Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04823-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04823-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04823-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
30 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04823-01
Demandante: Stella Odilia Ardila Caro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04823-01
Demandantes: STELLA ODILIA ARDILA CARO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Derecho fundamental al descanso. Vacaciones colectivas de
servidor judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial contra la sentencia del 2 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que resolvió:
PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo
en condiciones dignas, de la señora Stella Odilia Ardila Caro, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. ORDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja que, dentro del
término de ocho (8) días siguientes, contados a partir de la notificación de esta providencia,
adelanten las gestiones administrativas y presupuestales a que haya lugar, con el fin de expedir
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para que se provea el reemplazo de la señora Stella
Odilia Ardila Caro y así garantizar el disfrute al derecho del descanso remunerado.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, que
una vez se haya expedido el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, proceda,
dentro de los quince (15) días siguientes, a conceder el disfrute de las vacaciones solicitadas por
la señora Stella Odilia Ardila Caro.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 4 de septiembre de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, la señora Stella Odilia
Ardila Caro solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital, al trabajo, al descanso y a la igualdad.
A juicio de la demandante, la vulneración se presenta porque el Consejo Superior de la
Judicatura – la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja y el Consejo Seccional de la Judicatura
de Boyacá se han negado a conceder las vacaciones a las que tiene derecho.
2. Pretensiones
La actora propuso, textualmente, las siguientes pretensiones:
Tutelar mis Derechos Fundamentales al debido proceso, trabajo en condiciones dignas, mínimo
vital, descanso e igualdad y demás que consideren vulnerados. En consecuencia, intervenir y
ordenar:
1.- Al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, DEJAR SIN EFECTOS la
Resolución No. 034 del 13 de julio del 2023 y en su lugar, concederme el disfrute de las vacaciones
que me fueran suspendidas con ocasión de su Resolución No. 031 del 26 de noviembre de 2020
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y del acuerdo No. CSJBOYA20- 80 del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare,
y nombrar el respectivo funcionario de reemplazo en encargo.
2.- A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, diligenciar los tramites
presupuestales correspondientes para el pago de mis vacaciones y prima solicitadas. Asimismo,
expedir el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el pago de la provisión del
cargo de Juez Promiscuo Municipal de San Mateo Boyacá, vacante transitoriamente, mientras la
suscrita, como titular del mismo, hace uso de su derecho al descanso.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
La señora Stella Odilia Ardila Caro se desempeña como juez promiscua municipal de
San Mateo (Boyacá).
Mediante Acuerdo CSJBOYA20-80 del 30 de septiembre de 2020, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare estableció turnos para la atención
de la función de control de garantías en el Distrito Judicial de Tunja, Santa Rosa de
Viterbo y Yopal, durante la época de vacaciones colectivas de la Rama Judicial,
correspondiente entre el 20 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021.
Mediante Resolución No. 031 del 26 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en cumplimiento del anterior acuerdo,
suspendió el periodo de vacancia judicial comprendido entre el 20 de diciembre de
2020 a 10 de enero de 2021 a diferentes funcionarios, entre los cuales se encontraba
la señora Stella Odilia Ardila Caro, en calidad de juez promiscua municipal de San
Mateo.
El 31 de marzo de 2022, la actora solicitó al Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo
las vacaciones suspendidas para ser disfrutadas del 31 de mayo al 22 de junio de 2022.
La actora señaló que ese mismo día pidió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Tunja
que liquidara los factores de prima vacacional para el disfrute de las vacaciones.
Por oficio ESAJTUD022-976 del 30 de marzo de 2022, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Tunja informó a la actora que no era posible expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para autorizar el reemplazo de vacaciones suspendidas.
Por Resolución No. 024 del 21 de abril de 2022, la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo negó las vacaciones requeridas
por la actora, por razones del servicio, teniendo en cuenta que se requería nombrar un
reemplazo, para lo cual no contaba con certificado de disponibilidad presupuestal.
En razón de lo anterior, la actora promovió acción de tutela contra el Consejo Superior
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y el Consejo Seccional
de la Judicatura de Boyacá y Casanare, con el objeto de que se ampararan los
derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, al trabajo en condiciones
dignas, al descanso e igualdad, que estimó vulnerados por la falta de concesión del
periodo vacacional.
La demanda de tutela correspondió al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que, por sentencia del 9 de junio de 2022, la rechazó por improcedente.
Esa decisión no fue impugnada.
La actora manifiesta que solicitó nuevamente al Tribunal Superior de Santa Rosa de
Viterbo que concediera las vacaciones y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja que liquidara los factores de la prima vacacional para
el disfrute de las vacaciones, del 28 de noviembre al 19 de diciembre de 2023.
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Demandante: Stella Odilia Ardila Caro
Mediante oficio DESAJTUO23-3198 del 11 de julio de 2023, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Tunja informó que no era posible expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para el reemplazo de funcionarios que pertenecen al
régimen de vacaciones colectivas.
Por Resolución No. 034 del 13 de julio de 2023, la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo negó la solicitud de reanudación
de vacaciones de la actora, con fundamento en que no contaba con el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal para designar un remplazo que la sustituyera
en sus funciones mientras disfrutaba de las vacaciones.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La demandante alegó que las autoridades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo, al descanso y a la igualdad,
porque desconocieron que, al haberle suspendido sus vacaciones, debían reanudar el
periodo de descanso.
Adujo que la no concesión de las vacaciones por temas de carácter presupuestal y
administrativo no era una carga que debiera soportar.
Que, además, las vacaciones constituían un derecho adquirido por el hecho de haber
laborado un año continuo al servicio del empleador.
Finalmente, sostuvo que, en casos similares, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado han amparado los derechos fundamentales.
5. Intervenciones
El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial solicitó la desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto si bien esa entidad se encargaba de la
ejecución, administración y representación de la Rama Judicial, lo cierto era que la
competente para desatar el presente asunto era la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Tunja.
Además, expuso que la apropiación de recursos para la contratación de los empleados
judiciales con régimen de vacaciones individuales estaba prohibida, por expreso
mandato de la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2022. En ese sentido,
sostuvo que era improcedente la acción de tutela con fines de librar orden de asignación
de presupuesto para el pago del reemplazo de la actora.
Consideró que debió vincularse al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Consejo
Superior de la Judicatura, porque eran las entidades que tenían “ la primera la forma de
asignar el recurso necesario para cubrir estos costos y la segunda para que reglamente de
forma más concreta y determinante o modifique la reglamentación actual en este sentido ya así
poder disponer de los recursos necesarios para dicha situación”.
Finalmente, sostuvo que en el sub lite no advertía la existencia de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente la solicitud de amparo.
La magistrada auxiliar de la oficina del despacho de Presidencia del Consejo Superior
de la Judicatura solicitó la desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, con sustento en que no era viable que se le endilgara responsabilidad alguna,
teniendo en cuenta que las acciones u omisiones que atribuía la actora como
vulneradoras, recaían exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Tunja, entidad que actuaba como ordenadora del gasto conforme con los
numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996.
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Demandante: Stella Odilia Ardila Caro
La presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare solicitó
la desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en
que los hechos relacionados en la demanda de tutela correspondían a trámites propios
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja. En ese orden,
sostuvo que ese consejo no era competente para responder por lo pretendido por la
actora.
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja solicitó la
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el disfrute
de las vacaciones estaba bajo la discrecionalidad del nominador del despacho y, para
el caso concreto, correspondía al Tribunal Superior del Distrito Judicial.
Adujo que no vulneró los derechos fundamentales de la actora, que, por el contrario,
esa entidad contaba con la apropiación presupuestal para el pago de la liquidación que
por vacaciones le corresponde, mas no para proveer un remplazo.
A pesar de haber sido notificado en calidad de tercero con interés, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo no rindió informe.
6. Sentencia impugnada
Mediante sentencia del 2 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, concedió el amparo solicitado. El a quo consideró que la decisión de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, contenida en el oficio
DESAJTO23-3092 el 5 de julio de 2023, constituía una vulneración de los derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas de la señora Ardila Caro, puesto que
imponía una limitación injustificada a su disfrute, “circunstancia esta que desnaturaliza el
deber ser de la relación laboral, toda vez que sus vacaciones fueron interrumpidas por
necesidad del servicio”.
Expuso que toda conducta desplegada por el empleado, en aras de limitar en forma
injustificada el disfrute de un periodo de sosiego que, por demás, se encontraba
reconocido como derecho en el ordenamiento jurídico colombiano, se traducía en un
desconocimiento de la dignidad humana del trabajador.
Señaló que no era de recibo que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja pretendiera desconocer su responsabilidad, bajo el argumento de que
se encuentra imposibilitada para expedir el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal, sin exponer ni acreditar mayores razones, ocasionando que el goce y
disfrute del derecho al descanso que le asiste a la demandante quedara sometido al
hecho de que, eventualmente, se pudiera cubrir bajo la figura del encargo.
Consideró que la limitación del disfrute de las vacaciones de la actora, con fundamento
en razones administrativas, desconocía derechos superiores de rango constitucional y
que, además, su consecuencia no podía ser soportada por la señora Ardila Caro.
Indicó que era evidente que el servicio público esencial prestado por el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Mateo no podía ser interrumpido, por el hecho de que
alguno de los integrantes del equipo que conformaba la planta de personal del
despacho se encontrara en vacaciones, “razón esta que impone la obligación a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja de tomar los correctivos necesarios, en
aras de no afectar el normal funcionamiento del juzgado”.
En ese orden, aclaró que la ausencia de una persona, debido al disfrute del derecho a
sus vacaciones, no podía utilizarse como justificante para que los demás miembros del
equipo debieran asumir mayores cargas laborales.
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7. Impugnación
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial impugnó la sentencia de primera
instancia, solicitó que se revocara y, en su lugar, se denegaran las pretensiones de la
acción de tutela. Para el efecto, reiteró los argumentos que expuso en el informe que
rindió en el presente asunto relacionados con la falta de legitimación en la causa por
pasiva y con la circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, que, a su juicio, hace
inviable apropiar recursos para reemplazos de empleados con régimen individual de
vacaciones.
Adicionalmente, pidió que se ordenara al nominador de la parte demandante para que,
de forma inmediata y sin condicionamientos, concediera el periodo de vacaciones
solicitado.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
señora Stella Odilia Ardila Caro para amparar los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y trabajo digno vulnerados por las autoridades demandadas al
impedir que goce de su derecho al descanso.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Tunja y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo
vulneraron el derecho fundamental al trabajo digno de la actora, al impedir su derecho
al descanso por cuestiones administrativas.
Para resolver, la Sala se referirá a: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el
derecho al descanso, (iii) las vacaciones de los servidores judiciales y (iv) se analizará
el caso concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.
3. Del derecho fundamental al descanso
El artículo 53 de la Constitución Política prevé el derecho al descanso, que
está estrechamente ligado con el artículo 25 ibidem que consagra que toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
En el ámbito internacional, diferentes tratados internacionales, que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, han protegido el derecho al descanso. En ese sentido,
el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda
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persona tiene “derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. En los mismos
términos, el artículo 77 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales establece el derecho al trabajo.
En reiterada jurisprudencia8, la Corte Constitucional ha señalado que uno de los
derechos fundamentales del trabajador es el derecho al descanso y que “la
ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los
artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto y cuanto el descanso es una consecuencia
necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos
fundamentales del trabajo”9. Además, ha señalado que el derecho al descanso debe
entenderse como la oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas
intelectuales y materiales, pues la finalidad del cese de actividades por un periodo de
tiempo es que el trabajador recupere las energías gastadas en la labor que desempeña,
así como proteger su salud física y mental.
Es importante señalar que, en nuestra legislación, las vacaciones constituyen el
derecho al descanso remunerado. Así, el trabajador tiene derecho a disfrutar de un
tiempo libre como recompensa por las labores que desarrolló al servicio del empleador
y con el pago anticipado de ese derecho causado. La Corte Constitucional 10, respecto
del derecho de vacaciones, señaló lo siguiente:
Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que el
reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y
la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo
sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones
está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que
el trabajador efectivamente descanse. (Subraya la Sala).
Además, en sentencia C-171 de 2020, la Corte Constitucional estableció que “las
vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a uno de los mecanismos para
concretar el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso del
trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar en el propósito de dignidad y justicia,
en el ejercicio de sus actividades laborales”. De ahí que la periodicidad de las
vacaciones garantice el descanso efectivo para el trabajador.
En sentencias de tutela del 26 de febrero de 20201, 27 de mayo de 20212, 3 de junio de
20213, 10 de junio de 20214, 1 de julio de 20215, 12 de agosto de 20216, del 19 de
agosto de 20217, del 16 de junio de 20228, del 11 de mayo de 20239 (entre otras), esta
Sección ha amparado el derecho al descanso en casos relativos al disfrute de las
vacaciones individuales de los servidores judiciales. Así también lo hizo en sentencias
del 5 de agosto de 202110 y del 14 de octubre de 202111, en casos de vacaciones
colectivas.
4. De las vacaciones de los servidores judiciales
El artículo 146 de la ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de
Justicia– dispone que las vacaciones de los funcionarios y empleados de la rama
judicial serán colectivas, salvo “las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los
1 11001-03-15-000-2020-00143-00
2 Procesos Nos. 11001-03-15-000-2021-01100-00 y 11001-03-15-000-2021-01709-00.
3 Procesos Nos. 5001-23-33-000-2021-00684-01 y 11001-03-15-000-2021-01869-00.
4
11001-03-15-000-2021-02107-00
5 Procesos Nos. 05001-23-33-000-2021-00898-01 y 11001-03-15-000-2021-00447-01.
6 Proceso No. 11001-03-15-000-2021-04136-00
7 Procesos Nos. 05001-23-33-000-2021-01332-01(AC) y 11001-03-15-000-2021-04630-00.
8 Proceso No. 05001-23-33-000-2022-00444-01
9 Proceso No. 11001-03-15-000-2023-01418-00
10 Proceso No. 11001-03-15-000-2021-04086-00(AC)
11 Proceso 11001-03-15-000-2021-03365-01
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Demandante: Stella Odilia Ardila Caro
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.
Por su parte, el artículo 15 del Decreto 1045 de 1978 dispone que el disfrute de las
vacaciones se interrumpirá cuando se configure, entre otras, la causal de “las
necesidades del servicio”. El artículo 16 ibidem establece que cuando ocurra la
interrupción justificada del goce de vacaciones ya iniciadas, “el beneficiario tiene
derecho a reanudarlas por el tempo que falte para completar su disfrute y desde la
fecha que oportunamente se señale para tal fin”.
5. Análisis del caso concreto
Como se expuso en los antecedentes, las vacaciones colectivas de la señora Stella
Odilia Ardila Caro fueron suspendidas para cumplir el turno de atención con función de
control de garantías, entre el 20 de diciembre de 2020 y el 10 de enero de 2021.
La decisión de denegar la reanudación de las vacaciones de la señora Stella Odilia
Ardila Caro tuvo como sustento que, de un lado, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja estimó que no era posible expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para autorizar el reemplazo de funcionarios que pertenecen
al régimen de vacaciones colectivas y, de otro, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Rosa de Viterbo, con fundamento en la respuesta de la dirección seccional,
estimó que la falta de asignación de recursos para nombrar un reemplazo a la actora,
impedía conceder el disfrute de las vacaciones requeridas.
La Sala advierte que las barreras de tipo administrativo por las que se impidió a la
señora Ardila Caro el disfrute de las vacaciones son una carga desproporcionada que
no debe soportar, porque únicamente le correspondía demostrar el cumplimiento de los
requisitos legales para acceder a dicho beneficio. Si bien la demandante hace parte de
los funcionarios del régimen colectivo de vacaciones, lo cierto es que el periodo de
vacaciones fue suspendido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa
de Viterbo, mediante Resolución No. 031 del 26 de noviembre de 2020, en
cumplimiento de la directriz contenida en el Acuerdo CSJBOYA20-80 del 30 de
septiembre de 2020 del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare,
para que atendiera la función de control de garantías del sistema penal acusatorio. Esa
decisión impidió el disfrute pleno de su derecho al descanso.
Ahora, en la impugnación la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial considera
que la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 impide apropiar recursos para
reemplazos de empleados con régimen individual de vacaciones.
Al respecto, sea lo primero señalar que la citada circular tuvo como propósito eliminar
los condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, “que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones
individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho” y dispuso el procedimiento
a seguir por parte de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales.
Luego, no es una norma que se relacione con el régimen de vacaciones colectivas que
es a la que pertenece la demandante y, en todo caso, el hecho de que esa regulación
no contenga un procedimiento para garantizar rubros de los servidores beneficiaros de
ese régimen, no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso
de estos.
Como quedó expuesto anteriormente, en el régimen de vacaciones colectivas, cuando
se interrumpen las vacaciones, el beneficiario tiene derecho a reanudarlas para
completar su disfrute.
Siendo así, no hay razón para impedir que la actora disfrute de un derecho ya causado,
pues para el efecto basta con la comprobación del cumplimiento de los requisitos
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Demandante: Stella Odilia Ardila Caro
legales. Independientemente de la categoría que tenga el empleado y del régimen de
vacaciones al que pertenezca, tiene derecho al descanso, de modo que no es de recibo
el trato diferenciado que expone la autoridad demandada. Aceptar lo contrario, sería
desconocer el derecho a la igualdad de la demandante.
Finalmente, en cuanto a la presunta falta de legitimación por pasiva alegada, es
importante resaltar que, de conformidad con el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es “el órgano técnico y administrativo que
tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con
sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura”. Por su parte,
el artículo 99 ibidem prevé que el director ejecutivo de Administración Judicial tiene
entre sus funciones: (i) administrar los bienes y recursos destinados para el
funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización
y (ii) actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan.
Por su parte, las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales tienen el deber de
“(…) 6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y
eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y
empleados de esta Rama (…)”12. De ahí la responsabilidad que le atañe en el caso
concreto a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja.
Por lo tanto, ante situaciones que puedan alterar el normal desarrollo de un despacho
judicial, se requiere que exista un trabajo conjunto de las autoridades competentes en
el que se permita garantizar tanto la continuidad del servicio como el derecho al
descanso remunerado.
Se descarta, entonces, los argumentos presentados por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en el escrito de impugnación.
Por lo demás, la Sala coincide con el juez de primera instancia, en cuanto a que
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Viterbo
vulneraron el derecho fundamental al trabajo en condiciones de la actora, al impedir su
del derecho al descanso.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión impugnada. Conviene precisar que si
bien en oportunidades anteriores13 la Sala ha otorgado 30 días para el cumplimiento
del fallo, en esta ocasión no modificará los términos otorgados por el a quo, pues se
advierten razonables.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
12
Ley 270 de 1996.
13
Procesos 11001-03-15-000-2021-04086-00(AC) y 11001-03-15-000-2021-03365-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04823-01
Demandante: Stella Odilia Ardila Caro
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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