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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01418-00

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-01418-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al descanso de la señora Cristina Pérez Rodríguez, conforme a lo expuesto en esta providencia. 2. Ordenar Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué que, en el término de 30 días contados a partir de la notificación de la presente providencia, de manera coordinada y en el marco de sus competencias, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para el nombramiento de un reemplazo de escribiente de circuito, grado nominado del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, para que se materialice el derecho al disfrute pleno del descanso remunerado de la actora. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-01418-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

11 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00
Demandante: Cristina Pérez Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01418-00
Demandante: CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Derecho fundamental al descanso. Vacaciones individuales
empleado de la Rama Judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Cristina Pérez
Rodríguez contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima y al Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 17 de marzo de 2023, en ejercicio de la acción de tutela la señora Cristina Pérez
Rodríguez pidió la protección de los derechos fundamentales al trabajo, al
descanso y a la igualdad. A juicio de la parte actora, la vulneración fue ocasionada
por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima
y al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
i) A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia Tolima, la provisión de
los recursos necesarios para que el Juez Coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta
ciudad, nombre el reemplazo del suscrito mientras disfrute de los periodos de vacaciones
pendientes, es decir, la vigencia del 2021-2022.

ii) Al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué́ , Tolima, para una vez la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial apropie los recursos solicitados para mi reemplazo,
me conceda el disfrute de las vacaciones solicitadas.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

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Radicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00
Demandante: Cristina Pérez Rodríguez

La señora Cristina Pérez Rodríguez labora como escribiente de circuito, grado
nominado en propiedad, del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medias de Seguridad de Ibagué.

El 8 de marzo de 2023, la señora Pérez Rodríguez solicitó al juez coordinador del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué que concediera las vacaciones por el término de
25 días continuos, a partir del 2 de mayo de 2023, (causadas del 1º de abril de
2021 al 30 de marzo de 2022).

Mediante correo electrónico del 8 de marzo de 2023, la secretaria (E) del Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué (por instrucciones del juez coordinador) solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Ibagué–Tolima, el certificado de
disponibilidad presupuestal para el disfrute de vacaciones de la señora Cristina
Pérez Rodríguez.

En respuesta a la anterior solicitud, por oficio del 13 de marzo de 2023, el director
ejecutivo seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima informó que la
normatividad vigente no contemplaba reemplazos por vacaciones para empleados
de la Rama Judicial y aclaró que no existía disponibilidad presupuestal para ese
efecto. Por lo anterior, sugirió que se efectuara la distribución de las tareas de quien
se encontrare disfrutando de vacaciones, entre los demás empleados del
despacho.

Por Resolución No. 046 del 15 de marzo de 2023, el juez coordinador del Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué negó el disfrute de vacaciones de la señora Cristina Pérez
Rodríguez. Lo anterior, con fundamento en que, por necesidad del servicio,
derivada de la alta carga laboral y congestión presentada, la actora debía continuar
adelantando las funciones que tenía a su cargo.

3. Argumentos

La señora Cristina Pérez Rodríguez alegó que las autoridades demandadas
vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, al descanso y a la igualdad, al
no permitir el descanso al que tiene derecho, indispensable para su salud física y
mental.

Además, manifestó que todos los escribientes del Centro de Servicios de la
Especialidad han informado a la Administración Judicial sobre la grave situación
por carga laboral y de la necesidad de la creación de cargos de apoyo para sus
funciones. En ese sentido, señaló que era imposible distribuir su carga laboral de
forma proporcionada entre los empleados del Centro de Servicios “porque generaría
mayor sobrecarga laboral y estrés en los compañeros que reciban dicha carga”.

La actora reprochó que a magistrados y jueces sí se provean los recursos para los
remplazos, mientras que a los empleados no, circunstancia que, a su juicio,
evidenciaba la flagrante violación del derecho a la igualdad.

Finalmente, indicó que, en casos similares, el Consejo de Estado ha amparado los

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Demandante: Cristina Pérez Rodríguez

derechos fundamentales.

4. Trámite procesal

Por auto del 27 de marzo de 2023, el despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, al
presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al director Ejecutivo Seccional de
Administración Judicial de Ibagué–Tolima y al juez coordinador del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad. Adicionalmente, vinculó en calidad de tercero con interés al director
Ejecutivo de Administración Judicial.

En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 12 de abril
de 20231.

5. Intervenciones

El Consejo Superior de la Judicatura solicitó la desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque no era el competente para cumplir las
órdenes que se expidieran para garantizar los derechos fundamentales de la
demandante. Expuso que las acciones u omisiones que atribuía la actora como
vulneradoras, recaían exclusivamente sobre la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela, con fundamento en que esa entidad no
ha vulnerado los derechos fundamentales de la demandante. En ese sentido,
explicó que tenía la disponibilidad presupuestal para el pago de las vacaciones de
la señora Cristina Pérez Rodríguez, mas no para el nombramiento del remplazo.

Adujo que la normatividad vigente no contempla los remplazos por vacaciones para
los empleados de la Rama Judicial. Señaló que conforme con las directrices
impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura, la ausencia temporal generada
por las vacaciones de la actora debía ser remplazada a través del nombramiento
en encargo de personal que se encontrara nombrado en propiedad e inscrito en
carrera en el Centro de Servicios, lo que debía ser tenido en cuenta por el
nominador, encargado de otorgar el disfrute de las vacaciones.

El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima pidió que se denegaran las
pretensiones de la acción de tutela, por cuanto esa entidad no estaba legitimada
por pasiva debido a que no era la instancia competente para: (i) ordenar, solicitar,
pagar, asignar o negar la partida presupuestal solicitada por la actora; (ii) dar
órdenes o injerir en las decisiones de los funcionarios judiciales que gozan de
autonomía e independencia judicial y administrativa, y (iii) la demandante no
requirió su vinculación en la presente acción de tutela.

El juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué solicitó que se

1 Índice No. 8 de Samai.

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Demandante: Cristina Pérez Rodríguez

decidiera de manera desfavorable la tutela respecto de esa entidad, dado que no
ha vulnerado ningún derecho fundamental de la señora Pérez Rodríguez, toda vez
que la determinación de negar el disfrute de las vacaciones obedeció a estrictas
necesidades del servicio. Que, además, previa a esa determinación agotó las
gestiones necesarias ante el director Ejecutivo de Administración Judicial de
Ibagué–Tolima, a efectos de que gestionara los recursos para su remplazo, sin que
a la fecha agotara trámite alguno al respecto.

Adicionalmente, informó que el Centro de Servicios se encuentra afectado por la
excesiva carga laboral, que ha originado congestión judicial. Por esa razón, señaló
que se ha requerido personal sin obtener respuesta favorable y, para el caso de las
vacaciones de la señora Pérez Rodríguez, solicitó recursos en aras de preservar la
adecuada prestación del servicio público de administración de justicia.

También explicó que algunas de las causas que han generado la excesiva carga
laboral de esa dependencia, se encuentra que “esta secretaria para el año 2020
atendía las labores de los seis (6) juzgados de la especialidad con dieciocho (18)
empleados, es decir una proporción de tres (3) empleado por despacho, situación que
cambio ostensiblemente con la creación por parte del Consejo Superior de la Judicatura
del Juzgado 7° de EPMS de esta ciudad, pues con esta decisión solo se creó un cargo
para la secretaria común”.

II. CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela. Generalidades

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser eficaz para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe dicho perjuicio y, de existir, concederá el amparo impetrado como
mecanismo transitorio, siempre que esté plenamente acreditada la razón para
conceder la tutela.

2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala estima que la demanda de tutela cumple los requisitos generales para la
procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de subsidiariedad, teniendo en
cuenta que la actora no cuestiona la legalidad del acto administrativo que no
accedió a la petición de vacaciones, pues su inconformidad radica en las
obstaculizaciones administrativas que no han impedido que disfrute de sus
vacaciones, circunstancia que conlleva a la ausencia de descanso y que podría
comprometer su salud física y mental. En consecuencia, se resolverá el asunto de
fondo.

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Demandante: Cristina Pérez Rodríguez

En los términos de la acción de tutela, corresponde a la Sala determinar si el
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial
de Ibagué–Tolima y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad vulneraron los derechos
fundamentales al trabajo, al descanso y a la igualdad de la señora Cristina Pérez
Rodríguez, al no acceder a la solicitud de disfrute de vacaciones por motivos de
orden presupuestal.

Para resolver, la Sala se referirá, en primer lugar, al derecho fundamental
al descanso y a las vacaciones de los servidores judiciales. Finalmente, estudiará
el caso concreto.

3. Del derecho fundamental al descanso

El artículo 53 de la Constitución Política prevé el derecho al descanso, que
está estrechamente ligado con el artículo 25 ibidem que consagra que toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

En el ámbito internacional, diferentes instrumentos internacionales, que hacen parte
del bloque de constitucionalidad, han protegido el derecho al descanso. En ese
sentido, el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala
que toda persona tiene “derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”.
En los mismos términos, el artículo 77 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho al trabajo.

En reiterada jurisprudencia8, la Corte Constitucional ha señalado que uno de los
derechos fundamentales del trabajador es el derecho al descanso y que “la
ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de
los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto y cuanto el descanso es una
consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios
mínimos fundamentales del trabajo”9. Además, ha señalado que el derecho al
descanso debe entenderse como la oportunidad que se le otorga al empleado para
reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, pues la finalidad del cese de
actividades por un periodo de tiempo es que el trabajador recupere las energías
gastadas en la labor que desempeña, así como proteger su salud física y mental.

Es importante señalar que, en nuestra legislación, las vacaciones constituyen el
derecho al descanso remunerado. Así, el trabajador tiene derecho a disfrutar de un
tiempo libre como recompensa por las labores que desarrolló al servicio del
empleador y con el pago anticipado de ese derecho causado. La Corte
Constitucional10, respecto del derecho de vacaciones, señaló lo siguiente:

Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que
el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la
fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces
un sobre sueldo sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en
dinero de las vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley,
puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. (Subraya la Sala).

Además, en Sentencia C-171 de 2020, la Corte Constitucional estableció que “las
vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a uno de los mecanismos para

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concretar el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso del
trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar en el propósito de dignidad y
justicia, en el ejercicio de sus actividades laborales”. De ahí que la periodicidad de
las vacaciones garantice el descanso efectivo para el trabajador.

En sentencias de tutela del 26 de febrero de 20202, 27 de mayo de 20213, 3 de junio
de 20214, 10 de junio de 20215, 1 de julio de 20216, 12 de agosto de 20217, del 19
de agosto de 20218 y del 16 de junio de 20229 (entre otras), esta Sección ha
amparado el derecho al descanso en casos relativos al disfrute de las vacaciones
individuales de los servidores judiciales. Así también lo hizo en sentencia del 5 de
agosto de 202110, en un caso de vacaciones colectivas.

4. De las vacaciones de los servidores judiciales y solución al problema
jurídico planteado

El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de
Justicia– dispone que las vacaciones de los funcionarios y empleados de la rama
judicial serán colectivas, salvo “las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” asimismo, señala la
norma que las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y
Seccionales de la Judicatura, por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los
Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de 22
días continuos por cada año de servicio.

Por su parte, mediante Circular No. PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció el
procedimiento para la programación de vacaciones de los funcionarios judiciales
que pertenecen al régimen de vacaciones individuales.

La anterior circular derogó las circulares 44 y 89 de 2005, proferidas por esa misma
entidad, última que establecía la asignación de recursos para remplazos por
vacaciones del personal perteneciente al régimen de vacaciones individuales, bajo
el cumplimiento de al menos alguna de las siguientes condiciones:

2.1. Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de
Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente
aplicar la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones
del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los empleados restantes.

2 11001-03-15-000-2020-00143-00.
3 Procesos Nos. 11001-03-15-000-2021-01100-00 y 11001-03-15-000-2021-01709-00.
4 Procesos Nos. 5001-23-33-000-2021-00684-01 y 11001-03-15-000-2021-01869-00.
5 11001-03-15-000-2021-02107-00.
6 Procesos Nos. 05001-23-33-000-2021-00898-01 y 11001-03-15-000-2021-00447-01.
7 Proceso No. 11001-03-15-000-2021-04136-00.
8 Procesos Nos. 05001-23-33-000-2021-01332-01(AC) y 11001-03-15-000-2021-04630-00.
9 Proceso No. 05001-23-33-000-2022-00444-01.
10 Proceso No. 11001-03-15-000-2021-04086-00(AC).

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Demandante: Cristina Pérez Rodríguez

2.2. Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá
certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos para ser
designado en encargo como Juez, situación que debe ser corroborada e igualmente certificada
por el Director Seccional, previa verificación de las hojas de vida correspondientes.

Justamente la expedición de la Circular No. PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011 tuvo como propósito eliminar los condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, “que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho” y dispuso el procedimiento a seguir por parte de los funcionarios judiciales
del régimen de vacaciones individuales que pretendieran hacer uso de ese derecho,
consistente en el deber de reportar la programación de las vacaciones hasta el mes
de marzo del año siguiente a la causación, ante el Consejo Seccional de la
Judicatura, Sala Administrativa y Dirección Seccional, del respectivo distrito judicial.

Ahora, si bien la citada circular únicamente se refiere a los funcionarios judiciales
que, en los términos del artículo 125 de la Ley 270 de 1996, se trata de los
magistrados de las corporaciones judiciales, los jueces de la República y los
fiscales, esta Sala es del criterio de que “la omisión de establecer un procedimiento
para garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados judiciales no puede
servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso de estos”11.

5. Caso concreto

En el asunto objeto de análisis, la señora Cristina Pérez Rodríguez solicitó en el
mes de marzo la programación de sus vacaciones para el disfrute del derecho al
descanso, por haber laborado un año continuo. Sin embargo, no se accedió a su
solicitud, bajo los argumentos de la necesidad del servicio y la negativa de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima de
asignar el presupuesto requerido para la designación del reemplazo del empleado
ausente por vacaciones.

De acuerdo con lo anterior, la falta de asignación de recursos por parte de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima está
repercutiendo de manera directa en el derecho al descanso de la actora y, de
contera, amenaza su salud física y mental.

La Sala no desconoce que fue el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué el que, como
nominador, negó el otorgamiento de las vacaciones de la demandante. Sin
embargo, esa decisión está ligada a la respuesta del director Ejecutivo Seccional
de Administración Judicial de Ibagué–Tolima, que en oficio DESAJIBO23-453 del
13 de marzo de 2023 informó que no era posible expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para autorizar el reemplazo de las vacaciones de la
señora Pérez Rodríguez.

11 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-000-

2018 00756-01. C.P. Milton Chaves García. En igual sentido se indicó en la sentencia del 26 de febrero de
2020. Radicado Nro. 11001-03-15-000-2020-00143-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Luego, como informó el juez coordinador del Centro de Servicios, esa falta de
asignación de recursos necesariamente repercutiría en la prestación del servicio,
porque las labores de la actora no pueden ser asumidas por las otras dos personas
del Centro debido a la alta carga laboral que actualmente atraviesa 12. Esa situación
da cuenta de que no es posible redistribuir las funciones entre los demás servidores
del despacho. Por lo tanto, resulta necesario nombrar un remplazo en el cargo de
la demandante y que se adelante las gestiones administrativas y presupuestales
correspondientes.

Impedir el derecho al descanso con fundamento en restricciones de carácter
administrativo, no es una carga que deba soportar la señora Cristina Pérez
Rodríguez. De ahí que ante situaciones que puedan alterar el normal desarrollo de
un despacho judicial o Centro de Servicios, se requiere que exista un trabajo
conjunto de las autoridades competentes en el que se permita garantizar tanto la
continuidad del servicio como el derecho al descanso remunerado.

En este punto es importante resaltar que de conformidad con el artículo 98 de la
Ley 270 de 1996, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es “el órgano
técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades
administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones del
Consejo Superior de la Judicatura”. Por su parte, el artículo 99 ibidem prevé que el
director ejecutivo de Administración Judicial tiene entre sus funciones: (i)
administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama
Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización y (ii) actuar como
ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

Por su parte, las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales tienen el deber
de “(…) 6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y
eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y
empleados de esta Rama (…)”13. De ahí la responsabilidad que le atañe en el caso
concreto a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima.

Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que en el sub lite la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué–Tolima y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué vulneraron los derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo y al descanso de la señora Cristina Pérez
Rodríguez, al no acceder a la solicitud de disfrute de vacaciones.

Queda resuelto, entonces, el problema jurídico propuesto: el Consejo Superior de
la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima y el
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y

12 Relacionó los siguientes oficios: (i) 13633 del 4 de febrero de 2022, suscrito por los escribientes de esa

dependencia, en el que ponen de presente que las múltiples fallas en los sistemas han causado “un retraso
desmedido” en las funciones que tienen asignadas i) el oficio No. 13633, del 04-02-2022, suscrito por los ; (iii)
oficios 427 del 25-08-2021 y 427 del 07-09- 2021, por medio de los cuales el Juzgado 1° de EPMS, han
registrado las fallas con los sistemas suministrados y se refieren a las repercusiones de estas con la carga
laboral y las posibles acciones disciplinarias que esta mora le puede acarrear al titular; (iv) oficio No. 0080, del
dos (2) de febrero de 2022, del Juzgado 2° de EPMS, pone reitera las fallas y enuncia las repercusiones en la
gestión del despacho; (y) oficio No. 081, del 14-02-2022, donde comunica la congestión en el cargue de
peticiones al sistema por la demora de la digitalización.
13 Ley 270 de 1996.

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Demandante: Cristina Pérez Rodríguez

Medidas de Seguridad vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, al
descanso y a la igualdad de la señora Cristina Pérez Rodríguez.

Por lo expuesto, se ampararán los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo
y al descanso de la señora Cristina Pérez Rodríguez. En consecuencia, se
ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Ibagué–Tolima y el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Ibagué que, en el término de 30 días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, de manera coordinada y en el marco de sus
competencias, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondan, para el nombramiento de un reemplazo de escribiente de circuito,
grado nominado del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, para que se
materialice el derecho al disfrute pleno del descanso remunerado de la actora.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al descanso de
la señora Cristina Pérez Rodríguez, conforme a lo expuesto en esta providencia.

2. Ordenar Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Ibagué–Tolima y el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Ibagué que, en el término de 30 días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, de manera coordinada y en el marco de sus
competencias, adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondan, para el nombramiento de un reemplazo de escribiente de circuito,
grado nominado del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, para que se
materialice el derecho al disfrute pleno del descanso remunerado de la actora.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para
lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00
Demandante: Cristina Pérez Rodríguez

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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