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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00150-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2023-00150-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2023-00150-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de noviembre de 2023

Radicado: 18001-23-33-000-2023-00150-01
Demandante: Cristian Andrés Cuellar Perdomo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 18001-23-33-000-2023-00150-01
Demandantes: CRISTIAN ANDRÉS CUELLAR PERDOMO
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y
OTROS

Temas: Derecho fundamental al descanso. Vacaciones individuales de
empleado de la Rama Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
26 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que
resolvió:

Primero: Amparar los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, y

al descanso remunerado al ciudadano Cristian Andrés Cuellar Perdomo.

Segundo: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que en el término de cinco
(5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a apropiar los recursos, para que
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva - Huila emita dentro de los
cinco (5) días siguientes el certificado de disponibilidad presupuestal para el remplazo por
vacaciones del señor Cristian Andrés Cuellar Perdomo.

Tercero: Una vez el Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia reciba la respuesta de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Huila, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas posteriores deberá́ proferir acto administrativo a través del cual se decida sobre las
vacaciones individuales solicitadas por el señor Cristian Andrés Cuellar Perdomo.

Cuarto: Notificar este fallo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de
1991, a las partes.

Quinto: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, al día siguiente a su ejecutoria, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 19 de octubre de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, Cristian Andrés Cuellar
Perdomo solicitó la protección de los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, a la igualdad, a la salud y al descanso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta porque la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva se negó a asignar la partida presupuestal
para el nombramiento de un reemplazo por el tiempo en que disfrutará de sus
vacaciones, circunstancia que derivó en que le fuera denegado el descanso
remunerado que solicitó.

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Demandante: Cristian Andrés Cuellar Perdomo

2. Pretensiones

El actor propuso, textualmente, las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad,
a la salud y el derecho al descanso remunerado, de CRISTIAN ANDRES CUELLAR PERDOMO,
conforme a los hechos expuestos, vulneración atribuida a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Neiva Huila, por la negativa de disponer de los recursos para el pago del
reemplazo en los periodos de vacaciones.

SEGUNDO: Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva Huila
ejecute, de manera inmediata, todas las acciones administrativas necesarias encaminadas a expedir el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal para cubrir las erogaciones que demande el
nombramiento de un empleado judicial que reemplace a CRISTIAN ANDRES CUELLAR PERDOMMO,
mientras este disfruta de su periodo de vacaciones; y una vez expedido y remitido dicho certificado,
ORDENAR a la Doctora ELIZABETH CRISTINA ORTEGA VALDERRAMA, en su calidad de JUEZ DEL
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE
FLORENCIA, o a quien hiciere sus veces, que en el menor término posible, proceda a conceder mediante
acto administrativo las vacaciones individuales solicitadas por CRISTIAN ANDRES CUELLAR
PERDOMO, y a efectuar el nombramiento provisional para el reemplazo, todo lo anterior dentro de un
término oportuno teniendo en cuenta que el periodo vacacional fue peticionado para ser disfrutado a
partir del diez (10) de diciembre de 2023.

TERCERO: Ordenar al Director Ejecutivo de la Oficina de Administración Judicial Seccional Neiva –
Dirección Financiera, o a quien haga sus veces, que cada vez se adelante el trámite pertinente para que
se obtenga el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para la persona que me ha de reemplazar
durante el disfrute de vacaciones como servidor judicial. Ello para no incurrir en temeridad, toda vez, que
no es posible que cada vez que solicite las vacaciones me las nieguen por no contar con Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, tenga que acudir a esta acción constitucional por los mismos hechos y
derechos.

CUARTO: De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, me permito solicitar se prevenga a
la entidad accionada “para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron
mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con
lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades
en que ya hubiere incurrido.

QUINTO: Se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados como amenazados,
violados y/o vulnerados y que Usted, en su función de administrador de la Constitución, pueda establecer
como violados, amenazados y/o vulnerados.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Cristian Andrés Cuellar Perdomo labora como secretario del Juzgado Primero
Penal Municipal con función de Control de Garantías de Florencia (Caquetá).

El 11 de septiembre de 2023, el señor Cuellar Perdomo solicitó a la juez titular del
despacho judicial que concediera las vacaciones por el término de 22 días continuos,
a partir del 10 de diciembre de 2023 (causadas por el periodo del 7 de septiembre de
2022 al 7 de septiembre de 2023).

Mediante oficio radicado el 2 de octubre de 2023, la juez Primera Penal Municipal de
Florencia solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Florencia que expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal para proveer la
remuneración de la persona que reemplazaría al señor Cristian Andrés Cuellar
Perdomo, por motivo de las vacaciones.

Por oficio DESAJNEO23-3014 del 2 de octubre de 2023, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Neiva denegó la anterior solicitud, con
fundamento en que la Circular 44 del 23 e noviembre de 2011, expedida por el Consejo

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Demandante: Cristian Andrés Cuellar Perdomo

Superior de la Judicatura, no contemplaba el reemplazo por vacaciones para los
empleados judiciales.

Mediante Resolución No. 009 del 17 de octubre de 2023, la juez Primero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia negó las vacaciones
solicitadas por el señor Cuellar Perdomo, por necesidad del servicio y la decisión de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva de no asignar el
presupuesto requerido para la designación del reemplazo del empleado ausente por
vacaciones.

Lo anterior, adujo, teniendo en cuenta que el despacho judicial contaba con un juez, un
secretario, un oficial mayor y un escribiente y “que de conformidad al Manual de Funciones,
se estableció́ para el funcionamiento del Juzgado, que las labores relacionadas con el trámite
de procesos penales de competencia del Juzgado, tanto de trámite como la coordinación y
apoyo a la realización de las audiencias, están a cargo de la Oficial Mayor, por su parte, la
Escribiente del Despacho, debe realizar las labores propias del despacho conforme al Decreto
52 de 1987 relacionadas con las labores mecanográficas, registro, manejo de archivo, apoyo
en peticiones, oficios, actas de audiencia, y lo relacionado con el conocimiento de las acciones
de tutela, incidentes de desacato y habeas corpus, están asignadas al cargo de Secretario”.

4. Fundamentos de la acción de tutela

El actor manifestó que, a la fecha de interposición de la acción de tutela, no le han sido
otorgadas las vacaciones requeridas y tampoco se tenía previsto una decisión
favorable. Que esa circunstancia, a su juicio, vulnera los derechos fundamentales al
trabajo digno, a la igualdad, a la salud y al descanso, pues se limita su derecho a
disfrutar de vacaciones.

Sostuvo que como bien lo apreció la juez, la falta de expedición del CDP no permitía
que se concedieran las vacaciones, pues ante la ausencia de la persona que lo supliera
en su periodo vacacional, el despacho no rendiría con todas las obligaciones y no era
posible recargar a un empleado la labor de sustanciar y dar trámite a los asuntos
constitucionales.

5. Intervenciones

La magistrada auxiliar de la oficina del despacho de Presidencia del Consejo Superior
de la Judicatura solicitó la desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, con sustento en que no era viable que se le endilgara responsabilidad alguna,
teniendo en cuenta que las acciones u omisiones que atribuía la actora como
vulneradoras, recaían exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Neiva, entidad que actuaba como ordenadora del gasto conforme con los
numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996.

La juez Primera Penal Municipal de Control de Garantías Florencia rindió informe
en el que explicó que denegó las vacaciones solicitadas por Cristian Andrés Cuellar
Perdomo, por necesidad del servicio. Lo anterior, teniendo en cuenta que ese servidor,
en calidad de secretario, tenía a su cargo todas las acciones constitucionales repartidas
al despacho judicial, las cuales no podían asumir el oficial mayor ni el escribiente.

Sumado a lo anterior, indicó el Acuerdo No. CSJCAQA23-59 del 18 de octubre de 2023
estableció turnos de control de garantías entre otros, para ese juzgado y hasta el 1º de
diciembre de 2023, “quedando habilitados los cuatro despachos judiciales a partir del día
siguiente, debido a que, la cantidad de solicitudes con términos perentorios que se reciben en
esa fecha, y que en vacancia judicial, somos los únicos juzgados habilitados para todo el
departamento del Caquetá”. Que, además, conforme con dicho acuerdo, ese despacho
judicial era el único habilitado a nivel departamental para atender solicitudes de

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Demandante: Cristian Andrés Cuellar Perdomo

audiencia en turno de control de garantías los días inhábiles 30 y 31 de diciembre de
2023.

Expuso que en la vacancia judicial –periodo que también abarcaba la solicitud de
vacaciones del actor– todas las acciones constitucionales del departamento del
Caquetá se repartían únicamente entre los jueces municipales de Florencia, de ahí que
la carga total de las funciones del secretario y oficial mayor estarían en cabeza de una
sola persona, generando congestión judicial.

El abogado adscrito a la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó la desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no tenía la condición de nominador del
actor ni de pagador, para conceder o denegar las vacaciones solicitadas.

Adicionalmente, expuso que, dada la existencia de un déficit presupuestal, resultaba
imposible para esa Dirección, otorgar, en todos los casos, una asignación para nombrar
un reemplazo.

Por lo anterior, solicitó que se acudiera a otro tipo de mecanismos mediante los cuales
se resguarde el derecho al descanso de los servidores sin afectar el presupuesto de la
Rama Judicial, por ejemplo, “asignar temporalmente las funciones a otros servidores del
mismo despacho, promover la contratación de practicantes o judicantes ad-honorem, vincular
al Gobierno Nacional para que apoye u otorgue los recursos faltantes”. Bajo ese entendido,
consideró que debería ordenarse la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal con cargo a la Rama Judicial de manera excepcional en aquellos casos
donde el actor acreditara al menos dos situaciones: (i) que el despacho tiene una alta
carga laboral y (ii) la existencia de un número muy bajo de personal contratado.

Por otro lado, señaló que la apropiación de recursos para la contratación de los
empleados judiciales con régimen de vacaciones individuales estaba prohibida, por
expreso mandato de la circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2022. En ese
sentido, sostuvo que era improcedente la acción de tutela con fines de librar orden de
asignación de presupuesto para el pago del reemplazo del actor.

Consideró que debió vincularse al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Consejo
Superior de la Judicatura, porque eran las entidades que establecían la política
económica y presupuestal que debían seguir y cumplir las entidades públicas, entre
ellas, la Rama Judicial.

Finalmente, sostuvo que en el sub lite no advertía la existencia de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente la solicitud de amparo.

El coordinador del área de Asistencia Legal de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa de Florencia
solicitó la desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva con
fundamento en que le correspondía a la juez Primera Penal Municipal de Florencia
conceder las vacaciones del actor, en la medida que el trámite y expedición del CDP,
como decisión autónoma de la administración, no tenía relación directa con el derecho
fundamental al trabajo en condiciones dignas ni con el beneficio del descanso
remunerado del demandante.

Además, pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo, con fundamento
en que no era el medio para garantizar la provisión de recursos y, en consecuencia, la
expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal, más aún cuando el
régimen legal no preveía ese beneficio para el demandante.

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Demandante: Cristian Andrés Cuellar Perdomo

Que, de hecho, el actor contaba con otros medios de defensa, como lo era el de solicitar
la nulidad del acto administrativo y, a su vez, la suspensión provisional y que, en todo
caso, tampoco acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que ameritara la
intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio.

6. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 26 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del Caquetá
Administrativo amparó los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y
al descanso remunerado del actor, porque la negativa de conceder las vacaciones
incidía directamente sobre el derecho fundamental al descanso del actor, lo cual podía
repercutir gravemente en su salud física y mental.

Adujo que si bien existía independencia conceptual entre la decisión de conceder las
vacaciones y la de expedir el CDP para provisionar los gastos que demandara su
trabajo, “no sucedía lo mismo en el nivel pragmático pues aquí resulta insoslayable la fuerte
(definitiva) relación entre las dos decisiones”.

Citó la sentencia del 12 de diciembre de 20211, dictada por esta Sección, que determinó
que la omisión de establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los
reemplazos de los empleados judiciales no podía servir de fundamento para
desconocer el derecho al descanso de estos.

Por lo anterior, concluyó que el actor no tenía que soportar el hecho de que el Consejo
Superior de la Judicatura no hubiera regulado el procedimiento que garantice cubrir los
reemplazos de los empleados judiciales que tienen derecho a las vacaciones.

7. Impugnación

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva impugnó la sentencia
de primera instancia, solicitó que se revocara y que, en su lugar, se declarara
improcedente la solicitud de amparo, además insistió en la desvinculación del presente
trámite. Para el efecto, reiteró los argumentos propuestos en el informe de contestación.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela para amparar los
derechos fundamentales al trabajo y al descanso del señor Cristian Andrés Cuellar,
presuntamente vulnerados por las autoridades demandada al impedir que goce de su
derecho al descanso.

La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Neiva y a la juez Primera Penal Municipal de Control de
Garantías de Florencia vulneraron los derechos fundamentales al trabajo y al descanso
del actor, pero con la precisión de que las apropiaciones presupuestales que ordenó se
entiendan como “actuaciones de carácter presupuestal”, que, en todo caso, las
autoridades demandadas deben adelantarlas de manera coordinada en el marco de
sus competencias.

1 Radicación número: 11001-03-15- 000-2021-06684-00. M.P. Milton Chaves García.

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Radicado: 18001-23-33-000-2023-00150-01
Demandante: Cristian Andrés Cuellar Perdomo

Para resolver, la Sala se referirá a: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) del
derecho fundamental al descanso; (iii) las vacaciones de los servidores judiciales y (iv)
se analizará el caso concreto.

2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

3. Del derecho fundamental al descanso

El artículo 53 de la Constitución Política prevé el derecho al descanso, que
está estrechamente ligado con el artículo 25 ibidem que consagra que toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

En el ámbito internacional, diferentes tratados internacionales, que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, han protegido el derecho al descanso. En ese sentido,
el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda
persona tiene “derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de
la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. En los mismos términos, el
artículo 77 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
establece el derecho al trabajo.

En reiterada jurisprudencia8, la Corte Constitucional ha señalado que uno de los
derechos fundamentales del trabajador es el derecho al descanso y que “la
ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los artículos
1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto y cuanto el descanso es una consecuencia necesaria de la
relación laboral y constituye uno de los principios mínimos fundamentales del
trabajo”9. Además, ha señalado que el derecho al descanso debe entenderse como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y
materiales, pues la finalidad del cese de actividades por un periodo de tiempo es que
el trabajador recupere las energías gastadas en la labor que desempeña, así
como proteger su salud física y mental.

Es importante señalar que, en nuestra legislación, las vacaciones constituyen el
derecho al descanso remunerado. Así, el trabajador tiene derecho a disfrutar de un
tiempo libre como recompensa por las labores que desarrolló al servicio del empleador
y con el pago anticipado de ese derecho causado. La Corte Constitucional 10, respecto
del derecho de vacaciones, señaló lo siguiente:

Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que el
reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y
la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo
sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones
está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que
el trabajador efectivamente descanse. (Subraya la Sala).

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Además, en Sentencia C-171 de 2020, la Corte Constitucional estableció que “”. De ahí
que la periodicidad de las vacaciones garantice el descanso efectivo para el trabajador.

En sentencias de tutela del 26 de febrero de 20202, 27 de mayo de 20213, 3 de junio de
20214, 10 de junio de 20215, 1 de julio de 20216, 12 de agosto de 20217, del 19 de
agosto de 20218, del 16 de junio de 20229, del 11 de mayo de 202310 (entre otras), esta
Sección ha amparado el derecho al descanso en casos relativos al disfrute de las
vacaciones individuales de los servidores judiciales. Así también lo hizo en sentencia
del 5 de agosto de 202111, en un caso de vacaciones colectivas.

4. De las vacaciones de los servidores judiciales

El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de
Justicia– dispone que las vacaciones de los funcionarios y empleados de la rama
judicial serán colectivas, salvo “las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de
Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses” asimismo, señala la norma que las vacaciones individuales serán
concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura, por la Sala de Gobierno del respectivo
Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término
de 22 días continuos por cada año de servicio.

Por su parte, mediante Circular No. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció el procedimiento para
la programación de vacaciones de los funcionarios judiciales que pertenecen al régimen
de vacaciones individuales.

La anterior circular derogó las circulares 44 y 89 de 2005, proferidas por esa misma
entidad, última que establecía la asignación de recursos para reemplazos por
vacaciones del personal perteneciente al régimen de vacaciones individuales, bajo el
cumplimiento de al menos alguna de las siguientes condiciones:

2.1. Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de Servicios,
sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente aplicar la figura
del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del empleado que
disfrutará de vacaciones, entre los empleados restantes.

2.2. Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá
certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos para ser
designado en encargo como Juez, situación que debe ser corroborada e igualmente certificada por
el Director Seccional, previa verificación de las hojas de vida correspondientes.

Justamente la expedición de la Circular No. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011
tuvo como propósito eliminar los condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, “que se encuentran sujetos
al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho” y dispuso
el procedimiento a seguir por parte de los funcionarios judiciales del régimen de
vacaciones individuales que pretendieran hacer uso de ese derecho, consistente en el

2 11001-03-15-000-2020-00143-00.
3 Procesos Nos. 11001-03-15-000-2021-01100-00 y 11001-03-15-000-2021-01709-00.
4 Procesos Nos. 5001-23-33-000-2021-00684-01 y 11001-03-15-000-2021-01869-00.
5 11001-03-15-000-2021-02107-00.
6 Procesos Nos. 05001-23-33-000-2021-00898-01 y 11001-03-15-000-2021-00447-01.
7 Proceso No. 11001-03-15-000-2021-04136-00.
8 Procesos Nos. 05001-23-33-000-2021-01332-01(AC) y 11001-03-15-000-2021-04630-00.
9 Proceso No. 05001-23-33-000-2022-00444-01.
10 Proceso No. 11001-03-15-000-2023-01418-00.
11 Proceso No. 11001-03-15-000-2021-04086-00(AC).

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deber de reportar la programación de las vacaciones hasta el mes de marzo del año
siguiente a la causación, ante el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala
Administrativa y Dirección Seccional, del respectivo distrito judicial.

Ahora, si bien la citada circular únicamente se refiere a los funcionarios judiciales que,
en los términos del artículo 125 de la Ley 270 de 1996, se trata de los magistrados de
las corporaciones judiciales, los jueces de la República y los fiscales, esta Sala es del
criterio de que “la omisión de establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los
reemplazos de los empleados judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el
derecho al descanso de estos”12.

5. Análisis del caso concreto

El señor Cristian Andrés Cuellar Perdomo solicitó el disfrute del derecho al descanso,
por haber laborado un año continuo. Sin embargo, la juez Primera Penal Municipal de
Control de Garantías de Florencia denegó la solicitud, por necesidad del servicio y la
decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva de no
asignar el presupuesto requerido para la designación del reemplazo del empleado
ausente por vacaciones.

Por su parte, en la impugnación contra la sentencia de primera instancia que amparó
los derechos fundamentales al trabajo y al descanso del actor, la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Neiva – Coordinación Administrativa de Florencia alega
que no es la encargada de conceder las vacaciones del demandante y que el trámite y
expedición del CDP no tenía relación directa con los derechos amparados. Que,
además, el régimen legal no preveía el beneficio de recursos para pagar un reemplazo
mientras el actor disfruta de sus vacaciones. Que, en todo caso, el actor cuenta con
otros medios de defensa y que no demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que hiciera procedente la acción de tutela.

Al respecto, la Sala inicia por señalar que no es cierto que el actor cuente con otro
medio de defensa para procurar la protección de los derechos fundamentales que
invoca a través de la presente acción, como el de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011, como se sugiere por la Dirección
Seccional.

Para la Sala, ese medio de control no resultaría idóneo ni eficaz, teniendo en cuenta
que el actor no cuestiona la legalidad del acto administrativo que no accedió a la petición
de vacaciones. La inconformidad del actor deviene de la obstaculización por parte de
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva, al proveer de recursos para
el reemplazo, lo que no ha permitido que disfrute de sus vacaciones, pese a que reúne
los requisitos para acceder al beneficio.

Ahora, se reitera, el hecho de que la Circular No. PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011 omitiera establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los reemplazos
de los empleados judiciales, no es un fundamento para limitar el derecho al descanso.

Por lo tanto, la Sala coincide con el a quo en cuanto a que la falta de regulación de
procedimiento para reemplazos de los empleados judiciales con derecho a las
vacaciones no es una carga que deba soportar el señor Cristian Andrés Cuellar
Perdomo.

Por otro lado, es importante resaltar que, de conformidad con el artículo 98 de la Ley
270 de 1996, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es “el órgano técnico y

12 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-2018

00756-01. C.P. Milton Chaves García. En igual sentido se indicó en la sentencia del 26 de febrero de 2020. Radicado
Nro. 11001-03-15-000-2020-00143-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 18001-23-33-000-2023-00150-01
Demandante: Cristian Andrés Cuellar Perdomo

administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama
Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura”. Por
su parte, el artículo 99 ibidem prevé que el director ejecutivo de Administración Judicial
tiene entre sus funciones: (i) administrar los bienes y recursos destinados para el
funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización
y (ii) actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan.

Por su parte, las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales tienen el deber de
“(…) 6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y
cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama (…)”13.

De ahí la responsabilidad que le atañe en el caso concreto, tanto a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial como a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Neiva.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, pero con la precisión
de que las apropiaciones presupuestales que ordenó se entiendan como “actuaciones
de carácter presupuestal”, que, en todo caso, las autoridades demandadas deben
adelantarlas de manera coordinada en el marco de sus competencias.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

13 Ley 270 de 1996.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

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