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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00444-01

Fecha
16 de junio de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00444-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas. En su lugar: 2. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al descanso remunerado de la señora Elsy Valencia Arboleda, conforme a lo expuesto en esta providencia. 3. Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín-Antioquia y al Juzgado Promiscuo de Familia de Jericó que, en el término de 30 días contados a partir de la notificación de la presente providencia, de manera coordinada y en el marco de sus competencias, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para el nombramiento de un reemplazo del asistente social del Juzgado Promiscuo de Familia de Jericó, para que se materialice el derecho al disfrute pleno del descanso remunerado. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2022-00444-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

16 de junio de 2022

Radicado: 05001-23-33-000-2022-00444-01
Demandante: Elsy Valencia Arboleda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 05001-23-33-000-2022-00444-01
Demandante: ELSY VALENCIA ARBOLEDA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN, Y
OTRO

Temas: Acción de tutela. Derecho fundamental al descanso. Vacaciones
individuales empleado de la Rama Judicial. Obstáculos
administrativos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Elsy Valencia Arboleda contra
la sentencia del 5 de abril de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela, la señora Elsy Valencia Arboleda pidió la
protección de los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la
igualdad y a la salud, que estimó vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Medellín y el Juzgado Promiscuo
de Familia de Jericó. En concreto, formuló la siguiente pretensión:
(…)
2. ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
ANTIOQUIA y el ÁREA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ANTIOQUIA, que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, inicie las acciones pertinentes en aras
de garantizar la provisión de los recursos y proceda a expedir el respectivo CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA REEMPLAZO DE VACACIONES que se requiere
para que la señora Juez Promiscuo de Familia de Jericó – Antioquia proceda a concederme las
vacaciones remuneradas a partir del 31 de mayo hasta el 24 de junio de 2022, ambas fechas
inclusive.

2. Hechos y argumentos de la acción de tutela

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos y argumentos relevantes:

2.1. La señora Elsy Valencia Arboleda labora como asistente social en el Juzgado
Promiscuo de Familia de Jericó (Antioquia).

2.2. El 15 de marzo de 2022, la señora Elsy Valencia Arboleda y la titular del Juzgado
Promiscuo de Familia de Jericó solicitaron ante el área financiera de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín (Antioquia), el certificado de
disponibilidad presupuestal para el disfrute de vacaciones de la señora Valencia
Arboleda, a partir del 31 de mayo hasta el 24 de junio de 2022 (causadas del 28 de
febrero del 2021 al 27 de febrero del 2022).
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Demandante: Elsy Valencia Arboleda

2.3. El 15 de marzo de 2022, la coordinadora del Área Financiera de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia expidió la
disponibilidad presupuestal para cancelar las vacaciones y primas vacacionales a la
señora Elsy Valencia Arboleda, a partir del 31 de mayo de 2022.

2.4. Mediante oficio DESAJMEO22-933 del 15 de marzo de 2022, el director Ejecutivo
Seccional de Administración Judicial de Medellín informó que, de acuerdo con la
apropiación presupuestal existente, no era posible expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para autorizar el reemplazo de las vacaciones de la
asistente social, señora Elsy Valencia Arboleda.

2.5. Mediante Resolución No. 06 del 23 de marzo del 2022, la juez promiscuo de
Familia de Jericó denegó las vacaciones solicitadas por la actora y las aplazó hasta
que se dispusiera el presupuesto para el remplazo. Lo anterior, con fundamento en que
al estar de vacaciones la asistente social, el despacho judicial quedaría solo con dos
empleadas que no cuentan con formación y competencia en ciencias sociales para
reemplazarla en sus funciones y, además, debido a que se encontraban en curso varios
procesos que requerían su intervención, motivo por el que se constituiría en una
afectación significativa en la prestación y funcionamiento del servicio judicial.

2.6. El 24 de marzo de 2022, la actora interpuso recurso de reposición contra la anterior
decisión y la juez promiscuo de Familia de Jericó, por Resolución No. 07 del 24 de
marzo de 2022, decidió no reponer.

2.7. La actora alega que la anterior circunstancia vulnera sus derechos fundamentales
al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud, dado que el disfrute del
periodo vacacional está inmerso en los derechos laborales que consagra el artículo 53
de la Constitución Política.

3. Intervenciones

3.1. El director Ejecutivo Seccional de Medellín - Antioquia pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela respecto de esa entidad, por las razones que a
continuación resume la Sala:

3.2. Que esa entidad no interviene en las decisiones que toma el titular del despacho
nominador para negar el disfrute de las vacaciones de la actora.

3.2.1. Que la falta de disponibilidad para el reemplazo no constituía un argumento válido
para negar el disfrute de las vacaciones ni podía operar como “patente de corso” para
trasladar la responsabilidad al ordenador del gasto, que solo actuaba como ejecutor de
un presupuesto previamente establecido y apropiado para cada vigencia fiscal.

3.2.2. Que dado que esa entidad depende del presupuesto nacional, no cuenta con
presupuesto propio y, en ese sentido, debe solicitar a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Nivel Central de Bogotá las apropiaciones correspondientes
para sus gastos. Que, por lo tanto, esa Dirección Seccional debía seguir las directrices
del Nivel Central. De ahí que hasta que el Consejo Superior de la Judicatura expida una
circular diferente a la PSAC11-14, la Unidad de Planeación para la asignación de los
recursos sólo autorizaría los reemplazos de los jueces que pertenecen al régimen de
vacaciones individuales y a empleados que laboren en despachos con vacaciones
individuales cuya planta de personal sea de 3 o menos empleados.

3.2.3. En virtud de lo anterior, señaló que esa Seccional no vulneró los derechos de la
demandante, porque la negativa al descanso emanó directa y exclusivamente del
nominador de la actora.
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3.3. La juez promiscuo de Familia de Jericó manifestó que la negación de las
vacaciones de la asistente social Elsy Valencia Arboleda obedeció a una necesidad del
servicio, específicamente, para que no se afectara la prestación del servicio de
administración de justicia, el cual no se vería obstaculizado si la Dirección Ejecutiva de
la Rama Judicial otorgara la correspondiente partida presupuestal para el remplazo de
las vacaciones de la actora, como se hacía hasta el año 2018.

3.4. A pesar de haber sido notificado, el presidente del Consejo Superior de la
Judicatura no rindió informe sobre los hechos que motivaron la interposición de la
acción de tutela.

4. Sentencia impugnada

4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, por sentencia del
5 de abril de 2022, declaró improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Elsy Valencia Arboleda, bajo los siguientes argumentos:

4.2. Que, como lo ha considerado el Consejo de Estado1, la acción de tutela no era
procedente para que se ordenara realizar las gestiones tendientes al otorgamiento de
recursos que permitieran la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal a
efectos de cubrir vacantes provisionales por el régimen de vacaciones individuales,
motivo por el que el juez de tutela no podía interferir en las competencias de la Dirección
Ejecutiva de Administración de Justicia y de las seccionales.

4.3. Que, siendo así, era competencia del nominador disponer de la fecha del disfrute
del derecho al descanso de sus funcionarios, facultad que, como lo disponía el Consejo
de Estado, se ejercía de forma discrecional, debiendo considerar la eficiente marcha
del despacho.

4.4. Que acogía la posición del Consejo de Estado, advirtiendo la improcedencia del
amparo solicitado, por cuanto la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal no guardaba relación con el disfrute del período vacacional por parte de
la actora. Que, además, el acto administrativo expedido por la nominadora Juez
Promiscuo de Familia de Jericó goza de presunción de validez y no se advierte un
actuar arbitrario o desproporcionado de su contenido, por cuanto motivó su decisión en
las necesidades del servicio.

5. Impugnación

5.1. La señora Elsy Valencia Arboleda impugnó la sentencia de primera instancia.
Solicitó que se revocara y que, en su lugar, se concediera el amparo solicitado. En
concreto, manifestó que la decisión del a quo era incongruente, pues no tuvo en cuenta
que la negativa a otorgar el disfrute de vacaciones obedeció a que no se contaba con
el remplazo de un profesional de las ciencias sociales, circunstancia que implicaba la
acumulación de trabajo para cuando regresara de sus vacaciones.

5.1.1. Que la titular del despacho judicial no contaba con posibilidades de redistribución
de sus funciones con las dos empleadas que quedaban, porque no tenían la
especialidad que se requería en la intervención, de ahí que se necesitara nombrar en
el cargo a una persona que cumpliera con el perfil, para lo cual debía contarse con una
disponibilidad presupuestal, “entonces, como es que la expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal no guarda relación con el disfrute del periodo vacacional
(y/o reemplazo de las mismas)”.

1 Citó la sentencia del 28 de enero de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, dictada en el

proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2020-04490-01. M.P. William Hernández Gómez.
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5.1.2. Adicionalmente, puso de presente que la decisión del juez de primera instancia
no era concordante con la decisión tomada en la acción de tutela que interpuso en abril
de 2021, también por la negativa de conceder vacaciones, oportunidad en la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones, tomando como
referencia sentencias del Consejo de Estado del 12 de diciembre de 2018 y del 11 de
febrero de 2021.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela. Generalidades.

1.1. La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

1.2. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser eficaz para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado
como mecanismo transitorio, siempre que esté plenamente acreditada la razón para
conceder la tutela.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si el a quo
acertó al concluir que la tutela es improcedente, por cuanto la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal no guarda relación con el disfrute vacacional de la actora
y dado que el acto denegó las vacaciones se motivó en las necesidades del servicio.

2.2. Para resolver, la Sala se referirá, en primer lugar, al requisito de subsidiariedad,
seguidamente, al derecho fundamental al descanso y a las vacaciones de los
servidores judiciales. Finalmente, estudiará el caso concreto.

3. Del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

3.1.1. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

3.1.2. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección
idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional
manifestó4:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de
hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho
fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo
susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela
no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible
de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre
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prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un
medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco
puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de
llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales (…).

3.1.3. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.

3.1.4. En el presente asunto, la Sala advierte que si bien, en principio, la actora podría
cuestionar las Resoluciones Nos. 06 del 23 de marzo y 07 del 24 de marzo de 2022 a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en
el artículo 138 de la Ley 1437 de 20112, por tratarse del medio para cuestionar actos
administrativos, lo cierto es que no resultaría ser eficaz en el caso objeto de estudio.
En este punto, es importante resaltar que la Corte Constitucional3 ha precisado que,
pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, si en el caso concreto se
evidencia que el mismo no es idóneo o eficaz, la acción de tutela es procedente como
mecanismo principal.

3.1.5. En el sub lite, la señora Elsy Valencia Arboleda solicita que se conceda el disfrute
de vacaciones a que tiene derecho por haber cumplido un año de trabajo, circunstancia
que denota la necesidad urgente de evitar que se siga prolongando en el tiempo la
ausencia de descanso, que podría comprometer la salud mental y física de la actora,
condiciones que justamente se buscan salvaguardar con el descanso, como se
explicará en detalle más adelante.

3.1.6. De hecho, no se puede pasar por alto que no se advierte que la actora cuestione
la legalidad del acto administrativo que no accedió a la petición de vacaciones, pues su
inconformidad deviene en la obstaculización por parte del Consejo Seccional de la
Judicatura de Medellín que no ha permitido que disfrute de sus vacaciones, pese a que
reúne los requisitos para acceder al beneficio.

3.1.7. Siendo así, la Sala concluye que la presente acción de tutela cumple con el
requisito de subsidiariedad y procede como mecanismo principal para la protección de
derechos fundamentales invocados por la actora.

4. Del derecho fundamental al descanso

4.1. El artículo 53 de la Constitución Política prevé el derecho al descanso, que
está estrechamente ligado con el artículo 25 ibidem que consagra que toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

4.2. En el ámbito internacional, diferentes tratados internacionales, que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, han protegido el derecho al descanso. En ese sentido,
el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda

2 Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado

en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto,
y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se
contará a partir de la notificación de aquel.
3 Ver sentencia T-471 de 2017.

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persona tiene “derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. En los mismos
términos, el artículo 77 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales establece el derecho al trabajo.

4.3. En reiterada jurisprudencia8, la Corte Constitucional ha señalado que uno de los
derechos fundamentales del trabajador es el derecho al descanso y que “la
ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los
artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto y cuanto el descanso es una consecuencia
necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos
fundamentales del trabajo”9. Además, ha señalado que el derecho al descanso debe
entenderse como la oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas
intelectuales y materiales, pues la finalidad del cese de actividades por un periodo de
tiempo es que el trabajador recupere las energías gastadas en la labor que desempeña,
así como proteger su salud física y mental.

4.4. Es importante señalar que, en nuestra legislación, las vacaciones constituyen el
derecho al descanso remunerado. Así, el trabajador tiene derecho a disfrutar de un
tiempo libre como recompensa por las labores que desarrolló al servicio del empleador
y con el pago anticipado de ese derecho causado. La Corte Constitucional10, respecto
del derecho de vacaciones, señaló lo siguiente:

Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que el
reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y
la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo
sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones
está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que
el trabajador efectivamente descanse. (Subraya la Sala).

4.4.1. Además, en Sentencia C-171 de 2020, la Corte Constitucional estableció que “las
vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a uno de los mecanismos para
concretar el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso del
trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar en el propósito de dignidad y justicia,
en el ejercicio de sus actividades laborales”. De ahí que la periodicidad de las
vacaciones garantice el descanso efectivo para el trabajador.

4.4.2. En sentencias de tutela del 26 de febrero de 2020 4, 27 de mayo de 20215, 3 de
junio de 20216, 10 de junio de 20217, 1 de julio de 20218, 12 de agosto de 20219 y del
19 de agosto de 202110, esta Sección ha amparado el derecho al descanso en casos
relativos al disfrute de las vacaciones individuales de los servidores judiciales. Así
también lo hizo en sentencia del 5 de agosto de 202111, en un caso de vacaciones
colectivas.

5. De las vacaciones de los servidores judiciales y solución al problema jurídico
planteado

5.1. El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de
Justicia– dispone que las vacaciones de los funcionarios y empleados de la rama
judicial serán colectivas, salvo “las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los

4 11001-03-15-000-2020-00143-00
5 Procesos Nos. 11001-03-15-000-2021-01100-00 y 11001-03-15-000-2021-01709-00.
6 Procesos Nos. 5001-23-33-000-2021-00684-01 y 11001-03-15-000-2021-01869-00.
7 11001-03-15-000-2021-02107-00
8 Procesos Nos. 05001-23-33-000-2021-00898-01 y 11001-03-15-000-2021-00447-01.
9 Proceso No. 11001-03-15-000-2021-04136-00
10 Procesos Nos. 05001-23-33-000-2021-01332-01(AC) y 11001-03-15-000-2021-04630-00.
11 Proceso No. 11001-03-15-000-2021-04086-00(AC)

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Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses” asimismo, señala la norma que las vacaciones
individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por el
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura, por la Sala de Gobierno del respectivo
Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término
de 22 días continuos por cada año de servicio.

5.2. Por su parte, mediante Circular No. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, el
Consejo Superior de la Judicatura estableció el procedimiento para la programación de
vacaciones de los funcionarios judiciales que pertenecen al régimen de vacaciones
individuales.

5.2.1. La anterior circular derogó las circulares 44 y 89 de 2005, proferidas por esa
misma entidad, última que establecía la asignación de recursos para remplazos por
vacaciones del personal perteneciente al régimen de vacaciones individuales, bajo el
cumplimiento de al menos alguna de las siguientes condiciones:

2.1. Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de Servicios,
sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente aplicar la figura
del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del empleado que
disfrutará de vacaciones, entre los empleados restantes.

2.2. Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá
certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos para ser
designado en encargo como Juez, situación que debe ser corroborada e igualmente certificada por
el Director Seccional, previa verificación de las hojas de vida correspondientes.

5.2.2. Justamente la expedición de la Circular No. PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011, tuvo como propósito eliminar los condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, “que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho” y dispuso el procedimiento a seguir por parte de los funcionarios judiciales del
régimen de vacaciones individuales que pretendieran hacer uso de ese derecho,
consistente en el deber de reportar la programación de las vacaciones hasta el mes de
marzo del año siguiente a la causación, ante el Consejo Seccional de la Judicatura y
Dirección Seccional del respectivo distrito judicial.

5.2.2.1. Ahora, si bien la citada circular únicamente se refiere a los funcionarios
judiciales que, en los términos del artículo 125 de la Ley 270 de 1996, se trata de los
magistrados de las corporaciones judiciales, los jueces de la República y los fiscales,
esta Sala es del criterio de que “la omisión de establecer un procedimiento para
garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados judiciales no puede servir de
fundamento para desconocer el derecho al descanso de estos”12.

5.2.3. En el asunto objeto de análisis, la señora Elsy Valencia Arboleda solicitó en el
mes de marzo la programación de sus vacaciones para el disfrute del derecho al
descanso, por haber laborado un año continuo. Sin embargo, no se accedió a su
solicitud, bajo los argumentos de la necesidad del servicio y la negativa de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín de asignar el presupuesto
requerido para la designación del reemplazo del empleado ausente por vacaciones.

5.2.4. De acuerdo con lo anterior, la falta de asignación de recursos por parte de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia está
12 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-2018

00756-01. C.P. Milton Chaves García. En igual sentido se indicó en la sentencia del 26 de febrero de 2020. Radicado
Nro. 11001-03-15-000-2020-00143-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Elsy Valencia Arboleda

repercutiendo de manera directa en el derecho al descanso de la actora y, de contera,
amenaza su salud física y mental.

5.2.5. La Sala no desconoce que fue el Juzgado Promiscuo de Familia de Jericó que,
como nominador, negó el otorgamiento de las vacaciones de la demandante. Sin
embargo, esa decisión está ligada a la respuesta del director Ejecutivo Seccional de
Administración Judicial de Medellín, que en oficio DESAJMEO22-933 del 15 de marzo
de 2022 informó que no era posible expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
para autorizar el reemplazo de las vacaciones de la asistente social, señora Valencia
Arboleda.

5.2.5.1. Luego, como informó la titular del despacho judicial, esa falta de asignación de
recursos necesariamente repercutiría en el desarrollo de las funciones jurisdiccionales
a cargo, porque las labores de la actora no pueden ser asumidas por las otras dos
personas del despacho, por no tener formación en ciencias sociales y dado que
actualmente se adelantan varios procesos judiciales que requieren la intervención del
cargo de asistente social. Esa situación da cuenta de que no es posible redistribuir las
funciones entre los demás servidores del despacho. Por lo tanto, resulta necesario
nombrar un remplazo en el cargo de la demandante y que se adelante las gestiones
administrativas y presupuestales correspondientes.

5.3. Impedir el derecho al descanso con fundamento en restricciones de carácter
administrativo, no es una carga que deba soportar la señora Elsy Valencia Arboleda.
De ahí que ante situaciones que puedan alterar el normal desarrollo de un despacho
judicial, se requiere que exista un trabajo conjunto de las autoridades competentes en
el que se permita garantizar tanto la continuidad del servicio como el derecho al
descanso remunerado.

5.4. En este punto es importante resaltar que, de conformidad con el artículo 98 de la
Ley 270 de 1996, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es “el órgano técnico
y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de
la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la
Judicatura”. Por su parte, el artículo 99 ibidem prevé que el director ejecutivo de
Administración Judicial tiene entre sus funciones: (i) administrar los bienes y recursos
destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta
aplicación o utilización y (i) actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de
las obligaciones que correspondan.

5.5. Por su parte, las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales tienen el deber
de “(…) 6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y
eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y
empleados de esta Rama (…)”13. De ahí la responsabilidad que le atañe en el caso
concreto a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín.

5.6. Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que en el sub lite la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Medellín y el Juzgado Promiscuo de Familia de Jericó vulneraron los derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo y al descanso de la señora Elsy Valencia
Arboleda, al no acceder a la solicitud de disfrute de vacaciones.

5.7. Queda resuelto, entonces, el problema jurídico propuesto: el a quo no acertó al
concluir que la tutela es improcedente. Por consiguiente, se revocará la sentencia
impugnada y, en su lugar, se ampararán los derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo y al descanso de la señora Elsy Valencia Arboleda. En consecuencia, se

13 Ley 270 de 1996

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Radicado: 05001-23-33-000-2022-00444-01
Demandante: Elsy Valencia Arboleda

ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín-Antioquia y al Juzgado Promiscuo de
Familia de Jericó que, en el término de 30 días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, de manera coordinada y en el marco de sus
competencias, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondan, para el nombramiento de un reemplazo del asistente social del Juzgado
Promiscuo de Familia de Jericó, para que se materialice el derecho al disfrute pleno del
descanso remunerado de la actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas. En su lugar:

2. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al descanso
remunerado de la señora Elsy Valencia Arboleda, conforme a lo expuesto en esta
providencia.

3. Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín-Antioquia y al Juzgado Promiscuo
de Familia de Jericó que, en el término de 30 días contados a partir de la notificación
de la presente providencia, de manera coordinada y en el marco de sus
competencias, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondan, para el nombramiento de un reemplazo del asistente social del
Juzgado Promiscuo de Familia de Jericó, para que se materialice el derecho al
disfrute pleno del descanso remunerado.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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