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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00034-02

Fecha
29 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00034-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, al Consorcio Terminales Bogotá 2008, a pagar a favor de la parte demandada, Sociedad Terminal de Transportes S.A., la suma de cinco millones doscientos veintisiete mil trescientos siete pesos ($5’227.307). TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su competencia. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2012-00034-02

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

29 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-02 (57.788)

Actor: CONSORCIO TERMINALES BOGOTÁ 2008

Demandado: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
(APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / Contrato de consultoría para la
elaboración y legalización del plan de implantación, los estudios y diseños para la
construcción, puesta en marcha y operación de la Terminal Interurbana de Pasajeros
del Norte / Nulidad de las resoluciones mediante las cuales se declaró el
incumplimiento del contrato, la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y se hizo
efectiva la cláusula penal pecuniaria – Nulidad de las resoluciones mediante las
cuales se adoptó la liquidación unilateral del contrato / DESEQUILIBRIO
ECONÓMICO DEL CONTRATO - En virtud de la modificación del objeto contractual
/ INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN - Si bien la parte
actora sustentó formalmente su recurso de apelación, los argumentos esgrimidos no
refutan o controvierten los fundamentos de la sentencia de primera instancia /
PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE - En el escrito de apelación la parte
actora se limitó a transcribir en su integridad el contenido de la demanda.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en
contra de la sentencia proferida el 23 de junio de 2016, por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Entre el Consorcio Terminales Bogotá 2008 y la sociedad Terminal de Transporte
S.A., se celebró el contrato de consultoría No. TT-115/2008, cuyo objeto consistía
en la elaboración y legalización del plan de implantación, los estudios y diseños para
la construcción, puesta en marcha y operación de la Terminal Interurbana de

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

Pasajeros del Norte. Mediante la Resolución No. 12 de 2010 se declaró el
incumplimiento del contrato, la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y se hizo
efectiva la cláusula penal pecuniaria. Mediante la Resolución No. 63 de 2010 se
adoptó la liquidación unilateral del contrato.

La parte demandante plantea que estos actos administrativos se profirieron con
violación del debido proceso, falsa motivación, violación directa de la ley, violación
de los principios de buena fe y planeación, además de que se presentó un
desequilibrio económico por la modificación del objeto contractual.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

En escrito presentado el 12 de julio de 2012 (fls. 3 a 58 c. 1), el Consorcio
Terminales Bogotá 2008, conformado por las sociedades Consultar con
Profesionales y CIA LTDA. y VELNEC S.A., por conducto de apoderado judicial (fls.
1 a 2 c. 1), interpuso demanda en ejercicio del medio de controversias contractuales
en contra de la sociedad de economía mixta del orden distrital Terminal de
Transporte S.A., con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y
condenas:

Pretensiones principales

Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 012 del 15 de marzo
de 2010, mediante la cual el Gerente General de la Terminal de Transportes
S.A. resolvió entre otras cosas lo siguiente:

Artículo primero: Declarar que el contratista ha incumplido el objeto contractual
del contrato TT-155-2008 suscrito entre la Terminal de Transporte S.A. y el
Consorcio Terminales Bogotá 2008.

Artículo segundo: Declarar la ocurrencia del siniestro de incumplimiento,
amparado por la póliza de cumplimiento No. GUO31970 expedida por la
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA.

Artículo tercero: Hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por un valor de
ciento sesenta y nueve millones ochocientos veintidós mil quinientos
diecinueve pesos ($169.822.519), equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total de la cláusula penal pecuniaria, según lo estipulado en la cláusula
décimo séptima del mismo contrato.

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 026 del 31 de mayo
de 2010, mediante la cual el Gerente General de la Terminal de Transportes
S.A. resolvió entre otras cosas lo siguiente:

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

Artículo primero: Confirmar en todo y cada una de sus partes la Resolución No.
012 del 15 de marzo de 2010, por la cual se declara el incumplimiento del
contrato TT-155-2008 y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria
garantizada por la póliza No. GUO31970.

Tercera: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 63 del 26 de octubre
de 2010, mediante la cual el Gerente General de la Terminal de Transportes
S.A. resolvió entre otras cosas lo siguiente:

Artículo primero: Liquídese unilateralmente el contrato TT-155-2008, teniendo
en cuenta que el contratista no aceptó el proyecto de liquidación sugerido por
la entidad y por consiguiente adóptese como liquidación del contrato el
documento de fecha 25 de agosto de 2010 que hace parte integral de la
presente resolución, teniendo en consideración la corrección que se hizo
mediante Resolución No. 52 del 10 de septiembre de 2010.

Cuarta: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 02 del 26 de enero de
2011, mediante la cual el Gerente General de la Terminal de Transportes S.A.
resolvió entre otras cosas lo siguiente:

Artículo primero: Confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución
No. 63 el 26 de octubre de 2010, por la cual se adoptó la liquidación unilateral
del contrato TT-155-2008.

Quinta: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las anteriores
resoluciones, se declare que el Consorcio Terminales Bogotá 2008 y cada una
de las compañías que lo integran no han incumplido el objeto del contrato TT-
155-2008 suscrito entre la Terminal de Transporte S.A. y el Consorcio
Terminales Bogotá 2008 en virtud de lo resuelto en las mencionadas
resoluciones.

Sexta: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las anteriores
resoluciones, se declare que el Consorcio Terminales Bogotá 2008 y cada una
de las compañías que lo integran no están obligadas a efectuar pago alguno
por concepto de cláusula penal pecuniaria, en virtud de lo resuelto en las
mencionadas resoluciones.

Séptimo: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
anteriores resoluciones, se ordene restituir, actualizados, los dineros que hayan
pagado y/o hayan sido descontados y/o llegare a pagar el Consorcio
Terminales Bogotá 2008 y/o cada una de las compañías que lo integran, en
virtud de lo resuelto por los citados e impugnados actos administrativos.

Octavo: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las anteriores
resoluciones, se liquide judicialmente el contrato TT-155-2008, suscrito entre la
Terminal de Transporte S.A. y Consorcio Terminales Bogotá 2008.

Noveno: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las anteriores
resoluciones, se declare que el Consorcio Terminales Bogotá 2008 y cada una
de las compañías que lo integran, sufrieron en su patrimonio la existencia de
un desequilibrio económico, ocasionado por la ejecución del contrato TT-155-
2008, suscrito entre la Terminal de Transporte S.A. y el Consorcio Terminales
Bogotá 2008.

Décima: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las anteriores
resoluciones, se ordene pagar al Consorcio Terminales Bogotá 2008 y/o a cada
una de las compañías que lo integran, la suma de quinientos veintidós millones
setecientos treinta mil setecientos cuarenta pesos ($522’730.740), antes de
IVA, sufridos en su patrimonio, por la existencia de un desequilibrio económico,

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

ocasionado por la ejecución del contrato TT-155-2008, suscrito entre la
Terminal de Transporte S.A. y el Consorcio Terminales Bogotá 2008.

Pretensiones subsidiarias

En subsidio de las pretensiones principales novena y décima, respectivamente
y en su orden, solicito de la manera más atenta y respetuosa posible, se acceda
a lo siguiente:

Primera: Que se declare a la Sociedad Terminal de Transporte S.A.,
responsable y/o beneficiario de enriquecimiento sin causa, por las
modificaciones unilaterales realizadas sobre el contrato de consultoría (valores
reclamados), que las mismas han tenido incidencia directa sobre el detrimento
del patrimonio económico del Consorcio Terminales Bogotá 2008 y de cada
una de las compañías que lo integran, ocasionando un detrimento patrimonial
objetivo al contratista.

Segunda: Que se declare, reconozca y pague por el contratante Terminal de
Transporte S.A., a favor del contratista Consorcio Terminales Bogotá 2008 y/o
a cada una de las compañías que lo integran, la suma de quinientos veintidós
millones setecientos treinta mil setecientos cuarenta pesos ($522.730.740),
antes de IVA, valor o suma dineraria que debe ingresar en su patrimonio, por
la existencia de un desequilibrio económico ocasionado por la ejecución del
contrato TT-155-2008, suscrito entre la Terminal de Transporte S.A. y el
Consorcio Terminales Bogotá 2008.

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

El 5 de agosto de 2008, se suscribió el contrato TT-155-2008 entre la Sociedad
Terminal de Transporte S.A. y el Consorcio Terminales Bogotá 2008, cuyo objeto
consistía en que “el contratista se obliga para la contratante a la elaboración y
legalización ante las autoridades distritales y la Terminal de Transporte S.A. del plan
de implantación, los estudios complementarios y suplementarios y los diseños para
la construcción, puesta en marcha y operación de la Terminal Interurbana de
Pasajeros del Norte”.

El 23 de septiembre de 2008, esto es, 19 días después de haberse iniciado el
contrato, la interventoría le informó al consorcio que la terminal del norte daría inicio
de sus operaciones como una terminal origen-destino, por lo que el diseño debía
corresponder a tales instrucciones.

Después de cinco meses de iniciado el contrato, aún no se había definido si la
terminal debía operar como de paso o como de origen-destino y, en consecuencia,
el 4 de marzo de 2009 se suscribió el acuerdo No. 1, con el fin de suspender el
contrato TT-155-2008.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

El 4 de abril de 2009, se suscribió el acuerdo No. 2, con el fin de reiniciar el contrato,
teniendo en cuenta que la Administración Distrital había definido que la operación
del terminal sería de paso, lo cual fue confirmado por la Secretaría Distrital de
Planeación.

El 4 de junio de 2009, la Terminal de Transporte S.A. y la interventoría aprobaron el
esquema básico arquitectónico para la terminal y, a partir de allí, se elaboraron los
diseños de ingeniería y de detalle en el tiempo que se estipulaba en los términos de
referencia.

El 5 de agosto de 2009, se radicó el plan de implantación ante la Secretaría Distrital
de Planeación, el cual se elaboró en cumplimiento de las normas vigentes y al cual
se anexaron los anteproyectos arquitectónicos y de espacio público.

El 28 de agosto de 2009, se suscribió el adicional No. 1 con el fin de prorrogar el
contrato de consultoría en 60 días, para cumplir satisfactoriamente con la
elaboración y presentación de los documentos, requisitos previos para la
formulación del plan de implantación, la culminación de los estudios y diseños
definitivos con la ingeniería de detalle y la calidad requerida de los productos.

El 26 de octubre de 2009, se solicitó ante la Terminal de Transporte S.A. una nueva
prórroga por 30 días, lo cual dio lugar a la suscripción del adicional No. 2, para la
entrega de los productos y actividades que se encontraban en mora.

El 27 de noviembre de 2009, se firmó el adicional No. 3, con el cual se extendió el
plazo hasta el 15 de diciembre de 2009, con el fin de establecer si se contrataría
con el consorcio la elaboración de los estudios y diseños de un Supercade, el cual
fue incorporado al contrato con posterioridad por solicitud de la Alcaldía Mayor de
Bogotá y la Terminal de Transporte S.A.

El 30 de noviembre de 2009, el consorcio entregó en el plazo contractual todos los
productos objeto de la consultoría.

El 14 de diciembre de 2009, se suscribió el adicional No. 4 con el fin de continuar
con la contratación de los estudios y diseños del Supercade, y para atender las
observaciones de la interventoría y la Terminal de Transporte S.A. a los estudios y
diseños presentados.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

El 29 de enero de 2010, se entregó el proyecto definitivo, en el cual se atendieron
las observaciones del interventor y de la Terminal de Transporte S.A.

El 11 de marzo de 2010, la Terminal de Transporte S.A. informó al consorcio que el
proyecto debía ser modificado sustancialmente, debido a que la carrera 39 debía
tener calzadas de 6 metros y no de 7 metros y andenes de 5 metros y no de 4
metros.

El 15 de marzo de 2010, la Terminal de Transporte S.A. expidió la Resolución No.
012, mediante la cual declaró el incumplimiento del contrato, la ocurrencia del
siniestro de incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. Mediante la
Resolución No. 26 de 31 de mayo de 2010, fue confirmada en su integridad la
anterior decisión.

El 21 de septiembre de 2010, la Terminal de Transporte S.A. citó al contratista para
la liquidación bilateral del contrato, oportunidad en la que se expusieron las
salvedades e inconformidades relativas al desequilibrio económico que soportó el
Consorcio Terminales Bogotá 2008.

Mediante la Resolución No. 63 de 26 de octubre de 2010, la Terminal de Transporte
S.A. liquidó unilateralmente el contrato, sin tener en cuenta las reclamaciones y
salvedades presentadas por el contratista durante la ejecución del contrato y la
etapa de liquidación. Mediante la Resolución No. 02 de 26 de enero de 2011, se
confirmó en todas sus partes la anterior decisión.

Según la demanda, la resolución mediante la cual se declaró el incumplimiento del
contrato era ilegal, en consideración a que la Terminal de Transporte S.A. violó el
debido proceso al desconocer lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2017,
porque antes de proferir ese acto administrativo debió agotar el procedimiento
sancionatorio, más aún cuando pretendía hacer efectiva la cláusula penal
pecuniaria.

• Inexistencia de incumplimiento contractual, porque la imposición de una multa y/o
cláusula penal procedía solo mientras estuviera pendiente la ejecución de las
obligaciones a cargo del contratista, pero el consorcio cumplió algunas antes del
plazo pactado y las demás durante las prórrogas acordadas por las partes.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

Refirió que las observaciones realizadas por la Secretaría de Planeación Distrital,
las cuales evidenciaron algunas inconsistencias en el plan de implantación sometido
a su aprobación, no estaban relacionadas con la calidad del trabajo realizado por el
consultor, sino con el tipo de terminal que la entidad ordenó realizar, de modo que
la desaprobación del plan de implantación no era atribuible al consorcio.

• Falsa motivación, porque todos los estudios y diseños objeto del contrato fueron
entregados el 30 de noviembre de 2009; sin embargo, solo hasta el 16 de diciembre
de 2009 se conocieron las observaciones de la interventoría y a mediados del mes
de enero de 2010 se llevaron a cabo las reuniones con el grupo de ingenieros de la
Terminal de Transporte S.A., quienes solicitaron observaciones complementarias;
por tanto, los días 14 y 29 de enero de 2010 se resolvieron y se entregaron.

Frente al plan de implantación, sostuvo que ese documento fue radicado ante la
Secretaría Distrital de Planeación, la cual cuestionó varios aspectos que no eran de
competencia del consorcio y que debían ser aclarados por la Terminal de Transporte
S.A., lo cual debía solucionar con los sectores de movilidad y planeación, todo lo
cual demostraba la falsa motivación del acto administrativo.

• Manifestó que las comunicaciones de la interventoría ITN-323 e INT-325, en las
cuales se mencionó el estado de los productos, no fueron notificadas al consorcio,
quien no ejerció su derecho de contradicción respecto de su contenido o veracidad.

• Frente a la Resolución No. 63 de 2010, que liquidó unilateralmente el contrato,
señaló que la interventoría y la entidad contratante exigieron al consorcio a los 19
días de iniciado el contrato, diseñar una terminal de origen-destino dentro de un lote
de 40.000 m², además de que el tráfico de corta distancia o sabanero y el
equipamiento de un Supercade también fueran incluidos dentro de esa misma área,
lo cual no fue previsto en la etapa de factibilidad y en los términos de referencia, en
los que se estableció que debía diseñarse como una terminal de paso, con la
posibilidad de que a futuro -año 2024- se convirtiera en una terminal origen-destino,
pero en otra ubicación.

Al respecto, explicó que, para que pudiera diseñarse en el corto plazo una terminal
de origen-destino y legalizarse ante las entidades distritales, se requería una
infraestructura adicional con la que no contaba la ciudad ni la misma Terminal de
Transporte S.A., como fue oportunamente advertido por la consultoría, lo que

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

además no era concordante con los términos de referencia ni con la consulta
preliminar realizada por la entidad ante la Secretaría Distrital de Planeación.

• Falsa motivación en la Resolución No. 63 de 2010, por no considerar el
incumplimiento contractual de la Terminal de Transportes S.A. como consecuencia
del replanteamiento geométrico, arquitectónico y operacional de la terminal, por los
continuos cambios en la incorporación topográfica.

• Falsa motivación en la Resolución No. 63 de 2010, por no reconocer en la
liquidación del contrato el desequilibrio económico que soportó el consorcio.

• Falsa motivación en la Resolución No. 63 de 2010, por no reconocer en la
liquidación el valor no pagado al consorcio por concepto de entrega y aprobación
de los productos, de acuerdo con la cláusula octava del contrato y el adicional No.
4.

• Falsa motivación en la Resolución No. 63 de 2010, por considerar en la liquidación
el valor de las sanciones impuestas al consorcio, cuando estaba demostrado el
cumplimiento del objeto contractual hasta donde podía ser cumplido por el
contratista, en consideración a que pretender que la implantación del plan fuera
aprobada por la Secretaría de Planeación Distrital y lograr un presupuesto para
sacar a licitación una obra que no se podía construir, como se advirtió a lo largo de
la ejecución del contrato, resultaba imposible.

• Violación directa de la ley en la Resolución No. 63 de 2010, porque las
características técnicas del proyecto no coincidían con el alcance dado por la
interventoría y por la Terminal de Transportes S.A., quienes actuaron en
contradicción a los pliegos de condiciones y a las recomendaciones del consorcio.

• Falsa motivación al no incluir en ninguna de las resoluciones emitidas por la
entidad los verdaderos hechos que conllevaron al retiro de la solicitud de
implantación ante la Secretaría de Planeación Distrital, la cual no le dio viabilidad
por aspectos que no eran de competencia de la consultoría, pues cuestionó la
posición institucional de la Terminal de Transportes S.A. frente al proyecto y señaló
que debía tener una solución integral definitiva, porque sino se generarían graves
inconvenientes en la movilidad en el norte de la ciudad, aspecto que siempre
compartió el consorcio.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

• Falsa motivación en la Resolución No. 63 de 2010, por desconocer el perjuicio
sufrido por el contratista por la violación del principio de planeación por parte de la
Terminal de Transportes S.A. en la liquidación unilateral del contrato. Los resultados
de la etapa de factibilidad adelantada por la Secretaría de Planeación Distrital no
cumplieron su cometido de constituirse en un insumo eficaz para las labores de
diseño, debido a que los mismos no cumplían con los requerimientos mínimos para
la operación de la terminal; además, sufrieron modificaciones durante la ejecución
del contrato ajenas a la voluntad del consorcio, lo que lesionó de manera grave el
aspecto económico y los tiempos de ejecución del contrato.

• En cuanto al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, expresó que
el contratista presentó sus observaciones en contra del acta de liquidación
propuesta por la entidad, oportunidad en la cual solicitó precisamente el
restablecimiento, sin obtener respuesta expresa de la contratante y, por el contrario,
su pedimento fue negado al proferir la resolución de liquidación unilateral.

2. El trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante
providencia del 3 de septiembre de 2012, que se notificó en debida forma a la
entidad demandada y al Ministerio Público (fl. 65 c. 1).

La Sociedad Terminal de Transportes S.A. contestó la demanda de manera
extemporánea (fl. 110 c. 1).

3. Audiencia inicial y audiencia de pruebas

El 20 de marzo de 2013, se realizó la audiencia inicial, oportunidad en la que se
procedió al saneamiento del proceso. Posteriormente, se fijó el litigio en los
siguientes términos:

1.- Relativo a la legalidad de los actos demandados:

• Debido proceso: Debió la entidad demandada realizar una actuación
administrativa sancionatoria antes de declarar el incumplimiento del contrato?

• Los actos administrativos demandados fueron proferidos con falsa motivación,
porque no es cierto que los demandantes hubieran incumplido el contrato en
cuanto al plazo, calidad y cantidad del objeto contractual?

• Se produjo el incumplimiento del contrato por parte de la entidad contratante
y la consecuente excepción de contrato no cumplido, porque la terminal de
transporte debía: Conservar el tipo de terminal (de paso) y no cambiar el
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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

proyecto a terminal (origen-destino), y no adicionar la carga al contratista de
incluir los estudios y diseños de un Supercade, que no estaba previsto como
obligación?

2.- Relativo al desequilibrio económico

Produjo una afectación al objeto del contrato de consultoría, la modificación del
plano topográfico por la decisión de la Secretaría de Planeación Distrital en el
plan de implantación, que determinó la variación del proyecto y equilibrio
económico-calzadas y andenes-?

Acto seguido, se declaró fracasada la etapa de conciliación, por no existir ánimo de
concertación entre las partes. Se tuvieron como pruebas las documentales
allegadas con la demanda y se decretó el dictamen pericial solicitado por la parte
demandante (fl. 116 c. 1).

El 20 de marzo y el 12 de agosto de 2013, se adelantó la audiencia de pruebas de
que trata el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, en desarrollo de la cual se corrió
traslado de los documentos recaudados en el proceso y se surtió la discusión del
dictamen pericial, incluidas sus aclaraciones y adiciones (fls. 134 a 135; 151 a 153
c. 1).

Mediante auto del 2 de marzo de 2015, se dio traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente
(fl. 259 c. 1).

En su intervención, la sociedad Terminal de Transportes S.A. sostuvo que, con el
propósito de respetar el debido proceso y el derecho de defensa, estableció en el
pliego de condiciones el régimen general para la imposición de sanciones, además,
la compañía de seguros y el consorcio interpusieron recurso de reposición contra la
resolución que declaró el incumplimiento del contrato, por lo que contaron con la
oportunidad de exponer sus motivos de inconformidad, de modo que carecía de
fundamento jurídico la alegada violación de los mencionados derechos.

Argumentó que en los informes mensuales de interventoría siempre se evidenciaron
los retrasos del consultor con respecto al programa de trabajo y en la fecha de
terminación del plazo el consorcio no presentó los productos objeto del contrato, por
lo que se le otorgaron prórrogas con el fin de que los entregara a satisfacción de la
interventoría y se radicaran ante las entidades distritales, lo cual incumplió
nuevamente.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

Expuso que no existió falsa motivación, porque teniendo en cuenta la conveniencia
del desarrollo de la ciudad, se le solicitó al consorcio que solamente se direccionara
al diseño de una terminal de origen-destino, lo cual lo favoreció porque no tenía que
desarrollar el objeto contractual en las tres etapas contempladas en el pliego de
condiciones, sino que solamente tenía que realizar la última, por lo que resultaba
reprochable que alegara un desequilibrio económico, cuando se le canceló por la
totalidad de las posibilidades (fls. 271 a 293 c. 1).

En esta oportunidad, el Consorcio Terminales Bogotá 2008 reiteró los argumentos
de la demanda y transcribió algunos apartes del dictamen pericial rendido en el
proceso, el cual tenía por objeto determinar la conservación del tipo de terminal (de
paso) y su cambio a terminal (origen-destino), la inclusión de los estudios y diseños
de un Supercade y la modificación del plano topográfico por la decisión de la
Secretaría de Planeación Distrital en el plan de implantación (fls. 157 a 191 c. 1).

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 23 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

• Violación del debido proceso, porque antes de expedirse la Resolución No. 012 de
2010, que declaró el incumplimiento del contrato, no se realizó la audiencia del
afectado prevista en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

Frente a este argumento, el a quo explicó que la declaratoria de ocurrencia del
siniestro correspondía a una facultad o privilegio de la administración que no tenía
carácter sancionatorio, lo cual permitía su ejercicio aún después de terminado el
plazo previsto para la ejecución del contrato e, incluso, después de su liquidación.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la audiencia establecida en el artículo
17 de la Ley 1150 de 2007 estaba prevista para las decisiones proferidas durante la
ejecución del contrato, condición que no se presentaba en el caso concreto, porque
la resolución que declaró la ocurrencia del siniestro por incumplimiento se profirió
después de cumplido el plazo para la ejecución del objeto contractual.

Precisó que la Terminal de Transportes S.A. prorrogó en varias ocasiones el plazo
para la entrega de los diseños y permitió que el consorcio, luego de que entregara
los mismos y de que finalizara el último plazo, ajustara y complementara los diseños,

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

porque la interventoría realizó observaciones y no los aprobó, es decir, que se
otorgaron las oportunidades para que el contratista realizara los correspondientes
descargos y ajustes antes de que se declarara el incumplimiento del contrato,
además de que se resolvió el recurso contra dicha decisión, todo lo cual demostraba
la efectividad de las garantías del contratista durante y después de la ejecución del
objeto contractual.

• Sobre la falsa motivación en la expedición de la Resolución No. 012 de 2010, que
declaró el incumplimiento del contrato, porque i) no fueron notificadas las
comunicaciones ITN-323 e ITN-325 vulnerando su derecho de contradicción, ii) no
era cierto que un grupo de ingenieros hubiese realizado observaciones dentro de la
ejecución del contrato, y iii) por indicarse que el contratista incumplió el contrato en
cuanto al plazo, calidad y cantidad del objeto contractual.

En lo referente al primer aspecto, el a quo señaló que las actuaciones de la
interventoría no eran actos administrativos que debían ser notificados al contratista,
porque se trataba de conceptos y observaciones técnicas sobre la ejecución del
contrato que se informaban a la Terminal de Transportes S.A., quien debía
considerarlas y decidir sobre ellas mediante un acto administrativo que sí debía
notificarse al afectado.

Sobre si era o no cierto que un grupo de ingenieros realizó observaciones, estimó
que esa circunstancia era irrelevante, porque la información técnica del objeto
contractual estaba previamente definida en el pliego de condiciones y, por ende,
cualquier observación al respecto debía estar ajustada a dicha información técnica.

En todo caso, las observaciones técnicas sobre los productos entregados mediante
acta de 30 de noviembre de 2009, fueron previamente comunicadas al contratista
para que fueran subsanadas, dado que el objeto de la adición No. 4 del contrato fue
prorrogar el plazo contractual para realizar los ajustes y observaciones realizadas
por la interventoría al respecto.

En cuanto a la falta de motivos para declarar el incumplimiento del contrato, advirtió
que, contrario a lo expuesto por el consorcio, el mismo no obedeció a razones
temporales y de cantidad, sino a criterios de calidad de los productos entregados,
porque no fueron aprobados y recibidos a satisfacción.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

Refirió que controvertir los hechos que tuvo en cuenta la administración para
adoptar la decisión de incumplimiento, implicaba abordar conceptos específicos de
ingeniería, arquitectura y economía, que en este caso estaban ausentes en las
pruebas aportadas al expediente. Sobre este aspecto destacó que el dictamen
pericial practicado dentro del proceso no conducía a desvirtuar la razones que
llevaron a la no aprobación de los productos entregados por el consorcio
demandante, sino que consistió en controvertir un asunto que estaba previamente
establecido en el pliego de condiciones, como lo era el tipo de terminal -satélite o
de origen-destino-.

En adición a lo dicho, expresó que con el dictamen se buscaba demostrar el alegado
desequilibrio económico del contrato por la inclusión de estudios adicionales,
específicamente por los estudios y diseños de un Supercade; sin embargo, no se
realizaron por falta de interés de la Terminal de Transportes S.A., según afirmación
del propio demandante.

Concluyó que la prueba pericial no conducía a desvirtuar las razones que la
administración señaló para declarar el incumplimiento contractual y, por el contrario,
la Resolución No. 012 de 2010 se encontraba debidamente motivada en los
soportes documentales referidos al defectuoso estado de avance de los diseños.

• Sobre la falsa motivación en la expedición de la Resolución No. 063 de 2010, que
liquidó unilateralmente el contrato, porque no se consideró el incumplimiento por
parte de la Terminal de Transportes S.A., no se reconoció el valor generado por el
replanteamiento del esquema básico arquitectónico, el desequilibrio económico del
contrato y el pago por concepto de entrega y aprobación, se incluyó el valor de la
sanciones, se desconoció la buena fe contractual y se desconocieron los perjuicios
ocasionados por la falta de planeación.

Al respecto, manifestó que la resolución mediante la cual se liquidó el contrato
contenía de manera detallada los pagos efectuados, un resumen financiero de la
ejecución y el número de comprobante de cada actuación, cuestiones que no fueron
controvertidas por el contratista, porque ninguna de las pruebas conducían acreditar
la configuración de los aludidos cargos.

Puntualizó que la inclusión de valores por concepto de sanciones en la liquidación
no determinaba una falsa motivación, porque en el contrato se pactó la cláusula

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Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

penal pecuniaria por incumplimiento, la cual se hizo efectiva por la declaratoria de
la ocurrencia del siniestro, sin que se probara causal alguna de nulidad.

Finalmente, aseguró que no se encontraba probado el desequilibrio económico del
contrato por falta de planeación, específicamente, porque no se definió el tipo de
terminal, en atención a que esa circunstancia fue advertida expresamente por la
contratante en el pliego de condiciones y el consorcio debió estructurar su propuesta
bajo las condiciones contenidas en dicho documento, el cual constituía la ley del
contrato; sin embargo, el contratista incumplió esas condiciones contractuales (fls.
295 a 303 c. ppal).

4. El recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación, oportunidad en la que se limitó
a reproducir íntegramente el texto de la demanda (fls. 313 a 342 c. ppal).

5. El trámite en segunda instancia

El recurso fue concedido el 18 de julio de 2016 y admitido el 22 de septiembre
siguiente. Posteriormente, el 27 de octubre del mismo año se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto (fls. 349; 367 a 368; 370 c. ppal).

La parte demandante reiteró en su integridad los argumentos expuestos en la
demanda y en el recurso de apelación (fls. 374 a 397 c. ppal).

En su intervención, la Terminal de Transportes S.A. alegó que no procedía la
realización de la audiencia prevista en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, porque
la declaratoria de incumplimiento ocurrió con posterioridad al término de ejecución
del contrato, no obstante, se le concedieron los recursos de ley para que el
contratista controvirtiera la decisión, sin que demostrara la vulneración de sus
derechos.

Asimismo, manifestó que la declaratoria de incumplimiento obedeció a la calidad
de los productos entregados, porque los mismos no contaban con las exigencias
determinadas por el contratante. Sobre este particular, la interventoría no los recibió
a satisfacción y tampoco fueron aprobados por las autoridades distritales. Precisó
que el incumplimiento se presentó en el término pactado en el contrato y en los
plazos adicionales (fls. 371 a 373 c. ppal).

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Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal (fls. 398 c. ppal).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Le asiste competencia a la Sala para conocer del presente proceso en segunda
instancia, toda vez que el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), aplicable
a este proceso, establece que el Consejo de Estado “[…] conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación […]”.

Adicionalmente, la Sala conoce del asunto, en razón del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primer grado, dado
que la pretensión mayor ascendió a $522’730.740, por concepto del desequilibrio
económico aparentemente sufrido por el Consorcio Terminales Bogotá 2008,
mientras que el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales tuviera vocación de doble instancia
ante esta Corporación era de $283’350.0001.

2. Legitimación en la causa

Tanto la sociedad de economía mixta del orden distrital Terminal de Transporte
S.A., como el Consorcio Terminales Bogotá 2008, conformado por las sociedades
Consultar con Profesionales y CIA LTDA. y VELNEC S.A., se encuentran
legitimados en la causa por pasiva y por activa, respectivamente, toda vez que
fungieron como parte contratante y parte contratista en el contrato de consultoría
TT No. 155/2008, que derivó en la expedición de las resoluciones mediante las
cuales la Terminal de Transporte S.A. declaró que el contratista incumplió el objeto
contractual, la ocurrencia del siniestro de incumplimiento, hizo efectiva la cláusula
penal pecuniaria y adoptó la liquidación unilateral del contrato. Adicionalmente, el
consorcio adujo haber sufrido un desequilibrio económico en la ejecución del
negocio jurídico.

1
500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año 2012, año en el que se presentó la
demanda.
15

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Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

Cabe precisar que el representante del Consorcio Terminales Bogotá 2008 -obrando
en dicha calidad- y los representantes legales de las sociedades que lo conforman,
le otorgaron poder al apoderado judicial para interponer la presente demanda (fls. 1
a 2 c. 1).

3. Oportunidad de la demanda

Aunque la demanda fue presentada en vigencia del CPACA -12 de julio de 2012-,
para efectos de verificar la oportunidad de la acción, deberá valorarse el artículo 40
de la Ley 153 de 18872, que en su versión original disponía que: “Las leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que
hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren
iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. En atención a esta
situación, la Sala procede a estudiar el término de caducidad de la acción
contractual, bajo las normas que regían al momento de la expedición y ejecutoria
de los actos de liquidación unilateral.

En otras palabras, el término de caducidad se contará de acuerdo con la ley vigente
al momento de su iniciación, sin que ello se altere por el hecho de que la acción
contenciosa se entabló en vigencia de otra legislación procesal, pues en tal evento
esa última gobernará todas las cuestiones procesales de rigor, a excepción de la
caducidad, en razón a que ese término principió en época anterior a la nueva ley y,
por elementales razones de seguridad jurídica y de aplicación del artículo 40 de la
Ley 153 de 1887, se impone su observancia preferente3.

En lo relativo al término de caducidad de la acción de controversias contractuales y
el momento a partir del cual debe contarse, resultan aplicables las reglas contenidas

2
Este precepto fue modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, el cual quedó de
la siguiente manera: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas,
los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar
el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que
se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”. Se advierte que esta disposición cobró
vigencia el 12 de julio de 2012, cuando ya había empezado a correr el término de caducidad; por lo
tanto, no es aplicable en este punto concreto.
3
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-200 de 2002.
16

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Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

en el numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., modificado -a su vez- por el artículo 44
de la Ley 446 de 1998, y a cuyo tenor se lee:

ART. 136. Caducidad de las acciones.
(…)
10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años
que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho
o de derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:
a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años
siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;
b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2)
años siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier
causa;
c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo
por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma
del acta;
d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por
la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la
ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante
los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes
o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la
jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de
los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar;
“e) <Literal condicionalmente EXEQUIBLE> La nulidad absoluta del contrato
podrá ser alegada por las partes contratantes, por el Ministerio Público o
cualquier persona interesada, dentro de los dos (2) años siguientes a su
perfeccionamiento. Si el término de vigencia del contrato fuere superior a dos
(2) años, el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún
caso exceda de cinco (5) años, contados a partir de su perfeccionamiento. En
ejercicio de esta acción se dará estricto cumplimiento al artículo 22 de la Ley
"por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del
Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil,
se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican
y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia".
f) La nulidad relativa del contrato, deberá ser alegada por las partes dentro de
los dos (2) años, contados a partir de su perfeccionamiento.

En el asunto que ahora se resuelve por la vía de la apelación, se encuentra que entre
la demandante y la demandada se celebró el contrato de consultoría No. TT-
115/2008 el 5 de agosto de ese año, por virtud del cual aquella se obligó en favor de
esta a la elaboración y legalización ante las autoridades distritales y la Terminal de
Transporte S.A. del plan de implantación, los estudios complementarios y
suplementarios y los diseños para la construcción, puesta en marcha y operación de
la terminal interurbana de pasajeros del norte (fls. 16 a 22 c. 2).

Mediante la Resolución No. 12 de 15 de marzo de 2010, la Terminal de Transporte
S.A. declaró el incumplimiento del objeto contractual, la ocurrencia del siniestro de

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Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria (fls. 31 a 36 c. 2), la cual
fue confirmada en todas y cada una de sus partes por la Resolución No. 26 de 31 de
mayo de 2010 (fls. 38 a 43 c. 2).

Mediante la Resolución No. 63 de 26 de octubre de 2010, la Terminal de Transporte
S.A. realizó la liquidación unilateral del contrato de consultoría No. TT-115/2008 (fls.
45 a 48 c. 2), la cual fue confirmada por la Resolución No. 02 de 26 de enero de
2011 (fls. 53 a 56 c. 2).

Según lo dispuesto por el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., en
aquellos contratos que requieran de liquidación y esta sea efectuada
unilateralmente por la administración, la demanda se deberá presentar a más tardar
dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe.

En el presente caso, se observa que la Resolución No. 02 de 26 de enero de 2011,
que confirmó la liquidación unilateral del contrato, fue notificada por edicto que se
fijó entre el 14 y el 25 de febrero de 2011, fecha en la cual quedó debidamente
ejecutoriada (fl. 57 c. 2).

Dado lo anterior, el término de caducidad de la acción de controversias
contractuales empezó a correr a partir del 26 de febrero de 2011 y culminaba el 26
de febrero de 2013 y, como quiera que la solicitud de conciliación prejudicial se
presentó el 17 de mayo de 2012 (fls. 146 a 147 c. 2) y la demanda el 12 de julio de
2012 (fls. 3 a 58 c. 1), resulta evidente que lo fue en tiempo.

4. Alcance de la apelación y la carga de sustentar el recurso debidamente

Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental
para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos
planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la
simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es
suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada,
toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en
segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que
incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada4.

4
Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera
de esta Corporación: i) sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 54.675; ii) sentencia
del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 51.212; iii) auto del 14 de octubre de 2015, expediente
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Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

Esto se ha dicho:

La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante; sin
embargo, constituye un requisito indispensable de ella que el apelante, en
cumplimento de la exigencia de sustentar el recurso, precise cuáles son
los errores que merecen ser analizados por el ad quem y por qué sus
argumentaciones son la razón y la evidencia que permite corregir o variar
la decisión adoptada, pues, de lo contrario, la segunda instancia se queda sin
herramientas o elementos de juicio que le permitan revisar lo acertado o no de
la providencia apelada, así como saber con certeza en qué consiste la
inconformidad del apelante con ella y, por lo mismo, se le deja sin la orientación
que requiere para revisar y decidir si tal providencia merece ser modificada o,
incluso, revocada (…) Como se puede observar, la recurrente no esgrime
puntualmente ninguna razón de inconformidad en relación con el fallo de
primera instancia y, en esa medida, la Sala no puede efectuar ningún juicio de
valor sobre la decisión objeto de apelación5 (se destaca).

Esta Subsección6 consideró que la carga de sustentación que le corresponde cumplir
a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con
el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la
ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron
de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus
intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso,
sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo
escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue
acertado.

Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las
razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las
consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico
confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad
planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente a
la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda
instancia, “cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de
inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las

No. 48.502, M.P. Hernán Andrade Rincón y iv) sentencia del 9 de abril de 2014, expediente No.
27.550, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de mayo de 2014, expediente No. 31.469, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de septiembre de 2020, expediente No. 44.707, M.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
19

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Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”7.

En ese orden de ideas, la Sala reitera lo señalado por esta Subsección8 en
oportunidad anterior, en el sentido de que, al advertirse la ausencia de sustentación
suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyo fundamento sea
simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para
cuestionar la providencia impugnada, al superior jerárquico no le queda una opción
diferente que la de confirmar el proveído apelado.

De cara al caso concreto, la Sala advierte que, si bien la parte actora sustentó
formalmente su recurso de apelación, lo cierto es que materialmente las pretensiones
y argumentos en él esgrimidos de ninguna manera refutan o controvierten los
argumentos expuestos por el a quo en la decisión objeto de alzada.

En efecto, la parte actora se limitó a transcribir en el escrito de apelación el contenido
de la demanda, por lo que era necesario que el recurrente precisara los errores o
equivocaciones en los que, en su criterio, incurrió el Tribunal y que merecen ser
corregidos por esta Corporación, carga argumentativa que, obviamente, no se suple
con la reproducción de la demanda, pues resulta claro que la sentencia de primera
instancia ya decidió los argumentos expuestos en esta.

De lo anterior surge, claramente, que el escrito presentado no es en realidad un
recurso de apelación, sino la reproducción del contenido estricto de la demanda, la
cual, por demás, resulta confusa en relación con lo pretendido; en este sentido,
técnicamente no se observa la presentación de inconformidad alguna en contra de
los argumentos expuestos en el fallo de primera instancia, lo cual permite afirmar, por
supuesto, que la sustentación del recurso en realidad no existe, así el escrito que lo
contiene haya sido denominado de esa manera por el apoderado del consorcio
demandante y presentado dentro del término dispuesto para ello.

En la apelación no se esgrimieron argumentos tendientes a rebatir la conclusión del
Tribunal, concerniente a que la declaratoria de ocurrencia del siniestro correspondía
a una facultad o privilegio de la administración que no tenía carácter sancionatorio, lo
que permitía su ejercicio aún después de terminado el plazo previsto para la ejecución

7
Ibidem.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de junio de 2020, exp. No. 49.572.
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Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

del contrato e, incluso, después de su liquidación.

En la sustentación del recurso no se alegó que sí se dieron las condiciones para que
procediera la audiencia establecida en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; tampoco
se cuestionó la conclusión del a quo referente a que al contratista se le garantizaron
las oportunidades para que realizara los correspondientes descargos y ajustes a los
productos antes de que se declarara el incumplimiento del contrato.

La parte demandante no señaló concretamente que los motivos para declarar el
incumplimiento del contrato también obedecieron a razones temporales y de cantidad
y no solo a criterios de calidad de los productos, como lo estimó el juez de primera
instancia. Asimismo, no argumentó que, a pesar de que la información técnica del
objeto contractual estaba previamente definida en el pliego de condiciones, sí eran
relevantes las observaciones del grupo de ingenieros de la sociedad Terminal de
Transporte S.A.

En la sustentación del recurso, la parte demandante no relacionó las pruebas sobre
conceptos específicos de ingeniería, arquitectura y economía que servían para
controvertir los hechos que tuvo en cuenta la administración para adoptar la decisión
de incumplimiento, habida cuenta de que el a quo señaló que no obraban pruebas
que acreditaran tales aspectos.

No controvirtió en ningún sentido la conclusión del a quo relativa a que el dictamen
pericial practicado dentro del proceso no conducía a desvirtuar las razones que
llevaron a que no se aprobaran los productos entregados por el consorcio, además
de que no reprochó que la experticia abordara aspectos diferentes al tipo de terminal
que se tenía que diseñar (satélite o de origen-destino).

En el recurso no se alegó que la prueba pericial sí conducía a desvirtuar las razones
que la administración señaló para declarar el incumplimiento contractual, así como
tampoco atacó que la Resolución No. 012 de 2010 no se encontraba debidamente
motivada en los soportes documentales referidos al defectuoso estado de avance de
los diseños.

No se refutó la afirmación de la sentencia de primera instancia concerniente a que los
estudios y diseños de un Supercade finalmente no se realizaron y que, por tanto, no
se presentó un desequilibrio económico del contrato por ese concepto.

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Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

En el escrito de impugnación no se expresó que sí obraban las pruebas que
conducían a acreditar el cargo de la falsa motivación contra la resolución que liquidó
unilateralmente el contrato, ni se indicó cuáles elementos de juicio resultaban
demostrativos del incumplimiento de la Terminal de Transportes S.A.

No se reprochó en el recurso que la resolución mediante la cual se liquidó el contrato
no contenía los pagos efectuados, un resumen financiero de la ejecución y el número
de comprobante de cada actuación, como sí lo estimó el a quo para descartar el cargo
de falsa motivación.

De igual manera, no se observa un cuestionamiento del recurrente dirigido a rebatir
el argumento del a quo referente a que la inclusión de valores por concepto de
sanciones en la liquidación no determinaba una falsa motivación; tampoco se
advierten señalamientos concretos sobre el razonamiento del Tribunal enfocado a
sostener que no se probó el desequilibrio económico del contrato por falta de
planeación, porque el consorcio debió estructurar su propuesta con fundamento en el
tipo de terminal establecido en el pliego de condiciones.

En este orden de ideas, resulta evidente que, siendo de su carga, la parte apelante
no refutó ninguno de los argumentos en los que se sustentó la decisión del a quo,
puesto que no fijó criterios de disenso frente a ellos; en cambio, en su escrito de
impugnación se limitó a repetir los hechos y fundamentos de derecho de la demanda.

La Sala advierte que, aparte de repetir lo planteado en la demanda, únicamente se
transcribieron algunos apartes del dictamen pericial practicado en el proceso; sin
embargo, la parte demandante no explicó las razones por las cuales consideraba que
la reproducción de algunos párrafos de este documento rebatía las conclusiones a
las cuales llegó el Tribunal a quo.

Lo anterior da cuenta de que no hubo una debida y adecuada sustentación del recurso
de apelación, en tanto no se presentó ningún cuestionamiento específico dirigido a
atacar los argumentos con base en los cuales el Tribunal a quo negó las pretensiones
de la demanda, pues es claro que la reiteración en el recurso de los fundamentos de
hecho y de derecho de la demanda, no le permite a la Sala establecer cuáles fueron
los yerros o censuras del recurrente frente a la decisión cuestionada.

22

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

Se advierte que, si bien la apelación interpuesta por la parte actora fue concedida por
el Tribunal a quo y posteriormente admitida por esta Corporación, ello no impide que
al momento de dictar sentencia se evalúen los argumentos del respectivo recurso
para señalar si en realidad hubo o no una debida sustentación, cuestión que así ha
determinado esta Subsección en diferentes oportunidades9.

Así las cosas, y al no haberse presentado un escrito contentivo, en efecto, de una
real sustentación del recurso, pues lo que se presentó fue una simple reproducción
de la demanda, lo que surge es, por una parte, que el que se presentó no puede ser
tenido como tal y, por otra, que el recurrente no expresó cuáles eran las razones de
su inconformidad con el fallo de primera instancia, motivo por el cual la Sala no puede
efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión objeto de apelación.

El recurrente no cumplió el deber establecido en el artículo 320 del CGP10, según el
cual se deben presentar “reparos concretos” en el recurso, a fin de que el juez de
segunda instancia los estudie.

A tono con las razones hasta aquí expuestas, no siendo posible extractar del escrito
del recurso de apelación una razón o motivo de inconformidad con la sentencia
recurrida, y dado que la Sala no está llamada a suplir esta carga que corresponde de
manera exclusiva al recurrente, debido a la repetición de lo planteado en la primera
instancia, forzoso resulta concluir que los fundamentos de la sentencia impugnada
quedaron incólumes, libres de cualquier censura o confrontación y, por tanto, se
impone confirmar la providencia recurrida por carencia de objeto de la alzada.

5. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento
civil. Como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta
la conducta de las partes, sino los supuestos decantados por la norma.

9
Ver, entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta Subsección de la Sección Tercera
del Consejo de Estado: (i) sentencia del 19 de junio de 2020, expediente No. 49.572, M.P. María
Adriana Marín; (ii) sentencia del 12 de diciembre de 2019, expediente No. 53.901 y (iii) sentencia del
1º de febrero de 2018, expediente No. 49.741.
10
“Artículo 320 Fines de la Apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
(...)”
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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

Así, el artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibídem establece que las costas
“están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el
curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán
determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la
Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma.

De tal manera, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
debido a que no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada
el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso11.

En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso
y otras circunstancias especiales -si las hubiere-. En ese sentido, se observa que:

Se trata de un proceso de controversias contractuales, cuya pretensión equivalía a la
suma de $522’730.740, asunto en el que la parte demandante resultó vencida en
segunda instancia, porque no se accedió a lo pretendido con el recurso de apelación.

Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de la fijación de las agencias en derecho
correspondientes a la segunda instancia, acerca de la duración y la complejidad de
la gestión procesal, se observa que, además del seguimiento propio que amerita un
caso como el presente, la Sociedad Terminal de Transporte S.A. presentó de manera
oportuna los alegatos de conclusión.

En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo
vigente para la fecha en que se presentó la demanda12, en materia de tarifas de
agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:

11
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
12
La demanda se presentó el 12 de julio de 2012, fecha en la que estaba vigente el Acuerdo 1887
de 2003.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

ACUERDO No. 1887 DE 2003
(Junio 26)
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”

[…] ARTÍCULO SEGUNDO.- Concepto. Se entiende por agencias en derecho
la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte
victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o trámite especial
por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto, y en los casos
especiales previstos en los códigos de procedimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- Criterios. El funcionario judicial, para aplicar
gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este
Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión
ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por
la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de
modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán
inversamente al valor de las pretensiones. […]

ARTÍCULO CUARTO.- Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en
derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en
porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o
negadas en la sentencia. […]

ARTÍCULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
[…]

III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […]

3.1.3. Segunda instancia.

Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia.

Así las cosas, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en el 1% de
$522’730.740, es decir, la suma de $5´227.307, en favor de la Sociedad Terminal de
Transporte S.A. La anterior condena deberá incluirse en el auto de liquidación de
costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley.

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Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00034-01 (57.788)
Actor: Consorcio Terminales Bogotá 2008
Demandado: Terminal de Transporte S.A.
Referencia: Apelación sentencia – Medio de control de controversias contractuales

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de junio de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, al Consorcio
Terminales Bogotá 2008, a pagar a favor de la parte demandada, Sociedad Terminal
de Transportes S.A., la suma de cinco millones doscientos veintisiete mil trescientos
siete pesos ($5’227.307).
TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo
de su competencia.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Ausente con excusa
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

26

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