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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2016-00137-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00137-02

Fecha
5 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Conjuez Carmen María Anaya de Castellanos
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2016-00137-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia apelada en el sentido de ESTARSE a lo dispuesto en la sentencia del 9 de abril de 2024, proferida en el medio de control de simple nulidad, bajo el radicado 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia apelada en el sentido de, DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas causadas con anterioridad al 10 de agosto de 2012, conforme a la sentencia de unificación – SUJ-016-CE- 2019, en concordancia con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, sin descontar el 30% que se tomaba como prima especial, desde el 2 de octubre de 2001 y hasta la fecha en que por razón del cargo tenga derecho, de conformidad con lo expuesto ut supra. TERCERO: MODIFICAR los numerales cuarto y quinto, junto a los parágrafos, de la sentencia emitida el 16 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el sentido CONDENAR a la entidad demandada a: i) reliquidar y pagar las diferencias correspondientes a los salarios liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; ii) reconocer, reliquidar y pagar las prestaciones sociales al accionante, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial; y iii) lo anterior será reconocido a partir del 10 de agosto de 2012 y de ahí en adelante hasta que por razón del cargo tenga derecho. costas, solo le da la posibilidad de “disponer”, esto es, de pronunciarse sobre su procedencia. La mencionada sentencia precisó que si bien es cierto en la Ley 1437 de 2011, no aparece la previsión que contenía el artículo 171 del decreto 01 de 1984, referido a la potestad de imponer condena en […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2016-00137-02

Consejero ponente: Conjuez Carmen María Anaya de Castellanos

5 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SALA DE CONJUECES

CONJUEZ PONENTE: CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS

Bogotá D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 190012333000201600137 02 (6418-2019)
Demandante: DARIO CASTRILLÓN PAZ
Demandada: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Tema: Prima Especial de Servicios

1. ASUNTO

Corresponde a la Sala de Conjueces decidir el recurso de apelación interpuesto
tanto por la parte demandante como demandada contra la sentencia proferida el 16
de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2. ANTECEDENTES

2.1. PRETENSIONES1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Darío Castrillón Paz, por intermedio de apoderado, solicitó la nulidad de los
siguientes actos administrativos:

• Resolución 786 del 17 de septiembre de 2015, expedida por el director
Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Popayán, mediante la cual
negó la reliquidación y pago de las diferencias debidas por concepto de salarios
y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992.
• Resolución 905 del 23 de octubre de 2015, proferida por la misma entidad,
por medio del cual se confirmó la decisión descrita en el ítem anterior.
• Acto ficto producto del silencio administrativo negativo en el que incurrió la
entidad demandada frente al recurso de apelación interpuesto contra la
Resolución 786 de 2015.

1 Folios 67 a 79.

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Sentencia de Segunda Instancia
Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Expediente: 190012333000201600137 02 (6418-2019)
Demandante: Darío Castrillón Paz
Demandado: Nación – Rama Judicial

Como consecuencia de tal declaración, a título de restablecimiento del derecho pidió
condenar a la demandada a:

“(…) 1. Ordénese a la NACIÓN COLOMBIANA – RAMA JUDICIAL -DIRECTORA
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a inaplicar para el caso concreto, los
decretos proferidos por el Gobierno Nacional que a partir del año 2008,
expedidos para desarrollar el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, referidos al
mismo tema que aquí se trata.
2. Ordénese (…) a reliquidar y pagar la diferencia correspondiente al 30%
(treinta por ciento) del salario básico (…) de conformidad con la ley 4 de 1992
y la sentencia del Consejo de Estado, Sección, Fechada el 29 de abril de 2014,
Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00.; durante el tiempo que ha
fungido como JUEZ (…) desde el (02) dos octubre de 2001, hasta cuando se
verifique el pago de dichas sumas, y las que se causen en el futuro.
3. (…) Ordénese (…) reajustar y pagar todas y cada de las prestaciones
sociales, vacaciones, cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios,
prima de navidad, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos
devengados por todo el tiempo que (…) ha venido laborando como JUEZ (…)
hasta la fecha, y las que se causen en el futuro.
4. Condénese (…) al pago de la indexación correspondiente al reajuste y pago
de la diferencia del 30% (treinta por ciento) del salario básico y de todas las
prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, intereses a las mismas, prima de
servicios, prima de navidad, bonificación por servicios prestados y demás
emolumentos devengados por mi mandante; calculada mes a mes mediante la
fórmula dad para ello por el Consejo de Estado.
5. Condénese (…) al pago de intereses a partir del reconocimiento del derecho.
6. Ordénese (…) dar aplicación del derecho público laboral consagrado en la ley
50 de 1990 en su artículo 99, numeral 3; para que se efectúe la liquidación y
pago de un día de salario por cada día de retardo en el pago íntegro de las
cesantías devengadas, por todo el tiempo que el doctor (…) ha venido
laborando como JUEZ (…)
7. Condese (sic) (…) a reconocer y pagar cualquier perjuicio adicional o mayor
valor en las pretensiones que se pruebe dentro del proceso.
8. Condénese (…) al pago de las costas procesales y agencias en derecho.
9. (…) al pago de los intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria del fallo.
10. Declarar la inoperancia de la prescripción de los derechos para el caso en
concreto.
11. Ordénese (…) dar cumplimiento a la sentencia dentro de los diez (10) meses
siguientes a su ejecutoria (…)” (Ortografía, puntuación, mayúsculas y negrillas
del texto original)

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la entidad accionada contestó la
demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Para el efecto, en primer
lugar, aseveró que la entidad ha actuado de conformidad con la normativa vigente.
En segundo, que, por expresa disposición de la Ley 4ª de 1992, en armonía con lo
expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-279 de 1996 y C-447 de

2 Folios 126 a 133.

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Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Expediente: 190012333000201600137 02 (6418-2019)
Demandante: Darío Castrillón Paz
Demandado: Nación – Rama Judicial

1997, la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, lo que significa que
no constituye un elemento para determinar el valor de las prestaciones sociales.

Propuso como excepciones: “DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS RECLAMADOS”,
“FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR” e “INNOMINADA”

4. LA SENTENCIA APELADA3

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia dictada en audiencia el 16
de septiembre de 2019, resolvió lo siguiente:

“(…) PRIMERO: Acoger la sentencia [de nulidad] de 29 de abril de 2014 [proferida
por el Consejo de Estado] (…)
SEGUNDO: Inaplicar por inconstitucionales e ilegales, los artículo 6º del Decreto
658 de 2008; artículo 8º del Decreto 723 e 2009; artículo 8º del Decreto 1388 de
2010; artículo 8º del Decreto 1039 de 2011 y artículo 8º del Decreto 0874 de
2012, artículo 8 del Decreto 1024 de 2013; artículo 8 del Decreto 194 de 2014,
artículo 4 del Decreto1105 de 2015, artículo 4 del Decreto 234 de 2016; artículo
4 del Decreto 1003 de 2017; artículo 4 del Decreto 338 de 2018 y el artículo 4
del decreto 997 de 2019.
TERCERO: Declárese la nulidad de los (…) actos administrativos [demandados]
(…)
CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a re liquidar, reajustar y pagar
al demandante DARÍO CASTRILLON PAZ (…) desde el 2 de octubre de 2001 hasta
la fecha de la sentencia y en lo sucesivo mientras persista la vinculación en
calidad de funcionario de la Rama Judicial, el 30% de su asignación básica
mensual, teniendo como base de liquidación el 100% de la remuneración básica
legal.
PARÁGRAFO: aclarar que el 100% de la asignación básica mensual, es
independiente, distinta y diferente a la prima especial de servicios contenida en
la Ley 4 de 1992. Por tanto el reconocimiento salarial que aquí se accede no
puede computarse ni descontarse de la prima especial que se haya pagado al
demandante ni la que en lo sucesivo se reconozca a su favor.
QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a re liquidar, reajustar y pagar
al demandante (…) desde el 02 de octubre de 2001 hasta la fecha de la
sentencia y hacia futuro, la totalidad de sus prestaciones y emolumentos
laborales, tales como primas, bonificaciones, cesantías y seguridad social,
teniendo como base de liquidación el 100% de la asignación básica legal,
incluyendo el 30% ordenado en esta sentencia y al reconocimiento y pago que
le corresponde como seguridad social.
PARÁGRAFO: descontar del retroactivo a que haya lugar, el porcentaje que por
ley le correspondía asumir al demandante por concepto de aportes a seguridad
social.
(…)
SÉPTIMO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: CONDENAR en costas a la parte demandada (…)” (Ortografía,
puntuación, negrillas y resaltados del texto original)

3 Folios 180 a 183 y CD folio 184.

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Expediente: 190012333000201600137 02 (6418-2019)
Demandante: Darío Castrillón Paz
Demandado: Nación – Rama Judicial

5. EL RECURSO DE APELACIÓN

Parte demandada4

Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandada presentó
recurso de apelación. Para comenzar, insistió en que ha liquidado el salario y las
prestaciones sociales del demandante de conformidad con las disposiciones
contenidas en los decretos salariales expedidos anualmente. Luego, reiteró que la
prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 es un emolumento
sin carácter salarial. Asimismo, que dicha norma fue declarada exequible por la
Corte Constitucional a través de las sentencias C- 279 de 1996 y 447 de 1997.

Más adelante, precisó que el Consejo de Estado a través de la sentencia del 29 de
abril de 2014, radicado: 11001032500020070008700, declaró la nulidad de los
decretos proferidos entre 1993 a 2007, pero nada dijo sobre aquellos que se
expidieron entre el 2008 y el 2018, de manera que la entidad estaba en la obligación
de darles cumplimento so pena de desconocer la normativa salarial vigente para los
servidores de la rama judicial.

Parte demandante5

La parte demandante interpuso recurso de alzada en contra de la decisión de
primera instancia, porque en su concepto procede el reconocimiento y pago “de un
día de salario por cada día de retardo en la consignación de la totalidad de las
cesantías conforme a lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo y en el
artículo 5 de la ley 1071 de 2006”.

Al respecto, explicó que las cesantías han sido liquidadas de forma errónea pues,
tal como quedó demostrado, durante toda su vinculación laboral la administración
ha pagado un salario disminuido, esto es, un 70% de la asignación básica. Lo que
da lugar al pago de la sanción moratoria que prevé la ley por “el no pago íntegro de
las cesantías”.

De otro lado, aseveró que en el sub lite no hay lugar a aplicar la prescripción trienal
sobre los montos peticionados, comoquiera que el derecho a reclamar su
reconocimiento nació con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014,
proferida por el Consejo de Estado, bajo el radicado: 110010325000200700087 00.

6. CONSIDERACIONES

4 Folios 185 a 189.
5 Folios 190 a 192.

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Demandante: Darío Castrillón Paz
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6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA, modificado por la
Ley 1564 de 2012, art. 615, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, es competente para conocer en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Bajo el contexto reseñado, el expediente: i) Arribó a esta Corporación el 20 de
noviembre de 2019 (fl. 203); ii) A través de providencia del 7 de diciembre de 2021
la Subsección B manifestó su impedimento para conocer el sub examine, y dispuso
su envío a la Subsección A (fl. 213), quienes lo declararon fundado por medio de
auto del 31 de marzo de 2022 (fls. 215 a 218); iii) El 31 de mayo de 2022 se realizó
el sorteo de conjueces (fl. 219); iv) mediante auto del 22 de noviembre 2022 la
conjuez ponente admitió el recurso de apelación (fl. 223); v) Por medio de proveído
del 6 de junio de 2023 se ordenó correr traslado a las partes y al señor Agente del
Ministerio Público para que presentaran sus correspondientes alegatos de
conclusión (fl. 225); vi) Las partes demandante y demandada presentaron alegatos
de conclusión (índices 446 y 47 de SAMAI) y v) el agente del Ministerio Público
guardó silencio (fl. 226).

6.2. El problema jurídico

Se contrae a establecer: i) Si el demandante es beneficiario de la Prima Especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; ii) si es aplicable para el caso, el
fenómeno jurídico de la prescripción y iii) si tiene derecho al pago de la sanción
moratoria por el pago incompleto de las cesantías.

6.2.1. Posición del Consejo de Estado, en relación con la interpretación y
aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

La Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 2 de septiembre de 2019,6
después de examinar las normas constitucionales (artículo 150), legales (Ley 4ª/92
y Ley 332/96) y reglamentarias (decretos salariales expedidos por el gobierno
nacional), así como la noción de prima, precisó el contenido y alcance de la norma
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992:

“1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la

6 Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 41001-23-33-000-2016-00041-02

(2204-2018); actor: Joaquín Vega Pérez; Conjuez ponente: Carmen Anaya de Castellanos.

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prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como
un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el
cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía
General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir,
con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás”

De acuerdo con esa jurisprudencia, -se insiste- de carácter obligatorio, la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se estableció
como un incremento sobre el salario básico y no como un porcentaje de este. En
la medida entonces en que se hizo una interpretación que no se corresponde con la
finalidad de la norma, se desconocieron derechos laborales de los servidores
judiciales al disminuirse su asignación básica mensual en un treinta por ciento (30
%), reiterando la sentencia dictada el 29 de abril de 2014 a través de la cual se
declaró la nulidad de los Decretos que fijaron el régimen salarial de la Rama Judicial
entre los años 1993 y 2007.

Así también, en cuanto al carácter salarial o no de la prima especial en sentencia
dictada por esta misma Corporación el 19 de abril de 20147 por medio de la cual se
decretó la nulidad parcial de los Decretos que fijaban el régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Rama Judicial durante los años 1993 a 2007,
con relación a la prima especial establecida por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
se expresó:

“Aquí el caso que nos ocupa se acoge y se aplica esta línea jurisprudencial, con
la siguiente precisión: es necesario distinguir la liquidación del ingreso mensual
de la liquidación de las prestaciones, así:

7 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07) Actor: Pablo J. Cáceres Corrales Demandado:
Gobierno Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Departamento Administrativo de la Función Publica – Medio de Control: Nulidad Objetiva. C.P. María
Carolina Rodríguez Ruiz.

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En cuanto a lo primero, el ingreso mensual se debe liquidar como se indicó en
el cuadro transcrito … o sea, que incluya el salario básico más un 30% adicional,
a título de prima especial de servicios. En el Ejemplo, cada mes de deberla paga
$13´000.000 de pesos. Y, en cuanto a lo segundo, las prestaciones sociales se
deben liquidar sobre la totalidad del salario básico, sin restar ni sumar el 30%
de la prima especial de servicios, que para estos efectos no tiene incidencia
alguna, ya que no tiene carácter salarial, como lo indica la Ley 4ª de 1992. En
el ejemplo, las prestaciones se deben liquidar sobre una base de $10´000.000
de pesos […]”

6.2.2. Posición del Consejo de Estado, en cuanto al fenómeno jurídico
de la prescripción trienal.

En la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019, la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado señaló, que: «Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la
prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de
la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969», lo cual quedó
sentando como regla jurisprudencial.

De igual manera, indicó que el derecho reclamado no nació con la sentencia del 29
de abril de 2014, pues no fue con la ejecutoria de aquella que surgió el derecho a
interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa. Textualmente, la Sala
sostuvo:

“Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los
servidores públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de
1993- se actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año
tras año un nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que
regirán durante su vigencia. Ello implica que al tratarse de una norma de
carácter general y de orden público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de
la reglamentación a la ley y, anualmente, de su reiteración, de manera que, de
presentarse alguna inconformidad con su contenido, contaron desde el inicio
con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad administrativa
encargada de su aplicación

Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se
reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4 de ·1992. es decir. a partir del 7 de enero de 1993,
fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde
el 7 de enero de 1993 los interesados podían haber interrumpido la prescripción
trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del
29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su
naturaleza declarativa”

En conclusión, de manera alguna puede afirmarse que los derechos laborales sean
imprescriptibles toda vez que, aunque se trate de derechos ciertos e irrenunciables,
no por ello puede desconocerse la ponderación que el mismo ordenamiento jurídico
realiza con el principio de seguridad jurídica, como quiera que la indeterminación

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temporal en el ejercicio de los derechos generaría la existencia de situaciones
indefinidas, otorgándole un carácter absoluto al derecho de acceso a la
administración de justicia.

6.2.3. Caso concreto

Probado está en el expediente, respecto de Darío Castrillón Paz:

• Que se desempeñó como Juez durante los siguientes períodos:8

Cargo Tiempo
Desde el 2 de octubre de 2001 hasta el 31
Juez 1 Promiscuo Municipal de Timbiquí
de julio de 2002
Desde el 1 de agosto de 2002 hasta el 31
Juez 1 Promiscuo Municipal de Guapi
de marzo de 2003
Desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de
Juez 1 Promiscuo Municipal de Toribio
2003
Desde el 1 de junio de 2003 hasta el 31 de
Juez 1 Penal Municipal de Puerto Tejada
marzo de 2004
Juzgado 1 Promiscuo Municipal de
Desde el 1 hasta el 30 de abril de 2004
Buenos Aires
Desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio de
Juez 1 Promiscuo Municipal de Almaguer
2004
Desde el 1 de agosto hasta el 30 de
Juez 1 Penal Municipal de Popayán
noviembre de 2004
Desde el 1 de diciembre de 2004 hasta el
Juez 1 Promiscuo Municipal de Almaguer
18 de julio de 2005
Desde el 19 de julio de 2005 hasta el 17
Juez 1 Promiscuo Municipal de Sotara
de mayo de 2010
Juez 2 Penal del Circuito de Conocimiento Desde el 18 de mayo de 2010 hasta el 31
de Popayán de enero de 2012
Desde el 1 de febrero hasta el 31 de
Juez 1 Promiscuo del Circuito de Guapi
marzo de 2012
Desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de
Juez 3 Civil del Circuito de Popayán
2012
Juez 1 Promiscuo del Circuito de Guapi Desde el 1 hasta el 6 de junio de 2012
Desde el 7 de junio hasta el 31 de julio de
Juez 3 Civil de Circuito de Popayán
2012
Desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 28
Juez 1 Promiscuo del Circuito de Guapi
de febrero de 2014
Juez 1 Penal del Circuito de Conocimiento Desde el 1 de marzo de 2014 hasta la
de Popayán fecha

8 Tal como consta en la certificación emitida, el 2 de septiembre de 2015, por el profesional
universitario, grado 12, con funciones de coordinador del Área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración de Popayán, obrante a folio 29.

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• Que ha percibido desde un principio la remuneración mensual y las
prestaciones sociales por montos inferiores a los que tiene derecho, ya que la
Administración ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario, lo que
arroja un 70% de éste, y sobre ese 70% ha venido liquidando tanto el salario como
las prestaciones sociales.

• Que el día 10 de agosto de 20159, solicitó el reajuste salarial resultante de
considerar la prima especial de servicios como un 30% adicional al salario y la
reliquidación de las prestaciones sociales a partir de esta premisa.

• Que el director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Popayán,
mediante la Resolución 786 del 17 de septiembre de 2015, negó la reliquidación y
pago de las diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales,
en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 199210.

• Que la misma entidad, a través de la Resolución 905 del 23 de octubre de
2015, confirmó la decisión descrita en el ítem anterior, al desatar el recurso de
reposición. Y que guardó silencio respecto del recurso de apelación interpuesto
contra el acto administrativo originario.

De conformidad con los hechos y la argumentación expuesta, se concluye:

Primero, Darío Castrillón Paz, en su calidad de juez de la república, tiene derecho
al reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados
sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima
especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como bien lo
señaló el a quo.

Segundo, Darío Castrillón Paz tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago
de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin
restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones
sociales, como acertadamente lo afirmó la sentencia de primera instancia.

Tercero, la parte demandante tiene derecho a que se le pague la diferencia entre lo
efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el día 10 de agosto de 2012,
o sea tres años atrás de la fecha en que solicitó el reajuste de sus prestaciones
sociales y salariales, debido a la prescripción trienal. Y desde ese día en adelante.
Recuérdese que la petición de la prima especial de servicios no vino a hacerla sino
hasta el 10 de agosto de 2015; y a partir de esta fecha se cuentan los tres años
hacia atrás para efectos de la prescripción. Lo anterior de conformidad con lo

9 Folios 2 a 10 del expediente.
10 Folios 12 a 17 del expediente.

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Sentencia de Segunda Instancia
Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Expediente: 190012333000201600137 02 (6418-2019)
Demandante: Darío Castrillón Paz
Demandado: Nación – Rama Judicial

expuesto en la parte motiva de esta providencia y con la sentencia de unificación
citada. De ahí que la decisión de primera instancia se modificará en este sentido.

Sobre el asunto, es importante precisar, que, contrario a lo expuesto por la parte
demandante, el derecho a interrumpir la prescripción no nació con la ejecutoria de
la sentencia del 29 de abril de 2014, dada su naturaleza declarativa. Textualmente,
la Sala de Conjueces, en la sentencia de unificación citada con anterioridad, indicó:

“Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los
servidores públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de
1993- se actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año
tras año un nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que
regirán durante su vigencia. Ello implica que al tratarse de una norma de
carácter general y de orden público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de
la reglamentación a la ley y, anualmente, de su reiteración, de manera que, de
presentarse alguna inconformidad con su contenido, contaron desde el inicio
con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad administrativa
encargada de su aplicación.

Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se
reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4 de 1992. es decir a partir del 7 de enero de 1993,
fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde
el 7 de enero de 1993 los interesados podían haber interrumpido la prescripción
trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del
29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su
naturaleza declarativa”

Asimismo, que de acuerdo con el artículo 1011 del CPACA las autoridades tienen la
obligación de aplicar de manera uniforme las normas y la jurisprudencia.
Ciertamente, aquella normativa determinó que las entidades públicas, al momento
de proferir sus decisiones, deben tener en cuenta las sentencias dictadas por el
Consejo de Estado, prescritas en el artículo 270 ibidem, a saber, las de unificación
jurisprudencial; las emitidas por importancia jurídica; por trascendencia económica
o social; por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las expedidas en los
recursos extraordinarios; y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto
en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996. De ahí que la sentencia de unificación del
2 de septiembre de 2019, citada en párrafos anteriores, tenga que ser acatada y
aplicada para los casos pendientes de solución, como ocurre en el sub judice.

En esas condiciones, es razonable concluir que en el presente asunto se configuró
la prescripción trienal de las sumas causadas con anterioridad al 10 de agosto de
2012. No obstante, debe precisarse que la prescripción no opera en relación con la
obligación de la demandada de realizar, en favor de la parte accionante, las

11 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-634/11, en el

entendido "(…) que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación
jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la
Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los
asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias
que efectúan el control abstracto de constitucionalidad"

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Demandante: Darío Castrillón Paz
Demandado: Nación – Rama Judicial

cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, por tratarse de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se
reconoce en cabeza del servidor público que presta sus servicios laborales al
Estado, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración,
sin descontar el 30% que se tomaba como prima especial.

Cuarto, en cuanto a la sanción moratoria que la demandante reclama se recuerda
que tal como lo ha sostenido esta corporación12, aquella solo se causa conforme a
los presupuestos establecidos por el legislador; esto es, por el pago tardío y no por
el reajuste de las cesantías o una indebida liquidación de las mismas, pues ello no
implica que el empleador haya incurrido en mora. Repárese que, en virtud del
principio de legalidad, su aplicación no puede ser extensiva a supuestos no
contemplados en la norma, tal y como lo aseveró la Sección Segunda en
providencia de unificación del 18 de julio de 201813, dentro de la cual se delimitaron
los supuestos en los que procede el reconocimiento de la sanción moratoria en los
términos de la Ley 1071 de 2006, y no se previó el reajuste de las cesantías.

Quinto, teniendo en consideración que a través de sentencia del 9 de abril de 2024,
dentro del medio de control de simple nulidad, bajo el radicado 11001 03 25 000
2019 00609 00 (4735-2019), el Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos
6º del Decreto 658 de 2008, 8º de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039
de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 9 del decreto 657 de 2008, 4
de los Decretos 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011, 848 de 2012, 1034 de
2013, 204 de 2014, 1105 de 2015, 234 de 2016, 1003 de 2017 y del 338 de 2018,
la Sala estima adecuado estarse a lo resuelto en ella.

Costas

Finalmente, en aplicación de lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 del CGP,
en armonía con la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019 y la posición
asumida por parte del Consejo de Estado14, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte vencida dentro del presente asunto

12 Para el efecto, pueden consultarse:

Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 680012333000201501238 01 (5257-2018).
Demandante: Mario Andrés Reyes Barbosa. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial. Sentencia 15 de julio de 2021.
Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 170012333000201600102 02 (5427-2019).
Demandante: Carlos Mario Arango Hoyos. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial. Sentencia 3 de febrero de 2022.
Sección SEGUNDA, Subsección B. Radicación: 25000-23-42-000-2019-00444-01 (0062-2021).
Demandante: Paula Luceny Rojas Fajardo. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial. Sentencia del 9 de febrero de 2023.
Radicación 170012333000201800296 01. (5622-2019) providencia del 4 de febrero de 2021. M.P.
Sandra Lissett Ibarra Vélez.
13 Sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, proceso con radicado 73001-23-33-000-

2014-00580-01 (4961-2015).
14 «Consejo de Estado, providencia de 20 de agosto de 2015, medio de control No

47001233300020120001301 (1755-2013), C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez. “(...) La norma
contenida en el citado artículo 188, no impone al funcionario judicial la obligación se conceder en

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En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia apelada en el sentido
de ESTARSE a lo dispuesto en la sentencia del 9 de abril de 2024, proferida en el
medio de control de simple nulidad, bajo el radicado 11001 03 25 000 2019 00609
00 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia apelada en el sentido de, DECLARAR
probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas causadas con anterioridad
al 10 de agosto de 2012, conforme a la sentencia de unificación – SUJ-016-CE-
2019, en concordancia con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, con
excepción de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes
al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como
ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, sin descontar el 30% que
se tomaba como prima especial, desde el 2 de octubre de 2001 y hasta la fecha en
que por razón del cargo tenga derecho, de conformidad con lo expuesto ut supra.

TERCERO: MODIFICAR los numerales cuarto y quinto, junto a los parágrafos, de
la sentencia emitida el 16 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Cauca, en el sentido CONDENAR a la entidad demandada a: i) reliquidar y pagar
las diferencias correspondientes a los salarios liquidados sobre la base del salario
básico más el 30% de éste, que corresponde a la prima especial de servicios
contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; ii) reconocer, reliquidar y pagar las
prestaciones sociales al accionante, liquidadas sobre la base de todo el salario
básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de
servicios no tiene carácter salarial; y iii) lo anterior será reconocido a partir del
10 de agosto de 2012 y de ahí en adelante hasta que por razón del cargo tenga
derecho.

costas, solo le da la posibilidad de “disponer”, esto es, de pronunciarse sobre su procedencia. La
mencionada sentencia precisó que si bien es cierto en la Ley 1437 de 2011, no aparece la previsión
que contenía el artículo 171 del decreto 01 de 1984, referido a la potestad de imponer condena en
costas, "teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes", también lo es la norma establecida
en la Ley 1437 de 2011, no impone la condena de manera automática frente a aquél que resulte
vencido en el litigio, pues debe entenderse que ella es el resultado de observar una serie de factores
tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre la causación de
gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el Juez ponderará tales circunstancias y se
pronuncia sobre la procedencia de imposición con una decisión sustentada […]».

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Sentencia de Segunda Instancia
Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Expediente: 190012333000201600137 02 (6418-2019)
Demandante: Darío Castrillón Paz
Demandado: Nación – Rama Judicial

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del 16 de septiembre de 2019,
emitida por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por Darío Castrillón Paz contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

QUINTO: No condenar en costas a la parte vencida, conforme se expuso en la parte
motiva de esta sentencia.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, regístrese en la plataforma SAMAI y
devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente
CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS
Conjuez Ponente

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA YOANA ALEXANDRA FLECHAS YAVAR
Conjuez Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de Conjueces en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA

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