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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01297-01

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01297-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR EL ORDINAL CUARTO de la sentencia proferida el veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió a las pretensiones, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] Cuarto: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones y Parafiscales -UGPP-, reconocer y pagar, con los debidos reajustes anuales, la pensión gracia a favor de la señora Elba Milena Padilla Cardona identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.142.301, equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 6 de agosto de 2010 y el 5 de agosto 26 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicado: 76001-23-33-000-2020-01297-01 (6468-2024) de 2011, efectiva a partir del 6 de agosto de 2011, pero con efectos fiscales desde el 25 de septiembre de 2016 por prescripción trienal de mesadas. […]» SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo recurrido. TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01297-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01297-01 (6468-2024)
Demandante: Elba Milena Padilla Cardona
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial. Aplicación de sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
Análisis de prescripción con varias peticiones. MODIFICA
SENTENCIA Y CONFIRMA EN LO DEMÁS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Elba Milena Padilla Cardona instauró demanda1 en contra de la UGPP
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 005631 del 27 de febrero de
2020, (ii) RDP 010026 del 22 de abril de 2020, y (iii) RDP 10875 del 4 de mayo de
2020; por medio de las cuales se negó el reconocimiento de la pensión gracia y se
resolvieron desfavorablemente los recursos de reposición y apelación.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y
pagar la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial

1 Ver demanda en el índice 5 de SAMAI – Tribunales.

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mensual devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con
efectividad desde el 6 de agosto de 2011, y con el debido ajuste de valor sobre las
sumas adeudadas por este concepto.

Que se tengan en cuenta todas las peticiones formuladas ante la entidad
demandada para el cálculo de la prescripción de mesadas, especialmente la
radicada el 16 de mayo de 2012.

Que la autoridad accionada dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192
del CPACA y asuma el pago de las costas a que haya lugar.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 9 de julio de 1955 e inicialmente se desempeñó al servicio del municipio
de Santa Clara de Tuluá como docente oficial con vinculación desde el 18 de
septiembre de 1974 hasta el 30 de marzo de 1978. Que también fue nombrada por
el departamento del Valle del Cauca entre el 17 de marzo de 1978 y el 23 de agosto
de 1994, y, por último, volvió a ser designada por la primera entidad en comento
para desempeñarse como maestra del 11 de julio de 2011 al 2 de enero de 2012.

Que el 16 de mayo de 2012 reclamó por primera vez el reconocimiento y pago de
la pensión gracia, la cual le fue negada mediante la Resolución RDP 008130 del 23
de agosto de 2012, confirmada con la Resolución RDP 019175 del 12 de diciembre
de 2012 que resolvió el recurso de reposición, indicando que el período de 2011 en
adelante había sido del orden nacional.

Que con otra documentación adicional formuló 5 peticiones pensionales,
específicamente el 4 de febrero de 2014 (segunda), 8 de mayo de 2015 (tercera),
31 de octubre de 2016 (cuarta), y el 5 de mayo de 2017 (quinta), pero en cada una
de estas oportunidades también se negó el derecho reclamado con base en criterios
como la falta de documentos originales y de los actos administrativos de
nombramiento, esto respectivamente a través de las Resoluciones RDP 004475 del
10 de febrero de 2014, RDP 051493 del 3 de diciembre de 2015, RDP 049011 del
27 de diciembre de 2016, RDP 032891 del 22 de agosto de 2017; las cuales también
fueron confirmadas luego de la interposición de los correspondientes recursos.

Que, finalmente, el 25 de septiembre de 2019 solicitó por última vez el
reconocimiento y pago de la referida pensión, siendo negada conforme a la
Resolución RDP 005631 del 27 de febrero de 2020, frente a la cual interpuso los
recursos de reposición y apelación que fueron resueltos negativamente con las
Resoluciones RDP 010026 del 22 de abril de 2020 y RDP 10875 del 4 de mayo de

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2020, bajo el entendido de que no había cumplido con el requerimiento de aportar
la información laboral en formato CETIL.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que con los actos administrativos demandados se transgredieron los artículos: 2, 4,
5, 6, 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; así como las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989.

Que la violación a la ley es evidente cuando la entidad accionada interpretó de
manera restrictiva y aislada el contenido de los artículos 1.° y 15 de la Ley 91 de
1989, ello sin tener en cuenta la naturaleza del ente nominador que produjo sus
distintos nombramientos, por lo que, es por falta de aplicación de este mandato legal
y de los requisitos establecidos en Ley 114 de 1913, así como por la transgresión
de los principios de igualdad, buena fe, prevalencia de lo sustancial sobre la
formalidad y por desconocimiento de los parámetros establecidos en la sentencia
de unificación del 21 de Junio de 2018 del Consejo de Estado, que puede afirmarse
que la UGPP quebrantó el ordenamiento legal, al punto de que las decisiones
cuestionadas en este proceso estén falsamente motivadas.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 18 de agosto de 2021 fue admitida la demanda,2 se notificó a la UGPP, quien
manifestó3 que, la actora no aportó en debida forma los documentos requeridos por
la entidad para realizar el estudio efectivo de su petición, toda vez que no se
allegaron los certificados de información laboral y factores salariales en formato
CETIL de los periodos laborados antes del año 2011, siendo esta una carga
exclusiva de la reclamante en el sentido de que es esta la que debe acreditar el
cumplimiento de los requisitos legales con base en la documentación idónea para
tal fin.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados, y (iii) prescripción.

El 18 de mayo de 20234 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se fijó el litigio,
se indicó que no había ánimo conciliatorio y se decretaron las pruebas solicitadas,
la cuales se recaudaron y practicaron en la audiencia celebrada el 20 de junio de
2023,5 donde finalmente se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y
al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.

2 Ver índice 4 de SAMAI - Tribunales.
3 Ver índice 11 de SAMAI - Tribunales.
4 Ver índice 23 de SAMAI - Tribunales.
5 Ver índice 28 de SAMAI - Tribunales.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 22 de mayo
de 2024 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de los actos
demandados y ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia a favor de la
reclamante a partir del 6 de agosto de 2011, liquidada sobre el 75% del promedio
de todos los factores salariales percibidos durante el año anterior a esta fecha, pero
con efectos fiscales desde el 9 de octubre de 2017 por prescripción trienal.

Que, una vez acreditados los requisitos de la edad y el buen comportamiento en el
ejercicio del cargo por parte de la accionante, se advirtió que, según las pruebas
practicadas, fue posible establecer que esta laboró como docente al servicio del
municipio de Santa Clara de Tuluá del 18 de septiembre de 1974 al 30 de marzo de
1978 mediante una vinculación territorial que duró 3 años, 6 meses y 2 días; y luego,
ejerció dicha función para el departamento del Valle del Cauca entre el 17 de marzo
de 1978 y el 23 de agosto de 1994 a través de una relación legal de naturaleza
nacionalizada en el Instituto Técnico Comercial Antonio Nariño Tuluá, para un total
de 13 años, 6 meses y 12 días.

Que también se logró comprobar que la demandante se desempeñó como
educadora oficial, nuevamente del municipio de Tuluá, desde el 11 de julio de 2011
hasta el 2 de enero de 2012, ello con un vínculo municipal de 5 meses y 22 días; lo
que permite concluir con base en lo anterior que, aquella fue maestra adscrita a una
entidad territorial antes del 31 de diciembre de 1980, y que desde el 18 de
septiembre de 1974 al 2 de enero de 2012 acredita un total de 20 años, 5 meses y
19 días, cumpliendo con el estatus jurídico el 6 de agosto de 2011, lo que le permite
acceder a la prestación en litigio.

Que en este caso operó la prescripción de mesadas, ya que la actora consolidó el
derecho en el mes de agosto de 2011 y realizó la primera solicitud pensional el 16
de mayo de 2012, pero la demanda fue radicada el 9 de octubre de 2020, es decir,
después del vencimiento de los 3 años siguientes a la única interrupción por la
presentación de la petición, por lo que en el presente caso se consolida esta
excepción con anterioridad al 9 de octubre de 2017.

RECURSOS DE APELACIÓN

La parte demandante7 interpuso recurso de alzada parcial, específicamente en
cuanto a la forma de establecer la prescripción, asegurando que nunca dejó de
reclamar la pensión gracia ante la UGPP, tanto así que radicó 6 peticiones en
distintas oportunidades, por lo que se debe proceder de manera diferente al
momento de la contabilización, dado que de acuerdo con la ley, no corresponde

6 Ver índice 36 de SAMAI - Tribunales.
7 Ver índice 41 de SAMAI - Tribunales.

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hacerlo con base en la fecha de presentación de la demanda, tal como lo efectuó
erradamente el juez de primera instancia.

La parte demandada8 interpuso recurso de apelación afirmando que, una vez
revisado el expediente pensional de la actora, se evidencia una certificación
electrónica de tiempos laborados en formato CETIL No.
202002891900272900700002, expedida el 14 de enero de 2020, donde se precisó
que el tiempo de servicio desarrollado por esta en la Secretaría de Educación de
Tuluá desde el 11 de julio de 2011 hasta el 2 de enero de 2012, fue mediante una
vinculación del orden nacional.

Que no se puede acceder al reconocimiento de una pensión gracia, porque de
hacerlo la entidad incurriría en una trasgresión al principio de sostenibilidad
presupuestal, consagrado en el artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual
es prioritario en razón a que su inobservancia pone en peligro el sistema mismo,
vale decir, la posibilidad de asegurar los derechos de los afiliados y la estabilidad
financiera de la Nación.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 11 de diciembre de 20249 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
maestra oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980. En caso afirmativo se verificará si estuvo bien declarada la excepción de
prescripción de las mesadas pensionales, en atención a las múltiples reclamaciones
que formuló la actora para obtener el derecho en litigio.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya
que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,

8 Ver índice 40 de SAMAI - Tribunales.
9 Folio 168.

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entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo
1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»10. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló
en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el
1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.» (Subrayado intencional).

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

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como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201812
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

12Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.

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vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

13 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la demandante nació el 9 de julio de 1955,14 de modo que
cumplió los 50 años el 9 de julio de 2005.

Para el segundo requisito relativo a la acumulación de 20 años de servicio de la
accionante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados

14 Según copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrante en el archivo de la demanda

y sus anexos en el índice 5 de SAMAI – Tribunales.

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en la presente causa judicial:

• (i) Del 18 de septiembre de 1974 al 30 de marzo de 1978, (ii) del 10 de
marzo de 1978 al 23 de agosto de 1994, y (iii) del 11 de julio de 2011 al 2
de enero de 2012

Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
emitido el 27 de abril de 2015 por la Secretaría de Educación Municipal de Tuluá,15
así como de los certificados de tiempo de servicio del 25 de enero de 2012 y del 5
de junio de 2023 emanados de la misma autoridad,16 se observa que la actora laboró
como docente oficial del municipio de Tuluá y del departamento del Valle del Cauca
en unas plazas que se indica, fueron del orden territorial en los períodos (i) y (iii), y
nacionalizado en el lapso (ii).

Adicionalmente se encuentran los siguientes documentos: (i) el Decreto 086 del 13
de septiembre de 1974 por el cual el alcalde del municipio de Tuluá nombró
directamente a la actora en el cargo de docente para el primer tiempo analizado, (ii)
el Decreto 303 del 9 de marzo de 1978 con el que el gobernador del departamento
del Valle del Cauca hizo lo propio para el segundo interregno, y (iii) el Decreto 280-
018-0547 del 29 de junio de 2011 a través del cual la referida entidad territorial
municipal volvió a designar en provisionalidad a la accionante como educadora para
el último período bajo estudio.17

Los anteriores actos fueron acompañados de sus respectivas actas de posesión,18
en las que se aprecia que el cargo a ocupar en cada caso estaba provisto en la
planta de personal interna de cada entidad, pagada con recursos propios.

Tal hecho implica que en el presente proceso se obtuvo el material probatorio
suficiente y eficaz para demostrar la clase de vínculo de la demandante, de manera
que no tiene respaldo alguno en esta oportunidad el argumento de apelación de la
UGPP cuando discute la falta de idoneidad de las pruebas aportadas con la
demanda sobre estos lapsos por no haber sido allegados en formato CETIL, pues
finalmente se recaudaron los elementos necesarios para establecer el hecho que
se pretende demostrar, tal como se planteó en la regla jurisprudencial de la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018.19

15 Ver índice 5 de SAMAI – Tribunales.
16 Ver índices 5 y 26 de SAMAI – Tribunales.
17 Ver índice 5 de SAMAI – Tribunales.
18 Ibid.
19 «[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste

el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas
que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual
se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. […]»

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Al respecto, la Sala encuentra a partir de los referidos actos administrativos de
nombramiento que, las decisiones fueron adoptadas sin la intervención directa del
Ministerio de Educación, ni aval de este para que, en virtud de la desconcentración,
las mencionadas autoridades municipal y departamental en representación de la
Nación efectuaran las vinculaciones en comento, así como tampoco se verifica que
se haya presentado autorización de financiamiento por parte del delegado de dicha
cartera gubernamental ante el respectivo Fondo Educativo Regional.

De hecho, en lo que respecta al primer interregno bajo examen, se advierte que este
inició antes de la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975 (11 de diciembre de
1975), por lo que la plaza ocupada solo podía ser nacional o territorial, tal como lo
planteó la Corte Constitucional en sentencia C-084 de 1999, por medio de la cual
se estudió la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989, en la que precisó que:

«[…] antes de la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es
decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes
oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa
al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados
laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces
en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada "pensión gracia", de que
trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes
116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos
en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la
diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta,
establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de
devengar dos asignaciones del Tesoro Público […]» (Negrilla de la Sala)

Igualmente, esta Corporación en diferentes oportunidades20 ha retirado lo concluido
por la Corte Constitucional, al señalar que los períodos laborados de manera previa
a la Ley 43 de 1975, solo pueden categorizarse en 2 tipos de plazas, territorial o
nacional.

Bajo ese contexto, se confirma que tanto el primero como los demás lapsos de labor
oficial fueron desarrollados mediante vinculaciones territoriales, ya que en ningún
momento se extrae que los cargos ejercidos por la reclamante hayan sido de
aquellos propios de la planta de personal de la Nación, o que hubiese ingresado al
magisterio por intermedio de dichos entes locales en calidad de representantes de
la mencionada cartera en virtud de una autorización legal, por lo que se concluye
que la relación legal y reglamentaria no fue del orden nacional.

De hecho, también se estima que este tiempo no fue como educadora
nacionalizada, a pesar de que así lo indique la certificación laboral para el segundo

20 Ver sentencia del 30 de enero de 2025 dictada por la Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con

radicado: 05001-23-33-000-2018-00560-01 (4632-2024), CP. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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lapso de 1978 a 1994, toda vez que en la parte motiva de dichos decretos no se
señala que esta plaza se hubiese creado y ocupado en cumplimiento del artículo 10
de la Ley 43 de 1975, ni bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma, en virtud
del cual los recursos para atender el proceso de nacionalización serían
administrados por los FER con sujeción a los planes que en su momento debía
establecer el Ministerio de Educación a través de su delegado, intervención que
tampoco se encuentra en tales actos para poder inferir lo propio.

Estos planteamientos se ajustan a la interpretación que se desarrolló en la sentencia
de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial
la plaza creada de forma exclusiva por el distrito, departamento o municipio
respectivo, y cuyos gastos se cubran con cargo a su propio presupuesto, tal como
se corroboró para este tiempo de servicio, y como bien lo indica el artículo 1.º de la
Ley 91 de 1989 que señala lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»

En tal sentido carece de todo fundamento el argumento de apelación de la UGPP
relacionado con la observancia del principio de la sostenibilidad financiera del
sistema, pues no solo se demostró que la actora cumplió las condiciones legales
requeridas para ser considerara una docente con vocación de titularidad del derecho
a la pensión gracia, lo cual no puede ser desconocido por un criterio eminentemente
económico en detrimento de una garantía sustancial, y, en todo caso, esta
prestación en litigio no hace parte de los emolumentos del sistema pensional
ordinario, sino que se trata de un beneficio gratuito y meritorio que no afecta el flujo
de recursos derivado de las cotizaciones por el riesgo de vejez, pues este no es su
fundamento ni su causa para el pago.

En consecuencia, los períodos de labor oficial de la demandante como educadora
estatal de naturaleza territorial, sí deben ser tenidos en cuenta para cumplir la
exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder al derecho pretendido,
pero bajo la aclaración de que el primer interregno se tomará desde el 18 de
septiembre de 1974 hasta el 9 de marzo de 1978, mas no hasta el 30 del mismo
mes y año, pues se advierte que en virtud de la vinculación con el departamento del
Valle del Cauca desde el 10 de marzo de 1978, subsistiría una simultaneidad de
períodos entre esta última fecha y el 30 de marzo de 1978 (20 días), la cual no
puede servir como doble tiempo de servicio, sino como uno solo sin solución de
continuidad para estos efectos.

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Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la actora durante los siguientes lapsos: del 18 de septiembre de 1974
al 9 de marzo de 1978 (3 años, 5 meses y 19 días), del 10 de marzo de 1978 al
23 de agosto de 1994 (16 años, 5 meses y 13 días), y del 11 de julio de 2011 al
2 de enero de 2012 (5 meses y 22 días), observa la Sala que, sumando todos
períodos analizados previamente, la actora sí satisfizo el requisito en comento, pues
en total acumuló 20 años, 4 meses y 24 días.

Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna relación
legal y reglamentaria en una plaza de igual naturaleza jurídica a las mencionadas
antes, previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva del hecho de que la
reclamante se desempeñó como tal al servicio del municipio de Tuluá en virtud de
un nombramiento del orden territorial, comprendido entre el 18 de septiembre de
1974 y el 9 de marzo de 1978, es decir, en un interregno previo a la primera fecha
en comento, por lo que está colmado el presupuesto analizado.

Frente al cumplimiento el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de
la buena conducta de la demandante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa ni en primera instancia, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

Con base en lo expuesto, se estima que resultó acertado el estudio del tribunal de
primera instancia en el fallo apelado para acceder al reconocimiento del derecho
solicitado por la actora, de manera que habrá de confirmarse dicha providencia en
este punto.

Análisis de la prescripción

El Consejo de Estado21 ha señalado que la estructuración de la mentada figura
requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan ejercido
las acciones correspondientes para reclamar los derechos que considera
vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya hecho
exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.

Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 6
de agosto de 2011 cuando la actora acreditó los 20 años de servicio, esto es,
posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (9 de julio de 2005), pues ese
primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar la

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.

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prestación bajo estudio.

Ahora bien, tal como se verifica de las pruebas aportadas al proceso22, la señora
Arboleda Villarreal, antes de la última reclamación administrativa, había presentado
5 peticiones de reconocimiento pensional ante la UGPP, específicamente las que
fueron radicadas: el 16 de mayo de 2012 (primera), el 4 de febrero de 2014
(segunda), el 8 de mayo de 2015 (tercera), el 31 de octubre de 2016 (cuarta), y el 5
de mayo de 2017 (quinta); las cuales fueron resueltas en forma negativa por la
administración, pero, en todo caso, logrando interrumpir la prescripción por una sola
vez en cada caso respectivamente hasta: el 16 de mayo de 2015, el 4 de febrero de
2017, el 8 de mayo de 2018, el 31 de octubre de 2019, y el 5 de mayo de 2020.

Sin embargo, la actora en su momento no acudió a la jurisdicción para reclamar el
derecho pensional, sino que presentó por sexta vez el 25 de septiembre de 2019
una petición tendiente al reconocimiento de la pensión,23 lo que, por tratarse de
prestaciones periódicas, generó una nueva interrupción por las nuevas mesadas
causadas hasta el 25 de septiembre de 2022.

En este caso se observa que la accionante radicó la demanda el 19 de octubre de
2020,24 esto es, por fuera del término de los 3 primeros años contados a partir de la
fecha del estatus, pero dentro del lapso de interrupción de la sexta y última petición
(del 25 de septiembre de 2019 al 25 de septiembre de 2022), razón por la cual se
debe declarar probada la prescripción respecto de las mesadas causadas a su
favor, pero respecto de las anteriores al 25 de septiembre de 2016 y no del 9 de
octubre de 2017 como lo había determinado el tribunal de origen al tener en cuenta
la fecha de la demanda y no de la reclamación administrativa.

De hecho, sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, encuentra
sustento en lo dispuesto por esta Corporación25, en el entendido que una vez se
haga exigible el derecho y ante la presentación de la reclamación administrativa, la
parte interesada debe presentar en el término de los 3 años la demanda judicial, de
lo contrario, se somete a la activación del término prescriptivo y la pérdida del
derecho de las prestaciones periódicas causadas.

Es decir, que al considerarse la pensión gracia como una prestación que se causa
periódicamente, el análisis de la prescripción deberá realizarse de acuerdo con el
término de interrupción que se genere con la última petición al momento de reclamar
el derecho, máxime cuando estas sean presentadas en tiempos distantes a la
configuración del estatus y sobre las cuáles haya operado esta figura como ocurre

22 Ver índice 5 de SAMAI – Tribunales.
23 Tal como se advierte del sello de radicación de la petición visible en el índice 5 de SAMAI – Tribunales.
24 Según constancia de radicación en el sistema SAMAI – Tribunales, índice 1.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-
000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-2016).

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en el presente asunto, pero iniciando el término de interrupción desde la radicación
de la reclamación.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se modificará el ordinal cuarto de la
sentencia apelada, a fin de ordenar el reconocimiento y pago de la pensión gracia
reclamada por la actora, ello en cuantía del 75% del promedio de los factores
salariales devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 6 de agosto de 2010 y el 5 de agosto de 2011, efectiva a partir
del 6 de agosto de 2011, pero con efectos fiscales a partir del 25 de septiembre de
2016 por prescripción trienal de mesadas.

En todo lo demás se confirmará el fallo recurrido.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202126 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte demandada en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR EL ORDINAL CUARTO de la sentencia proferida el
veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por medio de la cual accedió a las pretensiones, el cual quedará
de la siguiente forma:

«[…] Cuarto: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones y
Parafiscales -UGPP-, reconocer y pagar, con los debidos reajustes anuales, la
pensión gracia a favor de la señora Elba Milena Padilla Cardona identificada con la
cedula de ciudadanía No. 29.142.301, equivalente al 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación
de su estatus pensional, comprendido entre el 6 de agosto de 2010 y el 5 de agosto

26 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01297-01 (6468-2024)

de 2011, efectiva a partir del 6 de agosto de 2011, pero con efectos fiscales desde
el 25 de septiembre de 2016 por prescripción trienal de mesadas. […]»

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo recurrido.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
apelante.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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