.
37. Vinculación del demandante y tiempo de servicios
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00906 01 (3487-2024)
Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
38. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales del actor como
docente oficial:
-Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 29 de julio de
1976 hasta el 1° de octubre de 1979 (2 años, 11 meses y 2 días)
39. Revisado el expediente, se observa que a través del Decreto 01530 del 2 de
junio de 1976, el gobernador del departamento de Cundinamarca en uso de sus
atribuciones nombró al señor Cruz Bejarano como maestro de la Escuela Rural
Chávez Alto ubicada en Puerto Salgar; cargo del que tomó posesión el 29 de julio
del mismo año.
40. Por su parte, la Secretaría de Educación de Cundinamarca en certificado de
tiempo de servicio de 5 de abril de 2022, indicó que el señor Cruz Bejarano ocupó
el cargo de docente en propiedad, en el municipio de Puerto Salgar, en el periodo
comprendido desde el 29 de julio de 1976 hasta el 1° de octubre de 1979.
41. Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, estima la Sala que
existe certeza respecto al tiempo de servicio prestado por el actor, por un total de
2 años, 11 meses y 2 días -tiempo acreditado conforme le mentado certificado
laboral restando las licencias no remuneradas-, el cual resulta computable a fin
de obtener la pensión gracia, pues se trató de un vínculo como docente territorial;
ello en tanto, la designación se realizó por parte de la autoridad territorial sin
intervención de la Nación - Ministerio de Educación.
42. Cabe destacar que, aunque el nombramiento se efectuó el 29 de julio de
1976, esto es, con posterioridad a la expedición de la Ley 43 de 1975, que ocurrió
el 11 de diciembre de dicha anualidad y por medio de la cual se adelantó la
nacionalización de la educación, no se advierte, a partir del acto de nombramiento,
la intervención o delegación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional para
efectuar el nombramiento antes señalado, en los términos del procedimiento de la
referida norma, y tampoco se hizo referencia a que la plaza ocupada por el hoy
demandante hubiese sido parte de aquellas que fueron modificadas en el proceso
de nacionalización; observándose además que el acto fue suscrito por el
gobernador de Cundinamarca, y sin que se haga mención a la participación del FER.
43. En todo caso, siendo el vínculo nacionalizado o territorial, resulta computable
para efectos de pensión gracia. Así entonces, se itera que la naturaleza de la
designación en este caso es del orden territorial, lo cual encuentra respaldo en el
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00906 01 (3487-2024)
Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
artículo 1° de la Ley 91 de 1989, así como en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, en la que se concluyó:
“Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades de
ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar haya sido creada
de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere se cubran con cargo
a su propio presupuesto.»
44. En ese orden, se encuentra satisfecho el requisito de una vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
• Periodos laborados en horas de cátedra
45. Ahora bien, se encuentra acreditado en el plenario que el demandante prestó
sus servicios docentes bajo la modalidad de hora cátedra en el Instituto Técnico
Departamental Nacionalizado de Fusagasugá. En efecto, mediante el Decreto 833
de 15 de febrero de 1993, el gobernador de Cundinamarca lo vinculó como profesor
en dicha modalidad, con una intensidad de 16 horas semanales a partir del 15 de
febrero de 1993 y durante el respectivo año escolar. Luego, mediante el Decreto
959 de 8 de abril de 1994, fue nuevamente vinculado iguales condiciones, a partir
del 11 de abril de 1994 y durante el año escolar de 1994.
46. De igual manera, obran certificaciones expedidas por el rector, secretario y
pagador del Instituto Técnico Departamental Nacionalizado de Fusagasugá, en las
que se hizo constar que el actor laboró como profesor de cátedra externa entre el
15 de febrero y el 30 de noviembre de 1993, con una intensidad de 16 horas
semanales; y entre el 11 de abril y el 30 de noviembre de 1994, con una intensidad
de 24 horas semanales en el área de vocacionales y técnicas – electricidad, jornada
mañana. Tales certificaciones coinciden, además, con la constancia expedida el 5
de agosto de 1997 por dicha institución educativa, en la que se consolidaron los
periodos servidos por aquel bajo la modalidad de cátedra externa.
47. Aunado a lo anterior, reposan en el expediente los Formatos Únicos para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, procedente de la Secretaría de Educación Municipal de
Fusagasugá, en los que se certificó que el demandante laboró bajo la modalidad de
vinculación por horas cátedra entre el 15 de febrero y el 30 de noviembre de 1993,
y entre el 11 de abril y el 30 de noviembre de 1994.
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Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
48. Para efectos del cómputo del tiempo servido bajo esta modalidad, la Sala
tendrá en cuenta, de una parte, los extremos temporales certificados en los
Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, de otra, la intensidad horaria
acreditada en las certificaciones expedidas por el Instituto Técnico Departamental
Nacionalizado de Fusagasugá, por tratarse de los documentos que detallan las
horas efectivamente laboradas por el actor.
49. Sobre el particular, el parágrafo 1.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 prevé
que, para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión, solo se
computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro horas diarias o más;
y que, cuando las horas de trabajo no lleguen a ese límite, el cómputo se hará
sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas entre cuatro.
50. En ese orden, respecto del periodo comprendido entre el 15 de febrero y el
30 de noviembre de 1993, equivalente aproximadamente a 41 semanas, en las que
el actor tuvo una intensidad de 16 horas semanales conforme dan cuenta las
certificaciones, se obtiene un total aproximado de 656 horas laboradas, que
divididas entre 4 arrojan 164 días de servicio computable. A dicho tiempo debe
adicionarse el descanso remunerado proporcional, que equivale a 22 días, para un
total de 186 días de servicio computable10.
51. A su vez, respecto del periodo comprendido entre el 11 de abril y el 30 de
noviembre de 1994, se advierte que el actor laboró con una intensidad de 24 horas
semanales, de manera que superó las 20 horas semanales. Por tanto, dicho periodo
debe contabilizarse en su integridad, esto es, por 7 meses y 19 días, conforme fue
certificado en el Formato Único de Historia Laboral.11
52. En consecuencia, la Sala concluye que el actor acredita por concepto de
servicios prestados bajo la modalidad de hora cátedra un total de 1 año, 1 mes y
25 días.
53. Sobre el particular, la Sala recuerda que la jurisprudencia de esta corporación
ha precisado que el tiempo laborado bajo la modalidad de hora cátedra resulta
válido para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, pues lo relevante para
10 41 semanas x 16 horas semanales = 656 horas. 656 horas / 4 horas diarias = 164 días de servicio
computable. 164 días x 49 días de descanso remunerado / 360 días = 22 días. Total: 186 días.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 27 de junio de 2024, radicación 25000-
23-42-000-2014-02881-01 (2587-2019), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; y sentencia de 26 de marzo de 2026,
radicación 05001-23-33-000-2013-01318-01 (5330-2018), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo
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el acceso a dicha prestación es la efectiva prestación del servicio docente y la
naturaleza territorial o nacionalizada de la vinculación, sin que la normativa que
regula esta prestación exija que el ejercicio de la docencia hubiese sido
desempeñado exclusivamente en propiedad.
54. Por lo anterior, observa la Sala que durante dichos periodos el actor prestó
sus servicios docentes en una institución educativa departamental nacionalizada,
mediante nombramientos efectuados por el gobernador de Cundinamarca, quien
actuó como presidente de la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional –
FER – ante Cundinamarca, en ejercicio de las facultades conferidas, en especial,
por el parágrafo 2.º del artículo 8.º del Decreto 1706 de 1989, disposición que
autorizaba la vinculación de docentes por el sistema de hora cátedra en
establecimientos educativos nacionalizados.
55. En ese sentido, se advierte que dichos periodos corresponden a una
vinculación de carácter nacionalizado válida para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, pues, de conformidad con el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 y la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 de 21 de junio de 2018, los docentes
vinculados por entidades territoriales o mediante los fondos educativos regionales
a plazas del orden territorial o nacionalizado no adquieren, por esa sola
circunstancia, la condición de docentes nacionales.
56. En ese orden, la Sala tendrá en cuenta esta vinculación para efectos de la
prestación reclamada, equivalente a un total de 1 año, 1 mes y 25 días de servicio
docente.
• Desde el 10 de julio de 1995 hasta el 05 de mayo de 2019 (fecha de último
certificado para un total de 23 años, 9 meses y 25 días)
57. Pues bien, reposa en el plenario copia del Decreto 00781 de 17 de abril 1995,
por medio del cual la gobernadora de Cundinamarca actuando como presidenta de
la junta administradora del FER en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por las Leyes 29 de 1989, 60 de 1993, 115 de 1994 y de conformidad
con los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, nombró en propiedad al señor
Jaime Humberto Cruz Bejarano, como docente en el Instituto Técnico del Municipio
de Fusagasugá.
58. Por su parte, la Secretaría de Educación municipal de Fusagasugá, en
Formato Único para la Expedición de Historia Laboral del 18 de julio de 2019,
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certificó que el aquí demandante fue docente en propiedad en nivel primaria en el
periodo comprendido entre el 10 de julio de 1995 hasta el 05 de mayo de 2019.
59. Luego entonces, se observa que el decreto de nombramiento en mención se
expidió en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 10 de la Ley 29 de 1989
y los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989. Sobre el particular, como ya lo ha
precisado la Sala en asunto similares12, el nombramiento en uso de las facultades
otorgadas en el artículo 10 de la Ley 29 de 1989, no significa per se que la
vinculación sea nacional pues dicha disposición autorizó a los gobernadores,
intendentes y comisarios para asumir temporalmente las atribuciones previstas en
el artículo 9.º ibidem, esto es, las relativas al nombramiento, traslado, remoción,
control y administración del personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, cuando financiera o
administrativamente el municipio no pudiera asumir tal responsabilidad. Por su
parte, el Decreto 2277 de 1979 regula el régimen especial de ingreso y las demás
situaciones administrativas del ejercicio de la profesión docente, mientras que el
Decreto 1706 de 1989 reglamentó, entre otros aspectos, las disposiciones de la Ley
29 de 1989.
60. Así entonces, a partir del contenido del acto de nombramiento y las
autoridades que participaron en su expedición, se advierte que se trató de
una vinculación de carácter nacionalizada, dado que, si bien obedeció a la voluntad
de la autoridad territorial, lo cierto es que en dicho acto se
dejó constancia de que la gobernadora además de actuar en uso de sus facultades,
también lo hizo en calidad de presidente de la junta administradora del FER.
61. Sobre este aspecto, conviene recordar que el carácter nacionalizado de
estas designaciones está soportado en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989,
disposición que reconoce como tales a los «docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».
62. De otro lado, la sentencia de unificación de 21 de junio de
2018, reiteró que «no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su
vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el
12 Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, Subsección A - expediente 47001 23 33 000 2019
00604 01 (3916-2021), C.P. Luis Mesa Nieves.
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Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de
la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.»13
63. En ese orden de ideas, no le asiste razón a la entidad cuando en el recurso
de apelación señala que en este periodo el actor tuvo un vínculo nacional, pues se
encuentra acreditado que el tiempo de servicios objeto de estudio, en un total
de 23 años, 9 meses y 25 días es válido para acreditar el requisito exigido para
obtener la pensión gracia, pues, se trata de un vínculo como docente nacionalizado
de conformidad con lo anteriormente expuesto.
64. En ese orden, la Sala concluye que el señor Cruz Bejarano demostró un total
de 27 años, 10 meses y 22 días de servicio docente computable para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, discriminados así: i) 2 años, 11 meses y 2 días
por el periodo comprendido entre el 29 de julio de 1976 y el 1.º de octubre de 1979;
ii) 1 año, 1 mes y 25 días por los servicios prestados bajo la modalidad de hora
cátedra; y iii) 23 años, 9 meses y 25 días por el periodo comprendido entre el 10 de
julio de 1995 y el 5 de mayo de 2019.
65. Ahora bien, la Sala modificará la fecha de consolidación del estatus pensional
fijada por el Tribunal, toda vez que, al realizar nuevamente el cómputo de los
tiempos servidos por el demandante —particularmente aquellos laborados bajo la
modalidad de hora cátedra— se advierte que el requisito de los 20 años de servicio
no se acreditó en la fecha determinada por el a quo (28 de julio de 2011). Además,
como ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, no existe limitación derivada del principio de la no reformatio in
pejus.
66. En ese orden, se tiene que para el momento en que el actor cumplió los 50
años de edad —1.º de agosto de 2002—, aún no había completado los 20 años de
servicio exigidos para acceder a la pensión gracia, pues esto solo ocurrió hasta el
13 de junio de 2011. En consecuencia, será esta última fecha la que se tendrá en
cuenta para efectos de establecer el momento en que el demandante adquirió su
estatus pensional.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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67. En atención a lo anterior, como la fecha de consolidación del estatus
pensional se modificará al haber ocurrido realmente el 13 de junio de 2011, también
deberá ajustarse el periodo a tener en cuenta para la liquidación de la prestación,
para el efecto, deberá tenerse en cuenta lo devengado por el actor durante el año
anterior a la adquisición del estatus pensional, esto es, entre el 13 de junio de 2010
y el 12 de junio de 2011.
De la excepción de prescripción parcial de mesadas
68. La parte actora presentó recurso de apelación con miras a que se modifique
la decisión relacionada con la prescripción de las mesadas, pues considera que los
efectos fiscales del reconocimiento pensional deben fijarse desde el 18 de febrero
de 2017, en atención a la reclamación administrativa presentada en el año 2020,
más no desde la fecha de presentación de la demanda como lo hizo el tribunal.
69. Pues bien, la pensión al ser una prestación periódica es de carácter
imprescriptible, sin embargo, frente a las mesadas pensionales opera el fenómeno
de la prescripción trienal. Al respecto, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el
artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, trataron la interrupción de la prescripción de
la siguiente manera:
«1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en
este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada,
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo
por un lapso igual.»
70. Sobre el particular, se destaca:
• La interrupción de la prescripción de las mesadas pensionales es por solo una
vez y por un lapso igual -3 años-.
• La reclamación sobre el derecho o prestación debe incoarse dentro de los tres
años siguientes a que el derecho se hizo exigible, so pena de verse afectado por
el fenómeno prescriptivo.
• Dicho reclamo del derecho tiene la virtualidad de interrumpir por una sola vez en
un lapso igual contado desde la presentación de la reclamación administrativa.
71. En el presente asunto, se encuentra acreditado que el actor consolidó su
estatus pensional el 13 de junio de 2011, fecha en la que completó los 20 años de
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servicio docente computable para acceder a la pensión gracia, pues el requisito de
edad ya se encontraba satisfecho desde el 1.º de agosto de 2002.
72. Así mismo, se observa que el demandante presentó una primera solicitud de
reconocimiento pensional el 14 de febrero de 2013, la cual fue resuelta
desfavorablemente mediante Resolución RDP 020905 de 7 de mayo de 2013, sin
que contra dicho acto se hubiesen interpuesto recursos. Posteriormente, elevó
nueva reclamación el 18 de febrero de 2020, que dio lugar a la expedición de las
Resoluciones RDP 014217 de 23 de junio de 2020 y RDP 022034 de 28 de
septiembre de 2020, actos administrativos demandados en el presente asunto.
73. Ahora bien, en la sentencia apelada, el Tribunal declaró probada
parcialmente la excepción de prescripción y fijó los efectos fiscales desde el 26 de
octubre de 2017, al tomar como referente la fecha de presentación de la demanda.
Sin embargo, la parte actora cuestionó dicha decisión, al considerar que debía
atenderse a la reclamación administrativa presentada el 18 de febrero de 2020.
74. Sobre este aspecto, le asiste razón al apelante, toda vez que esta
Subsección14 ha precisado que, cuando se presentan varias reclamaciones
administrativas relacionadas con el reconocimiento de una prestación periódica, la
prescripción trienal de las mesadas debe contabilizarse a partir de la última petición
que antecede a los actos administrativos demandados. En esa medida, no era
procedente tomar como referente la fecha de presentación de la demanda, sino la
reclamación administrativa que dio lugar a la decisión objeto de control judicial.
75. Así entonces, si bien la demanda fue presentada el 26 de octubre de 2020,
dicha fecha no debía tomarse como referente para contabilizar la prescripción, pues
la última reclamación administrativa fue radicada el 18 de febrero de 2020, es decir,
que entre una y otra actuación, no transcurrieron más de tres años.
76. En consecuencia, las mesadas causadas con anterioridad al 18 de febrero
de 2017 se encuentran prescritas, razón por la cual prospera el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en este aspecto y se modificará la sentencia
14 Ver sentencia de 7 de noviembre de 2024, radicación 05001-23-33-000-2015-02212-01 (5138-2023), C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez; sentencia de 7 de abril de 2025, radicación 76001-23-33-000-2020-01297-01
(6468-2024), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; sentencia de 21 de agosto de 2025, radicación 27001-23-33-
000-2017-00144-01 (6616-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; y sentencia de 6 de noviembre de 2025,
radicación 52001-23-33-000-2019-00575-01 (7305-2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00906 01 (3487-2024)
Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
de primera instancia para fijar la efectividad fiscal del reconocimiento pensional
desde dicha fecha.
2.8. Condena en costas
77. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
78. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
79. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
80. Finalmente, no habrá condena en costas en esta instancia, toda vez que en
el presente asunto ambas partes interpusieron recurso de apelación, y si bien
prospera el de la parte actora, la Sala modifica de oficio la sentencia en torno a la
fecha de consolidación del estatus pensional. En ese sentido, no es posible predicar
la existencia de una parte vencida en esta instancia que justifique la imposición de
costas.
81. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Jaime Humberto Cruz Bejarano
III. FALLA
PRIMERO. MODIFICAR los numerales segundo y cuarto de la sentencia proferida
el 19 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, el cual quedará así:
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP a reconocer, liquidar y pagar al señor Jaime Humberto
Cruz Bejarano, identificado con cédula de ciudadanía 437.997, una pensión
gracia de jubilación a partir del 13 de junio de 2011, con efectividad fiscal desde
el 18 de febrero de 2017, por prescripción trienal, liquidada con el 75% del salario
promedio devengado en el año anterior a la adquisición del estatus pensional,
esto es, entre el 13 de junio de 2010 y el 12 de junio de 2011. Dicha suma será
reajustada conforme a la ley.
(...)
CUARTO. DECLARAR probada la excepción de “prescripción” propuesta por la
entidad demandada, respecto a las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 18 febrero de 2017.”
SEGUNDO. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme la motivación.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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