Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2015-00600-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2015-00600-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2015-00600-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-33-000-2015-00600-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
27 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
RADICACIÓN: 73001233300020150060001 (64634)
DEMANDANTE: ANA ROCÍO BUITRAGO MORA
DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA
NACIONAL DE COLOMBIA Y OTROS
REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
TEMAS: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO: Destrucción de
excavadora durante operativo contra minería ilegal. / LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA: Pese a no acreditarse la propiedad sobre la maquinaria
pesada destruida, se comprobó que la demandante era la poseedora. / MARCO
JURÍDICO: Destrucción de maquinaria pesada empleada en minería ilegal. /
AUSENCIA DE IMPUTACIÓN: No se logró demostrar que las entidades
demandadas incurrieron en una falla del servicio generadora del daño reclamado.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 11 de julio de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
I.SÍNTESIS DEL CASO
Los días 22 y 23 de enero de 2014, diferentes entidades públicas adelantaron un
operativo en contra de la minería ilegal en el municipio de Chaparral, departamento
del Tolima, durante su desarrollo se destruyó una máquina pesada tipo excavadora
de posesión de la demandante Ana Rocío Buitrago Mora, quien aduce la
configuración de una falla del servicio, por cuanto se confundió un trabajo de
adecuación de tierras con un frente de explotación minera.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
Mediante escrito radicado el 14 de octubre de 2015 (271-292 C.2), la señora Ana
Rocío Buitrago Mora, por intermedio de apoderado judicial (fl. 1 C.1), presentó
demanda en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, municipio
de Chaparral, Agencia Nacional de Minería y Corporación Autónoma Regional del
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Tolima-CORTOLIMA, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe incluyendo errores):
PRIMERA: Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable
a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL-
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA-MUNICIPIO Y/O ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHAPARRAL TOLIMA-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLIMA CORTOLIMA de los perjuicios causados a la señora ANA ROCÍO
BUITRAGO MORA, demandante por intermedio de su apoderado judicial, con
motivo del procedimiento dado frente a las investigaciones y toma de decisión
adoptada de ordenar incinerar mediante el sistema de aplicación de explosivos
la destrucción de una retroexcavadora, marca Komatsu, tipo 200 el día 23 de
enero de 2014, en la vereda Yaguara del municipio de Chaparral finca
Seboruco. Decisión que fue tomada a partir de un estudio realizado por un grupo
interdisciplinario que consta en el ACTA DE REUNIÓN OPERATIVO POLICÍA
DICAR-UICMA y la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA de fecha 23 de enero
de 2014 y ejecutada por los miembros de la DICAR-TOLIMA grupo
especializado, de la Policía Nacional de Colombia.
(…) SEGUNDA. - En consecuencia de lo anterior, condenar a la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL-AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA-MUNICIPIO y/o ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHAPARRAL TOLIMA-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLIMA CORTOLIMA; de los perjuicios causados a la señora ANA ROCÍO
BUITRAGO MORA, a cancelarle en cabeza de su apoderado judicial a título de
reparación por los PERJUICIOS MORALES que se causaron con ocasión del
procedimiento (…). El equivalente en pesos de las siguientes cantidades de
salarios mínimos legales vigentes a la fecha del pago de la sentencia.
1. A la señora ANA ROCÍO BUITRAGO MORA identificada con la cedula No.
51.665.798 expedida en Bogotá en su calidad de afectada y propietaria de la
retroexcavadora y la persona que le tocó sufrir la incertidumbre económica, a la
que fue arrojada a pasar necesidades ya que su ingreso dependía 100% del
alquiler de la maquinaria que poseía, que dio como resultado la quiebra como
persona natural. Causando traumatismos a una mujer de 50 años de edad que
los ahorros de su vida los tenía invertido en esa máquina que fue objeto de
destrucción e incineración, pero con este acontecimiento obligaron a dejarla en
la quiebra y tener que iniciar a su avanzada edad, buscar un modo de
subsistencia ya que su dinero de ahorros de su vida estaban reflejados en ese
equipo, generándole afectaciones tanto a su salud como a su núcleo familiar
por la incertidumbre que genera estas pérdidas sin sentido, el equivalente a
cien (100) salarios mínimos legales vigentes.
O conforme a lo que resulte probado dentro del proceso, o en su defecto en
forma genérica.
TERCERA: En consecuencia de lo anterior condenar a la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL-AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA-MUNICIPIO y/o ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHAPARRAL TOLIMA-CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLIMA CORTOLIMA a cancelarle a la señora Ana Rocío Buitrago mora, en
cabeza de su apoderado judicial a título de reparación por los perjuicios
materiales a título de lucro cesante que se causaron con ocasión del
procedimiento (…). El equivalente en pesos a la fecha del pago de la sentencia
aplicando los intereses fijados por la Superintendencia Financiera. Desde la
causación del daño reconocido, mediante sentencia en el presente proceso
contencioso, la cual deberá ser aplicada la indexación a la fecha del
reconocimiento y posterior pago:
A título de daño emergente
1. A la señora Ana Rocío Buitrago Mora, identificada con la cedula No.
51.655.798 expedida en Bogotá en su calidad de afectada y propietaria de la
retroexcavadora por sufrir la incertidumbre económica a la que fue arrojada
obligada a pasar necesidades ya que su ingreso dependía 100% del alquiler de
2
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
la maquinaria poseía, en tal sentido dio como resultado la quiebra como persona
natural. (…) Adicional a ello se hizo necesario incurrir en unos gastos
imprevistos tales como contratación de un abogado para la recopilación de
material probatorio necesario para instaurar acción administrativa, el
agotamiento de la etapa extracontractual, solicitud de conciliación ante la
Procuraduría, transportes, gastos de viáticos y alquiler de personal para poder
salvar algo de la chatarra que quedó de su máquina, valores que se calculan
ascienden a la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($30’000.000).
A título de lucro cesante
1. Por lo dejado de percibir por mi mandante los cuales considero existen dos
conceptos de valoración:
● Por la destrucción de la retroexcavadora.
● Por concepto de cánones de arrendamiento tanto presentes como futuros,
máxime cuando existía un contrato de arrendamiento vigente y una expectativa
de ingreso definida y con la destrucción de la misma se hizo imposible tanto
cumplir el contrato, como la consecución de trabajos posteriores de
arrendamiento de la retroexcavadora.
● Para tal efecto se valorar en la suma de CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE.
($110.000.oo) por hora trabajada con un reconocimiento de Stan by de cinco
horas diarias por veinticuatro días al mes desde el momento de la incineración
hasta la presenta acción la cual corresponde a:
(…) Total dejado de ganar: $234.925.784,00
1. Como quiera que la maquinaria fue destruida totalmente y tan solo se pudo
vender lo que quedó como chatarra las entidades deberán reconocer el valor
de la adquisición de la maquinaria suma de dinero correspondiente a la suma
de: doscientos treinta y cinco millones de pesos m/cte ($235’000. 000.oo).
TOTAL VALOR DE LOS PERJUICIOS A TÍTULO DE LUCRO CESANTE:
Los perjuicios de orden material por daño a título de lucro cesante, los cuales
se estiman en la suma de cuatrocientos sesenta y cuatro millones novecientos
treinta mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos M/CTE ($464.930.484.oo) o
conforme a lo que resulte conciliado, o en su defecto en forma genérica.
TABLA RESUMEN DE CÁLCULO DE DAÑOS MATERIALES
Por concepto de daño $30´000.000.oo
emergente
Por concepto de lucro $464.930.484.oo
cesante
Total daños materiales $ 494.930.484.oo
(…)
CÁLCULO DAÑOS VALOR
Daño material $494’930.484.oo
Daños morales 100 $64’435.000.oo
SMLMV
TOTAL VALOR $559’365.484.oo
INDEMNIZACIÓN
CUARTA: De manera respetuosa solicito al honorable magistrado de
conocimiento para que se ordene a los entes administrativos el inicio de las
acciones de repetición en contra de los funcionarios públicos que motivaron las
actuaciones administrativas que ocasionaron el daño antijurídico.
3
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Como fundamento fáctico de las pretensiones se expuso que, el 22 de agosto de
2012, el señor Luis Fernando Betancur Giraldo solicitó a la Corporación Autónoma
Regional del Tolima la readecuación de unos terrenos, antiguamente explotados por
minería ilegal, en la finca Mesetas, ubicada en la vereda Yaguara del municipio de
Chaparral.
En octubre de 2012 se realizó visita técnica por funcionarios de CORTOLIMA,
constatando que para la recuperación del terreno era necesaria la utilización de
maquinaria pesada. Un mes después, Luis Fernando Betancur Giraldo solicitó a
CORTOLIMA y a la Secretaría de Desarrollo Rural del municipio de Chaparral
autorización para ingresar una excavadora para la recuperación de terrenos
destruidos por minería ilegal con el fin de adelantar el proyecto agropecuario de
cultivo de maíz y arborización.
El 7 de diciembre de 2012, el secretario de desarrollo rural del municipio de
Chaparral certificó que en la finca La Meseta de la vereda Yaguara se estaba
adelantando un proyecto productivo y se tenía conocimiento de la entrada de una
excavadora marca KOMATSU PC200, con el fin de realizar labores de recuperación
de áreas afectadas por minería ilegal.
En septiembre de 2013, el señor Numar Parra Villanueva, administrador de la
maquinaria de propiedad de la demandante Ana Rocío Buitrago, le informó que el
señor César Augusto Méndez estaba requiriendo una máquina para unos seis
meses de trabajo con el fin de recuperar unos terrenos y adecuarlos para cultivos.
Luego de que este último le pusiera de presente las solicitudes de permiso de
adecuación del predio Seborucos ante el municipio de Chaparral, la visita de los
funcionarios de CORTOLIMA, las cartas informando el ingreso de maquinaria y la
certificación del secretario de desarrollo rural del municipio de Chaparral, la señora
Ana Rocío Buitrago autorizó a Numar Parra Villanueva para la celebración del
contrato de arrendamiento, el cual se concretó el 1 de octubre de 2013, teniendo
como objeto: “El alquiler de una máquina retroexcavadora marca KOMATSU,
referencia PC200, número de motor: 26304856, número de chasis 202908 para
labores inherentes a excavación movimientos de tierra en los alrededores (máximo
2 kilómetros periféricos) del municipio de Chaparral Tolima”.
El contrato se empezó a ejecutar a partir del 10 de octubre y hasta mediados de
diciembre 2013, cuando la máquina empezó a presentar fallas mecánicas por la
bomba de inyección, por ello fue necesario su traslado a un sitio equidistante de la
zona de adecuación del terreno.
4
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
El 23 de enero de 2014 se inició un operativo contra la minería ilícita por parte de la
Policía DICAR y la Agencia Nacional de Minería, identificándose un punto de control;
en consecuencia, la Dirección de Carabineros se dirigió al predio Seborucos, vereda
Yaguara del municipio de Chaparral-Tolima, y luego de verificar la inexistencia de
título minero o licencia ambiental sobre estas coordenadas, se procedió con la
destrucción de una máquina marca Komatsu, modelo 2002, en cumplimiento del
Decreto 2235 de 2012.
En el desarrollo del operativo existieron múltiples omisiones que llevaron a
considerar equivocadamente que la máquina estaba siendo empleada para minería
ilegal, cuando realmente estaba destinada para actividades de adecuación de
terreno, decisión apresurada y arbitraria al no considerar: que la excavadora se
encontraba en un sitio alejado de los aparentes frentes de trabajo de minería ilegal;
la máquina contaba con avisos de la empresa de la cual es socia la demandante,
pero no se intentó establecer comunicación por vía celular para obtener las
justificaciones del caso; el propietario del predio Seboruco nunca fue indagado para
que justificara la presencia de la máquina; la vereda Yaguara-La Mesa queda a tan
solo 2 kilómetros del casco urbano; y se omitió la valoración de los elementos
incautados y/o destruidos en el mismo operativo.
2.2. La demanda fue admitida por auto del 1 de diciembre de 2015 (fl. 301 C.2).
2.3. Notificado el auto admisorio de la demanda (fls. 304-319 C.2), las entidades
accionadas presentaron contestación en los siguientes términos:
2.3.1. El municipio de Chaparral sostuvo la ausencia de participación en los hechos
materia del litigio, porque las actuaciones fueron el resultado de decisiones
adoptadas por otras entidades estatales, bajo tal argumento, excepcionó la falta de
legitimación en la causa por pasiva y el hecho de un tercero (fls. 320-323 C.2).
2.3.2. La Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA propuso las
excepciones de falta de legitimación en la causa por activa, debido a que no se
acreditó la propiedad de la excavadora por parte de la accionante; inexistencia de
responsabilidad de CORTOLIMA, en atención a que la entidad no participó en la
ejecución de la medida de destrucción de la excavadora; y cobro de lo no debido
(fls. 332-343 C.2.).
2.3.3. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional consideró que no incurrió
en falla del servicio, porque el procedimiento se adelantó dentro del marco legal y
constitucional, por lo que era procedente la destrucción de la maquinaria pesada
utilizada para actividades de minería ilegal.
5
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Los miembros de la Policía Nacional solicitaron a la Agencia Nacional de Minerías
la información sobre la existencia de título minero en el predio; también se verificó
la inexistencia de licencia ambiental o su equivalente; se constató que para la fecha
de los hechos existía una investigación penal en contra del propietario del predio
por delitos contra el ambiente y los recursos naturales; por último, se evidenció que
en el sector se continuó con la minería por la existencia de túneles y explotaciones
en donde se encontró la excavadora.
Alegó la falta de legitimación en la causa por activa, en tanto la señora Ana Rocío
Buitrago Mora no probó la propiedad sobre la excavadora destruida (fls. 344-361
C.2).
2.3.4. La Agencia Nacional de Minería propuso las excepciones de caducidad del
medio de control y falta de legitimación en la causa por pasiva, al no haber
participado dentro de los hechos objeto de litigio, en tanto una de sus funciones es
suministrar información acerca de la existencia de títulos mineros, pero es a la
Policía Nacional a quien le corresponde ejecutar la medida de destrucción de
maquinaria pesada (fls. 440-451 C.3).
2.4. La audiencia inicial se celebró el 21 de junio de 2016 (fls.483-490 C.3).
2.5. La audiencia de pruebas se desarrolló los días 6 de julio (fls. 539-542 C.3) y 3
de agosto de 2016 (fls. 595-599 C.3).
2.6. Durante el término concedido, la parte accionante, el Ministerio de Defensa-
Policía Nacional, el municipio de Chaparral, la Corporación Autónoma Regional del
Tolima-CORTOLIMA y la Agencia Nacional de Minería presentaron alegatos de
conclusión (fls. 602- 659 C. 4).
3. Sentencia de primera instancia
El 11 de julio de 2019 el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones
de la demanda al encontrar verificada la falta de legitimación en la causa por activa,
para tal efecto aclaró que al tratarse de una máquina modelo 2002 no era obligatorio
la inscripción en el Registro nacional de maquinaria agrícola y de construcción
autopropulsada, incorporado mediante la Ley 1005 de 2006, según la cual el acto
de registro era voluntario.
Se refirió a lo pactado en los diferentes contratos de compraventa y arrendamiento
de la máquina en cuestión, para luego apreciar el testimonio del señor Numar Parra
6
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Villanueva del cual se desprendían contradicciones que dejaban serias dudas sobre
su veracidad.
Aseguró que no estaba clara la tradición de la máquina excavadora, puesto que en
el contrato de compraventa celebrado el 19 de marzo de 2010 entre el señor Iván
López Muñoz (vendedor) y los señores Numar Parra Villanueva y Edna Viviana
Parra Buitrago (compradores) se pactó que una parte del precio ($210.000.000) se
cancelaría mediante una dación en pago a perfeccionarse mediante la firma el 19
de septiembre de 2010 de la escritura pública.
Sin embargo, antes de esta fecha, el 14 de septiembre de 2010, la señora Edna
Viviana Parra Buitrago y el señor Numar Parra Villanueva vendieron a la señora Ana
Rocío Buitrago la excavadora por valor de $230.000.000, contrariando lo
manifestado por el señor Numar Parra Villanueva de que ello obedeció a la
liquidación de la sociedad conyugal que sostuvo con la demandante. Así consideró
que la documentación para acreditar la propiedad de la señora Ana Rocío Buitrago
Mora estaba incompleta y se configuraba la excepción por falta de legitimación en
la causa por activa:
Lo anterior, debido a que no se demostró que al momento de la celebración del
contrato de compraventa a favor de la demandante, EDNA VIVIANA PARRA
BUITRAGO y NUMAR PARRA VILLANUEVA, hubieran satisfecho la condición
del pago del precio a favor del señor IVAN LÓPEZ, por lo que se presentó,
según las pruebas recolectadas, una venta de cosa ajena, la cual tiene validez.
No obstante, no ocurrió lo mismo con la tradición, pues, al no haberse
acreditado el pago total del precio de la excavadora a favor del primer
propietario, señor IVAN LOPEZ, lo que se transmitió a la señora BUITRAGO
MORA no fue el dominio o la propiedad del citado bien mueble, sino la posesión
del mismo, derecho que detentaban los supuestos vendedores.
Ahora, según lo manifestado por el testigo NUMAR PARRA VILLANUEVA en la
audiencia de pruebas, la referida maquinaria se utilizaba para trabajos
requeridos por la empresa de propiedad del declarante y este pagaba el alquiler
que recibía por la excavadora a la actora, y a su vez, a través de su empresa,
se encargaba de su administración, luego, es claro que la actora ni siquiera
detentó la posesión de la excavadora, pues, el señor PARRA VILLANUEVA era
quien disponía de ella, y no hay otros medios de prueba que indiquen lo
contrario, pues, estos devienen directamente del testigo, con quien tal y como
lo señaló el deponente en la audiencia de pruebas, para esa fecha aún
conservaba relaciones comerciales con la demandante (fls. 682-689
C.Seg.Inst.).
4. Recurso de apelación
La parte demandante afirmó que la señora Ana Rocío Buitrago era la compradora
de buena fe de la máquina como se derivaba del contrato de compraventa, y como
lo aseguró el señor Numar Parra Villanueva, su parte quedó satisfecha a modo de
pago de la liquidación de su sociedad patrimonial de hecho que sostuvo con la
demandante.
7
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Hizo énfasis en que con el contrato de venta la accionante es poseedora de la
maquinaria desde el 14 de septiembre de 2010 y propietaria cuando realizó el último
pago el día 14 de agosto de 2011, quedando probado con la sola manifestación el
perfeccionamiento del contrato de venta del equipo, pues la forma como se
realizaba la venta de maquinaria amarilla para esa fecha era por un simple
documento privado, sin necesidad de registro, porque según lo informado por el
Ministerio de Transporte, la inscripción en el RUNT era voluntaria para la época de
los hechos.
Consideró que el a quo trasladó la carga de la prueba al extremo activo, ya que las
entidades demandadas que propusieron la excepción de falta de legitimación en la
causa no aportaron prueba sumaria de dicho medio exceptivo, mientras que el
contrato acreditaba la propiedad del bien mueble y su posesión.
Concluyó que la Policía Nacional había reconocido que la señora Ana Rocío
Buitrago Mora era la propietaria de la máquina al entregársela sin mediar requisito
alguno, aunado a que la entidad ambiental la vinculó como responsable sancionable
ambientalmente, es decir, para esos trámites sí se reconoció como propietaria, pero
para el presente asunto no. De manera extra petita se está analizando la propiedad
y la titularidad de la excavadora, cuando está plenamente demostrada y aceptada
por parte de las entidades demandadas (fls. 699-700 C. Seg. Inst.).
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído del 2 de agosto de 2019
(fl. 701 C. Seg. Inst.).
5. Trámite en segunda instancia
5.1. Esta Corporación admitió el recurso de apelación por auto del 30 de agosto de
2019 (fl. 712 C. Seg.Inst.).
5.2. El 27 de septiembre de 2019 se corrió traslado para alegar de conclusión (fl.715
C.Seg.Inst.), término durante el cual las partes se pronunciaron así:
5.2.1. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación. Agregó que no estaba de acuerdo con lo manifestado por el a quo frente
a la falta de posesión de la maquinaria por la demandante, en tanto este tipo de
equipos se maneja a través de alquiler, sea de manera directa por sus propietarios
o por un tercero, sin que ello determine la ausencia de posesión, máxime cuando
ello representaba beneficios económicos a la accionante (fls.718-727 C.Seg.Inst.).
8
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
En escrito aparte, la accionante allegó copia del auto de inicio de proceso
sancionatorio en contra de la demandante por parte de CORTOLIMA y certificado
de tradición del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-
20511462 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá-Norte
(fls.728-743 C.Seg.Inst.).
5.2.2. El Ministerio de Defensa-Policía Nacional sostuvo que en el presente asunto
no se evidenciaba falla del servicio, ya que el procedimiento había sido adelantado
bajo la regulación normativa aplicable, junto con las directivas institucionales
dirigidas a establecer los parámetros para la actuación policial en contra de la
explotación ilícita de yacimientos mineros (fls.745-747 C. Seg.Inst.).
5.2.3. La Agencia Nacional de Minería insistió en la desvinculación de la entidad en
razón a que no tenía competencia para la ejecución de los hechos objeto de litigio
(fl. 753 C.Seg.Inst.).
5.4. El Ministerio Público guardó silencio.
5.5. Ante la falta de algunos elementos probatorios, fue necesario requerir a los
sujetos procesales y al tribunal de primera instancia para que los allegaran al
expediente; de los documentos se corrió traslado a las partes, sin que se hiciera
pronunciamiento al respecto; luego, por auto del 25 de julio de 2024, se declaró
reconstruido parcialmente el expediente, sin que se haya presentado recurso alguno
(Índices 45, 68 y 75 SAMAI).
5.6. El expediente ingresó nuevamente al despacho para sentencia el 13 de agosto
de 2024 (Índice 79 SAMAI).
CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer el presente asunto por tratarse de un recurso
de apelación interpuesto en contra de una sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima, conforme a lo previsto por el artículo 150 del CPACA.
Así mismo, en razón a la cuantía, porque la pretensión mayor1 superó el límite de
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes contemplado en el numeral 6
del artículo 152 del CPACA.
1
Lucro cesante: $464.930.484.
9
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa es uno de los presupuestos que el juez contencioso
administrativo debe verificar para dictar sentencia; su ausencia impide adelantar el
análisis del fondo del asunto, como lo ha explicado esta Corporación:
La legitimación en la causa -legitimatio ad causam- se refiere a la posición
sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica
de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual
según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen
los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en
la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial,
se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir
las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la
relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el
supuesto de que aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un
presupuesto procesal.2
De igual modo, se ha planteado que la legitimación en la causa cuenta con dos
dimensiones: una de hecho y otra material. La primera de ellas corresponde a una
relación eminentemente jurídico procesal establecida a partir de la presentación de
la demanda y la notificación de su auto admisorio; así, la parte que expone una
situación fáctica y eleva unas pretensiones bajo la afirmación de ser titular de un
derecho se encontraría legitimada en la causa por activa de hecho, mientras que la
parte en contra de quien se dirijan tales pretensiones contará con ese tipo de
legitimación en su connotación pasiva.
Por el contrario, la segunda, esto es, la legitimación en la causa material, atañe a
una relación jurídica sustancial que no depende de la presentación de la demanda,
sino de la participación real de las partes en los hechos objeto del litigio y la
titularidad de los derechos en discusión. En el escenario de la reparación directa,
este tipo de legitimación por activa le asistirá a la víctima que soportó el daño
antijurídico y en su contracara pasiva le corresponderá al autor generador del
resultado lesivo.
2.1. Legitimación en la causa por activa
En el caso concreto, la señora Ana Rocío Buitrago Mora adujo ser la propietaria de
la excavadora marca Komatsu de color amarillo, modelo 2002 PC-200-7, serie
202808, motor 26304856, la cual habría sido destruida el 23 de enero de 2014 en
un operativo adelantado en contra de la minería ilegal en el municipio de Chaparral,
departamento del Tolima.
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de
abril de 2008, radicación No. 73001-23-31-000-1997-05031-01(16271), C.P. Ruth Stella Correa
Palacio.
10
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
El juez de primera instancia determinó que la demandante carecía de legitimación
en la causa por activa, porque no se había acreditado que fuera la propietaria o la
poseedora de la excavadora en cuestión.
En el recurso de apelación y los alegatos de conclusión, la parte demandante insistió
en que varios medios de prueba aducidos en el proceso daban cuenta de que la
accionante era la propietaria y poseedora de la máquina pesada.
Bajo ese contexto, resulta relevante precisar el marco normativo aplicable al registro
público y a la prueba de la propiedad sobre la maquinaria pesada. De conformidad
con el artículo 46 de la Ley 769 de 2002, todo vehículo automotor, incluyendo la
maquinaria capaz de desplazarse, como lo sería una excavadora, debe ser inscrito
por parte de la autoridad competente en el Registro Nacional Automotor.
Posteriormente, el numeral 7 del artículo 10 de la Ley 1005 de 2006, modificado por
el artículo 207 del Decreto-Ley 19 de 2012, estableció que toda la maquinaria
agrícola, industrial y de construcción autopropulsada debían ser inscritas en el
Registro Único Nacional de Tránsito; sin embargo, en el artículo 11, modificado por
el artículo 208 del Decreto-Ley 19 de 2012, se indicaba que dicha inscripción sería
voluntaria para la maquinaria existente con anterioridad a la vigencia de la ley,
quedando en manos del Ministerio de Transporte la reglamentación del
procedimiento para efectuar el registro.
En el plenario se obtuvo respuesta del Ministerio de Transporte No.
20164050332071 del 26 de julio de 2016 (581-582 y 600 C.3), en el cual se explica
lo sucedido con la reglamentación específica de este procedimiento:
La reglamentación establecida mediante Resolución 12335 del 28 de diciembre
de 2012, señaló entre otros, que el registro de la maquinaria en referencia cuyo
levante se efectúe a partir del 6 de noviembre de 2013, debe realizarse de
manera obligatoria, siendo responsable el importador de incorporar la
información en el sistema RUNT, y a partir de este cargue, el Organismo de
Tránsito será el competente para efectuar la inscripción en el Registro Nacional
de maquinaria Agrícola, Industria y de Construcción autopropulsada y de la
expedición de las respectivas Tarjetas de Registro; y del archivo, conservación
y custodia de los documentos soporte.
Asimismo, la reglamentación estableció que para la maquinaria en referencia
existente con anterioridad al 06 de noviembre de 2013, los importadores,
ensambladores y fabricantes en el país deberán realizar su inscripción en el
Registro Nacional de Maquinaria agrícola, Industrial y de Construcción
Autopropulsada, de manera voluntaria a través de los organismos de tránsito,
pero señala que las autoridades de tránsito deberán fomentar su inscripción con
el ánimo de ejercer controles y llevar estadísticas actualizadas.
(…) Con posterioridad teniendo en cuenta que el proceso de implementación
del registro en referencia requería unos ajustes se amplió la fecha de puesta en
marcha del registro hasta el 05 de noviembre de 2013, mediante la Resolución
3422 del 30 de agosto de 2013; en concordancia con la circular dirigida a todas
11
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
las autoridades de tránsito del país No. MT-2013-4200-401471 del 07 de
noviembre de 2013, emitida por la Dirección de Transporte y Tránsito del
Ministerio de Transporte, se concluye en establecer como fecha máxima el 31
de enero de 2014, para que todos los organismos de tránsito estén realizando
los trámites asociados al registro, por lo tanto, la exigibilidad del registro y el
porte de la tarjeta de registro y de la guía de movilización, cuando el registro es
de carácter obligatorio, se realizará a partir del (1) de abril de 2014.
Como la máquina en cuestión es modelo 2002 y su importación ocurrió en mayo de
2006 (fl. 2 C.1.), se concluye que su registro en el RUNT era voluntario, puesto que,
como lo informó el Ministerio de Transporte, la exigibilidad del registro y el porte de
la tarjeta de registro, así como la guía de movilización, se haría a partir del 1 de abril
de 2014; luego no puede exigirse a la actora estos documentos como prueba de la
propiedad de la excavadora.
Dicho lo anterior, procede la Sala a valorar racionalmente los medios de prueba
recaudados con el fin de dilucidar en quién recaía la propiedad o posesión de la
excavadora, punto en el cual adquieren relevancia los títulos traslaticios de dominio
y la cadena de tradición del bien mueble, lo que a su vez determinará si la señora
Ana Rocío Buitrago Mora se encuentra legitimada en la causa por activa.
En el plenario quedó acreditado que en mayo de 2006 se declaró ante la DIAN la
importación de una máquina excavadora sobre orugas marca Komatsu, modelo PC
200-7, serial 202808, motor 26304856, fabricada en el año 2002 (fls. 2 C.1 y fls.
431-432 C.3).
Se aportó con la demanda copia del contrato de compraventa celebrado el 19 de
marzo de 2010 entre Iván López Muñoz, en calidad de vendedor, y Edna Viviana
Parra Buitrago y Numar Parra Villanueva, en calidad de compradores, (fls. 236-239
C.2), el cual tenía como objeto la transferencia a título de venta de la excavadora
PC 200-7, marca Komatsu, modelo 2002, motor 26304856, chasis 202808, por un
valor de $235.000.000, cuya forma de pago indicaba que la suma de $210.000.000
se cancelarían mediante “dación en pago” que la señora Edna Viviana Parra
Buitrago realizaría respecto de un inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, ello se
materializaría en una escritura pública a suscribir el 19 de septiembre de 2010.
Este contrato, especialmente, lo concerniente a la forma de pago, indujo al juez de
primera instancia a considerar que no se encontraba acreditada la tradición de la
excavadora, toda vez que no se había aportado prueba alguna sobre la
materialización de la dación en pago por parte de la compradora Edna Viviana Parra
Buitrago en favor del señor Iván López Muñoz por valor de $210.000.000, cuya
escritura pública se otorgaría el 19 de septiembre.
12
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
La Sala debe apartarse de la interpretación efectuada por el a quo, dado que la
tradición de un bien mueble no está supeditada a la verificación total del pago del
precio, sino a su entrega efectiva, según el tenor literal del artículo 750 del Código
Civil. En el contrato no se hizo constar que el vendedor se hubiera reservado el
dominio hasta el pago, por lo que se entiende que la tradición ocurrió con la entrega
de la maquinaria el día 19 de marzo de 2010, según lo declarado en la cláusula
quinta del contrato en cuestión.
Hasta este punto, la cadena de tradición señala que, para el 19 de marzo de 2010,
la propiedad de la excavadora marca Komatsu PC 200-7 radicaba en los señores
Edna Viviana Parra Buitrago y Numar Parra Villanueva; no obstante, los medios de
prueba no son consistentes y claros frente a las circunstancias fácticas que
rodearon la adquisición de la máquina por parte de la demandante Ana Rocío
Buitrago Mora.
Debe traerse a colación el testimonio rendido por el señor Numar Parra Villanueva
en la audiencia de pruebas del 6 de julio de 2016, quien adujo que la señora Ana
Rocío Buitrago Mora era su exesposa y que ella era la propietaria de la máquina
para el año 2013, a raíz de la separación de bienes en la que le correspondió dicho
bien a la demandante, pese a lo cual el testigo siguió a cargo de la administración
en razón del negocio familiar que desarrollaban (fls.539-542 C.3, video audiencia
de pruebas CD. fl.679 C.4, minuto: 00:00-58:58).
Con todo, en el expediente no obran pruebas que permitan confirmar la existencia
de un matrimonio o unión marital de hecho entre la demandante Ana Rocío Buitrago
Mora y Numar Parra Villanueva; el acuerdo de separación de bienes en el que a la
accionante le correspondió la excavadora marca Komatsu; y el acuerdo para que el
señor Numar Parra Villanueva se encargara de la administración de la maquinaria,
es decir, no existe soporte probatorio adicional sobre estas circunstancias fácticas
que permitan esclarecer lo concerniente con la tradición de la maquinaria.
En la audiencia de pruebas el señor Numar Parra Villanueva aportó un documento
consistente en una copia de un contrato de compraventa de la excavadora marca
Komatsu PC 200-7 celebrado el 14 de septiembre de 2010 entre Edna Viviana Parra
Buitrago y Numar Parra Villanueva, en calidad de vendedores, y la demandante Ana
Rocío Buitrago Mora, en calidad de compradora, por un valor de $230.000.000,
documento en el cual consta que la entrega se realizó en esa misma fecha (fls.536-
538 C.3.).
En principio, este documento acreditaría que la señora Ana Rocío Buitrago Mora
adquirió la propiedad de la excavadora en cuestión; empero, existen otros medios
13
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
probatorios que no permiten aceptar tal conclusión, como lo manifestado por el
testigo Numar Parra Villanueva en el sentido que la máquina le correspondió a la
demandante, con ocasión de la separación de bienes, o el hecho de que el 10 de
octubre de 2013 se haya suscrito un contrato de alquiler de la máquina entre el
señor Parra Villanueva y Cesar Augusto Méndez, (fls. 240-241 C-2), sin que se
mencionara que la propietaria era la accionante.
Así las cosas, las pruebas aportadas resultan inconsistentes y contradictorias,
generan una serie de dudas que no permiten dar por acreditada la calidad de
propietaria de la señora Ana Rocío Buitrago Mora sobre la máquina pesada.
Pese a la falta de prueba sobre la propiedad de la maquinaria, se advierte que la
legitimación en la causa por activa de la señora Ana Rocío Buitrago Mora deviene
de su calidad de poseedora del vehículo en cuestión, como lo ha aceptado esta
Subsección en ocasiones anteriores.3
El artículo 762 del Código Civil señala que la posesión es la tenencia de una cosa
con ánimo de señor o dueño, respecto a sus elementos constitutivos, tanto esta
Corporación4 como la Corte Suprema de Justicia han sido claros en conceptuar:
La posesión, entonces, está conformada por dos elementos estructurales: el
corpus, esto es, el ejercicio de un poder material, traducido en un señorío de
hecho, que se revela con la ejecución de aquellos actos que suelen reservarse
al propietario (v.gr., los que refiere el artículo 981 del Código Civil); y el animus
domini, entendido como la voluntad o autoafirmación del carácter de señor y
dueño con el que se desarrollan los referidos actos.
Así, mientras el corpus es un hecho físico, susceptible de ser percibido –
directamente– a través de los sentidos, el animus reside en el fuero interno del
poseedor, por lo que suele tener que deducirse de la exterioridad de su
conducta. Por consiguiente, no bastará con que el pretendido usucapiente
pruebe que cercó, construyó mejoras o hizo suyos los frutos de la cosa, entre
otros supuestos, sino que deberá acreditar que, cuando lo hizo, actuó prevalido
del convencimiento de ser el propietario del bien. 5
En esa línea de pensamiento, se acreditó que el 14 de septiembre de 2010, la
máquina excavadora fue entregada a la señora Ana Rocío Buitrago Mora en virtud
del contrato de compraventa celebrado con los vendedores Edna Viviana Parra
Buitrago y Numar Parra Villanueva.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2020, radicación No. 05001-23-33-000-2017-02494-01(63360),
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 4 de diciembre de 2020, radicación No. 19001-23-
33-003-2016-00282 01(63007), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 2 de julio de 2021,
radicación No. 19001-23-33-000-2013-00083-02(55090), C.P. María Adriana Marín.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 19 de noviembre de 2012, radicación No. 20001-23-31-000-1998-03648-01(21417) B,
C.P. Enrique Gil Botero; Subsección C, sentencia del 7 de octubre de 2020, radicación No. 25000-
23-26-000-2011-01100-02(50270), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
5
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de septiembre de 2021,
radicación No. 11001-31-03-036-2016-00239-01 (SC3727-2021), M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
14
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Así mismo, el señor Numar Parra Villanueva reconoció en su testimonio que, luego
de la separación de bienes con la señora Ana Rocío Buitrago Mora, siguieron con
el negocio familiar para devengar el sustento de sus hijos; por ello, la señora
Buitrago Mora lo autorizaba para alquilar la máquina y él era el encargado de
concretar los negocios con los clientes.
Por último, se comprobó que el 26 de febrero de 2014, luego de la destrucción de
la máquina, la señora Ana Rocío Buitrago Mora, aduciendo su calidad de
propietaria, solicitó la entrega del vehículo ante el teniente coronel Néstor Giovanni
Peña Leyton, quien accedió a ello sin ningún condicionamiento (fls. 254-255 C.2).
Estos actos demuestran que la señora Ana Rocío Buitrago Mora ejercía un poder
material y se reputaba como dueña de la máquina excavadora, de ahí que se deba
corregir la decisión adoptada por el a quo, en tanto la demandante sí se encuentra
legitimada en la causa por activa, en razón a su calidad de poseedora del
automotor.
2.2. Legitimación en la causa por pasiva
Por su parte, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, el municipio de
Chaparral, la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional del
Tolima-CORTOLIMA se encuentran legitimadas en la causa por pasiva en atención
a las imputaciones de orden fáctico y jurídico realizadas por la parte demandante
en el escrito inicial, según la cual todas las entidades participaron en el operativo en
contra de la minería ilegal que desembocó en la destrucción de la excavadora en
cuestión.
3. Ejercicio oportuno del medio de control
De conformidad con el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de
caducidad del medio de control de reparación directa es de dos (2) años “contados
a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue
en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la
fecha de su ocurrencia”.
En la demanda se narró que la destrucción de la excavadora ocurrió el 23 de enero
de 2014, por tanto, el término de dos años para presentar la demanda se extendió
hasta el 24 de enero de 2016 y como esta fue radicada el 14 de octubre de 2015 se
15
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
impone concluir que no operó el fenómeno procesal de la caducidad, con
independencia de la suspensión generada por el trámite conciliatorio6 (fls.268-269
C.2).
4. Caso concreto
4.1. Daño
El primer elemento que debe constatarse en todos los supuestos donde se pretenda
la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado es el daño, entendido
como la lesión o menoscabo a un bien, derecho o interés protegido por el
ordenamiento jurídico, que en todo caso debe revestir las características de cierto,
personal y antijurídico7.
En el presente asunto se encuentra verificado el daño causado a la demandante
consistente en su afectación al derecho de posesión sobre la máquina excavadora
marca Komatsu de color amarillo, modelo 2002 PC-200-7, serie 202808, motor
26304856, destruida con explosivos el 23 de enero de 2014 durante un operativo
desarrollado contra la minería ilegal en el municipio de Chaparral, departamento del
Tolima.
Así se desprende del acta de ejecución de la medida de destrucción (fls. 252-253
C.2.), acta de caracterización de la maquinaria destruida (fl. 384 C.2) y el informe
de destrucción de maquinaria presentado el 25 de enero de 2014 (fls. 385-388 C.2.),
documentos suscritos por miembros de la Dirección de Carabineros y Seguridad
Rural de la Policía Nacional.
4.2. Imputación
La Constitución Política de 1991 estableció como eje transversal del Estado Social
de Derecho la protección y preservación del medio ambiente8, bien jurídico
constitucional que se manifiesta en: un principio que irradia todo el ordenamiento
jurídico, un derecho constitucional (fundamental o colectivo) que puede ser
garantizado mediante diferentes mecanismos administrativos o judiciales, y una
obligación a cargo del Estado, que implica deberes calificados de protección.9
6
La solicitud de conciliación fue presentada el 30 de enero de 2015 y la constancia de no acuerdo
conciliatorio expedida el 24 de marzo de 2015.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. 59218, C.P. María Adriana Marín.
8
Corte Constitucional, sentencia T-411 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
9
Corte Constitucional, sentencia C-449 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
16
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
El artículo 80 constitucional consagró una serie de obligaciones a cargo del Estado
orientadas a la defensa del medio ambiente, de suerte que se impone un deber de
prevención al ordenar la planificación del aprovechamiento de los recursos
naturales sin perder de vista el desarrollo sostenible, la conservación, restauración
y sustitución de estos; un deber de mitigación, en tanto deberá intervenir en aquellas
actividades económicas o factores que inciden en el deterioro ambiental; un deber
de reparación, no solo frente al daño ambiental que sea causado por sus agentes,
sino también respecto al menoscabo generado por los particulares; y un deber de
punición, reflejado en la potestad de aplicar sanciones de índole administrativa o
penal a los autores de conductas que repercuten en la calidad del medio ambiente.10
Lo anterior no se traduce en una proscripción general de explotar los recursos
naturales, la misma Carta Política en los artículos 334 y 360 contempla el desarrollo
de estas actividades económicas, pero a su vez obliga al Estado a intervenir
mediante el poder legislativo con el objetivo de fijar los requisitos para su ejercicio.
La minería es una de aquellas actividades de explotación de recursos naturales que
puede implicar un detrimento irreversible del medio ambiente, de ahí que el mandato
constitucional de intervención se materializó con la expedición de la Ley 685 de
2001-Código de Minas, cuyo objetivo primordial era fomentar la exploración y
explotación de los recursos mineros de forma racional y armónica con el desarrollo
sostenible.
A partir de la vigencia de este código, la constitución, declaración y prueba del
derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal quedó sujeta a la
existencia de un contrato de concesión debidamente otorgado e inscrito en el
Registro Minero Nacional11. En suma, se estableció que para el desarrollo de un
proyecto minero se requiere de un estudio de impacto ambiental, con base en el
cual la autoridad competente otorgará o no la licencia ambiental, requisito
indispensable para las obras y trabajos de explotación temprana.12
Precisamente la minería ilegal se define como aquella desarrollada sin estar
debidamente inscrita en el Registro Minero Nacional y, por lo tanto, sin título minero,
de conformidad con el glosario técnico adoptado mediante el Decreto 2191 de 2003.
Posteriormente, el artículo 106 de la Ley 1150 de 2011 prohibió la utilización de
dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las
actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional; al
10
Corte Constitucional, sentencia C-259 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerreo Pérez.
11
Artículo 14 Ley 685 de 2001.
12
Artículos 204 a 206 de la Ley 685 de 2001.
17
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
mismo tiempo, estableció que, además de la acción penal correspondiente, el
incumplimiento de esta prohibición daría lugar al decomiso de los bienes y a la
imposición de una multa por parte de la autoridad policiva correspondiente, sin
perjuicio del deber de diferenciar la minería informal de la minería ilegal.
En consonancia con lo anterior, la Comunidad Andina de Naciones profirió la
decisión 774 del 30 de julio de 2012, que caracterizó la minería ilegal como aquella
ejercida sin contar con las autorizaciones y exigencias establecidas en las normas
nacionales, siendo procedente la destrucción, demolición, inutilización y
neutralización de la maquinaria utilizada en minería ilegal.
El artículo 6 de la Decisión No. 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina
de Naciones y el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 fueron reglamentados
mediante el Decreto 2235 de 2012, normatividad que vinculó el uso intensivo y
descontrolado de maquinaria pesada en actividades mineras como desencadenante
de graves afectaciones al medio ambiente, problemas de salud en los habitantes de
las zonas aledañas, así como el financiamiento de actividades delincuenciales y
terroristas.
La reglamentación consagró la destrucción de la maquinaria pesada que estuviera
involucrada en actividades de minería ilegal, medida que procedía
independientemente de quien tuviera en su poder o hubiere adquirido la maquinaria:
Artículo 2°. Ejecución de la medida de destrucción. La Policía Nacional es la
autoridad competente para ejecutar la medida de destrucción de la maquinaria
pesada y sus partes, que esté siendo utilizada en actividades de exploración o
explotación de minerales sin el correspondiente título minero inscrito en el
Registro Minero Nacional y licencia ambiental, cuando esta última se requiere.
La autoridad minera nacional aportará la información sobre la existencia o no
de título minero vigente inscrito en el Registro Minero Nacional, y el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, informará sobre la existencia de licencia
ambiental o su equivalente, cuando esta se requiera.
Bajo ese orden de ideas, la responsabilidad patrimonial del Estado en estos
asuntos podrá originarse por la destrucción de maquinaria pesada con el
desconocimiento del marco normativo aludido, por tratarse de un contenido
obligacional que debe ser respetado por las autoridades encargadas de estos
procedimientos; en otras palabras, el título de imputación aplicable será la falla
del servicio.
En contraposición, si el procedimiento de destrucción de la maquinaria respetó
ese contenido obligacional, especialmente, la verificación de que estaba
destinada a prácticas de minería ilegal; no es posible comprometer la
18
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
responsabilidad patrimonial del Estado porque el daño se torna jurídico al existir
una habilitación normativa concedida a las autoridades policiales para proceder
con la inutilización, de modo que el administrado estará en la obligación de
soportar la afectación, máxime cuando incurrió en actividades prohibidas por el
ordenamiento jurídico.
Teniendo claridad sobre el marco normativo aplicable al presente asunto, procede
la Sala a valorar los medios de prueba obrantes en el expediente con el fin de
dilucidar las circunstancias fácticas que rodearon la destrucción de la máquina
excavadora de posesión de la demandante.
Como antecedentes del operativo adelantado en el mes de enero de 2014 en el que
se destruyó la maquinaria de posesión de la demandante, se tiene que el 22 de
agosto de 2012, el señor Luis Fernando Betancur Giraldo solicitó a CORTOLIMA
una visita al predio La Meseta de la vereda Yaguara con el fin de cultivar maíz en 8
hectáreas afectadas por minería ilegal, proyecto productivo coordinado con la
estación de Policía de Chaparral (fl.231 C.2.).
A raíz de esta solicitud, el 3 de octubre de 2012 funcionarios de CORTOLIMA
visitaron el predio Mesetas, constatando la existencia de un área de 12 hectáreas
afectada gravemente por actividad de minería que para su recuperación requería la
utilización de maquinaria, teniendo en cuenta que lo proyectado por el señor Luis
Fernando Betancur Giraldo era acondicionar dicha área para establecer actividades
agrícolas (fls. 231-234 C.2).
Posteriormente, el 14 de noviembre de 2012, el señor Luis Fernando Betancur
Giraldo solicitó a CORTOLIMA autorización con el fin de ingresar una
retroexcavadora para la recuperación de terrenos destruidos por minería ilegal, ello
en el marco del proyecto agropecuario de cultivo de maíz y arborización adelantado
con la Policía Nacional de Chaparral (fl.235 C.2).
El 7 de diciembre de 2012 el secretario de desarrollo rural del municipio de
Chaparral hizo constar (Índice 54 SAMAI):
Que se está adelantando un proyecto productivo en la finca La Meseta de la
vereda Yaguara, con la estación de policía de Chaparral Tolima Distrito 4,
teniendo conocimiento de la entrada de una retroexcavadora de marca
KOMATSU PE200, a fin de realizar labores de corrección y recuperación de
áreas afectadas por la explotación de minería ilegal; donde se van a instalar
cultivos de maíz y reforestación protectora.
El 10 de octubre de 2013 se celebró contrato de alquiler de la excavadora marca
Komatsu PC-200 de posesión de la señora Ana Rocío Buitrago Mora. El
19
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
arrendatario era el señor César Augusto Méndez y el objeto consistía en el alquiler
de la máquina por el término de 6 meses para desarrollar labores inherentes a
excavación y movimiento de tierra en los alrededores (máximo 2 kilómetros
periféricos) del municipio de Chaparral del departamento del Tolima (fls.240-241
C.2).
Hasta aquí no es posible establecer un vínculo entre el proyecto agrícola que
pretendía desarrollar el señor Luis Fernando Betancur Giraldo con el contrato de
arrendamiento de la maquinaria de posesión de la demandante, toda vez que este
último se celebró en octubre de 2013, es decir, un año después de las solicitudes
elevadas por el señor Betancur Giraldo ante CORTOLIMA; en adición, el
arrendatario era el señor César Augusto Méndez y no se menciona en algún
apartado al señor Luis Fernando Betancur Giraldo, sin evidenciarse alguna relación
entre estas dos personas; y a partir del objeto del contrato de arrendamiento no es
posible deducir que la máquina iba a ser empleada en la readecuación en la finca
Mesetas de la vereda Yaguara con el fin de cultivar maíz, máxime cuando los
miembros de la Policía Nacional que adelantaron el operativo en enero de 2014
encontraron la máquina en un predio diferente denominado Seborucos.
En lo concerniente con las circunstancias que rodearon el operativo adelantado
contra la minería ilegal, se cuenta con el informe de destrucción de maquinaria
presentado el 25 de enero de 2014 por los Subintendentes José Ángel Galvis Badillo
y Ariel Ávila Álvarez ante el jefe de área de investigación criminal DICAR (fls.385-
388 C.2), en el cual se informa que el procedimiento inició el 22 de enero de 2014
con el traslado del grupo de trabajo al municipio de Chaparral-Tolima, predio
Seborucos, vereda Yaguara:
(…) en donde se observa trabajos mineros con la utilización de maquinaria
pesada (retroexcavadora), al llegar al lugar objeto de la destrucción
coordenadas geográficas N. 03°45’54,8’’ w: 75°23’05,07’’ tomadas en DATUM
WGS-84 se ubica una máquina retroexcavadora realizando trabajos de minería
cielo abierto y al notar la presencia Policial avanza unos metros, llegando a un
punto al cual no puede salir, es allí donde el operario emprende la huida sin ser
posible darle alcance.
La máquina encontrada fue caracterizada como una excavadora marca Komatsu,
color amarillo, modelo 2002, No. Serie 202808, No. Motor 6D102- 26304856 (fl. 384
C.2), datos coincidentes con la identificación del vehículo de posesión de la
accionante.
En el sitio, los miembros de la Policía Nacional solicitaron a la Agencia Nacional de
Minería verificar la existencia de algún título minero, contrato de concesión o
similares; en respuesta el funcionario encargado informó que el punto de control no
se superpone con títulos mineros vigentes y estaba ubicado a 150 metros de una
20
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables, únicamente
existía una propuesta de contrato de concesión OG2-084421, pero se trataba de
una expectativa, por ende no se podía ejercer trabajos de explotación minera.
Así lo confirma el acta de la reunión adelantada en la sede de la Agencia Nacional
de Minería en Bogotá (fls.250-251 C.2), según la cual el punto de control se
superpone con la solicitud de propuesta de contrato de concesión Ley 685/2001 con
placa OG2-084421 con el fin de explotar minerales de metales preciosos y sus
concentrados, radicada el 2 de julio de 2013 a nombre de Nacional de Minerales y
Metales S.A.S. sobre un área de 19900559,6412 m2. A su vez se determinó que el
punto de control no tenía superposición con títulos mineros vigentes, solicitudes de
legalización minera de hecho, solicitudes de legalización minera, zonas excluibles
o restricciones a la minería vigentes.
En el mismo sentido declararon los señores Ladislao Carlos Schmidt Kosa,
funcionario de la Agencia Nacional de Minería (CD fl. 680 C.4., min: 0:00:20-
0:51:50), y Óscar González Valencia, gerente de catastro del registro minero de esta
misma entidad (CD fl. 680 C.4., min: 1:33:30-1:45:00), quienes coincidieron en
indicar que la propuesta de contrato de concesión es una mera expectativa que no
habilita a efectuar explotación minera y mucho menos comercializar los recursos
extraídos, únicamente se permite tomar muestras de laboratorio o construir algunas
trincheras para conocer la potencialidad minera del terreno.
Paralelamente, durante el operativo se constató con un funcionario de CORTOLIMA
si existía licencia ambiental, quien indicó que ante la falta de título minero es
imposible otorgar un permiso de este tipo para explotación de yacimientos,
destacando que los trabajos encontrados fueron realizados de forma antitécnica,
causando graves daños a los recursos naturales.
Luego de estas verificaciones, los miembros de la Policía Nacional procedieron con
la destrucción de la máquina excavadora a las 19:00 horas del 23 de enero de 2014,
previo al retiró del aceite, combustible y las baterías para el funcionamiento del
vehículo, todo ello en aplicación del Decreto 2235 de 2012, (fls.252-253 C.2 y
fls.385-388 C.2).
El testigo José Ángel Galvis Badillo, jefe de patrulla investigativa UICMA-DICAR de
la Policía Nacional (video fl. 680 C.4., min 0:59:30-1:32:15), quien participó en el
operativo contra la minería ilegal narró:
Los hechos sucedieron el 23 de enero de 2014, era un acompañamiento que se
realiza al escuadrón móvil de carabineros del departamento de Policía-Tolima,
ya que por información de la comunidad se tenía conocimiento sobre unos
21
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
yacimientos mineros que se adelantaban a la orilla de un río y la explotación
aurífera a cielo abierto con la utilización de maquinaria pesada. Sobre la vía,
por ser caminos de herradura, por ser zona rural, en la orilla del río encontramos
varias, antes de llegar al lugar, encontramos varios motores utilizados como
dragas para la explotación aurífera y al llegar al punto donde pues observamos
una máquina retroexcavadora adelantando trabajos mineros, nosotros
estábamos en la parte alta, las personas de abajo, pues, nos alcanzan a
observar, cuando nos estamos acercando a la máquina, el operario de la
máquina emprende la huida, pero antes de llevársela le saca alguna pieza que
fue imposible volver a encenderla, al llegar al lugar donde se encontraban
adelantando los trabajos mineros, el motor estaba en caliente, la máquina es la
misma que nosotros habíamos observado, la persona no se halló, se toman
coordenadas en el sector donde está ubicada la máquina, el perito ambiental
de la Corporación Autónoma del Tolima, le preguntamos que estos trabajos a
qué corresponden, y él manifiesta que corresponden a trabajos mineros de oro
a cielo abierto, que con ese trabajo se está causando un grave e irreparable
daño a los recursos naturales y que eso lo plasmaría en un informe que nos
haría llegar posteriormente, por estar en vigencia el Decreto 2235 de 2012,
tomamos la coordenada en el lugar de los hechos, llamamos a la Agencia
Nacional de Minería para cerciorarnos si en el lugar de los hechos contaban o
no con titulación minera o cualquier otro permiso para ejercer actividades
minero extractivas, nos manifiestan que no, que no cuentan con estos permisos
y que es viable dar aplicación al Decreto; sin embargo su señoría, el funcionario
de la Corporación que nos acompañaba, manifiesta que por favor esperemos,
que por estar en un espacio de ola invernal, creo que era, a la Corporación le
convenía más realizar la incautación para posteriormente ponerla al servicio de
algún municipio, esperamos por espacio de dos días su señoría, ellos
contrataron una cama baja, contrataron un operario, pero la pieza que le habían
sacado, no recuerdo cuál fue, fue imposible encender la máquina por dos días
que esperamos. Le preguntamos al perito sobre los daños y dice que los daños
que se están causando en el momento son incalculable en la parte económica,
que no se podían cuantificar, y que si era necesario sacar la máquina o darle
aplicación al Decreto, porque si dejamos la máquina va continuar con esos
trabajos, pues que el daño iba a continuar, por eso se nos apegamos a un
protocolo ambiental, que fue sacar los lubricantes, el combustible, bajar las
baterías, y se levanta un acta para dar aplicación al Decreto su señoría, ahí ya
tomamos contacto con los funcionarios de antiexplosivos, de técnicos en
explosivos del departamento, la máquina se identifica plenamente con
funcionarios, peritos en identificación de automotores y pues nos apegamos al
protocolo que dice el Decreto que se debe tener en cuenta para la destrucción
de la máquina su señoría.
Se le preguntó si la máquina contaba con algún distintivo, dirección o teléfono de
contacto del propietario, en respuesta el testigo expresó que no recordaba con
exactitud, pero que sí se trataron de comunicar, algún miembro del EMCAR realizó
algunas llamadas, esperaron dos días en el sitio, pero el propietario de la máquina
no hizo presencia.
Igualmente, el testimonio del Teniente Coronel Néstor Giovanni Peña Leyton
(Audiencia de pruebas CD. fl.679 C.4 minuto: 00:59:20-02:30:15), quien arribó al
lugar de los hechos al día siguiente del inicio del operativo para verificar la parte
final, negó que lo evidenciado en el lugar se tratara de una adecuación de terrenos:
En el sitio había evidencia reciente de excavaciones, se encontraba unas
mangueras, había un sitio donde se ubicaba una motobomba que en el
momento no estaba, la habían sacado, había sitios de trabajo, mangueras para
conducción de agua. Se evidenciaba en el sitio un trabajo en minería, que
posiblemente no exista otro elemento más, pero si había, por ejemplo había un
campamento de montaje, toda una estructura donde se ubicaba una
22
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
motobomba, que en ese pues no estaba porque la hubiéramos incautado
también, el suelo estaba húmedo, habían mangueras mojando la tierra (…) A
los ojos de cualquier persona, si no tuviera mucha experiencia, se podía
evidenciar de que había unas excavaciones y unos trabajos con la máquina, y
que esa máquina estaba trabajando en minería ilegal. Evidenciando otras
muchas que se han podido visitar, es el mismo contexto, es el mismo daño
ambiental, fuera la capa vegetal, derribamiento de árboles, utilización de
cuencas hidrográficas, o sea realmente era un impacto grande que lo corrobora
el técnico, el perito de CORTOLIMA, que es la persona que emite un informe
en el sitio y nos lo hace saber, diciendo efectivamente allí se encontraba una
actividad de explotación mineral.
Este deponente confirmó que las huellas dejadas por la oruga de la máquina eran
recientes, de hecho, el automotor contaba con baterías y ACPM. También se
destacó que se intentó extraer la excavadora del lugar, pero no fue posible porque
se encontraba inutilizada, por tal razón se decidió destruirla.
El operativo policial estuvo acompañado por funcionarios adscritos a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima, en su informe se dejó plasmado (fls. 389-407 C.2):
(…) 2. Al llegar al sitio localizado en las coordenadas N. 03°45’50.08’’-W
75°23’00.8’’ A.S.N.M. 494 m, a las 9:15 horas del día, se evidencia un frente de
trabajo tipo minería aurífera mecanizada a cielo abierto, con rastros de uso de
retroexcavadora de oruga empleada para remover y ampliar la matriz del suelo
(imágenes 1-6). Adicionalmente, se observa manguera de tres pulgadas (3’’)
para la remoción y lavado del subsuelo expuestos (Imágenes 3 y 7). El área
intervenida corresponde a aproximadamente 732.22 m2y se calcula un volumen
de suelo y subsuelo afectado de 805,442 m3. La manguera de descarga tiene
una longitud de alrededor de 102 metros que llega hasta campamento de
montaje para motobomba (imagen 8 ) la cual no se encuentra en el lugar,
localizada en las coordenadas No. 03°45’52,4’’-W 75°20’02,0, en el talud de la
margen izquierda agua abajo a 1.5 m del espejo de agua de la fuente hídrica
donde se capta el recurso hídrico, en cuya salida del estanque natural se
construye trincho de 3m por piedra y material granular que incrementa
acumulación de agua para succión.
3. Las personas responsables de la actividad huyen antes de llegar al sitio. No
obstante, por las condiciones del frente de trabajo y humedad del terreno se
determina acción en la jornada.
(…) 6. (…) a las 9:51 horas del día, margen derecha aguas abajo de corriente
superficial, se evidencia un frente de trabajo adicional tipo minería aurífera
mecanizada a cielo abierto, con rastros de uso de retroexcavadora de oruga
empleada para remover y apilar la matriz del suelo (imágenes 9-12). Al verificar
y recorrer las huellas de la retroexcavadora, a aproximadamente 161 m de
distancia, en cauce de fuente hídrica, en las coordenadas N. 03°45’54,8’’-W
75°23’05,7’’ A.S.N.M. 500 m se encuentra retroexcavadora de oruga marca
KOMATSU, de color amarillo, modelo PC200-7-AC, con numero serial 202808,
la cual es conducida desde el sitio donde se desarrolla la actividad antes de la
llegada de la autoridad, afectando por aplastamiento y volcamiento, y otros
daños mecánicos, la flora de la ronda hídrica a su paso.
(…) 10. En el brazo de la retroexcavadora se observa un letrero que relaciona
a SERCIAGRO N.P.V. y aunque se intenta comunicación a los números
3103179615 y 3114619286 que aparecen no se obtiene respuesta.
(…) 12. Dadas las condiciones y el estado actual del suelo y subsuelo excavado,
las marcas de los taludes realizados, la vegetación eliminada o afectada
mecánicamente, las huellas dejadas por el traslado desde este lugar al cauce
donde fue abandonada y los rastros de vegetación y suelo en las orugas de
23
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
desplazamiento, se asumen labores previas a la llegada al sitio y su abandono
intempestivo.
En el sitio se constataron afectaciones a los recursos naturales consistentes en la
captación del recurso hídrico sin concesión, alteración del suelo y subsuelo por
socavación mecánica, la alteración topográfica debido a la extracción en distintas
profundidades, pérdida de elementos bióticos o abióticos de regulación, eliminación
de la cobertura vegetal, afectación a la ronda hídrica por la excavación, disposición
inadecuada del material excavado y modificación negativa del paisaje;
circunstancias indicativas de que lo observado se trataba de un frente de
explotación minera activo.
Por otro lado, se trae a colación el testimonio del señor Numar Parra Villanueva (CD.
fl.679 C.4 Minuto: 00:00-58:58), quien fungía como administrador de la máquina
excavadora y era el exesposo de la demandante, con quien seguía manteniendo
relaciones económicas, razones que no conllevan a negar totalmente su mérito
probatorio, sino a efectuar una valoración probatoria más rigurosa13.
Indicó que para el momento de alquilar la máquina no pudo desplazarse hasta el
lugar donde se iban a adelantar los trabajos debido a que se encontraba privado de
la libertad, por ello solicitó al señor César que fuera a Bogotá para mostrarle la
documentación, quien le mostró un permiso de la alcaldía para hacer una
recuperación de terrenos en una finca donde habían explotado oro, allí envió a un
operario y un hermano para hacer las verificaciones correspondientes, luego de
esto, alquiló la excavadora porque consideró que todo era legal.
Señaló que la máquina se alquiló en septiembre de 2013, trabajó en octubre
realizando la recuperación del terreno y a mediados de diciembre presentó
problemas mecánicos en la bomba hidráulica y en el banco de válvulas, sin poder
trabajar en los meses de diciembre y enero, por lo que decidieron ubicarla debajo
de unos árboles para que los mecánicos pudieran trabajar. Destacó que para el
momento en que fue quemada, la máquina no estaba funcionando porque estaba
varada. Asimismo, informó sobre un evento anterior en donde había alquilado una
máquina y había sucedido lo mismo, por ello estaba prevenido:
A mí me habían detenido una máquina también que había alquilado en Chaparral,
me la tiene CORTOLIMA, incluso ni me la han entregado tampoco, entonces yo
estaba prevenido sobre el problema de alquilar maquinaria porque sabía que la
minería ilegal era un delito, siempre me cubría en ese sentido, incluso cuando la
Policía hizo el operativo, yo siempre fui al comando de Policía de Chaparral a
preguntar que si la máquina estaba trabajando allá, y el Comandante de la Policía
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de abril de 2023, radicación No. 85001-23-33-000-2015-00330-01 (60187), C.P.
María Adriana Marín.
24
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
de Chaparral era conocedor que la máquina estaba trabajando allá, por eso yo la
alquilé, decían que era para una recuperación de terreno, y como me mostraron
unos papeles que había dado la alcaldía de un permiso, pues yo me confié que
no iba a pasar nada, que era legal lo que estaba haciendo la máquina, y en
realidad sí, la máquina sí estuvo haciendo recuperación de todo el terreno y están
las fotos donde se recuperó mucho terreno, la mayoría del terreno, varias
hectáreas, a medida que la máquina iba avanzando ahí se ve que recuperó todo
el terreno que estaba, la máquina sí hizo el trabajo en el tiempo que estuvo antes
de estar varada.
Sostuvo que a pesar de que la máquina contaba con el logotipo y los teléfonos de
la empresa nadie lo llamó para informarle lo que estaba sucediendo con la máquina
o que estuviera realizando algo ilícito, el operador de la máquina fue quien le informó
sobre su destrucción. Luego se dirigió a Ibagué y solicitó un permiso al Coronel
Peña Nieto, quien los autorizó a retirar la máquina, para lo cual tuvo que llevar una
retroexcavadora y pagar una cama baja con el fin de trasladar el vehículo al
municipio de Cota. Afirmó que recibía informes periódicos por parte del operador
sobre las horas que trabajaba la máquina y le enviaban fotos cada 8 días de lo que
estaba realizando la máquina en el terreno, pero que no tenía los soportes de estas
fotografías.
A juicio de la Sala, este testimonio no cuenta con el mérito probatorio suficiente para
considerar cierta esta versión de los hechos, en tanto no se aportó la documentación
que dice haber revisado previamente al alquiler de la maquinaria. Se reitera que los
únicos documentos sobre este tema datan del año 2012, se refieren a la finca
Mesetas de la vereda Yaguara y el solicitante era el señor Luis Fernando Betancur
Giraldo, mientras que el contrato de arrendamiento fue celebrado en septiembre de
2013 con el señor César Augusto Méndez y la máquina fue finalmente encontrada
en enero de 2014 en un predio distinto denominado Seborucos.
Tampoco se observa el permiso de la alcaldía para la recuperación de terrenos que
dice haber recibido de parte del arrendatario César Augusto Méndez, pues lo único
que obra en el expediente es la constancia del secretario de desarrollo rural del
municipio de chaparral del 7 de diciembre de 2012 en el que informa que para esa
fecha en la finca La Meseta se estaban realizando labores de recuperación de áreas
afectadas por minería ilegal y que se tenía conocimiento del ingreso de una
retroexcavadora; este no podría ser extensible a la situación de la demandante, en
atención a la fecha de la certificación, la diferencia de los predios y la falta de
referencia a Ana Rocío Buitrago Mora, Numar Parra Villanueva o César Augusto
Méndez.
Ahora bien, lo manifestado por el testigo Parra Villanueva, en el sentido que el
comandante de Policía del municipio de Chaparral tenía conocimiento acerca de los
trabajos desarrollados quedó desprovisto de alguna prueba que permita confirmar
25
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
este hecho, pues en el proceso no se decretó su testimonio y tampoco se cuenta
con algún documento que así lo certifique.
Lo señalado por el testigo respecto a que la máquina estaba fuera de
funcionamiento o varada para el momento en que se realizó el operativo se
contrapone con los testimonios del Teniente Coronel Néstor Giovanni Peña Leyton,
el jefe de patrulla José Ángel Galvis Badillo y el informe presentado por
CORTOLIMA, medios probatorios demostrativos de que el equipo encargado del
operativo observó la excavadora en funcionamiento y que cuando el operario
advirtió la presencia de los policiales, trasladó la máquina a otro lugar.
Adicionalmente, se constató que las huellas dejadas por la oruga eran recientes, el
vehículo contaba con baterías y combustible, es más, el testigo José Ángel Galvis
Badillo indicó que cuando se acercaron el motor todavía estaba caliente.
Tampoco es cierto que el señor Numar Parra Villanueva no hubiera recibido alguna
llamada previa a la destrucción de la maquinaria, puesto que el testigo José Ángel
Galvis Badillo informó que sí llamaron y esperaron en el sitio por dos días con el fin
de que apareciera el propietario. Asimismo, en el informe de CORTOLIMA se dejó
consignado expresamente: “10. En el brazo de la retroexcavadora se observa un
letrero que relaciona a SERCIAGRO N.P.V. y aunque se intenta comunicación a los
números 3103179615 y 3114619286 que aparecen no se obtiene respuesta”.
No es un detalle menor que en su testimonio el señor Parra Villanueva hubiera
manifestado que recibía informes periódicos de su operador y que fue este quien le
informó sobre la destrucción de la máquina, mientras que del testimonio de José
Ángel Galvis Badillo y del informe de CORTOLIMA se desprende que se observó
cuando el operario de la máquina huyó del lugar, situación que deja serias dudas
sobre la ausencia de conocimiento por parte del testigo sobre el operativo
adelantado y su imposibilidad para justificarse, pues al encontrarse en el sitio, el
operario podía dar las explicaciones correspondientes acerca de las labores que
estaba adelantando con la excavadora.
En definitiva, la parte demandante no logró demostrar que, para enero de 2014, la
máquina excavadora de posesión de la señora Ana Rocío Buitrago Mora se
encontrara adelantando trabajos de readecuación de tierras en el predio Seborucos,
vereda Yaguara, municipio de Chaparral, ya que los medios probatorios aducidos
para tal fin se refieren a circunstancias fácticas diferentes al objeto del presente
litigio, cuentan con falencias para otorgarle credibilidad y no son coincidentes con
las demás pruebas del proceso.
26
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Por el contrario, los testimonios del Teniente Coronel Néstor Giovanni Peña Leyton
y el jefe de patrulla José Ángel Galvis Badillo fueron consistentes en señalar que,
según su experiencia adquirida en operativos anteriores, lo observado en el terreno
se trataba de un frente minero activo y no de una readecuación de tierras para
cultivo.
Primordialmente debe tomarse en consideración lo conceptuado en el informe de
CORTOLIMA, el cual merece credibilidad por cuanto es la máxima autoridad
ambiental en el departamento, que detenta dentro de sus funciones la evaluación,
control y seguimiento de las actividades de explotación de los recursos naturales no
renovables e imponer las sanciones en caso de violación a las normas de protección
ambiental.14
Documento en el que se concluyó la existencia de un frente minero aurífero a cielo
abierto con la utilización de una excavadora para remover y apilar la matriz del suelo
y una manguera que venía desde un campamento para montaje de motobomba con
la finalidad de remover y lavar el subsuelo expuesto, elementos con los que se había
afectado los recursos naturales, concretamente al evidenciarse la socavación
mecánica del suelo y subsuelo, la alteración topográfica a causa de la extracción en
diferentes profundidades y la eliminación de la capa vegetal, entre otros, sin hacer
referencia a circunstancia alguna indicativa de que lo evidenciado fuera una labor
de readecuación de tierras para cultivo.
La parte demandante alegó que esta conclusión era errónea porque en el lugar no
se encontraron los elementos necesarios para efectuar una explotación aurífera,
como motobomba, agua para lavar, zaranda, clasificadora de materiales y como
mínimo dos retroexcavadoras; sin embargo, en el presente proceso no se estableció
la imprescindibilidad de estos elementos para extraer el mineral aurífero y, de todas
maneras, sí se encontró en el lugar una excavadora, un campamento para
motobomba y unas mangueras que iban hasta una fuente hídrica, lo que de acuerdo
con el informe de CORTOLIMA, previamente mencionado, serviría para lavar el
subsuelo expuesto con la máquina.
El trabajo académico denominado “propuesta metodológica para la implementación
de un plan de manejo ambiental de explotación aurífera de pequeña minería,
asociada con minería artesanal en la microcuenca Linday, vereda Yaguara,
municipio de Chaparral, departamento del Tolima”, elaborado por estudiantes de la
especialización en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental de la
Universidad del Tolima (fls.7-205 C.1 y 206-230 C.2), tampoco aporta información
14
Numerales 11 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
27
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
relevante para concluir que las actividades desarrolladas en el predio Seborucos en
el año 2014 correspondían a trabajos de readecuación de terrenos y no a minería
ilegal.
Por último, no podrán valorarse las fotos y videos aportados por la parte
demandante con los alegatos de conclusión de primera y segunda instancia,
descargados de internet de frentes mineros activos en zonas del país; ya que, al
margen de su pertinencia y utilidad para el presente caso, fueron allegados por fuera
de las oportunidades probatorias previstas en el artículo 212 del CPACA.
Bajo ese panorama probatorio, debe concluirse que las actuaciones desplegadas
por las entidades involucradas en el operativo contra la minería ilegal desarrollado
desde el 22 de enero de 2014 en el municipio de Chaparral no pueden calificarse
como una falla del servicio, en la medida en que no se observa una vulneración o
desconocimiento del contenido obligacional a cargo del Estado.
En efecto, frente a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional se colige que
su actuación se ajustó al marco normativo aplicable, en especial, a la Decisión No.
774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones y al artículo 106
de la Ley 1450 de 2011, reglamentadas mediante el Decreto 2235 de 2012, debido
a que los miembros de la Policía Nacional previamente verificaron, a través de la
Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional del Tolima, si en
el sitio donde encontraron la excavadora de posesión de la demandante existía título
minero inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental; ante la
respuesta negativa de las entidades mencionadas, la consecuencia normativa era
ejecutar la destrucción de la maquinaria, sin dejar de lado que antes de tal medida,
se intentó retirarla del lugar, siendo infructuoso debido a la falta de una pieza que
no permitía su movilización.
Ahora bien, en el proceso se aportó la modificación al anexo 2 de la directiva
operativa permanente No. 009/DIPON-DICAR del 020513/parámetros de actuación
policial para el despliegue de la estrategia de intervención integral contra la
explotación ilícita de yacimiento minero (CD Fl. 372), con el cual se fijaron unos
criterios para proceder con la destrucción de maquinaria prevista en el Decreto 2235
de 2012. La Policía Nacional debía tomar en cuenta alguno o varios de estos
criterios, dentro de los cuales se encontraba:
1.Si existen antecedentes judiciales por la comisión de delitos circunscritos a la
explotación y explotación ilícita de minerales, delitos contra el medio ambiente y
conexos y delitos contra el orden político, además de extorción, secuestro,
narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, financiación de grupos ilegales y
grupos delincuenciales organizada o si la Fiscalía General adelanta procesos en
curso por las mismas conductas en contra de la persona bajo cuya responsabilidad
28
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
se encuentra la maquinaria que está siendo utilizada sin título minero y/o licencia
ambiental.
Sobre este aspecto, en el plenario obra respuesta oficio No. 6416 del 27 de febrero
de 2015 emitido por técnico de identificación y registro SIJIN-METIB (fls.429-430
C.3), quien informó que el señor Cesar Augusto Méndez, arrendatario de la
máquina destruida y por ende su responsable, registraba la siguiente anotación:
Juzgado Promiscuo Municipal, número 0 de ataco en oficio 009 del 26 de mayo
del 2012, comunica medida de aseguramiento, estado penal Ponal, privativa de
la libertad en lugar de residencia-misma ver Rad. 475118 /07/08/2013. Proceso
O sumario 2012-80038 de 25-may-2012 Por: Contaminación ambiental Art. 247
C.P.
De manera que se verificaría uno de los criterios para proceder con la
destrucción de la maquinaria en los términos del Decreto 2235 de 2012, por
cuanto se constató que la Fiscalía General de la Nación estaba adelantando un
proceso penal por un delito contra el medio ambiente en contra del responsable
de la maquinaria, esto es, el arrendatario Cesar Augusto Méndez.
Esta verificación no sería exigible respecto de la demandante Ana Rocío Buitrago
Mora o del señor Numar Parra Villanueva, se recuerda que el operador de la
máquina, quien mantenía contacto telefónico con este último, huyó del lugar ante
la presencia de los policiales. Igualmente, los funcionarios intentaron llamar a los
números telefónicos consignados en la excavadora correspondientes al de la
empresa de estas dos personas, sin recibir respuesta alguna. Así mismo, los
miembros de la Policía Nacional esperaron en el lugar dos días, pero el
propietario del automotor no se presentó.
En esa medida, los agentes de policía sí intentaron la identificación de los
propietarios de la máquina destruida, pero debido a las circunstancias aludidas,
ello no fue posible, de manera que les era imposible verificar respecto de estas
personas alguno de los criterios establecidos en el anexo 2 de la directiva
operativa permanente No. 009/DIPON-DICAR del 020513.
Por otro lado, frente al municipio de Chaparral debe precisarse que no participó
directamente en el operativo en contra de la minería ilegal y el hecho de haber
expedido una certificación en donde se informa la presencia de una máquina
excavadora en nada compromete su responsabilidad, pues como se explicó, este
documento hacía referencia a un momento y predio diferente en el que finalmente
se desarrolló el operativo objeto de litigio.
29
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Tampoco se evidencia una falla del servicio por parte de la Agencia Nacional de
Minería, entidad que se limitó a verificar, según lo solicitado por los miembros de la
Policía Nacional, que en el predio donde encontraron la excavadora no existía título
minero inscrito en el Registro Nacional Minero, aspecto que no fue controvertido con
algún medio de prueba.
Por último, en lo relacionado con las actuaciones de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima debe concluirse que no se tradujeron en una falla del servicio,
al constatar técnicamente que en el predio donde encontraron la máquina pesada
existía un frente minero aurífero a cielo abierto que estaba generando una serie de
afectaciones al medio ambiente, conclusión que no puede ser descartada ante la
falta de pruebas que indiquen lo contrario.
En oportunidades anteriores15, esta Subsección había estudiado casos de
contornos fácticos similares al presente, arribando a la misma conclusión, esto es,
la ausencia de falla del servicio y la imposibilidad de calificar el daño como
antijurídico:
En ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2235
de 2012, la Policía Nacional tenía el deber de destruir la maquinaria encontrada
en el lugar, de ese modo, la actuación que ocasionó el daño consistió en una
acción lícita de la autoridad, dado que el demandante debía contar con licencia
ambiental y título minero para poder utilizar maquinaria pesada en actividades
mineras, pues la legislación comunitaria y la colombiana obligan a las
autoridades a destruir tales bienes en caso de ser utilizados sin los permisos y
licencias respectivos.
Como consecuencia, la Sala concluye que, si bien se probó la configuración del
daño - destrucción de la maquinaria de posesión del actor-, no se acreditó que
fuera antijurídico, porque la actuación de los agentes de policía se ajustó a las
normas vigentes para la época de los hechos y a un deber legal consagrado en
el artículo 2 del Decreto 2235 de 2012, que imponía la destrucción de la
maquinaria utilizada para actividades mineras ilegales, de ese modo, el
demandante debía soportar la actuación que le ocasionó el daño alegado.
En conclusión, se considera que la destrucción de la maquinaria se encuentra
ajustada a derecho, de ahí que el daño padecido no es antijurídico y el
demandante se encontraba en el deber jurídico de soportar la incineración de
las máquinas por haber sido utilizadas en actividades mineras sin los requisitos
de ley.16
Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima en el sentido de negar las pretensiones de la
demanda, pero no por la falta de legitimación en la causa por activa, sino porque no
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de noviembre de 2020, radicación 25000-23-36-000-2015-01594-02(58954);
sentencia del 20 de noviembre de 2020, radicación No. 05001-23-33-000-2017-02494-01(63360);
sentencia del 17 de octubre de 2023, radicación No. 27001233300020170000600 (70148), todas con
ponencia de la Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de diciembre de 2020, radicación No. 19001-23-33-003-2016-00282 01(63007), C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
30
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
se configuró la falla del servicio que permita imputar el daño a las entidades
demandadas.
5. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia debe disponerse
sobre la imposición de costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto
procesal civil. Como la condena obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta
la conducta subjetiva de las partes, sino los condicionamientos expresamente
consagrados.
En atención a lo regulado por el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se condenará
en costas a la parte demandante, a quien se le resolvió desfavorablemente el
recurso de apelación. Las costas deberán ser canceladas en favor del Ministerio de
Defensa-Policía Nacional, Agencia Nacional de Minería y Cortolima, entidades que
actuaron procesalmente en la segunda instancia. En cuanto a su liquidación se hará
de manera concentrada por el a quo, según lo previsto por el artículo 366 del
estatuto procesal general.
Respecto a las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, en
aplicación del acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente
para la fecha de presentación de la demanda17, se fijan como agencias en derecho
el 1% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia18, porcentaje
equivalente a cinco millones quinientos noventa y tres mil seiscientos cincuenta y
cuatro pesos con ochenta y cuatro centavos ($5.593.654,84), que deberá ser
cancelado por la parte demandante en favor del Ministerio de Defensa-Policía
Nacional, Agencia Nacional de Minería y Cortolima, en proporciones iguales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima el 11 de julio de 2019, debido a que la demandante sí estaba legitimada en
la causa por activa al ser la poseedora de la máquina excavadora destruida.
17
14 de octubre de 2015.
18
559’365.484.
31
Radicación:73001233300020150060001 (64634)
Demandante: Ana Rocío Buitrago Mora
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda en vista de que no se
comprobó que el daño resultara imputable a las entidades demandadas.
TERCERO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas por el a quo, según lo previsto por el artículo 366 del
estatuto procesal general. Fijar como agencias en derecho la suma de cinco
millones quinientos noventa y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos con
ochenta y cuatro centavos ($5.593.654,84), que deberán ser asumidas por la
accionante y en favor del Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Agencia Nacional
de Minería y Cortolima, en proporciones iguales.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER
el expediente a su Tribunal de origen.
Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
32
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.