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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2013-00449-01

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2013-00449-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. 36 El auto del 5 de junio de 2023 -proferido por el Tribunal Administrativo de Santander-, que admitió el recurso de apelación presentado en contra de la providencia del 30 de marzo de ese año (que declaró no probadas las excepciones de Colpatria y ordenó seguir adelante con la ejecución), tiene en su encabezado el radicado 68001-33-33-002-2016-00207-02; empero, al determinar el radicado del expediente digital, se señaló que este era 68001-33-33-011-2016-00207-02, que es finalmente con el que se identifica en el SAMAI. Por ende, será a este último al cual se deberá allegar una copia de este proveído. 33 Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133). Actor: Seguros Colpatria S.A. Demandado: INVÍAS. Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales. SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandada a pagar las costas del proceso. Como consecuencia, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la suma equivalente a OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($8’575.652,68). TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su competencia. CUARTO: Cuando esta decisión quede en firme, por secretaría, REMITIR una copia de la misma para que sea anexada a los procesos 68001-23-33-000-2013-01118-01 (59.622) -en esta Corporación- y 68001-33-33-011-2016-00207-02 (en el Tribunal Administrativo de Santander). Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado, y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2013-00449-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

8 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133)

Actor: SEGUROS COLPATRIA S.A. (HOY, AXA COLPATRIA S.A.)

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS-

Referencia: LEY 1437 DE 2011 – MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES

Temas: LÍMITES DE LA APELACIÓN: el juez de segunda instancia se encuentra
sometido a los planteamientos del recurso de apelación / PROPORCIONALIDAD EN
LA CLÁUSULA PENAL: las partes definieron expresamente que la cláusula penal se
aplicaría de manera proporcional al avance de la obra / DIFERENCIAS ENTRE LA
GARANTÍA ÚNICA Y LA CLÁUSULA PENAL: aunque ambas figuras están
relacionadas, obedecen a naturalezas distintas / CONDENA EN COSTAS: la ley
dispone que, ante una prosperidad parcial de la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o condenará de forma parcial.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra
de la sentencia del 6 de febrero de 2015 (fls. 753 – 766, c. ppl.), proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, en la cual se concedieron parcialmente las pretensiones
de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Seguros Colpatria S.A. demandó la nulidad de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012,
proferidas por el Instituto Nacional de Vías, mediante las cuales se declaró la
ocurrencia del siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra 0745 de 2008
-suscrito entre esta última entidad y el Consorcio Sogamoso-, y se hizo efectiva la
cláusula penal pecuniaria. La actora consideró que, en la tasación de la cláusula penal,
el demandado debió valorar el principio de proporcionalidad, pues así se lo mandaba

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

la ley, el contrato y las condiciones de la garantía, al tiempo que no podía hacer efectiva
la póliza de cumplimiento, en consideración a que el contrato no fue liquidado.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda:

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Santander, el 15 de
abril de 2013 (fls. 83 – 103, c1), la sociedad Seguros Colpatria S.A. (hoy, AXA Colpatria
S.A.), en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, se dirigió en
contra del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, con la pretensión de que: (i) se declare
la nulidad de la Resolución 3350 del 27 de junio de 2012, por medio de la cual se
declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra
“045 de 2008” (en la pretensión segunda, se refirió el contrato “026 de 2006”), se
ordenó el cobró de la cláusula penal y se hizo efectiva la garantía de cumplimiento; (ii)
se declare la nulidad de la Resolución 3466 del 3 de julio de 2012, que confirmó la
decisión anterior y declaró agotada la “vía gubernativa”; (iii) se declare, como
restablecimiento del derecho, que Colpatria solo está obligada a reconocer, a título de
cláusula penal, un monto equivalente al porcentaje no ejecutado de la obra, y no a la
totalidad de dicha cláusula, y (iv) se declare que la suma que, eventualmente, se
determine como cláusula penal -calculada según el porcentaje no ejecutado del
contrato- solo podrá hacerse efectiva en contra de la aseguradora una vez se realice
la liquidación final del acuerdo y se compensen las obras ejecutadas por el contratista,
pero aún no pagadas.

1.1 Fundamentos de hecho:

Los hechos relevantes expuestos en el libelo introductorio son:

-El INVÍAS suscribió con el Consorcio Sogamoso1 el contrato de obra 0745 de 2008,
que tenía por objeto la construcción del puente Sogamoso, de la carretera cruce 45
(La Fortuna) – Bucaramanga, ruta 6602. El valor del contrato ascendió a la suma de
$10.150’790.122, y su plazo, inicialmente, se extendió hasta el 31 de diciembre de
2008. El negocio jurídico tuvo dos adiciones, una suspensión y seis prórrogas, estando
vigente hasta el 28 de febrero de 2011.

1
Integrado por Civil Engineering Technology E.U. -Civiltec E.U.-; DQ Ingeniería E.U.; Pavimentos y
Construcciones de Colombia Ltda., y Construcciones e Inversiones RDV S.A.
2

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

-Conforme con lo previsto en la cláusula decimoctava del acuerdo negocial, el
consorcio contratista constituyó a favor del INVÍAS el seguro de cumplimiento No.
8001019684, que contempló entre sus amparos al de cumplimiento, con un valor de
$1.015’079.012. Dicha póliza, junto con sus condiciones generales y particulares, así
como con sus anexos modificatorios, fue aceptada y aprobada por la demandada.

-En oficio circular OAJ-No. “26637” del 7 de junio de 2012, el INVÍAS citó al consorcio
y a la aseguradora para llevar a cabo la audiencia de incumplimiento. Dicha audiencia
se adelantó el 27 de junio de 2012; en ella, el interventor del contrato -Consultécnicos
S.A.- aseveró que, a pesar de las diferentes modificaciones contractuales, el
contratista no terminó la construcción del puente, aclarando que lo ejecutado fue
dentro del plazo contractual y que su avance total fue del 84.5%.

-A través de la Resolución 3350 de 2012, la demandada declaró la ocurrencia del
siniestro de incumplimiento definitivo del contrato de obra, e hizo efectiva la cláusula
penal en una suma equivalente a $1.015’079.012. Si el contratista no cancelaba este
monto, se le exigiría su pago a Seguros Colpatria.

-El contratista y la aseguradora interpusieron el recurso de reposición en contra de la
anterior decisión. Entre los argumentos del consorcio, los cuales fueron coadyuvados
por Colpatria, se encuentra el alusivo al deber del INVÍAS de imponer la cláusula penal
de manera proporcional al porcentaje de obra no ejecutado -y no el 10% del valor total
del contrato-. También se puso de presente la necesidad de liquidar el negocio y de
efectuar un peritaje técnico para determinar la totalidad de las obras ejecutadas y su
valor -ya que el contratista consideraba que se habían realizado más trabajos de los
certificados por el interventor-. La Resolución 3350 fue confirmada mediante la
Resolución 3466 del 3 de julio de 2012.

-El demandado le envió a Colpatria la comunicación OAJ 40828 del 16 de agosto de
2012, radicada en sus oficinas el 22 de agosto siguiente, mediante el cual presentó la
solicitud de afectación de la póliza.

-La cláusula decimoquinta del contrato 0745 de 2008 estableció que el INVÍAS podía
imponerle al contratista, en caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones, una
sanción a título de penal pecuniaria, equivalente al 10% del valor total del contrato y
“de forma proporcional al avance de la obra”.

3

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

-Tanto el artículo 1596 del Código Civil como las condiciones generales de la póliza de
cumplimiento prevén la proporcionalidad en la aplicación de la cláusula penal.
Adicionalmente, el cobro pretendido por el INVÍAS desconoce el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007 y las condiciones de la póliza, en relación con la formalización del
reclamo, pues no se ha producido la liquidación del contrato.

1.2 Fundamentos de derecho:

La aseguradora sustentó sus pretensiones en los artículos 137, 141, 161, 162, 164,
166 y siguientes y concordantes del CPACA; 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499,
1500, 1602, 1603, 1714 y siguientes y concordantes del Código Civil; 5 -numeral 1-,
13, 23 y 60 de la Ley 80 de 1993, y 11 y 17 de la Ley 1150 de 2007. Sumado a ello,
expresó:

-Reiteró que, según la cláusula decimoquinta del contrato y el artículo 1596 del Código
Civil, la aplicación de la cláusula penal debía ser proporcional al avance de la obra.
Por tanto, como el interventor certificó que el porcentaje dejado de ejecutar fue del
15.5%, era obligación del INVÍAS reducir el monto de la cláusula penal en atención a
tal porcentaje. Para el actor, el desconocer los porcentajes de ejecución contractual,
implicaba un abuso de poder por parte de la administración.

-Recordó que un acuerdo de voluntades legalmente celebrado es ley para las partes,
por lo que el contrato 0745 se suscribió con observancia de la normativa vigente al
momento de su perfeccionamiento. En ese sentido, el demandado se comprometió a
pagar el valor de las obras y trabajos realizados por el contratista, que no eran solo
aquellos consignados en la propuesta, sino todos los que surgieron durante la
ejecución. La entidad disponía de un término para definir la cantidad de obra ejecutada,
cuantificarla y plasmarla en la liquidación. No obstante, las partes no han liquidado el
contrato bilateralmente, ni la entidad lo ha hecho de manera unilateral.

Al proferir las resoluciones demandadas, el INVÍAS incurrió en una falsa motivación y
en un abuso de poder, pues consignó que la cláusula penal correspondía al 10% del
valor total del contrato, como si no se hubiera ejecutado un solo ítem de la obra.
También sostuvo que la sanción pecuniaria debía ser pagada por el contratista -
directamente o deducida de los saldos a su favor-, olvidando que para ello debía
liquidar primero el negocio. Si nada de lo anterior se lograba, se cobraría con cargo al
amparo de cumplimiento de la póliza expedida por Colpatria.
4

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

Con fundamento en todo anterior, para el INVÍAS resultaba improcedente exigir del
contratista el pago de la cláusula penal o descontarla de sus saldos a favor, en la
medida que no se ha efectuado la liquidación del acuerdo -no tiene determinado el
valor de la totalidad de las obras ejecutadas por el consorcio-. A su vez, no puede
hacer efectiva la póliza de cumplimiento, porque el acto demandado no contiene la
orden expresa de hacer efectiva la garantía2.

-La liquidación debió surtirse a más tardar dentro de los 30 meses siguientes a la fecha
de terminación del contrato, lo cual significaba que la posibilidad para liquidar el
negocio caducaría mientras se adelantaba el proceso. Así, el INVÍAS, además de
generar perjuicios al contratista y al garante, impidió que se pudiera determinar con
exactitud la totalidad de las obras ejecutadas, el valor de las mismas, los saldos a
cargo de la demandada, y las eventuales compensaciones a las que habría dado lugar.

-Las condiciones generales de la póliza preveían que, si al momento de ocurrido el
siniestro, la entidad estatal era deudora del contratista por cualquier concepto, se
debían compensar las prestaciones en la cuantía que correspondiera. Este mandato
era un desarrollo del artículo 1714 del Código Civil. Según lo plasmó el consorcio en
el recurso presentado en contra de la Resolución 3350, había obras que fueron
ejecutadas y recibidas por el INVÍAS, pero que no fueron pagadas; incluso, no se
habían relacionado y cuantificado en la liquidación final del contrato -la cual no fue
realizada, conforme a los demás argumentos expuestos en la demanda-. En
consecuencia, como la entidad había aceptado la póliza expedida por Colpatria, debía
observar las condiciones generales del seguro, lo cual significa que, para poder
realizarse cualquier pago indemnizatorio, debían cumplirse las previsiones relativas a
la compensación.

2. Actuaciones procesales de primera instancia:

En auto del 8 de agosto de 2013 (fl. 106, c1), el a quo admitió la demanda, y ordenó
que tal determinación fuera notificada al INVÍAS, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al Ministerio Público.

2
En la demanda también se lee: “Del texto del acto administrativo recurrido, claramente se deduce que
el contratista alega haber ejecutado una serie de trabajos y erogaciones que no han sido objeto de
valoración y recibo por parte del INVÍAS pero que, en todo caso, se encuentran en la obra, fueron
recibidas por la demandada y de las que ella tomó posesión, circunstancia que evidencia la necesidad
de cuantificarlas y, de no haber sido pagadas, la obligación de compensarlas respecto de aquellos
valores a los que asciende la cláusula penal” (fl. 93, c1).
5

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

2.1 Contestación de la demanda:

El 6 de noviembre de 2013, el INVÍAS contestó la demanda (fls. 145 – 179, c1),
oponiéndose a sus pretensiones. Al respecto, argumentó lo siguiente3:

-Los actos demandados no incurrieron en ningún tipo de irregularidad que comporte
una falsa motivación, una desviación de poder, una infracción de normas superiores o
una expedición arbitraria.

-Aceptar la proporcionalidad de la cláusula penal, es una situación que desconfigura
su finalidad. Indicó que el artículo 15 del Decreto 4828 de 2008, vigente para la fecha
de los hechos, consagraba la inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad en la
garantía única de cumplimiento, por lo que la inclusión de tal estipulación no producía
efectos.

Esta imposibilidad de incluir la cláusula de proporcionalidad también estaba prevista
en el Decreto 734 de 2012, el cual continuó aplicándose hasta el 31 de diciembre de
20134. Además, fue reproducida en el Decreto 1510 de 2013.

-La cláusula decimoquinta estipuló que, ante el incumplimiento del contratista, este
estaría obligado a pagar una “obligación” correspondiente al 10% del valor del contrato;
es decir, las partes fijaron “ab initio” el monto de los perjuicios que representaba tal
incumplimiento, razón por la cual el INVÍAS quedaba liberado del deber de probar los
daños sufridos y su valor en dinero -desde un inicio, el consorcio contratista y su
garante sabían a cuánto ascendería el monto de la “indemnización convencional”-.

-En todo momento, fue respetado el derecho al debido proceso y a la defensa. Para el
efecto, dejó de presente -entre otras razones- que en el expediente reposaban todas
las notificaciones que se le enviaron al consorcio y a la aseguradora (en la contestación
se dice “al accionante, a su garante”, lo cual se entiende como un error de forma), a
efectos de que ejercieran su respectiva defensa.

3
Aclaró que el oficio mediante el cual se citó al contratista y a la garante para adelantar la audiencia de
incumplimiento, fue el OAJ 27637, y no el enunciado por el demandante.
4
Según el demandado, este decreto consagraba que el amparo de cumplimiento debía ser equivalente
al monto de la cláusula penal y, en todo caso, no podía ser inferior al 10% del valor del contrato.
6

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

-Si bien es cierto que los contratos estatales deben ser liquidados, dicha actuación no
es un requisito indispensable para hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.
Sumado a ello, es claro que Colpatria asumió el riesgo de amparar el “cumplimiento
general del contrato”. De cualquier modo, en reiteradas oportunidades se requirió al
contratista para que aportara los documentos necesarios para lograr la liquidación del
acuerdo, sin que aquel realizara tal diligencia5.

-El INVÍAS no podía permitir la culminación de las obras por fuera del plazo contractual,
ni avalar los trabajos que se ejecutaron con posterioridad a dicho término, en especial,
porque no hubo presencia de la interventoría externa -citó la sentencia de unificación
del 19 de noviembre de 2012 (rad.: 24.897), de esta Corporación-. En otras palabras,
no había soporte de una modificación contractual que avalara el pago de las
prestaciones pendientes. Adicionalmente, no estaba demostrado que el INVÍAS se
sustrajo de pagar cantidades de obra ejecutadas por el consorcio y avaladas por la
interventoría, como para que opere la compensación aludida en la demanda.

-La cláusula penal corresponde a los perjuicios anticipados ocasionados por el
contratista, en atención al incumplimiento de las obligaciones. La posición del
demandado encuentra sustento fáctico en el incumplimiento definitivo “aceptado del
contratista en el libelo introductorio”, en los actos cuya legalidad se cuestiona, en los
hechos reportados por la interventoría, y en otras circunstancias ocurridas durante el
proceso de incumplimiento6.

Formuló como excepciones, las que denominó: (i) la genérica; (ii) legalidad de los actos
administrativos demandados7, e (iii) inexistencia del derecho reclamado.

5
El contratista se negó a firmar el acta de recibo definitivo, y la consecuente acta de liquidación, porque
no se habían incluido cantidades adicionales de obra.
6
El accionado reflexionó también lo siguiente: “Así las cosas, frente al incumplimiento severo y grave
de las obligaciones por parte del consorcio contratista procedía, como en efecto se hizo, la imposición
de la cláusula penal pecuniaria por la suma de $1.015.079.012,00 atendiendo el valor del contrato
principal y sus adicionales, sin que pueda evidenciarse el pretendido abuso de poder de la parte actora”
(fl. 162, c1).
7
“[…] La legalidad de los actos demandados surge del hecho cardinal de no existir razón jurídica alguna
para cuestionar el adelantamiento del trámite sancionatorio que declaró de una parte, la ocurrencia del
siniestro de incumplimiento definitivo y del amparo de anticipo del contrato de obra 745 de 2008, por el
hecho de que uno de los extremos, el contratista -los integrantes del Consorcio Sogamoso-, y de otra,
la imposición a título de cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento definitivo del contrato de obra
745 de 2008” (fl. 171, c1).
7

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

2.2 Pronunciamiento frente a las excepciones:

El 25 de noviembre de 2013, el actor presentó un escrito pronunciándose frente a las
excepciones de la demandada (fls. 445 – 447, c1). Afirmó que el contrato 0745 se
celebró antes de que se profiriera el Decreto 4828 de 2008 -que entró a regir en
diciembre de ese año-, por lo que dicha norma no era aplicable. Este mismo
razonamiento se extendía al Decreto 734 de 2012, que también fue posterior a la
suscripción del contrato; ello, implicaba que se debiera aplicar la proporcionalidad de
la cláusula penal, tal y como lo prevén el Código Civil y el clausulado general de la
póliza. Sumado a ello, recordó que el INVÍAS aceptó y aprobó la garantía de
cumplimiento, lo que le obliga a no ir en contra de sus propios actos y a actuar de
buena fe. Finalmente, explicó que la liquidación debe acompañar cualquier actuación
con la que se pretenda hacer efectivos los actos demandados, y que, como ya se había
vencido el término para liquidar el contrato, la entidad no podía ejercer su derecho.

El 9 de diciembre de 2013 -aunque la fecha está borrosa-, Colpatria aportó
nuevamente el anterior documento (fls. 451 – 453, c1). El mismo se allegó otra vez el
10 de diciembre del mismo año (fls. 457 – 459, c1).

3. Audiencias inicial y de pruebas:

El 22 de enero de 2014, se llevó a cabo la audiencia inicial, prevista en el artículo 180
del CPACA (fls. 460 – 463 y CD, fl. 464, c1). En ella, se surtió la etapa de saneamiento,
se fijó el objeto del litigio y se decretaron las pruebas.

El 18 de marzo de 2014, tuvo lugar la audiencia de pruebas (fls. 685 – 686 y CD, fl.
687, c2), en la cual se recibieron los testimonios de los señores Sonia González Corzo
-directora territorial Santander para el momento de los hechos- y Óscar Patiño
Bustamante -ingeniero de vías y transporte del INVÍAS y gestor técnico del contrato-.
El apoderado del actor formuló tacha en contra del último testigo referido, por ser
sospechoso, en consideración a la dependencia que guardaba con la demandada.

El 9 de abril siguiente, se continuó la audiencia de pruebas (fls. 704 – 705 y CD, fl.
706, c2). En esta diligencia, se recibió el testimonio de María Consuelo Castaño Triana

8

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

-ingeniera civil del INVÍAS y supervisora del proyecto durante la primera etapa del
mismo-8.

A través de auto del 25 de junio de 2014 (fl. 725, c2), el tribunal dio por terminada la
etapa probatoria, prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y ordenó a
las partes y al Ministerio Público alegar de conclusión y rendir concepto,
respectivamente (por escrito).

4. Alegatos de conclusión:

El 7 de julio de 2014, Colpatria alegó de conclusión (fls. 728 – 742, c2), reiterando los
argumentos expuestos en etapas procesales anteriores (pareciera ser que los alegatos
se aportaron de forma incompleta). El 10 de julio siguiente, el INVÍAS presentó sus
alegaciones finales (fls. 743 – 751, c2), insistiendo en varios argumentos de la
contestación de la demanda, entre ellos, que estaba probado que el contratista
incumplió, que aplicar la proporcionalidad de la cláusula penal desconfiguraba su
finalidad, que está proscrita la cláusula de proporcionalidad en la garantía única de
cumplimiento, que la falta de liquidación no enerva la posibilidad de cobrar la cláusula
penal, etc.

5. Sentencia de primera instancia:

El Tribunal Administrativo Oral de Santander profirió la sentencia del 6 de febrero de
2015 (fls. 753 – 766, c. ppl.), mediante la cual: (i) declaró la nulidad parcial de las
Resoluciones 3350 y 3466 de 2012, solo respecto del monto de la cláusula penal
impuesta al Consorcio Sogamoso; (ii) ordenó que el valor de la cláusula penal que
deberá pagarse asciende a $157’513.744, en lugar de $1.015’079.012; (iii) negó las
demás pretensiones de la demanda; (iv) condenó en costas a la demandada, y (v)
desestimó la tacha formulada en contra del testigo Óscar Patiño Bustamante9.

8
En documento del 8 de mayo de 2014 (fls. 714 – 715, c2), el actor desistió de la práctica de la prueba
pericial decretada por el tribunal, debido a las dificultades que representó la designación y aceptación
del cargo por parte de los profesionales nombrados, y por considerar que el material probatorio existente
era suficiente para abordar el estudio de la controversia y emitir una decisión de fondo. La solicitud de
desistimiento fue aceptada por medio de proveído del 26 de mayo de 2014 (fls. 718 – 719, c2).
9
Para el tribunal, el hecho de que el señor Patiño Bustamante fuera ingeniero del INVÍAS, no era razón
suficiente para poner en duda su credibilidad ni concluir que tenía interés directo en el resultado del
proceso, además de que sus declaraciones eran coincidentes con las de otros testigos.
9

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

-Explicó en qué consiste la potestad sancionadora del Estado, así como la institución
de la cláusula penal. De tal modo, afirmó que “[…] la imposición y ejecución de la
cláusula penal busca penalizar al contratista por el incumplimiento grave del contrato,
constituyendo una verdadera indemnización, que aunque parcial es definitiva, pues
con ella se resarcen los perjuicios, o parte de ellos, a favor de la parte que ha cumplido
el negocio” (fl. 758, c. ppl.).

-Luego, sostuvo que el juez tiene la facultad y el deber de realizar el juicio de
proporcionalidad frente a la respectiva actuación administrativa, esto es, ante el acto
que impuso la cláusula penal. Además, “[…] teniendo claro que la cláusula penal
pecuniaria se constituye en una tasación anticipada de perjuicios frente a la cual la
entidad estatal estaría exenta de demostrar los daños sufridos a raíz del
incumplimiento del contratista, considera la Sala que al Juez le asiste competencia
para fijar su reducción en aplicación del principio de proporcionalidad y de la equidad,
este último como criterio auxiliar de la actividad judicial” (fl. 759, reverso, c. ppl.).

-Lo anterior, con fundamento en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código
de Comercio, que le permiten al juez graduar la pena, para lo cual deberá verificar si
la misma se ajusta al principio de proporcionalidad y al criterio de la equidad.

-Estimó que, en este caso, estaba probado que el contratista incurrió en un
incumplimiento de sus obligaciones, a pesar de las modificaciones que se realizaron
al acuerdo negocial. Por ello, el INVÍAS estaba habilitado para hacer efectiva la
cláusula penal. A pesar de esto, aseguró que se debió dar aplicación al principio de
proporcionalidad, por lo que no compartía la decisión de la administración de hacer
efectiva la referida cláusula por el 10% del valor del contrato, sin tener en cuenta las
cantidades de obra que fueron ejecutadas por el contratista y que fueron debidamente
recibidas por el interventor10.

-Siguiendo el tenor literal de la cláusula penal pactada en el contrato (que estipulaba
un monto del 10%, de forma proporcional al avance de la obra), así como lo consignado
en el memorando No. SRN-GP-IC-07-11 del 19 de julio de 2011, resultaba procedente

10
Inicialmente, el tribunal arguyó que el contrato estuvo vigente hasta el 28 de febrero de 2011, fecha
para la cual se había ejecutado el 84.39% del valor, equivalente a “$8.565,96 millones”, quedando por
ejecutar un saldo de “1.584,83 millones” (fl. 764, reverso, c. ppl.). Posteriormente, indicó que estos
montos y porcentajes se desprendían del último corte de obra, a 14 de febrero de 2011.
10

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

efectuar la cuantificación de la sanción, con fundamento en el 10% del valor dejado de
ejecutar, y no como se dispuso en los actos demandados.

-Como el monto total dejado de ejecutar ascendió a $1.575’137.438,98, la cláusula
penal debió ser igual a $157’513.74411.

-Descartó el argumento del demandado, según el cual la cláusula de proporcionalidad
estaba prohibida por el Decreto 4828 de 2008, pues este decreto entró a regir con
posterioridad a la celebración del contrato, lo cual significa que no le era aplicable.

-Si bien se probó que el contratista ejecutó obras con posterioridad a la terminación
del contrato, las mismas no se pueden tener en cuenta, en tanto no fueron objeto de
recibo por parte de la interventoría, y tampoco fueron probadas las cantidades y
calidades de la obra ejecutada -lo cual impedía que estas fueran consideradas para la
graduación de la cláusula penal-.

-No era procedente el reconocimiento de los perjuicios alegados por el INVÍAS, para
efectos de mantener la imposición del 100% de la cláusula penal dispuesta en los actos
demandados.

-Finalmente, expuso: “Así mismo, la Sala debe precisar que pese a que el demandado
INVÍAS alega que el incumplimiento del contratista conllevó a que tuviera que
adelantar todas las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento total del objeto
contractual lo cual refleja los severos perjuicios que le trajo el comportamiento del
contratista, no es procedente en el asunto de marras admitir dicho análisis para efectos
de imponer la totalidad de la cláusula penal pecuniaria sin tener en cuenta lo ejecutado
por el contratista, entre otras cosas porque se requiere prueba de todo esto y la misma
no obra en el proceso y porque en aquellos eventos en los que la cláusula penal no
sea suficiente para cubrir los perjuicios causados, es necesario reclamarlos ante el
juez, lo cual tampoco hizo la entidad demandada. // En consecuencia, considera la
Sala que este no es el momento para justificar el derecho que cree tener el ente público
demandado de cobrar una cifra superior a la que proporcionalmente corresponde al

11
Según la sentencia de primer grado, mediante comunicación CT DISOG-INV822-598, la firma
interventora efectuó el reporte del valor dejado de ejecutar, el cual corresponde a $1.575’137.438,98
(esta información, según se deduce de la providencia, fue enunciada en el memorando No. SRN-GP-
IC-07-11 del 19 de julio de 2011).
11

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

nivel de ejecución por parte del contratista incumplido, pues para ello debió iniciar un
proceso o demandar en reconvención, lo cual no aconteció” (fl. 766, c. ppl.)12_13.

6. Recurso de apelación:

El 25 de febrero de 2015, el INVÍAS interpuso el recurso de apelación en contra de la
anterior decisión (aunque al inicio del documento se mencionó la sentencia del “30 de
enero de 2014”), solicitando que la misma fuera revocada y que, en su lugar, se
negaran pretensiones (fls. 777 – 780, c. ppl.). Para el efecto, expresó:

-Está demostrado, a partir de las pruebas aportadas por la demandada, que el
contratista incumplió de forma definitiva el contrato 0745 de 2008.

-“[…] [A]ceptar la proporcionalidad de la cláusula penal al valor dejado de ejecutar es
desconfigurar la finalidad de la cláusula penal y desprenderla del sentir de la
normatividad vigente para la fecha de los sucesos y la posterior con el el (sic) derogado
Decreto 4828 de 2008, el cual en el artículo 15, respecto a las condiciones generales
de la póliza que garantizan el cumplimiento de las obligaciones en el numeral 15.3
consagró la inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad en la garantía única de
cumplimiento, señalando que la inclusión de esta cláusula no producirá efecto alguno”
(fl. 778, c. ppl.).

No es cierto que la inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad en la garantía
única de cumplimiento empezó a regir desde el 24 de diciembre de 2008 (que en la
sentencia se explicó que es la fecha de publicación del Decreto 482814), pues de la
normativa anterior y del texto de la póliza, se desprendía que tal afirmación carecía de
fundamento. Adicionalmente, el Decreto 734 de 2012, el cual produjo efectos hasta el
31 de diciembre de 2013, también consagró la inaplicabilidad de la cláusula de
proporcionalidad. Incluso, el Decreto 1510 de 2013 abogó por la suficiencia de la
garantía.

12
La providencia se notificó por correo electrónico el 11 de febrero de 2015 (fls. 768 – 773, c. ppl.).
13
Uno de los magistrados de la Sala salvó su voto (fls. 775 – 776, c. ppl.), pues, en su criterio, el monto
de la cláusula penal debió ser igual al 10% del valor total del contrato, y no de $157’513.744. Como a la
entidad solo le resultaba útil la obra terminada, la cláusula penal debía pagarse íntegramente.
14
“No puede el juzgador de la instancia indicar, como erróneamente lo hace, indicar (sic) que sólo a
partir del 24 de Diciembre de 2008 empezó a operar la inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad
en la garantía única de cumplimiento, pues del examen de la normatividad anterior y del texto de la
póliza de cumplimiento del contrato 0745 de 2008, la afirmación del Juzgador de la instancia queda sin
sustento” (fl. 778, c. ppl.).
12

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

-Según la jurisprudencia, la cláusula penal es una indemnización definitiva frente al
incumplimiento definitivo del contratista. Dentro del pliego de condiciones y de la
cláusula decimoquinta del contrato se estipuló que el monto de la cláusula penal sería
de un 10% del valor del contrato, es decir, las partes fijaron “ab initio” el monto de los
daños que representaría el incumplimiento del contratista. Por tanto, el INVÍAS quedó
liberado del deber de probar los perjuicios sufridos y su valor en dinero.

-No se compartía la proporcionalidad invocada en el fallo de primer grado, porque era
inaceptable que todos los daños generados por el incumplimiento del contratista fueran
tasados en un 10% de lo que dejó de ejecutarse. Insistió en que se trataba de una
indemnización definitiva por el incumplimiento del contrato, resaltando, además, que:
(i) el puente no pudo ponerse en servicio, ni siquiera parcialmente; (ii) se debió
adelantar un nuevo proceso contractual para finiquitar las obras, y (iii) se le causó un
perjuicio a la comunidad, que no pudo contar con el puente que satisficiera sus
necesidades.

-Aunque el INVÍAS pretendió celebrar un contrato que cumpliera con los postulados
de la transparencia, la economía y la responsabilidad, ello no pudo lograrse.

-El daño causado a la entidad solo puede ser tasado conforme con lo pactado en el
contrato y en el pliego de condiciones, esto es, el 10% del valor total, siendo importante
que la indemnización de los perjuicios atienda al principio de reparación integral.

-Cuestionó que se le condenara en costas, porque el fallo accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, dando aplicación al artículo 188 del CPACA, en
concordancia con el artículo 392 del C.P.C.

El 12 de marzo de 2015, el apoderado del actor remitió un memorial en el que, según
manifestó, presentaba los alegatos de segunda instancia (fls. 781 – 783, c. ppl.). En
tal documento, solicitó que se rechazara el recurso de apelación, porque el INVÍAS no
expuso ningún argumento en contra de la decisión de primera instancia, dado que solo
reiteró los alegatos de conclusión15. Pidió que se sancionara al apoderado del INVÍAS,

15
Según Colpatria, el recurso no explicó por qué las normas que fundaban la defensa del INVÍAS sí
eran aplicables de manera retroactiva; citó el contrato para referenciar algo que no se plasmó en su
clausulado; no probó los perjuicios que supuestamente se le causaron, dado que los mismos, ni siquiera,
fueron invocados en la contestación de la demanda (ni se solicitó prueba para su acreditación), y
desconoció que el CPACA permite que a las entidades se le condene en costas.
13

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

por actuar con temeridad. Aportó nuevamente este documento el 18 de marzo de 2015
(fls. 784 – 786, c. ppl).

7. Trámite en segunda instancia:

El 23 de abril de 2015, se tramitó la audiencia de conciliación de que trataba el artículo
192 del CPACA (fls. 802 – 803 y CD, fl. 804, c. ppl), la cual se declaró fallida por la
falta de ánimo conciliatorio del INVÍAS. En ese sentido, el a quo concedió el recurso
de apelación y ordenó remitir el expediente ante esta Corporación.

En auto del 18 de junio de 2015 (fls. 812 – 813, c.ppl.), el recurso fue admitido. A través
de proveído del 15 de julio siguiente (fl. 816, c. ppl.), se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.

El 22 de julio de 2015, el actor allegó sus alegaciones finales (fls. 817 – 819, c. ppl.),
en las que reiteró lo dicho en el documento del 12 de marzo de 2015, esto es, que el
apelante no presentó argumentos orientados a controvertir la decisión del juez de
primer grado.

El 29 de julio de 2015, el INVÍAS alegó de conclusión (fls. 820 – 824, c. ppl.), reiterando
los argumentos de etapas procesales anteriores. Sumado a ello, se refirió al
salvamento de voto de la sentencia de primera instancia, arguyendo que le asistía
razón al magistrado disidente, en el sentido de que la cláusula penal debía pagarse en
su integridad. Finalmente, pidió descartar la solicitud elevada por el apoderado de la
actora, que recomendó sancionar al apoderado del INVÍAS. Los alegatos se aportaron
nuevamente el 30 de julio de 2015 (fls. 828 – 832, c. ppl.).

El Ministerio Público guardó silencio (fl. 834, c. ppl.).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia del Consejo de Estado:

El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de
apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales
Administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del CPACA.

14

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

Por otra parte, el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 estableció que la jurisdicción de
lo contencioso administrativo conocería, como regla general, de las controversias y de
los litigios originados en los contratos, independientemente de su régimen, en los que
fuera parte una entidad pública, naturaleza que ostenta el INVÍAS.

También le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada, por tratarse de un proceso iniciado en ejercicio
del medio de control de controversias contractuales con vocación de doble instancia
en razón de la cuantía, dado que la pretensión mayor (artículo 157 del CPACA) excede
los 500 SMLMV a la fecha de presentación de la demanda16.

2. Legitimación en la causa:

Seguros Colpatria S.A. está legitimada en la causa por activa, porque fue quien expidió
la garantía 8001019684, la cual amparó el cumplimiento del contrato 0745 de 2008,
suscrito entre el INVÍAS y el Consorcio Sogamoso. Dado que las resoluciones
demandadas declararon el incumplimiento del contratista, hicieron efectiva la cláusula
penal y estipularon que tal monto podría ser cobrado con cargo a la póliza, al actor le
asiste un interés legítimo en el proceso.

Por su parte, el INVÍAS se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al haber sido
quien expidió los actos administrativos objeto de debate, esto es, las Resoluciones
3350 y 3466 de 2012.

3. Hechos probados y material probatorio relevante:

En el sub-lite se aportó el siguiente material probatorio, que resulta relevante para el
estudio de la controversia:

16
El 15 de abril de 2013, fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo en Colombia era igual
a $589.500 (que, multiplicado por 500, da como resultado: $294’750.000).
Al estimar la cuantía, el actor manifestó que la calculaba en una suma superior a 500 salarios mínimos.
En todo caso, se tiene que su pretensión principal consiste en que el pago de la cláusula penal sea
proporcional al porcentaje de obra dejado de ejecutar por el contratista. Según la demanda, el consorcio
solo dejó de ejecutar el 15.5% del total del contrato, por lo que solamente se debía pagar,
aproximadamente, $157’337.246,86 (este cálculo lo hace directamente la Sala), en lugar de
$1.015’079.012 (pena impuesta por el INVÍAS). La diferencia entre ambas sumas de dinero es
$857’741.765,14, lo cual supera los 500 salarios mínimos exigidos por la norma para la segunda
instancia ante esta Corporación.
15

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

3.1 El INVÍAS suscribió con el Consorcio Sogamoso el contrato 0745 del 28 de julio de
2008 (fls. 22 – 28, c1), que tuvo por objeto la construcción, por el sistema de precios
unitarios con ajustes, del puente Sogamoso, de la carretera cruce 45 (La Fortuna) –
Bucaramanga, ruta 6602, en el departamento de Santander.

La cláusula segunda estipuló que el precio sería la suma de los productos que
resultasen de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios de
la propuesta. En todo caso, se estimó el valor en $6.600’790.122, equivalente a
14.302,90 salarios mínimos17. Su plazo, en virtud de la cláusula cuarta, se extendía
hasta el 31 de diciembre de 2008, contado desde la orden de iniciación que impartía
el subdirector de la Red Nacional de Carreteras. La cláusula decimoquinta regulaba la
cláusula penal, en los siguientes términos:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS Y SANCIONES.- En caso de
incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA, se
dará aplicación al procedimiento, causales y cuantías previstas en la Resolución
No 3662 del 13 de agosto de 2007 expedida por EL INSTITUTO. De igual manera
EL INSTITUTO podrá, en caso de incumplimiento definitivo por parte del
CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato, que
no constituya causal de caducidad, imponer una sanción a título de penal
pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato por el
incumplimiento y de forma proporcional al avance de la obra, siguiendo el
procedimiento establecido en la Resolución No. 3662 del 13 de agosto de 2007.
EL INSTITUTO podrá tomar directamente el valor de las multas y sanciones de
los saldos que se adeuden al contratista o de la garantía constituida y si no fuere
posible, cobrará los valores por vía judicial (fl. 26, c1).

La cláusula decimoctava previó la obligación, a cargo del contratista, de expedir la
garantía única de cumplimiento, que debía cubrir, entre sus amparos, el cumplimiento
general del contrato y el pago de las sanciones que se le impusieran -10% del valor
del negocio, con una vigencia igual al plazo del mismo y cinco meses más-.

3.2 Las modificaciones del contrato 0745 fueron las siguientes18:

17
La cláusula tercera previó la apropiación presupuestal, la cual se discriminaba así: (i) $6.375’953.485,
por costo básico de las obras (incluyendo la provisión PAGA); (ii) $39’236.637, por el IVA de las obras;
(iii) $160’000.000, correspondiente al valor de los estudios y diseños, y (iv) $25’600.000, por el IVA de
los estudios.
18
Algunos documentos indicaron que el inicio del contrato se dio el 29 de agosto de 2008.
En complemento de ello, reposa el oficio 34126 del 29 de agosto de 2008 (fl. 486, c1), en el cual el
subdirector de la Red Nacional de Carreteras le manifestó al Consorcio Sogamoso: “Le comunico que
a partir de la fecha, se imparte la orden de iniciación al contrato de la referencia [0745 de 2008], cuyo
objeto es la ‘Construcción de puentes grupo 14. Construcción del puente Sogamoso de la carretera
Cruce 45 (La Fortuna) – Bucaramanga. Ruta 6602’”.
16

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

NÚMERO DEL FECHA: OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:
OTROSÍ:
0745-01-08 (fl. 421, 29 de diciembre Prorrogar el plazo del contrato en 7 meses, es decir,
c1). de 2008. hasta el 31 de julio de 200919.
0745-02-08 (fl. 413, 30 de julio de Prorrogar el plazo del contrato hasta el 15 de diciembre
c1). 2009. de 2009. Además, se debía ajustar la vigencia de los
amparos de cumplimiento y de buen manejo y correcta
inversión del anticipo, por el plazo del contrato y seis
meses más.
0745-03-08 (fl. 388, c1) 15 de diciembre Prorrogar el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2009. de 2009 y adicionar su valor en la suma de
$220’000.000, incluido IVA, para un total de
$6.820’790.122.
0745-04-08 (fl. 382, 31 de diciembre Prorrogar el plazo del contrato por 3 meses, hasta el 31
c1). de 2009. de marzo de 2010.
Acta de suspensión 1 23 de marzo de Suspendió el contrato por 15 días, con fecha prevista
(fls. 483 – 485, c1)20. 2010. de reanudación del 6 de abril de 2010, y fecha de
vencimiento del 14 de abril siguiente.
0745-05-08 (fl. 347, 14 de abril de Prorrogar el plazo del contrato hasta el 14 de agosto de
c1). 2010. 2010, y adicionar su valor en la suma de
$3.330’000.000, incluido IVA, para un valor acumulado
de $10.150’790.122.

“La presente adición y prórroga se concede sin perjuicio
de las acciones y sanciones que EL INSTITUTO pueda
adelantar e imponer, respectivamente, por el
incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL
CONTRATISTA” (nota incluida también en otras
modificaciones).
Aclaración al contrato 22 de abril de Aclarar el inciso primero de la cláusula segunda del
adicional 0745-05-08- 2010. contrato 0745-05-08 de 2010, relacionada con las
10 (fl. 346, c1). sumas de dinero que el INVÍAS se obligaba a reservar
(el valor básico más IVA contenido en esa cláusula no
coincidía con el valor total).
0745-06-08 (fl. 345, 13 de agosto de Prorrogar el plazo hasta el 14 de octubre de 2010.
c1). 2010.
0745-07-08 (fl. 336, 14 de octubre de Prorrogar el plazo del contrato desde el 14 de octubre
c1). 2010. de 2010, hasta el 31 de diciembre de ese año.
0745-08-08 (fl. 337, 31 de diciembre Prorrogar el plazo desde el 31 de diciembre de 2010,
c1). de 2010. hasta el 31 de enero de 2011.
0745-09-08 (fl. 338, 31 de enero de Prorrogar el plazo del contrato del 31 de enero de 2011
c1). 2011. al 28 de febrero de 2011.

3.3 Colpatria expidió la póliza No. 8001019684 (fls. 29 – 30, c1), que tuvo como
tomador y afianzado al Consorcio Sogamoso y como beneficiario al INVÍAS. También
obran las modificaciones de esta garantía (fls. 31 – 70, c1). En la modificación 10 (fls.
49 – 50, c1) se indicó lo siguiente: “Seguros Colpatria S.A. emite el presente certificado
según adicional No. 5 al contrato principal No. 0745 de 2008, donde las partes
acuerdan prorrogar el plazo del contrato hasta el 14 de agosto de 2010, y aumentan el
valor del contrato en $ 3.330.000.000.00 para un valor total del contrato [de] $

19
En este otrosí se plasmó lo siguiente: “La presente ampliación en plazo se concede por solicitud del
contratista y no implica adición en valor ni sobrecostos para el INSTITUTO, por lo que el contratista no
presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de los trabajos que tenga como causa
la prórroga concedida, por cuanto se ha efectuado la reprogramación con los recursos existentes del
contrato incluyendo esta prórroga”. Esta disposición también fue incluida en otras modificaciones.
20
La reanudación del contrato, según documentos del expediente, fue el 6 de abril de 2010.
17

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

10.150.790.122.00., por lo anterior se ajustan las vigencias y valores asegurados de
la póliza como se muestra arriba”. En consideración a esta modificación, el amparo de
cumplimiento tuvo un valor asegurado de $1.015’079.012.

Las condiciones de la garantía señalaban (fls. 71 – 77, c1):

1.4 Cumplimiento del Contrato

Cubre los perjuicios causados directamente por el incumplimiento imputable al
contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado, incluyendo las
multas y la cláusula penal pecuniaria.

El pago de la indemnización no es acumulable con el pago de la cláusula penal.
[…]

3.3 Proporcionalidad

Si el contratista ha cumplido solamente una parte de la obligación garantizada, la
indemnización se rebajará en la misma proporción a la parte cumplida.

El numeral 3.9.2.2 precisó que la prueba de la cuantía del siniestro se lograba con el
acta de liquidación del contrato o con la resolución debidamente motivada y notificada
a Colpatria, en las que se hayan impuesto multas o se declare la liquidación unilateral.

3.4 En el expediente reposa el proyecto de acta de entrega y recibo definitivo de obra
del 14 de julio de 2011 (fls. 434 – 438, c1)21. En este documento, que solo tiene una
firma (que parece ser de la interventoría), se informó que el valor total de la obra
ejecutada fue de $8.565’959.530 -empero, en el resumen financiero se mostró que lo
ejecutado ascendía a $8.565’968.530-. También se expresó: “Se deja constancia de
que el Contrato de Interventoría terminó el 21 de febrero de 2011, 7 días antes de la
finalización del contrato de obra y por lo tanto las obras anotadas corresponden hasta
la fecha de terminación de la interventoría” (fl. 438, c1).

3.5 En el plenario obra el memorando SRN-GP-IC-07-11 del 19 de julio de 2011 (fls.
275 – 278, c1), por medio del cual profesional especializado Jorge Eduardo Medina 22
le remitió al subdirector de la Red Nacional de Carreteras del INVÍAS un informe de
comisión, que manifestaba: “Según el último corte de obra a 14-feb-11, en desarrollo

21
Solo la página 1 tiene esta fecha, pues las hojas 2 a 5 tienen fecha del 16 de julio de 2011.
22
En este y otros documentos se explicó que él era el gestor técnico del proyecto.
18

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

del contrato se logró una ejecución de $8.565,96 millones equivalentes al 84.39% del
valor del contrato, quedando un saldo por ejecutar de $1.584,83 millones”23.

En la parte final de este documento, se enunció:

Es de anotar que la firma interventora acompañó la ejecución de la obra hasta el
21 de febrero de 2.011, y el último corte de obra fue el 14 de febrero de 2.011, es
decir existe algo de obra que debe ser incluido en el acta de recibo definitivo de lo
cual la interventoría tiene registro de ejecución, pero también existe obra que
ejecutó de manera autónoma el contratista después del 21 de febrero de 2.011 sin
el acompañamiento de la interventoría, obra que de manera general, durante la
visita se pudo ver que está efectivamente ejecutada al comparar con los registros
que en su oportunidad levantó la interventoría, pero de esta obra adicional que
ejecutó el contratista no se disponía de registro en el momento de la visita, ante
ello se decidió proyectar el acta de recibo definitivo con las cantidades de obra
ejecutada que la interventoría tuvo oportunidad de registrar, dicho proyecto le será
enviado por escrito al contratista para que él haga la complementación que
considere procedente, y para que aporte la información detallada de cantidades y
calidades de la obra adicional ejecutadas (sic), de tal forma que con base en esta
información la interventoría pueda adelantar la revisión para su eventual inclusión
en el acta de recibo definitivo. Es de anotar que la interventoría quedó de colaborar
con la revisión de esta obra adicional ejecutada por el contratista en razón a que
esta obra corresponde a elementos metálicos verificables visualmente de cuyo
despiece detallado tiene conocimiento la interventoría (fls. 277 – 278, c1).

3.6 La Oficina Asesora Jurídica del INVÍAS le envió a los integrantes del consorcio
contratista, a su representante y al garante (en este documento también se indicó que
sería citada la interventoría), de manera individual, el oficio OAJ 27637 del 7 de junio
de 2012, a través del cual los citó a la audiencia de incumplimiento del contrato 0745
de 2008 (fls. 208 – 218; 219 – 229; 230 – 240; 241 – 251; 252 – 262 y 263 – 273, c1).

Al enunciar la tasación del daño, la citación señaló: “De acuerdo con lo establecido en
el oficio CT-DISOG-INV822-598 del 8 de junio de 2011, con radicado INVIS (sic) 50687
del 10 de junio de 2011, en donde la Interventoría cuantifica las cantidades de obra no
ejecutadas ni facturadas por el contratista a 31 de enero 2011, fecha del vencimiento

23
También se leía: “En desarrollo del contrato de obra se han presentado diferentes circunstancias que
han entorpecido su avance, entre ellos incumplimientos reiterados del contratista, por lo que se declaró
siniestro de incumplimiento parcial y se impuso una multa mediante la resolución N° 3506 del 5-ago-10,
ratificada mediante la resolución N° 264 del 25-ene-11. También se vio afectado el proyecto por las
consecuencias de la ola invernal, pues la vía de acceso al puente desde Bucaramanga se interrumpió
en varias oportunidades afectado (sic) los suministros. // Como se venció el contrato el 28 de febrero y
no se ejecutó la obra contratada, se inició el proceso de sanción por incumplimiento definitivo, el cual
se solicitó a la Oficina Jurídica del INVÍAS mediante el memorando SRN 37596 del 24 de junio de 2.011,
con base en que la Territorial Santander mediante el memorando DT-SAN 34524 del 16-jun-2011, remite
copia de la comunicación CT-DISOG-INV822-598, mediante la cual la firma interventora efectúa el
reporte del valor dejado de ejecutar, que de acuerdo con la cláusula 15 del contrato principal debe
tomarse para la cuantificación de la sanción, equivalente al 10% del valor dejado de ejecutar, resultando
las siguientes cifras, basadas en el reporte interventoría: […] // Básico total dejado de ejecutar:
$1.575.137.438,98 // Por lo anterior, el valor de la sanción correspondiente es de $157.513.744,00” (fl.
276, c1).
19

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

contractual, cantidades que corresponden al acta No. 29 del 14 de febrero de 2011,
cuyo valor es de $1.584.830.591.98” (fl. 215, c1).

3.7 El Instituto Nacional de Vías profirió la Resolución 3350 del 27 de junio de 2012
(fls. 12 – 20, c1), por medio de la cual declaró la ocurrencia del siniestro de
incumplimiento definitivo del contrato 0745 de 2008, suscrito con el Consorcio
Sogamoso, e impuso a título de cláusula penal pecuniaria la suma de $1.015’079.012.
El artículo cuarto de este acto administrativo dispuso: “El CONSORCIO SOGAMOSO
y/o sus integrantes deberán pagar los valores señalados en los artículos anteriores, en
la cuenta que para tal efecto señale el Área de Tesorería del Instituto Nacional de Vías,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución y si no
procede en tal sentido, el INVÍAS descontará dicho valor de los saldos pendientes que
le adeude al contratista, o exigirá su pago a la compañía, SEGUROS COLPATRIA
S.A., en virtud del amparo de cumplimiento de la Póliza Única de Cumplimiento de
Entidades Estatales número 8001019684 y sus certificados modificatorios” (fl. 20,
c1)24.

3.8 El INVÍAS expidió la Resolución 3466 del 3 de julio de 2012 (fls. 5 – 11, c1), que
confirmó la resolución anterior. Entre las consideraciones de la entidad, están: “El
incumplimiento del contrato sin importar el valor del mismo, genera la efectividad de la
cláusula penal en su totalidad y no proporcionalmente como lo pretende el contratista,
pues la misma protege a la entidad objetivamente por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales y los perjuicios pasados, presentes y futuros, pero no es
por demás recordarle al contratista que ni con el monto de la cláusula penal en su
totalidad se alcanzan a sufragar los daños que a (sic) tenido la entidad por el
incumplimiento del contrato ya que no ha podido colocar en funcionamiento la vía que
se esperaba, los sobrecostos para la terminación son cuantiosos, la pérdida de
oportunidad de la comunidad es incalculable y el costo político que se le ha generado
al Instituto Nacional de Vías es de relevancia nacional” (fl. 8, c1).

Además, “Las obras que han ejecutado los contratistas con posterioridad a la
terminación del plazo contractual no se pueden reputar como de conservación de la
obra existente, los mismos corresponden a la terminación del objeto contractual, pero

24
En la parte motiva de esta resolución, se explicó que Colpatria solicitó que “[…] se dé a conocer un
balance del contrato con los perjuicios sufridos por la no ejecución del mismo, o la liquidación unilateral
en caso [de] que el contratista no se presente, y lo dejado de ejecutar; igualmente solicita que la multa
sea proporcional a ese monto” (fl. 18, c1).
20

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

que han sido tan lentos que ni aun transcurrido 16 meses desde el 28 de febrero de
2011, se han conminado a cumplir terminando el objeto del contrato” (fl. 9, c1).

3.9 Estos actos quedaron en firme a partir del 4 de julio de 2012, como consta en una
certificación suscrita por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INVÍAS (fl. 21, c1).

3.10 En oficio SRN 53453 del 19 de octubre de 2012 (fls. 183 – 184, c1), el INVÍAS le
solicitó al consorcio que aportara diferentes documentos necesarios para proceder con
la liquidación del contrato. El contratista acusó el recibido de este oficio, señalando que
no estaba de acuerdo con el acta de recibo definitivo, por cuanto debían incluirse
cantidades de obra adicionales que fueron realizadas debidamente -pidió que se
convocara una reunión para cuantificar las cantidades reales ejecutadas- (fl. 185, c1).

3.11 El subdirector de la Red Nacional de Carreteras le remitió al representante del
contratista el oficio SRN 57357 del 7 de noviembre de 2012 (fls. 181 – 182, c1), en el
cual le indicó que las supuestas obras que no fueron reconocidas, de haber sido
elaboradas con posterioridad al vencimiento del contrato, no podían incorporarse al
mismo, porque no fueron autorizadas por la entidad, no contaron con acompañamiento
del interventor, y tampoco se contaba con el presupuesto para su pago. “Por lo anterior,
le aclaramos que en lo que respecta a la liquidación del contrato No. 745 de 2008, no
es procedente su propuesta de replantear las cantidades de obra contenidas en el acta
de recibo definitivo, por lo tanto nuevamente insistimos en la necesidad que firme dicha
acta y que aporte la documentación solicitada para continuar con la liquidación” (fl.
182, c1).

3.12 El 7 de marzo de 2014, la empresa Consultécnicos S.A. le envió al tribunal a quo
el oficio CT-DISOG-106 (fl. 481, c1), argumentando:

[…] Aclaramos además, que el contrato 822 de 2010 correspondiente a la
Interventoría de la obra de construcción del nuevo Puente Sogamoso terminó el
día 21 de febrero de 2011, antes de la fecha de terminación del contrato de obra
y por lo tanto, el proceso de incumplimiento fue llevado directamente por el
INVÍAS, como interventor directo a la fecha de terminación del plazo de la obra.

Finalmente, como consta en el informe No. 04 FINAL de la Interventoría, que se
adjunta, anexo 12 “Copia de la última Acta de Recibo Parcial de Obra”, con corte
a 14 de febrero de 2011 el valor acumulado ejecutado era de $8.565.959.530 de
un total del valor del contrato de $10.150.790.122, para un valor dejado de ejecutar
a $1.584.830.592 información idéntica a la contenida en la comunicación CT-
DISOG-INV822-575 dirigida por CONSULTÉCNICOS al INVÍAS, también se
anexa.

21

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

3.13 En el documento denominado “Relación de Pagos” del 10 de marzo de 2014 (fls.
642 – 643, c2), la profesional especializada con funciones de tesorera (se entiende
que del INVÍAS) certificó que al contratista Consorcio Sogamoso se le pagó, por la
construcción del puente Sogamoso, las siguientes sumas: (i) el valor pagado (bruto)
fue de $8’565.959.530,53 y (ii) el valor pagado (neto) fue $8’023.687.124,35.

3.14 El denominado cuaderno de pruebas contiene los documentos facilitados por la
interventoría, de los cuales se resalta:

a) El proyecto de acta de recibo definitivo de obra, del 16 de julio de 2011, la cual solo
está firmada por el interventor (fls. 3 – 7, c. de p.).

b) El informe mensual No. 04 – final, revisión 1 – mayo de 2011, junto con sus anexos
(fls. 44 – 211, c. de p.), en el cual se sostuvo: “El contrato de obra e interventoría se
suspendió del día 23 de marzo hasta el día 6 de abril. // El contrato de obra se
suspendió del día 18 de febrero hasta el día 18 de marzo de 2011” (fl. 55, c. de p.).

También puede leerse: “Las cantidades ejecutadas y facturadas del contrato 0745 de
2008 son las registradas en el acta de obra No 29 del periodo 15 de enero de 2011
febrero 14 de 2011 (sic), por un valor de $8.566.159.530.00 copia de esta se encuentra
en el anexo No 12 del informe y en el anexo 8 del mismo informe No 4 se presenta la
relación de Financiera (sic) de la Obra” (fl. 64, c. de p.).

El anexo 12 era la última acta de recibo parcial de obra, esto es, la No. 29 del periodo
15 de enero a 14 de febrero de 2011 (fls. 105 – 106, c. de p.). Allí se registró que el
valor acumulado ascendía a $8.565’959.530 (aunque no es del todo legible). Este
documento tiene escrito a mano la expresión “original firmado”, dado que está sin firma.
En un cuadro posterior, que fue anexado al oficio CT DISOG-INV822-575 del 1 de junio
de 2011 (fl. 148, c. de p.)25, se recalcó que las cantidades por facturar (no ejecutadas)
ascendían a $1.584’830.591,98 (fls. 149 – 150, c. de p.).

25
El alcance de este documento fue complementado por la comunicación CT-DISOG-INV822-598 del 8
de junio de 2011 (fl. 304, c1). En ella, se anexó un cuadro (fls. 305 – 306, c1), a través del cual se
determinó, nuevamente, el monto de las cantidades ejecutadas y por facturar. Se resalta que en la fila
denominada subtotal básico de obras, correspondiente a la columna de cantidades por facturar, dicho
monto se estableció en $1.573’657.536,98. En complemento de lo expuesto, la provisión (PAGA, obras
complementarias y ajustes) fue definida en $1’479.902 (estos fueron los valores que tuvo en cuenta el
tribunal, para efectos de calcular la reducción de la cláusula penal, sin que fuera apreciado lo
correspondiente al IVA, que era del 16% sobre la utilidad -$9’693.153-).
22

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

4. Caso concreto:

El actor, en los alegatos de segunda instancia -y desde antes-, aseguró que el recurso
de apelación presentado por el INVÍAS no estuvo debidamente sustentado, pues no
atacó los planteamientos del tribunal.

En este punto, se resalta que, por mandato del artículo 320 del Código General del
Proceso26, la competencia del juez de segunda instancia se circunscribe a los reparos
concretos formulados por el apelante, lo cual le impone a este último la carga de
exponer adecuadamente los motivos de disenso con la decisión del juez de primer
grado, sin que sea suficiente enunciar, de manera genérica, su descontento con la
determinación objeto del recurso. Sumado a ello, los fundamentos de la impugnación
deben relacionarse o conectarse con las consideraciones del a quo, por cuanto está
proscrito, bajo la excusa de presentar una apelación, traer a colación razonamientos
que no guardan coherencia con la providencia controvertida 27.

Con base en lo anterior, la Sala limitará su análisis, exclusivamente, a lo plasmado en
el recurso de apelación. Los reparos del INVÍAS se resumen en lo siguiente: (i) estaba
demostrado el incumplimiento definitivo del contratista; (ii) aceptar la proporcionalidad
de la cláusula penal desconfigura su finalidad; (iii) los Decretos 4828 de 2008 y 734 de
2012 previeron la inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad en la garantía única
de cumplimiento (y el Decreto 1510 de 2013 abogó por la suficiencia de las garantías);
(iv) no era cierto que la inaplicabilidad de la proporcionalidad entró a regir desde
diciembre de 2008, puesto que un examen de la normativa anterior y de la póliza de
cumplimiento dejaba sin soporte tal afirmación; (v) la cláusula penal es una
indemnización definitiva frente al incumplimiento definitivo del contratista; (vi) las
partes fijaron, desde un comienzo, el monto de los perjuicios que representaba el
incumplimiento, por lo que el INVÍAS quedaba liberado de “probar los daños sufridos
y su valor en dinero” (fl. 779, c. ppl.); (vii) todos los daños que se le generaron al

26
“Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine
la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión. // Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya
sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71”.
27
Sobre este tema, revisar: (i) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de
noviembre de 2021, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. Rad.: 25000-23-26-000-2011-00924-01
(54.282); (ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de marzo de 2022,
C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. Rad.: 19001-23-33-000-2012-00652-01 (53.376), y (iii) Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 29 de septiembre de 2023, C.P.: María
Adriana Marín. Rad.: 25000-23-36-000-2012-00034-02 (57.788).
23

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

contratante no se cubrían con el 10% de lo dejado de ejecutar, recordando que la
indemnización de perjuicios debe atender al principio de reparación integral, y (viii) no
se le debió condenar en costas, porque el fallo accedió parcialmente a las pretensiones
(mencionó los artículos 188 del CPACA y 392 del CPC).

-A partir de los planteamientos de la impugnación, la Sala entiende que el INVÍAS está
cuestionando que el tribunal aplicara el principio de proporcionalidad, dado que dicha
situación, además de que desconfigura la finalidad de la cláusula penal, desconoce
que el incumplimiento del consorcio fue total o definitivo. En ese sentido, a pesar del
avance de la obra, su no culminación se tradujo en una frustración absoluta de los
intereses del ente contratante, ya que el puente no pudo ponerse en funcionamiento,
ni siquiera parcialmente.

Para entrar a resolver este cargo, es necesario analizar la figura de la cláusula penal
pecuniaria y el alcance del principio de proporcionalidad, al tiempo que deberá
estudiarse lo acordado expresamente por las partes en la cláusula decimoquinta del
contrato 0745 de 2008.

La cláusula penal, según el artículo 1592 del Código Civil, “[…] es aquella en que una
persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que
consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”.
Según la jurisprudencia de esta Subsección, la cláusula penal constituye, por regla
general, una tasación anticipada de perjuicios, la cual, por vía de excepción -en tanto
medie un pacto entre las partes-, puede perder ese carácter y convertirse en una
sanción convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones28.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, al abordar el sentido de esta institución,
ha aseverado:

Entendida, pues, la cláusula penal como el negocio constitutivo de una prestación
penal de contenido patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la
intención de indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento
defectuoso de una obligación, por norma general se le aprecia a dicha prestación
como compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido,
los cuales, en virtud de la convención celebrada previamente entre las partes, no
tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo, toda vez que, como
se dijo, la pena estipulada es una apreciación anticipada de los susodichos
perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad. Esa es la razón,

28
Puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16 de agosto
de 2022, C.P.: María Adriana Marín. Rad.: 08001-23-31-000-2011-00506-01 (60.434).
24

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

entonces, para que la ley excluya la posibilidad de que se acumulen la cláusula
penal y la indemnización de perjuicios, y solamente por vía de excepción, en tanto
medie un pacto inequívoco sobre el particular, permita la acumulación de ambos
conceptos, evento en el que, en consecuencia, el tratamiento jurídico deberá ser
diferente tanto para la pena como para la indemnización, y donde, además, la
primera dejará de ser observada como una liquidación pactada por anticipado del
valor de la segunda, para adquirir la condición de una sanción convencional con
caracterizada función compulsiva, ordenada a forzar al deudor a cumplir los
compromisos por él adquiridos en determinado contrato29.

Ahora bien, en relación con la aplicación del principio de proporcionalidad, la
jurisprudencia de esta Corporación ha expresado:

Considerando que la cláusula penal pecuniaria es una tasación anticipada de
perjuicios, y que la entidad está exenta -para imponerla y cobrarla- de demostrar
los daños sufridos a raíz del incumplimiento del contratista; se debe tener en
cuenta que el juez tiene la competencia, previo juicio de proporcionalidad, para
fijar su reducción, pues los postulados de dicho principio, así como el de equidad
-este último como criterio auxiliar de la actividad judicial-, así se lo exigen.

No obstante, si de lo que se trata es de reclamar el valor no cubierto con la cláusula
penal -es decir, un mayor perjuicio-, ya no es el principio de proporcionalidad el
que actúa, sino el de la prueba debida del monto de los daños, pues es sabido
que la reparación de todo daño, además de ser integral, debe ser plena.

La primera potestad ha sido otorgada al juez por los artículos 1596 del Código Civil
y 867 del Código de Comercio, los cuales prescriben, en su orden: […]

Estas normas, que permiten graduar la cláusula penal pecuniaria, contemplan una
doble naturaleza al ejercicio de dicha potestad judicial, pues, además de erigirse
como un “derecho” en favor de las partes, se establece como una obligación a
cargo del juez, para efectos de considerar si la sanción pecuniaria se ajusta al
principio de proporcionalidad y al criterio de la equidad. […]

Esta Corporación ha estudiado la problemática de la disminución de la cláusula
penal en los contratos del Estado, sosteniendo -en todas esas ocasiones- que de
conformidad con los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio,
el juez tiene la posibilidad de reducir la suma impuesta por tal concepto, evaluando
-para ello- el porcentaje de obra efectivamente ejecutado por el contratista y su
aceptación por parte de la entidad contratante30.

Como se observa, por mandato legal y a partir de la jurisprudencia de la Sala, es válido
que, ante el cumplimiento parcial de las obligaciones, el juez gradúe la cláusula penal,
rebajándola proporcionalmente (en los términos del artículo 1596 del Código Civil) o
reduciéndola equitativamente (bajo el criterio del artículo 867 del Código de Comercio).

29
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de mayo de 1996, M.P.: Carlos
Esteban Jaramillo Schloss. Exp.: 4.607.
30
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, C.P.: Enrique Gil
Botero. Rad.: 68001-23-31-000-1996-02081-01 (17.009).
25

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que, para resolver el caso concreto, se debe
analizar lo estipulado expresamente por las partes en el contrato, toda vez que, en
ejercicio de la autonomía contractual, aquellas podían definir los alcances de la
cláusula penal.

Como se puso de presente en los hechos probados, la cláusula decimoquinta del
contrato 0745 de 2008 dispuso: “[…] De igual manera EL INSTITUTO podrá, en caso
de incumplimiento definitivo por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones contraídas en el contrato, que no constituya causal de caducidad,
imponer una sanción a título de penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance de
la obra […]” (fl. 26, c1). Bajo estos términos, y en virtud del mismo acuerdo de
voluntades, es claro que la imposición de la cláusula penal debía ser proporcional al
avance de la obra, lo cual era al margen de que el incumplimiento fuera total o de que
se presentara una frustración absoluta del objeto.

Por lo mismo, el INVÍAS no puede, en sede de apelación, entrar a desconocer los
postulados del negocio jurídico, el cual fue claro en determinar que la fijación y cobro
de la pena sería en proporción a lo no ejecutado por el contratista.

Sumado a ello, la Sala también encuentra que en el plenario está demostrado que el
Consorcio Sogamoso cumplió parcialmente con sus obligaciones, y que tales obras
fueron recibidas por la entidad31. En concreto, se vislumbra lo siguiente:

(i) En la Resolución 3466 del 3 de julio de 2012 se indicó que, en la audiencia del 27
de junio de ese año, en la cual se declaró el incumplimiento del contrato, la
interventoría concluyó: “Que a pesar de haberse ampliado el contrato tanto en tiempo
como en valor hasta el tope máximo permitido, el contratista a 28 de febrero de 2011
no había terminado la ejecución del puente, faltándole por ejecutar alrededor de mil
ochocientos millones. Adicionalmente aclara que todo lo ejecutado fue dentro del plazo

31
La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que, cuando el objeto
del contrato sea indivisible, no aplicará la proporcionalidad de la cláusula penal, salvo que la entidad
pública haya recibido los trabajos realizados: “Finalmente, cabe agregar que si el objeto del contrato es
indivisible, de modo que sólo sirve al contratante su ejecución completa, el valor de la cláusula penal se
debe pagar íntegramente; salvo que la administración acepte del contratista la parte ejecutada” (Consejo
de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, C.P.: Enrique Gil Botero. Rad.:
68001-23-31-000-1996-02081-01 (17.009)). Así, e independientemente de la naturaleza de la
prestación, cuando la entidad acepte y pague los porcentajes de obra ejecutados, será procedente una
graduación de la pena.
26

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

contractual para un avance total de 84.5% por lo que solicita que la multa sea la
establecida en la cláusula penal del contrato a ejecutar” (fl. 6, c1).

(ii) En el memorando SRN-GP-IC-07-11 del 19 de julio de 2011 (fls. 275 – 278, c1), se
aclaró que, conforme al último corte de obra a 14 de febrero de 2011, el contrato logró
una ejecución del 84.39%. Sumado a ello, se planteó que, según el contenido de la
cláusula decimoquinta, el monto de lo dejado de ejecutar era el valor que debía tenerse
en cuenta para calcular la cláusula penal.

(iii) En el oficio CT DISOG-INV822-575 del 1 de junio de 2011 (fl. 148, c. de p.), junto
con su cuadro anexo (fls. 149 – 150, c. de p.) 32 , el interventor certificó que las
cantidades facturadas con corte al acta No. 29 ascendían a $8.565’959.530, al tiempo
que las cantidades no ejecutadas eran igual a $1.584’830.591,98. Si se transforman
estos valores en porcentajes, se tiene que el consorcio ejecutó el 84,387%.

(iv) El acta de recibo parcial de obra No. 29, del periodo 15 de enero a 14 de febrero
de 2011, estipuló que el valor acumulado de la obra ejecutada era igual a
$8.565’959.530 y que el saldo básico por ejecutar era de $1.575’137.439 (fls. 105 –
106, c. de p.).

(v) La comunicación CT-DISOG-INV822-598 del 8 de junio de 2011 (fl. 304, c1), que
complementó el alcance de la comunicación CT-DISOG-INV822-575, determinó, en su
cuadro anexo (fls. 305 – 306, c1), que las cantidades facturadas al acta 29 equivalían
a $8.565’959.530, y que lo no ejecutado ascendía a $1.584’830.591,98 (subtotal
básico de obras, provisión e IVA).

(vi) Mediante memorando SRN 37596 del 24 de junio de 2011 (fls. 308 – 309, c1), el
subdirector de la Red Nacional de Carreteras encargado le informó a la Oficina
Asesora Jurídica lo siguiente:

Por lo anterior, la Territorial Santander mediante el memorando DT-SAN 34524
del 16-jun-2011, remite copia de la comunicación CT-DISOG-INV822-598,
mediante la cual la firma interventora efectúa el reporte del valor dejado de
ejecutar, que de acuerdo con la mencionada cláusula 15 de[l] contrato principal
debe tomarse para la cuantificación de la sanción, equivalente al 10% del valor
dejado de ejecutar, resultando las siguientes cifras, basadas en el reporte de
interventoría:

32
Se aclara que en el oficio se señaló que el acta 29 era con corte al 14 de febrero de 2011, pero en el
cuadro anexo se plasmó que la mencionada acta era de 2010, lo cual se entiende como un error de
forma. Lo anterior, teniendo en cuenta que el acta 29 obra en el expediente, y pudo verificarse su fecha.
27

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

Subtotal básico de obras: $1.573.657.536,98.
Provisión: $1.479.902.00.
Básico total dejado de ejecutar: $1.575.137.438,98.

Por lo anterior, el valor de la sanción correspondiente es de $157.513.744,00 (fl.
308, c1).

(vii) La interventoría ratificó los montos expuestos previamente, afirmando, en el oficio
CT-DISOG-106 (fl. 481, c1), lo siguiente: “[…] el valor acumulado ejecutado era de
$8.565.959.530 de un total del valor del contrato de $10.150.790.122, para un valor
dejado de ejecutar a $1.584.830.592 información idéntica a la contenida en la
comunicación CT-DISOG-INV822-575 […]”.

(viii) En la “Relación de Pagos” del 10 de marzo de 2014 (fls. 642 – 643, c2) se informó
que el valor pagado (bruto) al consorcio, con ocasión del contrato 0745 de 2008,
equivalía a $8.565’959.530,53.

De acuerdo con el material probatorio referido, es indiscutible que el contratista cumplió
parcialmente con sus obligaciones, las cuales fueron recibidas y pagadas por el
INVÍAS, motivo por el cual era posible que el juez, en aplicación de la cláusula
decimoquinta y de lo mandado por los códigos Civil y de Comercio, redujera -como en
efecto lo hizo- el monto de la cláusula penal impuesta en los actos demandados.

Aun cuando es cierto que los regímenes civil y comercial no son idénticos, en tanto no
es igual que la pena se rebaje proporcionalmente, a que se reduzca equitativamente,
en este caso era válido que el tribunal optara por hacer una disminución proporcional,
porque la proporcionalidad fue la figura que, según el clausulado contractual, se
aplicaría en este tipo de situaciones. En consecuencia, y como el apelante no demostró
los motivos por los cuales el juez de primera instancia erró al aplicar el tenor literal de
la cláusula decimoquinta, ni por qué no eran aplicables los artículos 1596 del Código
Civil y 867 del Código de Comercio, este punto de la sentencia será confirmado.

-En la impugnación también se dijo que la cláusula de proporcionalidad no era válida,
en atención a lo prescrito en el Decreto 4828 de 2008 33 . El a quo descartó esta

33
El numeral 15.3 del artículo 15 de este decreto mandaba: “15.3 Inaplicabilidad de la cláusula de
proporcionalidad. // En la garantía única de cumplimiento no podrá incluirse la ‘Cláusula de
Proporcionalidad’ u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados
del incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse incumplimiento parcial del mismo, la
indemnización de perjuicios a cargo del asegurador no excederá de la proporción del valor asegurado
28

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

aseveración, porque dicho decreto fue publicado el 24 de diciembre de 2008, es decir,
con posterioridad a la firma del contrato -28 de julio de ese año-, lo cual hacía que no
le fuera aplicable. El recurso solo se refiere de forma tangencial a este argumento,
arguyendo que un examen de la normativa anterior y del texto de la póliza permitiría
dejar sin sustento tal determinación.

Frente a este tema, la Sala encuentra que en el recurso no se expresó cuál era esa
supuesta normativa anterior, ni cuál era su alcance. Además, no se justificó por qué
los Decretos 4828 de 2008, 734 de 2012 y 1510 de 2013 eran aplicables, a pesar de
que entraron a regir con posterioridad al perfeccionamiento del contrato.

A pesar de ello, esta Subsección se permite aclarar que la inaplicación de la cláusula
de proporcionalidad en la garantía única, de ningún modo, impide que la cláusula penal
pueda calcularse de forma proporcional al incumplimiento del contratista. Ciertamente,
aunque ambas instituciones guardan relación -pues la penal pecuniaria se cobra con
cargo a la garantía, lo cual significa que esta asegura la efectividad de aquella-, son
diferentes 34 , por lo que una eventual prohibición de incluir la cláusula de
proporcionalidad en la garantía no hacía que, automáticamente, las partes no pudieran
definir, en ejercicio de su autonomía, que la pena pecuniaria se tasaría con fundamento
en el porcentaje de obra dejado de ejecutar (que fue lo que finalmente ocurrió). En
otros términos, la prohibición del Decreto 4828 -el cual, se reitera, entró a regir luego
de la suscripción del contrato- no se hacía extensiva a la cláusula penal, frente a la
cual las partes podían definir los criterios para su fijación.

equivalente al porcentaje incumplido de la obligación garantizada. // La inclusión de una cláusula de ese
tenor no producirá efecto alguno”.
34
La doctrina ha abordado esta diferencia, así: “Las garantías no son una pena convencional, porque
su función no es la de constituir una estimación anticipada de los posibles perjuicios que pudiera sufrir
la entidad pública por la inejecución del contrato, ni un medio coercitivo para premiar al particular para
que observe sus compromisos, sino esencialmente una salvaguarda que la ley le otorga al interés
público frente a los eventuales incumplimientos del vínculo jurídico imputables al contratista. Por tanto
es erróneo confundir las garantías contractuales con las potestades sancionatorias que le otorga la ley
a la Administración en el ámbito de los contratos estatales, y que deben incluirse obligatoriamente en
las cláusulas del contrato, pues se trata de dos técnicas jurídicas distintas, en razón a que mientras las
primeras corresponden a una verdadera protección patrimonial de la Administración Pública, las
segundas se traducen o en un poder que tienen las entidades públicas para asegurar la ejecución del
contrato, o bien en una estimación previa del detrimento sufrido por el interés público derivado del
incumplimiento de las obligaciones del contratista. // La garantía le permite a la Administración
efectivamente percibir no sólo el importe de las multas o de la cláusula penal que le pueda imponer a
su colaborador en la gestión de los servicios públicos, sino también el pago de todas las obligaciones a
cargo del contratista que resulten en el procedimiento de liquidación, e incluso el valor de la
indemnización de perjuicios que establezca el juez, hasta el monto de aquellas, en los casos que se
configure la responsabilidad de naturaleza contractual del particular derivado de un incumplimiento
definitivo, o de un cumplimiento tardío o defectuoso de sus obligaciones” (Escobar Gil, Rodrigo -2003-.
Teoría general de los contratos de la administración pública. Legis, segunda reimpresión, pág. 243).
29

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

Por lo tanto, es innegable que la presunta aplicación del Decreto 4828 de 2008 no
tendría la virtualidad de interferir en lo plasmado frente a la cláusula penal, lo cual es
una razón suficiente para descartar este reproche de la alzada.

-El INVÍAS ratificó que el 10% de lo dejado de ejecutar no cubría los perjuicios
generados por el incumplimiento; además, insistió en que el valor de la pena fue
definido desde un comienzo, por lo que no era necesario que se probara el monto de
los perjuicios. Al respecto, la Sala comparte los argumentos del a quo, pues si el
demandado consideraba que la pena pactada era insuficiente, debió emprender la
respectiva reclamación judicial, lo cual no aconteció en esta oportunidad. Si bien en
los alegatos de segunda instancia el INVÍAS retomó lo señalado por el salvamento de
voto de la sentencia apelada, dicho análisis no es de recibo, porque no fue planteado
desde la apelación, que es la que define la competencia de la Sala.

Adicionalmente, y como ya se sostuvo en párrafos precedentes, aunque las partes
fijaron el porcentaje de la cláusula penal en un 10% del precio, la misma se haría
efectiva de manera proporcional al avance de la obra. Entonces, aun cuando es cierto
que la pena convencional exoneraba a la entidad de la obligación de probar el monto
de los perjuicios, tal situación no hacía que el cobro de la sanción pudiera desatender
los precisos términos del contrato, o que la entidad estuviera relevada del deber de
demandar, en caso de que el supuesto daño causado desbordara el valor de la
cláusula penal. En consecuencia, este punto de la apelación se valorará de forma
desfavorable.

-En lo relativo a la condena en costas, el INVÍAS se refirió al artículo 392 del CPC, el
cual disponía que: “6. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión”. Esta norma, que también está prevista en el artículo 365
del CGP, estipula que, ante la prosperidad parcial de la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas o emitirá una condena parcial.

En la sentencia de primer grado, el tribunal refirió, frente a la condena en costas, lo
siguiente: “De conformidad con el Art. 188 del CPACA, se condena en costas a la
entidad demandada INVÍAS por ser la parte vencida en el proceso, las cuales se
liquidarán de acuerdo a lo establecido en el Art. 366 del Código General del Proceso”
(fl. 766, c. ppl.).

30

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

Con base en lo anterior, es claro que el a quo no incurrió en ningún yerro al condenar
en costas al INVÍAS, en tanto la normativa procesal civil prescribe que el juez “podrá”
-es decir, es un asunto subjetivo- abstenerse de condenar en costas, sin que esto sea
un imperativo en cada caso en que la demanda prospere parcialmente. En esta
oportunidad, es claro que el tribunal consideró que la condena en costas era válida, en
atención al resultado del proceso, en el cual se concedió la pretensión principal de
Colpatria, esto es, la declaratoria de nulidad parcial de los actos impugnados y la
reducción del monto de la cláusula penal. Así, el cargo del demandado no está llamado
a prosperar, porque no está demostrado que el tribunal, al imponer las costas,
desatendió algún postulado legal.

En vista de que el recurrente no logró refutar o controvertir lo indicado en el fallo de
primera instancia, el mismo será confirmado. Por ello, se mantendrá la decisión de
declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012, la de disminuir el
valor de la cláusula penal y la de condenar en costas al INVÍAS.

5. Costas:

Con el sistema procesal actual, la condena en costas adoptó un régimen objetivo, en
el que se condena a la parte vencida, con independencia de su conducta. Teniendo
esto de presente, y para efectos de la condena en costas en segunda instancia, se
tiene que, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil.

Así, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a condenar
en costas a la parte vencida en un proceso; adicionalmente, el artículo 361 ibidem
establece que las costas “[…] están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas
últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, defina el
Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de esa
misma disposición.

Bajo estos términos, se condenará en costas a la parte demandada, es decir, a quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,

31

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

debido a que no prosperó 35 . La liquidación de las costas la hará de manera
concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP.

En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, y de
acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta
la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y
otras circunstancias especiales, si las hubiere. En ese sentido, se aprecia que:

Se trata de un proceso de controversias contractuales, en el cual el actor resultó
favorecido, ya que deberá cancelar, como cláusula penal, la suma de $157’513.744,
en lugar de $1.015’079.012. La diferencia entre ambos montos es de $857’565.268,
es decir, este fue el dinero que la aseguradora no deberá pagar a raíz de la providencia
confirmada en esta instancia, lo cual significa que este es el valor de la pretensión
reconocida y sobre el cual se calculará la condena en costas.

Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de la fijación de las agencias en derecho
correspondientes a la segunda instancia, acerca de la duración y la complejidad de la
gestión procesal, se observa que, además del seguimiento propio que amerita un caso
como el presente, Seguros Colpatria presentó, oportunamente, los alegatos de
conclusión. En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, las tarifas para las
agencias en derecho son:

ACUERDO No. 1887 DE 2003
(Junio 26)
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”

[…] ARTÍCULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en
derecho: […]

III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […]

3.1.3. Segunda instancia.

Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia.

35
El numeral 3 del artículo 365 del CGP dispone: “[…] 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
32

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

Por tanto, se fijarán las agencias en derecho de la segunda instancia en el 1% de las
pretensiones reconocidas, es decir, la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA
Y OCHO CENTAVOS ($8’575.652,68). La anterior condena deberá incluirse en el auto
de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la demandada.

6. Remisión de una copia de esta providencia a otro proceso:

Revisado el sistema de la rama judicial, se advierte que existen dos procesos en los
que se están discutiendo asuntos relacionados con el objeto de la controversia: (i) en
el despacho del consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas se está conociendo del
proceso 68001-23-33-000-2013-01118-01 (59.622), en el cual el Consorcio Sogamoso
demandó al INVÍAS, con la pretensión, entre otras, de que se declarara la nulidad de
las Resoluciones 3350 y 3466 de 2012. (ii) En el Tribunal Administrativo de Santander
se está tramitando el proceso 68001-33-33-011-2016-00207-0236, que es un ejecutivo
adelantado por el INVÍAS en contra de los integrantes del Consorcio Sogamoso y de
Colpatria (la primera instancia de este expediente se surtió ante el Juzgado Segundo
Administrativo Oral de Bucaramanga, bajo el radicado 68001-33-33-002-2016-00207-
00).

Como lo decidido en esta oportunidad podría influir en aquellos procesos, una vez
quede en firme esta sentencia, se deberá enviar una copia de la misma para que sea
anexada en los expedientes respectivos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre de la República de
Colombia, y por autoridad de la ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de febrero de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.

36
El auto del 5 de junio de 2023 -proferido por el Tribunal Administrativo de Santander-, que admitió el
recurso de apelación presentado en contra de la providencia del 30 de marzo de ese año (que declaró
no probadas las excepciones de Colpatria y ordenó seguir adelante con la ejecución), tiene en su
encabezado el radicado 68001-33-33-002-2016-00207-02; empero, al determinar el radicado del
expediente digital, se señaló que este era 68001-33-33-011-2016-00207-02, que es finalmente con el
que se identifica en el SAMAI. Por ende, será a este último al cual se deberá allegar una copia de este
proveído.
33

Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00449-01 (54.133).
Actor: Seguros Colpatria S.A.
Demandado: INVÍAS.
Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandada a pagar las costas del proceso. Como
consecuencia, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en esta
instancia, se fija la suma equivalente a OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y OCHO
CENTAVOS ($8’575.652,68).

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de
su competencia.

CUARTO: Cuando esta decisión quede en firme, por secretaría, REMITIR una copia
de la misma para que sea anexada a los procesos 68001-23-33-000-2013-01118-01
(59.622) -en esta Corporación- y 68001-33-33-011-2016-00207-02 (en el Tribunal
Administrativo de Santander).

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado, y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

34

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