Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00004-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00004-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2018-00004-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
Bogotá, D. C., Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 19001-23-33-000-2018-00004-01 (6521-2024)
Demandante : Édgar Gregorio Meneses Moncada
Demandado : Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y otro
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Régimen de liquidación de cesantías parciales de docente
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Veintiséis (26) de Septiembre de dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1.1 Pretensiones
1. El señor Édgar Gregorio Meneses Moncada, por intermedio de apoderada judicial,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del acto ficto, derivado
del silencio administrativo, ante la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías
parciales, radicada en la Oficina de Recepción de Correspondencia de la Secretaría de
Educación del Municipio de Popayán, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, el
Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Quince (2015).
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se condene a la Secretaría
de Educación municipal de Popayán, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a través de la FIDUPREVISORA S.A., a:
«PRIMERO: (…) a reconocer y pagar las Cesantías Parciales de manera retroactiva a que
1 Samai - Índice 00002. 5ED_EXPEDIENTE_19001233300320180000(.zip) NroActua 2. 04Demanda. Folios 1 a 25.
Número interno: 6521-2024
Demandante: Édgar Gregorio Meneses Moncada
Demandado: Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y otro
tiene derecho mi prohijado que deberán liquidarse desde que se vinculó por primera vez al
magisterio, 10 de abril de 1984 y hasta el 31 de diciembre de 2014, inclusive.
SEGUNDO: Condenar a las demandadas a reconocer y pagar a favor del demandante, los
perjuicios que se hayan causado y que corresponde a los estipulados en la Ley 1071 de
2006, que reformó la Ley 244 de 1995 respecto del reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de manera injustificada de las Cesantías Parciales.
TERCERO: Instar a las demandadas a dar cumplimiento al fallo que como resultado se
profiera en el presente proceso, en la forma como lo establecen los artículos 192 y 195 de
la ley 1437 de 2011.
CUARTO: Condenar a las demandadas a reconocer y pagar intereses a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia, tal como lo establece el artículo 192 ibimen.
QUINTO: Que se condene a la parte demandada en costas y gastos del proceso en los
términos del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.» (sic)
1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
3. Con Decreto No. 194 del Diez (10) de abril de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro
(1984), el señor Édgar Gregorio Meneses Moncada, fue vinculado al magisterio, como
profesor de tiempo completo, en el Colegio Nuestra Señora del Rosario del municipio de
San Sebastián, Cauca.
4. Al haber superado el concurso de méritos de directivos docentes del orden
nacional, en lugar de ser promovido, fue conminado a renunciar para ser nombrado en el
nuevo cargo. El Veinte (20) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), mediante
Decreto 503, le fue aceptada la renuncia.
5. Mediante Decreto No. 0525 del Veintiséis (26) de abril de Mil Novecientos Noventa
y Cinco (1995), fue nombrado en la vacante de Directivo Docente, en el Bachillerato
Femenino San Agustín, de Popayán (Cauca), cargo en el cual se posesionó el Cuatro (4)
de mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995).
6. Por Decreto No. 824 del Veintisiete (27) de agosto de Mil Novecientos Noventa y
Ocho (1998), fue trasladado al Liceo Nacional Alejandro de Humbolt de Popayán. El
Decreto No. 0452 de Nueve (9) de abril de Dos Mil Dos (2002), lo trasladó al Colegio
Comercial del Norte de Popayán, cargo desempeñado al momento de presentación de la
demanda.
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(FOMAG) y otro
7. El Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Quince (2015), el directivo docente elevó
petición para el reconocimiento y pago de cesantías parciales, ante la Secretaría de
Educación de Popayán - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio,
correspondiéndole el radicado 2015PQR9459. El docente explicó que, le venían pagando
intereses a las cesantías que no le correspondían, por cuanto tiene una vinculación de
carácter nacionalizado, solicitando que, de la liquidación de cesantías retroactivas, le
efectuaran el correspondiente descuento por los intereses pagados.
8. Previo a la petición del docente, la Secretaría de Educación del municipio de
Popayán, recibió requerimiento con radicado 20150160483471 del Dieciocho (18) de
junio de Dos Mil Quince (2015), proveniente de FIDUPREVISORA, en el cual, se le
informa al ente local que, «revisados los soportes remitidos se realizaron los ajustes
pertinentes para aplicar la novedad de traslado al municipio de Popayán. Así mismo se
realizó la actualización de los datos laborales.»
9. El Once (11) de noviembre de Dos Mil Quince (2015), la líder del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio de la Secretaría de Educación de Popayán, remitió
el expediente del docente, al director de Prestaciones Económicas de FIDUPREVISORA
S.A., insistiendo en que, se debe cambiar la información en cuanto a la vinculación y
envían un proyecto de pago de cesantías anualizado. En el proyecto de acto
administrativo, se liquidaron las cesantías parciales, a partir del Cuatro (4) de mayo de
Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), sin tener en cuenta que, el docente se vinculó
al magisterio, a partir del Diez (10) de abril de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984),
y se mantiene la posición que su vinculación es nacional.
10. Mediante oficio 2015EE6097 del Veinticuatro (24) de diciembre de Dos Mil Quince
(2015), el ente nominador, Secretaría de Educación del municipio de Popayán, solicitó a
la D.A.R., el cambio de vinculación del docente a nacionalizado, aportando el acto
administrativo de nombramiento primigenio (Decreto 194 del 10 de abril de 1984), pero,
sin diligenciar el formato único para la expedición del certificado laboral, por lo que la
D.A.R. de FIDUPREVISORA, requirió mediante oficio radicado 20160940106051 del Tres
(3) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016).
11. Con oficio de Veinticuatro (24) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016), la Secretaría
de Educación de Popayán, adujo subsanar la falencia, enviando los documentos
solicitados por FIDUPREVISORA S. A., pero no se continuó con el trámite que
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corresponde.
12. El Once (11) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), el docente, a través de
apoderada, radicó insistencia de petición de pago de cesantías parciales de manera
retroactiva, dirigida a la Secretaría de Educación, a la Fiduprevisora y FOMAG - Ministerio
de Educación Nacional.
13. El secretario de Educación respondió mediante oficio 2016EE2798 del Treinta y
Uno (31) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), manifestando que, la mora en el pago de
dicha prestación social, era atribuible a la FIDUPREVISORA, que no ha realizado los
trámites pertinentes, tendientes a corregir la falencia que se presenta respecto del vínculo
del docente nacionalizado.
14. Frente a otra petición presentada por el docente, el secretario de Educación
Municipal de Popayán, mediante oficio del Doce (12) de agosto de Dos Mil Dieciséis
(2016), dio una respuesta diferente a la contenida en oficio que antecede, indicándole
que, "un error no genera derechos" y a su caso, aplica lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley 91 de 1989, referente a la anualidad de las cesantías. Además, se le mencionó
que, su vínculo laboral con el magisterio, data del Cuatro (4) de mayo de Mil Novecientos
Noventa y Cinco (1995).
15. El Seis (6) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016), el demandante instauró acción de
tutela, la cual fue negada, concediéndose únicamente el amparo del derecho de petición.
La decisión fue impugnada y confirmada, no obstante, su solicitud siguió sin resolverse.
16. El Tres (3) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), el docente, a través de
apoderada, solicitó ante la Secretaría de Educación del municipio de Popayán, FOMAG
Ministerio Educación Nacional y Fiduprevisora, el pago de la sanción moratoria.
17. La apoderada del demandante recibió respuesta de las tres entidades a saber: Por
parte de la Secretaría de Educación del Municipio de Popayán, el oficio 2017RE2787 con
fecha de recibido 10 de julio del mismo año; del Ministerio de Educación Nacional, el
oficio 2017RE093780 del 17 de mayo y por parte de Fiduprevisora, el oficio
20170170632501.
18. La Secretaría de Educación precisó que, la mora en el pago de la prestación social
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no era de su resorte, en tanto se había cumplido cabalmente con el procedimiento
legalmente establecido por parte de la entidad. El Ministerio de Educación Nacional adujo
que, el pago de las prestaciones sociales de los educadores, es competencia de los entes
territoriales, y Fiduprevisora señaló que, hasta que la Secretaría de Educación no radique
un nuevo proyecto de acto administrativo, no podrá pagar las cesantías parciales del
educador y que la indemnización por mora en el pago de las cesantías parciales, se
configura una vez se haya emitido el acto administrativo que reconoció el derecho, caso
que no ha ocurrido.
19. De otra parte, puso de manifiesto los perjuicios que se le han causado por la falta
de pago de sus cesantías parciales, indicando que, el Veinte (20) de febrero de Dos Mil
Quince (2015), suscribió contrato de promesa de compraventa de vivienda, por valor de
$259.838.000, cuota inicial que sería cubierta con el monto de las cesantías parciales,
contrato que estipulaba un plazo; debiendo el docente suscribir un otro sí, al cumplirse el
mismo y no contar con los recursos para sufragar la cuota inicial. Finalmente, ante el
incumplimiento en el pago de sus cesantías, adquirió un préstamo con el Banco
Bancoomeva, por el monto de Ciento Ochenta y Un Millones Ochocientos Mil Pesos
($181.800.000), para cumplir con la promesa de compraventa; debiendo conseguir otros
dineros, para pagar el monto total del predio.
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
20. Señala la trasgresión de las siguientes disposiciones normativas:
Artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política; Convenio 168 de la OIT, ratificado por
Colombia; Decreto 2831 de 2005; Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006.
21. Adujo que, las demandadas, en lo que a cada una le corresponde, se han negado
a pagar las cesantías parciales al señor Édgar Gregorio Meneses Moncada, sin
fundamento legal y ni siquiera una acción de tutela ha podido salvaguardar los derechos
vulnerados; porque no se ha dispuesto el pago ni anualizado, ni retroactivo.
22. Reprochó que, el secretario de Educación o la líder del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio de la Secretaría de Educación del municipio de Popayán; se
aventuraron a solicitar corrección de la forma de vinculación del docente ante
FIDUPPREVISORA, en unas ocasiones como si fuera del orden nacional y en otras como
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nacionalizado, como si se tratara de una atribución que la ley les ha endilgado, ignorando
que, la forma de vinculación de cada docente está señalada en la norma y depende de
la fecha en que haya ingresado al magisterio y que cualquier renuncia impuesta para
ascender o desempeñar otro cargo docente; se tendrá por no escrita.
23. Exaltó que, las cesantías del trabajador corresponden al ahorro que hace en toda
su vida y no son emolumentos estatales que el nominador pueda retener a su antojo,
como ha ocurrido en el presente caso, pues, de considerar que el régimen del docente
era anualizado, se debió liquidar y pagar en tal sentido, para que, si el docente no estaba
de acuerdo, adelantara las acciones a que hubiere lugar, llevando más de dos años sin
obtener estos emolumentos que requiere de manera urgente.
24. Indicó que, el actuar negligente del ente nominador y ante la inobservancia de los
parámetros establecidos tanto en el Decreto 2831 de 2005, como en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006; como lo es el término de 15 días para resolver peticiones de
prestaciones sociales y 45 días más para que se efectúe el pago, se está causando un
daño patrimonial al demandante, que ha debido recurrir a créditos con altos intereses,
para no verse obligado a pagar la cláusula penal, por incumplir el contrato de
compraventa que suscribió para adquirir un inmueble.
25. En cuanto a la sanción moratoria por pago inoportuno de cesantías, luego de
referenciar las normas que rigen el trámite y sus términos, manifestó que, el demandante
presentó su solicitud el Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Quince (2015), con el lleno
de los requisitos ante la Secretaría de Educación del Municipio de Popayán, mediante
formato establecido por FIDUPREVISORA, pero, las demandadas obraron de manera
dilatoria y negligente, inobservando los términos que la ley impone.
26. Arguyó que, al docente le son aplicables las normas frente a la sanción moratoria
por el pago inoportuno de las cesantías, de conformidad con los criterios de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, en la materia.
27. Bajo estos presupuestos, solicitó declarar la nulidad absoluta del acto ficto o
presunto, generado con el silencio administrativo negativo del ente nominador, Secretaría
de Educación del municipio de Popayán; Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y Fiduprevisora S. A. y consecuencialmente, se restablezca el derecho del
demandante, declarando que se le deben respetar los derechos adquiridos como docente
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nacionalizado, por haberse vinculado al magisterio por primera vez, el Diez (10) de abril
de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984), sin solución de continuidad, reconociendo
que, sus prestaciones sociales deben liquidarse de manera retroactiva, así como, la
sanción moratoria establecida en las leyes 244 de 1985 y 1071 de 2006, desde que se
hizo exigible la obligación, hasta la fecha en que se realice el pago de las cesantías
parciales del educador; además de la indexación en el momento que se materialice dicho
pago.
2. La contestación de la demanda
2.1 Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
FIDUPREVISORA S.A.2
28. Las demandadas, actuando a través de apoderado, se opusieron a las
pretensiones de la demanda, aduciendo que, la reclamación administrativa se efectuó
ante el ente territorial y no ante la FIDUPREVISORA.
29. Manifestaron que, los docentes no tienen derecho a la sanción moratoria por pago
inoportuno de cesantías, además que, los precedentes jurisprudenciales señalados por
la parte demandante, tratan sobre funcionarios públicos, pero no docentes.
30. Agregaron que, el pago de la prestación lo realiza la Fiduciaria la Previsora S.A.,
por ser la entidad que administra los recursos del fondo, atendiendo a la disponibilidad
presupuestal y al turno que le corresponda.
31. Enfatizaron que, se debe probar previamente, si la razón del pago tardío obedeció
a que la orden de pago proveniente de la secretaría de educación presentaba
irregularidades, pues, se trata de dineros del erario, lo que implica que, no debe presentar
inconsistencia alguna, so pena de ser devuelta a la entidad territorial.
32. Como excepciones propusieron las de falta de legitimidad en la causa por pasiva
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y de la FIDUPREVISORA S.A., inexistencia de la obligación con
fundamento en la ley, pago de la obligación contenida en el acto administrativo y
prescripción.
2 Samai - Índice 00002. 5ED_EXPEDIENTE_19001233300320180000(.zip) NroActua 2. 20.ConstestaciónDemanda.
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2.2. Municipio de Popayán.
33. Se abstuvo de contestar la demanda.
3. La sentencia de primera instancia3
34. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del Veintiséis (26) de
septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas.
35. En sustento de su decisión, dio por acreditada la vinculación del señor Meneses
Moncada, previo a la vigencia de la Ley 91 de 1989, como docente en el Colegio
Departamental Nuestra Señora del Rosario, del municipio de San Sebastián, Cauca, la
cual, se desarrolló entre el Diecisiete (17) de abril de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro
(1984) y el Primero (1) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995).
36. Si embargo, dada la renuncia presentada por el docente y aceptada a través de la
Resolución No. 0503-02-04 del Veinte (20) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cinco
(1995), a partir del primero (1) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995); el A-
quo concluyó que, pese a la vinculación posterior al magisterio como rector del
Bachillerato Femenino, San Agustín, del municipio de Popayán (Cauca), la cual data del
Cuatro (4) de mayo de la misma anualidad, hubo un interregno en el cual, existió retiro
del servicio, situación que conlleva a que, el reconocimiento prestacional no pueda
predicarse con el régimen retroactivo, en tanto la normativa aplicable exige que, en
salvaguarda de la normativa anterior a la Ley 91 de 1989, no haya operado la solución
de continuidad, como lo tiene establecido la jurisprudencia vigente en la materia.
37. Frente al argumento según el cual, el demandante fue “conminado” a renunciar al
cargo que desempeñaba como docente, para acceder al empleo de la convocatoria
pública, el Tribunal consideró que, no existe fundamento para advertir que, dicha renuncia
no fue libre y voluntaria.
38. Concretó que, la norma que rige en la actualidad al docente demandante, lo
constituye el Decreto 1278 de 2002 y no el Decreto Ley 2277 de 1979, con lo cual, su
3 Samai - Índice 00002. 5ED_EXPEDIENTE_19001233300320180000(.zip) NroActua 2. 50.SentenciaPrimeraInstancia.
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régimen jurídico varió.
39. Arguyó que para que sea operable la no solución de continuidad, es necesario que
se configure un escenario expresamente previsto por el legislador, lo que no ocurre en
este asunto, dado el retiro del servicio del señor Moncada Meneses, a partir del Primero
(1) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), por la renuncia.
40. Entre tanto, frente a la vinculación docente, desde el Cuatro (4) de mayo de Mil
Novecientos Noventa y Cinco (1995), adujo que, aunque la Sala podría estudiar el
reconocimiento de las cesantías parciales, conforme al régimen anualizado establecido
por la Ley 91 de 1989; acudiendo a las pretensiones de la demanda, el petitum del medio
de control, radicó exclusivamente en el reconocimiento y pago de la prestación de forma
retroactiva, considerando la vinculación que data del Diez (10) de abril de Mil Novecientos
Ochenta y Cuatro (1984), sin que exista justificación para abordar pretensiones distintas
a las señaladas por el extremo procesal activo, en aras de preservar el principio de
congruencia y de la garantía del debido proceso.
4. El recurso de apelación4
41. La parte demandante presentó recurso de apelación, en el cual solicita revocar la
sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda,
por lo siguiente:
42. Señaló que, la invocación en la sentencia, de los artículos 25 y 27 del Decreto
2400 de 1968 y del artículo 105 del Decreto 1950 de 1973, aunque en principio es
acertada, en tanto consagran los efectos de la aceptación a la renuncia de empleados
públicos; e incluso, se corresponden con los previstos en el artículo 68 del Decreto 2277
de 1979, su aplicación se aleja de la garantía de protección contemplada en el artículo
53 de la Constitución, pues, las normas anteriores a la vigencia de la Carta de 1991 se
reputan vigentes, pero, su interpretación debe atemperarse a la visión del nuevo régimen
constitucional, el cual, tuvo en la primacía de la realidad sobre las formas, un principio
laboral.
43. Indicó que, la sentencia de primera instancia no consideró que, el paso del cargo
de docente a uno directivo, no apareja solución de continuidad, sino, un ascenso dentro
4 Índice 00044 expediente Samai Tribunal
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de la carrera docente, conforme al artículo 34 del Decreto 2277 de 1979.
44. Enfatizó que, la cesación en el ejercicio del empleo fue irrelevante, al limitarse a
3 días, término que, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado,
consideran irrelevante para la solución de continuidad.
45. Manifestó que, el nombramiento efectuado a través del Decreto 194 del Diez (10)
de abril de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984), lo fue en carrera y por ello, brinda
al demandante, el amparo de estabilidad laboral y derecho de ascenso dentro de la
profesión docente, conforme los artículos 26 y 27 del Decreto 2277 de 1979.
46. Señaló que, aunque la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021, se orientó al análisis de
la modalidad contractual de la prestación de servicios; sentó con fines de unificación, el
término que apareja solución de continuidad en los vínculos laborales del sector público,
lo cual la hace extensible al sub lite.
47. Adicionalmente, relacionó que, el A - quo dejó de considerar que, la resolución por
medio de la cual, se le aceptó la renuncia al docente, no hizo efectivo el objeto de amparo
de la prestación social, dado que, no efectuó el reconocimiento, liquidación y pago del
auxilio de cesantía, causado hasta el momento de su expedición y, en esa medida, la
aceptación de la renuncia no surtió efectos frente a la linealidad del vínculo legal y
reglamentario como docente, ni el pago del auxilio de cesantía; razón por la cual, no
puede mutar un derecho que no se ha concretado.
48. Finalmente adujo que, los precedentes relacionados en la decisión de primera
instancia resultan desacertados, porque en aquellos se resolvieron casos de
retroactividad del régimen de cesantías, mediados por la terminación del vínculo laboral,
lo cual no acontece en este asunto, donde la vinculación en un mismo ramo de la carrera
administrativa y actividad profesional, pervivió ininterrumpida al hecho jurídico de la
aceptación de la renuncia.
5. Trámite de segunda instancia
49. Mediante auto del Veintiuno (21) de octubre de Dos mil Veinticinco (2025)5, el
despacho sustanciador admitió el recurso de apelación conforme al artículo 67 de la Ley
5 Índice 00006 expediente Samai
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2080 de 2021.
50. Ingresado el proceso al Despacho para sentencia, el consejero sustanciador
consideró necesario abrir el proceso a pruebas, para establecer si, al demandante le fue
pagado auxilio de cesantías, a partir de la renuncia aceptada mediante el Decreto 0503
del Veinte (20) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995)6.
51. El departamento del Cauca, allegó la hoja de vida del demandante, señalando la
imposibilidad de atender el requerimiento del Despacho sustanciador, por la ausencia de
documentación del año 1995. El proceso ingresó nuevamente al despacho sustanciador
para proferir sentencia de segunda instancia.
6. Concepto del Ministerio Público
52. El Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
53. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)7, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
54. Le corresponde a la Sala establecer, lo siguiente:
i) ¿Si el reconocimiento de las cesantías parciales del demandante, debe
efectuarse con el régimen retroactivo, al tener una vinculación docente desde
el año de 1984, o sí, por el contrario, se le debe aplicar el régimen de las
6 Índice 00013 expediente Samai
7 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
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cesantías anualizadas prevista en la Ley 91 de 1989?
55. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Régimen de cesantías para los empleados públicos
56. La Ley 6ª de 1945, en el literal a) del artículo 17, estableció para los empleados y
obreros nacionales, el derecho al auxilio de cesantías, a razón de un mes de sueldo o
jornal por cada año de servicio y, proporcionalmente por fracciones de año, de acuerdo
con lo señalado por el literal f) del numeral 12, de la misma disposición legal.
57. Mediante el Decreto 2767 de 1945, se extendió la prestación social a los
empleados y obreros al servicio de los departamentos, intendencias, comisarias, o
municipios que tienen derecho a la totalidad de prestaciones establecidas en el artículo
17 de la Ley 6ª de 1945.
58. Posteriormente, la Ley 65 de 1946, modificó las disposiciones sobre cesantías,
para indicar que:
«Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera
de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa,
tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o
discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la
causa de retiro.
Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de 1945,
y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 36 de
la misma Ley.»
59. Por su parte, el Decreto 2567 de 1946, definió los parámetros para su liquidación,
así:
«Artículo 1º. El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al
servicio de la Nación, los Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con
el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido
modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el
promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si
este fuere menor de doce meses».
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60. Luego, el Decreto 1160 de 1947, estableció que, los empleados al servicio de la
Nación, de cualquiera de las ramas del poder público, tienen derecho a recibir el auxilio
de cesantías y señaló que, para su liquidación se tomará como base, el último sueldo o
jornal, a menos que, este haya sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, en cuyo
caso, la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o
en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de 12 meses [artículo 6 ibidem].
61. De otra parte, el Decreto 3118 de 1968, creó el Fondo Nacional del Ahorro, con el
objetivo de efectuar el pago oportuno del auxilio de cesantías a empleados públicos y
trabajadores oficiales [artículo 2, literal a] y proteger este auxilio frente a la depreciación
monetaria [artículo 2, literal b]. A su vez, el artículo 3 de esta norma, estableció que, las
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales vinculados al servicio de los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos
Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado, debían liquidarse y
entregarse al Fondo. Por otro lado, ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social, liquidar
el auxilio de cesantías, causado hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Sesenta y Ocho (1968), en favor de los empleados públicos y trabajadores
oficiales afiliados a ella.
62. Por su parte, en los artículos 278, 289 y 3310 del precitado Decreto, se inició un plan
de «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías”, estableciendo, a partir del
Primero (1) de enero de Mil Novecientos Sesenta y Nueve (1969), el sistema de
liquidación de cesantías anualizadas, para los empleados públicos y trabajadores
oficiales de las entidades enunciadas.
63. Posteriormente, la Ley 344 de 1996, dispuso en su artículo 13 que, las personas
que se vinculen a los órganos y entidades del Estado, tendrán un régimen anualizado de
cesantías, cuya liquidación se hará el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de la
liquidación que debe realizarse cuando finalice la relación laboral.
64. La Ley 432 de 1998, reorganizó el Fondo Nacional del Ahorro, pero preservó la
8
ARTÍCULO 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1o. de enero de 1969, los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado,
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración
del respectivo empleado o trabajador.
9
ARTÍCULO 28. Liquidación año de retiro. En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo Ministerio, Departamento
Administrativo, Superintendencia, Establecimiento Público o Empresa Industrial y Comercial del Estado, liquidará la cesantía que
corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido en el año de retiro.
10
ARTÍCULO 33. Intereses en favor de los trabajadores. El Fondo Nacional de Ahorro liquidará y abonará en cuenta, intereses del
nueve (9) por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a favor de cada empleado público o
trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantía que se encuentre en poder de establecimientos públicos o empresas industriales
y comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el artículo 47.
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administración eficiente de las cesantías, con las funciones de recaudar y pagar a los
afiliados, y, proteger el auxilio de las cesantías de la pérdida del valor adquisitivo [artículo
3 literales a, b y c].
65. A su vez, el Decreto 1582 de 199811, destacó que, la liquidación anual de los
empleados del nivel territorial y vinculados a partir del Treinta y Uno (31) de diciembre de
Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), que se afilien a los fondos privados de cesantías,
se debe hacer con aplicación de la Ley 50 de 1990; mientras que, la liquidación de
quienes están vinculados al Fondo Nacional del Ahorro, debe efectuarse teniendo en
cuenta lo dispuesto en la Ley 432 de 1998.
66. Por otro lado, el Decreto 1252 de 2000, estableció que, los servidores públicos que
al Veinticinco (25) de mayo del Dos Mil (2000), venían disfrutando del régimen retroactivo
de cesantías, conservarán dicho beneficio, hasta la terminación de la relación laboral.
67. Por último, el Decreto 1919 de 2002, en el artículo 3, extendió el régimen de
prestaciones sociales de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del orden nacional, a los servidores del orden territorial y determinó que, quienes son
beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías, continuarán disfrutando del mismo.
2.3.2. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes
68. La Ley 91 de 1989, en el artículo 3 creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, «como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria
estatal o de economía mixta […] » para atender las prestaciones sociales de los docentes
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de promulgación
de la citada disposición legal y los que se vinculen con posterioridad a ella, serán
automáticamente afiliados a este Fondo.
69. El artículo 2 de esta disposición especial estableció que, la Nación y las entidades
territoriales, según el caso, asumirán las obligaciones prestacionales con los docentes,
en ella destacó:
11
Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los
servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
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«Artículo 2. ° De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades
territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal
docente, de la siguiente manera:
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con
las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la
Ley 43 de 1975».
70. Respecto a la vigencia y aplicación de la precitada ley, el artículo 15 hizo la
siguiente precisión sobre la vinculación, así:
«Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por
las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos
de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a
los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045
de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley».
[…]
71. Especialmente, en lo referente a las cesantías, el numeral 3 de este mismo
artículo, destacó:
«3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes
de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado,
sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en
caso contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes
nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las
cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas
cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo
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con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de
captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional». [Destaca la Sala]
72. Con fundamento en las disposiciones normativas que anteceden, se identifica una
distinción de los docentes nacionalizados vinculados hasta el Treinta y Uno (31) de
diciembre de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), para ellos, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio efectuará el pago de un auxilio equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio, o proporcionalmente por fracción laborado, en
relación con el último salario devengado, en otras palabras, con aplicación del régimen
retroactivo de cesantías y los docentes que se vinculen a partir del Primero (1) de enero
de Mil Novecientos Noventa (1990), a quienes, el fondo pagará un interés anual sobre el
saldo de las cesantías existentes al Treinta y Uno (31) de diciembre de cada año,
liquidadas en la anualidad y sin retroactividad, es decir, las cesantías serán reconocidas
con el régimen anualizado.
73. Ahora bien, la Sección Segunda Subsección “A” de esta Corporación, en sentencia
del Treinta (30) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017)12, estableció sobre el régimen
de las cesantías de los docentes, así:
«De lo anterior se colige que: i). los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente
de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales
y a los vinculados a partir del 1.º de enero de 1990 «lo que según la definición contenida
en los artículos 1.º y 2.º, corresponde a los nacionales o territoriales que por cualquier
causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y
territoriales», se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional, es decir, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al
reconocimiento de intereses».
74. Siguiendo en esa misma dirección, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, en sentencia del Siete (7) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019)13,
precisó que, los docentes que ingresen con posterioridad al Primero (1) de enero de Mil
Novecientos Noventa (1990), las cesantías serán liquidadas bajo el sistema anualizado,
en ese sentido, destacó:
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Subsección “A”. Expediente: 70-001-23-33-000-2014-
00290-01.
13
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección B. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
Radicación 54001-23-33-000-2016-00298-01.
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« […] se concluye que los docentes que ingresaron con posterioridad al 1 de enero de
1990, por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador, y ostentar la calidad
de cofinanciados, no adquieren el carácter de territorial regidos por normas
prestacionales aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha calidad,
puesto que por disposición de la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 3º, literal b), los
maestros «[…] que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las
prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978, o que se expidan en el futuro.», como lo es la Ley 344 de 199614 que sin perjuicio de
lo previsto en la Ley 91 de 1989, consagró un sistema de liquidación anualizado de
cesantías para las «[…] personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado.».
75. En ese orden de ideas, a partir de la Ley 91 de 1989 se unificó el régimen laboral
de los docentes oficiales, en el cual los equiparó al de los empleados del orden nacional,
es decir, bajo el sistema anualizado de cesantías, con excepción de los educadores que
estuvieren vinculados con anterioridad al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta y Nueve (1989), a quienes se les respetará los derechos
adquiridos, en otras palabras, el régimen de retroactividad de esta prestación social.
2.3.4 La no solución de continuidad en el empleo público por cambio de cargo en
la misma entidad.
76. La no solución de continuidad en el ámbito laboral, se refiere a situaciones en que
se produce la terminación de un vínculo laboral con una entidad y posterior vinculación
en la misma u otra entidad, sin que ello implique la pérdida de ciertos derechos laborales
o prestaciones.
77. En general, cuando se presenta la finalización del vínculo laboral, conlleva a la
terminación de beneficios; sin embargo, existen situaciones en las que el ordenamiento
jurídico mantiene los efectos de la relación anterior, tanto en las prestaciones, salarios y
beneficios laborales, mediante la cual, se establece el tiempo máximo de interrupción
laboral, que no se considera como solución de continuidad, como lo reguló el Decreto
1042 de 1978, «por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a
dichos empleos y se dictan otras disposiciones.»
78. La citada regulación aplica para los empleados del orden nacional, mediante la
cual, se establecieron unos emolumentos como la bonificación por servicios prestados
14 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se
expiden otras disposiciones.»
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(art. 45 ídem), incrementos de salario por antigüedad (art. 49 ejusdem) y el pago
proporcional de la prima de servicio (art. 60 ibidem), para los cuales, se entenderá que
no hay solución de continuidad, si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión, no
transcurren más de 15 días hábiles.
79. Por su parte, el Decreto 1945 de 1978, «por el cual se fijan las reglas generales para la
aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales
del sector nacional.», dispuso en su artículo 10, al regular el tiempo para adquirir el derecho
a vacaciones, que: «se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más
de quince días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad.»
80. Como se observa, los factores como la bonificación por servicios prestados,
incrementos de salarios por antigüedad, el pago proporcional de la prima de servicios y
el tiempo para adquirir el derecho a vacaciones, no se pierden por los empleados del
orden nacional, cuando no hay solución de continuidad por no superar el término de 15
días entre el retiro y el nuevo nombramiento.
2.4. Caso concreto
81. En el presente asunto, no se discute la vinculación en propiedad, del señor Édgar
Gregorio Meneses Moncada, en el año 1984, la cual, tenía el carácter de nacionalizada.
82. Tampoco existe oposición, frente a la renuncia aceptada al docente, el Veinte (20)
de abril de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), mediante Decreto 503, a partir del
Primero (1) de mayo de la misma anualidad.
83. De igual manera, es aceptado por los sujetos procesales que, mediante Decreto
No. 0525 del Veintiséis (26) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), fue
nombrado en la vacante de Directivo Docente, en el Bachillerato Femenino San Agustín,
de Popayán (Cauca), cargo en el cual se posesionó, en propiedad, el Cuatro (4) de mayo
de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995).
84. Asimismo, se tiene por acreditada la solicitud de reconocimiento y pago de
cesantías parciales retroactivas en favor del demandante, radicada ante la secretaría de
Educación del municipio de Popayán – Cauca, el Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil
Quince (2015), la cual se requirió en los siguientes términos:
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85. La controversia en el presente asunto se circunscribe a establecer si, la renuncia
del docente Meneses Moncada en el cargo de docente, a partir del Primero (1) de mayo
de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), tuvo o no como consecuencia, la solución
de continuidad en la prestación del servicio, teniendo en cuenta que, asumió el cargo de
directivo docente en propiedad, a partir del cuatro (4) de mayo siguiente y en tal virtud, al
mediar una nueva vinculación con posterioridad al Primero (1) de enero de Mil
Novecientos Noventa (1990), el régimen de cesantías corresponde al anualizado.
86. El Tribunal Administrativo del Cauca, en la sentencia apelada, consideró que, la
renuncia presentada por el demandante, tuvo como efecto la solución de continuidad, por
cuanto medió el retiro del servicio.
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87. Esta Sala revocará la decisión de instancia, por cuanto, el criterio del A – quo, se
aparta de las normas vigentes que, aluden a la no solución de continuidad, así como, a
la norma especial que rige la carrera docente, como también, el precedente
jurisprudencial en la materia.
88. Tal como lo aduce la recurrente, la vinculación docente del demandante, se regía
por el Decreto 2277 de 1979, norma en cuyo artículo 69 estipula:
«ARTÍCULO 69.- Renuncia. El docente puede renunciar libremente al ejercicio del cargo
que desempeñe en propiedad. Tal renuncia lo separa del servicio pero no implica la pérdida
de su clasificación en el escalafón.»
89. Por su parte, el artículo 34 del mismo cuerpo normativo, prevé lo siguiente:
«ARTÍCULO 34.- Nombramiento en cargos directivos. La designación en propiedad para el
desempeño de los cargos directivos oficiales de que trata el artículo 32 se considera
ascenso dentro de la carrera docente. Sin embargo, los titulares de los cargos señalados
en los literales c, d y e del mismo artículo, estarán sometidos a evaluaciones periódicas
sobre el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, de conformidad con la
reglamentación que al efecto expida el Gobierno Nacional.
Si el resultado de la evaluación fuere negativo, el funcionario regresará al cargo docente
anterior y devengará la remuneración que corresponda dicho cargo.»
90. De acuerdo con la norma en comento, la Sala considera que, pese a que el
demandante presentó renuncia en el año 1995 en su cargo docente, la misma fue
presentada para ejercer el cargo de directivo docente en calidad de rector, conclusión a
la que llega la Sala, por cuanto entre una y otra, no mediaron más de tres días.
91. Adicionalmente, resulta preponderante que, el acto de nombramiento como
directivo docente, data del Veintiséis (26) de abril de Mil Novecientos Novena y cinco
(1995), lo que refuerza el criterio que, la renuncia al cargo por parte del señor Meneses
Moncada, tuvo como génesis la asunción de las nuevas labores para las cuales concursó.
92. En este punto, resulta preponderante para la Sala señalar que, aunque en estricto
sentido, el demandante no concursó para un ascenso dentro del régimen de carrera
del magisterio, a efectos de ser nombrado como directivo docente, en calidad de rector,
lo cierto es que, de acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2277 de 1979, ese era el efecto
del nombramiento en propiedad, a partir del concurso de méritos con el que accedió a
dicho cargo de directivo docente.
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93. En este punto, debe hacerse hincapié en que, si bien es cierto el concurso docente
en el que participó el docente, no constituía de aquellos convocados para ascenso dentro
de la carrera docente, se insiste, a partir de la norma referenciada, su nombramiento en
propiedad, tendría tal efecto.
94. En ese orden de ideas, la única posibilidad con que contaba el docente, era
presentar su renuncia al cargo, pero de tal actuación no podría desencadenarse la
solución de continuidad, en razón a que, no de otra manera, hubiera podido acceder a su
nueva vinculación.
95. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, tal como lo señala la parte
demandante, la jurisprudencia pacífica de esta Sección ha establecido que, tanto para
eventos donde medie contrato de prestación de servicios 15, como aquellos en los que
exista una vinculación a término fijo, como los docentes temporales tiempo completo16, o
incluso una vinculación legal y reglamentaria en libre nombramiento y remoción17, debe
tenerse en cuenta que, no existe solución de continuidad, cuando entre uno y otro evento,
no hayan transcurrido más de 15 días (para el caso de las situaciones regidas por los
decretos 1042 y 1045 de 1978), o 30 días en el caso de las relaciones laborales
encubiertas.
96. Colofón de lo anteriormente expuesto, no podría darse un tratamiento distinto al
presente asunto, máxime que, lo que generó la renuncia, fue la superación de un
concurso de méritos para acceder a un cargo de directivo docente.
97. Una interpretación en contrario, confrontaría el derecho fundamental a la igualdad,
de quien tiene una estabilidad mayor a partir de la vinculación en propiedad, frente a
quienes actualmente ampara la ley y la jurisprudencia frente a la no estructuración de la
solución de continuidad.
98. Vistas así las cosas, la Sala concluye que, dado que en el presente asunto, no
hubo solución de continuidad en la vinculación docente del demandante en calidad de
rector del colegio San Agustín de Popayán, el régimen de cesantías corresponde al
retroactivo, por tener una vinculación anterior al Primero (1) de enero de Mil Novecientos
Noventa (1990).
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del
Nueve (9) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021). Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16).
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Subsección “b”. Sentencia del Seis (6) de febrero de
Dos Mil Veinticinco (2025) Expediente: 25000-23-42-000-2016-05611-02 (2761-2022). M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Subsección “b”. Sentencia del Siete (7) de noviembre
de Dos Mil Veinticinco (2025) Expediente: 05001233300020170049201 (2376-2025). M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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99. En consecuencia, se declarará la nulidad del acto ficto negativo, derivado del
silencio administrativo, ante la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías
retroactivas parciales, por parte del señor Édgar Gregorio Meneses Moncada, radicada
en la Oficina de Recepción de Correspondencia de la Secretaría de Educación del
municipio de Popayán, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, el Veinticinco (25) de
agosto de Dos Mil Quince (2015).
100. A título de restablecimiento del derecho, la Sala condenará a la Nación – Ministerio
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al
reconocimiento y pago de las cesantías parciales, entre el Diez (10) de abril de Mil
Novecientos Ochenta y Cuatro (1984) y hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil
Catorce (2014), solicitadas por el docente Édgar Gregorio Meneses Moncada el Veinticinco
(25) de agosto de Dos Mil Quince (2015), bajo el bajo el régimen retroactivo de cesantías,
teniendo en cuenta que, de conformidad con el Formato Único Para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral con consecutivo 543, desde el Primero (1) de enero de Mil
Novecientos Noventa (1990), el docente fue afiliado a dicho fondo, siendo la entidad
competente para el reconocimiento y pago de la prestación reclamada.
101. Para ello se deberán actualizar los valores a pagar según la fórmula que se
describe a continuación:
R= Rh X Índice final
Índice inicial
Según la cual, el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que
es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería
efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el artículo
192 del CPACA.
102. Dado que en el presente asunto no se tiene certeza si, al demandante se le han
efectuado pagos por concepto de cesantías parciales o definitivas, se dispondrá el
descuento de los valores que la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, hubiese reconocido al señor Édgar Gregorio
Meneses Moncada, por concepto de cesantías anualizadas y por intereses a las
cesantías, sumas que deberán ser indexadas.
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Demandante: Édgar Gregorio Meneses Moncada
Demandado: Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
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103. Finalmente, aunque entre las pretensiones de la demanda, se solicita la sanción
moratoria, por la falta de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías, lo cierto es que,
en este proceso judicial, no fue demandado el acto administrativo por medio del cual se
negó tal solicitud, y, por lo tanto, no es posible para la Sala acceder al petitum.
2.6. Condena en costas.
104. De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de
la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.
105. En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, la Sala se abstendrá
de condenar en costas en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Veintiséis (26) de Septiembre de dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las
pretensiones de la demanda. En su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR LA CONFIGURACIÓN del acto ficto negativo, derivado del
silencio administrativo, ante la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías
retroactivas parciales, por parte del señor Édgar Gregorio Meneses Moncada, causadas
entre el Diez (10) de abril de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984) y hasta el Treinta
y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014), radicada en la Oficina de Recepción
de Correspondencia de la Secretaría de Educación del municipio de Popayán, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales, el Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Quince
(2015).
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Demandante: Édgar Gregorio Meneses Moncada
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TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD; del acto ficto negativo, derivado del silencio
administrativo, ante la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas
parciales, por parte del señor Édgar Gregorio Meneses Moncada, entre el Diez (10) de
abril de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984) y hasta el Treinta y Uno (31) de
diciembre de Dos Mil Catorce (2014), radicada en la Oficina de Recepción de
Correspondencia de la Secretaría de Educación del municipio de Popayán, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales, el Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Quince
(2015).
CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, al reconocimiento y pago de las cesantías parciales
del docente Édgar Gregorio Meneses Moncada, causadas entre el Diez (10) de abril de
Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984) y hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de
Dos Mil Catorce (2014), bajo el régimen retroactivo de cesantías, ajustando el valor que
resulte a su cargo, aplicando para el efecto la siguiente fórmula, en los términos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia:
R= Rh Índice final
Índice inicial
QUINTO: DESCONTAR los valores que la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, hubiese reconocido al señor Edgar
Gregorio Meneses Moncada, por concepto de cesantías anualizadas y por intereses a
las cesantías, sumas que deberán ser indexadas.
SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: Sin condena en costas en ambas instancias.
OCTAVO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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(FOMAG) y otro
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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