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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2012-00652-01

Fecha
4 de marzo de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2012-00652-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 26 de noviembre de 2014. SEGUNDO: CONDENAR en costas a Iván Rodrigo Alvarado Gaitán y Uriel Guerrero Farfán por las razones señaladas en esta providencia, las que deberán ser liquidadas de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso. TERCERO: FIJAR las agencias en derecho en CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($5’028.726,58) a favor del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, que corresponden al 1% del valor de las pretensiones.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-33-000-2012-00652-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., cuatro (04) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
Demandante: Iván Rodrigo Alvarado Gaitán y Uriel Guerrero Farfán
Demandada: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca
que negó las pretensiones de la demanda.

La controversia versa sobre el derecho que tiene o no la Unión Temporal EPC 2009
a que se reconozcan los valores en los que tuvo que incurrir por mayores cantidades
de obras, obras adicionales y sobrecostos por mayor permanencia en obra, en el
marco de un contrato que se pactó por el sistema de precio global. El Tribunal negó
las pretensiones de la demanda. La parte recurrente insiste en que sí se acreditaron
tales obras y en que, aunque se previeron en las condiciones que rigieron el proceso
de selección, unas no se contemplaron en el programa de áreas, necesidades y
organigrama de funciones que debía tenerse en cuenta para ajustar el presupuesto
y otras sí se relacionaron, pero con un área menor a la finalmente ejecutada. En
cuanto a la mayor permanencia en obra, menciona que se generó por causas
imputables a la entidad pública demandada.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 26 de noviembre de 2014,
en la que el Tribunal Administrativo del Cauca dispuso:

“PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con
las razones expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, conforme a lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Liquídense por
Secretaría las costas del proceso”.

2. Esta sentencia decidió la demanda presentada por Iván Rodrigo Alvarado
Gaitán y Uriel Guerrero Farfán, integrantes de la Unión Temporal EPC 2009 (en
adelante, la parte demandante) contra el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (en
adelante, FORPO, el Fondo o el demandado). Las pretensiones, los hechos y los
fundamentos jurídicos de la demanda se enuncian a continuación:

Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
Demandante: Iván Rodrigo Alvarado Gaitán y Uriel Guerrero Farfán
Demandada: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Pretensiones

3. La parte demandante pidió que se pronuncien las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe literalmente, incluso, con errores):

“PRIMERA.- Que se Declare que el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
‘Forpo’.-, incumplió el contrato de obra No. 049-03-2009, suscrito con la UNION
TEMPORAL EPC 2009, conformada por los señores URIEL GUERRERO
FARFÁN e IVÁN RODRIGO ALVARADO GAITÁN, cuyo objeto fue elaborar y
ejecutar a precio global el levantamiento topográfico, diseño arquitectónico,
estudio de suelos, diseño y cálculo estructural, diseño hidrosanitario, diseño
eléctrico, y construcción de la estación de policía de San Sebastián Cauca, por
el sistema llave en mano, a precio global y plazo fijo, al no reconocer en las
actas de liquidación parcial y definitiva los valores de los sobrecostos incurridos
durante la ejecución del mismo, según lo solicitado por el contratista, y al no
cancelarle dichos valores. Igualmente desconoció sus deberes contractuales al
obligar a la sociedad demandante a permanecer en las obras por mayor tiempo
que el previsto al momento de contratar.

SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL ‘FORPO’, a pagar a los
demandantes URIEL GUERRERO FARFÁN e IVÁN RODRIGO ALVARADO
GAITÁN, que conforman la UNION TEMPORAL EPC 2009, el monto de los
sobrecostos y perjuicios incurridos durante la ejecución del contrato ya
mencionado en este escrito y derivados del incumplimiento de las obligaciones
a cargo del demandado, que ascendían en el mes de Diciembre de 2010 y en
dinero de poder adquisitivo de esa época a una suma equivalente a
QUINIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
($502.872.611.78) , o lo que resulte probado.

CUARTA: Que la condena por perjuicios materiales, sea liquidados
ajustándolos al valor de la fecha de la sentencia con base en el índice de precios
al consumidor desde cuando debió satisfacerse la obligación, como lo dispone
el inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, aplicando la fórmula de indexación aceptada por
el honorable Consejo de Estado

QUINTA: Que se prevenga a la entidad demandada a dar cumplimiento a la
sentencia, en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTA: Que se condene en costas a la entidad demandada, atendiendo al
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

Hechos

4. En apoyo de sus peticiones, la demandante relató los siguientes hechos:

4.1. Mencionó que el 17 de junio de 2009, el FORPO y la Unión Temporal EPC
2009, de la que hicieron parte los demandantes (en adelante, la Unión Temporal o
la contratista) celebraron el contrato No. 049-03-2009, cuyo objeto consistió en
elaborar y ejecutar el levantamiento topográfico, diseño arquitectónico, estudio de
suelos, diseño y cálculo estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico, así como
la construcción de la estación de policía de San Sebastián, Cauca, por el sistema
llave en mano y a precio global que se pactó en $1.469’485.459,41. El plazo se

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Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
Demandante: Iván Rodrigo Alvarado Gaitán y Uriel Guerrero Farfán
Demandada: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

estipuló en 6 meses, 2 para la elaboración de estudios y diseños, y 4 para la etapa
de construcción.

4.2. Señaló que como el contrato se celebró por el sistema de precio global, se
acordó que la Unión Temporal no tendría derecho a solicitar reconsideración del
valor inicialmente contemplado; sin embargo, también se acordó que para
solucionar los inconvenientes que se llegaren a presentar por situaciones
imprevistas que variaran sustancialmente las condiciones inicialmente pactadas, se
debía dar aviso por escrito a la entidad contratante con el fin de que procediera a la
revisión de tales circunstancias, para que, en caso de ser necesario, se ordenaran
los cambios pertinentes.

4.3. Indicó que durante la ejecución del contrato se presentaron distintas
situaciones extraordinarias e imprevisibles atribuibles a causas externas que
alteraron gravemente la ecuación económica, lo que conllevó a una afectación
patrimonial de los miembros de la Unión Temporal.

4.4. En punto a lo anterior, dijo que el plazo para la elaboración de los diseños
arquitectónicos y estudios técnicos duró 2 meses más de lo inicialmente
programado debido a que, además de la interventoría, la supervisión del contrato
también estuvo a cargo de 2 oficinas del FORPO –la Dirección Administrativa y
Financiera de la Policía, DIRAF, y el Comité Técnico del FORPO–, lo que generó
retrasos en la aprobación de esos trabajos en consideración a los tiempos que se
tomaron para conciliar los criterios arquitectónicos de seis profesionales, tardanza
que ocasionó sobrecostos asociados a los cambios que cada supervisor realizaba
a los diseños, entre ellos, los gastos relacionados con la necesidad de mantener
vinculados a los profesionales encargados de los estudios estructurales,
hidrosanitarios, eléctricos y los gastos de plotteo .

4.5. Adicionalmente, afirmó que las condiciones económicas del contrato se
alteraron debido a que el área final construida fue superior a la indicada en el pliego
definitivo del proceso de contratación y en el anexo denominado “INFORMACIÓN
GENERAL PRESUPUESTO ESTACIONES”, que la determinó en 760m2 y que fue
la información que se tuvo en cuenta para elaborar su propuesta, pues, al final, se
construyó una obra de 760,53 m2, más un muro de cerramiento con un área de
400m2 y unas obras urbanísticas distintas a las inicialmente previstas que
ascendieron a 337,82 m2. Afirmó que por esta misma razón tuvo que permanecer
más tiempo en obra. Indicó que los mayores costos en los que tuvo que incurrir por
mayores cantidades de obra y obras adicionales ascendieron a $119’080.666,97,
correspondientes a: plaza de armas, $34’534.638,06 (cantidad 228m2); andenes
(cantidad 109,782 m2), $14.733.089,11 y cerramiento en concreto –muro- (cantidad
400m2), $69’812.939,80.

4.6. En relación con ese mismo aspecto, aseveró que una vez suscrito el contrato,
el supervisor entregó el programa de áreas, necesidades y organigrama de
funciones, según las especificaciones técnicas suministradas en el pliego de
condiciones y que con base en esta información la Unión Temporal procedió a
realizar los diseños arquitectónicos correspondientes. Señaló que, si bien en el ítem
5 de las especificaciones técnicas del pliego de condiciones se incluyeron los

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Demandante: Iván Rodrigo Alvarado Gaitán y Uriel Guerrero Farfán
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diseños arquitectónicos, obras exteriores y urbanismo, y la contratista sabía que
dentro de los diseños debía incluir la seguridad de la estación, lo cierto es que todo
ello debía hacerse dentro del área contratada.

4.7. Añadió que, con base en los diseños arquitectónicos y estudios técnicos, la
Unión Temporal procedió a realizar el presupuesto de obra, ejercicio en el que
concluyó que, debido a las mayores cantidades, el presupuesto ascendía a
$1.625’773.914,25 y así lo presentó a la Interventoría; sin embargo, esta le solicitó
ajustar el valor a lo pactado en el contrato –$1.421’310.630,56–, sin excluir el muro
de cerramiento y las obras de urbanismo a las que previamente se hizo alusión, so
pena de incurrir en incumplimientos, pues se había comprometido a ejecutar la obra
a todo costo. Dijo que, bajo el temor de enfrentarse a una declaratoria de caducidad
del contrato, tuvo que ajustar el presupuesto.

4.8. Señaló que los ítems imprevisibles o improbables no podían ser tenidos en
cuenta para la presentación de la propuesta económica y que con la visita al terreno
no podían establecerse los inconvenientes que resultaran posteriormente en los
estudios de suelos, así como tampoco los que se originaran en razón del clima y la
situación de inseguridad y orden público de la zona, aspectos que también
afectaron el equilibrio económico del contrato.

4.9. Expresó que otra de las razones por las que se alteró el equilibrio económico
del contrato consistió en que, una vez iniciada la obra con base en los estudios y
diseños arquitectónicos aprobados, un vecino del terreno demostró que el proyecto
ocupaba 6 metros de su predio, lo que impuso que tuvieran que replantearse los
estudios y diseños, hecho que generó mayores costos a la contratista. Aseveró que,
como consecuencia del desplazamiento, la obra quedó en una ladera, por lo que,
para garantizar la estabilidad del edificio y evitar problemas de sismo resistencia,
se tuvieron que rediseñar los cimientos y hacer cambios en las pendientes del
nuevo sitio, lo que obligó a hacer mayores cortes de terreno y nuevas obras de
cimentación. Señaló que los mayores costos por estas mayores cantidades de obra
se determinaron de conformidad con los capítulos de cimentación y estructura y
que ascendieron a $205’432.941.

4.10. Agregó que se presentaron demoras injustificadas imputables a la entidad
contratante en la aprobación de las obras adicionales relacionadas con el
alcantarillado, porque el requerimiento de la Unión Temporal en ese sentido se
presentó el 28 de julio de 2010 y fue resuelto cuatro meses después.

4.11. De otra parte, afirmó que el FORPO no realizó los pagos en los plazos
convenidos, lo que incrementó el plazo de ejecución y agravó la situación
económica de la Unión Temporal, pues los sobrecostos causados excedieron su
capacidad financiera, por lo que tuvo que solicitar préstamos para poder cumplir
con sus obligaciones. Así, dijo que: el día 11 de junio de 2010 presentó a la entidad
la cuenta de corte No. 2 por valor de $142’131.063,06 y el 21 de esos mismos mes
y año presentó la No. 3 por el mismo valor; que el 12 de julio siguiente solicitó
agilizar el pago de las mencionadas cuentas de cobro que ya tenían un mes de
retraso; que el día 15 de esas mismas calendas, el FORPO solicitó el cambio de
las fechas, por lo cual la contratista entregó las facturas 021 y 022; que el día 28

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siguiente se le solicitó nuevamente el cambio de fechas de las facturas por lo que
entregó las 026 y 027 y que, finalmente, el pago se hizo el 3 de agosto de 2010.

4.12. Relató que las partes suscribieron 5 prórrogas al plazo del contrato con
fundamento en causas imprevisibles como el clima que afectó, por derrumbes, el
transporte de materiales y de personal desde Popayán hasta el lugar de la obra.
Seguidamente se refirió a cada una de las prórrogas y a las causas en las que se
sustentaron, entre ellas: inconvenientes presentados en la ejecución de los estudios
técnicos relacionados con los estudios de suelos (prórroga 1); imprevistos
inherentes a la complejidad de una estación de policía grado 5 de seguridad que
incidieron en la compra de materiales (prórroga 2); razones de orden público que
generaron dificultades en el transporte (prórroga 3); obras adicionales de
alcantarillado (prórroga 4); e inconvenientes de tipo climático que dificultaron el
transporte de material para los últimos acabados del edificio, además de razones
de orden público (prórroga 5).

4.13. Narró también que, a través de contrato adicional No. 6, se acreció el valor del
contrato en $52’286.602,28. Expresó que la Unión Temporal solicitó la adición por
valor de $71’431.879,59, con fundamento en que la línea de conducción a la cual
debía conectarse la estación de policía no estaba construida y, por tanto, no podía
entrar en funcionamiento hasta tanto se proporcionara un sistema adecuado de
aguas negras; además de que se requería construir una garita adicional a las
presupuestadas y un muro de concreto no diseñado en los planos, solicitados por
un subintendente y un intendente por razones de seguridad. Señaló que la DIRAF
consideró viable la adición, pero por el valor que finalmente se pactó y únicamente
en relación con la obra de alcantarillado.

4.14. Indicó que el 27 de diciembre de 2010 se firmó el acta final de obra, documento
en el cual se dejó constancia de que el área total construida fue de 760.53 m2, más
las obras de urbanismo -337.82 M2-. Dijo que el muro de cerramiento no fue
incluido.

4.15. Indicó que el 29 de diciembre de 2010 se presentó ante el FORPO petición de
restablecimiento de la ecuación económica y financiera del contrato y agregó que
en reiteradas oportunidades puso en su conocimiento las circunstancias de
variación económica presentadas por causas ajenas a la voluntad del contratista y
que se reflejaron en mayores cantidades de obra, obras adicionales, mayor
permanencia y otros sobrecostos que llevaron al rompimiento del sinalagma
contractual. Mencionó que el 13 de julio de 2011 el FORPO negó el restablecimiento
de la ecuación económica y financiera del contrato.

4.16. Relató que el 30 de diciembre de 2010 se suscribió el acta de liquidación
bilateral del contrato de obra No. 049-03-2009, en la que la Unión Temporal dejó
salvedad acerca del reconocimiento de mayores costos generados por diseños
arquitectónicos y estudios técnicos, por mayores cantidades de obra y por mayores
costos administrativos.

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Contestación de la demanda

5. El FORPO se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Como razón
principal de su defensa alegó que no es cierto que se hubieren presentado
circunstancias extraordinarias e imprevisibles que afectaran la ecuación contractual.
Este aserto lo sustentó, así:

5.1. En cuanto a la ampliación del plazo inicial de dos meses que se estipuló para
la elaboración de los estudios y diseños, señaló que era cierto que la DIRAF, el
supervisor y el interventor hicieron acompañamiento de esa etapa y que en
ocasiones se hicieron recomendaciones sobre el diseño presentado por la
contratista, pero advirtió que esos actores no funcionaban de forma individual, sino
en comités de seguimiento de los que participaban. Con todo, dijo que era
incomprensible la alegación de la parte demandante en cuanto a que se le habría
requerido realizar una y otra vez estudios estructurales, hidrosanitarios y eléctricos,
porque, si se hace una planificación y programación acorde, primero se deben
realizar las evaluaciones socieconómicas, los estudios de suelos y topográficos y,
con base en esos datos, se proyecta el diseño arquitectónico y solo después se
realizan los demás diseños.

5.2. En lo que concierne a las mayores cantidades de obra por la construcción de
un muro de cerramiento, la entidad señaló que esa era una actividad que estaba
prevista en el pliego de condiciones y en el contrato, en tanto, en la página 10 de
este último, se indicó expresamente que debía incluirse en los diseños, al igual que
en la construcción, todos los aspectos relacionados con la seguridad de la estación,
entre ellos, los muros; asimismo, en la página 30 se estableció el nivel de seguridad
de las instalaciones y entre las especificaciones generales de la construcción se
previeron, entre otras cosas, muros de fachada en concreto de 3000 PSI reforzados
con doble malla de acero en espesor de 20 centímetros y cerramiento con muros
en concreto reforzado de 3000 PSI y espesor de 20 centímetros. Agregó que las
obras de urbanismo también estaban a cargo de la contratista y que debía probar
en juicio que ejecutó unas diferentes a las inicialmente previstas.

5.3. Alegó que, durante el periodo de los diseños, la interventoría y la contratista
en forma conjunta debieron realizar los estudios y evaluaciones económicas
correspondientes que les permitieran establecer si el valor del presupuesto
asignado inicialmente para la construcción de la estación de policía era suficiente y
en caso de que encontraran que no lo era, la Unión Temporal debía informar al
FORPO oportunamente para realizar la adecuación del presupuesto y ajustarlo al
diseño, pero que no hay prueba de ello, tampoco de que, por solicitud del
interventor, se hubieran tenido que incluir en el presupuesto las mayores cantidades
de obra y las obras adicionales respecto de las cuales reclama su reconocimiento.

5.4. Se refirió a lo estipulado por las partes en el parágrafo quinto de la cláusula
séptima en cuanto a que, si durante la ejecución de los trabajos el supervisor técnico
administrativo o el contratista encontraban en el sitio de la obra condiciones
sustancialmente distintas a las inicialmente previstas, previa aprobación del FORPO
y previo convenio sobre precio y plazo, se procedería a hacer los cambios
pertinentes. Añadió que, según lo acordado, era obligación del contratista informar

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por escrito de esas circunstancias al supervisor, al gerente del proceso nombrado
por el Fondo y al interventor, pero que de ello no obra ninguna prueba en las
carpetas del contrato. Dijo que la única petición que se presentó para que se
reconociera el rompimiento del equilibrio económico se radicó después de liquidado
el negocio jurídico.

5.5. En relación con el desplazamiento de la ubicación del proyecto en 6mts,
señaló que el estudio de suelos que estaba a cargo de la contratista debía hacerse
con base en la escritura pública del terreno, de manera que, si eso ocurrió, en todo
caso, era responsabilidad de la Unión Temporal.

5.6. Negó que se hubieran presentado demoras injustificadas para la aprobación
de obras como las del alcantarillado, puesto que el FORPO, a través de la
interventoría y del supervisor resolvieron oportunamente todas las inquietudes de la
contratista. Añadió que, si se requería de una modificación, esta debía ser tratada
por la Dirección General y que se tramitaban reuniones para lo pertinente.

5.7. En cuanto a la mayor permanencia en obra, resaltó que las 5 prórrogas al
plazo se pactaron por solicitudes del contratista que se fundaron en aspectos que
eran de su propio resorte y que denotaban falta de conocimiento, de experiencia y
descuido en la visita efectuada al lugar de la obra que se hizo con el propósito de
que se elaboraran las propuestas y que, en todo caso, todas las causas en las que
se sustentaron tales prórrogas fueron asumidas por la contratista en la matriz de
distribución de riesgos. Expresó que en el estudio y señalamiento de los riesgos se
incluyeron: (i) la complejidad de la construcción nivel 5 de seguridad, (ii) la magnitud
de la obra a construir 760 m2, (iii) la complejidad para la consecución de los
materiales, en tanto se encontraban a más de 8 horas de distancia del lugar de la
obra, (iv) orden público en la región, e (v) inconvenientes de orden climático. Todos
estos sirvieron de sustento a las prórrogas al plazo que se acordaron.

5.8. Subrayó que la contratista se obligó a ejecutar con sus propios medios,
recursos físicos, técnicos y financieros todas las obras necesarias para el
cumplimiento del objeto pactado por un precio global de $1.469’485.459,41;
asimismo, que, de conformidad con el pliego de condiciones y el contrato, tenía la
carga de estudiar cuidadosamente el proyecto que se iba a ejecutar, su naturaleza,
composición, localización, las condiciones normales y extremas del clima, la calidad
de los materiales, el transporte de los materiales, y todos los demás factores que
pudieran influir en el desarrollo del contrato.

5.9. Indicó que si bien es cierto que a partir de la visita al lugar de la obra no es
posible establecer con absoluta precisión los inconvenientes que se pueden
presentar, la experiencia de quien desarrolla este tipo de contratos sí le debe
permitir determinar con cierta probabilidad el costo de mano de obra (si es local o
debe importarla), el costo de los materiales, el transporte, el clima y la situación de
seguridad de la zona.

5.10. Dijo que no incurrió en mora en el pago de sus obligaciones, sino que la
contratista no presentó las facturas con el lleno de los requisitos legales, por lo cual
se le devolvieron para que corrigiera los defectos.

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5.11. Concluyó que no hay rompimiento del equilibrio económico del contrato
porque: (i) la mayor extensión del plazo del contrato se debió a causas atribuibles a
la demandante, (ii) tales causas no eran imprevisibles, (iii) era obligación de la
contratista solicitar por escrito autorización previa para modificar los diseños y para
realizar obras que implicaran un cambio de precios, pero así no lo hizo, y (iii) no hay
prueba del desequilibrio que se alega.

5.12. Con fundamento en todo lo anterior, propuso las excepciones que denominó:
“INEXISTENCIA DE MORA”, “NO PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA COMO
EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD”, “EL CONTRATO ES LEY PARA LAS
PARTES”, “FALTA ABSOLUTA DE CAUSA Y COBRO DE LO NO DEBIDO”, “EL
CONTRATISTA NO SE MANIFESTÓ EN LA AUDIENCIA DE ANÁLISIS DE
RIESGOS, DISTRIBUCIÓN Y ASUNCIÓN DE LOS MISMOS EN LA
CONTRATACIÓN DIRECTA 012 DE 2009” e “INEXISTENCIA DE DESEQUILIBRIO
ECONÓMICO”

Los fundamentos de la sentencia impugnada

6. Para justificar su decisión de negar las pretensiones de la demanda, el
Tribunal Administrativo del Cauca expresó, en suma, los siguientes argumentos que
serán desarrollados con más precisión en la parte considerativa de la sentencia:

6.1. De manera general, en cuanto a las mayores cantidades de obra y obras
adicionales, concluyó que el dictamen pericial que se practicó en el proceso con el
fin de acreditarlas no ofrece certeza sobre las conclusiones a las que arribó la perito
y según las cuales la mayor cantidad de obra ascendió a $77’575.885,95, y las
adicionales a $80’255.200, toda vez que no efectuó un proceso de medición, ni
señaló un procedimiento que permitiera inferir de manera razonable lo alegado por
la parte demandante en relación con este aspecto, en tanto se limitó a realizar un
cálculo matemático a partir de las reclamaciones presentadas por la Unión Temporal
ante el FORPO, sin señalar por qué tales cantidades aducidas por la contratista
debían tenerse por ejecutadas. Con base en lo anterior señaló que la pericia está
afectada, parcialmente, en lo que a esos puntos concierne, de error grave.

6.2. Se refirió específicamente a la plaza de armas, al muro de cerramiento y a
los andenes y concluyó que no era posible reconocerlos como mayores cantidades
de obra u obras adicionales porque sí se previeron en las especificaciones técnicas
y, por ello, quedaron cobijados por el precio global del contrato; además de que el
diseño de la obra y, por tanto, su área, correspondía a una obligación de la
contratista. Agregó que, según el dictamen pericial, el área de la plaza de armas
construida fue menor a la contratada y añadió que, a pesar de que la parte actora
alegó que los andenes y el muro de cerramiento fueron construidos en una
proporción mayor a la establecida en el cuadro de áreas y necesidades, no
incorporó ese documento al proceso, por lo que se hacía imposible realizar la
comparación que subyace a su reclamación.

6.3. En relación con la ampliación del término para la elaboración de los estudios
técnicos y diseños arquitectónicos, el Tribunal señaló que no está acreditado en el
proceso que la ampliación de ese plazo se hubiere debido a las causas alegadas

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por la Unión Temporal en la demanda porque: (i) no acreditó la existencia de tales
requerimientos, (ii) señaló varios hechos como causantes de la ampliación del plazo
del contrato, pero no demostró que lo relacionado con el rechazo en dos
oportunidades de los estudios topográficos hubiere sido la causa determinante y,
porque, incluso si se admitieran todas esas causas, ninguna de ellas constituía una
situación de tipo excepcional o imprevisible y los inconvenientes topográficos se
solucionaron con el cambio de contratista encargado de su elaboración; además de
que no se demostró que los requerimientos de la entidad hubieren sido infundados
o caprichosos.

6.4. En cuanto a las mayores cantidades de obra y obras adicionales por labores
de cortes de terreno y nueva cimentación dijo que no se acreditó que la
responsabilidad por este hecho le fuera imputable al FORPO, porque no se
demostró que la escritura pública del predio presentara defectos en cuanto a sus
linderos que hubieran suscitado ese error en el terreno y dijo que, en todo caso, no
se acreditaron las mayores cantidades de obra relacionadas con este aspecto, por
las mismas razones que no se avalaron las conclusiones de la perito en cuanto a
las mayores cantidades de obra.

6.5. El a quo reprochó que, aunque se pactaron los mecanismos para poner en
conocimiento de la entidad los aspectos que podían afectar la ecuación financiera
del contrato desde su estado inicial (cláusula séptima, parágrafo quinto), la Unión
Temporal no hubiere hecho uso de ese medio y, en cambio, solicitara el
reconocimiento de mayores cantidades de obra después de que esta fuera
totalmente ejecutada.

6.6. Con base en todo lo anterior, el Tribunal concluyó que la parte actora no
desvirtuó el informe de interventoría del periodo comprendido entre el 25 de agosto
y el 25 de septiembre de 2010, que da cuenta de que la obra ejecutada correspondió
a la que se estipuló en el contrato.

6.7. En lo que concierne a la mora en el pago de las actas parciales, el a quo dijo
que no se probó porque la parte demandante no acreditó la fecha de radicación de
las facturas ante la entidad pública.

6.8. Finalmente, en lo que concierne a la mayor permanencia en obra por causa
de las prórrogas al contrato, el Tribunal señaló que en todos los acuerdos que
contuvieron tales prórrogas las partes modificaron la cláusula sexta del contrato y
dejaron incólumes todas las demás, lo que, dijo, denotaba la conformidad de la
Unión Temporal en cuanto a ese aspecto, pues no dejó ninguna salvedad al
respecto.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

7. La parte demandante pidió que se revoque la sentencia y, en su lugar, se
acceda a las pretensiones. Como fundamento de su solicitud expuso los
argumentos que se exponen de manera sucinta a continuación, pero que serán
desarrollados con más precisión en la parte considerativa de esta sentencia.

9

Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
Demandante: Iván Rodrigo Alvarado Gaitán y Uriel Guerrero Farfán
Demandada: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

7.1. En la primera parte del recurso, se refirió a la figura del rompimiento del
equilibrio económico del contrato, a la norma de la Ley 80 de 1993 que la contempla,
a la salvedad que se dejó consignada en el acta de liquidación bilateral del contrato
que se suscribió el 30 de diciembre de 2010 y señaló que es coherente con el
contenido de la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato
que presentó el día anterior. Afirmó que la Unión Temporal obró de buena fe en la
ejecución del contrato, lo que se corroboraba porque la obra se entregó de manera
satisfactoria, mencionó las conclusiones a las que arribó la perito, se refirió a la
definición de contrato llave en mano, para señalar que en esta clase de contratos
es posible que se altere el sinalagma contractual en razón de las modificaciones y
exigencias que sean introducidas en el curso de su ejecución, al igual que por la
ocurrencia de circunstancias imprevisibles no atribuibles al contratista. Aseveró que,
pese a las dificultades que se presentaron, la Unión Temporal decidió terminar la
obra por temor a la caducidad y a las multas y, luego, transcribió algunos apartes
de una sentencia proferida por la Sección Tercera de esta Corporación que se
refiere al reconocimiento de obras adicionales que no fueron formalizadas por
causas imputables exclusivamente a la administración1.

7.2. En relación con el dictamen pericial, dijo que: (i) a pesar de que no fue tenido
en cuenta por el a quo, se debía considerar que la perito manifestó la dificultad para
transportarse al sitio de la obra, lo que permitía inferir la mayor complejidad para el
transporte de materiales y personal para la ejecución del contrato; y, que, (ii) si bien
la perito expresó la imposibilidad de establecer mediciones de cimentación y
cantidades de obra porque se encontraban bajo tierra, constató que los valores
indicados en la demanda corresponden a las cantidades construidas y los
materiales utilizados con base en sus conocimientos, sobre la obra y con los planos.

7.3. En cuanto al muro de cerramiento y las obras de urbanismo, indicó que, a
pesar de que, según los pliegos, en la propuesta se debían incluir estas obras en
los diseños y en el presupuesto, esto quedó sujeto a los cambios que se debieran
introducir según el programa de áreas, necesidades y organigrama de funciones
que se entregó después de adjudicado el contrato, documento que no incluyó el
muro de cerramiento y que, si bien se refirió a los andenes, los relacionó con un
área menor a la finalmente contratada. Agregó que en las condiciones que se
conocieron en el proceso de selección, se indicaron las obras de urbanismo, pero
no su área, por lo cual no fueron conocidas previamente por la Unión Temporal.

7.4. En lo que concierne a la ampliación de la etapa de diseños, dijo que las
propuestas que se presentaron no tuvieron la acogida esperada, por lo que el grupo
encargado tuvo que hacer modificaciones y adiciones que, finalmente, destacaron
el edificio. Señaló que el anteproyecto se creía definido a los dos meses, pero que
en cada entrega semanal se solicitaron cambios, lo que duró 2 meses más y generó
sobrecostos relacionados con el plotteo, modificaciones en los estudios técnicos y
sobrecostos de los especialistas estructurales, hidráulicos, sanitarios y eléctricos.
Agregó que los niveles de estudio arquitectónico fueron el resultado de seguir la
topografía del terreno donde se tuvo en cuenta las pendientes, ajustándose el
diseño a la inclinación del terreno de ladera.

1
Sentencia del 29 de agosto de 2007, Exp. 15469.

10

Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
Demandante: Iván Rodrigo Alvarado Gaitán y Uriel Guerrero Farfán
Demandada: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

7.5. Indicó que la DIRAF fue estricta en el cumplimiento de entrega del estudio
topográfico, exigiéndole al profesional encargado el seguimiento exacto del
protocolo acordado en los pliegos. Explicó que la Unión Temporal contrató el
levantamiento topográfico con un profesional altamente calificado, pero que las
dificultades para acordar las supervisiones con el encargado de recibir ese trabajo
debido a los múltiples proyectos que tenía a cargo y a que el topógrafo vivía en Cali
generaron la pérdida del trabajo realizado, representado en tiempo y dinero, por lo
que la demandante contrató el estudio con una empresa de Bogotá que pudiera
atender los requerimientos y que estuviera presta a convocar reuniones de
coordinación de forma expedita.

7.6. Reiteró que en curso del procedimiento de replanteo el dueño de un predio
colindante reclamó porque la obra se asentaba en parte de su terreno, lo que impuso
la necesidad de desplazar el proyecto 6mts y generó cambios de las pendientes y
mayores cortes de terreno y nuevas obras de cimentación.

7.7. Expresó que una vez obtenido el proyecto definitivo y el presupuesto, la Unión
Temporal dio inicio a la ejecución de la obra, pero que no se evaluó ni cuestionó si
realmente la suma prevista contractualmente correspondía a la obra diseñada y que
no hubo un análisis de factibilidad técnica y financiera por parte del FORPO al
realizar el presupuesto de la obra, porque no se tuvieron en cuenta factores como
la distancia, el transporte de materiales y de mano de obra, el clima, el orden público,
la naturaleza del diseño y los sistemas constructivos y especificaciones técnicas
requeridas.

7.8. Agregó que los mencionados factores, además de las exigencias de la
interventoría, de la DIRAF y de los asesores del FORPO, impidieron que el contrato
se ejecutara en 6 meses e impusieron limitaciones importantes de carácter
presupuestal que llevaron a que el contratista no solo no recibiera utilidad, sino que
incurriera en pérdidas.

7.9. Finalmente, pidió que se tenga en cuenta el informe técnico presentado por la
Unión Temporal al FORPO, por medio del cual le solicitó el reconocimiento y pago
de los mayores costos generados por la elaboración de los diseños arquitectónicos
y estudios técnicos, mayores cantidades de obra, mayores costos indirectos, por
razones de orden público, dificultad en la consecución de mano de obra calificada,
ubicación de la obra, traslado de materiales y obras adicionales de alcantarillado,
diseño sanitario, descole y aguas residuales.

8. El 19 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Cauca concedió el
recurso de apelación2, el cual fue admitido por esta Corporación el 29 de julio de
20153. El 16 de septiembre de ese mismo año se corrió traslado a las partes para
que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto 4. No
se pronunciaron.

2
Folio 871, c. ppal.
3
Folio 906, c. ppal.
4
Folio 908, c. ppal.

11

Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
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Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

III. CONSIDERACIONES

Consideraciones previas sobre la sustentación del recurso de apelación

9. Para proceder a la determinación de los asuntos que deberían ser resueltos
en esta instancia, la Sala estima necesario detenerse en el análisis de los
argumentos que expresó la Unión Temporal en su recurso de apelación de cara a
las razones que fundaron la decisión que se cuestiona, para establecer si, en
verdad, revelan razones de inconformidad que ataquen los argumentos que expuso
el a quo para negar en su totalidad de las pretensiones de la demanda.

10. Con ese objeto, la Sala considera pertinente reiterar su jurisprudencia sobre
el alcance de la apelación y el deber de sustentación que debe satisfacer la parte
inconforme con la sentencia recurrida. Recuerda que el artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CAPACA– exige
a la parte inconforme con la decisión de primera instancia sustentar su impugnación.
En el mismo sentido, aunque con una mayor claridad, el artículo 320 del Código
General del Proceso –CGP– dispone que “[e]l recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión”; a su vez, el artículo 322 señala que cuando no se precisen las
razones de inconformidad contra la sentencia apelada el juez de primera instancia
deberá declarar desierto el recurso y lo mismo debe hacer el de la segunda instancia
en caso de que no se presente sustentación.

11. A partir del contenido de los citados artículos, diáfano es concluir que la carga
de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con
la simple manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la
solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la
parte inconforme o con la mera reiteración de las razones expuestas en el curso de
la primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. No, lo que la ley
impone es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron
de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable, no solo
porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque
exista en realidad, a su juicio, una razón por la que piense que lo fallado en primera
instancia no corresponde, en derecho, a la decisión acertada, lo cual, por tanto,
delimita el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.

12. En ese sentido, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia al señalar
que “(…) no puede darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la
condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se
limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injurídica o irregular;
tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como, ‘sí hay prueba de los
hechos’ u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones,
justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera

12

Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
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Asunto: Sentencia de segunda instancia

implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las
deducciones lógico-jurídicas a que llegó el Juez en s proveído impugnado”5.

13. Esta Corporación tampoco ha sido indiferente frente al cumplimiento de esta
exigencia y, en ese sentido, ha señalado que “el recurso de apelación se encuentra
establecido para que el afectado con una decisión judicial formule reparos,
inconformidades o cuestionamientos, lo que conlleva a que la parte que lo
interponga dirija su sustentación a esos aspectos”6 y, en otra oportunidad, expresó7:

“… el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de apelación es
la referencia clara y concreta que el recurrente haga de los argumentos que el
juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, para efectos de
solicitarle al superior jerárquico funcional que decida sobre los puntos o
aspectos que se plantean ante la segunda instancia, tendientes a dejar sin
sustento jurídico aquellos, pues precisamente al juzgador de segundo grado
corresponder hacer dichas confrontaciones, en orden a concluir si la sentencia
merece ser o no confirmada”.

14. Asimismo, esta Subsección en varias oportunidades ha señalado que “el
marco de la competencia del juez en segunda instancia lo constituyen los cargos
planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual, no basta con la
simple interposición del recurso o con la manifestación general de no estar conforme
con la decisión apelada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea
analizado de fondo debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que
incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis presentada”8.

15. En esa misma línea, la doctrina enseña que “[a]l estudiar las diversas clases
de recursos se observa que todos deben ser motivados, es decir que no basta el
deseo de la parte de recurrir de una determinada providencia, sino que debe indicar
el porqué de su inconformidad debidamente fundamentada”9.

16. En el caso bajo análisis la Sala observa que, si bien en el recurso de
apelación se hizo mención a varios temas que fueron objeto de pronunciamiento en
la primera instancia, lo cierto es que no se presentaron reparos frente a los
fundamentos de la decisión. Se observa que, salvo por las referencias que se hizo
a la valoración del dictamen pericial, en lo demás, el recurso corresponde a una
transcripción de los alegatos de conclusión que se presentaron en primera instancia,
a partir de los cuales, en todo caso, no es posible extractar razones claras de
disenso frente a los argumentos vertidos en la sentencia recurrida.

17. En efecto, en lo que concierne a los sobrecostos que alega la parte
demandante se habrían ocasionado en razón del mayor tiempo que se dispuso para

5
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial No. 2415.
M.P. Humberto Murcia Ballén.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de julio de 2015,
Exp. 25000 23 24 000 2004 00228 01.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 4 de septiembre

de 2014, Exp. 25001 2324 000 2007 90029 01.
8
Al respecto se pueden consultar las sentencias del 14 de mayo del 2014 (exp. 31.469) y del 31 de enero de
2019, (exp. 52663).
9
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio “CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO PARTE GENERAL”, Editorial DUPRE
Editores, Bogotá, 2017, pág. 775.

13

Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
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Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

culminar la etapa de estudios y diseños, el Tribunal señaló que las pretensiones de
la demanda que se fincaron en este aspecto no estaban llamadas a prosperar
porque no había prueba de que la ampliación de ese término se hubiere dado por
las causas alegadas por la contratista, esto es, por el tiempo que se habrían tomado
el interventor, la DIRAF y el Comité Técnico del FORPO para conciliar los criterios
arquitectónicos de seis profesionales y los cambios que se habrían tenido que hacer
en razón de los requerimientos de cada una de estas áreas, por las siguientes
razones:

(i) Porque en escrito del 11 de diciembre de 2009, por medio del cual la Unión
Temporal solicitó una prórroga al contrato, indicó como fundamentos de esa
solicitud varias causas, entre ellas, el estudio topográfico que había sido rechazado
en dos oportunidades por el asesor topográfico de la DIRAF; sin embargo, no se
encontró prueba de que la entidad hubiere hecho tales requerimientos, además de
que con la información que obra en el expediente no se pudo establecer que la
causa determinante de la necesidad de ampliar el plazo hubiera consistido en ello.

(ii) Porque, incluso, si se admitiera que la entidad hizo tales requerimientos, no se
estableció que se tratara de situaciones excepcionales o imprevistas ajenas a las
estipulaciones del contrato y propias de la construcción de una estación de policía
nivel de seguridad V. Dijo que no se probó que los requerimientos de la entidad
hubieren sido arbitrarios y caprichosos, tanto que, según el propio dicho de la
demandante, una vez contratada una nueva firma para que realizara ese trabajo se
superaron las dificultades por las cuales no se aprobaron los estudios iniciales.

18. Lo dicho frente a este aspecto en el recurso de apelación no confronta la
razón de la decisión esgrimida por el Tribunal. Al referirse a este tema, en su
impugnación –que reproduce los alegatos de conclusión– la parte demandante
reiteró que el plazo de la etapa de estudios y diseños se amplió en razón de los
requerimientos que habría hecho la entidad en relación con los diseños
arquitectónicos y dijo que eso se debió a que en esa etapa del contrato “las
propuestas no tuvieron la acogida esperada”10, por lo que el grupo de trabajo
arquitectónico realizó adiciones y modificaciones que, al final, destacaron la
construcción por ese aspecto. Señaló que, cuando se creía definido el anteproyecto,
se empezaron a hacer entregas semanales que concluían en cambios en cada
sesión por un periodo de dos meses lo que generó sobrecostos. Añadió que los
niveles de estudio arquitectónico fueron el resultado de seguir la topografía del
terreno seleccionado para el desarrollo del proyecto, para lo cual se tuvo en cuenta
las pendientes y la inclinación del terreno de ladera.

19. En lo relacionado específicamente con los estudios topográficos, dijo que
contrató su elaboración con un profesional altamente calificado para ello, pero que
debido a “la dificultad de acordar supervisiones entre el encargado del recibo en la
DIRAF, quien se encontraba muy ocupado ya que tenía mucho trabajo en múltiples
proyectos y el profesional contratado que vive en Cali”11 se perdió el trabajo
realizado “debiendo nuevamente contratar el estudio con una empresa de Bogotá

10
Folio 851, c. ppal. y 801, c. 5.
11
Folios 852 y 853, c. ppal. y 802, c.5.

14

Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
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que pudiera atender todos los requerimientos y estuviese presto a convocar
reuniones de coordinación de forma más expedita”12.

20. Como se observa, el recurso, que corresponde a una transcripción de los
alegatos de conclusión, no repara en la prueba de los requerimientos que el a quo
echó de menos, tampoco en la acreditación de que éstos hubieren sido la causa
determinante del mayor tiempo que duró la etapa de estudios y diseños y, con ello,
de los sobrecostos que se asociaron a ese hecho, y menos discute, en contra de lo
dicho en la providencia recurrida, que tales requerimientos sí correspondieron a
causas extraordinarias e imprevistas o que hubieren sido arbitrarios o caprichosos;
todo lo contrario, lo expresado en la impugnación es concordante con las razones
que en este punto soportaron la providencia, pues, de una parte, se afirmó que los
diseños arquitectónicos finalmente aprobados obedecieron a la topografía del
terreno, sin discutir ni mostrar argumentativamente sobre la base del análisis de las
pruebas que los requerimientos de la entidad pública hubieren sido ajenos o
innecesarios frente a tales condiciones, o que no se ajustaran a las estipulaciones
del contrato. En lo que atañe a los estudios topográficos ratificó, como refirió el a
quo, que las dificultades se superaron cuando se contrató una firma que tenía
disponibilidad para atender los requerimientos del demandado y que estaba presta
a convocar reuniones de coordinación de manera expedita. Este argumento
descarta que tales exigencias hubieren sido injustificadas y no revela en manera
alguna que las causas que provocaron la ampliación del plazo por falta de
aprobación de los estudios topográficos fueran imprevisibles o extraordinarias o que
los requerimientos de la entidad no se ajustaran a las estipulaciones del contrato.

21. En consecuencia, al no poder extractarse razones de disenso frente a los
fundamentos del Tribunal, la Sala no puede, de oficio, abordar el estudio de su
corrección.

22. Respecto de las mayores cantidades de obra y obras adicionales por cortes
de terreno y nuevas obras de cimentación por el desplazamiento que tuvo que
hacerse en consideración a que el proyecto inicialmente estaba ocupando un predio
vecino, el Tribunal esgrimió como razón fundamental para negar lo alegado por la
parte demandante que no era posible endilgar responsabilidad al FORPO por ese
hecho porque no se probó que la escritura pública del predio sobre el cual iba a
realizarse la obra presentara errores en cuanto a sus linderos y que ello hubiere
llevado a hacer correcciones en el documento público o hubiere provocado un
trámite judicial para definir los puntos limítrofes de la propiedad. Como razón
adicional señaló que, en todo caso, no se probaron las mayores cantidades de obra
ni las obras adicionales por las cuales se reclama porque no había un parámetro de
referencia de lo inicialmente requerido por la entidad y, además, porque la perito
expresó la imposibilidad de realizar esas mediciones debido a que la obra ya estaba
terminada.

23. En el recurso la parte reiteró la necesidad de desplazar el proyecto por la
razón antedicha y señaló que, en contra de lo concluido por el Tribunal, el dictamen
pericial sí acredita las mayores cantidades de obra en las que habría tenido que

12
Folio 853, c. ppal. y 802, c.5.

15

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incurrir por ese hecho porque la experta, con fundamento en sus conocimientos
pudo constatar sobre la obra y con base en planos, que los valores indicados en la
demanda corresponden a las cantidades construidas y los materiales utilizados. No
obstante, en este punto la impugnación resulta ser insuficiente, pues no ataca la
razón fundamental que soportó la decisión del Tribunal, esto es, que al no haberse
acreditado que la escritura pública contuviera errores en los linderos del predio, no
era posible atribuir responsabilidad al FORPO por esos hechos. En otras palabras,
más allá de que se probaran o no unas mayores cantidades de obra, el argumento
del Tribunal se centró en señalar que, incluso si eso se acreditara, no estaba
probada la responsabilidad del demandado en ese hecho, por lo cual no le era
atribuible, aspecto que no fue debatido por la Unión Temporal en su recurso y, por
tanto, quedó incólume, libre de cualquier censura o confrontación.

24. En estas condiciones, incluso si la Sala abordara el análisis relacionado con
la valoración del dictamen pericial –que es el único punto en el que se puede extraer
una razón clara de disenso– y, eventualmente, encontrara razón al dicho de la parte
recurrente en cuanto a que la pericia sí acredita mayores cantidades de obra por
cortes de terreno y nuevas obras de cimentación por efecto del desplazamiento del
proyecto, lo cierto es que esto no sería suficiente para revocar la decisión de primera
instancia en lo que a esta materia concierne, toda vez que aun así quedaría
incólume la decisión del a quo en cuanto a que ese no era un hecho atribuible al
FORPO porque no se demostró que dicho desplazamiento se hubiere dado por
errores en los linderos del predio consignados en la escritura pública.

25. Con todo, cabe mencionar que ese argumento no habría estado llamado a
prosperar, porque revisado el expediente lo que se encuentra es que, como
concluyó el Tribunal, la perito manifestó expresamente la imposibilidad física para
medir las obras y admitió que las mediciones que hizo se fundaron en lo expresado
por la propia demandante en un documento de presupuesto elaborado por ella, que
no da cuenta de que las obras efectivamente se hubieren ejecutado en las
cantidades y valores referenciados en ese documento, datos que no hallan respaldo
en ninguna otra prueba del proceso, además de que la experta, al rendir el informe
añadió que no tuvo acceso a los planos de la obra13.

13
En el informe que presentó el 8 de agosto de 2013, acerca del área total construida por la Unión Temporal
señaló: “El área total construida es difícil determinarla por las siguientes razones: 1º No se tiene disponibilidad
de los planos arquitectónicos para poder calcular el área. 2º Dicha área construida, en ausencia de planos
arquitectónicos, se podría calcular en el sitio haciendo un levantamiento detallado, lo que requiere tiempo y
permiso para entrar a las instalaciones que se encuentran ocupadas” (folio 129, c. pruebas). Posteriormente,
en el informe de aclaración y complementación, relacionó unas las mayores cantidades de obra. En la audiencia
de pruebas, se preguntó a la perito sobre la razón de su conocimiento y expresó que viajó al sitio de la obra y
midió la plaza de armas, los andenes y el muro de cerramiento, pero que las obras enterradas eran difíciles de
medir, por lo que se le cuestionó específicamente si midió esos ítems, a lo que contestó que no porque estaban
enterradas, entonces se le requirió para que señalara cómo pudo establecer los valores que reportó en su
informe, a lo que contestó: “Eso está en el expediente, ítem por ítem está con su respectivo folio, por ejemplo
para la excavación mecánica habla de 449,07 m3, en el folio 85 y en el folio 96 del cuaderno 1 y así
sucesivamente yo fui encontrando esas cantidades, ahí están ítem por ítem con sus respectivos folios”. Se le
preguntó entonces si los documentos a los que hacía referencia eran oficiales y contestó que correspondían a
un presupuesto elaborado por la contratista que acompañó a la demanda; enseguida se le cuestionó si era
posible afirmar que las cantidades de obra ejecutada correspondía efectivamente a la señalada en esos
documentos, a lo que contestó negativamente porque no midió esas cantidades. Estima la Sala, como refirió el
a quo, que el dictamen no es prueba suficiente para tener por acreditadas esas cantidades de obra, porque no
da cuenta de que efectivamente se hubieren ejecutado, no se soporta esa información, por ejemplo, con actas
de obra u otros documentos que permitan determinar lo medido en desarrollo de la ejecución del contrato.

16

Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
Demandante: Iván Rodrigo Alvarado Gaitán y Uriel Guerrero Farfán
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Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

26. En consecuencia, este aspecto de la sentencia también queda en firme,
pues, como ya se dijo, la razón principal que lo fundamenta y que podría pervivir por
sí sola sin ninguna otra consideración no fue atacada y, de otra, porque, incluso, si
ello se obviara, el argumento en contra de la valoración que hizo el a quo respecto
del dictamen pericial no estaría llamado a prosperar.

27. Ahora, en lo que concierne a las obras adicionales y mayores cantidades de
obra por la construcción de la plaza de armas, el muro de cerramiento y los andenes,
el Tribunal fundó su decisión en los siguientes razonamientos: (i) estas obras sí se
contemplaron en las especificaciones técnicas del contrato, por tanto, quedaron
comprendidas dentro del valor global pactado, fueron diseñadas y presupuestadas
por la contratista, de manera que no pueden ser reconocidas como adicionales; (ii)
no es posible reconocer mayores cantidades de obra por estos ítems porque el
diseño de la obra a construir estuvo a cargo de la Unión Temporal la que, por tanto,
fue la que estableció las áreas requeridas para la debida ejecución del contrato que
se pactó a precio global, es decir, incluyendo en su valor final todas las
especificaciones señaladas en los pliegos y en el documento de especificaciones
técnicas; (iii) el área construida de la plaza de armas fue menor a la contratada; y,
(iv) aunque la parte alega que los andenes y el muro de cerramiento fueron
construidos en mayor proporción a lo establecido en el cuadro de áreas y
necesidades, ese documento no obra en el proceso.

28. En relación con estos aspectos, en su recurso de apelación la parte
demandante, al transcribir nuevamente lo consignado en los alegatos de conclusión,
admitió que los participantes del proceso de selección debían incluir en su propuesta
las obras de urbanismo y el muro de cerramiento y, por lo mismo, debían tener en
cuenta estos ítems tanto en los diseños como en el presupuesto, pero que tal
presupuesto estaba sujeto a los cambios que se produjeran de conformidad con el
programa de áreas, necesidades y organigrama de funciones, que se entregó
después de adjudicado el contrato y que no incluyó el muro de cerramiento. En
relación con las obras de urbanismo, reiteró que el área total de la obra se estipuló
en 760 m2 con un presupuesto oficial en el que no se establecieron las áreas reales
a diseñar y a construir en relación con ese ítem, por lo que, una vez iniciados los
diseños arquitectónicos y el presupuesto fue necesario hacerle ajustes para
adaptarlo a las necesidades reales del contratante y al presupuesto contratado.
Como fundamento de lo anterior afirmó que en el contrato se señaló que el
“PROGRAMA DE ÁREAS, NECESIDADES, ORGANIGRAMA DE FUNCIONES
será suministrado por el Área de Construcciones al adjudicatario al momento de
inicio del contrato”14. Aseveró que en el cuadro de áreas y necesidades quedó claro
que el área de los andenes era de 109.782 m2, per se construyeron 135 m2. Indicó
que si bien la perito midió 120.54 m2 el dictamen no fue objetado por economía
procesal y porque resultó satisfactorio frente a los intereses de la parte demandante.

29. Finalmente, mencionó que la perito en sus mediciones obtuvo las siguientes
cifras: plaza de armas 206.9 m2, muro de cerramiento 399,16 m2.

14
Folios 850 y 851, c. ppal. y 800 c. 5.

17

Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
Demandante: Iván Rodrigo Alvarado Gaitán y Uriel Guerrero Farfán
Demandada: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

30. Con base en lo anterior, la Sala concluye que frente a estos aspectos
tampoco es posible extractar razones de disenso frente a los fundamentos de la
sentencia recurrida:

30.1. La Unión Temporal alega que, a pesar de que, según las bases del proceso
de selección, el muro de cerramiento y las obras de urbanismo debían ser
consideradas en los diseños y en el presupuesto inicial, lo cierto era que tal
presupuesto debía ajustarse de conformidad con la información que se entregara –
después de la adjudicación del contrato– en el programa de áreas, necesidades y
organigrama de funciones, documento que, afirmó, no contempló el muro de
cerramiento y en el que se estableció que el área de andenes correspondía
solamente a 109.782 m2, pero que se construyeron 135 m2.

30.2. En suma, lo que expresa la parte actora, aunque con poca claridad, es que,
al final y pese a lo que se hubiere definido en los documentos del proceso de
selección, las obras a ejecutar, dentro del área de 760 m2 que fue la inicialmente
prevista, eran las que quedaran definidas en el “PROGRAMA DE ÁREAS,
NECESIDADES, ORGANIGRAMA DE FUNCIONES” que solo se suministraba
después de adjudicado el contrato, por lo que no era posible establecerlas
definitivamente antes de la entrega de este documento. No obstante, el argumento
no confronta las razones que expresó el a quo como fundamento de su decisión, las
cuales, al haber quedado libres de cuestionamiento, no pueden ser analizadas en
su corrección de manera oficiosa en sede de segunda instancia.

30.3. En efecto, empieza la Sala por señalar que ese argumento fue considerado
por el a quo –porque a él se hizo alusión específicamente en los alegatos de
conclusión de la primera instancia–, pero no prosperó porque no encontró
acreditado el fundamento en el que se sustenta, dado que el “PROGRAMA DE
ÁREAS, NECESIDADES, ORGANIGRAMA DE FUNCIONES” no obra en el
proceso.

30.4. En su recurso, al transcribir lo indicado frente a este aspecto en los alegatos
de conclusión, la parte demandante no propuso ningún argumento tendiente a
derribar esa conclusión. No alegó, por ejemplo, que la prueba sí obrara en el
expediente, que, a pesar de no obrar, su contenido se pudiera demostrar a través
de otros medios demostrativos o que el hecho de que no reposara en el plenario no
le fuera imputable. Se limitó a reiterar que, de conformidad con el contrato, ese
documento se entregaría después de la adjudicación, y a afirmar, sin base en ningún
sustento probatorio, que en su contenido refirió expresamente que el área de los
andenes era de 109.782 m2. Con todo, se advierte que, en efecto, el documento
mencionado no reposa en el expediente y tampoco se encuentra una prueba que
dé cuenta de su contenido. Si bien en las especificaciones técnicas del contrato se
indicó que tal documento sería entregado después de la adjudicación, esa mera
referencia no da cuenta de su contenido y menos del alcance que podía tener de
cara a las especificaciones pactadas en el contrato.

30.5. Así las cosas, aun si la Sala obviara que la parte recurrente no discutió la
afirmación del Tribunal en cuanto a que no hay prueba que soporte el hecho que
subyace a su reclamación, lo cierto es que, en todo caso, la sola afirmación de la

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Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
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Demandada: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

demandante en relación con el contenido de ese documento y el que, a su juicio,
fue su alcance, no es suficiente para derribar la sentencia de primera instancia,
porque, se insiste, es verdad que ese documento no obra en el plenario, lo que
impide evaluar su impacto frente a las estipulaciones del contrato.

30.6. Adicionalmente, como razón para negar el reconocimiento de mayores
cantidades de obra por las cantidades ejecutadas de los andenes, el Tribunal
expresó que no era admisible que se presentara una reclamación de este tipo
cuando el diseño del proyecto estaba a cargo de la Unión Temporal, la que, por
tanto, era la encargada de definir las áreas requeridas para la cabal ejecución del
contrato, teniendo en cuenta que se pactó un precio global. Entre este razonamiento
y el hecho de que en el documento de “PROGRAMA DE ÁREAS, NECESIDADES,
ORGANIGRAMA DE FUNCIONES”, presuntamente, se hubiere señalado que el
área de andenes debía ser de 109.782 m2 y que la se construyó fue superior, no se
observa ninguna confrontación. En cambio, lo que la parte ha discutido desde la
primera instancia es que las obras de urbanismo debían hacerse, pero dentro del
área definida en el contrato, esto es, 760 m2. Lo que señala el a quo y no se discute
en el recurso de apelación, es que, incluso si se tuviera por probado el contenido de
ese documento y el área construida, lo cierto es que correspondía a la contratista,
por tener a su cargo los diseños, elaborarlos de manera tal que no se superara tal
área, especialmente, porque el contrato se pactó a precio global y no por cantidades
de obra.

30.7. Lo anterior evidencia que, aun si se estimara el argumento de la demandante,
en cuanto a que el documento de “PROGRAMA DE ÁREAS, NECESIDADES,
ORGANIGRAMA DE FUNCIONES” referenció los andenes con un área menor a la
construida y se tuviera por probado su contenido, sería insuficiente para derribar la
decisión de primera instancia, pues, aun así, quedaría soportada en que era
obligación del contratista elaborar los diseños según el área especificada, bien fuera
en el contrato o en ese documento, y teniendo en cuenta que se trató de un contrato
a precio global, razonamiento que, se reitera, al no haber sido objeto de reparo
alguno, no puede ser analizado en su corrección de manera oficiosa.

30.8. En relación con la plaza de armas, además de otras razones, el Tribunal
fundó su decisión en que, de conformidad con el dictamen pericial, esta parte de la
obra se construyó en una proporción menor a la contratada, por lo que no era posible
reconocer ningún valor por mayor cantidad de obra, aspecto que no fue discutido
por la parte recurrente, pues, al transcribir también lo dicho en sus alegatos de
conclusión de la primera instancia, se limitó a reiterar el área calculada por la perito
respecto de este ítem, la que, concluyó el a quo, fue menos a la contratada; por
tanto, este aspecto también quedó definido en los términos resueltos en la sentencia
recurrida y su corrección no puede ser abordada de oficio en esta instancia.

31. En lo atinente a la mayor permanencia en obra por causa de las prórrogas al
contrato, el Tribunal fundó su decisión en el hecho de que en las actas que las partes
firmaron con ese propósito se limitaron a modificar la cláusula sexta del contrato y
dejaron incólumes las demás, sin que la Unión Temporal consignara salvedad
alguna en relación con los costos económicos de tales ampliaciones del plazo, de
donde concluyó su conformidad frente a los términos del acuerdo y la imposibilidad,

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en virtud del principio de normatividad de los contratos y de buena fe, de volver
sobre lo acordado para desconocer sus alcances y efectos.

32. En el recurso de apelación la parte recurrente no hizo ninguna mención al
respecto, pues no discutió, por ejemplo, que ese hubiere sido el alcance de tales
acuerdos, sino que –reiterando otra vez lo indicado en los alegatos de conclusión
de la primera instancia– se limitó a señalar que una vez definido el proyecto y el
presupuesto no se cuestionó si la suma prevista contractualmente obedecía al
“reciente producto”15 y afirmó que para fijar ese valor no se tuvieron en cuenta
factores como la distancia, el transporte de materiales, el traslado de la mano de
obra -porque en el lugar no había mano de obra calificada-, las condiciones
climáticas y de orden público, ni la misma naturaleza del proyecto, los sistemas
constructivos y las especificaciones técnicas requeridas. Con base en lo anterior,
aseveró que no existió un análisis de factibilidad técnica y financiera por parte del
FORPO al realizar el presupuesto del contrato; no obstante, la Unión Temporal
cumplió con sus obligaciones.

33. En este punto, cabe además destacar que lo expresado por la parte
demandante en esta parte del recurso implica una variación de la causa petendi
planteada en la demanda, puesto que en ese libelo nunca se mencionó que los
mayores costos del contrato en razón de la dificultad del transporte de materiales,
de mano de obra, las condiciones climáticas, el orden público, la naturaleza del
proyecto, los sistemas constructivos y las especificaciones técnicas fueran
atribuibles al FORPO por no realizar un análisis de factibilidad técnica y financiera
al elaborar el presupuesto del contrato, lo que se alegó fue que las causas que
alteraron las condiciones del contrato fueron extraordinarias e imprevisibles.

34. Dijo también que el hecho de que la perito manifestara la dificultad para
desplazarse al lugar de las obras era indicativo de la mayor complejidad en el
traslado de materiales y mano obra; este argumento, aunque no corresponde a una
transcripción de los alegatos de conclusión de primera instancia, muestra una
abierta desconexión frente a la razón por la cual el Tribunal no reconoció
sobrecostos por traslado de materiales y por mayor permanencia en obra.

35. En consecuencia, al no poder extractarse razones de disenso frente a los
fundamentos del Tribunal, la Sala no puede, de oficio, abordar el estudio de
corrección de los argumentos por los cuales el a quo negó el reconocimiento de
sobrecostos relacionados con las prórrogas del plazo del contrato.

36. En esas condiciones, más allá del desacuerdo que la parte recurrente
muestra frente a la sentencia de primera instancia por ser contraria a sus intereses,
la Sala no encuentra verdaderos motivos de disenso que estén dirigidos a desvirtuar
las razones en las que se fundó el Tribunal para negar los argumentos en los que
se soportaron las pretensiones de la demanda. Se concluye, en cambio, que la
apelante no cumplió adecuadamente la carga de sustentar el recurso, pues los
argumentos que planteó no controvierten los fundamentos de la sentencia.

15
Folio 853, c. ppal. y 802 c. 5.

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37. Es importante advertir que la Sala no puede acometer oficiosamente un
análisis sobre la corrección de los argumentos del Tribunal, pues desconocería que,
por vía del recurso, se abrió una instancia procesal diferente y que su propósito,
según la ley, no es estudiar el asunto en su forma primigenia, como si nunca hubiera
sido analizado, sino revisar la decisión impugnada de cara a los motivos de censura
expuestos por el apelante; pese a ello, lo que se evidencia es una desconexión entre
los planteamientos de la alzada y la razón de la decisión impugnada.

38. Así las cosas, como, por las razones acabadas de expresar, la parte apelante
dejó de lado los fundamentos centrales de la sentencia y no encaminó sus esfuerzos
a debatirlos, la consecuencia es que en esos puntos la providencia quedó incólume,
libre de cualquier censura o confrontación y, por ello, la Sala no puede analizar su
corrección de manera oficiosa, pues ello escapa a su competencia.

39. Las distintas Secciones que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado han reiterado que, cuando no se satisface la carga de
sustentar adecuadamente el recurso, se impone confirmar la decisión impugnada.
Por ejemplo, en providencia del 1 de agosto de 2018, la Sección Segunda señaló
que “(…) en atención a que la parte demandada no controvirtió en absoluto la
sentencia de primera instancia, esta Corporación no puede resolver a su favor el
recurso, en vista de que los argumentos de la decisión que emitió el fallador de
primera instancia ni siquiera fueron objeto de confrontación dentro del recurso de
apelación interpuesto”16. En el mismo sentido, en la sentencia del 23 de enero de
2020, la Sección Primera afirmó que “[e]l recurrente no hace, en lo absoluto,
motivación alguna que refute las consideraciones expuestas por el a quo en el fallo
recurrido, con lo cual deja a esta Sala, desprovista de todo elemento que le permita
revisar la sentencia, en esa medida, la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor
respecto del fallo objeto de apelación por lo que habrá de confirmarse la sentencia
del Tribunal”17. Esta Subsección ha seguido este criterio, como ocurrió en la
sentencia del 19 de junio de 2020, en la que afirmó: “Así las cosas, esta Subsección,
en reiteración de múltiples de sus precedentes, considera necesario aplicar al caso
objeto de estudio las pacíficas subreglas jurisprudenciales antes expuestas
consistentes en que, de no constatarse una sustentación material, suficiente o
adecuada del recurso de apelación, habrá lugar a que se confirme la providencia
recurrida por carencia de objeto de la alzada”18.

40. En consecuencia, como por las razones previamente expresadas, no se
observa que la parte demandante hubiere satisfecho la carga de sustentar la
apelación de la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, porque se limitó a
exponer argumentos que, al reiterar en su mayoría los alegatos de conclusión de la
primera instancia, no encuentran conexión con los del a quo y al argüir otros que no
son suficientes para dejar sin pie los fundamentos de la sentencia, dejó los aspectos
fundamentales de la decisión libres de censura o reparo concreto y, por tanto, la

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1 de agosto de 2018. Exp. 3026-15. C.P.
William Hernández Gómez.
17
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 23 de enero de 2020. Rad. 25000-23-25-000-2012-
90514-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de junio de 2020. Exp. 49.572. C.P.
María Adriana Marín.

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Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
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Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Sala no puede revisar su corrección, lo que impone que se confirme la providencia
recurrida por carencia de objeto de la alzada.

Costas

41. Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del
CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala
condenará en costas a la parte recurrente en la medida en que la sentencia de
primera instancia será confirmada en todas sus partes. Se advierte que, bajo las
reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o
calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez
que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio
netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida,
“siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley”.

42. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

43. En relación con las agencias en derecho, puesto que este es un proceso
declarativo en segunda instancia, de conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003 19
del Consejo Superior de la Judicatura20 se fijarán en la suma de $5’028.726, 58 que
corresponden al 1% del valor de las pretensiones económicas de la demanda —que
ascendieron a la suma de $502’872.611,78— a favor del demandado.

44. Advierte la Sala que, aunque en el recurso de apelación la demandante
afirmó que, por error involuntario, la estimación razonada de la cuantía y su
expresión en las pretensiones se calculó en $547’869.611,78 –se precisa que
aunque la cuantía se estableció en ese monto, en las pretensiones se solicitó el
reconocimiento de un valor menor, $502’872.611,78, o lo que resultara probado–,
cuando, según se infiere, en verdad correspondían a $383’791.944, 81 21, para
calcular las agencias en derecho se debe tomar el valor indicado en las pretensiones
de la demanda, porque no fue reformada en ese aspecto en las oportunidades
perentorias previstas por la ley22 y, por tanto, no podía ser modificada a través del
recurso de apelación.

19
Que fija, en su numeral 3.3.1. que las agencias de derecho podrán ser fijadas en hasta el 5% de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Este Acuerdo es aplicable a este caso pese a la
derogatoria que hizo de él el Acuerdo 10554 de 2016 que fue expedido con ocasión de la entrada en vigencia
del CGP. El Acuerdo 10554 estableció en su artículo 7º que “se aplicará respecto de los procesos iniciados a
partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la
materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003”.
20
Aplicable a este caso en atención a lo establecido en el numeral 3º del artículo 393 del CPC y dado que se
encontraba vigente. Al respecto, se recuerda que la norma aplicable a este caso no es la contenida en el CGP
en aplicación de la posición unificada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación,
la cual fue fijada en auto de unificación del 25 de junio de 2014 (Exp. 49.299, C.P. Enrique Gil Botero) según la
cual el CGP aplica a los procesos que iniciaron después del 1º de enero de 2014.
21
De conformidad con lo relacionado en el documento de reclamación del restablecimiento del equilibrio
económico del contrato fechado el 15 de diciembre de 2010 (folios 129 a 130, c. ppal).
22
Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 173. REFORMA DE LA DEMANDA. El demandante podrá adicionar, aclarar
o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:
1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda.
De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término

22

Expediente: 19001233300020120065201 (53376)
Demandante: Iván Rodrigo Alvarado Gaitán y Uriel Guerrero Farfán
Demandada: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

IV. PARTE RESOLUTIVA

45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca el 26 de noviembre de 2014.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a Iván Rodrigo Alvarado Gaitán y Uriel
Guerrero Farfán por las razones señaladas en esta providencia, las que deberán
ser liquidadas de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en
primera instancia, de conformidad con el artículo 366 del Código General del
Proceso.

TERCERO: FIJAR las agencias en derecho en CINCO MILLONES VEINTIOCHO
MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
($5’028.726,58) a favor del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, que
corresponden al 1% del valor de las pretensiones.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el siguiente
enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador

inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma
se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.
2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se
fundamentan o a las pruebas.
(…)”.

23

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