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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04481-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04481-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Carlos Cardona Ortíz contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. 11 Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021) Demandante: Carlos Cardona Ortíz SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-04481-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021)
Demandante: Carlos Cardona Ortíz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación
docente. Docentes alfabetizadores. Aplicación de la sentencia de
unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018. Condena en
costas.

Decisión: Se confirma la sentencia apelada puesto que los reparos concretos
expuestos en la alzada carecieron de la entidad necesaria para
modificar la decisión adoptada

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 19 de noviembre de 2020 emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. El demandante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones RDP 042691 del 16 de octubre de 2015, RDP 050640 del 30 de noviembre
de 2015, RDP 000444 del 8 de enero de 2016, RDP 021814 del 25 de mayo de 2017,
RDP 027004 del 30 de junio de 2017 y RDP 030431 del 28 de julio de 2017, mediante
las cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se le reconozca la citada
prestación periódica incluyendo todos los factores salariales devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus pensional. Adicionalmente, pidió que se condene a
la accionada al pago del interés moratorio contemplado en el artículo 141 de la Ley 100

1
Folios 50 a 61.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021)
Demandante: Carlos Cardona Ortíz

de 1993 y a la indexación de las mesadas causadas hasta el pago efectivo, conforme a
los artículos 187 y 192 del CPACA. Finalmente, solicitó la condena en costas a la entidad
demandada.

3. Como fundamento fáctico, expuso haber prestado servicios docentes en la
Secretaría de Educación de Bogotá en los siguientes periodos: del 14 de marzo al 30 de
noviembre de 1977; del 22 de enero al 30 de noviembre de 1979; del 1.° de febrero al 3
de diciembre de 1989; del 31 de enero al 30 de noviembre de 1990; del 31 de enero al
30 de noviembre de 1991; del 20 de enero al 30 de noviembre de 1992; y del 8 de febrero
de 1993 al 25 de febrero de 2008. Indicó haber cumplido 50 años el 25 de febrero de
2007.

4. Señaló que el 11 de junio de 2015 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia,
la cual fue negada por considerar que no era posible contabilizar los tiempos de servicio
prestados en 1977 y 1979 debido a la inexistencia de los actos de nombramiento y
posesión y al hecho de haber actuado como alfabetizador. La petición fue reiterada el 7
de febrero de 2017 y nuevamente negada al no aportarse elementos adicionales que
permitieran modificar la decisión.

Contestación de la demanda2

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones alegando que no existe prueba
física de los tiempos de servicio, del tipo de vinculación, ni de los actos de nombramiento
y posesión. Indicó que los servicios prestados como alfabetizador voluntario en 1976 son
de carácter nacional, dado que el pago provenía de una bonificación del Ministerio de
Educación Nacional.

6. Sostuvo que el actor no cumplió los 20 años de servicio docente oficial exigidos
por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y el Decreto 2277 de 1979, pues no
acreditó servicio territorial. Señaló además que incurrió en la prohibición de percibir
recompensas nacionales toda vez que algunos pagos se realizaron con fondos
nacionales.

7. Propuso las excepciones de mérito denominadas: «ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado»; «inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido»;
«inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales»; «prescripción de
mesadas»; «imposibilidad de condena en costas»; «no pago de intereses moratorios»; y
la excepción genérica.

Sentencia apelada3

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 19 de noviembre
de 2020, por medio de la cual declaró la nulidad de los actos demandados y condenó a
la entidad al reconocimiento y pago de la pensión gracia, equivalente al 75% del salario

2
Folios 85 a 92.
3
Folios 341 a 352 reverso.

2

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021)
Demandante: Carlos Cardona Ortíz

promedio mensual obtenido entre el 25 de febrero de 2007 y el 25 de febrero de 2008.
Ordenó el pago de mesadas a partir del 11 de junio de 2012 por prescripción trienal y
negó las demás pretensiones.

9. Consideró que el hecho de que la bonificación del programa de alfabetización
proviniera de transferencias nacionales no desvirtuaba la condición territorial del vínculo
pues una vez los recursos ingresan al presupuesto local pasan a ser de la entidad
territorial. Por lo demás, indicó que, aunque no obraban en el expediente los actos de
nombramiento y posesión, la Secretaría de Educación Distrital certificó los tiempos como
alfabetizador, por lo que debían ser computados para efectos pensionales.

10. Concluyó que el actor adquirió el estatus pensional el 25 de febrero de 2008,
cuando completó 20 años de servicio, cumpliendo así los requisitos legales para gozar
de la pensión gracia.

Recurso de apelación4

11. La entidad demandada apeló solicitando la revocatoria del fallo. Alegó que los
certificados aportados no permiten acreditar la vinculación ni su naturaleza durante los
periodos 1977–1979, pues no consta el acto administrativo de nombramiento ni el acta
de posesión.

12. Reiteró que la ausencia de documentos esenciales impedía establecer con certeza
la naturaleza territorial del vínculo docente, razón por la cual no era posible computar
dichos interregnos.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

13. Mediante auto del 21 de octubre de 2021 se admitió el recurso de apelación y se
indicó que la parte accionante disponía hasta la ejecutoria de esta providencia para
pronunciarse. De igual manera, se precisó que el Ministerio Público tendría la oportunidad
de emitir su concepto hasta que el expediente fuera ingresado al despacho para la
emisión de la sentencia.

14. La entidad demandada intervino reiterando los argumentos expuestos en la
contestación y en la apelación. El accionante y el Ministerio Público guardaron silencio
en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

15. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en

4
Folios 356 a 357.

3

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021)
Demandante: Carlos Cardona Ortíz

primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.

Problemas jurídicos

16. Conforme a los reparos concretos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sala determinar si el período durante el cual el demandante ejerció
funciones como docente alfabetizador puede ser considerado para efectos de acceder a
la pensión gracia. Asimismo, se examinará la validez del argumento que sostiene que la
plaza docente adquiere carácter nacional cuando los salarios han sido pagados con
recursos provenientes del Ministerio de Educación Nacional.

17. Esta verificación resulta necesaria para establecer si la actora cumplió los
requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia, concretamente: (i) haber ostentado
una vinculación docente oficial de carácter territorial o nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980; y (ii) haber completado, bajo esa misma naturaleza, al menos 20 años
de servicios, continuos o discontinuos, conforme a lo previsto en las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

Análisis de los problemas jurídicos

18. La Sala considera que la parte demandante acreditó en su totalidad los requisitos
legales para acceder a la pensión de gracia, conforme a las motivaciones que se
expondrán a continuación.

19. En el expediente se observa la certificación emitida por el supervisor de la Sección
de Educación de Adultos de la Secretaría de Educación de Bogotá D.E.5, a través de la
cual hizo constar que el demandante laboró como maestro alfabetizador voluntario en
1976 y durante este período percibió una bonificación establecida por el Ministerio de
Educación Nacional.

20. Obra copia de la comunicación enviada al demandante por el jefe de la Sección
de Adultos de la Secretaría de Educación de Bogotá D.E.6, en la cual le informó que a
partir del 19 de julio de 1976 sería trasladado a prestar sus servicios en el «CENTRO
UBICADO (BOSA SAB Y DOM) Zona 2».

21. De la misma forma, obra comunicación de la misma Sección de Educación de
Adultos7, a través de la cual se le informó al demandante la designación como
alfabetizador voluntario con bonificación nacional en la Cárcel Distrital a partir del 11 de
marzo de 1977 y hasta el 30 de noviembre de la misma anualidad.

22. El director de la Cárcel Distrital de Varones Anexa de Mujeres emitió paz y salvo
con fecha 30 de noviembre de 19778, a través de la cual certificó que el demandante

5
Folio 38.
6
Folio 37
7
Folio 37
8
Folio 41

4

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021)
Demandante: Carlos Cardona Ortíz

cumplió con las obligaciones por las cuales fue asignado durante el año lectivo de 1977.

23. El subdirector de la Cárcel Distrital de Varones de Bogotá, en uso de las facultades
legales como coordinador de estudios, mediante constancia fechada el 14 de febrero de
1978 certificó que el demandante se encuentra ejerciendo la docencia desde el 14 de
marzo de 19779.

24. De la misma forma, el director y subdirector de la Cárcel Distrital de Varones Anexa
de Mujeres de Bogotá emitió certificación del 30 de noviembre de 1979, en la cual indicó
que el demandante fue «nombrado por la Secretaría de Educación Nacional (sic) para
desempeñar las funciones docentes en calidad de alfabetizador voluntario» desde el 22
de enero al 30 de noviembre de 197910.

25. La anterior información fue confirmada por la Dirección de Talento Humano de la
Secretaría de Educación de Bogotá D.C., en la certificación calendada el 17 de noviembre
de 2016. En este documento se detalló que, revisados los sistemas magnéticos de la
entidad, se encontró que el demandante laboró durante los períodos mencionados
anteriormente11.

26. También se vislumbra el Formato Único para Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 6 de diciembre de 2016, emitido por la Secretaría de Educación de Bogotá,
en el cual se registró que el demandante ostentó una vinculación como docente territorial
• distrital alfabetizador desde el 14 de marzo hasta el 30 de noviembre de 1977 conforme
a la constancia firmada por el Jefe de Educación de Adultos, así como entre el 22 de
enero y el 30 de noviembre de 1979, de acuerdo a la certificación del director y subdirector
de la Cárcel de Varones Anexa de Mujeres de Bogotá. Luego, fue vinculado como
docente temporal de tiempo completo en el Centro Educativo Distrital Casablanca en los
siguientes períodos: entre el 1.° de febrero y el 3 de diciembre de 1989; entre el 31 de
enero y el 30 de noviembre de 1990; entre el 30 de enero y el 30 de noviembre de 1991;
entre el 20 de enero y el 30 de noviembre de 1992.

27. Con fundamento en las pruebas referidas, se encuentra plenamente demostrado
que el actor estuvo vinculado desde el 14 de marzo hasta el 30 de noviembre de 1977 y
del 22 de enero al 30 de noviembre de 1979 como docente alfabetizador, cuya
remuneración se realizó a través de una «bonificación».

28. Esta Corporación ha tenido la oportunidad de estudiar actos administrativos
expedidos durante esa época, en los que dichas autoridades reconocieron una
«bonificación a alfabetizadores nacionales». En esos asuntos se concluyó que el tiempo
laborado en la modalidad de alfabetización era computable para acceder a la pensión
gracia, por cuanto se trataba del ejercicio de la profesión docente y la vinculación era
nacionalizada12.

9
Folio 33.
10
Folio 34
11
Folio 42.
12
Ver las siguientes sentencias de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, del Consejo de Estado: i) 14 de octubre de 2021,
radicado 25000-23-42-000-2016-03173-01 (4060-19); ii) 15 de febrero de 2024, radicado 25000-23-42-000-2018-02196-01 (0911-
2021); y iii) 27 de junio de 2024, radicado 25000 23 42 000 2014 02881 01 (2587-2019).

5

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021)
Demandante: Carlos Cardona Ortíz

29. En efecto, el Decreto 1830 de 1966 reglamentó la educación para adultos y en su
artículo 7 determinó que la alfabetización «constituye la etapa inicial de programas más
amplios de educación de adultos y tiene como misión específica la enseñanza de la
lectura, escritura, cívica y nociones de aritmética, la iniciación en actividades
profesionales, habilitando al alfabetizado para su ingreso a los cursos de educación
general básica y a los de formación profesional».

30. Posteriormente, el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria para
adultos en todo el territorio nacional. A su vez, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979,
dispuso que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización de adultos. A
partir de las normas transcritas, esta Corporación13 ha sostenido que la labor docente de
alfabetización es computable para efectos de acceder a la pensión gracia, en cuanto debe
tomarse como laborado en educación primaria y sumarlo al que se laboró en educación
secundaria de acuerdo con la extensión que realizara el artículo 3 de la Ley 37 de 1933.

31. A partir de las normas citadas, esta Corporación14 ha sostenido que la labor
docente en procesos de alfabetización es computable para efectos de acceder a la
pensión gracia, debiendo considerarse como tiempo laborado en educación primaria y
puede sumarse al tiempo trabajado en educación secundaria, conforme a la extensión
prevista en el artículo 3 de la Ley 37 de 1933. Efectivamente, en dichos casos esta
Sección ha establecido que el tiempo servido bajo la modalidad de alfabetización
corresponde al ejercicio de la profesión docente y la vinculación era de carácter
nacionalizada15.

32. Por otro lado, en cuanto a las resoluciones que reconocieron la «bonificación a
alfabetizadores nacionales, en el Distrito Especial de Bogotá», esta Subsección concluyó
en similares asuntos, que realmente la vinculación debía entenderse como nacionalizada
por las siguientes razones16:

«Sobre este aspecto, la apelante advierte que se desacertó la decisión del a quo al
reconocer estos tiempos, al sostener que no se allegaron las pruebas de nombramiento y
posesión, y que ostentó el carácter de nacional por pertenecer a un programa financiado
con recursos de la Nación.

Tal y como se desarrolló previamente, ante la inexistencia de los respectivos actos, obran
los certificados como medios probatorios pertinentes en el esclarecimiento de la situación
fáctica de la actora y suficientes para incluir el tiempo a través del cual la señora Cilia Díaz
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001-23-33-000-2013-00138-
01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 15 de agosto de 2013, radicado 19001-23-31-
000-2011-00303-01 (0106-2013); ii) del 6 de julio de 2017, radicado 52001-23-33-000-2014-00257-01 (4537-2016), iii) del 17 de julio
de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-2016); iv) del 27 de mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-
00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021, radicado 76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021,
radicados 25000-23-42-000-2016-03173-01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del 23 de junio de 2022,
radicado 41001-23-33-000-2016-00462-00 (1503-2021).
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001-23-33-000-2013-00138-
01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 15 de agosto de 2013, radicado 19001-23-31-
000-2011-00303-01 (0106-2013); ii) del 6 de julio de 2017, radicado 52001-23-33-000-2014-00257-01 (4537-2016), iii) del 17 de julio
de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-2016); iv) del 27 de mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-
00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021, radicado 76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021,
radicados 25000-23-42-000-2016-03173-01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del 23 de junio de 2022,
radicado 41001-23-33-000-2016-00462-00 (1503-2021).
15
Ver las siguientes sentencias de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, del Consejo de Estado: i) 14 de octubre de 2021,
radicado 25000-23-42-000-2016-03173-01 (4060-19); ii) 15 de febrero de 2024, radicado 25000-23-42-000-2018-02196-01 (0911-
2021); y iii) 27 de junio de 2024, radicado 25000 23 42 000 2014 02881 01 (2587-2019).
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de febrero de 2024, radicado 25000-23-42-000-2018-02196-
01 (0911-2021).

6

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021)
Demandante: Carlos Cardona Ortíz

fue empleada bajo la modalidad de contratación con el programa de alfabetizadores, con
cargo al presupuesto nacional por transferencia al Fondo Educativo Regional del Distrito.

Así las cosas, la vinculación sostenida de febrero a junio y de julio a diciembre de 1980;
así como desde julio hasta diciembre de 1981, lo fue en calidad de docente del orden
nacionalizada pues, del acto que reconoció la bonificación como retribución por el servicio
prestado intervino tanto la autoridad departamental como el Delegado Regional de Bogotá
del Ministerio de Educación Nacional ante las Juntas Administradoras de los Fondos
Educativos Regionales.

Lo anterior, entonces, se ajusta a los argumentos expuestos en la sentencia de unificación
del 21 de junio de 2018 en relación con el contenido del artículo 1. ° de la Ley 91 de 1989,
cuando precisó lo siguiente:

«[…] se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes del 1.°
de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la expedición de
la Ley 43 de 1975; y (i) los que a partir de esa fecha se hayan vinculado a una plaza de
aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del aludido proceso adelantado
por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo
fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para
su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. […]».

Ahora, sobre el argumento referido al carácter nacional porque a la accionante se le
cancelaron los salarios y prestaciones sociales con recursos de la Nación, sea lo primero
indicar que, si bien el pago de la prestación del servicio, lo fue en virtud de las partidas
presupuestales del FER por autorización del Ministerio de Educación, lo cierto es que tal y
como se expuso en acápite precedente, lo relevante frente al reconocimiento del derecho
en litigio, es que la vinculación y el cargo a ocupar por el maestro sea de carácter territorial
o nacionalizado.

Se recuerda que a la luz de los lineamientos fijados por la Sala en la sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018, el pago de las acreencias laborales de los educadores
territoriales y nacionalizados con cargo «[…]a las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— […] hoy sistema general de
participaciones», no implica que los recursos que enmarcan la prestación del servicio sean
de naturaleza nacional y por consiguiente le otorguen dicha calidad a la plaza que el
educador oficial ostenta.

Por lo expuesto, en un análisis integral de los actos referidos, se deriva que los
nombramientos efectuados para ocupar las plazas de docentes alfabetizadores también
los efectúo el representante de la autoridad departamental para la prestación del servicio a
favor del Distrito, sin que exista prueba que contraríe tal disposición […].»

33. De acuerdo con el lineamiento interpretativo previo, la Sala determina que las
razones presentadas por la entidad demandada para negar el derecho carecen de
fundamento, pues al realizar un examen exhaustivo de las pruebas presentadas en el
plenario, la Sala concluye que los períodos laborados sin interrupción por el demandante,
desde el 14 de marzo al 30 de noviembre de 1977 y entre el 22 de enero al 30 de
noviembre de 1979 como docente alfabetizador, resultan válidos para el reconocimiento
de la pensión gracia, pues si bien, este programa se financió con el presupuesto de la

7

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021)
Demandante: Carlos Cardona Ortíz

Nación para pagos por transferencia al Fondo Educativo Regional del Distrito Especial
de Bogotá (bonificación), pasan a ser parte de la entidad territorial y es factible tenerlos
en cuenta para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal a) del numeral
2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, tal como lo concluyó el tribunal de primera
instancia.

34. En relación con este tema, la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de
unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201817, determinó que la
condición de docente nacional no se adquiere simplemente por el hecho de que los
salarios sean financiados con recursos del situado fiscal. Lo que realmente importa es la
plaza que se va a ocupar18. El criterio interpretativo se unificó en estos términos:

«v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados
para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.»

35. En ese contexto, lo relevante para establecer el derecho a la pensión gracia es
identificar la naturaleza de la plaza ocupada por el docente, es decir, si corresponde al
ámbito territorial o nacionalizado. Tal circunstancia debe acreditarse mediante los actos
administrativos de nombramiento y posesión o, en su defecto, a través de certificaciones
emitidas por la autoridad nominadora que den cuenta, de manera clara y precisa, del tipo
de relación jurídica existente.

36. Resulta oportuno reiterar lo establecido en la sentencia de unificación
jurisprudencial del 21 de junio de 2018, mediante la cual la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado fijó criterios relevantes respecto a la acreditación de la
calidad docente, consolidando la siguiente regla jurisprudencial: […]

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al
cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la
Sala).

37. Por ende, en estos casos, corresponde al juez analizar el expediente con el
propósito de constatar la existencia de actos administrativos que permitan determinar la
naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente en cuestión. Tal examen resulta
esencial dado que el contenido del acto de nombramiento brinda al fallador información
determinante sobre las condiciones jurídicas del cargo y las implicaciones legales a las
que queda sujeto el servidor público.

17
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18
Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo de 2023,
radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000 2017 00661 01 (0605–
2019).

8

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021)
Demandante: Carlos Cardona Ortíz

38. No obstante, en ausencia de dichos documentos, el juzgador puede acudir a otros
medios probatorios, como las certificaciones expedidas por las autoridades nominadoras,
los cuales deberán ser valorados integralmente bajo las reglas de la sana crítica siempre
que su contenido resulte indiscutible en cuanto a su veracidad.

39. Así las cosas, se descarta que las vinculaciones durante estos intervalos hayan
tenido un carácter nacional, dado que no está probado que se haya tratado de un
nombramiento efectuado por parte del Gobierno Nacional. Por lo tanto, para la Sala
resulta inequívoco que la plaza docente ocupada por el actor durante el periodo objeto
de análisis ostentó carácter nacionalizado y, en este orden, se cumple con el presupuesto
de vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.

40. Por otro lado, en el expediente consta que el demandante fue vinculado como
docente temporal de tiempo completo y de carácter territorial – distrital en el Centro
Educativo Distrital Casablanca durante los siguientes períodos: entre el 1.° de febrero y
el 3 de diciembre de 1989; del 31 de enero al 30 de noviembre de 1990; del 30 de enero
al 30 de noviembre de 1991; del 20 de enero al 30 de noviembre de 199219.

41. Frente a los periodos previamente anotados, en el expediente obra de la
Resolución 748 del 10 de marzo de 199220, el alcalde mayor de Bogotá lo vinculó
temporalmente como docente del Distrito Capital en la Institución Casablanca y durante
el año lectivo de 1992, dado que el Concejo Distrital había declarado una emergencia
educativa en el distrito que requería la provisión de unas soluciones educativas.

42. Según el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral del
6 de diciembre de 201621, el demandante se desempeñó como docente en Bogotá D.C.
bajo una vinculación territorial–distrital, derivada de la designación en propiedad
efectuada mediante la Resolución 202 del 1.º de febrero de 1992. Dicha plaza fue ejercida
a partir del 8 de febrero de 1992 y de manera ininterrumpida, por lo menos, hasta la fecha
de expedición del referido certificado, esto es, el 6 de diciembre de 2016.

43. Se observa que, frente a las vinculaciones mencionadas, únicamente obra en el
expediente el acto de nombramiento contenido en la Resolución 748 del 10 de marzo de
1992. No obstante, la Sala reconocerá mérito probatorio a los demás períodos laborados,
en aplicación de los lineamientos fijados por la sentencia de unificación jurisprudencial
del 21 de junio de 2018, según los cuales las certificaciones expedidas por la autoridad
nominadora constituyen documentos idóneos para acreditar de manera inequívoca tanto
los tiempos de servicio como la naturaleza de los vínculos docentes; máxime que no
existen pruebas que sugieran que fueron vinculaciones docentes por nombramiento del
Gobierno Nacional.

44. A ello se suma que la UGPP, en los actos administrativos acusados, no controvirtió
dichos lapsos pues la negativa del reconocimiento pensional se fundamentó

19
Ver Formato Único para la Expedición de Certificado Laboral visible a folios 48 a 49 del expediente.
20
Folios 30 a 32.
21
Folios 48 a 49.

9

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021)
Demandante: Carlos Cardona Ortíz

exclusivamente en la falta de acreditación del ingreso al magisterio oficial antes del 31 de
diciembre de 1980.

45. Además, en el citado certificado de historia laboral se consignó expresamente que
el demandante ostentó la calidad de educador con vinculación territorial–distrital y que,
en varios períodos, efectuó aportes a la Caja de Previsión Social del Distrito. Por
consiguiente, dicho documento reviste pertinencia, conducencia y utilidad para demostrar
el tiempo de servicio requerido para acceder a la prestación reclamada.

46. Al consolidar los tiempos de servicio analizados en precedencia, se obtiene un
total de 28 años, 9 meses y 4 días, con los cuales se supera ampliamente la exigencia
de 20 años de servicios como docente territorial y/o nacionalizado prevista en los artículos
1.º de la Ley 114 de 1913 y 15 de la Ley 91 de 1989. Dichos períodos se discriminan en
el siguiente cuadro:

Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días
Nacionalizado 14/03/1977 30/11/1977 0 8 16
Nacionalizado 22/01/1979 30/11/1979 0 10 8
Territorial-distrital 01/02/1989 03/12/1989 0 10 2
Territorial-distrital 31/01/1990 30/11/1990 0 10 0
Territorial-distrital 30/01/1991 30/11/1991 0 10 0
Territorial-distrital 20/01/1992 30/11/1992 0 10 10
Territorial-distrital 08/02/1993 06/12/2016 23 9 28
TOTAL 28 9 4

47. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que, contrario a lo sostenido por la
entidad recurrente, las pruebas allegadas acreditan suficientemente el ejercicio de la
actividad docente en plazas del orden territorial y nacionalizado por un período superior
a 20 años, así como el cumplimiento del requisito de haberse vinculado en tal calidad
antes del 31 de diciembre de 1980.

48. Igualmente, quedó demostrado que el demandante cumplió 50 años de edad el 20
de febrero de 2007 y no obra en el expediente observación alguna que comprometa su
conducta, desempeño o ética profesional, por lo que se satisface también la exigencia de
honradez, dedicación y buena conducta. Tampoco se advierte que reciba doble
compensación o erogación nacional incompatible con la pensión gracia.

49. En cuanto a la determinación del estatus pensional, la Sala comparte el criterio del
a quo según el cual este se adquirió el 25 de febrero de 2008, fecha en que el actor
completó 20 años de servicio, la cual es posterior al cumplimiento del requisito etario,
alcanzado el 20 de febrero de 2007.

50. Del mismo modo, se confirma la declaratoria de prescripción extintiva respecto de
las mesadas causadas con anterioridad al 11 de junio de 2012, por cuanto la solicitud de
reconocimiento pensional fue presentada el 11 de junio de 2015, esto es, una vez

10

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021)
Demandante: Carlos Cardona Ortíz

transcurridos más de tres años desde la adquisición del derecho. A su turno, la demanda
fue radicada el 17 de septiembre de 2017, dentro del término trienal subsiguiente.

51. En definitiva, la Sala encontró acreditados los requisitos legales exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia y, por ende, se confirmará la sentencia proferida en
primera instancia.

Condena en costas en segunda instancia

52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

55. En consecuencia, se impondrán costas en segunda instancia a la entidad
demandada, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de noviembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual accedió a las pretensiones
de la demanda presentada por el señor Carlos Cardona Ortíz contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social.

11

Radicación: 25000 23 42 000 2017 04481 01 (3094-2021)
Demandante: Carlos Cardona Ortíz

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

12

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