Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2013-00083-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2013-00083-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 19001-23-33-000-2013-00083-02
Consejero ponente: María Adriana Marín
2 de julio de 2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Niega
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ATAQUE GUERRILLERO – Incursión de grupo subversivo / DESTRUCCIÓN DEL VEHÍCULO – Incineración de máquina retroexcavadora / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / DESTRUCCIÓN DEL VEHÍCULO – Incineración de máquina retroexcavadora / DESTRUCCIÓN DEL VEHÍCULO – Se debe probar el dominio / REGISTRO DE VEHÍCULO - Toda la maquinaria agrícola, industrial y de construcción debe ser inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT / REGISTRO DE VEHÍCULO – La maquinaria industrial debe ser debidamente inscrita en el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada / REGISTRO DE VEHÍCULO – Expedición de la tarjeta de registro / CONTRATO DE COMPRAVENTA – No acredita el dominio de vehículo / CALIDAD DE POSEEDOR – Acreditada / PRUEBA DE LA PROPIEDAD DE VEHÍCULO / CALIDAD DE POSEEDOR – El contrato de promesa de compraventa y la declaración de importación, acreditan la condición de poseedor / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / FALLA EN EL SERVICIO – No probada / ATAQUE GUERRILLERO – Incursión de grupo subversivo / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO – Cumplimiento / ACTO TERRORISTA - Para que proceda la imputación al Estado, es necesario acreditar que el objeto directo de la agresión eran personas o instituciones representativas del Estado, puesto que, en caso contrario, se considera que el ataque fue indiscriminado / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHO DE TERCERO - El ataque no fue dirigido contra personas o instituciones representativas del Estado, ni las obras de emergencia y adecuación se realizaron con la intervención positiva, legítima y lícita de alguna entidad estatal
SÍNTESIS DEL CASO: El 10 de noviembre de 2011, se presentó la incursión de un grupo subversivo en la zona rural del municipio de Miranda – Cauca, los cuales procedieron a incinerar una máquina retroexcavadora, en el momento en que los contratistas del “Ingenio Central Castilla” realizaban obras de emergencia y mejoramiento del cauce en el río “Desbaratado”. Se demanda la responsabilidad del Ejército Nacional por la omisión en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad.
PROBLEMA JURÍDICO: La Sala deberá establecer si la destrucción por incineración de la máquina retroexcavadora en posesión del señor […], ocurrida el 10 de noviembre de 2011, en la zona rural del municipio de Miranda, es imputable jurídica o fácticamente al Ejército Nacional.
PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETENCIA / FACTOR FUNCIONAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / FACTOR OBJETIVO
El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”. Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del C.P.A.C.A. dispone que los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, de “los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa, razón por la cual se concluye que la Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 150 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 615 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 152
CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos. En el caso concreto, la incineración de la retroexcavadora cuya propiedad aduce el señor […], ocurrió el 10 de noviembre de 2011, según consta en las certificaciones expedidas por el personero municipal de Miranda (fl. 22 c. 1), la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Miranda (fl. 23 c. 1) y el comandante del Batallón de Combate Terrestre No. 102 “MY. William Fernández” (fl. 24 c. 1). Así las cosas, el plazo para demandar en acción de reparación directa vencía el 11 de noviembre de 2013; sin embargo, el 20 de marzo de 2012 (faltando 1 año, siete meses y 21 días para que venciera el término de caducidad) se formuló solicitud de conciliación extrajudicial, ante la Procuraduría 108 Judicial II para Asuntos Administrativos de Popayán, la cual fue declarada fallida el 25 de julio de 2012 (fls. 47 a 48 c. 1). Teniendo en cuenta que el plazo para demandar se reactivó el 26 de julio de 2012, el cual vencía el 16 de marzo de 2014, y que la demanda se presentó el 7 de febrero de 2013 (fls. 3 a 9 c. 1), no hay duda de que la misma se formuló en tiempo oportuno.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / DESTRUCCIÓN DEL VEHÍCULO – Incineración de máquina retroexcavadora / DESTRUCCIÓN DEL VEHÍCULO – Se debe probar el dominio / REGISTRO DE VEHÍCULO - Toda la maquinaria agrícola, industrial y de construcción debe ser inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT / REGISTRO DE VEHÍCULO – La maquinaria industrial debe ser debidamente inscrita en el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada / REGISTRO DE VEHÍCULO – Expedición de la tarjeta de registro / CONTRATO DE COMPRAVENTA – No acredita el dominio de vehículo / CALIDAD DE POSEEDOR – Acreditada
En la demanda se afirmó que el señor […] era propietario de una máquina retroexcavadora incinerada en el ataque terrorista ocurrido el 10 de noviembre de 2011, en el municipio de Miranda – Cauca, la cual identificó así: máquina para excavación, explanación, marca Hitachi, color naranja, tipo EX200-2, modelo 1991. […] En el presente caso no se encuentra probado el dominio de la máquina en comento, pues no se aportó la tarjeta de propiedad, ni el correspondiente certificado de tradición, como pasa a exponerse enseguida. El legislador previó, en el artículo 46 de la Ley 769 de 2002, que todo vehículo automotor debe ser registrado, y en el numeral 7 del literal a) del artículo 10 de la Ley 1005 de 2006, -modificado por el artículo 207 del Decreto Ley 019 de 2012- que toda la maquinaria agrícola, industrial y de construcción debe ser inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT-, luego de lo cual se expedirá la tarjeta de registro. Posteriormente, el Ministerio de Transporte, mediante Resolución 0012335 de 2012, estableció, en el artículo 3 que el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada quedaría incorporado en el RUNT. Asimismo, en el artículo 11 se previó que el propietario de maquinaria agrícola, industrial y de construcción podía solicitar un certificado de tradición del vehículo registrado en el RUNT. En esos términos, se advierte que la maquinaria industrial, como lo es una retroexcavadora, debe ser debidamente inscrita en el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada, incorporado en el RUNT, luego de lo cual se expide la tarjeta de registro, la cual es prueba del derecho de dominio, así como el certificado de tradición correspondiente. En el caso concreto, el señor Diego Andrés Puyo Vargas anexó un contrato de compraventa en el que figura como comprador y una declaración de importación realizada por “Guillermo Trujillo y Cia. Ltda.”. con el propósito de acreditar que era el propietario de la máquina destruida; sin embargo, la normatividad descrita en precedencia estableció que el dominio de tales máquinas se acredita con la constancia del registro, de ahí que esos documentos no sean suficientes para establecer si el demandante era propietario. Por tanto, como no fue aportada la tarjeta de propiedad del vehículo, ni su certificado de tradición, se debe concluir que no se encuentra demostrado el derecho de dominio que afirma tener el demandante sobre esa máquina. Lo anterior daría pie para concluir que el actor no se encuentra legitimado en la causa por activa, si no fuera porque se demostró que la venía utilizando con ánimo de señor y dueño desde su adquisición, lo que permite concluir que era su poseedor. Al respecto, conviene resaltar que en un caso en el cual se demandó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por la incautación de una retroexcavadora, la jurisprudencia de esta Corporación concluyó que, si bien la parte demandante no probó el dominio, pues no acreditó la inscripción del vehículo, sí demostró ser poseedora por ejercer ánimo de señor y dueño frente al bien en comento
FUENTE FORMAL: LEY 769 DE 2002 – ARTÍCULO 46 / LEY 1005 DE 2006 – ARTÍCULO 10 LITERAL A NUMERAL 7
PRUEBA DE LA PROPIEDAD DE VEHÍCULO / CALIDAD DE POSEEDOR – El contrato de promesa de compraventa y la declaración de importación, acreditan la condición de poseedor / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / IMPUTACIÓN DEL DAÑO
En reciente pronunciamiento esta Subsección reiteró la anterior postura y consideró que, aunque no se acreditó la propiedad, los documentos aportados al proceso, tales como el contrato de promesa de compraventa y la declaración de importación, permitían evidenciar su condición de poseedor. […] En concordancia con lo anterior, en el sub lite, si bien el demandante no acreditó la calidad de propietario del vehículo por el cual reclama, dado que está sujeto a registro y no se aportaron las pruebas para demostrar la propiedad, lo cierto es que de los documentos aportados al proceso se puede evidenciar que el señor […] acreditó su condición de poseedor de la máquina incinerada. […] es dable analizar la configuración de los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado en el caso concreto, partiendo del hecho de que el señor Diego Andrés Puyo Vargas alegó un menoscabo por la destrucción de la maquinaria cuya posesión acreditó en el presente proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de noviembre de 2020, radicado: 25000-23-36-000-2015-01594-02(58954).
VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA – No se valoran cuando no han sido reconocidas o ratificadas por quien las registró
La parte actora allegó con la demanda varias fotografías en las que se observa una máquina retroexcavadora incinerada (fls. 37 a 40 c. 1); sin embargo, estas no podrán ser valoradas, en la medida en que no fueron reconocidas o ratificadas por la persona que las registró, ni de ellas es posible establecer el lugar y la época en que fueron tomadas.
TITULAR DE PRENSA – Valor probatorio de los recortes de prensa / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO
Frente a los recortes de prensa con los que la parte demandante pretende demostrar la situación de violencia generalizada en el departamento del Cauca (fls.40 a 43 c. 1), se concluye que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, las informaciones de prensa son susceptibles de valoración probatoria, bajo el entendido de que resultan idóneas para acreditar la publicación de una noticia determinada, pero no para demostrar su veracidad, de ahí que para efectos de establecer si los hechos ocurrieron en la forma que en ellos se indica, la situación se debe valorar de forma racional, ponderada y en concordancia con todo el acervo probatorio. En suma, la publicación de determinada información no le concede veracidad a los hechos sobre los que versa.
ACREDITACIÓN DEL DAÑO - Afectación de su derecho de posesión por la destrucción de vehículo retroexcavadora
En el caso concreto, la Sala considera acreditado el daño reclamado en la demanda por el señor […], consistente en la afectación de su derecho de posesión por la destrucción de la retroexcavadora, como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado aparentemente por un grupo subversivo, de conformidad con las certificaciones expedidas por el personero municipal de Miranda, la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Miranda y el comandante del Batallón de Combate Terrestre No. 102 “MY. William Fernández”. […] [E]ncuentra la Sala acreditado el daño consistente en la destrucción de la maquinaria retroexcavadora cuya posesión acreditó el señor […], como consecuencia del atentado terrorista ocurrido el 10 de noviembre de 2011, en la zona rural del municipio de Miranda, por lo que la Sala procederá a verificar si resulta imputable fáctica o jurídicamente a la entidad demandada, de conformidad con los argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia y en el recurso de apelación.
IMPUTACIÓN DEL DAÑO / FALLA EN EL SERVICIO – No probada / ATAQUE GUERRILLERO – Incursión de grupo subversivo / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO – Cumplimiento / ACTO TERRORISTA - Para que proceda la imputación al Estado, es necesario acreditar que el objeto directo de la agresión eran personas o instituciones representativas del Estado, puesto que, en caso contrario, se considera que el ataque fue indiscriminado / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHO DE TERCERO - El ataque no fue dirigido contra personas o instituciones representativas del Estado, ni las obras de emergencia y adecuación se realizaron con la intervención positiva, legítima y lícita de alguna entidad estatal
Ahora bien, respecto a la imputación del daño antijurídico, la parte actora la fundamenta en la falta de seguridad y protección de la retroexcavadora de su posesión, lo cual no se encuentra demostrado en el presente proceso, puesto que no hay ningún elemento probatorio que demuestre la falla del servicio. En efecto, del escaso material probatorio aportado al plenario, solo se tiene verificado que en el sitio donde la retroexcavadora era utilizada para las obras de emergencia y mejoramiento del cauce del río “Desbaratado” se presentó la incursión de un grupo subversivo y que la máquina fue incinerada, tal como quedó establecido en las referidas certificaciones y en la denuncia interpuesta el 12 de noviembre de 2011 por el señor […], uno de los contratistas que desarrollaba los trabajos en el lugar de los hechos, […] [E]n el presente asunto no se demostró que la entidad demandada hubiera incurrido en una falla del servicio por omisión en su deber de protección y seguridad, puesto que no hay prueba de que hubiera recibido información sobre los trabajos a realizar en la zona y el riesgo al que podrían exponerse, ni que, una vez avisada, luego de la ocurrencia de los hechos, no se hubiera atendido la denuncia de los afectados, ya que, por el contrario, en su denuncia el señor Carlos Julio Posada señaló que le informó al teniente del batallón del Ejército Nacional que se encontraba más cerca al lugar, quien le respondió que tomaría las medidas del caso, luego de lo cual supo por información del área de seguridad del “Ingenio Central Castilla” que había “un hostigamiento en esa área y que habían quemado la máquina de un contratista, que en ese momento había un enfrentamiento con el Ejército y que estaban a la espera para sacar las máquinas del sector”, lo cual es indicativo de que no omitió su deber de seguridad y protección y de que atendió los requerimientos que le hicieron los afectados. Ahora bien, en los eventos de atentados terroristas, se ha establecido que para que proceda la imputación al Estado, es necesario acreditar que el objeto directo de la agresión eran personas o instituciones representativas del Estado, puesto que, en caso contrario, se considera que el ataque fue indiscriminado. […] En el presente caso, como el ataque no fue dirigido contra personas o instituciones representativas del Estado, ni las obras de emergencia y adecuación se realizaron con la intervención positiva, legítima y lícita de alguna entidad estatal, sino por la iniciativa de una empresa privada, debe entenderse que ese atentado fue indiscriminado, y en esas condiciones, tampoco hay lugar a imputar responsabilidad a la entidad demandada bajo los títulos de imputación de daño especial o riesgo excepcional. Así las cosas, al no encontrarse acreditados los elementos de la responsabilidad del Estado, se confirmará la sentencia apelada, por cuanto negó las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de julio de 2010, exp. 18536 y sentencia de 20 de junio de 2017, exp. 18860.
CONDENA EN COSTAS – Procedencia / LIQUIDACIÓN DE AGENCIAS EN DERECHO
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos decantados por la norma. Así, el artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibídem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma. Así las cosas, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. En ese sentido se observa que: i) Se trata de un proceso de reparación directa, cuyas pretensiones equivalían a la suma de $339’947.454, a título de daño emergente, $80’000,000 a título de lucro cesante, y 100 SMLMV por perjuicios morales, cuya sumatoria corresponde a $510’800.054, asunto en el que la parte demandante resultó vencida en segunda instancia porque no se accedió a lo pretendido con el recurso de apelación. A manera de precisión y para justificar con mayor razón lo expuesto anteriormente, resulta importante destacar que la fijación de agencias en derecho no se ve afectada en el evento en el que la parte haya litigado, incluso, a nombre propio, sin apoderado, pues aun en ese caso tiene derecho a que se fije el monto de agencias para retribuir su actuación, tal como se desprende de lo señalado en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP, […] Por lo anterior, si la parte actuó a nombre propio y tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un apoderado que lo representara, igual razonamiento debe aplicarse cuando se trata de una entidad pública que actúa a través de un apoderado que hace parte de su planta de personal, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como parte de la condena en costas. De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente […] A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en el 0.5% de $510’800.054, es decir, la suma de $2’554.000 para la entidad demandada; la suma de dinero acá establecida deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida en el recurso, en este caso la parte demandante.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 365 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 361 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 366
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00083-02(55090)
Actor: DIEGO ANDRÉS PUYO VARGAS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR INCINERACIÓN DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / REGISTRO NACIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA INDUSTRIAL / REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO / No acreditada la propiedad / POSESIÓN CON ÁNIMO DE SEÑOR Y DUEÑO / se acreditó con fundamento en el contrato de compraventa y la declaración de importación / DESTRUCCIÓN DE RETROEXCAVADORA EN ATAQUE TERRORISTA / OMISIÓN EN EL DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - No se demostró que, previo a los hechos, se hubieran denunciado amenazas o solicitado acompañamiento de las fuerzas militares al lugar donde los contratistas del Ingenio Central Castilla se disponían a realizar obras de emergencia y adecuación del cauce del río Desbaratado, en el municipio de Miranda, Cauca.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en audiencia inicial el 4 de diciembre de 2013, por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El 10 de noviembre de 2011, se presentó la incursión de un grupo subversivo en la zona rural del municipio de Miranda – Cauca, los cuales procedieron a incinerar una máquina retroexcavadora, en el momento en que los contratistas del “Ingenio Central Castilla” realizaban obras de emergencia y mejoramiento del cauce en el río “Desbaratado”. Se demanda la responsabilidad del Ejército Nacional por la omisión en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad.
A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
En escrito presentado el 7 de febrero de 2013 (fls. 3 a 9 c. 1), el señor Diego Andrés Puyo Vargas, por conducto de apoderado judicial (fl. 1 c. 1), interpuso demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:
Primera: Declarar la responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por el daño antijurídico causado al señor Diego Andrés Puyo Vargas en el ataque terrorista del 10 de noviembre de 2011 en el municipio de Miranda – Cauca, en el que se le destruyó por incineración la máquina para excavación y explanación marca Hitachi, color naranja, tipo EX200-2, modelo 1991, de propiedad de mi poderdante y se proceda conforme a la siguiente liquidación:
Perjuicios materiales:
Daño emergente, la suma de trescientos treinta y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos ($339’947.454), valor de la máquina retroexcavadora destruida en el ataque terrorista.
Lucro cesante, la suma de ochenta millones novecientos noventa y un mil pesos ($80’000,000) (sic), entre el 2 de enero y el 29 de febrero de 2012.
Perjuicios morales:
Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron los siguientes:
El 10 de noviembre de 2011, el señor Carlos Julio Posada operaba la retroexcavadora de propiedad del señor Diego Andrés Puyo Vargas, en la atención de las obras de emergencia y mejoramiento del cauce en la cuenca del río “Desbaratado”, el cual servía como fuente de abastecimiento al acueducto del municipio de Miranda, obras de beneficio público que fueron contratadas por el “Ingenio Central Castilla”.
El señor Diego Andrés Puyo Vargas fue informado por el operador, el ayudante y el apuntador del ingenio que un grupo armado al margen de la ley incineró la máquina retroexcavadora, la cual quedó totalmente destruida.
Según la demanda, además de que era un hecho notorio la presencia subversiva en el departamento del Cauca, el comandante del Batallón de Combate Terrestre No. 102 “MY. William Fernández” certificó que la excavadora fue objeto de un ataque terrorista por parte de miembros de las FARC que delinquían en el municipio de Miranda; por tanto, si se conocía que un grupo subversivo operaba en esa zona, constituía una grave omisión no proteger a los civiles que exponían sus vidas y su patrimonio para prestar un servicio social.
2.- El trámite en primera instancia
La demanda fue admitida mediante providencia del 8 de abril de 2013, que se notificó en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público (fls. 60 a 61 c. 1).
El Ejército Nacional contestó la demanda de manera extemporánea (fl. 93 c. 1).
3. Audiencia inicial
El 4 de diciembre de 2013, se realizó la audiencia inicial, oportunidad en la que se procedió al saneamiento del proceso. Posteriormente, se fijó el litigio en los siguientes términos:
“¿Es posible imputar responsabilidad a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los daños ocasionados a la máquina para excavación, explanación marca Hitachi, color naranja, tipo EX200-2, modelo 1991, en hechos ocurridos el 10 de noviembre de 2011, en el municipio de Miranda, Cauca?
¿A quien le corresponde asumir la carga de la prueba de los elementos que constituyen la responsabilidad del Estado, en el caso concreto?”.
Acto seguido, se declaró fracasada la etapa de conciliación, por no existir ánimo de concertación entre las partes. Se tuvieron como pruebas las documentales allegadas con la demanda y se prescindió de la audiencia de pruebas, en razón a que no se requería su práctica, porque la parte actora no las solicitó y la entidad demandada contestó la demanda de manera extemporánea.
Por tanto, se les dio oportunidad a las partes para formular alegatos de conclusión, de conformidad con lo expuesto en el artículo 182 del CPACA.
La parte demandante señaló que fueron el comandante del Batallón de Combate Terrestre No. 102 “MY. William Fernández” y el personero del municipio de Miranda quienes certificaron el ataque por parte de un grupo armado, y que no se prestó protección por parte del Ejército Nacional cuando se realizaban obras en beneficio de la comunidad. Sostuvo que existía inminente amenaza de un ataque y el Ejército Nacional no hizo nada; por tanto, se configuró una falla del servicio por falta de protección.
El Ejército Nacional manifestó que los hechos no constituían falla en el servicio por carecer de prueba suficiente; el hecho dañoso no se acreditó; no se configuraron los presupuestos de la responsabilidad bajo el título de imputación atribuido, ni existió nexo causal entre el daño y su actuación.
En esta oportunidad, el Ministerio Público expresó que los medios probatorios allegados al proceso no podían considerarse como válidos (fotografías y recortes de prensa) y que las constancias no demostraban la responsabilidad de la demandada (fls. 101 a 106 c. ppal).
4. La sentencia de primera instancia
En la misma audiencia inicial el Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia denegatoria de las pretensiones de la demanda, por considerar que, “pese a estar acreditado, en general, el daño causado al bien del señor Puyo Vargas, no se evidencia prueba que permita establecer que el hecho fue causado por negligencia u omisión de protección del Ejército Nacional, toda vez que el actor, siendo su obligación, no arrimó prueba fehaciente que le permitiera al juzgador considerar este aspecto en el análisis de sus pretensiones y que le condujera a imputarle responsabilidad al Estado” (fls. 101 a 106 c. ppal).
5. El recurso de apelación
De manera oportuna, la parte demandante expresó su discrepancia con el fallo de primera instancia. Manifestó que los civiles que realizaban obras de reconstrucción de los puentes dinamitados por la guerrilla en el trayecto Cali-Popayán estaban protegidos por el Ejército Nacional, lo cual también debió ocurrir en el presente caso, más aún cuando la retroexcavadora estaba destinada a evitar que el municipio de Miranda se quedara sin agua. Reiteró que si el Ejército Nacional conocía que un grupo subversivo operaba en esa zona, sabía igualmente que debía proteger a los indefensos contratistas.
Señaló que, con la certificación del personero de Miranda, también se establecía que “todo el mundo” conocía de la situación de riesgo en la zona y, por tanto, la demandada debió brindar protección en el momento en que se adelantaban obras de emergencia para el servicio de la comunidad con la retroexcavadora (fls. 109 a 116 c. ppal).
6. El trámite en segunda instancia
El 23 de enero de 2014, el a quo no concedió el recurso de apelación, por considerar que fue presentado extemporáneamente (fls. 117 a 118 c. ppal). Al resolver la queja interpuesta por la parte demandante, esta Corporación, en providencia del 16 de septiembre de 2015, admitió el recurso de apelación. Posteriormente, el 29 de octubre del mismo año, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fls. 117 a 118; 154 a 155; 157 c. ppal).
La parte demandante insistió en que el Ejército Nacional sabía que en el lugar donde se adelantaban obras de emergencia operaba un frente de las FARC; por tanto, la amenaza era previsible y, en esas condiciones, debió brindar protección a quienes realizaban esa labor en beneficio de la comunidad (fls. 158 a 165 c. ppal).
La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal (fl. 166 c. ppal).
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1.- Competencia
El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.
Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del C.P.A.C.A. dispone que los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, de “los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa, razón por la cual se concluye que la Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca.
2.- El ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.
En el caso concreto, la incineración de la retroexcavadora cuya propiedad aduce el señor Diego Andrés Puyo Vargas, ocurrió el 10 de noviembre de 2011, según consta en las certificaciones expedidas por el personero municipal de Miranda (fl. 22 c. 1), la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Miranda (fl. 23 c. 1) y el comandante del Batallón de Combate Terrestre No. 102 “MY. William Fernández” (fl. 24 c. 1). Así las cosas, el plazo para demandar en acción de reparación directa vencía el 11 de noviembre de 2013; sin embargo, el 20 de marzo de 2012 (faltando 1 año, siete meses y 21 días para que venciera el término de caducidad) se formuló solicitud de conciliación extrajudicial, ante la Procuraduría 108 Judicial II para Asuntos Administrativos de Popayán, la cual fue declarada fallida el 25 de julio de 2012 (fls. 47 a 48 c. 1).
Teniendo en cuenta que el plazo para demandar se reactivó el 26 de julio de 2012, el cual vencía el 16 de marzo de 2014, y que la demanda se presentó el 7 de febrero de 2013 (fls. 3 a 9 c. 1), no hay duda de que la misma se formuló en tiempo oportuno.
3. La legitimación en la causa
En la demanda se afirmó que el señor Diego Andrés Puyo Vargas era propietario de una máquina retroexcavadora incinerada en el ataque terrorista ocurrido el 10 de noviembre de 2011, en el municipio de Miranda – Cauca, la cual identificó así: máquina para excavación, explanación, marca Hitachi, color naranja, tipo EX200-2, modelo 1991.
Según consta en la copia del contrato de compraventa celebrado el 7 de junio de 2011, el señor Jhon James Ramírez le vendió al señor Diego Andrés Puyo Vargas una máquina excavadora, marca Hitachi, color naranja, tipo ex 2002, modelo 1991. Como precio se pactó la suma de $140’000.000, pagados de contado a la firma del contrato.
En las obligaciones a cargo del vendedor se estableció que “En la fecha, el vendedor hace entrega material en perfecto estado del vehículo objeto del presente contrato al comprador con los elementos que constan en inventario firmado por las partes y este así lo acepta y declara que conoce el estado en que se encuentra el bien objeto de este contrato” (fl. 26 c. 1). En esa misma línea, se aportó la declaración de importación de la retroexcavadora, hecho por “Guillermo Trujillo y Cia. Ltda.”, el 25 de abril de 1995 (fl. 25 c. 1).
En el presente caso no se encuentra probado el dominio de la máquina en comento, pues no se aportó la tarjeta de propiedad, ni el correspondiente certificado de tradición, como pasa a exponerse enseguida.
El legislador previó, en el artículo 46 de la Ley 769 de 2002, que todo vehículo automotor debe ser registrado, y en el numeral 7 del literal a) del artículo 10 de la Ley 1005 de 2006, -modificado por el artículo 207 del Decreto Ley 019 de 2012- que toda la maquinaria agrícola, industrial y de construcción debe ser inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT-, luego de lo cual se expedirá la tarjeta de registro.
Posteriormente, el Ministerio de Transporte, mediante Resolución 0012335 de 2012, estableció, en el artículo 3 que el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada quedaría incorporado en el RUNT. Asimismo, en el artículo 11 se previó que el propietario de maquinaria agrícola, industrial y de construcción podía solicitar un certificado de tradición del vehículo registrado en el RUNT.
En esos términos, se advierte que la maquinaria industrial, como lo es una retroexcavadora, debe ser debidamente inscrita en el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada, incorporado en el RUNT, luego de lo cual se expide la tarjeta de registro, la cual es prueba del derecho de dominio, así como el certificado de tradición correspondiente.
En el caso concreto, el señor Diego Andrés Puyo Vargas anexó un contrato de compraventa en el que figura como comprador y una declaración de importación realizada por “Guillermo Trujillo y Cia. Ltda.”. con el propósito de acreditar que era el propietario de la máquina destruida; sin embargo, la normatividad descrita en precedencia estableció que el dominio de tales máquinas se acredita con la constancia del registro, de ahí que esos documentos no sean suficientes para establecer si el demandante era propietario. Por tanto, como no fue aportada la tarjeta de propiedad del vehículo, ni su certificado de tradición, se debe concluir que no se encuentra demostrado el derecho de dominio que afirma tener el demandante sobre esa máquina.
Lo anterior daría pie para concluir que el actor no se encuentra legitimado en la causa por activa, si no fuera porque se demostró que la venía utilizando con ánimo de señor y dueño desde su adquisición, lo que permite concluir que era su poseedor.
Al respecto, conviene resaltar que en un caso en el cual se demandó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por la incautación de una retroexcavadora, la jurisprudencia de esta Corporación concluyó que, si bien la parte demandante no probó el dominio, pues no acreditó la inscripción del vehículo, sí demostró ser poseedora por ejercer ánimo de señor y dueño frente al bien en comento:
Pese a que la discusión gira en torno a una retroexcavadora, no por ello el demandante estaba exento de aportar la prueba que lo acreditara como su propietario, pues, según la Ley 769 de 2002, esa clase de bienes se consideran vehículos automotores y por ende se encuentran sujetos a registro.
Ahora bien, aunque en el proceso obra el contrato de permuta por medio del cual el demandante adquirió la retroexcavadora, no se cuenta con la prueba de que el negocio jurídico hubiere sido inscrito ante un organismo de tránsito […].
Así las cosas, no puede concluirse que el demandante era el propietario del referido automotor, calidad con la que compareció a este proceso. Sin embargo, lo cierto es que el señor Julio Ernesto Guamán Caro era su poseedor.
La Sala no puede obviar los siguientes medios de prueba que aportó la DIAN con la contestación de la demanda, entre los cuales se encuentra el contrato de permuta referido anteriormente.
En efecto, dicho contrato, calendado el 3 de junio de 2005 –anterior a la aprehensión del automotor que ocurrió el 7 de ese mes y año -, es demostrativo de que el demandante era su legítimo poseedor desde esa fecha.
Adicionalmente, debe considerarse la Resolución número 0496 del 19 de abril de 2006, por medio de la cual la DIAN decidió ordenar la entrega de la retroexcavadora objeto de discusión al señor Julio Ernesto Guamán Caro y no a alguna otra persona.
De igual manera, cuenta el expediente con la comunicación que la DIAN remitió a la Almacenadora Almagrario Bosa, para que, con fundamento en la Resolución número 0496, hiciera entrega del vehículo al ahora demandante.
En reciente pronunciamiento esta Subsección reiteró la anterior postura y consideró que, aunque no se acreditó la propiedad, los documentos aportados al proceso, tales como el contrato de promesa de compraventa y la declaración de importación, permitían evidenciar su condición de poseedor. En este sentido, se expresó:
En concordancia con lo anterior, en el sub lite, si bien el demandante no acreditó la calidad de propietario de los vehículos por los cuales reclama, dado que están sujetos a registro y no se aportaron las pruebas para demostrar la propiedad, lo cierto es que de los documentos aportados al proceso se puede evidenciar que el señor Ramón José Posada Pérez acreditó su condición de poseedor de las máquinas destruidas, como se procede a explicar.
Al respecto, la Sala destaca que: i) en relación con la máquina marca Volvo, N° de chasis VCEC210BJ00040080 se tiene el acta de entrega del vehículo y el acta de entrega técnica del mismo automotor y ii) en cuanto al vehículo marca Volvo, N° de chasis VCEC210BL00071917 se encuentra el contrato de promesa de compraventa junto con su declaración de importación ante la DIAN; documentos que en ambos casos ponen en evidencia que el demandante demostró su posesión, además, el actor certificó desarrollar actividades mineras, a través de su establecimiento de comercio mina La Posada, de ahí que es dable analizar la configuración de los elementos del daño antijurídico en el caso concreto.
En concordancia con lo anterior, en el sub lite, si bien el demandante no acreditó la calidad de propietario del vehículo por el cual reclama, dado que está sujeto a registro y no se aportaron las pruebas para demostrar la propiedad, lo cierto es que de los documentos aportados al proceso se puede evidenciar que el señor Diego Andrés Puyo Vargas acreditó su condición de poseedor de la máquina incinerada, como se procede a explicar.
Al respecto, la Sala destaca que en relación con la máquina retroexcavadora se tiene el contrato de compraventa, en el que se estableció que el señor Puyo Vargas la había recibido el día de su celebración, junto con su declaración de importación ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, el 16 de diciembre de 2011, el personero municipal de Miranda certificó que “la excavadora marca Hitachi, color naranja, tipo ex 2002, modelo 1991, de propiedad del señor Diego Andrés Puyo Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía 79’435.423, fue objeto de ataque terrorista el pasado 10 de noviembre del año en curso” (fl. 22 c. 1).
Finalmente, del material obrante en el proceso no se advierte que otra persona se reputara dueña de la máquina afectada, ni se desvirtuó por la entidad demandada que la retroexcavadora fuera del actor.
En estas condiciones, es dable analizar la configuración de los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado en el caso concreto, partiendo del hecho de que el señor Diego Andrés Puyo Vargas alegó un menoscabo por la destrucción de la maquinaria cuya posesión acreditó en el presente proceso.
La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia; por tanto, tiene interés en controvertir las pretensiones, dado que sobre este podrían recaer las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de los perjuicios reclamados a título de indemnización en la demanda.
4. Cuestión previa. Validez de los medios de prueba
La parte actora allegó con la demanda varias fotografías en las que se observa una máquina retroexcavadora incinerada (fls. 37 a 40 c. 1); sin embargo, estas no podrán ser valoradas, en la medida en que no fueron reconocidas o ratificadas por la persona que las registró, ni de ellas es posible establecer el lugar y la época en que fueron tomadas.
Frente a los recortes de prensa con los que la parte demandante pretende demostrar la situación de violencia generalizada en el departamento del Cauca (fls.40 a 43 c. 1), se concluye que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, las informaciones de prensa son susceptibles de valoración probatoria, bajo el entendido de que resultan idóneas para acreditar la publicación de una noticia determinada, pero no para demostrar su veracidad, de ahí que para efectos de establecer si los hechos ocurrieron en la forma que en ellos se indica, la situación se debe valorar de forma racional, ponderada y en concordancia con todo el acervo probatorio.
En suma, la publicación de determinada información no le concede veracidad a los hechos sobre los que versa.
Ahora bien, con la demanda se allegó la denuncia penal interpuesta por el señor Carlos Julio Posada, uno de los contratistas que desarrollaba los trabajos en el lugar y en el momento en que fue incinerada la retroexcavadora (fls. 17 a 21 c. 1), a la cual el a quo les otorgó valor probatorio en la audiencia inicial (fls. 101 a 106 c. ppal), sin que alguna de las partes interpusiera recurso alguno contra esa decisión, además de que estuvo a su disposición para que se surtiera el principio de contradicción y defensa, sin objeción alguna.
La Sala reconoce valor probatorio a dicha denuncia, dado que, si bien fue realizada por uno de los contratistas del “Ingenio Central Castilla”, el cual utilizaba la maquina retroexcavadora, lo cierto es que, la misma se formuló un año y tres meses antes de haberse instaurado el presente proceso contencioso administrativo, por lo que no se denota un interés distinto a poner el hecho en conocimiento de las autoridades y, además, el objeto de dicho proceso penal es distinto al del contencioso administrativo. Por lo demás, dicha prueba fue allegada por la parte demandante y fue debidamente decretada e incorporada al expediente y resulta concordante con los demás medios probatorios, por lo que será valorada en su totalidad.
5. Problema jurídico
La Sala deberá establecer si la destrucción por incineración de la máquina retroexcavadora en posesión del señor Diego Andrés Puyo Vargas, ocurrida el 10 de noviembre de 2011, en la zona rural del municipio de Miranda, es imputable jurídica o fácticamente al Ejército Nacional.
6. El daño antijurídico
En el caso concreto, la Sala considera acreditado el daño reclamado en la demanda por el señor Diego Andrés Puyo Vargas, consistente en la afectación de su derecho de posesión por la destrucción de la retroexcavadora, como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado aparentemente por un grupo subversivo, de conformidad con las certificaciones expedidas por el personero municipal de Miranda, la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Miranda y el comandante del Batallón de Combate Terrestre No. 102 “MY. William Fernández”.
En efecto, el 15 de noviembre de 2011, la gerente de la empres a municipal de servicios públicos domiciliarios de Miranda certificó “Que la excavadora marca Hitachi, color naranja, tipo ex 2002, modelo 1991, fue objeto de un ataque terrorista el pasado 10 de noviembre de los corrientes, en funciones para la ejecución y atención de obras de emergencia y mejoramiento del cauce en la cuenca del río Desbaratado que sirve como fuente de abastecimiento del sistema de acueducto del municipio de Miranda (fl. 23 c. 1).
El 16 de diciembre de 2011, el personero municipal de Miranda certificó “Que la excavadora marca Hitachi, color naranja, tipo ex 2002, modelo 1991, de propiedad del señor Diego Andrés Puyo Vargas, fue objeto de un ataque terrorista el pasado 10 de noviembre del año en curso, en el sitio denominado Desbaratado, zona rural del municipio de Miranda, en el marco del conflicto armado interno y por motivos ideológicos y políticos, efectuado presuntamente por el grupo guerrillero del Sexto Frente a las FARC (fl. 22 c. 1).
El 25 de noviembre de 2011, el comandante del Batallón de Combate Terrestre No. 102 “MY. William Fernández” certificó que “el día 10 de noviembre de 2011 en la vereda el Desbaratado, coordenadas 03°15’32”” 76°12’52” la excavadora marca Hitachi, color naranja, tipo ex, modelo 1991, fue objeto de un ataque terrorista por parte de la Columna Móvil Gabriel Galvis de la ONT-FARC, quienes delinquen en la jurisdicción del municipio de Miranda – Cauca. La maquinaria se encontraba en la ejecución y atención de obras de emergencia y mejoramiento del cauce en el río Desbaratado que sirve como fuente de abastecimiento al sistema de acueducto del municipio de Miranda” (fl. 24 c. 1).
En estas condiciones, encuentra la Sala acreditado el daño consistente en la destrucción de la maquinaria retroexcavadora cuya posesión acreditó el señor Diego Andrés Puyo Vargas, como consecuencia del atentado terrorista ocurrido el 10 de noviembre de 2011, en la zona rural del municipio de Miranda, por lo que la Sala procederá a verificar si resulta imputable fáctica o jurídicamente a la entidad demandada, de conformidad con los argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia y en el recurso de apelación.
7. La imputación
Ahora bien, respecto a la imputación del daño antijurídico, la parte actora la fundamenta en la falta de seguridad y protección de la retroexcavadora de su posesión, lo cual no se encuentra demostrado en el presente proceso, puesto que no hay ningún elemento probatorio que demuestre la falla del servicio.
En efecto, del escaso material probatorio aportado al plenario, solo se tiene verificado que en el sitio donde la retroexcavadora era utilizada para las obras de emergencia y mejoramiento del cauce del río “Desbaratado” se presentó la incursión de un grupo subversivo y que la máquina fue incinerada, tal como quedó establecido en las referidas certificaciones y en la denuncia interpuesta el 12 de noviembre de 2011 por el señor Carlos Julio Posada, uno de los contratistas que desarrollaba los trabajos en el lugar de los hechos, quien al respecto señaló:
El día 10 de noviembre del presente año, siendo aproximadamente las 2:45 de la tarde, yo iba hacia el sector donde se encontraba la máquina retroexcavadora marca Hitachi, color naranja, tipo Ex 200, modelo 1991, con la cual estábamos desarrollando un trabajo para la comunidad en el río Desbaratado autorizado por el “Ingenio Central Castilla” y del cual somos contratistas y a unos pocos metros antes de llegar a la máquina me encontré al operador, al ayudante y al apuntador del ingenio que venían bajando y me informaron que por favor no subiera que en ese momento se encontraba un grupo armado al margen de la ley y que habían incendiado la máquina retro que por favor me fuera de lugar; en la vía principal se encuentra un campamento del Ejército a un km y medio de donde se dieron los hechos, le informé al teniente encargado y me comentó que iba a tomar las respectivas medidas del caso, de igual manera arrimé al Ingenio Central Castilla para informar lo que había sucedido y ellos inmediatamente a seguridad para que informaran que estaba sucediendo en el área, respondieron que hubo un hostigamiento en esa área y que habían quemado la máquina de un contratista, pero que en ese momento no se atrevían a subir porque al parecer había un enfrentamiento con el Ejército, en ese momento estábamos a la espera de que el ingenio y el Ejército nos den apoyo para sacar las máquinas del sector. Preguntado: ¿Manifieste al Despacho si ustedes como contratistas tenían alguna clase de amenazas o estaban siendo extorsionados por parte de algún grupo armado ilegal? Contesto: Nunca hemos tenido amenazas ni hemos sido extorsionados por ningún grupo armado ilegal en esta zona del país. Preguntado: ¿Sabe usted qué grupo armado ilegal perpetró el incendio? Contesto: Ellos dizque se identificaron como un grupo armado, pero en realidad no sé qué grupo armado ilegal lo realizó, los únicos que saben son los empleados que se encontraban en ese momento en dicha zona (fls. 17 a 21 c. 1).
En el presente caso se encuentra demostrado que el 10 de noviembre de 2011, los miembros de un grupo subversivo incursionaron en la zona rural del municipio de Miranda e incineraron la máquina retroexcavadora sobre la que el actor demostró su derecho de posesión, mientras era utilizada en la ejecución de las obras de emergencia y mejoramiento del cauce del río “Desbaratado”, lo cual se hizo por iniciativa del “Ingenio Central Castilla”; sin embargo, la parte actora no demostró que, previo a los hechos, se hubieran denunciado amenazas o solicitado acompañamiento de las fuerzas militares en el lugar donde se encontraba trabajando los contratistas del referido ingenio, pues al respecto, solo obra la denuncia del contratista Carlos Julio Posada, quien por el contrario señaló que “Nunca hemos tenido amenazas ni hemos sido extorsionados por ningún grupo armado ilegal en esta zona del país”.
En su denuncia tampoco brindó más información sobre alguna solicitud con destino al Ejército Nacional para el acompañamiento de los contratistas del “Ingenio Central Castilla” al lugar donde se encontraban trabajando en las obras de emergencia y adecuación del cauce del rio “Desbaratado”, sin que obren en el expediente otros elementos demostrativos que sustenten que las autoridades habían sido informadas sobre ese aspecto para que tomaran las medidas de seguridad del caso.
Por tanto, en el presente asunto no se demostró que la entidad demandada hubiera incurrido en una falla del servicio por omisión en su deber de protección y seguridad, puesto que no hay prueba de que hubiera recibido información sobre los trabajos a realizar en la zona y el riesgo al que podrían exponerse, ni que, una vez avisada, luego de la ocurrencia de los hechos, no se hubiera atendido la denuncia de los afectados, ya que, por el contrario, en su denuncia el señor Carlos Julio Posada señaló que le informó al teniente del batallón del Ejército Nacional que se encontraba más cerca al lugar, quien le respondió que tomaría las medidas del caso, luego de lo cual supo por información del área de seguridad del “Ingenio Central Castilla” que había “un hostigamiento en esa área y que habían quemado la máquina de un contratista, que en ese momento había un enfrentamiento con el Ejército y que estaban a la espera para sacar las máquinas del sector”, lo cual es indicativo de que no omitió su deber de seguridad y protección y de que atendió los requerimientos que le hicieron los afectados.
Ahora bien, en los eventos de atentados terroristas, se ha establecido que para que proceda la imputación al Estado, es necesario acreditar que el objeto directo de la agresión eran personas o instituciones representativas del Estado, puesto que, en caso contrario, se considera que el ataque fue indiscriminado.
Así lo ha sostenido la Sección Tercera, en los siguientes términos:
Para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que éste haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal. Por lo tanto, se ha considerado que no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros cuando éstos son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y desconcierto social y no contra un objetivo estatal específico, bien o persona, claramente identificable como objetivo para los grupos al margen de la ley. En síntesis, los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia de una falla del servicio de la administración o del riesgo creado por la entidad estatal con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal. Como puede apreciarse en ambos títulos de imputación, esto es, daño especial y riesgo excepcional, se parte de la existencia, como situación fáctica, de que el daño se produzca con ocasión de un ataque dirigido por terceros en contra de un establecimiento militar o policivo o un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal.
No hay lugar a condenar al Estado en el presente caso, ya que por la forma en que ocurrió el atentado, el mismo no les imponía el deber a las autoridades de evitar la ocurrencia de este, razón por la cual se configura la causal de exoneración consistente en el hecho exclusivo del tercero como causante del daño antijurídico reclamado en la demanda.
En efecto, según se indicó, para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que éste haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, o un funcionario representativo de la cúpula estatal, toda vez que en ese momento se genera el riesgo que el particular no se encuentra en el deber de soportar, aspecto probatorio cuya carga era de la parte demandante y que en el presente proceso no resultó acreditado.
Es importante reiterar que, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la prueba de los supuestos de hecho a través de los cuales se asegura la causación de un daño incumbe al actor. La carga de la prueba está sustentada, como también ha precisado la Sala, en el principio de auto-responsabilidad de las partes, que se constituye en requerimiento de conducta procesal facultativa predicable a quien le interesa sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable. No se trata aquí, entonces, de la producción de un daño que es causa de la realización de un riesgo excepcional creado por la administración, sino que más bien, de las pruebas practicadas, se desprende con claridad que se trató de un atentado terrorista dirigido indiscriminadamente contra habitantes de la ciudad de Montería, cuyo objetivo no era la afectación de personas o establecimientos específicos de carácter estatal, sino la alteración del orden público, la intimidación y la creación de un ambiente de zozobra en la comunidad.
En el presente caso, como el ataque no fue dirigido contra personas o instituciones representativas del Estado, ni las obras de emergencia y adecuación se realizaron con la intervención positiva, legítima y lícita de alguna entidad estatal, sino por la iniciativa de una empresa privada, debe entenderse que ese atentado fue indiscriminado, y en esas condiciones, tampoco hay lugar a imputar responsabilidad a la entidad demandada bajo los títulos de imputación de daño especial o riesgo excepcional.
Así las cosas, al no encontrarse acreditados los elementos de la responsabilidad del Estado, se confirmará la sentencia apelada, por cuanto negó las pretensiones de la demanda.
8. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino a los supuestos decantados por la norma.
Así, el artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibídem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma.
Así las cosas, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. En ese sentido se observa que:
i) Se trata de un proceso de reparación directa, cuyas pretensiones equivalían a la suma de $339’947.454, a título de daño emergente, $80’000,000 a título de lucro cesante, y 100 SMLMV por perjuicios morales, cuya sumatoria corresponde a $510’800.054, asunto en el que la parte demandante resultó vencida en segunda instancia porque no se accedió a lo pretendido con el recurso de apelación.
A manera de precisión y para justificar con mayor razón lo expuesto anteriormente, resulta importante destacar que la fijación de agencias en derecho no se ve afectada en el evento en el que la parte haya litigado, incluso, a nombre propio, sin apoderado, pues aun en ese caso tiene derecho a que se fije el monto de agencias para retribuir su actuación, tal como se desprende de lo señalado en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP, en los siguientes términos:
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
(…).
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
Por lo anterior, si la parte actuó a nombre propio y tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un apoderado que lo representara, igual razonamiento debe aplicarse cuando se trata de una entidad pública que actúa a través de un apoderado que hace parte de su planta de personal, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como parte de la condena en costas.
De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:
ACUERDO 1887 DE 2003
(Junio 26)
Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.
Artículo 2º—Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, (…).
Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.
(…).
Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.
Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
(…).
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…)
3.1.3. Segunda instancia.
Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.
A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en el 0.5% de $510’800.054, es decir, la suma de $2’554.000 para la entidad demandada; la suma de dinero acá establecida deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida en el recurso, en este caso la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 4 de diciembre de 2013, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante. Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la suma de $2’554.000, a favor de la entidad demandada.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
La pretensión mayor se estimó en la suma de $339’947.454
A la fecha de la presentación de la demanda (2013), 500 SMLMV equivalían a $294’750.000.
“Artículo 46. Inscripción en el registro. Todo vehículo automotor, registrado y autorizado para circular por el territorio nacional, incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse, deberá ser inscrito por parte de la autoridad competente en el Registro Nacional Automotor que llevará el Ministerio de Transporte. También deberán inscribirse los remolques y semi-remolques. Todo vehículo automotor registrado y autorizado deberá presentar el certificado vigente de la revisión técnico - mecánica, que cumpla con los términos previstos en este código”.
“Artículo 10. Sujetos obligados a inscribirse y a reportar información. A. Es una obligación de inscribir ante el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, la información correspondiente a: […] 7. Toda la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada. Será responsable de su inscripción el Ministerio de Transporte quien expedirá la respectiva tarjeta de registro”.
“Artículo 3°. Obligatoriedad del Registro. A partir de la fecha de entrada en operación del Registro Nacional de Maquinaria Agrícola y de Construcción Autopropulsada en el Sistema RUNT, la maquinaria agrícola, industrial y de
construcción autopropulsada, fabricada, importada o ensamblada en el país, debe ser registrada en el sistema RUNT”.
“Artículo 11. Certificado de Tradición. El interesado podrá obtener ante el Organismo de Tránsito, Certificación de Tradición de la maquinaria registrada en el sistema RUNT”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de octubre de 2017, radicado 25000-23-26-000-2008-00195-01 (39126). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de noviembre de 2020, radicado: 25000-23-36-000-2015-01594-02(58954). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de diciembre de 2020, radicado 19001-23-33-003-2016-00282 01(63007). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. En el mismo sentido: sentencia de 6 de noviembre de 2020, radicado: 25000-23-36-000-2015-01594-02(58954). M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, expediente 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI), C.P. Susana Buitrago Valencia, criterio aplicado en distintas oportunidades por esta Sala, entre otros, en sentencia del 8 de mayo de 2019, expediente 43.332, M.P. María Adriana Marín.
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de febrero de 2021, exp. No. 63899. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de mayo de 2021, exp. No. 52413. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, rad 18536. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Esta postura es igualmente sostenida en la sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 20 de junio de 2017, expediente No.18.860, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
El salario mínimo legal mensual corresponde al vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, es decir $908.526.
La demanda se presentó el 22 de agosto de 2012. El Acuerdo 1887 de 2003 se encontraba vigente para ese momento.
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