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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2014-00488-01

Fecha
19 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2014-00488-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 4 de octubre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en precedencia y en su lugar se dispone: SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Luis Alex Zora Granja, Weiner Zora Granja, Maribel Zora Sinisterra, Nikol Zora Granja, José Luilly Zora Granja, Norelly Zora Granja, Kener Góngora Perea, Marinela Góngora Perea, Tania Oritza Góngora Perea, Dairon Yesid García Saa, Fredy Núñez García y Jhon Eduar García Saa, Flor María Granja Banguera, Gertrudis Perea Minota y Daira Banguera García. TERCERO: DECLARAR la responsabilidad administrativa de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la destrucción de los cultivos de los demandantes Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora Sinisterra, Flor María Granja Banguera, Arnulfo Góngora y Adalgisa García Saa, con ocasión de la operación de aspersión aérea con glifosato realizada el 11 de julio de 2012 en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca. 102 Las cuales fueron tasadas en $968’400.000 (folio 92, C.2). 64 Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022) Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa, el equivalente a 20 SMLMV. QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de “afectación grave a las condiciones de existencia, daño a la vida de relación o perjuicios constitucionales”, a cada uno de los demandantes Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa, el equivalente a 20 SMLMV. SEXTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de daño emergente, las siguientes cantidades para cada uno de los demandantes: para Leona Sinisterra Banguera la suma de $16’254.707,41, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-33-000-2014-00488-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

19 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: JOSÉ ALDEMAR ZORA SINISTERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL

Tema: Régimen de responsabilidad por daños causados por la
actividad de fumigación área - Aspersión con herbicida
glifosato. / Fallo de reemplazo - aplicación del enfoque
diferencial y de la prueba indiciaria para la prueba del nexo
causal. Se profiere condena en abstracto.

FALLO DE REEMPLAZO

La Sala, en cumplimiento de la orden de tutela del 3 de abril de 2025, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, profiere una nueva providencia para
decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia
del 4 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 11 de julio de 2012, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó
aspersión con glifosato en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio
de Timbiquí, Cauca. Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional es patrimonialmente responsable por la fumigación de
sus cultivos de cacao, plátano, chontaduro, limón, papa china, guamo, caña y
guayabo, pues alegan que debido a la fumigación aérea con el herbicida las
referidas plantaciones fueron destruidas.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 19 de septiembre de 20141, José Arbey Zora Sinisterra, en nombre propio y en
representación de Luis Alex Zora Granja y Weiner Zora Granja; Leona Sinisterra
Banguera, en nombre propio y en representación de Maribel Zora Sinisterra; José
Aldemar Zora Sinisterra y Flor María Granja Banguera, en nombre propio y en
representación de Nikol Zora Granja, José Luilly Zora Granja y Norelly Zora
Granja; Arnulfo Góngora y Gertrudis Perea Minota, en nombre propio y en
representación de Kener Góngora Perea, Marinela Góngora Perea y Tania Oritza
Góngora Perea; Adalgiza García Saa, en nombre propio y en representación de
Dairon Yesid García Saa, Daira Banguera García y Fredy Núñez García; y Jhon
Eduar García Saa, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de
reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, para que se le declarara patrimonialmente
responsable por la destrucción de sus cultivos en zona rural del municipio de
Timbiquí, con ocasión de la aspersión aérea con glifosato realizada el 11 de julio
de 2012.

Como pretensiones comunes de su demanda los actores solicitaron, por concepto
de perjuicios morales, el equivalente a 100 SMLMV para cada uno de ellos; a
título de “afectación grave a las condiciones de existencia, daño a la vida de
relación o perjuicios constitucionales”, la suma de 100 SMLMV para cada uno; y
por “perjuicios innatura”, los que se estimen, de conformidad con el estudio que
realice la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CAR.

Adicionalmente, los actores solicitaron lo siguiente: (i) El grupo familiar de Leona
Sinisterra Banguera: como indemnización del daño emergente, la suma de
$16’889.320 y por lucro cesante, la cantidad de $161’400.000. (ii) El grupo familiar
de José Arbey Zora Sinisterra: a título de daño emergente, la suma de
$23’478.000 y por lucro cesante, $484’200.000. (iii) El grupo familiar de José

1 Fl. 59 a 99, C.2.

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Aldemar Zora Sinisterra: por daño emergente, la suma de $34’525.280 y por lucro
cesante, $322’800.000. (iv) El grupo familiar de Arnulfo Góngora: por daño
emergente, $42’674.000 y por lucro cesante, $645.600.000. (v) El grupo familiar
de Adalgiza García Saa: por daño emergente, la suma de $28’190.000 y por lucro
cesante, la cantidad de $322’800.000.

En apoyo de sus pretensiones la parte demandante afirma que son comuneros,
miembros del Consejo Comunitario Negros en Acción ubicado en la cuenca del río
Bubuey, en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí,
Cauca, creado mediante Resolución No. 002203 del 3 de diciembre de 2002 por
el Incoder, el cual constituye un territorio de título colectivo, cuyos miembros son
afrodescendientes que residen en él y lo usufructúan.

Señala que en dicho territorio Arnulfo Góngora sembró 1.800 árboles de cacao,
215 de plátano, 800 de papa china y 20 palmas de chontaduro. Leona Sinisterra
Banguera sembró 412 árboles de cacao, 150 de plátano, 25 palmas de
chontaduro y 15 árboles de limón. José Arbey Zora Sinisterra sembró 800 árboles
de cacao, 150 de plátano y 10 de limón. José Aldemar Zora Sinisterra sembró
1.223 árboles de cacao, 150 de plátano, 1.110 de papa china, 12 palmas de
chontaduro, 7 de guamo, 12 de caña, 62 árboles de guayaba y 29 de limón. Y
Adalgiza García Saa sembró 1.200 árboles de cacao, 280 de plátano y 50 de
caña. Aunado a lo anterior, precisa que en el territorio no existían cultivos ilícitos.

Sostiene que el 11 de julio de 2012, en dicha zona rural de Timbiquí, sus
policultivos fueron fumigados con glifosato por parte de la Dirección Antinarcóticos
de la Policía Nacional, por aspersión aérea.

Manifiesta que el 2 de agosto de 2012 presentaron quejas ante el municipio de
Timbiquí, por la fumigación y destrucción de sus cultivos, las cuales fueron
remitidas a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Señala que el 9 de abril de 2013 esa entidad respondió que realizó una visita a la
zona y que encontró cultivos de coca.

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Asegura que la Policía Nacional no visitó el predio, pero sí el Defensor del Pueblo
Regional Cauca, el Gerente Seccional del Banco Agrario, el Director de la Umata
de Timbiquí y el representante legal de la Asociación para el Avance y Desarrollo
de los Consejos Comunitarios de Timbiquí Consejo Mayor Palenque El Castigo,
quienes dieron fe de que en el terreno solo había sembrados cultivos de cacao y
otros lícitos y que estos habían sido destruidos por la fumigación con glifosato.

Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional es patrimonialmente responsable por la fumigación de sus cultivos de
cacao, plátano, chontaduro, limón, papa china, guamo, caña y guayabo, pues
alegan que debido a la fumigación aérea con el herbicida las referidas
plantaciones fueron destruidas.

Textualmente señalan en la demanda que sus esfuerzos “fueron gravemente
vulnerados por otra entidad del Estado como es la Policía Nacional, al quemar sus
cultivos sin ninguna justificación, toda vez que el defensor del pueblo fue testigo
del hecho dañino visitando ocho días después los cultivos y da fe de que en
ningún momento había sembrados de hoja de coca en ellos, sino que había
sembrados árboles de cacao y otros cultivos lícitos en la zona fumigada”.

2. Contestación

El 2° de diciembre de 20142 el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la
demanda3 y ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Policía Nacional4 señaló que los demandantes no se encontraban
plenamente identificados como miembros del territorio colectivo del Consejo
Comunitario Negros en Acción, ni eran propietarios ni poseedores de los
supuestos predios afectados con la aspersión. Indicó que por esta razón los

2 Fl. 102 a 104, C.2.
3 En la misma providencia, el a quo accedió a la solicitud de amparo de pobreza presentada por los

demandantes.
4 Fl. 105 a 140, C.2.

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actores carecían de legitimación en la causa por activa. Sostuvo que los
demandantes tampoco demostraron la compra de las semillas ni la siembra de los
árboles que habrían perdido por la fumigación, ni inventario o registro alguno de su
existencia en el predio. Aseguró que el comité de verificación de quejas de la
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó visita al predio y verificó que
existían cultivos ilícitos.

3. Audiencia inicial

El 8 de febrero de 20175, el Tribunal Administrativo del Cauca celebró la audiencia
inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones
previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente al objeto del litigio, señaló que estaba orientado determinar: “si hay lugar a
declarar la responsabilidad extracontractual de la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional, por la fumigación realizada el 11 de julio de 2012, en terrenos de
la vereda la Trinidad, sobre el no Bubuey, en el municipio de Timbiquí, Cauca; y
consecuentemente, si hay lugar a condenar a dicha entidad al pago de los
perjuicios reclamados en la demanda”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 24 de marzo de 20176, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante7 y la Policía Nacional8 reiteraron los argumentos
expuestos en la demanda y en la contestación, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5 Fl. 150 a 158, C.3.
6 Fl. 169 a 173, C.3.
7 Fl. 219 a 221, C.3 y fl. 2 a 12, C.4.
8 Fl. 13 a 35, C.4.

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5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de octubre de 20189 el Tribunal Administrativo del Cauca
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda10, al constatar que los
demandantes se encontraban legitimados para actuar, pues los lotes en donde
sembraron sus cultivos les habían sido asignados para usufructo por parte del
Consejo Comunitario Negros en Acción, y demostraron que para el día de los
hechos cultivaban cacao, plátano, chontaduro, limón, papa china, guamo, caña y
guayabo. Asimismo, porque se probó que dichos cultivos fueron destruidos el 11
de julio de 2012, cuando la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó
la aspersión aérea al lugar con glifosato, en la cual no existía rastro de cultivos
ilícitos.

Al efecto el a quo manifestó lo siguiente: “la Sala considera que el daño antijuridico
consistente en la destrucción de unos cultivos lícitos el 11 de julio de 2012, en
terrenos del Consejo Comunitario Negros en Acción es imputable a la Nación -
Ministerio de Defensa - Policía Nacional bajo el título de imputación del riesgo
excepcional. En este sentido, se acreditaron los siguientes extremos que
configuran el título de imputación: i) la existencia de una actividad legítima y lícita
de la Administración consistente en la aspersión aérea de glifosato llevada a cabo
el día 11 de julio de 2012, la cual comporta una fuente de alto riesgo para los
bienes patrimoniales y extrapatrimoniales de las personas que no están obligadas
a soportarlos; ii) el ejercicio legítimo de una actividad peligrosa -aspersión aérea
de herbicida-, causó un perjuicio a los demandantes, particularmente sobre los
cultivos lícitos; iii) el nexo de causalidad entre la actividad legítima de la
administración y los efectos de la lesión ambiental concretada en un daño
antijurídico padecido por el demandante e imputable a la entidad demandada”.

En la parte resolutiva el Tribunal condenó a la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional a pagar: a) por concepto de perjuicios morales: 20 SMLMV a
favor de cada una de las siguientes personas: Leona Sinisterra, José Arbey Zora

9 Fl. 3 a 20, cuaderno del Consejo de Estado.
10 En los términos indicados en la nota al pie No. 1 de esta providencia.

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Sinisterra, José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa;
b) por concepto de daño emergente: para Leona Sinisterra la suma de
$10'889.320, para José Arbey Zora la suma de $ 17'478.000, para José Aldemar
Zora la suma de $28'525.280 y para Arnulfo Góngora la suma de $33'674.000,
para Adalgiza Saa la suma de $21'190.000; c) por concepto de lucro cesante:
condenó en abstracto a favor de Leona Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra,
José Aldemar-.Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa, trámite
que se deberá surtir en los términos del artículo 193 de la Ley 1437 de 2011; y d)
por concepto de afectaciones a bienes y derechos protegidos constitucionalmente:
20 SMLMV a favor de Leona Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar
Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa.

6. Recursos de Apelación

Los días 17 y 25 de octubre de 201811 las partes interpusieron recursos de
apelación, los cuales fueron concedidos el 15 de noviembre de 2018, cuando se
declaró fallida la audiencia de conciliación judicial12, y admitidos por esta
Corporación el 21 de febrero de 201913.

6.1. La parte accionante14 manifestó su inconformidad con la sentencia, dado que
solo reconoció indemnización por perjuicios morales a los afectados directos,
cuando ésta se extendió a todos sus familiares, también demandantes, como se
desprendía de las pruebas testimoniales y por tratarse de una comunidad con una
forma de vida colectiva. Reprochó que el a quo reconoció el lucro cesante
condicionado a que los demandantes volvieran a sembrar y hasta la fecha
probable en que el cacao diera sus frutos, cuando debió ser por todo el tiempo de
vida productiva del cultivo, según la certificación de la Federación Nacional de
Cacaoteros.

11 Fl. 25 a 44, cuaderno del Consejo de Estado.
12 Fl. 51 a 53, cuaderno del Consejo de Estado.
13 Fl. 58 y 59, cuaderno del Consejo de Estado.
14 Fl. 25 a 33, cuaderno del Consejo de Estado.

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6.2. La entidad demandada15 se opuso a la decisión con fundamento en que no
resultaba aplicable el título de imputación de riesgo excepcional, pues los
demandantes realizaban una actividad ilegal, dado que tenían sembrados cultivos
ilícitos mezclados con cultivos lícitos. Igualmente, cuestionó si los accionantes
“realmente” tenían sembrados cultivos legales. Señaló que no se probaron los
daños sufridos, como tampoco la acción u omisión de la entidad que produjera
dichas afectaciones. Concluyó que, al no haberse demostrado la responsabilidad
de la demandada, no había lugar a ninguna de las indemnizaciones reconocidas.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 9 de mayo de 201916 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La Policía Nacional17 reiteró los argumentos expuestos en la primera
instancia.

7.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia del 4 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, puesto que la cuantía18 supera la exigida de 500
SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación
directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 152 numeral 6 y 157 inciso 2 de la Ley 1437 de 2011.

15 Fl. 34 a 44, cuaderno del Consejo de Estado.
16 Fl. 65, cuaderno del Consejo de Estado.
17 Fl. 68 a 90, cuaderno del Consejo de Estado.
18 La cuantía excede de los 500 SMLMV (lo cual equivale a $308.000.000, pues el SMLMV para el

año 2014 era de $616.000) que se exige para que un proceso tenga vocación de doble instancia, y
la pretensión mayor es de $645’600.000 por perjuicios materiales.

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2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a acciones de la
Nación -Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

3. Vigencia del medio de control de reparación directa

Aunque en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo; resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno
por cuanto se trata de un presupuesto procesal19.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador,

19 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.

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apuntando a la protección del interés general20, estableció unos plazos para poder
ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos
resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y
de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado
la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción21, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten

20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho
reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y
la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure22 que opera por la falta de actividad
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por
demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – CPACA, vigente para la época de los hechos, determinó que “La
demanda deberá ser presentada: […] so pena de que opere la caducidad: […]
Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro del término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento
del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de
haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”23.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en
tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento del medio de
control, teniendo en cuenta: i) que el hecho causante del daño ocurrió el 11 de
julio de 2012, esto es, la aspersión con glifosato en el corregimiento La Trinidad de
Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca, (hecho probado 7.1.3.); ii) que el 26 de
junio de 201424 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial

22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
23 Con excepción del término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito

de desaparición forzada, que “se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su
defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la
demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que
dieron lugar a la desaparición”.
24 Esto es, faltando 17 días para que venciera el termino previsto en el artículo 164.2.i del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.

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ante el Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 9 de septiembre de ese
mismo año por falta de ánimo conciliatorio entre las partes25; y, iii) que la demanda
se presentó el 19 de septiembre de 201426.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis27.

4.1. En cuanto a los demandantes Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora
Sinisterra, José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa
se comprobó que para la fecha de los hechos eran miembros del Consejo
Comunitario Negros en Acción, territorio colectivo ubicado en el corregimiento La
Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca, el cual les adjudicó lotes
para usufructo en los que tenían cultivos de cacao, entre otros y que fueron
destruidos y/o quemados (hechos probados 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. y 7.1.9.).

En cuanto a los demandantes Luis Alex Zora Granja, Weiner Zora Granja, Maribel
Zora Sinisterra, Nikol Zora Granja, José Luilly Zora Granja, Norelly Zora Granja,
Kener Góngora Perea, Marinela Góngora Perea, Tania Oritza Góngora Perea,
Dairon Yesid García Saa, Fredy Núñez García y Jhon Eduar García Saa, si bien
se encuentran acreditados como miembros del núcleo familiar de José Aldemar
Zora Sinisterra, Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José Arbey Zora
Sinisterra y Adalgiza García Saa, según dan cuenta copias auténticas de sus
correspondientes registros civiles de nacimiento28, se desconoce por qué razón
demandan o qué relación tienen con los cultivos afectados. Incluso, se demostró

25 Fl. 206 a 216, C.1.
26 Fl. 99, C.2. La demanda podía presentarse hasta el 26 de septiembre de 2014.
27 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la
ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el
fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual
sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia
del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
28 Fl. 44, 69, 70, 97, 99 a 102, 126 a 129, 154, 15 y 158 a 160, C.1.

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que, para el 2014, Dairon Yesid García Saa, Fredy Núñez García y Jhon Eduar
García Saa estudiaban en la institución educativa agrícola Justiniano Ocoró de
Timbiquí29, pero esto por sí solo no los legitima para reclamar los daños ocurridos
a las parcelas de sus familiares por los hechos ocurridos el 11 de julio de 2012.

Igualmente, se observa que, si bien los demandantes Leona Sinisterra Banguera,
José Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y
Adalgiza García Saa demostraron formar parte del Consejo Comunitario Negros
en Acción reconocido de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993 30 (hecho
probado 7.1.1.), sus familiares no acreditaron lo mismo y se desconoce si residían
con ellos en dicho territorio para la época de los hechos ni cómo se habrían visto
afectados. Como consecuencia, se declarará la falta de legitimación en la causa
por activa de todos los mencionados en el párrafo anterior.

En cuanto a las demandantes Flor María Granja Banguera y Gertrudis Perea
Minota, quienes demandaron en calidad de compañeras de José Aldemar Zora
Sinisterra y Arnulfo Góngora, la prueba testimonial no hace referencia alguna a
estas ni se allegó o practicó alguna otra prueba que las acredite en tal calidad o
como terceras damnificadas, pues si bien se allegaron declaraciones extra
procesales31 en las que los antes mencionados manifestaron ante el notario único
de Timbiquí que vivían en unión marital de hecho, tales no fueron ratificadas como
lo prevé el artículo 188 en concordancia con el 222 del Código General del
Proceso, razón por la cual se declarará su falta de legitimación en la causa por
activa.

Frente a la demandante Daira Banguera García, se observa que en el auto
admisorio de la demanda el a quo decidió que no reconocería personería a su
apoderado, dado que acudió al proceso representada por Adalgiza García Saa,

29 Fl. 161 a 163, C.1.
30 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, que tiene por
objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas
rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales
de producción, el derecho a la propiedad colectiva (artículo 1).
31 Fl. 32 y 52, C.2.

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pero según la copia auténtica de su registro civil de nacimiento32 su madre es Luz
Daissy García Saa, de modo que no se comprobó su representación. Ante dicha
decisión la parte actora guardó silencio y tampoco se allegó poder por parte de
dicha demandante; además, no se comprobó su parentesco con alguno de los
demandantes, su calidad de hija de crianza de alguno de ellos o de tercera
damnificada, razón por la cual también se declarará su falta de legitimación en la
causa por activa.

4.2. La Nación se encuentra debidamente representada por la Policía Nacional, en
tanto está probado que el 11 de julio de 2012 dicha entidad realizó operaciones de
aspersión con glifosato en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio
de Timbiquí, Cauca, con la cual, a juicio de los demandantes, habría destruido y/o
quemado los cultivos de Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora Sinisterra,
José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa (hecho
probado 7.1.4.).

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la fumigación con glifosato efectuada por la
Policía Nacional el 11 de julio de 2012 en el corregimiento La Trinidad de Bubuey
del municipio de Timbiquí, Cauca, causó daños a los cultivos de cacao, plátano,
chontaduro, limón, papa china, guamo, caña y guayabo de los demandantes.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el régimen de responsabilidad por
daños causados por la actividad de fumigación área.

32 Fl. 156 y 157, C.1.

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6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199133 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho34, que contraría el orden legal35 o que está desprovista de una
causa que la justifique36, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación
reconocida o protegida37, violando de manera directa el principio alterum non
laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin
repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño
antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que sin embargo ilustra el fenómeno lesivo indemnizable, pero que
resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio,

33 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
35 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
37 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros38.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Régimen de responsabilidad por daños causados por la actividad de
fumigación área con glifosato

En lo que al derecho de daños corresponde, encontramos que nuestra Carta
Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad para dirimir las
controversias en las que se vea comprometida la responsabilidad extracontractual
del Estado, razón por la que a la jurisprudencia tampoco le corresponde establecer
un único título de imputación que aplique para ciertos casos o aquellos que
guarden similitudes fácticas, toda vez que cada caso sometido a conocimiento de
esta jurisdicción debe examinarse de cara a los hechos y particularidades que
revista la discusión en el caso concreto.

En desarrollo de ese postulado, la Sala Plena de la Sección Tercera39 de esta
Corporación sostuvo que: “En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo
previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en
la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó
en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción
de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den
sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa
ha dado cabida a diversos ‘títulos de imputación' como una manera práctica de
justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde
una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda
entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, rad.: 21515,

reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, rad.: 23219.

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de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo
título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez
debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de
presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente
los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad
extracontractual del Estado”.

Bajo el anterior contexto, los casos que presenten ciertos rasgos característicos y
que guarden alguna similitud, no siempre se pueden resolver de la misma manera,
pues en cada caso concreto corresponde al juez hacer una valoración jurídica y
ponderación probatoria, para que, con base en dicho análisis integral, se
determine el régimen de responsabilidad extracontractual bajo el cual debe
dirimirse el conflicto sometido a estudio.

Sin perjuicio de lo anterior, no puede desconocerse que el régimen de
responsabilidad subjetivo o de falla en el servicio es el título de imputación que se
aplica por excelencia, toda vez que con base en dicho régimen se analiza el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado y, en consecuencia, se
constituye en la herramienta idónea para desencadenar la obligación
indemnizatoria a cargo de éste40.

Ahora bien, particularmente, sobre los daños ocasionados por la fumigación aérea
con el herbicida glifosato, el Consejo de Estado ha sostenido que su estudio debe
realizarse bajo el régimen objetivo de responsabilidad, en tanto es una actividad
que engendra un riesgo para el ambiente y, por ende, al Estado le asiste un deber
de guarda material sobre este tipo de sustancias que opera41, aspecto que, en
todo caso, no releva de la carga de acreditar el daño y el nexo causal, como
elementos basilares de un juicio de imputación de responsabilidad42 . A propósito,

40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de julio de 1993, Rad.: 8163; sentencia

del 10 de marzo del 2011, Rad: 17.738; Subsección A, sentencia del 25 de julio de 2019, Rad:
50315.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014. Rad:

29028.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021. Rad.

52001- 23-33-000-2014-00209-01(AG).

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en sentencia del 20 de febrero de 2014 la Subsección B del Consejo de Estado
manifestó lo siguiente:

“De acuerdo con los anteriores estudios científicos referenciados, tenemos que la
fumigación aérea con glifosato es una actividad que engendra un riesgo para el
ambiente, por lo cual al Estado le asiste un deber de guarda material sobre este tipo
de sustancias que opera, obligación que se origina del poder de instrucción,
dirección y control del cual está investido; en consecuencia, es pertinente analizar
el sub lite a partir del título de imputación del riesgo excepcional, el cual se enmarca
en la responsabilidad objetiva del Estado.

Una vez ha quedado acreditado el daño antijurídico y aclarado el régimen de
responsabilidad del sub lite, en el que la entidad podrá exonerarse únicamente si
acredita una causal eximente de responsabilidad - fuerza mayor, hecho exclusivo y
determinante de un tercero o de la víctima-, es indispensable establecer si el
perjuicio sufrido por el señor Medina es susceptible de ser imputado a la entidad
demandada o, si, por el contrario, debe ser soportado por la víctima”43

En conclusión, en los casos en que el Estado se evidencie un daño con ocasión
del despliegue de operaciones aéreas de aspersión de herbicidas -como lo es el
glifosato-, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha habilitado la posibilidad de
realizar el estudio de responsabilidad a partir del título objetivo de responsabilidad
de riesgo excepcional, por tratarse de una actividad que engendra un riesgo para
el ambiente, y donde solo será posible eximirse de una condena si se prueba que
la afectación ocurrió por una causa extraña –caso fortuito, fuerza mayor, hecho de
un tercero o de la víctima-.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 4 de
octubre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, la parte demandada sostuvo que
los demandantes realizaban una actividad ilegal, dado que tenían sembrados
cultivos ilícitos mezclados con cultivos lícitos. Igualmente, cuestionó si los
accionantes “realmente” tenían sembrados cultivos legales. Señaló que no se

43Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 20 de febrero de 2014, Rad. 29.028.

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probaron los daños sufridos, como tampoco la acción u omisión de la entidad que
produjera dichas afectaciones.

Por su parte, los accionantes apelaron la providencia de primera instancia a fin de
que se reconociera perjuicios morales a todos los accionantes y el lucro cesante
por todo el tiempo de vida productiva de los cultivos.

En ese sentido, comoquiera que ambas partes presentaron recurso de apelación
contra la sentencia proferida el 4 de octubre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, el asunto se resolverá de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso. Por ello, a continuación, se
analizará sin limitaciones si la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional
es patrimonialmente responsable por la destrucción de los cultivos de los
demandantes en zona rural del municipio de Timbiquí, con ocasión de la
aspersión aérea con glifosato realizada el 11 de julio de 2012.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

7.1.1. Se comprobó que desde el 18 de agosto de 2011, los demandantes Leona
Sinisterra Banguera, José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra,
Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa eran miembros del Consejo Comunitario
Negros en Acción, territorio colectivo ubicado en el corregimiento La Trinidad de
Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca, el cual fue adjudicado por el entonces
Incora a ese Consejo el 3 de diciembre de 2002 y le otorgó la facultad de la
administración, distribución y asignación de las tierras para usufructo a los
miembros de dicha comunidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 70 de
199344, según dan cuenta las certificaciones expedidas por su representante legal

44“Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, que tiene por
objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas

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el 18 de agosto de 2011 y el 11 de abril de 2014 y la Resolución No. 2203 del 3 de
diciembre de 2002 del Incora45.

7.1.2. Se constató que el 18 de agosto de 2011, el Consejo Comunitario Negros
en Acción le adjudicó a los demandantes las siguientes porciones de tierra para
usufrutuo así: a Leona Sinisterra Banguera 2 hectáreas, a José Arbey Zora
Sinisterra 3 hectáreas, a José Aldemar Zora Sinisterra 3 hectáreas, a Arnulfo
Góngora 3 hectáreas y a Adalgiza García Saa 3 hectáreas. De ello dan cuenta las
certificaciones expedidas por el secretario del Consejo Comunitario Negros en
Acción el 11 de agosto de 201146.

7.1.3. Se acreditó que para el 11 de julio de 2012, en sus respectivas parcelas, los
demandantes tenían sembrados los siguientes cultivos: i) Leona Sinisterra
Banguera: cacao, plátano, chontaduro y limón; ii) José Arbey Zora Sinisterra:
cacao, plátano y limón; iii) José Aldemar Zora Sinisterra: cacao, plátano, papa
china, chontaduro, guamo, caña, guayabo y limón; iv) Arnulfo Góngora cacao,
plátano, papa china y chontaduro y, v) Adalgiza García Saa: cacao, plátano y
caña. De ello dan cuenta las certificaciones expedidas por el secretario de
desarrollo económico y ambiental de Timbiquí47.

7.1.4. Se demostró que el 11 de julio de 2012 la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional realizó operativo de aspersión aérea con glifosato en el
corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca. De ello
dan cuenta los oficios del 30 de agosto de 2012 suscritos por el oficial de la
compañía antinarcóticos de aspersión aérea, la orden de servicios 006 del 5 de
enero de 2012, el acta de aspersión No. 177 del 11 de julio de 2012 y el Poligrama
de aspersión de la misma fecha48.

rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales
de producción, el derecho a la propiedad colectiva (artículo 1).
45 Fl. 32, 57, 82, 114, 139,171 a 192, 197 y 198 C.1 y fl. 13, 18, 62, 84 y 89, C.6.
46 Fl. 13, 18, 62, 84 y 89, C.6.
47 Fl. 43, 68, 96, 115 y 153, C.1.
48 Fl. 202, 234, C.2; Fl. 23, 56, 81, 102 a 119, C.3.

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7.1.5. Se constató que el 27 de julio de 2012, a través del representante legal del
Consejo Comunitario Negros en Acción, y el 2 de agosto de 2012, a través del
alcalde del municipio de Timbiquí, Cauca, los demandantes Leona Sinisterra
Banguera, José Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo
Góngora y Adalgiza García Saa presentaron quejas por los daños a sus cultivos,
las cuales fueron recibidas por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.
De ello dan cuenta los “formularios de recepción de quejas de presuntos daños en
plantaciones lícitas por la aspersión aérea con el herbicida glifosato” y el escrito
del 27 de julio de 201249 del cual se extrae lo siguiente:

“(…) El día 11 de julio a las 11:10 A.M, aeronaves de la dirección de antinarcóticos
sobrevolaron y fumigaron con herbicida glifosato el territorio Colectivo del Consejo
Comunitario Negros en Acción del Corregimiento de Bubuey, convirtiendo a 24
familias y siento sesenta (160) personas en victimas por los daños causados en sus
plantaciones de Cacao y otros cultivos lícitos destinados para el pan coger.

(…) Por Io anterior demandamos del señor alcalde su concurso para que dentro de
los términos establecidos por ley se surtan los trámites pertinentes ante la dirección
de antinarcóticos o institución que corresponda a fin de que sean reparados los
daños causados a los cultivadores de la comunidad de Bubuey, además el Banco
agrario tome las medidas pertinentes para resolver la situación de los créditos que
no tendríamos como pagarlos”

7.1.6. Se comprobó que el 16 de enero de 2013 la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional decidió de fondo la queja presentada por Leona Sinisterra
Banguera y declaró la no procedencia de la compensación económica, pues
estimó que como la aspersión se realizó a más de 120 metros del lugar de los
cultivos, no pudo causarle daño a sus cultivos. De ello da cuenta la decisión
emitida en la fecha antes señalada50, de la cual se extrae lo siguiente:

“(…) Que mediante Acta No. 016 ARECI - GRUAQ del 16 de diciembre de 2012, se
dejó constancia que con base en el protocolo aprobado para la realización de la
visita de verificación, se procedió a analizar por parte del Comité Técnico
Interinstitucional la ubicación del predio donde presuntamente ocurrieron los hechos,
encontrándose que las operaciones de aspersión se realizaron a una distancia de
951 metros de la coordenada suministrada en la reclamación presentada por la
señora LEONA SINISTERRA BANGUERA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 25.717.168, queja No. 24017 - DIRAN.

49 Fl. 22, 23, 37 a 42, 46, 47, 72, 73, 104, 105, 130 y 131, C.1.
50 Fl. 48 a 50, C.3.

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Que de acuerdo con las apreciaciones plasmadas por parte del Comité Técnico, en
el Acta Grupo de Quejas No. 059 del 20 de diciembre de 2012 se dejó constancia
que en cumplimiento del protocolo implementado para la visita Especial de
verificación mediante instructivo No 025 IRAN - ARECI - 70 de fecha 27 de Agosto
de 2010, se analizó por parte de los integrantes del Comité Técnico Interinstitucional
la topografía del predio, así como el área del mismo y la distancia de los sitios a
visitar acogiendo los planteamientos señalados en el estudio realizado por el Dr.
Keith R. Solomon, miembro de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso
de Drogas CICAD, en relación con los efectos colaterales que se puedan generar
como consecuencia de la deriva máxima permisible en la aplicación del producto, en
el cual se estableció que no supera los 120 metros; se concluyó que en aquellos
sitios donde la líneas de aspersión se encuentra a una distancia superior a los 120
metros, no se debe efectuar la visita de campo por cuanto no hay nexo de
causalidad entre el daño reportado y las operaciones de aspersión realizadas, por
consiguiente no se pudo ocasionar algún tipo de daño sobre plantaciones legales en
desarrollo de las operaciones de aspersión.

En relación con el fundamento referente al hecho que por la distancia en que se
presentaron las operaciones de aspersión no era posible que se causara un daño,
se debe tener en cuenta que de acuerdo con los parámetros que soportan el
Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos y que se encuentran señalados en la
Resolución No. 1054 de 2003, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, por la cual se modifica el Plan de Manejo Ambiental no es posible que a
esa distancia se cause afectación en cultivos lícitos por consecuencia de las
operaciones de aspersión, toda vez que de acuerdo con la ficha No. 1 del plan en
mención, se ha establecido que la deriva prevista es hasta de 5 metros (…)”

7.1.7. Se comprobó que el 16 de enero de 2013, la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional decidió de fondo la queja presentada por Arnulfo Góngora y
declaró la no procedencia de la compensación económica, dado que la aspersión
se realizó a 588 metros, esto es, como la aspersión se realizó a más de 120
metros del lugar de los cultivos, no pudo causarles daño, con fundamento en las
mismas consideraciones respecto de la queja de Leona Sinisterra Banguera. De
ello da cuenta la decisión emitida en la fecha antes mencionada51.

7.1.8. Se demostró que 9 de abril de 2013, la Dirección Antinarcóticos de la Policía
Nacional decidió de fondo las quejas presentadas por José Arbey Zora Sinisterra,
José Aldemar Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa y declaró la no procedencia
de las compensaciones económicas, con fundamento en que en sus parcelas
había cultivos lícitos mezclados con lotes de coca. De ello dan cuenta las

51 Fl. 194 a 196, C.3.

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decisiones emitidas en la fecha antes señalada52, de las cuales se destaca lo
siguiente:

“(…) Que a través de la visita de verificación realizada el día 13 de febrero de 2013,
al municipio de Timbiquí, departamento de Cauca, como consta en el Acta Visita de
Campo No. 005 ARECI - GRUAQ de fecha 13/02/2013, se informó al Grupo
Atención a Quejas por Aspersión, que en el predio visitado y que se menciona en el
Acta No. 060 del 13 de marzo de 2013, no se encontró implementación de actividad
agrícola licita al interior del Consejo Comunitario “Rio Bubuey”, así mismo se
observaron algunos lotes de coca. Adicionalmente, y con base en los reportes
previos de detección, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI
identificó lotes de coca en periodos anteriores a la aspersión.

Que mediante Acta No. 060 del Grupo Técnico Interinstitucional Especial de
Verificación Quejas de fecha 13 de marzo de 2013, se dejó constancia que respecto
de la queja que fue objeto de visita, se decidió que no procede para compensación
al encontrase que no hay fundamento en la reclamación, toda vez que para la fecha
en que se realice la Visita Técnica Especial de Verificación de Quejas, y como
consta en el registro fotográfico tornado por los funcionarios que intervinieron, no se
encontró implementación de actividad agrícola lícita, así mismo se observaron
algunos lotes de coca. Adicionalmente, y con base en los reportes previos de
detección, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI identificó un
cultivo de coca en periodos anteriores a la aspersión”

De lo anterior, también da cuenta el Acta 005 del 13 de febrero de 2013 53 de la
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en la que se deja constancia de
que el Comité Técnico Interinstitucional conformado por miembros de la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional, la ANLA, el ICA y el Ministerio de Justicia
realizó visitas técnicas de verificación a las parcelas de José Aldemar Zora
Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa, entre otras
personas. Asimismo, el Acta 060 del 13 de marzo de 201354 de la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional sobre los resultados de las visitas técnicas
realizadas por dicho Comité.

7.1.9. Se comprobó que los cultivos de los demandantes fueron destruidos y/o
quemados, de ello dan cuenta las certificaciones -sin fecha- expedidas por el
secretario de desarrollo económico y ambiental de Timbiquí respecto de las
parcelas de cada uno de los demandantes, en las que afirmó que los cultivos

52 Fl. 58 a 60, 83 a 85 y 140 a 142, C.1.
53 Fl. 5 a 9, 120 a 134, C.3.
54 Fl. 10 a 13, 67 a 71 y 92 a 97, C.3.

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

“fueron objeto de daños causados por la fumiga de aspersión aérea en la
comunidad de la Trinidad Bubuey”, así como la certificación del 27 de enero de
2014 del director del banco Agrario, oficina de Timbiquí y el oficio del 22 de agosto
de 2014, suscrito por el Defensor del Pueblo Regional Cauca55. De este último se
destaca lo siguiente:

“(…) Comedidamente me permito expresarle de manera oficial que el día 22 de Julio
de 2012 en mi calidad de Analista del Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo Regional Cauca y en conjunto con la oficina del Alto
Comisionado para la ONU realizamos misión de verificación al municipio de
Timbiquí respecto de las afectaciones por conflicto armado y de afectaciones de
cultivos lícitos como consecuencia de las fumigaciones por aspersión aérea
realizadas en el sector, el día 11 de julio de 2012. Especialmente realizar un
recorrido en la quebrada "LA PACHA" de la vereda Trinidad del rio y corregimiento
de Bubuey del municipio de Timbiquí donde encontramos extensiones de siembras
de cacao, plátano, papa china, palma de chontaduro, arboles de guama, guayaba y
limón, así como caña y yuca quemadas por la fumigación. (…)”

7.1.10. Se constató que el 22 de julio 2012, el Defensor del Pueblo Regional
Cauca visitó el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí,
Cauca y señaló que en su recorrido solo observó cultivos de cacao, entre otros,
mas no cultivos ilícitos. De ello da cuenta el oficio del 22 de agosto de 201456 del
cual se destaca lo siguiente:

“(…). Igualmente quiero expresarle que la comisión de la defensoría del
pueblo y la ONU no encontró evidencia o rastros de cultivos de coca en el
precitado sitio de verificación.”

Lo mismo aseguró el director de la Umata de Timbiquí en el oficio del 23 de julio
de 201457, en los siguientes términos:

“(…) Como ex director de la unidad municipal de asistencia técnica del municipio de
Timbiquí, doy fe que en los terrenos afectados por la fumigación realizada por la
Policía Antinarcótico el día 11 de julio de 2012 no había presencia de cultivos de uso
ilícito; estos terrenos poseían cultivos de cacao producto de un convenio entre el
banco agrario y la alcaldía municipal de Timbiquí. (…)”

55 Fl. 43, 68, 96,103, 115, 153 y 203 C1 y fl. 157, C.6.
56 Fl. 203, C.1.
57 Fl. 204, C.1.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

7.1.11. Se demostró que los días 17 y 18 de febrero de 2015 el director de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca y su equipo técnico visitaron los
predios de los demandantes, pero consideraron que no era posible determinar que
las afectaciones a los cultivos de los demandantes fueron causadas por glifosato.
De ello da cuenta el oficio del 23 de febrero de 201658, del cual se destaca lo
siguiente:

“(…) Al día de hoy pasado más de dos (2) años de la última fumigación, por el
transcurso del tiempo al no tener muestras del suelo antes y después de la
aspersión, determinar la afectación padecida por los predios de los
demandantes, al ser fumigados con glifosato, el herbicida que se utilizó en el
programa de erradicación de cultivos ilícitos, es casi que imposible, teniendo
en cuenta que su permanencia (vida) varía en el suelo de una (1) a cuatro (4)
semanas y en suelos tropicales como el visitado su perduración en el terreno
puede ser menor.

(…). CONCLUSIONES
Por el transcurso del tiempo al no tener muestras del suelo antes y después
de la aspersión, determinar la afectación padecida por los predios de los
demandantes al ser fumigados con glifosato no nos es posible.

Con Io manifestado por la comunidad y lo observado en campo, se evidencia
que los cultivos existentes en la zona para el año 2012 no existen, por Io cual
se observe un bosque en recuperación, exceptuando las pequeñas parcelas
donde se han plantado cultivos de pan coger recientemente”

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico
y ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende

58 Fl. 52 a 56, C.4.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración59 60.

7.2.1. El daño antijurídico

Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación
que no está amparada por la ley o el derecho61, que contraría el orden legal62 o
que está desprovista de una causa que la justifique63, resultado que se produce
sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al
lesionar una situación reconocida o protegida64, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

59 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
60Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de

Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta
resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa
sobre este particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de
resarcir daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
62 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
64 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la merma
patrimonial que sufrieron Leona Sinisterra Banguera, José Aldemar Zora
Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra, Adalgiza García Saa y Arnulfo Góngora, por
la destrucción y/o quema de los cultivos de cacao, plátano, chontaduro, limón,
papa china, guamo, caña y guayabo que tenían en el corregimiento La Trinidad de
Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca.

El daño está debidamente acreditado con las certificaciones -sin fecha- expedidas
por el secretario de desarrollo económico y ambiental de Timbiquí, la certificación
del 27 de enero de 2014 del director del Banco Agrario, oficina de Timbiquí y el
oficio del 22 de agosto de 2014, suscrito por el defensor del pueblo regional Cauca
(hecho probado 7.1.9); y, con los testimonios de Fabio Enrique Cambindo65,
director de la Umata del municipio de Timbiquí para la época de los hechos y Raúl
Arango Saa66, representante legal de la Asociación para el Avance y Desarrollo de
los Consejos Comunitarios de Timbiquí Consejo Mayor Palenque El Castigo,
quienes declararon que los demandantes poseían cultivos de cacao, entre otras
especies, en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí,
Cauca. El primero manifestó que al tercer día de la aspersión aérea con glifosato

65 Fl. 27 a 32, C.5. “(…) La siembra fue de manera individual, a través del convenio Alcaldía
Municipal - Banco Agrario, eran cultivos de cacao, intercalados con plátano y frutales, y fueron
fumigados por la policía antinarcóticos. Es de aclarar que los cultivos de LEONA SINISTERRA y
ARNULFO GONGORA, se realizaron mediante el convenio antes mencionado, y en el caso de los
señores JOSE ARVEY ZORA SINISTERRA, JOSE ALDEMAR ZORA SINISTERRA, y ADALGISA
GARCIA SAA, los cultivos eran personales. (…) Los cultivos de los demandantes, fueron
quemados totalmente con la aspersión del glifosato por la policía de antinarcóticos. (…). Estuve al
tercer día de la fumigación, y apenas visité los terrenos de ARNULFO, ADALGISA y LEONA, los
otros fueron visitados por los miembros del Consejo Comunitario. (…)”
66 Fl. 33 a 38, C.5. “(…). una vez conocidos los hechos del día 11 de julio de 2012, nos trasladamos

hasta el área afectada por la fumigación, para constatar y verificar las afectaciones a los cultivos de
cacao, y otras especies que allí se encontraban, verificada la existencia de la afectación,
procedimos a levantar el inventario en cada uno de los predios de las personas afectadas,
posteriormente coordinamos, el levantamiento de las coordenadas, y el croquis del área con las
respectivas fincas, con esta información, el 27 de julio del mismo año, nos dirigimos al señor
Alcalde Municipal, presentando la respectiva queja, para que fuera elevada a la Policía
Antinarcóticos. (…). Se habían desarrollado cultivos de arroz, plátano y para ese momento cacao,
además de los cultivos de pan coger. (…). Fueron arrasados totalmente por la fumiga. (…).
PREGUNTADO: indíquele al Despacho, a los cuantos días de haberse asperjado con glifosato,
llego usted a los predios que usufructuaban los señores ADALGISA GARCIA SAA, LEONA
SINISTERRA BANGUERA, JOSE ARBEY ZORA SINISTERRA, JOSE ALDEMAR ZORA,
ARNULFO GONGORA y si usted recorrió en su totalidad los predios de cada uno. CONTESTO: A
los seis días, y recorrí los predios en su totalidad. (…)”.

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visitó los terrenos de Arnulfo Góngora, Adalgiza García Saa y Leona Sinisterra
Banguera y que los cultivos habían sido quemados. El segundo señaló que visitó
los cultivos 6 días después de la operación y que estos fueron “arrasados”.

Dichos testimonios tienen valor probatorio, pues son coherentes en sus
afirmaciones y no se evidencia tergiversación en el relato de lo que visualmente
constataron en las visitas realizadas a los cultivos de los demandantes. Además,
ambos coincidieron en que vieron los cultivos dañados (arrasados y quemados).

El daño tiene el carácter de antijurídico porque no hay título jurídico que lo
justifique y recae sobre un bien jurídico protegido por el Estado, como lo es la
propiedad, en este caso, colectiva, y la actividad económica agrícola.

En efecto, el artículo 2 de la Constitución Política67 establece que las autoridades
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; de donde la
vulneración de tales postulados y los daños que sobre ellos se generen resultan
antijurídicos. Además, el artículo 58 de la Carta Política dispone que “se
garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con
la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público
o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones (...)”.

67 “Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

7.2.2. Tutela contra la sentencia de segunda instancia

Los demandantes Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora Sinisterra, Flor
María Granja Banguera, Arnulfo Góngora y Adalgisa García Saa presentaron
demanda de tutela contra el fallo de segunda instancia, cuyo trámite concluyó con
la sentencia proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación el 3 de abril de
2025, en la cual se dispuso:

“[…] Primero. Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2024, dictada por la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de los señores Leona Sinisterra Banguera, José Arbey
Zora Sinisterra, Flor María Granja, Arnulfo Góngora y Adalgisa García Saa, quienes
actúan en nombre propio. En consecuencia,

Tercero. Dejar sin efectos la sentencia del 17 de junio de 2024, proferida por la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el medio de control
de reparación directa con radicado No. 190001-23-33-000-2014-00488-01.

Cuarto. Ordenar a la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera una decisión de reemplazo en el proceso de reparación directa radicado con
el No. 190001-23-33-000-2014-00488-01, de conformidad con las consideraciones
expuestas. […]”.

Lo anterior con fundamento en que la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación incurrió en un defecto fáctico, al imponerle a la parte actora una carga
excesiva consistente en demostrar el nexo causal entre el daño ocasionado y el
actuar de la Policía Nacional, a pesar de que la misma entidad admitió que realizó
la actividad de aspersión con glifosato en el área donde tenían sus cultivos, sin
tener en cuenta que de las visitas realizadas a los predios se dio fe que los
mismos fueron destruidos a causa de la aspersión con el herbicida. A lo que se
agrega que la Corporación Autónoma Regional de Cauca no pudo realizar un
estudio del suelo por el tiempo que había transcurrido y pasando por alto que se
trata de una comunidad étnica que, por sus condiciones económicas, está en una
situación de vulnerabilidad manifiesta y tiene insatisfechas todas sus necesidades
básicas.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

El juez de tutela consideró que el análisis probatorio realizado por la Subsección C
de la Sección Tercera de esta Corporación carece de un enfoque diferencial al
desconocer pruebas tales como las certificaciones expedidas por el secretario de
desarrollo económico y ambiental de Timbiquí, el director del Banco Agrario de
Colombia, oficina de Timbiquí, el defensor del pueblo regional Cauca y los
testimonios dados por el exdirector de la Umata del municipio de Timbiquí y el
representante legal de la Asociación para el Avance y Desarrollo de los Consejos
Comunitarios de Timbiquí, quienes realizaron visitas de campo a los cultivos unos
días después de que acaeció el hecho dañoso y sostuvieron que la afectación a
los predios fue a causa del herbicida.

Concluyó, que en algunos casos por las condiciones que presentan los
demandantes, como en esta oportunidad, es factible que el juez natural realice
una valoración probatoria con enfoque diferencial, para lo cual debe estudiar no
solo la totalidad del acervo probatorio, sino, además, analizar el contexto que
rodea la vulneración alegada. Igualmente, señaló que en virtud del conocido efecto
adverso que la fumigación con glifosato tiene en el ambiente y en los cultivos
lícitos, el daño causado podía considerarse como un daño ambiental consecutivo,
cuya prueba debería tener en cuenta algunos criterios indicados en la sentencia
SU-455 de 2020 de la Corte Constitucional, para determinar el nexo de causalidad
entre el hecho generador como es la aspersión con glifosato y el daño patrimonial
causado a los demandantes.

Por tanto, en cumplimiento de lo ordenado por la Sección Cuarta de esta
Corporación, la Sala procede a emitir nuevamente pronunciamiento de fondo
haciendo un estudio de la imputación del daño a la demandada, de acuerdo con
los parámetros fijados en la sentencia del 3 de abril de 202568.

68 Las normas procesales consagran la obligación de valorar los medios de prueba en su conjunto,

incluida la prueba indiciaria, y de acuerdo con las reglas de la sana crítica; además, establecen la
posibilidad de decretar pruebas de oficio y la modificación de la carga de la prueba según las
particularidades del caso, entre otras facultades del juez que constituyen mecanismos enderezados
hacia la búsqueda de la verdad en el proceso. En ese orden de ideas, esta Sala de Subsección no
comparte la aplicación generalizada de la denominada «flexibilización probatoria» como vía para
acudir a parámetros de apreciación probatoria que se separan del carácter de orden público de las
normas procesales vigentes. Por el contrario, estima que la procedencia de la tesis de la
«flexibilización probatoria» se debe analizar en cada caso, según las particularidades de la

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

7.2.3. Imputación

La Policía Nacional en su recurso de apelación sostuvo que los demandantes
realizaban una actividad ilegal, dado que tenían sembrados cultivos ilícitos
mezclados con cultivos lícitos. Incluso, cuestionó si los accionantes “realmente”
tenían sembrados cultivos legales. Señaló que no se probó la acción u omisión de
la entidad que produjera las afectaciones objeto de demanda.

Pues bien, se demostró que el 11 de julio de 2012, la Dirección Antinarcóticos de
la Policía Nacional realizó operación de aspersión con glifosato en el corregimiento
La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca (hecho probado 7.1.4.),
que los demandantes presentaron quejas reclamando que sus cultivos fueron
quemados por el herbicida (hecho probado 7.1.5.), que la demandada se negó a
reconocer compensación alguna a los demandantes porque las parcelas de Leona
Sinisterra Banguera y Arnulfo Góngora no habrían sido afectadas por la aspersión,
(hechos probados 7.1.6 y 7.1.7.) y porque las parcelas de José Aldemar Zora
Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa fueron fumigadas
debido a que la accionada consideró que tenían cultivos lícitos mezclados con
plantas de coca (hecho probado 7.1.8.).

Esta Sala, en la sentencia del 17 de junio de 2024, que mediante la presente se
reemplaza por la orden de tutela contenida en la providencia del 3 de abril de
2025, consideró que, si bien de la resolución de las quejas formuladas por los
demandantes era posible inferir que la demandada admitió haber realizado la

controversia y las normas propias del debido proceso. No obstante, en cumplimiento de la orden de
tutela, para resolver este asunto, acoge dicho criterio, tal como lo hizo la Sala en providencia del 13
de marzo de 2025, exp. 48891, en la cual dictó fallo de reemplazo en cumplimiento de orden de
tutela, en la que, al igual que en el sub judice, la Corte Constitucional, con base en un estándar
probatorio propio de esa decisión, ordenó tener en cuenta unas situaciones de hecho para abordar
el estudio del caso, lo que implicó darle un mayor alcance probatorio a pruebas que ya habían sido
valoradas por la Sala, -en este caso, las certificaciones expedidas por el secretario de desarrollo
económico y ambiental de Timbiquí, el director del Banco Agrario de Colombia, oficina de Timbiquí,
el defensor del pueblo regional Cauca y los testimonios dados por el exdirector de la Umata del
municipio de Timbiquí y el representante legal de la Asociación para el Avance y Desarrollo de los
Consejos Comunitarios de Timbiquí-, ello con el fin de dar aplicación a la flexibilización probatoria.
Con esta precisión, la Sala, compelida por la orden de tutela, procede a orientar el sentido de la
decisión bajo las directrices del fallo de amparo, en cuyo cumplimiento resulta imperativo declarar
la responsabilidad de la entidad demandada.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

operación de aspersión dentro del territorio del Consejo Comunitario Negros en
Acción y que incluso fumigó las parcelas de José Aldemar Zora Sinisterra, José
Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa por considerar que correspondían a
cultivos mixtos o fraccionados69, ello no bastaba para determinar que la
destrucción y/o quema de los cultivos se debió al uso del herbicida.

Lo anterior, por cuanto no se allegó dictamen, concepto, ni verificación técnica en
el terreno que se hiciera el día de la fumigación o con posterioridad a esta, de la
que se pudiera concluir que los cultivos de los antes mencionados fueron
destruidos por causa del glifosato. A ello se sumó que las demás pruebas
documentales y testimoniales no acreditaron con grado de certeza que la causa
eficiente del daño en los cultivos de los demandantes fue la aspersión con
glifosato, pues la Corporación Autónoma Regional del Cauca CAR en sus visitas
del 17 y 18 de febrero de 2015, no pudo determinar que las afectaciones fueron
causadas por el aludido herbicida (hecho probado 7.1.10). Tampoco los
testimonios, ni las certificaciones expedidas por el secretario de desarrollo
económico y ambiental de Timbiquí ni el defensor del pueblo Regional Cauca se
consideraron por esta Sala suficientes para establecer que el glifosato dispersado
de forma aérea por la Policía Nacional el 11 de julio de 2012 en el territorio
usufructuado por los demandantes causó los daños alegados sobre sus
plantaciones. Se consideró que tales pruebas solo demostraron que los cultivos
sufrieron unas afectaciones (quema y/o destrucción) (hechos probados 7.1.9.),
mas no que la causa de la afectación fue la operación adelantada por la entidad
demandada consistente en la aspersión aérea con glifosato.

69 CD1 FL. 272A, C.1. En la Resolución 0013 del 27 de junio de 2003 del Consejo Nacional de

Estupefacientes por la cual se establece que los cultivos ilícitos mezclados y fraccionados con
cultivos lícitos, también son objeto del Programa de Erradicación PECIG. Al respecto en su artículo
1 dispone lo siguiente:
“Artículo 1º. El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida Glifosato, en adelante
PECIG, a cargo de la Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos, operará en todas las regiones
del País donde se evidencie presencia de cultivos ilícitos. Las áreas de cultivos ilícitos fraccionados
y/o mezclados con cultivos lícitos, que corresponden a formas de cultivo utilizadas para evadir las
acciones del PECIG, también serán objeto de dicho programa. EI PECIG deberá contar con un
Plan de Manejo Ambiental elaborado, ejecutado y controlado por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial en coordinación con la Policía Nacional- Dirección Antinarcóticos.
Parágrafo 1º. Definiciones:
Área de cultivo fraccionado: Aquella área de terreno que se divide mediante barreras vivas y/o
artificiales, secuencia de plantaciones lícitas, cultivos de pan coger o bosque nativo, con cultivos
ilícitos.Área de Cultivo Mezclado: Aquella siembra que presenta plantas lícitas e ilícitas”.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Sin embargo, en cumplimiento de la providencia del 3 de abril de 2025, esta Sala
considerará el análisis de un enfoque diferencial sugerido por el juez de tutela,
para lo cual dará aplicación a la prueba indiciaria y a los criterios señalados por la
Corte Constitucional en materia de sana crítica ambiental.

Pues bien, la Corte Constitucional70 ha señalado que el enfoque diferencial como
desarrollo del principio de igualdad, en tanto trata diferencialmente a sujetos
desiguales, busca proteger a las personas que se encuentren en circunstancias de
vulnerabilidad o de debilidad manifiesta, de manera que se logre una verdadera
igualdad real y efectiva, con los principios de equidad, participación social e
inclusión. Dentro del enfoque diferencial, se encuentra el enfoque étnico, el cual
tiene que ver con la diversidad étnica y cultural, de tal manera que teniendo en
cuenta las particularidades especiales que caracterizan a determinados grupos
étnicos y el multiculturalismo, se brinde una protección diferenciada basada en
dichas situaciones específicas de vulnerabilidad, que en el caso de las
comunidades étnicas, como lo son las comunidades indígenas, afro, negras,
palanqueras, raizales y Rom, “se remontan a asimetrías históricas”. Dicho
principio, permite visibilizar las vulnerabilidades y vulneraciones específicas de
grupos e individuos, por lo que partiendo del reconocimiento focalizado de la
diferencia se pretenden garantizar los principios de igualdad, diversidad y equidad.

Mas recientemente, la Corte71 insistió en que, tratándose de tales comunidades,
se debe hacer un análisis de la totalidad del acervo probatorio con enfoque
diferencial, de forma tal que no se reste validez a determinado tipo de pruebas.

Adicionalmente, tratándose de afectaciones ambientales, como pueden ser, por
ejemplo, las causadas por aspersión aérea con glifosato, la Corte Constitucional
ha señalado que se generan dos modalidades de daños: i) daño ambiental puro,
que afecta a toda la colectividad y; ii) daño ambiental impuro, que tiene

70 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-010 del 16 de enero de 2015, MP:

Martha Victoria Sáchica Méndez.
71 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-021 del 31 de enero de 2025, MP:

Vladimir Fernández Andrade.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

consecuencias individuales y concretas, materiales e inmateriales72, postura que
ha sido reiterada de tiempo atrás por la jurisprudencia de esa Corte73 y acogida
por la Corte Suprema de Justicia74 y el Consejo de Estado75 .

Así, tratándose del análisis de la responsabilidad civil por daños ambientales, la
Corte Constitucional, en la sentencia SU-455 de 2020 fijó las siguientes reglas: “(i)
de acuerdo con el principio de quien contamina paga, las personas responsables
de un daño ambiental consecutivo deben responder no solo por el daño ambiental
sino también por el perjuicio individual causado a un sujeto en su patrimonio o en
sus derechos; (ii) hay libertad probatoria para la demostración del hecho
generador del daño (…); (iii) el juez no puede derivar una presunción a favor
del agente contaminante en virtud de la cual ante la incertidumbre sobre la
magnitud y los efectos del daño, así como la dificultad de rastrear sus
consecuencias con el paso del tiempo, deba ser exonerado de
responsabilidad por el daño ambiental causado; (iv) no es imperativo tener
certeza sobre las consecuencias específicas de una sustancia ni tener una
prueba directa e inequívoca de la relación existente entre la acción dañosa y
el evento lesivo (nexo de causalidad), sino construir unos indicios
suficientes y razonables, fundamentados en el estado del conocimiento
científico, que permitan llegar a una inferencia lógica sobre lo acontecido y, con
ello, condenar a un determinado agente a resarcir integralmente el daño

72 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-455 del 16 de octubre de 2020, MP: Antonio José

Lizarazo Ocampo.
73 “Original de la cita: Este Tribunal señaló que “[…] el daño ambiental da lugar a la afectación de

dos tipos de intereses: los personales y los naturales. Conforme con ello, el ordenamiento jurídico,
al constituir los medios de defensa y garantía de los derechos, ha previsto la reparación a favor de
las personas que puedan resultar afectadas en sus patrimonios y derechos (a través del
resarcimiento propio de las acciones civiles –individuales y colectivas–), y la compensación o
restauración para garantizar y asegurar los derechos de la naturaleza, concretamente, en relación
con los derechos a mantener y regenerar sus ciclos vitales”. Sentencia C-632 de 2011”.
74 “Original de la cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de mayo

de 2011, rad. 52835-3103-001-2000-00005-01. M.P. William Namen Vargas”.
75 Original de la cita: ‘[…], el daño ambiental puro es cualquier alteración, degradación, deterioro,

modificación o destrucción del ambiente (agua, aire, flora), causados por cualquier actividad u
omisión, que supera los niveles permitidos y la capacidad de asimilación y transformación de los
bienes, recursos, paisajes y ecosistema, afectando en suma el entorno del ser humano; mientras
que el daño ambiental impuro se define como la consecuencia de la afectación ambiental que
repercute en el entorno de los seres humanos, y supera los límites de asimilación y de nocividad
que pueda soportar cada uno de estos’. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Sentencia del 20 de febrero de 2014. Radicado 41001-23-31-000-2000-02956-01(29028). C.P.
Ramiro Pasos Guerrero”.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

ambiental; y (v) el principio de precaución es transversal al derecho
ambiental. Este no solo cobija la fase de prevención y corrección del deterioro
ambiental, sino que también orienta los instrumentos de reparación de los daños
ambientales, en el sentido de que no es exigible tener certeza sobre el alcance del
daño y el nexo de causalidad para ordenar las correspondientes medidas de
protección y reparación a que haya lugar”76. (Se destaca).

En atención a lo anterior y en consideración a que los demandantes pertenecen al
Consejo Comunitario Negros en Acción residente en el corregimiento La Trinidad
de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca e igualmente a que por su identidad
étnica como población afro son sujetos de protección diferenciada por encontrarse
en situaciones de vulnerabilidad que “se remontan a asimetrías históricas” como lo
ha señalado la Corte Constitucional, la Sala hará un análisis de la totalidad del
acervo probatorio con enfoque diferencial, de forma tal que no se reste validez a
determinado tipo de pruebas.

Así, descendiendo a las pruebas del caso concreto, se demostró que el 11 de julio
de 2012 la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó operativo de
aspersión aérea con glifosato en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del
municipio de Timbiquí, Cauca. De ello dan cuenta los oficios del 30 de agosto de
2012 suscritos por el oficial de la compañía antinarcóticos de aspersión aérea, la
orden de servicios 006 del 5 de enero de 2012, el acta de aspersión No. 177 del
11 de julio de 2012 y el Poligrama de aspersión de la misma fecha (hecho probado
7.1.4.).

Igualmente, se acreditó que los demandantes Leona Sinisterra Banguera, José
Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza
García Saa presentaron quejas por los daños a sus cultivos, las cuales fueron
recibidas por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional (hecho probado
7.1.5.).

76 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-455 del 16 de octubre de 2020, MP: Antonio José

Lizarazo Ocampo.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

En cuanto a las quejas formuladas por Leona Sinisterra Banguera y Arnulfo
Góngora, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional negó el reconocimiento
de compensaciones económicas con fundamento en que las aspersiones pasaron
por las parcelas de estos demandantes a más de 120 metros, lo cual no pudo
ocasionarles daño (hechos probados 7.1.6. y 7.1.7.).

Dichas decisiones se fundaron en las conclusiones del Comité Técnico
Interinstitucional conformado por miembros de la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional, la ANLA, el ICA y el Ministerio de Justicia, que analizó la
topografía del predio, su área y la distancia de los sitios a visitar acogiendo los
planteamientos señalados en diferentes estudios, como se indica en los autos del
16 de enero de 2013 (hechos probados 7.1.6. y 7.1.7.), según los cuales la
aspersión no ocasiona daños colaterales a más de 120 metros de distancia.

Los referidos autos que resolvieron las reclamaciones son documentos públicos,
suscritos por el director de la Policía Antinarcóticos dentro de unas actuaciones
administrativas de compensación por daños a cultivos, los cuales se presumen
auténticos porque hay certeza de la persona que los firmó y no fueron
desconocidos por las partes. No obstante, en cuanto a las conclusiones sobre la
distancia en que se efectuó la aspersión aérea y si esta causó o no daños a los
cultivos, dichos autos carecen de eficacia probatoria, pues no establecen la
presencia o ausencia de residuos de glifosato en los cultivos y se trata de actos
dictados dentro de un proceso administrativo en el que se decidió la
improcedencia del pago de una compensación económica, fundada en estudios
conocidos o practicados en ese trámite administrativo y con alcance probatorio
solo para esa actuación, mas no para el proceso de reparación directa de la
referencia y cuyas conclusiones no atan al juez contencioso en las valoraciones
probatorias que haga en el sub judice.

Se tiene entonces que, con las pruebas antes referidas, se probó que las parcelas
de los demandantes Leona Sinisterra Banguera y Arnulfo Góngora, fueron objeto
de la aspersión aérea con glifosato realizada por la Policía Antinarcóticos el 11 de
julio de 2012, solo que la entidad les negó compensación económica por daños a

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

cultivos, al considerar que la aspersión no ocasionaba daños colaterales a más de
120 metros de distancia, aspecto que no fue acreditado en este proceso, si no que
se trata de la conclusión a la que llegó la demandada dentro de la actuación
administrativa que adelantó para resolver las quejas de los demandantes.

A ello se suma que las parcelas de los accionantes no estaban sembradas con
cultivos ilícitos ni mezcladas con estos.

Igualmente, se observa que la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, al
resolver las quejas de José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y
Adalgiza García Saa, declaró la improcedencia de una compensación económica,
con el argumento de que en sus parcelas había cultivos lícitos mezclados con
lotes de coca, decisión sustentada en las conclusiones del Comité Técnico
Interinstitucional conformado por miembros de la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional, la ANLA, el ICA y el Ministerio de Justicia que realizó las visitas
de verificación a los lotes de los referidos demandantes, las cuales fueron
plasmadas en las Actas 005 del 13 de febrero de 2013 y 060 del 13 de marzo de
2013 y que la entidad demandada reprodujo en sus decisiones del 9 de abril de
2013, por las cuales negó las quejas (hecho probado 7.1.8.).

No obstante, al examinar el Acta 005 del 13 de febrero de 2013 en la que consta la
visita a los terrenos con coordenadas, mapa del lugar objeto de las quejas y sus
respectivas convenciones, se observa que dentro del polígono amarillo
correspondiente al territorio del Consejo Comunitario Negros en Acción se
encuentran varias zonas delineadas con color verde que, según las convenciones
del mapa, son plantaciones de coca y, sobre ellas pasan las líneas rojas que
representan las aspersiones aéreas realizadas el 11 de julio de 2012. Igualmente,
se identifican las parcelas examinadas por el Comité Técnico Interinstitucional con
una estrella amarilla.

Pues bien, según las imágenes contenidas en dicha acta, en la parcela de José
Aldemar Zora Sinisterra ubicada en las coordenadas
77°39’08,21”W,02°,47’26,83”N punto 59QYA, esta no corresponde a un cultivo de

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

coca. La parcela de José Arbey Zora Sinisterra ubicada en las coordenadas
77°39’03,42”W,02°,47’27,37”N punto 60QYA, no está demarcada como cultivo de
coca. Finalmente, la parcela de Adalgiza García Saa ubicada en las coordenadas
77°38’57,92”W,02°,47’35,90”N punto 62QYA, identificada con una estrella amarilla
dentro del territorio comunitario, tampoco aparece marcado en el mapa como un
cultivo de coca.

De modo que, de la interpretación de las imágenes y convenciones anexadas a
dicha acta, lo que se puede concluir es que dentro del territorio perteneciente al
Consejo Comunitario Negros en Acción había zonas identificadas como cultivos de
coca para la fecha de la aspersión aérea con glifosato, pero se trataba de otras
parcelas y no las de los demandantes e igualmente tampoco se estableció que
dentro de las fracciones de tierra de los hoy actores se habían mezclado cultivos
lícitos con plantas de coca.

Adicionalmente, tanto el defensor del pueblo Regional Cauca como el entonces
director de la Umata de Timbiquí que visitaron los terrenos entre 3 y 8 días
después de la operación de aspersión aérea del 11 de julio de 2012, señalaron,
según lo que observaron en los terrenos de los demandantes, que no había
cultivos ilícitos, solo cacao y otras especies lícitas (hecho probado 7.1.10.).

En consideración a lo anterior y a fin de establecer si la demandada incurrió en
una falla en el servicio, cabe precisar que mediante la Resolución No. 0013 de
200377, vigente para la época de los hechos, el Consejo Nacional de
Estupefacientes ratificó el empleo del herbicida glifosato como parte del programa
de erradicación de cultivos ilícitos y enfatizó que este método operaría en todas
las regiones del territorio nacional donde se evidenciara presencia de cultivos
ilícitos (amapola y coca), o en áreas en las que se mezclara el cultivo ilícito con el
lícito. Sin embargo, se aclaró que el programa debía contar con un plan de manejo
ambiental elaborado, ejecutado y controlado por el Ministerio de Ambiente en
coordinación con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

77 “Por la cual se revocan las resoluciones 1 del 11 de febrero de 1994 y 5 del 11 de agosto de

2000 y se adopta un nuevo procedimiento para el programa de erradicación de cultivos ilícitos”.

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Dicha Resolución definió unos parámetros operacionales como marco de acción al
programa de erradicación de cultivos ilícitos e igualmente buscaba prevenir, en lo
posible, los efectos colaterales de este programa consistentes en: i) Planeamiento
operacional, que implica que los recursos humanos, técnicos y financieros deben
estar dirigidos a prevenir y minimizar los posibles daños que se puedan derivar del
proceso de erradicación aérea78; ii) Reconocimiento de áreas de cultivos ilícitos, el
cual supone una identificación y ubicación exacta del cultivo ilícito, su extensión y
medio circundante y; iii) Operación, que tendrá para su ejecución de bases fijas y
móviles en cumplimiento de un plan de manejo ambiental.

Así las cosas, se tiene que la entidad demandada, al haber fumigado las parcelas
de los demandantes Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José Aldemar
Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa, los cuales no
eran sujetos del programa de erradicación de cultivos ilícitos, desconoció los
principios de planeamiento operacional y reconocimiento de áreas de cultivos
ilícitos establecidos en la Resolución No. 0013 de 2003 del Consejo Nacional de
Estupefacientes, a fin de evitar daños e identificar de manera exacta la franja y
extensión de cultivos ilícitos que debía erradicar el 11 de julio de 2012, con lo cual
incurrió en una falla del servicio en el marco de la operación de aspersión aérea
con glifosato que realizó ese día en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del
municipio de Timbiquí, Cauca.

Ahora, en cuanto el nexo de causalidad entre los daños a los cultivos de los
demandantes y la irregularidad administrativa cometida por la Policía
Antinarcóticos durante la operación de aspersión aérea con glifosato del 11 de
julio de 2012 se observa lo siguiente:

Se comprobó que los cultivos de los demandantes fueron destruidos, tal como
dieron cuenta las certificaciones expedidas por el secretario de desarrollo

78 Conforme al parágrafo del artículo 2 de la Resolución 0013 de 2003, la identificación, ubicación, extensión y

medio circundante de los cultivos ilícitos, sería realizado por la Policía Nacional-Dirección Antinarcóticos, con
el apoyo del proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, mientras el convenio de
dicho proyecto estuviera vigente con las Naciones Unidas o se estableciera otro en su reemplazo.

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

económico y ambiental de Timbiquí respecto de las parcelas de cada uno de los
demandantes, en las que afirmó que los cultivos “fueron objeto de daños causados
por la fumiga de aspersión aérea en la comunidad de la Trinidad Bubuey”, e
igualmente por el director del banco Agrario, oficina de Timbiquí (hecho probado
7.1.9.). Aunque las certificaciones antes indicadas no especifican cómo esos
funcionarios determinaron que la destrucción de los cultivos fue causada por el
glifosato, estas se valorarán en conjunto con las demás pruebas del proceso.

Igualmente, se acreditó que, el 22 de julio de 2012, el defensor del pueblo regional
Cauca, en su calidad de Analista del Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo Regional Cauca y en conjunto con la oficina del Alto
Comisionado para la ONU, realizó una verificación al municipio de Timbiquí
respecto de las afectaciones a cultivos lícitos como consecuencia de las
fumigaciones por aspersión aérea realizadas en el sector el 11 de julio de 2012,
especialmente hicieron un recorrido en la quebrada "La Pacha" de la vereda
Trinidad del rio y corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí,
donde encontraron “extensiones de siembras de cacao, plátano, papa china,
palma de chontaduro, arboles de guama, guayaba y limón, así como caña y yuca
quemadas por la fumigación” (hecho probado 7.1.9.).

Esta prueba merece credibilidad para la Sala, dado que se trató de una inspección
directa del defensor regional del pueblo y de funcionarios de la ONU, realizada tan
solo 10 días después de la aspersión aérea con glifosato ocurrida el 11 de julio de
2012, en la cual encontraron cultivos lícitos quemados, sin que se evidenciara que
dicha destrucción hubiera sido causada por un evento distinto, además, los
funcionarios estaban inspeccionando precisamente los cultivos ubicados en la
zona que fue objeto de la operación realizada por la Policía Antinarcóticos el 11 de
julio de 2012.

De igual manera, sobre la causa del daño a los cultivos, en este proceso se
escuchó el testimonio de Fabio Enrique Cambindo79 director de la Umata del
municipio de Timbiquí para la época de los hechos, quien declaró lo siguiente:
79 Fl. 27 a 32, C.5.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

“[…] PREGUNTADO: manifiéstele al Despacho, que pasó con los cultivos de los
demandantes. CONTESTO: Los cultivos de los demandantes fueron quemados
totalmente con la aspersión del glifosato por la policía de antinarcóticos. […]
PREGUNTADO: indíquele al Despacho, a los cuantos días de haberse asperjado
con glifosato, llego usted a los predios que usufructuaban los señores Adalgisa
García Saa, Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar
Zora, Arnulfo Góngora y si usted recorrió en su totalidad los predios de cada uno.
CONTESTO: Estuve al tercer día de la fumigación, y apenas visité los terrenos de
Arnulfo, Adalgisa y Leona, los otros fueron visitados por los miembros del Consejo
Comunitario. […] PREGUNTADO: descríbale al despacho, qué pruebas técnicas o
periciales realizó usted para determinar que los señores Adalgisa García Saa,
Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar Zora,
Arnulfo Góngora, realmente percibieron daños en sus cultivos a consecuencia de
la aspersión con glifosato; de igual forma describa la técnica utilizada por usted
para determinar los daños de los demandantes. CONTESTO: Yo realicé una
inspección ocular, de acuerdo a la fecha en que se hizo la aspersión, hasta el
momento que se hace la revisión. […]”.

Por su parte, el testigo Raúl Arango Saa80, representante legal de la Asociación
para el Avance y Desarrollo de los Consejos Comunitarios de Timbiquí Consejo
Mayor Palenque El Castigo para la época de los hechos declaró lo siguiente: “[…]
PREGUNTADO: manifiéstele al Despacho, que pasó con los cultivos de los
demandantes. CONTESTO: Fueron arrasados totalmente por la fumiga. […]
PREGUNTADO: indíquele al Despacho, a los cuantos días de haberse asperjado
con glifosato llegó usted a los predios que usufructuaban los señores Adalgisa
García Saa, Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar
Zora, Arnulfo Góngora y si usted recorrió en su totalidad los predios de cada uno.
CONTESTO: A los seis días, y recorrí los predios en su totalidad. […] qué pruebas
consultó o verificó usted para determinar que en los predios de los señores
Adalgisa García Saa, Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora Sinisterra, José
Aldemar Zora, Arnulfo Góngora, realmente existían los árboles y/o cultivos que se
dice perdieron los demandantes. CONTESTO: Hice recorrido a la totalidad de las
80 Fl. 33 a 38, C.5.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

fincas, en dos ocasiones y en ellas verifiqué la existencia de las plantas y cultivos
existentes en los predios, los cuales se encuentran discriminados y cuantificados
en el informe que se entregó a la Alcaldía Municipal, además, se tomaron
evidencias fotográficas, tanto el día de la fumigación como días después. “[…]”.

Como antes lo advirtió la Sala al analizar la prueba del daño, estos testimonios
tienen valor probatorio, pues son coherentes en sus afirmaciones y no se
evidencia tergiversación en el relato de lo que visualmente constataron en las
visitas realizadas a los cultivos de los demandantes. Además, ambos coincidieron
en que vieron los cultivos dañados (arrasados y quemados). Igualmente, son
indicadores de que la causa de la destrucción de los cultivos fue la aspersión
aérea con glifosato, coincidiendo con lo señalado por el secretario de desarrollo
económico y ambiental de Timbiquí y el director del banco Agrario, oficina de
Timbiquí en sus certificaciones y el defensor del pueblo regional Cauca quien, al
igual que los testigos, visitó los cultivos pocos días después de la aspersión.

Finalmente, se tiene que en la visita realizada por la Corporación Autónoma
Regional del Cauca CAR los días 17 y 18 de febrero de 2015, se concluyó que no
fue posible determinar que las afectaciones a los cultivos de los demandantes
fueron causadas por glifosato (hecho probado 7.1.11.). Sin embargo, se trata de
una prueba poco conducente, dado que fue practicada casi tres años después de
los hechos y por el paso del tiempo no le fue posible determinar alguna causa en
particular, ni tampoco permitió descartar que la afectación pudo ser causada por la
aspersión aérea con glifosato del 11 de julio de 2012.

Se recuerda que, como lo advirtió la Sala en la sentencia del 17 de junio de 2024,
materia de reemplazo, en este proceso no se allegó ni practicó un dictamen
pericial o prueba alguna que diera certeza de la causa directa de la destrucción de
los cultivos. Sin embargo, en atención a la orden de amparo del 3 de abril de 2025,
la Sala considera justificado establecer en este caso un estándar probatorio
flexible y favorable a la parte demandante por no haber tenido control sobre los
hechos ni circunstancias, que sí lo tuvo la demandada por haber participado
directamente en la operación que se imputa dañina y haber tenido acceso y

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

control de la zona donde ocurrió esta y a las pruebas técnicas que le permitieron
planear la operación de aspersión aérea con glifosato y, luego de ejecutada esta,
considerar que no había causado daños a los cultivos de los demandantes.

Así, en virtud de lo anterior, cabe resaltar que cuando no existe prueba directa que
permita determinar con certeza la causa del daño, como lo ha señalado la Corte
Constitucional en asuntos relacionados con responsabilidad civil por afectación
ambiental81, no es imperativo tener certeza sobre las consecuencias específicas
de una sustancia ni tener una prueba directa e inequívoca de la relación existente
entre la acción dañosa y el evento lesivo (nexo de causalidad), sino construir unos
indicios suficientes y razonables, fundamentados en el estado del conocimiento
científico, que permitan llegar a una inferencia lógica sobre lo acontecido y, con
ello, condenar a un determinado agente a resarcir integralmente el daño
ambiental. Así, de acuerdo con la misma jurisprudencia de esa Corte82, el principio
de precaución es transversal al derecho ambiental e implica que no es exigible
tener plena certeza sobre el alcance del daño y el nexo de causalidad para
ordenar las correspondientes medidas de protección y reparación a que haya
lugar.

De modo que es posible, a partir de la existencia y valoración de unos hechos
debidamente probados y mediante la aplicación de las reglas de la experiencia83,
establecer la existencia de otros que a priori se desconocen y que permiten
establecer la causa, en este caso, dirigidos a establecer si la operación de
aspersión aérea con glifosato realizada el 11 de julio de 2012 por la Policía
Antinarcóticos en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de
Timbiquí, Cauca, causó la destrucción de los cultivos de los demandantes.

Al efecto, es menester poner de presente que según reiterada jurisprudencia del
Consejo de Estado el indicio es una prueba indirecta que construye el juez con

81 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-455 del 16 de octubre de 2020, MP: Antonio José

Lizarazo Ocampo.
82 Ibídem.
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 19 de noviembre de 2021, exp. 54097.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente
acreditados en el proceso, para así deducir determinadas consecuencias. Esa
construcción indiciaria supone una exigente labor crítica, cuya apreciación debe
ser en conjunto, en los términos del artículo 242 del Código General del Proceso,
teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia entre sí y con los
demás medios de prueba.

Así, se tiene que el indicio está integrado por los siguientes elementos: i) los
hechos indicadores, que son los hechos conocidos, los rastros o huellas que se
dejan al actuar, que deben estar debidamente probados en el proceso; ii) una
regla de experiencia, de la técnica o de la lógica o de la ciencia, que es el
instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento; iii) una inferencia
mental, que es el razonamiento, la operación mental o el juicio lógico crítico que
hace el juzgador, dando lugar a la relación de causalidad entre el hecho indicador
y el hecho desconocido; y iv) el hecho que aparece indicado, esto es, el resultado
de esa operación o inferencia mental84.

Bajo el anterior contexto, en el sub examine se observa la existencia de un hecho
indicador consistente en que el 11 de julio de 2012, la Policía Antinarcóticos
realizó una aspersión aérea con glifosato en el corregimiento La Trinidad de
Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca.

Lo anterior se encuentra probado con los oficios del 30 de agosto de 2012
suscritos por el oficial de la compañía antinarcóticos de aspersión aérea, la orden
de servicios 006 del 5 de enero de 2012, el acta de aspersión No. 177 del 11 de
julio de 2012 y el poligrama de aspersión de la misma fecha (hecho probado
7.1.4.).

84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de

mayo de 2007, exp. 5700. Ver, en ese mismo sentido, las siguientes providencias: i) sentencia del
10 de julio de 2013, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
exp. 27913, y ii) sentencia del 1º de octubre de 2018, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, exp. 53990.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Otro hecho indicador lo constituye el hecho de que luego de dicho operativo, el 27
de julio de 2012, los demandantes Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora,
José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa
presentaron queja ante la entidad demandada por la afectación de sus cultivos de
cacao, plátano, chontaduro, limón, papa china, guamo, caña y guayabo, dado que
estos resultaron quemados y destruidos. Este hecho se encuentra probado con los
“formularios de recepción de quejas de presuntos daños en plantaciones lícitas por
la aspersión aérea con el herbicida glifosato” y el escrito del 27 de julio de 2012
(hecho probado 7.1.5.).

Otro hecho indicador debidamente establecido consiste en la realización por parte
de la Policía Antinarcóticos de la aspersión aérea con glifosato sobre las parcelas
de Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José Aldemar Zora Sinisterra,
José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa plantadas con los cultivos antes
mencionados. De esto dan cuenta los autos del 16 de enero y del 9 de abril de
2013, por los cuales la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional decidió de
fondo las quejas presentadas por los demandantes y declaró la no procedencia de
las compensaciones económicas (hechos probados 7.1.6., 7.1.7. y 7.1.8.).

Otro hecho indicador es que tanto las certificaciones del secretario de desarrollo
económico y ambiental de Timbiquí y del director del banco Agrario, oficina de
Timbiquí, como la inspección ocular realizada el 22 de julio de 2012 por el
defensor del pueblo regional Cauca (hecho probado 7.1.9.), coincidieron con el
dicho de los testigos Fabio Enrique Cambindo y Raúl Arango Saa, quienes
visitaron los cultivos entre 3 a 6 días después de la aspersión aérea con glifosato
del 11 de julio de 2012, en que fue dicha fumigación la que causó la quema de los
cultivos lícitos de los demandantes.

A ello se suma otro hecho indicador y es que el único suceso anormal ocurrido
respecto de los cultivos de los demandantes el 11 de julio de 2012, fue la
aspersión con glifosato, dado que no se probó que ese día ni los días siguientes
ocurrió un incendio, una plaga o cualquier otra circunstancia que pudiera
relacionarse con la destrucción de los cultivos.

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

En punto de lo anterior, es dable precisar que, la sola acreditación de un hecho
indicador no comporta, de facto, la configuración de un hecho indicado pues, para
llegar a su deducción deben concurrir, además, las reglas de la experiencia y una
inferencia lógica mental que permita deducir el vínculo causal entre el hecho
indicador y aquel que pretende conocerse.

Así, entonces, para continuar con el ejercicio de construcción del indicio, una vez
establecidos y debidamente probados los hechos indicadores antes mencionados,
procede identificar una regla o máximas de la experiencia que permitan razonar
los hechos indicadores, hacer la inferencia lógica y concluir en un hecho indicado.
Por tanto, se analizarán los citados hechos indicadores en conjunto con los
parámetros trazados en el fallo de tutela a efectos de construir a partir de las
reglas de la experiencia y, una convicción lógica y una labor crítica los indicios
que, desde ya se anuncia, apuntan a que la aspersión con glifosato del 11 de julio
de 2012 efectuada por la Policía Nacional produjo como consecuencia el daño a
los cultivos de los demandantes.

Para la Sala resulta altamente probable que los cultivos de los demandantes se
destruyeron debido a la aspersión con glifosato del 11 de julio de 2012, pues,
aunque se carece en este proceso de una prueba directa practicada
oportunamente que diera certeza de la causa del daño (dictamen pericial), a esta
conclusión puede llegarse por vía de una inferencia mediante indicios o a través
de la deducción de prácticas comunes en circunstancias similares, somo son las
máximas de la experiencia.

Es pertinente señalar que las reglas de la experiencia han sido definidas por la
doctrina como aquel medio a través del cual puede acudir el operador judicial, en
conjunto con su actividad intelectual, para llegar a la constatación del hecho objeto
de la controversia85. Sobre este punto, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia precisó que las reglas de la experiencia se construyen sobre

85 Taruffo, Michele: Contribución al estudio de las máximas de experiencia, 2023, Editorial Marcial

Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, pp 25.

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

hechos, cuya cualidad es su repetición frente a los mismos fenómenos bajo
determinadas condiciones para que así, puedan ser tenidas como el resultado de
prácticas colectivas sociales que por lo consuetudinario se repiten dadas las
mismas causas y condiciones y producen con regularidad los mismos efectos y
resultados86. Sobre este concepto también la Corte Constitucional ha precisado
que una máxima de experiencia es principio de lógica o regla de la ciencia y que
debe tener fuerza argumentativa complementada por la convergencia de los
hechos demostrados87.

Estas reglas de la experiencia pueden ser individuales o colectivas, como también
pueden ser construidas por conocimientos públicos y privados y pueden
acreditarse por cualquier fuente de conocimiento, sin que sea necesario una
prueba directa o revestida de formalidad.88

Pues bien, de acuerdo con lo anterior, se tiene como máximas de la experiencia
que la aspersión aérea con glifosato puede causar afectaciones al medio ambiente
pues, como se advirtió en providencia del 20 de febrero de 2014 de esta Sección
sobre un asunto similar89, existen estudios como el titulado “Citotoxicidad y
genotoxicidad en células humanas expuestas in vitro a glifosato” que confirmó que
dicha sustancia afecta a las plantas y a los mamíferos:90

“[…] Los resultados del presente trabajo, en el que se utiliza la prueba del cometa
para medir la genotoxicidad del glifosato en diferentes tipos celulares, no
concuerdan con los obtenidos por otros autores que utilizan la misma prueba y que
concluyen que este herbicida no induce rupturas de cadena sencilla en el ADN55.
No obstante, con lo observado en este estudio respecto a la citotoxicidad tanto
aguda como crónica y a la genotoxicidad, se sugiere que el mecanismo de acción

86 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 1º de junio de 2016, Rad:

45585.
87 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-073 del 21 de marzo de 2023.
88 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 19 de marzo de 2020, exp. 3093-16, CP: William Hernández Gómez. Igualmente ver:
Sala Plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, exp: 1210-11.
89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 20 de febrero de 2014, exp. 29028, CP: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
90 GROTT DE RESTREPO, Helena. “Citotoxicidad y genotoxicidad en células humanas expuestas

in vitro a glifosato”. Revista del Instituto Nacional de Salud, V. 25, n°. III, 2005, pp. 335-345.
Igualmente se puede consultar en:
https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/1358?time=1712979397?time=17129
95888

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del glifosato no se limita únicamente a las plantas sino que puede alterar la
estructura del ADN en otros tipos de células como son las de los mamíferos. […]”

Igualmente, en dicha providencia se destacó un estudio científico publicado en
2005 titulado “Glifosato: ¿riesgo humano?”, en el que se sostuvo que la deriva de
la aspersión causada por el viento puede afectar a organismos que no son objeto
de fumigación y que la mayoría de las quejas reportadas por la población afectada
han sido por daños a la vegetación:91

“[…] La experiencia muestra que cerca del 45% de la formulación aplicada es
absorbida por las hojas de las plantas tratadas y transmitida al resto de las mismas.
Lo demás debe asimilarlo el entorno. En el ambiente, el glifosato es ligeramente
móvil en el suelo y soluble en agua. Su disipación –que varía de 3 a 174 días en
campo– se da por la formación de complejos con iones de Ca2+ y Mg2+, unión a
sedimentos, fotodegradación en agua o degradación microbiológica; también, de
manera limitada, puede ser degradado por las plantas […]. Adicionalmente se ha
observado que, en condiciones naturales, la fotodegradación en agua ocurre con
valores de tiempo de degradación menores a 28 días. No obstante, aunque estos
mecanismos de degradación evitan la acumulación eventual del glifosato en el
ambiente, existen otros factores de riesgo asociados al proceso de aplicación de la
formulación. En primer lugar, en el caso de la aspersión aérea, desde el punto de
vista ambiental puede darse una imprecisión del área objetivo. Adicionalmente
puede presentarse deriva en la aspersión, principalmente a causa del viento,
haciendo que ésta afecte también organismos que no son blanco de fumigación. Es
así como, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo y de la Dirección
Nacional de Estupefacientes (DNE), se han reportado cerca de 8.000 quejas, de las
cuales el 87% corresponde a daños en la vegetación. […]”

Asimismo, la providencia en cita resalta un estudio de la Universidad Nacional
titulado “Observaciones al Estudio de los efectos del programa de Erradicación de
Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) y
de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio ambiente”, que se publicó
el 11 de mayo de 2005, el cual concluyó que el glifosato no solo afectaba a los
cultivos de coca sino que sus efectos pueden extenderse a otras plantas fuera de
la zona de aspersión:92

91GROOT DE RESTREPO, Helena y ORTIZ CUARÁN, Sandra Liliana. “Glifosato: ¿riesgo
humano? En Hipótesis. Apuntes científicos uniandinos, n°. 6, 2005, pp. 32-37. Igualmente, se
puede consultar en: https://repositorio.uniandes.edu.co/login
92 Se puede consultar en:

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/Observaciones_IDEA_a_esutdio_impactos_culti
vos_y-PECIG_CICAD_11mayo2005.pdf

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“[…] Una de las principales críticas en este sentido se relaciona con el hecho de
que, de acuerdo con los resultados de Solomon y colaboradores, el glifosato
afectaría de manera específica únicamente a los cultivos de coca y de ninguna
manera a otras especies vegetales. Sin embargo, hasta donde se sabe, el principio
activo del glifosato (la isopropil amina) no tiene efectos especie-específicos, como
se desprende de los resultados del trabajo mencionado. Incluso, en el documento:
“Informe de Temas Relacionados con la Erradicación Aérea de Coca Ilícita en
Colombia” publicado por la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y
Ejecución de la Ley (INL) del Departamento de Estado (septiembre de 2002.), se
reconoce que ‘el glifosato es un herbicida efectivo de amplio espectro, y por lo tanto
se espera un riesgo para las plantas no objetivo fuera de la zona de aplicación’. […]”

Por otro lado, la Corte Constitucional, mediante auto 073 de 2014 93, estableció
que, en caso de no existir certeza científica sobre la inexistencia de un riesgo
grave e irreversible para el medio ambiente, se debía aplicar el principio de
precaución y en dicha providencia ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible realizar estudios sobre el impacto del glifosato en la salud y el medio
ambiente y le otorgó para el efecto un plazo de tres meses. Una vez vencido, de
no llegarse a conclusión alguna, se debían suspender las aspersiones.

Finalmente, mediante Resolución 1214 del 30 de septiembre de 2015 94, en
aplicación del principio de precaución, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA ordenó la suspensión de las operaciones de aspersión aérea
con glifosato - PECIG en todo el territorio nacional.

De manera que, incluso para la autoridad ambiental, no es claro que el glifosato
sea una sustancia inofensiva o sin efectos adversos en el ambiente, por el
contrario, es posible que cause daños en la salud y en los recursos naturales y,
por ello, en aplicación del principio de precaución, se suspendió su uso en todo el
país.

93 Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, auto del 27 de

marzo de 2014, MP: Luis Ernesto Vargas Silva.
94 Se puede consultar en: https://www.anla.gov.co/01_anla/noticias/670-la-anla-ordena-suspension-

de-las-actividades-del-programa-de-erradicacion-de-cultivos-ilicitos-mediante-la-aspersion-aerea-
con-glifosato

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Así las cosas, según la máxima de la experiencia, el glifosato resulta lesivo para
las plantas que entran en contacto con ese medio de control para especies
vegetales, incluidas las plantas que se encuentran por fuera de su área de
aplicación o, al menos, no existe certeza de que no les cause daño, de ahí que los
hechos indicadores probados, consistentes en que la Policía Nacional asperjó con
glifosato el área donde se encontraban los cultivos de los demandantes, unos a
poca distancia y otros directamente porque consideró que eran mixtos (cultivos
lícitos con ilícitos) y, que justo después de esa operación varios funcionarios y dos
testigos verificaron directamente la destrucción de las plantas lícitas de los
accionantes, bajo los parámetros de la sana crítica, en conjunto con los
lineamientos fijados en la sentencia del 3 de abril de 2025 de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, es posible tener como hecho indicado y por ende inferir,
que la destrucción de los cultivos de los demandantes fue producto de la
aspersión con glifosato del 11 de julio de 2012, realizada por la Policía Nacional.

De igual manera, debe decirse que la aspersión aérea de pesticidas no contiene el
crecimiento de especies vegetales exclusivamente en el área de su aplicación
directa, pues al ser el glifosato rociado desde el aire, el mismo puede afectar
plantas ubicadas en la vecindad inmediata, en tanto las partículas esparcidas
viajan por el aire y están sometidas a la voluntad del viento de donde pueden
depositarse en lotes circunvecinos afectando los cultivos que allí se encuentren.

Además, resultaría en una carga excesiva para la parte demandante exigir, para
poder establecer la afectación de sus cultivos que, justo después de la aspersión
aérea con glifosato, se hubiera practicado una verificación técnica con intervención
de perito que diera cuenta de la causa exacta y cierta de la quema de sus cultivos,
pues, se insiste, de acuerdo con las reglas señaladas por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-455 de 2020 sobre sana critica en materia ambiental, no es
imperativo tener certeza sobre las consecuencias específicas de una
sustancia ni tener una prueba directa e inequívoca de la relación existente
entre la acción dañosa y el evento lesivo (nexo de causalidad).

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Ello es así, pues el principio de precaución implica que, para establecer la
existencia de una afectación, no resulta exigible tener evidencia física sobre el
alcance de la fumigación como condición para determinar la extensión del daño y
establecer el área de influencia de la aspersión del herbicida mencionado, a fin de
ordenar las correspondientes medidas de protección y reparación, en tanto la
afectación que se causa puede ser más amplia a la querida por el medio que se
utiliza para hacer tal intervención que afecta el medio ambiente.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la aspersión aérea es un método que
consiste en el rocío de partículas líquidas volátiles de glifosato y que, por tanto,
están sujetas a la dirección e intensidad de los vientos de la zona donde se realiza
la maniobra aérea y, por ende, el lugar donde se depositan las gotas del herbicida
no se puede determinar con plena exactitud, ya que las micro gotas pueden
desplazarse por voluntad del viento hasta algún lote adyacente al que se pretende
afectar inicialmente y el alcance de la fumigación, entonces, no necesariamente se
circunscribe a las coordenadas del área seleccionada de antemano. Otro factor
que puede significar que el herbicida aspergido mediante algún aerodino no solo
afecte el área comprendida en las coordenadas escogidas, tiene que ver con la
maniobrabilidad misma de la aeronave que hace la fumigación, pues su vuelo está
condicionado por otros factores como es por ejemplo la morfología del terreno, la
pericia del piloto, la inexactitud de los instrumentos GPS que se utilizan para
programar las coordenadas y que tienen alguna variación con la verdad física de
la ubicación del terreno, pues esa información depende de los satélites con que se
conecten esos instrumentos de medición en el mismo momento en que se realiza
la intervención en algún terreno.

Lo anterior permite concluir, como regla de experiencia, que la aspersión con
glifosato, dados los factores antes mencionados, termine por afectar zonas ajenas
al objetivo de la fumigación aérea, tal como lo advierten los estudios antes
mencionados, publicados en 2015, según los cuales el glifosato es un herbicida
efectivo de amplio espectro que no solo afecta a los cultivos de coca sino que sus
efectos pueden extenderse a otras plantas fuera de la zona de aspersión, de ahí

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que la mayoría de las quejas reportadas por la población afectada han sido por
daños a la vegetación, es decir, cultivos lícitos, lo cual, además, guarda
coherencia con la orden dada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ANLA desde 2015 de suspender definitivamente este tipo de operaciones en todo
el territorio nacional, por la afectación que genera para el medio ambiente.

Igualmente, como regla de experiencia también se obtiene que, si para el 11 de
julio de 2012, no ocurrió un evento distinto a la aspersión aérea con glifosato en la
zona donde estaban los cultivos de los demandantes, del que pudiera al menos
presumirse que una circunstancia distinta a dicha fumigación pudo causar el daño
a las plantaciones o, al menos, compartir el nexo causal, puede entonces inferirse,
sin mayores elucubraciones, que fue el operativo realizado por la Policía Nacional
ese día el que causó la destrucción de los sembrados pues, precisamente, luego
de realizada la aspersión aérea con glifosato fue que los cultivos resultaron
afectados.

De modo que, analizados los anteriores hechos indicadores bajo los parámetros
de la sana crítica y las reglas de la experiencia, es posible tener como hecho
indicado que los cultivos de cacao, plátano, chontaduro, limón, papa china,
guamo, caña y guayabo de los demandantes Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo
Góngora, José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza
García Saa, fueron quemados por la aspersión aérea con glifosato realizada por la
Policía Antinarcóticos el 11 de julio de 2012. Es decir, que de acuerdo con los
hechos indicadores y descartando otras eventualidades de afectación de los
cultivos de los demandantes, se encuentra que la destrucción de los sembrados
pudo ser causada por la aspersión directa y/o a corta distancia con glifosato y, en
tanto no logró establecerse alguna otra causa posible del daño, le permite a la
Sala concluir que la demandada debe responder entonces por los daños causados
a los actores, pues el análisis de las circunstancias así permite establecerlo.

La Sala reitera que, si bien el nexo de causalidad no pudo acreditarse mediante
prueba directa, aunque en el fallo del 17 de junio de 2024, cuyo reemplazo ordenó
la Corte Constitucional mediante la sentencia del 3 de abril se dijo que ello podía

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hacerse mediante un dictamen pericial, lo cierto es que, siguiendo los parámetros
del fallo de amparo, a partir de las pruebas que sí obran en el proceso
(documentales y testimoniales), a través del ejercicio de la prueba indiciaria y en
aplicación de la sana crítica y del principio de precaución en materia ambiental
antes analizados, tal como lo ordenó el fallo de tutela, se considera que sí es
posible establecer el nexo causal entre la operación efectuada por la Policía
Nacional y la destrucción de los cultivos, aunque no se tenga prueba científica,
exacta, acerca de que la aspersión con glifosato en terrenos vecinos hubiere
afectado los cultivos de los demandados, que son adyacentes al área donde se
efectuó la fumigación, lo que permite concluir que es más que probable que tal
afectación sí ocurrió, en tanto igualmente no hubo alguna otra causa registrada
que diera cuenta o justificara la quema de los cultivos de los demandantes por una
razón distinta a la aplicación del herbicida desde el aire.

Como consecuencia, para la Sala está demostrada la falla en el servicio de la
Policía Nacional, por incumplimiento del deber de precaución, dado que en la
operación de aspersión aérea con glifosato del 11 de julio de 2012 desconoció los
principios de planeamiento operacional y reconocimiento de áreas de cultivos
ilícitos establecidos en la Resolución No. 0013 de 2003 del Consejo Nacional de
Estupefacientes y fumigó los cultivos de los demandantes, los cuales no eran
sujetos del programa de erradicación, operación que fue la causa de la
destrucción de estos.

8. Liquidación de perjuicios

8.1. La demanda peticionó, a título de perjuicios morales, 100 SMLMV para cada
uno de los demandantes.

El Tribunal a quo reconoció la suma de 20 SMLMV para cada uno de los
demandantes Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José Aldemar Zora
Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa, pues consideró que
no se probó la afectación de los demás demandantes. Se observa que dicho

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reconocimiento no fue materia de apelación, razón por la cual la Sala confirmará la
decisión del a quo respecto de los actores antes mencionados.

La parte actora apeló a fin de que se reconocieran perjuicios morales a todos los
accionantes. No obstante, se advierte, como quedó explicado en el acápite “4.
Legitimación en la causa”, que los demandantes Luis Alex Zora Granja, Weiner
Zora Granja, Maribel Zora Sinisterra, Nikol Zora Granja, José Luilly Zora Granja,
Norelly Zora Granja, Kener Góngora Perea, Marinela Góngora Perea, Tania Oritza
Góngora Perea, Dairon Yesid García Saa, Fredy Núñez García, Jhon Eduar
García Saa, Daira Banguera García y Gertrudis Perea Minota no se encuentran
legitimados en la causa por activa, razón por la cual no se estudiará
reconocimiento alguno de indemnización de perjuicios respecto de ellos.

Asimismo, en cuanto a la accionante Flor María Granja Banguera, quien fue
demandante de tutela y respecto de quien la sentencia del 3 de abril de 2025
amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, se advierte que esta accionó en tutela en calidad de
compañera permanente de José Aldemar Zora Sinisterra “(Q.E.P.D.)”. Sin
embargo, esta no se encuentra legitimada en la causa por activa como también se
explicó en el acápite “4. Legitimación en la causa” de esta providencia, aspecto
que no fue materia de la orden de tutela, como tampoco se probó la muerte del
actor José Aldemar Zora Sinisterra ni que aquella demandante fuera su heredera o
que se le hubieran amparado sus derechos constitucionales en esa calidad,
motivo por el cual no se le reconocerá indemnización alguna.

8.2. La demanda peticionó, a título de “afectación grave a las condiciones de
existencia, daño a la vida de relación o perjuicios constitucionales”, la suma
de 100 SMLMV para cada uno de los demandantes.

El Tribunal a quo reconoció la suma de 20 SMLMV para cada uno de los
demandantes Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José Aldemar Zora
Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa, pues consideró que
no se probó la afectación de los demás demandantes.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Se observa que dicho reconocimiento no fue materia de apelación, razón por la
cual la Sala confirmará la decisión del a quo.

8.3. La demanda peticionó, a título de “perjuicios innatura”, los que “se estimen”,
de conformidad con el estudio que realice la Corporación Autónoma Regional del
Cauca, CAR.

El Tribunal a quo negó indemnización por este perjuicio, dado que no fue
demostrado, aspecto que no fue materia de apelación, razón por la cual la Sala
confirmará la decisión del a quo.

8.4. La demanda peticionó, a título de daño emergente, la suma de $16’889.320
para Leona Sinisterra Banguera, $23’478.000 para José Arbey Zora Sinisterra,
$34’525.280 para José Aldemar Zora Sinisterra, $42’674.000 para Arnulfo
Góngora y $28’190.000 para Adalgiza García Saa.

El Tribunal a quo reconoció indemnización por este concepto de la siguiente
manera: para Leona Sinisterra Banguera, la suma de $10’889.320; para José
Arbey Zora Sinisterra, la cantidad de $17’478.000; para José Aldemar Zora
Sinisterra, el valor de $28’525.280; para Arnulfo Góngora, la suma de $33’674.000
y para Adalgiza García Saa, la cantidad de $21’190.000.

Se observa que este reconocimiento no fue materia de apelación, razón por la cual
la Sala confirmará la decisión del a quo y solo modificará los valores a fin de
actualizarlos desde la fecha de la providencia de primera instancia hasta la de esta
sentencia, con aplicación de la fórmula dispuesta por la jurisprudencia para este
efecto:

Para Leona Sinisterra Banguera, la suma de $10’889.320:

RA = Rh X IPC FINAL (abril 2025)
IPC INICIAL (octubre de 2018)

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

RA = $10’889.320 X 149,66
99,59

RA = $16’254.707,41

Para José Arbey Zora Sinisterra, la suma de $17’478.000:

RA = Rh X IPC FINAL (abril 2025)
IPC INICIAL (octubre de 2018)

RA = $17’478.000 X 149,66
99,59

RA = $26’089.762,83

Para José Aldemar Zora Sinisterra, la suma de $28’525.280

RA = Rh X IPC FINAL (abril 2025)
IPC INICIAL (octubre de 2018)

RA = $28’525.280 X 149,66
99,59

RA = $42’580.260,32

Para Arnulfo Góngora, la suma de $33’674.000:

RA = Rh X IPC FINAL (abril 2025)
IPC INICIAL (octubre de 2018)

57

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

RA = $33’674.000 X 149,66
99,59

RA = $50’265.858,42

Para Adalgiza García Saa, la cantidad de $21’190.000:

RA = Rh X IPC FINAL (abril 2025)
IPC INICIAL (octubre de 2018)

RA = $10’889.320 X 149,66
99,59

RA = $16’254.707,41

De manera que, corresponde a los demandantes, por concepto de daño
emergente actualizado las siguientes cantidades: para Leona Sinisterra Banguera
la suma de $16’254.707,41, para Arnulfo Góngora $50’265.858,42, para José
Aldemar Zora Sinisterra $42’580.260,32, para José Arbey Zora Sinisterra
$26’089.762,83 y para Adalgiza García Saa $16’254.707,41.

8.5. La demanda peticionó, a título de lucro cesante, la suma de $161’400.000
para Leona Sinisterra Banguera, $484’200.000 para José Arbey Zora Sinisterra,
$322’800.000 para José Aldemar Zora Sinisterra, $645.600.000 para Arnulfo
Góngora y $322’800.000 para Adalgiza García Saa.

El Tribunal a quo condenó a la demandada al pago de este perjuicio mediante
condena en abstracto, con base en los siguientes criterios:

1. El tipo de cultivo, su variedad, la edad, rendimiento promedio, costo de
producción y periodicidad de las cosechas, teniendo como parámetro el número de
plantas reportadas por cada comunero en las certificaciones del Consejo
Comunitario y del Secretario de Desarrollo Económico, que arriba se indicaron.

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

2. Tiempo restante de producción después de la fumigación, así como la merma que
por la edad del cultivo tuviera la cosecha.
3. Valor neto de producido durante el periodo restante de producción, indicando año
por año dicha cuantía.
4. El lucro cesante futuro abarcará desde el momento de la sentencia, hasta el
momento en que, en términos generales, el cultivo de cacao inicia su fase
productiva.

La parte actora apeló la condena efectuada por el a quo para este perjuicio, pues
reprochó que este no reconoció el lucro cesante consolidado desde el momento
de la fumigación hasta la fecha de la sentencia y condicionó el lucro cesante futuro
a que los demandantes vuelvan a sembrar y hasta la fecha probable en que el
cacao de sus frutos, cuando debió ser por todo el tiempo de vida productiva del
cacao, según la certificación de la Federación Nacional de Cacaoteros allegada al
expediente.

Se observa que al expediente se allegó una certificación del 5 de junio de 2014,
por la cual el coordinador de producción de la Unidad Técnica para el Cauca y
Valle del Cauca de la Federación Nacional de Cacaoteros hizo constar que, en
2011, el Consejo Comunitario Negros en Acción compró 30.000 semillas de cacao
para plantar 80 hectáreas en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio
de Timbiquí, Cauca, en los siguientes términos:95

“Por medio del señor Manuel Leudo Góngora identificado con cédula de ciudadanía
(…) adquirió 30.000 semillas de cacao para el Consejo Comunitario Negros en
Acción de la cuenca del río Bubuey de Timbiquí (Cauca) para el establecimiento de
80 hectáreas de cacao en dicha zona, desde el año 2011”.

Igualmente, mediante oficio del 4 de junio de 2014, la administradora de la Unidad
Técnica de Puerto Tejada de la Federación Nacional de Cacaoteros certificó que
la edad productiva de un árbol de cacao con un mantenimiento normal oscilaba
entre 30 y 40 años, que tiene dos cosechas marcadas en el año y que a partir del
cuarto año puede rendir hasta 1.500 kilogramos al año, así como que el precio del
kilo para esa fecha era de $5.250:96

95 Fl. 196, C.1.
96 Fl. 202, C.1.

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

“De acuerdo con su solicitud telefónica, me permito darle a conocer algunos
aspectos técnicos del cultivo del cacao:
La edad productiva de un árbol de cacao con un mantenimiento normal oscila entre
30 y 40 años. El cacao produce todo el año. Las recolecciones se hacen
quincenalmente. Sin embargo, hay dos cosechas marcadas: Mitaca (sic) en Junio -
Agosto y principal: octubre - diciembre. Los rendimientos del cacao en producción (a
partir del 4to año) están entre 120 y 1.500 kgs de cacao seco al año. Un buen
manejo garantiza producciones superiores a 2.000 kilogramos. El precio del kilo de
cacao a la fecha es de $5,250”.

Para la Sala estas pruebas merecen credibilidad, dado que fueron suscritas por
una entidad especializada en la producción y comercialización del cacao y no
fueron rebatidas por la parte demandada.

No obstante, se observa que lo que los apelantes reclaman como lucro cesante
consolidado no fue solicitado en la demanda. Además, en la condena en abstracto
el a quo reconoció los costos de producción (gastos), que corresponden a los que
un agricultor realiza en la siembra y que suelen ser recuperados mediante la venta
de las cosechas, es decir, un rubro que es parte de la inversión, por tanto, no debe
ser indemnizado. Tampoco resulta acertado reconocer a los demandantes lo que
habrían dejado de percibir por todo el tiempo de vida productiva del cacao, esto
es, entre 30 y 40 años, según la certificación de la Federación Nacional de
Cacaoteros, como lo piden en el recurso de apelación, pues se trata de una mera
expectativa, dado que no existe certeza que continuarían con ese cultivo y que
este les daría frutos, incluso, hasta por 40 años.

Por estos motivos, la Sala considera necesaria una condena en abstracto con
base en el número de árboles sembrados que tenía cada uno de los demandantes
Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José Aldemar Zora Sinisterra, José
Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa, como ya lo hizo esta Sección en un
asunto similar97, con observación de los siguientes parámetros:

1) Se deberá determinar las erogaciones necesarias para cada plantación de
cacao, de acuerdo con el número de árboles afectados por demandante. Se

97 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administratuvo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 7 de septiembre de 2023, exp. 63011, CP: Alberto Montaña Plata.

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

establecerá lo relativo a los insumos (fertilizantes, insecticidas, fungicidas,
controles fitosanitarios, agua, electricidad, etcétera), durante el período
comprendido entre la siembra y la existencia de frutos;

2) Se calculará el lucro cesante, que consiste en el valor bruto que le hubiera
reportado a cada demandante el primer año de producción plena de los árboles de
cacao, de acuerdo con el número de plantas afectadas. Al resultado de esta
operación deberá descontarse el valor establecido como erogaciones necesarias.
El cálculo deberá soportarse documentalmente, por ejemplo, en certificaciones
oficiales de precios para la época en la que se encontraba prevista la recolección
de los frutos, documentos comerciales como contratos celebrados en esa época,
comparación con utilidades documentadas de cultivadores para la misma época y
en condiciones equivalentes, facturas y análisis estadísticos;

3) Tanto el total de las erogaciones necesarias, como el lucro cesante, se
actualizarán con base en el IPC histórico hasta la fecha de liquidación de la
condena;

4) La liquidación no podrá superar el valor de las pretensiones de la demanda,
indexadas o traídas a valor presente;

5) Los demandantes podrán servirse de las pruebas pertinentes y conducentes
que estimen necesarias para esta finalidad.

Se advierte que, respecto de los cultivos de plátano, chontaduro, limón, papa
china, guamo, caña y guayabo el a quo no hizo ninguna referencia, como tampoco
esta omisión fue materia de apelación, razón por la cual la condena en abstracto
para el lucro cesante se efectúa solo respecto de los cultivos de cacao que tenían
los demandantes.

Finalmente, cabe precisar que la Policía Nacional en su recurso de apelación
manifestó su oposición al reconocimiento de perjuicios a favor de los demandantes
en los siguientes términos:

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

“[…] No estamos de acuerdo con la indemnización otorgada a los demandantes por
concepto de perjuicios morales, por daños materiales, por concepto de afectación a bienes y
derechos protegidos constitucionalmente: Al no quedar probado el riesgo excepcional, daño
especial, ni la falla del servicio por parte de la Policía Nacional en los hechos expuestos en la
demanda donde supuestamente resultaron afectados los demandantes, no habría lugar a
concederle a los demandantes las indemnizaciones de orden moral, daños materiales y
afectación a bienes y derechos protegidos constitucionalmente”.

Se observa entonces que la impugnación respecto del reconocimiento de los
perjuicios a los demandantes se basa en que, según la apelante, no se probó la
responsabilidad civil extracontractual imputada a la demandada, mas no en
relación con la prueba o cuantía de los perjuicios en los términos reconocidos por
el a quo, argumento que no enerva las indemnizaciones antes declaradas, dado
que como se explicó ampliamente en el acápite 7.2.3. de esta providencia, se
demostró la responsabilidad de la demandada por la falla en el servicio, que causó
la destrucción de los cultivos de los demandantes.

Por todo lo anterior, se confirmará el sentido de la decisión apelada, en cuanto se
probó la falla en el servicio de la Policía Nacional que causó la destrucción de los
cultivos de los demandantes Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José
Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa y, solo
se modificarán las condenas por concepto de daño emergente y lucro cesante.

9. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder
a la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de
la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas en segunda instancia a la parte demandada, toda vez que el
recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la
hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8
ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que
aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho98 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora99.

A su turno, el Acuerdo 2222 de 2003100 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determinó que, en los procesos ordinarios en
segunda instancia, éstas podrán fijarse en hasta el 5% del valor de las
pretensiones101.

En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la parte
demandante en segunda instancia comprendió la presentación de recurso de
apelación en la oportunidad procesal correspondiente, habrá lugar al pago de las
agencias en derecho a cargo del extremo activo, las cuales se fijan en la suma de

98 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
99 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
100 “Por el cual se modifica el Acuerdo 1887 del 27 de junio de 2003 sobre fijación de agencias en

derecho”.
101 “Artículo 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: 1.1. Proceso ordinario.

(…) Segunda instancia. Hasta el cinco por ciento (5) del valor de las pretensiones confirmadas o
revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce o niega obligaciones de
hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este
concepto. En los casos en que únicamente se ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de
hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…)”.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

$9’684.000, que corresponde al 1% de las pretensiones solicitadas en la
demanda102, lo cual se acompasa con lo dispuesto con el artículo 6 del citado
Acuerdo 2222 de 2003, según el cual dicho valor podrá ser de hasta el cinco por
ciento (5%) del valor total petitum. Dicha suma se dividirá en partes iguales entre
los demandantes Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José Aldemar Zora
Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 4 de octubre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en precedencia y en
su lugar se dispone:

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Luis
Alex Zora Granja, Weiner Zora Granja, Maribel Zora Sinisterra, Nikol Zora Granja,
José Luilly Zora Granja, Norelly Zora Granja, Kener Góngora Perea, Marinela
Góngora Perea, Tania Oritza Góngora Perea, Dairon Yesid García Saa, Fredy
Núñez García y Jhon Eduar García Saa, Flor María Granja Banguera, Gertrudis
Perea Minota y Daira Banguera García.

TERCERO: DECLARAR la responsabilidad administrativa de la Nación –
Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la destrucción de los cultivos de los
demandantes Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora Sinisterra, Flor María
Granja Banguera, Arnulfo Góngora y Adalgisa García Saa, con ocasión de la
operación de aspersión aérea con glifosato realizada el 11 de julio de 2012 en el
corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca.

102 Las cuales fueron tasadas en $968’400.000 (folio 92, C.2).

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional a
pagar, por concepto de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes Leona
Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey
Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa, el equivalente a 20 SMLMV.

QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional a
pagar, por concepto de “afectación grave a las condiciones de existencia, daño a
la vida de relación o perjuicios constitucionales”, a cada uno de los demandantes
Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José Aldemar Zora Sinisterra, José
Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa, el equivalente a 20 SMLMV.

SEXTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional a
pagar, por concepto de daño emergente, las siguientes cantidades para cada uno
de los demandantes: para Leona Sinisterra Banguera la suma de $16’254.707,41,
para Arnulfo Góngora $50’265.858,42, para José Aldemar Zora Sinisterra
$42’580.260,32, para José Arbey Zora Sinisterra $26’089.762,83 y para Adalgiza
García Saa $16’254.707,41.

SÉPTIMO: CONDENAR en abstracto a la Nación – Ministerio de Defensa -
Policía Nacional a pagar, por concepto de lucro cesante, a Leona Sinisterra
Banguera, Arnulfo Góngora, José Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora
Sinisterra y Adalgiza García Saa, la cuantía que se establezca en el trámite
incidental, de conformidad con los parámetros indicados en la parte motiva de esta
providencia.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones.

NOVENO: CONDENAR en costas a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por la Secretaría de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los
artículos 366 y 365.8 del Código General del Proceso.

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Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)
Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

DÉCIMO: CONDENAR en agencias en derecho a la Nación – Ministerio de
Defensa - Policía Nacional en suma de $9’684.000, la cual se dividirá en partes
iguales entre los demandantes Leona Sinisterra Banguera, Arnulfo Góngora, José
Aldemar Zora Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa.

DÉCIMO PRIMERO: Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos
en los artículos 192 a 195 del CPACA.

DÉCIMO SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

VF

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