RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2014-00488-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2014-00488-01

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2014-00488-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en precedencia y en su lugar se dispone: SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Luis Alex Zora Granja, Weiner Zora Granja, Maribel Zora Sinisterra, Nikol Zora Granja, José Luilly Zora Granja, Norelly Zora Granja, Kener Góngora Perea, Marinela Góngora Perea, Tania Oritza Góngora Perea, Dairon Yesid García Saa, Fredy Núñez García y Jhon Eduar García Saa, Flor María Granja Banguera, Gertrudis Perea Minota y Daira Banguera García. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. 76 Fl. 102 a 104, C.1. 37 Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022) Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros CUARTO: SIN COSTAS. QUINTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-33-000-2014-00488-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

17 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: JOSÉ ALDEMAR ZORA SINISTERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL

Tema: Régimen de responsabilidad por daños causados por la
actividad de fumigación área. Aspersión con herbicida
glifosato. Actividad peligrosa. Régimen objetivo de riesgo
excepcional. Se probó el daño antijurídico. No se probó el
nexo causal. Revoca sentencia que accedió a pretensiones de
la demanda.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 4 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 11 de julio de 2012, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó
aspersión con glifosato en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio
de Timbiquí, Cauca. Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional es patrimonialmente responsable por la fumigación de
sus cultivos de cacao, plátano, chontaduro, limón, papa china, guamo, caña y
guayabo, pues alegan que debido a la fumigación aérea con el herbicida las
referidas plantaciones fueron destruidas.

2

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 19 de septiembre de 20141, José Arbey Zora Sinisterra, en nombre propio y en
representación de Luis Alex Zora Granja y Weiner Zora Granja; Leona Sinisterra
Banguera, en nombre propio y en representación de Maribel Zora Sinisterra; José
Aldemar Zora Sinisterra y Flor María Granja Banguera, en nombre propio y en
representación de Nikol Zora Granja, José Luilly Zora Granja y Norelly Zora
Granja; Arnulfo Góngora y Gertrudis Perea Minota, en nombre propio y en
representación de Kener Góngora Perea, Marinela Góngora Perea y Tania Oritza
Góngora Perea; Adalgiza García Saa, en nombre propio y en representación de
Dairon Yesid García Saa, Daira Banguera García y Fredy Núñez García; y Jhon
Eduar García Saa, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de
reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, para que se le declarara patrimonialmente
responsable por la destrucción de sus cultivos en zona rural del municipio de
Timbiquí, con ocasión de la aspersión aérea con glifosato realizada el 11 de julio
de 2012.

Como pretensiones comunes de su demanda los actores solicitaron, por concepto
de perjuicios morales, el equivalente a 100 SMLMV para cada uno de ellos; a
título de “afectación grave a las condiciones de existencia, daño a la vida de
relación o perjuicios constitucionales”, la suma de 100 SMLMV para cada uno; y
por “perjuicios innatura”, los que se estimen, de conformidad con el estudio que
realice la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CAR.

Adicionalmente, los actores solicitaron lo siguiente: (i) El grupo familiar de Leona
Sinisterra Banguera: como indemnización del daño emergente, la suma de
$16’889.320 y por lucro cesante, la cantidad de $161’400.000. (ii) El grupo familiar
de José Arbey Zora Sinisterra: a título de daño emergente, la suma de
$23’478.000 y por lucro cesante, $484’200.000. (iii) El grupo familiar de José

1 Fl. 99, C.2.

3

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Aldemar Zora Sinisterra: por daño emergente, la suma de $34’525.280 y por lucro
cesante, $322’800.000. (iv) El grupo familiar de Arnulfo Góngora: por daño
emergente, $42’674.000 y por lucro cesante, $645.600.000. (v) El grupo familiar
de Adalgiza García Saa: por daño emergente, la suma de $28’190.000 y por lucro
cesante, la cantidad de $322’800.000.

En apoyo de sus pretensiones la parte demandante afirma que son comuneros,
miembros del Consejo Comunitario Negros en Acción ubicado en la cuenca del río
Bubuey, en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí,
Cauca, creado mediante Resolución No. 002203 del 3 de diciembre de 2002 por
el Incoder, el cual constituye un territorio de título colectivo, cuyos miembros son
afrodescendientes que residen en él y lo usufructúan.

Señala que en dicho territorio Arnulfo Góngora sembró 1.800 árboles de cacao,
215 de plátano, 800 de papa china y 20 palmas de chontaduro. Leona Sinisterra
Banguera sembró 412 árboles de cacao, 150 de plátano, 25 palmas de
chontaduro y 15 árboles de limón. José Arbey Zora Sinisterra sembró 800 árboles
de cacao, 150 de plátano y 10 de limón. José Aldemar Zora Sinisterra sembró
1.223 árboles de cacao, 150 de plátano, 1.110 de papa china, 12 palmas de
chontaduro, 7 de guamo, 12 de caña, 62 árboles de guayaba y 29 de limón. Y
Adalgiza García Saa sembró 1.200 árboles de cacao, 280 de plátano y 50 de
caña. Aunado a lo anterior, precisa que en el territorio no existían cultivos ilícitos.

Sostiene que el 11 de julio de 2012, en dicha zona rural de Timbiquí, sus
policultivos fueron fumigados con glifosato por parte de la Dirección Antinarcóticos
de la Policía Nacional, por aspersión aérea.

Manifiesta que el 2 de agosto de 2012 presentaron quejas ante el municipio de
Timbiquí, por la fumigación y destrucción de sus cultivos, las cuales fueron
remitidas a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Señala que el 9 de abril de 2013 esa entidad respondió que realizó una visita a la
zona y que encontró cultivos de coca.

4

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Asegura que la Policía Nacional no visitó el predio, pero sí el Defensor del Pueblo
Regional Cauca, el Gerente Seccional del Banco Agrario, el Director de la Umata
de Timbiquí y el representante legal de la Asociación para el Avance y Desarrollo
de los Consejos Comunitarios de Timbiquí Consejo Mayor Palenque El Castigo,
quienes dieron fe de que en el terreno solo había sembrados cultivos de cacao y
otros lícitos y que estos habían sido destruidos por la fumigación con glifosato.

Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional es patrimonialmente responsable por la fumigación de sus cultivos de
cacao, plátano, chontaduro, limón, papa china, guamo, caña y guayabo, pues
alegan que debido a la fumigación aérea con el herbicida las referidas
plantaciones fueron destruidas.

Textualmente señalan en la demanda que sus esfuerzos “fueron gravemente
vulnerados por otra entidad del Estado como es la Policía Nacional, al quemar sus
cultivos sin ninguna justificación, toda vez que el defensor del pueblo fue testigo
del hecho dañino visitando ocho días después los cultivos y da fe de que en
ningún momento había sembrados de hoja de coca en ellos, sino que había
sembrados árboles de cacao y otros cultivos lícitos en la zona fumigada”.

2. Contestación

El 2° de diciembre de 20142 el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la
demanda3 y ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Policía Nacional4 señaló que los demandantes no se encontraban
plenamente identificados como miembros del territorio colectivo del Consejo
Comunitario Negros en Acción, ni eran propietarios ni poseedores de los
supuestos predios afectados con la aspersión. Indicó que por esta razón los

2 Fl. 102 a 104, C.2.
3 En la misma providencia, el a quo accedió a la solicitud de amparo de pobreza presentada por los

demandantes.
4 Fl. 105 a 140, C.2.

5

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

actores carecían de legitimación en la causa por activa. Sostuvo que los
demandantes tampoco demostraron la compra de las semillas ni la siembra de los
árboles que habrían perdido por la fumigación, ni inventario o registro alguno de su
existencia en el predio. Aseguró que el comité de verificación de quejas de la
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó visita al predio y verificó que
existían cultivos ilícitos.

3. Audiencia inicial

El 8 de febrero de 20175, el Tribunal Administrativo del Cauca celebró la audiencia
inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones
previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente al objeto del litigio, señaló que estaba orientado determinar: “si hay lugar a
declarar la responsabilidad extracontractual de la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional, por la fumigación realizada el 11 de julio de 2012, en terrenos de
la vereda la Trinidad, sobre el no Bubuey, en el municipio de Timbiquí, Cauca; y
consecuentemente, si hay lugar a condenar a dicha entidad al pago de los
perjuicios reclamados en la demanda”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 24 de marzo de 20176, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante7 y la Policía Nacional8 reiteraron los argumentos
expuestos en la demanda y en la contestación, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5 Fl. 150 a 158, C.3.
6 Fl. 169 a 173, C.3.
7 Fl. 219 a 221, C.3 y fl. 2 a 12, C.4.
8 Fl. 13 a 35, C.4.

6

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de octubre de 20189 el Tribunal Administrativo del Cauca
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda10, al constatar que los
demandantes se encontraban legitimados para actuar, pues los lotes en donde
sembraron sus cultivos les habían sido asignados para usufructo por parte del
Consejo Comunitario Negros en Acción, y demostraron que para el día de los
hechos cultivaban cacao, plátano, chontaduro, limón, papa china, guamo, caña y
guayabo. Asimismo, porque se probó que dichos cultivos fueron destruidos el 11
de julio de 2012, cuando la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó
la aspersión aérea al lugar con glifosato, en la cual no existía rastro de cultivos
ilícitos.

Al efecto el a quo manifestó lo siguiente: “la Sala considera que el daño antijuridico
consistente en la destrucción de unos cultivos lícitos el 11 de julio de 2012, en
terrenos del Consejo Comunitario Negros en Acción es imputable a la Nación -
Ministerio de Defensa - Policía Nacional bajo el título de imputación del riesgo
excepcional. En este sentido, se acreditaron los siguientes extremos que
configuran el título de imputación: i) la existencia de una actividad legítima y lícita
de la Administración consistente en la aspersión aérea de glifosato llevada a cabo
el día 11 de julio de 2012, la cual comporta una fuente de alto riesgo para los
bienes patrimoniales y extrapatrimoniales de las personas que no están obligadas
a soportarlos; ii) el ejercicio legítimo de una actividad peligrosa -aspersión aérea
de herbicida-, causó un perjuicio a los demandantes, particularmente sobre los
cultivos lícitos; iii) el nexo de causalidad entre la actividad legítima de la
administración y los efectos de la lesión ambiental concretada en un daño
antijurídico padecido por el demandante e imputable a la entidad demandada”.

En la parte resolutiva el Tribunal condenó a la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional a pagar: a) por concepto de perjuicios morales: 20 SMLMV a
favor de cada una de las siguientes personas: Leona Sinisterra, José Arbey Zora

9 Fl. 3 a 20, cuaderno del Consejo de Estado.
10 En los términos indicados en la nota al pie No. 1 de esta providencia.

7

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Sinisterra, José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa;
b) por concepto de daño emergente: para Leona Sinisterra la suma de
$10'889.320, para José Arbey Zora la suma de $ 17'478.000, para José Aldemar
Zora la suma de $28'525.280 y para Arnulfo Góngora la suma de $33'674.000,
para Adalgiza Saa la suma de $21'190.000; c) por concepto de lucro cesante:
condenó en abstracto a favor de Leona Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra,
José Aldemar-.Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa, trámite
que se deberá surtir en los términos del artículo 193 de la Ley 1437 de 2011; y d)
por concepto de afectaciones a bienes y derechos protegidos constitucionalmente:
20 SMLMV a favor de Leona Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar
Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa.

6. Recursos de Apelación

Los días 17 y el 25 de octubre de 201811 las partes interpusieron recursos de
apelación, los cuales fueron concedidos el 15 de noviembre de 2018, cuando se
declaró fallida la audiencia de conciliación judicial12, y admitidos por esta
Corporación el 21 de febrero de 201913.

6.1. La parte accionante14 manifestó su inconformidad con la sentencia, dado que
solo reconoció indemnización por perjuicios morales a los afectados directos,
cuando ésta se extendió a todos sus familiares, también demandantes, como se
desprendía de las pruebas testimoniales y por tratarse de una comunidad con una
forma de vida colectiva. Reprochó que el a quo reconoció el lucro cesante
condicionado a que los demandantes volvieran a sembrar y hasta la fecha
probable en que el cacao diera sus frutos, cuando debió ser por todo el tiempo de
vida productiva del cultivo, según la certificación de la Federación Nacional de
Cacaoteros.

11 Fl. 25 a 44, cuaderno del Consejo de Estado.
12 Fl. 51 a 53, cuaderno del Consejo de Estado.
13 Fl. 58 y 59, cuaderno del Consejo de Estado.
14 Fl. 25 a 33, cuaderno del Consejo de Estado.

8

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

6.2. La entidad demandada15 se opuso a la decisión con fundamento en que no
resultaba aplicable el título de imputación de riesgo excepcional, pues los
demandantes realizaban una actividad ilegal, dado que tenían sembrados cultivos
ilícitos mezclados con cultivos lícitos. Igualmente, cuestionó si los accionantes
“realmente” tenían sembrados cultivos legales. Señaló que no se probaron los
daños sufridos, como tampoco la acción u omisión de la entidad que produjera
dichas afectaciones. Concluyó que, al no haberse demostrado la responsabilidad
de la demandada, no había lugar a ninguna de las indemnizaciones reconocidas.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 9 de mayo de 201916 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La Policía Nacional17 reiteró los argumentos expuestos en la primera
instancia.

7.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia del 4 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, puesto que la cuantía18 supera la exigida de 500
SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación
directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 152 numeral 6 y 157 inciso 2 de la Ley 1437 de 2011.

15 Fl. 34 a 44, cuaderno del Consejo de Estado.
16 Fl. 65, cuaderno del Consejo de Estado.
17 Fl. 68 a 90, cuaderno del Consejo de Estado.
18 La cuantía excede de los 500 SMLMV (lo cual equivale a $308.000.000, pues el SMLMV para el

año 2014 era de $616.000) que se exige para que un proceso tenga vocación de doble instancia, y
la pretensión mayor es de $645’600.000 por perjuicios materiales.

9

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a acciones de la
Nación -Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

3. Vigencia del medio de control de reparación directa

Aunque en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo; resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno
por cuanto se trata de un presupuesto procesal19.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador,

19 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.

10

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

apuntando a la protección del interés general20, estableció unos plazos para poder
ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos
resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y
de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado
la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción21, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten

20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho
reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y
la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

11

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure22 que opera por la falta de actividad
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por
demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – CPACA, vigente para la época de los hechos, determinó que “La
demanda deberá ser presentada: […] so pena de que opere la caducidad: […]
Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro del término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento
del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de
haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”23.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en
tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento del medio de
control, teniendo en cuenta: i) que el hecho causante del daño ocurrió el 11 de
julio de 2012, esto es, la aspersión con glifosato en el corregimiento La Trinidad de
Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca, (hecho probado 7.1.3.); ii) que el 26 de
junio de 201424 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial

22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
23 Con excepción del término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito

de desaparición forzada, que “se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su
defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la
demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que
dieron lugar a la desaparición”.
24 Esto es, faltando 17 días para que venciera el termino previsto en el artículo 164.2.i del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.

12

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

ante el Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 9 de septiembre de ese
mismo año por falta de ánimo conciliatorio entre las partes25; y, iii) que la demanda
se presentó el 19 de septiembre de 201426.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis27.

4.1. En cuanto a los demandantes Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora
Sinisterra, José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa
se comprobó que para la fecha de los hechos eran miembros del Consejo
Comunitario Negros en Acción, territorio colectivo ubicado en el corregimiento La
Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca, el cual les adjudicó lotes
para usufructo en los que tenían cultivos de cacao, entre otros y que fueron
destruidos y/o quemados (hechos probados 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. y 7.1.9.).

En cuanto a los demandantes Luis Alex Zora Granja, Weiner Zora Granja, Maribel
Zora Sinisterra, Nikol Zora Granja, José Luilly Zora Granja, Norelly Zora Granja,
Kener Góngora Perea, Marinela Góngora Perea, Tania Oritza Góngora Perea,
Dairon Yesid García Saa, Fredy Núñez García y Jhon Eduar García Saa, si bien
se encuentran acreditados como miembros del núcleo familiar de José Aldemar
Zora Sinisterra, Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José Arbey Zora
Sinisterra y Adalgiza García Saa, según dan cuenta copias auténticas de sus
correspondientes registros civiles de nacimiento28, se desconoce por qué razón
demandan o qué relación tienen con los cultivos afectados. Incluso, se demostró
25 Fl. 206 a 216, C.1.
26 Fl. 99, C.2. La demanda podía presentarse hasta el 26 de septiembre de 2014.
27 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la
ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el
fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual
sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia
del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
28 Fl. 44, 69, 70, 97, 99 a 102, 126 a 129, 154, 15 y 158 a 160, C.1.

13

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

que, para el 2014, Dairon Yesid García Saa, Fredy Núñez García y Jhon Eduar
García Saa estudiaban en la institución educativa agrícola Justiniano Ocoró de
Timbiquí29, pero esto por sí solo no los legitima para reclamar los daños ocurridos
a las parcelas de sus familiares por los hechos ocurridos el 11 de julio de 2012.

Igualmente, se observa que, si bien los demandantes Leona Sinisterra Banguera,
José Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y
Adalgiza García Saa demostraron formar parte del Consejo Comunitario Negros
en Acción reconocido de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 70 de 199330 (hecho
probado 7.1.1.), sus familiares no acreditaron lo mismo y se desconoce si residían
con ellos en dicho territorio para la época de los hechos ni cómo se habrían visto
afectados. Como consecuencia, se declarará la falta de legitimación en la causa
de todos los mencionados en el párrafo anterior.

En cuanto a las demandantes Flor María Granja Banguera y Gertrudis Perea
Minota, quienes demandaron en calidad de compañeras de José Aldemar Zora
Sinisterra y Arnulfo Góngora, la prueba testimonial no hace referencia alguna a
estas ni se allegó o practicó alguna otra prueba que las acredite en tal calidad o
como terceras damnificadas, pues si bien se allegaron declaraciones extra
procesales31 en las que los antes mencionados manifestaron ante el notario único
de Timbiquí que vivían en unión marital de hecho, tales no fueron ratificadas como
lo prevé el artículo 188 en concordancia con el 222 del Código General del
Proceso, razón por la cual se declarará su falta de legitimación en la causa por
activa.

Frente a la demandante Daira Banguera García, se observa que en el auto
admisorio de la demanda el a quo decidió que no reconocería personería a su
apoderado, dado que acudió al proceso representada por Adalgiza García Saa,

29 Fl. 161 a 163, C.1.
30 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, que tiene por
objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas
rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales
de producción, el derecho a la propiedad colectiva (artículo 1).
31 Fl. 32 y 52, C.2.

14

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

pero según la copia auténtica de su registro civil de nacimiento32 su madre es Luz
Daissy García Saa, de modo que no se comprobó su representación. Ante dicha
decisión la parte actora guardó silencio y tampoco se allegó poder por parte de
dicha demandante; además, no se comprobó su parentesco con alguno de los
demandantes, su calidad de hija de crianza de alguno de ellos o de tercera
damnificada, razón por la cual también se declarará su falta de legitimación en la
causa por activa.

4.2. La Nación se encuentra debidamente representada por la Policía Nacional, en
tanto está probado que el 11 de julio de 2012 dicha entidad realizó operaciones de
aspersión con glifosato en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio
de Timbiquí, Cauca, con la cual, a juicio de los demandantes, habría destruido y/o
quemado los cultivos de Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora Sinisterra,
José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa (hecho
probado 7.1.4.).

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la fumigación con glifosato efectuada por la
Policía Nacional el 11 de julio de 2012 en el corregimiento La Trinidad de Bubuey
del municipio de Timbiquí, Cauca, causó daños a los cultivos de cacao, plátano,
chontaduro, limón, papa china, guamo, caña y guayabo de los demandantes.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el régimen de responsabilidad por
daños causados por la actividad de fumigación área.

32 Fl. 156 y 157, C.1.

15

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199133 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho34, que contraría el orden legal35 o que está desprovista de una
causa que la justifique36, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación
reconocida o protegida37, violando de manera directa el principio alterum non
laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin
repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño
antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que sin embargo ilustra el fenómeno lesivo indemnizable, pero que
resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio,

33 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
35 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
37 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

16

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros38.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Régimen de responsabilidad por daños causados por la actividad de
fumigación área con glifosato

En lo que al derecho de daños corresponde, encontramos que nuestra Carta
Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad para dirimir las
controversias en las que se vea comprometida la responsabilidad extracontractual
del Estado, razón por la que a la jurisprudencia tampoco le corresponde establecer
un único título de imputación que aplique para ciertos casos o aquellos que
guarden similitudes fácticas, toda vez que cada caso sometido a conocimiento de
esta jurisdicción debe examinarse de cara a los hechos y particularidades que
revista la discusión en el caso concreto.

En desarrollo de ese postulado, la Sala Plena de la Sección Tercera 39 de esta
Corporación sostuvo que: “En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo
previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en
la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó
en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción
de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den
sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa
ha dado cabida a diversos ‘títulos de imputación' como una manera práctica de
justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde
una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda
entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, rad.: 21515,

reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, rad.: 23219.

17

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo
título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez
debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de
presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente
los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad
extracontractual del Estado”.

Bajo el anterior contexto, los casos que presenten ciertos rasgos característicos y
que guarden alguna similitud, no siempre se pueden resolver de la misma manera,
pues en cada caso concreto corresponde al juez hacer una valoración jurídica y
ponderación probatoria, para que, con base en dicho análisis integral, se
determine el régimen de responsabilidad extracontractual bajo el cual debe
dirimirse el conflicto sometido a estudio.

Sin perjuicio de lo anterior, no puede desconocerse que el régimen de
responsabilidad subjetivo o de falla en el servicio es el título de imputación que se
aplica por excelencia, toda vez que con base en dicho régimen se analiza el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado y, en consecuencia, se
constituye en la herramienta idónea para desencadenar la obligación
indemnizatoria a cargo de éste40.

Ahora bien, particularmente, sobre los daños ocasionados por la fumigación aérea
con el herbicida glifosato, el Consejo de Estado ha sostenido que su estudio debe
realizarse bajo el régimen objetivo de responsabilidad, en tanto es una actividad
que engendra un riesgo para el ambiente y, por ende, al Estado le asiste un deber
de guarda material sobre este tipo de sustancias que opera41, aspecto que, en
todo caso, no releva de la carga de acreditar el daño y el nexo causal, como
elementos basilares de un juicio de imputación de responsabilidad42 . A propósito,

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de julio de 1993, Rad.: 8163; sentencia

del 10 de marzo del 2011, Rad: 17.738; Subsección A, sentencia del 25 de julio de 2019, Rad:
50315.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014. Rad:

29028.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021. Rad.

52001- 23-33-000-2014-00209-01(AG).

18

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

en sentencia del 20 de febrero de 2014 la Subsección B del Consejo de Estado
manifestó lo siguiente:

“De acuerdo con los anteriores estudios científicos referenciados, tenemos que la
fumigación aérea con glifosato es una actividad que engendra un riesgo para el
ambiente, por lo cual al Estado le asiste un deber de guarda material sobre este tipo
de sustancias que opera, obligación que se origina del poder de instrucción,
dirección y control del cual está investido; en consecuencia, es pertinente analizar
el sub lite a partir del título de imputación del riesgo excepcional, el cual se enmarca
en la responsabilidad objetiva del Estado.

Una vez ha quedado acreditado el daño antijurídico y aclarado el régimen de
responsabilidad del sub lite, en el que la entidad podrá exonerarse únicamente si
acredita una causal eximente de responsabilidad - fuerza mayor, hecho exclusivo y
determinante de un tercero o de la víctima-, es indispensable establecer si el
perjuicio sufrido por el señor Medina es susceptible de ser imputado a la entidad
demandada o, si, por el contrario, debe ser soportado por la víctima”43

En conclusión, en los casos en que el Estado se evidencie un daño con ocasión
del despliegue de operaciones aéreas de aspersión de herbicidas -como lo es el
glifosato-, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha habilitado la posibilidad de
realizar el estudio de responsabilidad a partir del título objetivo de responsabilidad
de riesgo excepcional, por tratarse de una actividad que engendra un riesgo para
el ambiente, y donde solo será posible eximirse de una condena si se prueba que
la afectación ocurrió por una causa extraña –caso fortuito, fuerza mayor, hecho de
un tercero o de la víctima-.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 4 de
octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, la parte demandada sostuvo que
.los demandantes realizaban una actividad ilegal, dado que tenían sembrados
cultivos ilícitos mezclados con cultivos lícitos. Igualmente, cuestionó si los
accionantes “realmente” tenían sembrados cultivos legales. Señaló que no se
probaron los daños sufridos, como tampoco la acción u omisión de la entidad que

43Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 20 de febrero de 2014, Rad. 29.028.

19

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

produjera dichas afectaciones. Por su parte, los accionantes apelaron la
providencia de primera instancia a fin de que se reconociera perjuicios morales a
todos los accionantes, el lucro cesante consolidado y se modificara el período
indemnizable del lucro cesante futuro.

En ese sentido, comoquiera que ambas partes presentaron recurso de apelación
contra la sentencia proferida el 4 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, el asunto se resolverá de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso. Por ello, a continuación, se
analizará sin limitaciones si la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
es patrimonialmente responsable por la destrucción de los cultivos de los
demandantes en zona rural del municipio de Timbiquí, con ocasión de la
aspersión aérea con glifosato realizada el 11 de julio de 2012.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia.

7.1. Hechos probados

7.1.1. Se comprobó que desde el 18 de agosto de 2011, los demandantes Leona
Sinisterra Banguera, José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra,
Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa eran miembros del Consejo Comunitario
Negros en Acción, territorio colectivo ubicado en el corregimiento La Trinidad de
Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca, el cual fue adjudicado por el entonces
Incora a ese Consejo el 3 de diciembre de 2002 y le otorgó la facultad de la
administración, distribución y asignación de las tierras para usufructo a los
miembros de dicha comunidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 70 de
199344, según dan cuenta las certificaciones expedidas por su representante legal

44 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, que tiene por
objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas
rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales
de producción, el derecho a la propiedad colectiva (artículo 1).

20

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

el 18 de agosto de 2011 y el 11 de abril de 2014 y la Resolución No. 2203 del 3 de
diciembre de 2002 del Incora45.

7.1.2. Se constató que el 18 de agosto de 2011, el Consejo Comunitario Negros
en Acción le adjudicó a los demandantes las siguientes porciones de tierra para
usufrutuo así: a Leona Sinisterra Banguera 2 hectáreas, a José Arbey Zora
Sinisterra 3 hectáreas, a José Aldemar Zora Sinisterra 3 hectáreas, a Arnulfo
Góngora 3 hectáreas y a Adalgiza García Saa 3 hectáreas. De ello dan cuenta las
certificaciones expedidas por el secretario del Consejo Comunitario Negros en
Acción el 11 de agosto de 201146.

7.1.3. Se acreditó que para el 11 de julio de 2012, en sus respectivas parcelas, los
demandantes tenían sembrados los siguientes cultivos: i) Leona Sinisterra
Banguera: cacao, plátano, chontaduro y limón; ii) José Arbey Zora Sinisterra:
cacao, plátano y limón; iii) José Aldemar Zora Sinisterra: cacao, plátano, papa
china, chontaduro, guamo, caña, guayabo y limón; iv) Arnulfo Góngora cacao,
plátano, papa china y chontaduro y, v) Adalgiza García Saa: cacao, plátano y
caña. De ello dan cuenta las certificaciones expedidas por el secretario de
desarrollo económico y ambiental de Timbiquí47.

7.1.4. Se demostró que el 11 de julio de 2012 la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional realizó operativo de aspersión aérea con glifosato en el
corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca. De ello
dan cuenta los oficios del 30 de agosto de 2012 suscritos por el oficial de la
compañía antinarcóticos de aspersión aérea, la orden de servicios 006 del 5 de
enero de 2012, el acta de aspersión No. 177 del 11 de julio de 2012 y el Poligrama
de aspersión de la misma fecha48.

7.1.5. Se constató que el 27 de julio de 2012, a través del representante legal del
Consejo Comunitario Negros en Acción, y el 2 de agosto de 2012, a través del

45 Fl. 32, 57, 82, 114, 139,171 a 192, 197 y 198 C.1 y fl. 13, 18, 62, 84 y 89, C.6.
46 Fl. 13, 18, 62, 84 y 89, C.6.
47 Fl. 43, 68, 96, 115 y 153, C.1.
48 Fl. 202, 234, C.2; Fl. 23, 56, 81, 102 a 119, C.3.

21

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

alcalde del municipio de Timbiquí, Cauca, los demandantes Leona Sinisterra
Banguera, José Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo
Góngora y Adalgiza García Saa presentaron quejas por los daños a sus cultivos,
las cuales fueron recibidas por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.
De ello dan cuenta los “formularios de recepción de quejas de presuntos daños en
plantaciones lícitas por la aspersión aérea con el herbicida glifosato” y el escrito
del 27 de julio de 201249 del cual se extrae lo siguiente:

“(…) El día 11 de julio a las 11:10 A.M, aeronaves de la dirección de antinarcóticos
sobrevolaron y fumigaron con herbicida glifosato el territorio Colectivo del Consejo
Comunitario Negros en Acción del Corregimiento de Bubuey, convirtiendo a 24
familias y siento sesenta (160) personas en victimas por los daños causados en sus
plantaciones de Cacao y otros cultivos lícitos destinados para el pan coger.

(…) Por Io anterior demandamos del señor alcalde su concurso para que dentro de
los términos establecidos por ley se surtan los trámites pertinentes ante la dirección
de antinarcóticos o institución que corresponda a fin de que sean reparados los
daños causados a los cultivadores de la comunidad de Bubuey, además el Banco
agrario tome las medidas pertinentes para resolver la situación de los créditos que
no tendríamos como pagarlos”

7.1.6. Se comprobó que el 16 de enero de 2013 la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional decidió de fondo la queja presentada por Leona Sinisterra
Banguera y declaró la no procedencia de la compensación económica, pues
estimó que como la aspersión se realizó a más de 120 metros del lugar de los
cultivos, no pudo causarle daño a sus cultivos. De ello da cuenta la decisión
emitida en la fecha antes señalada50, de la cual se extrae lo siguiente:

“(…) Que mediante Acta No. 016 ARECI - GRUAQ del 16 de diciembre de 2012, se
dejó constancia que con base en el protocolo aprobado para la realización de la
visita de verificación, se procedió a analizar por parte del Comité Técnico
Interinstitucional la ubicación del predio donde presuntamente ocurrieron los hechos,
encontrándose que las operaciones de aspersión se realizaron a una distancia de
951 metros de la coordenada suministrada en la reclamación presentada por la
señora LEONA SINISTERRA BANGUERA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 25.717.168, queja No. 24017 - DIRAN.
Que de acuerdo con las apreciaciones plasmadas por parte del Comité Técnico, en
el Acta Grupo de Quejas No. 059 del 20 de diciembre de 2012 se dejó constancia
que en cumplimiento del protocolo implementado para la visita Especial de
verificación mediante instructivo No 025 □IRAN - ARECI - 70 de fecha 27 de Agosto

49 Fl. 22, 23, 37 a 42, 46, 47, 72, 73, 104, 105, 130 y 131, C.1.
50 Fl. 48 a 50, C.3.

22

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

de 2010, se analizó por parte de los integrantes del Comité Técnico Interinstitucional
la topografía del predio, así como el área del mismo y la distancia de los sitios a
visitar acogiendo los planteamientos señalados en el estudio realizado por el Dr.
Keith R. Solomon, miembro de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso
de Drogas CICAD, en relación con los efectos colaterales que se puedan generar
como consecuencia de la deriva máxima permisible en la aplicación del producto, en
el cual se estableció que no supera los 120 metros; se concluyó que en aquellos
sitios donde la líneas de aspersión se encuentra a una distancia superior a los 120
metros, no se debe efectuar la visita de campo por cuanto no hay nexo de
causalidad entre el daño reportado y las operaciones de aspersión realizadas, por
consiguiente no se pudo ocasionar algún tipo de daño sobre plantaciones legales en
desarrollo de las operaciones de aspersión.

En relación con el fundamento referente al hecho que por la distancia en que se
presentaron las operaciones de aspersión no era posible que se causara un daño,
se debe tener en cuenta que de acuerdo con los parámetros que soportan el
Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos y que se encuentran señalados en la
Resolución No. 1054 de 2003, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, por la cual se modifica el Plan de Manejo Ambiental no es posible que a
esa distancia se cause afectación en cultivos lícitos por consecuencia de las
operaciones de aspersión, toda vez que de acuerdo con la ficha No. 1 del plan en
mención, se ha establecido que la deriva prevista es hasta de 5 metros (…)”

7.1.7. Se comprobó que el 16 de enero de 2013, la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional decidió de fondo la queja presentada por Arnulfo Góngora y
declaró la no procedencia de la compensación económica, dado que la aspersión
se realizó a 588 metros, esto es, como la aspersión se realizó a más de 120
metros del lugar de los cultivos, no pudo causarles daño, con fundamento en las
mismas consideraciones respecto de la queja de Leona Sinisterra Banguera. De
ello da cuenta la decisión emitida en la fecha antes mencionada51.

7.1.8. Se demostró que 9 de abril de 2013, la Dirección Antinarcóticos de la Policía
Nacional decidió de fondo las quejas presentadas por José Arbey Zora Sinisterra,
José Aldemar Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa y declaró la no procedencia
de las compensaciones económicas, con fundamento en que en sus parcelas
había cultivos lícitos mezclados con lotes de coca. De ello dan cuenta las
decisiones emitidas en la fecha antes señalada52, de las cuales se destaca lo
siguiente:

51 Fl. 194 a 196, C.3.
52 Fl. 58 a 60, 83 a 85 y 140 a 142, C.1.

23

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

“(…) Que a través de la visita de verificación realizada el día 13 de febrero de 2013,
al municipio de Timbiquí, departamento de Cauca, como consta en el Acta Visita de
Campo No. 005 ARECI - GRUAQ de fecha 13/02/2013, se informó al Grupo
Atención a Quejas por Aspersión, que en el predio visitado y que se menciona en el
Acta No. 060 del 13 de marzo de 2013, no se encontró implementación de actividad
agrícola licita al interior del Consejo Comunitario “Rio Bubuey”, así mismo se
observaron algunos lotes de coca. Adicionalmente, y con base en los reportes
previos de detección, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI
identificó lotes de coca en periodos anteriores a la aspersión.

Que mediante Acta No. 060 del Grupo Técnico Interinstitucional Especial de
Verificación Quejas de fecha 13 de marzo de 2013, se dejó constancia que respecto
de la queja que fue objeto de visita, se decidió que no procede para compensación
al encontrase que no hay fundamento en la reclamación, toda vez que para la fecha
en que se realice la Visita Técnica Especial de Verificación de Quejas, y como
consta en el registro fotográfico tornado por los funcionarios que intervinieron, no se
encontró implementación de actividad agrícola lícita, así mismo se observaron
algunos lotes de coca. Adicionalmente, y con base en los reportes previos de
detección, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI identificó un
cultivo de coca en periodos anteriores a la aspersión”

De lo anterior, también da cuenta el Acta 005 del 13 de febrero de 2013 53 de la
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en la que se deja constancia de
que el Comité Técnico Interinstitucional conformado por miembros de la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional, la ANLA, el ICA y el Ministerio de Justicia
realizó visitas técnicas de verificación a las parcelas de José Aldemar Zora
Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa, entre otras
personas. Asimismo, el Acta 060 del 13 de marzo de 201354 de la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional sobre los resultados de las visitas técnicas
realizadas por dicho Comité.

7.1.9. Se comprobó que los cultivos de los demandantes fueron destruidos y/o
quemados, de ello dan cuenta las certificaciones -sin fecha- expedidas por el
secretario de desarrollo económico y ambiental de Timbiquí, la certificación del 27
de enero de 2014 del director del banco Agrario, oficina de Timbiquí y el oficio del
22 de agosto de 2014, suscrito por el Defensor del Pueblo Regional Cauca55. De
este último se destaca lo siguiente:

53 Fl. 5 a 9, 120 a 134, C.3.
54 Fl. 10 a 13, 67 a 71 y 92 a 97, C.3.
55 Fl. 43, 68, 96,103, 115, 153 y 203 C1 y fl. 157, C.6.

24

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

“(…) Comedidamente me permito expresarle de manera oficial que el día 22 de Julio
de 2012 en mi calidad de Analista del Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo Regional Cauca y en conjunto con la oficina del Alto
Comisionado para la ONU realizamos misión de verificación al municipio de
Timbiquí respecto de las afectaciones por conflicto armado y de afectaciones de
cultivos lícitos como consecuencia de las fumigaciones por aspersión aérea
realizadas en el sector, el día 11 de julio de 2012. Especialmente realizar un
recorrido en la quebrada "LA PACHA" de la vereda Trinidad del rio y corregimiento
de Bubuey del municipio de Timbiquí donde encontramos extensiones de siembras
de cacao, plátano, papa china, palma de chontaduro, arboles de guama, guayaba y
limón, así como caña y yuca quemadas por la fumigación. (…)”

7.1.10. Se constató que el 22 de julio 2012, el Defensor del Pueblo Regional
Cauca visitó el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí,
Cauca y señaló que en su recorrido solo observó cultivos de cacao, entre otros,
mas no cultivos ilícitos. De ello da cuenta el oficio del 22 de agosto de 2014 56 del
cual se destaca lo siguiente:

“(…). Igualmente quiero expresarle que la comisión de la defensoría del
pueblo y la ONU no encontró evidencia o rastros de cultivos de coca en el
precitado sitio de verificación.”

Lo mismo aseguró el director de la Umata de Timbiquí en el oficio del 23 de julio
de 201457, en los siguientes términos:

“(…) Como ex director de la unidad municipal de asistencia técnica del municipio de
Timbiquí, doy fe que en los terrenos afectados por la fumigación realizada por la
Policía Antinarcótico el día 11 de julio de 2012 no había presencia de cultivos de uso
ilícito; estos terrenos poseían cultivos de cacao producto de un convenio entre el
banco agrario y la alcaldía municipal de Timbiquí. (…)”

7.1.11. Se demostró que los días 17 y 18 de febrero de 2015 el director de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca y su equipo técnico visitaron los
predios de los demandantes, pero consideraron que no era posible determinar que
las afectaciones a los cultivos de los demandantes fueron causadas por glifosato.
De ello da cuenta el oficio del 23 de febrero de 201658, del cual se destaca lo
siguiente:

56 Fl. 203, C.1.
57 Fl. 204, C.1.
58 Fl. 52 a 56, C.4.

25

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

“(…) Al día de hoy pasado más de dos (2) años de la última fumigación, por el
transcurso del tiempo al no tener muestras del suelo antes y después de la
aspersión, determinar la afectación padecida por los predios de los
demandantes, al ser fumigados con glifosato, el herbicida que se utilizó en el
programa de erradicación de cultivos ilícitos, es casi que imposible, teniendo
en cuenta que su permanencia (vida) varía en el suelo de una (1) a cuatro (4)
semanas y en suelos tropicales como el visitado su perduración en el terreno
puede ser menor.

(…). CONCLUSIONES
Por el transcurso del tiempo al no tener muestras del suelo antes y después
de la aspersión, determinar la afectación padecida por los predios de los
demandantes al ser fumigados con glifosato no nos es posible.

Con Io manifestado por la comunidad y lo observado en campo, se evidencia
que los cultivos existentes en la zona para el año 2012 no existen, por Io cual
se observe un bosque en recuperación, exceptuando las pequeñas parcelas
donde se han plantado cultivos de pan coger recientemente”

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico
y ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración59 60.

59 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
60Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de

Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta
resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación

26

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

7.2.1. El daño antijurídico

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho61, que contraría el orden legal62 o que está desprovista de una
causa que la justifique63, resultando que se produce sin derecho al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación
reconocida o protegida64, violando de manera directa el principio alterum non
laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin
repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño
antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que sin embargo ilustra el fenómeno lesivo indemnizable, pero que
resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la merma
patrimonial que sufrieron Leona Sinisterra Banguera, José Aldemar Zora
Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra, Adalgiza García Saa y Arnulfo Góngora, por
la destrucción y/o quema de los cultivos de cacao, plátano, chontaduro, limón,
papa china, guamo, caña y guayabo que tenían en el corregimiento La Trinidad de
Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca.

El daño está debidamente acreditado con las certificaciones -sin fecha- expedidas
por el secretario de desarrollo económico y ambiental de Timbiquí, la certificación

Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa
sobre este particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de
resarcir daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945.
62 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
64 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

27

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

del 27 de enero de 2014 del director del Banco Agrario, oficina de Timbiquí y el
oficio del 22 de agosto de 2014, suscrito por el defensor del pueblo regional Cauca
(hecho probado 7.1.9); y, con los testimonios de Fabio Enrique Cambindo65,
director de la Umata del municipio de Timbiquí para la época de los hechos y Raúl
Arango Saa66, representante legal de la Asociación para el Avance y Desarrollo de
los Consejos Comunitarios de Timbiquí Consejo Mayor Palenque El Castigo,
quienes declararon que los demandantes poseían cultivos de cacao, entre otras
especies, en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí,
Cauca. El primero manifestó que al tercer día de la aspersión aérea con glifosato
visitó los terrenos de Arnulfo Góngora, Adalgiza García Saa y Leona Sinisterra
Banguera y que los cultivos habían sido quemados. El segundo señaló que visitó
los cultivos 6 días después de la operación y que estos fueron “arrasados”.

Dichos testimonios tienen valor probatorio, pues son coherentes en sus
afirmaciones y no se evidencia tergiversación en el relato de lo que visualmente
constataron en las visitas realizadas a los cultivos de los demandantes. Además,
ambos coincidieron en que vieron los cultivos dañados (arrasados y quemados).

65 Fl. 27 a 32, C.5. “(…) La siembra fue de manera individual, a través del convenio Alcaldía
Municipal - Banco Agrario, eran cultivos de cacao, intercalados con plátano y frutales, y fueron
fumigados por la policía antinarcóticos. Es de aclarar que los cultivos de LEONA SINISTERRA y
ARNULFO GONGORA, se realizaron mediante el convenio antes mencionado, y en el caso de los
señores JOSE ARVEY ZORA SINISTERRA, JOSE ALDEMAR ZORA SINISTERRA, y ADALGISA
GARCIA SAA, los cultivos eran personales. (…) Los cultivos de los demandantes, fueron
quemados totalmente con la aspersión del glifosato por la policía de antinarcóticos. (…). Estuve al
tercer día de la fumigación, y apenas visité los terrenos de ARNULFO, ADALGISA y LEONA, los
otros fueron visitados por los miembros del Consejo Comunitario. (…)”
66 Fl. 33 a 38, C.5. “(…). una vez conocidos los hechos del día 11 de julio de 2012, nos trasladamos

hasta el área afectada por la fumigación, para constatar y verificar las afectaciones a los cultivos de
cacao, y otras especies que allí se encontraban, verificada la existencia de la afectación,
procedimos a levantar el inventario en cada uno de los predios de las personas afectadas,
posteriormente coordinamos, el levantamiento de las coordenadas, y el croquis del área con las
respectivas fincas, con esta información, el 27 de julio del mismo año, nos dirigimos al señor
Alcalde Municipal, presentando la respectiva queja, para que fuera elevada a la Policía
Antinarcóticos. (…). Se habían desarrollado cultivos de arroz, plátano y para ese momento cacao,
además de los cultivos de pan coger. (…). Fueron arrasados totalmente por la fumiga. (…).
PREGUNTADO: indíquele al Despacho, a los cuantos días de haberse asperjado con glifosato,
llego usted a los predios que usufructuaban los señores ADALGISA GARCIA SAA, LEONA
SINISTERRA BANGUERA, JOSE ARBEY ZORA SINISTERRA, JOSE ALDEMAR ZORA,
ARNULFO GONGORA y si usted recorrió en su totalidad los predios de cada uno. CONTESTO: A
los seis días, y recorrí los predios en su totalidad. (…)”.

28

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

El daño tiene el carácter de antijurídico porque no hay título jurídico que lo
justifique y recae sobre un bien jurídico protegido por el Estado, como lo es la
propiedad, en este caso, colectiva, y la actividad económica agrícola.

En efecto, el artículo 2 de la Constitución Política67 establece que las autoridades
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; de donde la
vulneración de tales postulados y los daños que sobre ellos se generen resultan
antijurídicos. Además, el artículo 58 de la Carta Política dispone que “se
garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con
la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público
o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones (...)”.

7.2.2. Imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la entidad
demandada, es menester establecer si éste le es atribuible fáctica y jurídicamente.

Pues bien, en cuanto a las quejas formuladas por Leona Sinisterra Banguera y
Arnulfo Góngora, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional negó el
reconocimiento de compensaciones económicas con fundamento en que las
aspersiones pasaron por las parcelas de estos demandantes a más de 120
metros, lo cual no pudo ocasionarles daño (hechos probados 7.1.6. y 7.1.7.).

67 “Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

29

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Al respecto, se destaca que dicha decisión se fundó en las conclusiones del
Comité Técnico Interinstitucional conformado por miembros de la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional, la ANLA, el ICA y el Ministerio de Justicia,
que analizó la topografía del predio, su área y la distancia de los sitios a visitar
acogiendo los planteamientos señalados en diferentes estudios como se indica en
los autos del 16 de enero de 2013 (hechos probados 7.1.6. y 7.1.7.), según los
cuales la aspersión no ocasiona daños colaterales a más de 120 metros de
distancia.

La Sala acoge dicha conclusión porque se basó en el análisis realizado por un
comité conformado por diversas entidades del Estado y no solo por miembros de
la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, sin línea de mando entre ellas ni
jerarquía o interdependencia alguna, lo cual refleja su imparcialidad. Además, no
se allegó al proceso dictamen pericial, concepto técnico o prueba alguna que
contradiga dichas conclusiones.

En adición, de acuerdo con la visita realizada por la Corporación Autónoma
Regional del Cauca CAR los días 17 y 18 de febrero de 2015, no fue posible
determinar que las afectaciones a los cultivos de los demandantes fueron
causadas por glifosato (hecho probado 7.1.11.).

De igual manera, los testimonios de Fabio Enrique Cambindo68 y Raúl Arango
Saa69, según los cuales los daños a los cultivos de los demandantes fueron
causados por el herbicida, no se basan en ninguna verificación técnica con

68 Fl. 27 a 32, C.5. “(…) PREGUNTADO: señor FABIO ENRIQUE CAMBINDO, descríbale al
Despacho, qué pruebas técnicas o periciales realizó usted para determinar que los señores
ADALGISA GARCIA SAA, LEONA SINISTERRA BANGUERA, JOSE ARBEY ZORA SINISTERRA,
JOSE ALDEMAR ZORA, ARNULFO GONGORA, realmente percibieron daños en sus cultivos a
consecuencia de la aspersión con glifosato; de igual forma describa la técnica utilizada por usted
para determinar los daños de los demandantes. CONTESTO: Yo realice una inspección ocular, de
acuerdo a la fecha en que se hizo la aspersión, hasta el momento que se hace la revisión. (…)”.
69 Fl. 33 a 38, C.5. “(…). qué pruebas consultó o verificó usted para determinar que en los predios

de los señores ADALGISA GARCIA SAA, LEONA SINISTERRA BANGUERA, JOSE ARBEY ZORA
SINISTERRA, JOSE ALDEMAR ZORA, ARNULFO GONGORA, realmente existían los árboles y/o
cultivos que se dice perdieron los demandantes. CONTESTO: Hice recorrido a la totalidad de las
fincas, en dos ocasiones y en ellas verifiqué la existencia de las plantas y cultivos existentes en los
predios, los cuales se encuentran discriminados y cuantificados en el informe que se entregó a la
Alcaldía Municipal, además, se tomaron evidencias fotográficas, tanto el día de la fumigación como
días después. (…).

30

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

indicación del protocolo, método o procedimiento para establecer la causa de la
destrucción y/o quema de los cultivos, pues al ser preguntados al respecto, el
primero simplemente manifestó que hizo una inspección ocular y, el segundo, que
recorrió la totalidad del lugar e incluso que se tomaron fotografías antes y después
de la fumigación, sin señalar fechas.

No obstante, no se suscribieron actas o constancias de dichas visitas, su fecha ni
quiénes intervinieron junto a los testigos cuando estuvieron en la zona de los
cultivos objeto de la presente demanda, en las que se concluyera sobre la causa
de las afectaciones.

Asimismo, en cuanto a las fotografías70 que menciona el testigo Raúl Arango Saa,
se observa que se allegaron unas imágenes en las que se supone que aparecen
los demandantes, el Gerente del Banco Agrario, oficina de Timbiquí y el defensor
del pueblo Regional Cauca en el lugar de los cultivos, pues junto a cada persona
se anotaron los nombres a mano. Sin embargo, carecen de fecha, no existe
certeza de que se trata de las personas que allí se mencionan ni de quién tomó las
fotografías, razón por la cual estas carecen de valor probatorio.

Igualmente, se observa que la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, al
resolver las quejas de José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y
Adalgiza García Saa, declaró la improcedencia de una compensación económica,
con el argumento de que en sus parcelas había cultivos lícitos mezclados con
lotes de coca, decisión sustentada en las conclusiones del Comité Técnico
Interinstitucional conformado por miembros de la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional, la ANLA, el ICA y el Ministerio del Justicia que realizó las visitas
de verificación a los lotes de los referidos demandantes, las cuales fueron
plasmadas en las Actas 005 del 13 de febrero de 2013 y 060 del 13 de marzo de
2013 y que la entidad demandada reprodujo en sus decisiones del 9 de abril de
2013, por las cuales negó las quejas (hecho probado 7.1.8.).

70 Fl. 164 a 171, C.1.

31

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

No obstante, al examinar el Acta 005 del 13 de febrero de 2013 en la que consta la
visita a los terrenos con coordenadas, mapa del lugar objeto de las quejas y sus
respectivas convenciones, se observa que dentro del polígono amarillo
correspondiente al territorio del Consejo Comunitario Negros en Acción se
encuentran varias zonas delineadas con color verde que, según las convenciones
del mapa, son plantaciones de coca y, sobre ellas pasan las líneas rojas que
representan las aspersiones aéreas realizadas el 11 de julio de 2011. Igualmente,
se identifican las parcelas examinadas por el Comité Técnico Interinstitucional con
una estrella amarilla.

Pues bien, según las imágenes contenidas en dicha acta, en la parcela de José
Aldemar Zora Sinisterra ubicada en las coordenadas
77°39’08,21”W,02°,47’26,83”N punto 59QYA, esta no corresponde a un cultivo de
coca. La parcela de José Arbey Zora Sinisterra ubicada en las coordenadas
77°39’03,42”W,02°,47’27,37”N punto 60QYA, no está demarcada como cultivo de
coca. Finalmente, la parcela de Adalgiza García Saa ubicada en las coordenadas
77°38’57,92”W,02°,47’35,90”N punto 62QYA identificada con una estrella amarilla
dentro del territorio comunitario, tampoco aparece marcado en el mapa como un
cultivo de coca.

De modo que, de la interpretación de las imágenes y convenciones anexadas a
dicha acta, lo que se puede concluir es que dentro del territorio perteneciente al
Consejo Comunitario Negros en Acción sí había zonas identificadas como cultivos
de coca para la fecha de la aspersión aérea con glifosato, es decir, otras parcelas
vecinas de los demandantes, pero no se estableció que dentro de las de los hoy
actores se habían mezclado cultivos lícitos con plantas de coca.

Adicionalmente, tanto el defensor del pueblo Regional Cauca como el entonces
director de la Umata de Timbiquí que visitaron los terrenos entre 3 y 8 días
después de la operación de aspersión aérea del 11 de julio de 2012, señalaron,
según lo que observaron en los terrenos de los demandantes, que no había
cultivos ilícitos, solo cacao y otras especies lícitas (hecho probado 7.1.10.).

32

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Si bien de la resolución de las quejas formuladas por los demandantes es posible
inferir que la demandada admite haber realizado la operación de aspersión dentro
del territorio del Consejo Comunitario Negros en Acción y que incluso fumigó las
parcelas de José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza
García Saa por considerar que correspondían a cultivos mixtos o fraccionados71,
ello no basta para determinar que la destrucción y/o quema de los cultivos se
debió al uso del herbicida.

Lo anterior por cuanto, como ya se dejó establecido líneas atrás, no existe
dictamen, concepto ni verificación técnica en el terreno que se hiciera el día de la
fumigación o con posterioridad a esta, de la que se pueda concluir que los cultivos
de los antes los mencionados fueron destruidos por causa del herbicida glifosato.

Ello descarta la configuración de una falla en el servicio a cargo de la Policía
Nacional. No obstante, es menester recordar que de conformidad con lo expuesto
en el numeral 6.2 de esta providencia, sobre los daños ocasionados por la
utilización del herbicida glifosato, el Consejo de Estado ha sostenido que es
plausible realizar su estudio bajo el régimen objetivo de responsabilidad72, en tanto
es una actividad que engendra un riesgo para el ambiente y, por ende, al Estado
le asiste un deber de guarda material sobre este tipo de sustancias que opera 73,

71 CD1 FL. 272A, C.1. En la Resolución 0013 del 27 de junio de 2003 del Consejo Nacional de

Estupefacientes por la cual se establece que los cultivos ilícitos mezclados y fraccionados con
cultivos lícitos, también son objeto del Programa de Erradicación PECIG. Al respecto en su artículo
1 dispone lo siguiente:
“Artículo 1º. El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida Glifosato, en adelante
PECIG, a cargo de la Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos, operará en todas las regiones
del País donde se evidencie presencia de cultivos ilícitos. Las áreas de cultivos ilícitos fraccionados
y/o mezclados con cultivos lícitos, que corresponden a formas de cultivo utilizadas para evadir las
acciones del PECIG, también serán objeto de dicho programa. EI PECIG deberá contar con un
Plan de Manejo Ambiental elaborado, ejecutado y controlado por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial en coordinación con la Policía Nacional- Dirección Antinarcóticos.
Parágrafo 1º. Definiciones:
Área de cultivo fraccionado: Aquella área de terreno que se divide mediante barreras vivas y/o
artificiales, secuencia de plantaciones lícitas, cultivos de pan coger o bosque nativo, con cultivos
ilícitos.
Área de Cultivo Mezclado: Aquella siembra que presenta plantas lícitas e ilícitas”.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, sentencia del 13 de marzo de 2024, exp.

680012331000200603139 01 (48494).
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, exp.

29028.

33

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

aspecto que, en todo caso, no releva de la carga de acreditar el daño y el nexo
causal, como elementos basilares de un juicio de imputación de responsabilidad74.

En estos casos al demandante le basta con acreditar la existencia del daño y la
relación de causalidad con el hecho de la administración, quien para exonerarse
de responsabilidad deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es,
fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

Pues bien, se demostró que el 11 de julio de 2012, la Dirección Antinarcóticos de
la Policía Nacional realizó operación de aspersión con glifosato en el corregimiento
La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca (hecho probado 7.1.4.),
que los demandantes presentaron quejas reclamando que sus cultivos fueron
quemados por el herbicida (hecho probado 7.1.5.), que la demandada se negó a
reconocer compensación alguna a los demandantes porque las parcelas de Leona
Sinisterra Banguera y Arnulfo Góngora no habrían sido afectados por la aspersión,
(hechos probados 7.1.6 y 7.1.7.) y que las parcelas de José Aldemar Zora
Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa fueron fumigadas
porque la accionada consideró que tenían cultivos lícitos mezclados con plantas
de coca (hecho probado 7.1.8.).

Sin embargo, debe recordarse que aun cuando se ha manifestado la posibilidad
de aplicar un régimen de responsabilidad objetiva al caso bajo examen, lo cierto
es que la parte demandante no está relevada de acreditar el nexo causal entre el
daño antijurídico y el hecho de la Administración, esto es, la probanza que
demuestre la relación entre el daño y la actuación del Estado.

En este orden de ideas, se observa que en el plenario no existe prueba alguna
que acredite con grado de certeza que la causa eficiente del daño en los cultivos
de los demandantes fue la aspersión con glifosato, pues como antes se anotó, la
Corporación Autónoma Regional del Cauca CAR en sus visitas del 17 y 18 de

74Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, exp.
52001- 23-33-000-2014-00209-01(AG).

34

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

febrero de 2015, no pudo determinar que las afectaciones fueron causadas con el
herbicida aludido (hecho probado 7.1.10).

Tampoco los testimonios, ni las certificaciones expedidas por el secretario de
desarrollo económico y ambiental de Timbiquí ni el defensor del pueblo Regional
Cauca bastan para establecer que el glifosato dispersado de forma aérea por la
Policía Nacional el 11 de julio de 2012 en el territorio usufructuado por los
demandantes causó los daños alegados sobre sus plantaciones. Tales pruebas
solo demostraron que los cultivos sufrieron unas afectaciones (quema y/o
destrucción) (hechos probados 7.1.9.), mas no que la causa de la afectación fue la
operación adelantada por la entidad demandada consistente en la aspersión del
herbicida.

Como antes se advirtió, respecto de los cultivos de Leona Sinisterra Banguera y
Arnulfo Góngora, como estos distaban más de 120 metros del área objeto de
fumigación, estos no pudieron sufrir daño alguno a causa del glifosato, como lo
concluyó el Comité Técnico Interinstitucional conformado por miembros de la
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, la ANLA, el ICA y el Ministerio de
Justicia, que analizó la topografía de los predios, su área y la distancia de los sitios
a visitar respecto de las líneas de aspersión, conclusiones que fueron acogidas
por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en los autos del 16 de enero
de 2013 (hechos probados 7.1.6. y 7.1.7.), sin que se allegara a este proceso
dictamen pericial, otro concepto técnico o prueba alguna que refutara dichas
conclusiones.

Con todo, pese a que los cultivos de José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey
Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa sí fueron fumigados a una distancia menor a
120 metros, no por ello puede concluirse que el glifosato causó su destrucción,
pues se desconoce qué efectos pudo provocar frente las plantaciones de los antes
mencionados dado que, se itera, en este proceso no se practicó prueba alguna
que diera certeza de la causa de la destrucción de los cultivos y, la única que obra
al respecto se hizo casi tres años después de los hechos, sin que pudiera
determinarse que las afectaciones fueron causadas con el herbicida (hecho

35

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

probado 7.1.10). Es que no obra prueba que dé cuenta de los efectos colaterales
que podía tener la fumigación con glifosato en los cultivos de las mencionadas
personas y tampoco que permita inferir siquiera que ésta produce la pérdida total
de plantaciones de cacao, plátano, limón, papa china, palmas de chontaduro,
guamo, caña y guayaba.

A ello debe agregarse que se desconoce en qué estado se encontraban los
cultivos de los demandantes para el momento de la aspersión, pues según los
testigos no contaban con sistema de riego ni asistencia técnica por parte de
profesionales, tampoco declararon que los hubieran visitado antes de la
aspersión75, ni existen actas de verificación por parte de la Umata de Timbiquí o
de la Corporación Autónoma Regional del Cauca o de otra entidad competente
que le hubiera hecho seguimiento al estado de los sembradíos antes de la
aspersión.

De modo que no es posible siquiera inferir que el daño provino de la aspersión con
glifosato, pues no existe prueba alguna de que los árboles sembrados se
encontraban sanos para la fecha de la operación realizada por la Policía Nacional.

Es que, aunque no es posible negar que la aspersión de glifosato es una actividad
que engendra un riesgo para el ambiente y que los daños que con ella se
ocasionen son atribuibles a quien despliega dicha actividad, ello no implica
abandonar toda labor crítica para aceptar sin más que el agente que realiza dicha
actividad deba responder por todo fenómeno remotamente asociado a ella, como
se pretende hacer a través de la presente demanda, máxime tratándose de
cultivos que se vieron afectados en una época pero de los que existen solo
suposiciones sobre las posibles causas que pudieron ocasionar el daño, pues no
hay medio de convicción que atribuya de manera científica la afectación padecida
por los demandantes a la actuación de la Administración.

75 Fl. 27 a 32, C.5. “(…) PREGUNTADO: (…) existía un sistema de riego de agua y si los mismos

contaban con la atención preventiva por agrónomos? CONTESTO: No porque en esta zona del
pacifico no existen sistemas de riego, al contrario, se saca es el agua a través de drenaje.(…)”

36

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Así las cosas, al no estar acreditado que el daño antijurídico fue ocasionado por la
Policía Nacional, fuerza es, en la parte resolutiva de esta sentencia, revocar la
providencia proferida el 4 de octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del
Cauca y negar las pretensiones de la demanda.

8. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con
el artículo 365 numeral 4 del CGP, sería del caso emitir condena en costas de
ambas instancias a cargo de la parte actora y en favor de la entidad demandada;
no obstante, no se impondrá erogación alguna según lo previsto en el artículo 154
del CGP, dado que a los demandantes se les reconoció amparo de pobreza,
mediante auto del 2 de diciembre de 201476.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 4 de octubre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en precedencia y en
su lugar se dispone:

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Luis
Alex Zora Granja, Weiner Zora Granja, Maribel Zora Sinisterra, Nikol Zora Granja,
José Luilly Zora Granja, Norelly Zora Granja, Kener Góngora Perea, Marinela
Góngora Perea, Tania Oritza Góngora Perea, Dairon Yesid García Saa, Fredy
Núñez García y Jhon Eduar García Saa, Flor María Granja Banguera, Gertrudis
Perea Minota y Daira Banguera García.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
76 Fl. 102 a 104, C.1.

37

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

CUARTO: SIN COSTAS.

QUINTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado

VF

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.