Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00575-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00575-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2019-00575-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00575 01 (7305-2023)
Demandante: Hilario Rene Huertas Chamorro
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP
Temas: Pensión gracia. Tiempo de servicio docente. Vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980. Reconstrucción de
documentos públicos. Contabilización de término de
prescripción ante presentación de varias peticiones. Ley 1437
de 2011.
Decisión: Revocar la sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación interpuestos
por las partes, contra la sentencia de 19 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño – Sala Segunda de Decisión, que accedió a las súplicas
de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
El señor Hilario René Huertas Chamorro, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 004916 de 18 de febrero de
2019 y RDP 010305 de 29 de marzo de 2019, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP -, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia a partir del 11 de noviembre de 2010 en cuantía del 75% de los
factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus; los
aumentos pensionales consagrados en la Ley 71 de 1988; la indexación de las
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado - SAMAI.
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00575 01 (7305-2023)
Demandante: Hilario René Huertas Chamorro
sumas adeudadas conforme al IPC; el cumplimiento de la sentencia en los términos
de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA; y se condene en costas.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
Se explicó que el señor Hilario René Huertas Chamorro nació el 11 de noviembre
de 1960, razón por la cual el 11 de noviembre de 2010 cumplió 50 años. Prestó
servicio como docente territorial con subtipo municipal en el departamento de Nariño
de la siguiente manera:
• Desde el 1° de enero de 1979 hasta el 30 de junio de 1979, laboró como
docente en la escuela rural de los cedros, de acuerdo con el Decreto 004 del
29 de diciembre de 1978, suscrito por el alcalde del municipio de Gualmatán.
• Luego desde el 13 de abril de 1981 hasta por lo menos la fecha de
presentación de la demanda por orden del Decreto 024 de 13 de abril de
1981 proferido por el alcalde del municipio de Ipiales.
Relató que el 01 de noviembre de 2018 radicó solicitud de reconocimiento y pago
de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP -, la cual fue resuelta
de manera negativa con las resoluciones hoy demandadas.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 4°, 13, 25, 29, 48, 53 y 83 de la Constitución Política, las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 4° de 1966, 91 de 1989; y los Decretos 224 de 1972 y 196 de
1995, toda vez que los actos administrativos acusados se encuentran viciados de
nulidad por infracción de las normas en que debería fundarse, pues se acreditaron
los requisitos para obtener el reconocimiento de la pensión gracia.
1.4. Contestación de la demanda
Luego de presentada la demanda el 13 de noviembre de 2019 y admitida el 14 de
enero de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, a través de
apoderado, presentó escrito con el que se opuso a las pretensiones de la demanda
señalando que los vínculos que sostuvo el señor Huertas Chamorro tienen
naturaleza nacional.
Lo anterior, en razón a que en el nombramiento efectuado mediante el Decreto 004
de 29 de diciembre de 1978 intervino el delegado del Ministerio de Educación
Nacional; y la labor ejercida con posterioridad al 13 de abril de 1981 fue cancelada
con recursos provenientes del Ministerio de Educación Nacional por cofinanciación.
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Demandante: Hilario René Huertas Chamorro
Formuló como excepciones las siguientes: i) inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales; ii) cobro de lo no debido y iii) prescripción.
1.5. Sentencia de primera instancia2
En sentencia de 19 de mayo de 2023 el Tribunal Administrativo de Nariño -Sala
Segunda de Decisión accedió a las pretensiones de la demanda.
Como sustento de lo anterior, el a quo analizó el material probatorio recaudado,
llegando a la conclusión que el docente acreditó la vinculación con nombramiento
territorial – municipal antes del 31 de diciembre de 1980, puesto que a través del
Decreto 004 de 29 de diciembre de 1978 fue nombrado docente municipal en la
escuela rural los cedros del municipio de Gualmatán, cargo del cual tomó posesión
desde el 01 de enero de 1979 hasta el 30 de junio de 1979.
Al respecto, destacó que mediante la Resolución 114 de 03 de noviembre de 2010
expedida por la alcaldía municipal de Gualmatán se reconstruyó el decreto de
nombramiento Decreto 004 de 29 de diciembre de 1978 y el acta de posesión de
fecha 1° de enero de 1979; y que si bien en dicha resolución no se aludió a la Ley
50 de 1886, esa sola circunstancia no basta para descartar el mérito probatorio de
tal documento, y en todo caso en la misma se dejó constancia de que se
desconocían los motivos por las cuales no existía el original del decreto de
nombramiento del demandante como docente de dicho ente territorial o copia del
mismo, y se procedió a efectuar la reconstrucción de la prueba documental
extraviada a través de pruebas supletorias, como la copia del acta de posesión que
data del 1º de enero de 1979, la constancia del jefe de archivo sobre la no existencia
del acto administrativo; dos testimonios y el interrogatorio del propio interesado.
Indicó que también es válida la vinculación que ostentó con el municipio de Ipiales
desde el 27 de agosto de 1981 hasta el 02 de noviembre de 2005, y con el municipio
de Pasto desde el 09 de marzo de 2015 al 11 de octubre de 2018 para efectos de
la pensión gracia en razón a que se acreditó que son del orden territorial.
No obstante, con relación al tiempo de servicio comprendido entre el 03 de
noviembre de 2005 y el 08 de marzo de 2015, advirtió que no puede ser incluido
para efectos de la pensión gracia como quiera que dicha vinculación es de
naturaleza nacional en razón a la plaza ocupada.
De manera que, el estatus pensional lo alcanzó el 11 de noviembre de 2010, fecha
en la que cumplió 50 años de edad, y la fecha en que se presentó la primera
reclamación ante la administración fue el 05 de agosto de 2011, interrumpiendo la
prescripción, pero únicamente por un lapso igual, es decir, hasta el 05 de agosto de
2014, empero, dado que radicó la demanda el 13 de noviembre de 2019, es esta
última fecha la que se toma para el conteo de la prescripción y no la fecha de
2 17 sentencia de primera instanncia.pdf
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presentación de la última solicitud de reajuste, pues, cuando existen varias
peticiones presentadas por fuera del término de prescripción, este fenómeno solo
se interrumpe con la presentación de la demanda, motivo por el que declaró la
prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 13 de noviembre de 2016.
Por último, condenó en costas a la parte demandada de manera parcial, ya que, las
pretensiones se concedieron parcialmente, en ese sentido, se impuso la condena
del 80% de la liquidación que se practique.
1.6. Recurso de apelación parte demandante3
A través de apoderado cuestionó la prescripción declarada por el tribunal, al
respecto señaló que el actor adquirió el estatus pensional el 11 de noviembre de
2010, no obstante, presentó reclamación administrativa hasta el 01 de noviembre
de 2018, por tanto, se encuentran prescritas las mesadas pensionales anteriores al
01 de noviembre de 2015, es decir, tres años anteriores a la fecha de la solicitud de
reconocimiento ante la UGPP, y no el 13 de noviembre de 2016.
1.7. Recurso de apelación parte demandada4
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, a través de apoderado, allegó
escrito en el que manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia,
para tal efecto señaló:
i) La reconstrucción del acto administrativo contenida en el Decreto 114 de 03
de noviembre de 2010, suscrita por el alcalde municipal de Gualmatán no
cumplió con los presupuestos legales para su expedición, por cuanto, a la luz
de los artículos 7 y 8 de la Ley 50 de 1886, no es admisible prueba testimonial
para comprobar hechos que deben constar en documentos, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 1564 de 2012, de ahí que, no es
dable tener por probada el servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980.
ii) En relación con las costas, solicitó revocarlas en el evento de confirmar la
decisión del tribunal, toda vez que no hubo actuación transgresora de los
principios de buena fe y lealtad procesal, por lo que no se encuentran
probadas.
1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Con auto de fecha 02 de febrero de 2024 se admitieron los recursos de apelación.5
En esta oportunidad la parte demandante, la UGPP y el Ministerio Publico
3 19 recurso apelación asleyes.pdf
4 20 recurso de apelación UGPP.pdf
5 006AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION.pdf
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guardaron silencio en esta etapa procesal.
Con auto de 3 de julio de 2025, se decretaron pruebas de oficio, las cuales fueron
aportadas y dadas en traslado como consta en el expediente digital, interviniendo la
UGPP a través de apoderado judicial, solicitando se valore de manera restrictiva
dichas documentales, en tanto, no se trata de registros originales sino de una
reconstrucción extemporánea, al igual que carecen de soporte probatorio suficiente
que permita establecer el vínculo laboral en discusión, y no se allegaron nóminas o
certificaciones de pago por el periodo.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la
Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos.
2.2. Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Hilario René Huertas
Chamorro, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 31° de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para dicho
reconocimiento.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
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Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la
Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
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1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»7
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20188
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en
la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se
incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos
(artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que
los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo
junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales,
el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los
gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento».9
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el cumplimiento de los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4. Actuación administrativa
El señor Hilario René Huertas Chamorro radicó el 01 de noviembre de 2018 solicitud
de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
• UGPP, la cual fue resuelta de manera negativa a través de la Resolución RDP
04916 de 18 de febrero de 201910 sustentada en que a la fecha de expedición de
la Ley 91 de 1989 solo acreditó 9 años, 2 meses y 17 días.
Inconforme con la precitada decisión, el peticionario interpuso recurso de reposición
y en subsidio el de apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente con la
Resoluciones RDP 010305 de 29 de marzo de 2019 y 013831 de 06 de mayo de
2019.
2.5. Caso concreto
Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden a
determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114
de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente si acredita el
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
10 Documento visible desde la pagina 25 a la 31 del archivo 1. 2019-00575 CUADERNO 1.PDF del
expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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tiempo de servicio docente del orden territorial o nacionalizado con anterioridad al
31 de diciembre de 1980.
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
A. Edad
Revisado el expediente, la Sala encuentra probado que Hilario René Huertas
Chamorro nació el 11 de noviembre de 196011, alcanzando la edad de 50 años el
11 de noviembre de 2010.
B. Buena conducta
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.
C. Tiempo de servicio
Se rememora que la parte demandada cuestiona el cumplimiento de este requisito,
por lo que pasa a valorarse el material probatorio recaudado.
• Del 1° de enero de 1979 al 30 de junio de 1979 (5 meses y 29 días)
El demandante aportó copia del Decreto 114 de 03 de noviembre de 201012 por
medio de cual el alcalde municipal de Gualmatán en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales ordenó la reconstrucción del decreto de nombramiento
004 del 29 de diciembre de 1978, en este se indicó que, el docente adujo que el
acto en mención no aparecía en los archivos de la entidad, de manera que con
fundamento en las pruebas aportadas y decretadas de oficio, en consideración a la
inexistencia del original o copia de este se procedió a reconstruir el Decreto 004 de
1978, emanado del ente en cita, por medio del cual fue nombrado como maestro
municipal de la escuela rural Los Cedros de mismo municipio.
11 Certificado de registro civil de nacimiento, visible en la página 85 del archivo 1. 2019-00575
CUADERNO 1.PDF del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
12 Documento visible en las páginas 62 y 64 del archivo 1. 2019-00575 CUADERNO 1.PDF del
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Demandante: Hilario René Huertas Chamorro
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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00575 01 (7305-2023)
Demandante: Hilario René Huertas Chamorro
En cumplimiento de lo anterior, a través del Decreto 036 de 15 de marzo de 2011,
suscrito por el alcalde de Gualmatán, se reconstruyó el expediente laboral del señor
Hilario René Huertas Chamorro. Concretamente se decretó:
« ARTICULO PRIMERO: Reconstruir el expediente laboral de la Sr. HILARTO RENE HUERTAS
CHAMORRO identificado con cédula de ciudadanía No. 12.974.237 expedida en Pasto, por el
tiempo que laboró a órdenes del Municipio de Gualmatán, como maestro municipal en la Escuela
Rural Los Cedros del Municipio de Gualmatán, nombrado mediante Decreto No. 004 de 1978
posesionado en debida forma según consta en el Acta de posesión del 1 de enero de 1979, quien
permaneció en el cargo hasta el día 30 de Junio de 1979, devengando un salario mensual de mil
quinientos pesos mensuales (1.500.)m/cte.
ARTICULO SEGUNDO: HABILITAR, para efecto de la reconstrucción que se ordena, la copia del
acta de posesión de fechada del 1 de enero de 1979 por la cual el Sr. HILARIO RENE HUERTAS
CHAMORRO identificado con cédula de ciudadanía No. 12.974.237 expedida en Pasto, tomó
posesión del cargo de maestro municipal de la Escuela Rural Los Cedros del Municipio de
Gualmatán: documento que fue aportado por el Sr. HILARTO RENE HUERTAS CHAMORRO
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.974.237 expedida en Pasto.
ARTICULO TERCERO: Conformar el expediente laboral del Sr. HILARIO RENE HUERTAS
CHAMORRO identificado con cédula de ciudadanía No. 12.974.237 expedida en Pasto, con las
pruebas documentales y testimoniales relacionadas en la parte considerativa del presente
Decreto, con un folios. total de 54
ARTICULO CUARTO: Incorporar al archivo general del Municipio de Gualmatán el expediente
así reconstruido.
ARTICULO QUINTO: Téngase como acto válido para todos los fines legales el presente Decreto,
y en base a éste líbrense. los certificados correspondientes.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el contenido del presente al Sr. Hilario Rene Huertas Chamorro
informándole que contra el mismo proceden los recursos de la vía gubernativa, contenidos en el
código Contencioso Administrativo, previa entrega una copia auténtica del presente acto
administrativo. de
ARTICULO SEPTIMO: El presente Rige a partir de la fecha de su expedición.
[…]». (Sic)
En la parte considerativa i) se reiteró que el educador mediante petición solicitó la
reconstrucción en lo referente al nombramiento del que fue objeto, y cuyo vínculo
afirmó transcurrió entre el 1° de enero al 30 de junio de 1979, ello en tanto en el
archivo general del municipio no reposaba dicha información. Ii) Expuso la entidad
que figuraba certificado emitido por la secretaría de gobierno, en el que se indicó
que en el archivo general no existía expediente laboral por el periodo referido; iii)
que por ello se procedió a presentar denuncia penal; iv) que se profirió auto de
apertura, se decretaron pruebas de oficio, y las solicitadas, figurando acta de
posesión aportada por el peticionario, autodeclaración bajo juramento del señor
Omar Chávez Montenegro y del mismo señor Huertas Chamorro, respecto al
tiempo de servicio.
En el escrito de apelación el apoderado de la UGPP indicó que la reconstrucción
del acto administrativo contenida en el Decreto 036 de 15 de marzo de 2011 no
cumplió con los presupuestos legales para su expedición, por cuanto, a la luz de los
artículos 7° y 8° de la Ley 50 de 1886, no era admisible prueba testimonial para
comprobar hechos que deben constar en documentos.
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Del análisis del acto referido, lo que constituye relevancia para determinar si el
docente tiene el derecho o no al reconocimiento de la pensión gracia, es si ocurrió
antes del 31 de diciembre de 1980, y si se trató de una vinculación de carácter
territorial o nacionalizada.
Pues, lo primero que hay que mencionar es que la oposición que presenta la parte
recurrente frente a la valoración de dicha prueba, a partir de que no cumplió con lo
establecido en la Ley 50 de 1886, no tiene vocación de prosperidad, en la medida
en que esta Subsección con anterioridad ha señalado que la legislación en cita debe
entenderse derogada, dado que, aunque en su momento previó un régimen en
materia de prestaciones remuneratorias y gratuitas de jubilación por servicios
prestados al Estado, bien sea en calidad de militares o de personal civil, por ejemplo,
los de instrucción pública, la misma fue reformada posteriormente por la Ley 91 de
1887 en el sentido de que ello aplicaría solo para personal castrense de la
independencia, con lo que se excluyó tácitamente al personal docente.13
Así mismo, respecto a la aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley 50 de 1886, a la
luz de los cuales no era admisible la prueba testimonial para demostrar hechos que
deben constar en documentos, la Subsección sostuvo que, si en gracia de discusión
se tuviere como vigente dicha legislación, tampoco habría lugar a tener en cuenta
su aplicación, en razón a que su contenido restrictivo y formalistas afectaría el
derecho sustancial, y se desconocería el principio de la realidad sobre las formas,
e implicaría la lesión de derechos fundamentales como el debido proceso, el de
defensa y contradicción e igualdad, contemplados en la Carta Magna.14
Ahora, teniendo en cuenta que el acto de reconstrucción se originó en el año 2011,
se tiene que para esta data el entonces Código de Procedimiento Civil en su artículo
133 regulaba dicho trámite de reconstrucción de expedientes -disposición que
permanece en el actual Código General del Proceso-; y en el artículo 698, se
determinó la derogación expresa de disposiciones legales y en general frente a
cualquier disposición contraria a las normas de dicho estatuto. Además, la Corte
Constitucional en sentencia T-163 de 2013, sostuvo que el trámite en cuestión
puede ser desarrollado con fundamento en la norma procesal civil.
Existiendo claridad sobre lo anterior, debe precisarse entonces que la
reconstrucción solicitada por el docente ante la alcaldía municipal de Gualmatán,
Nariño, debió realizarse al tenor de lo dispuesto en el artículo 133 del CPC,
disposición que fue invocada en el auto de apertura de 9 de marzo de 2011.
Sin embargo, si bien se profirió dicho acto de apertura, se decretaron y presentaron
pruebas, se rememora que solo figura certificación que da cuenta de que no existe
13 Sección Segunda, Subsección A, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, sentencia de 23 de octubre de
2024, radicación 52001 23 33 000 2020 01019 01 (6451-2022)
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Rad
52001-23-33-000-2019-00450-01 (3759-2022) C.P Jorge Iván Duque Gutiérrez. Sentencia de 22 de
febrero de 2024.
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en el archivo de la entidad información sobre ese periodo, y aun cuando reposa el
acta de posesión, está permitiría establecer el inicio del vínculo, más no el extremo
final. En atención a dicha vicisitud se decretó prueba de oficio con miras a obtener
claridad sobre la designación en comento y el periodo de desarrollo de la labor.
Así, en cumplimiento de lo anterior, se allegó por parte de la Alcaldía de Gualmatán,
expediente administrativo del actor en el que reposa todo el tramite de
reconstrucción al que se viene haciendo referencia, figurando parte de la
documentación relacionada en párrafos anteriores, que se itera, solo dan cuenta de
la posesión en el cargo, más no del desarrollo de las funciones y menos aún de la
fecha inicial y final en la que el actor se desempeñó como educador en virtud del
nombramiento efectuado el 29 de diciembre de 1978.
En dicho trámite reposan las declaraciones rendidas por los señores Omar
Fernando Chávez y Luis Hernán Vallejo Goyes, las cuales resultan insuficientes,
pues, si bien ambos son coincidente en indicar que el actor laboró desde el 1 de
enero de 1979 hasta el 30 de julio de 1979, el primero se limita mencionar que le
consta la actividad educativa del actor por el periodo reclamado, y que fueron
compañeros de estudio en bachillerato; mientras que el segundo afirma que el
demandante fue su profesor y que por eso le consta que laboró por ese periodo;
información que no ofrece certeza a la Sala sobre el real desempeño como docente
desde el 1 de enero al 30 de julio de 1979 como se concluyó en el trámite de
reconstrucción, sin que repose algún otro documento, como nóminas o certificado
de la institución educativa en la que prestó los servicios, que permitan establecer
tales interregnos; y, aunque se allegó formato único para la expedición de certificado
de historial laboral, emitido por la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, de
fecha 12 de septiembre de 2013 (PDF 3, 148-149), que registra dicho tiempo de
servicios, lo cierto es que precisa que no se cuenta con el acto de nombramiento
sino con el decreto que ordenó su reconstrucción.
Nótese que, si bien dichos deponentes ampliaron su declaración, para la Sala llama
la atención que cuando se les solicitó precisar por qué les constaba que el señor
Huertas Chamorro laboró por los extremos temporales que mencionaban, el señor
Omar Fernando Chávez sostuvo que aquél le comentó que fue nombrado por ese
tiempo y que se retiró por estudios. El señor Vallejo Goyes, por su parte indicó que
conocía de tal aspecto por cuanto el actor había sido su profesor; y se observa
además que ambos declarantes tenían conocimiento que laboraba de tiempo
completo y que devengaba 1.500 pesos; sin embargo, sus dichos no ofrecen mayor
precisión que permitan a esta Subsección concluir sin asomo de duda que en efecto
ese fue el tiempo de servicio; o que existían unas circunstancias especiales que
conllevaran a que tuvieran conocimiento de aspectos tan puntuales como el salario
devengado y la labor como docente de tiempo completo, pues, se itera, uno afirmó
que conoce del asunto porque el mismo interesado se lo informó, y el otro por haber
sido su alumno aproximadamente unos 32 años antes de haber presentado su
declaración.
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Cabe destacar que, con el decreto de pruebas de oficio en esta instancia, se requirió
para que se remitieran nóminas, certificados, entre otros documentos que
permitieran establecer con mayores elementos el tiempo de servicio en cuestión,
sin embargo, solo se allegó el trámite de reconstrucción y certificaciones que
sostienen que en el Archivo General del municipio de Guamaltán no se encontró
expediente laboral del aquí demandante y que se desconoce las razones de su
desaparición.
Diferente a lo anterior solo se aportó el Acuerdo n° 3 de 25 de noviembre de 1978,
por medio del cual se fija el presupuesto de ingresos y gastos de dicho ente territorial
para la vigencia fiscal de 1979, el cual en todo caso no contiene información
relevante que permita con certeza concluir que el señor Huertas Chamorro laboró
como docente desde el 1 de enero hasta el 30 de julio de 1979, como lo aduce en
la demanda.
En esa línea de consideraciones, es importante destacar que, no se trata de
desvirtuar la legalidad de los actos administrativos que dispusieron la reconstrucción
del expediente del señor Huertas Chamorro, pues, ello no se cuestionó con la
demanda; sin embargo, con fundamento en lo antes expuesto, valorada dicha
prueba documental esta resulta insuficiente, y pierde toda idoneidad probatoria por
inconducente, dado que no ofrece certeza a la Sala sobre su contenido.15
Ahora, el artículo 176 del CGP dispone que las pruebas deberán ser apreciadas en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y sin perjuicio de las
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos
actos.
Quiere decir lo anterior que el ordenamiento jurídico colombiano excluye el sistema
de tarifa legal y adopta los principios de libertad probatoria y apreciación de la
prueba, según las reglas de la sana crítica, principios estos que «[…] aseguran la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, porque permiten que se realice
una valoración crítica en la que se dé prevalencia a la verdad sobre las apariencias,
y aseguran que las partes dispongan de una amplia libertad para que , en las
decisiones, impere la justicia material.» 16
En ese hilo de consideraciones, se estima que el acta de posesión obrante en el
plenario, y a la que se ha venido haciendo referencia, por sí solo no permite
determinar con plena certeza la ejecución de la actividad docente, sino que a partir
de ella solo se puede establecer la presentación del demandante ante el despacho
de la alcaldía municipal para tomar posesión del cargo el 1 de enero de 1979. Y
analizado en conjunto dicho documento, con el resto del material probatorio
valorado anteriormente, a la Sala no les posible concluir de manera inequívoca, el
desarrollo de la actividad docente territorial o nacionalizado del actor, como tampoco
15 Ver entre otras, sentencia de 2 de octubre de 2024 en el proceso con radicado 54001-23-33-000-
2018-00129-01 (0813-2023), proferida por la Sección Segunda - Subsección A.
16 Corte Constitucional, sentencia T-373 del 23 de junio de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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los periodos durante los cuales se desempeñó.
Por tanto, para esta Colegiatura el actor no logró acreditar el cumplimiento de la
exigencia de una vinculación docente antes del 31 de diciembre de 2025, bien fuera
como territorial o nacionalizado. En ese orden, se impone revocar la sentencia de
primera instancia, incluida la condena en costas, para en su lugar negar las
pretensiones de la demanda, resultando inane referirse a la acreditación del
requisito de los 20 años de servicios, y a los argumentos del recurso de apelación
de la parte actora, frente a la prescripción de las mesadas pensionales.
2.6. De la condena en costas en segunda instancia
Pues bien, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, se condenará en costas a la parte actora -parte vencida-, pues se
revoca en su totalidad la sentencia de primera instancia. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, por los motivos expuestos en esta providencia,
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para en su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones ya
expuestas.
SEGUNDO: Condenar en costas en ambas instancias a la parte vencida -
demandante-, por las razones expuestas en la motivación. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Nariño.
TERCERO: Acéptese la renuncia presentada por el abogado Daniel Antonio
Genes Benedetti quien actuaba en calidad de apoderado de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social de conformidad con el memorial que reposa en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.
CUARTO: Reconocer personería para actuar al abogado Richard Giovanny
Suárez Torres como apoderado de la UGPP en atención al memorial anexo en el
índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado –
“SAMAI”, aunado a ello, se acepta la sustitución de poder a la abogada Sandra
Liliana Muñoz Gómez que consta en el mismo índice.
QUINTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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