Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05611-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05611-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-05611-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) febrero dos mil veinticinco (2025).
Radicado : 25000-23-42-000-2016-05611-02 (2761-2022)
Demandante : Nubia Amézquita de Enciso
Demandada : Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Régimen de liquidación de cesantías retroactivas.
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra
la sentencia de 12 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
La señora Nubia Amézquita de Enciso, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar lo siguiente:
1.1. Pretensiones.
Declarar la nulidad del Oficio S. 2015-178518 de 22 de diciembre de 2015,
proferido por la Secretaría de Educación de Bogotá y el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que negó el reconocimiento y liquidación
de las cesantías con el régimen retroactivo.
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Número Interno: 2761-2022
Demandante: Nubia Amézquita de Enciso
Demandada: Nación- Ministerio de Educación- FOMAG
A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) condenar a las
demandadas a reconocer y pagar las cesantías con régimen retroactivo; (ii)
indexar las sumas reconocidas para el día del pago; (iii) ordenar el
cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA; (iv) ordenar
el reconocimiento y pago de los intereses moratorios; y (v) condenar en costas
y agencias en derecho.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
Precisa la demandante que fue nombrada por la Alcaldía mayor de Bogotá,
mediante Decreto 202 de 1 de febrero de 1993, tomando posesión el día 8 de
ese mes y año.
Expone que prestó el servicio ininterrumpidamente durante 23 años, 8 meses
y 22 días, contabilizados desde el 8 de febrero de 1993 al 30 de julio de 2016,
por un total de 8.542 días, por ello, asegura que tiene derecho al
reconocimiento de las cesantías retroactivas por estar vinculada antes del 30
de diciembre de 1996.
Destaca que solicitó a la Secretaría de Educación de Bogotá, - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento del régimen de las
cesantías retroactivas y mediante oficio S-2015-178518 de 22 de diciembre de
2015, dicha entidad informó que no accede a lo pedido pues la prestación fue
liquidada conforme a la Ley.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Constitución Política, artículos, 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 53, 58, 228, y 336; Ley
4ª de 1992, artículo 2 literal a); Ley 6 de 1945, artículos 1 y 2; Decreto 1160 de
1947, artículo 6, Decreto 1498 de 1986, Ley 91 de 1989, ley 60 de 1993,
Decreto 1919 de 2002.
Asegura que la retroactividad de las cesantías es un tema decantando con
suficiencia por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la sentencia del 10
de febrero de 2011, radicado 52001-23-31-000-2006-01365-01 de la que
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Número Interno: 2761-2022
Demandante: Nubia Amézquita de Enciso
Demandada: Nación- Ministerio de Educación- FOMAG
transcribe “(…) existen tres sistemas de liquidación de las cesantías a los empleados
territoriales, los cuales son: i) sistema retroactivo, donde las cesantías se liquidan con base
en el último sueldo devengado, sin lugar a intereses. Se rige por la Ley 6ª de 1945 y demás
disposiciones que la modifican y reglamentan y es aplicable a los servidores vinculados antes
del 30 de diciembre de 1996 (…)
2. Contestación de la demanda.
La Nación, Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Se opone a las pretensiones de la
demanda por no ser la entidad que expidió el acto administrativo demandado,
además, las cesantías del demandante fueron liquidadas con la normatividad
vigente y no resulta viable una nueva liquidación.
Asegura que no es procedente reconocer el régimen de las cesantías
retroactivas a los docentes vinculados al magisterio desde el 1 de enero de
1990 al 31 de diciembre de 1996, toda vez que para esas fechas rige el
numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que determina el régimen de
cesantías anualizadas.
Propone como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva,
inexistencia de la obligación y prescripción.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“A”, mediante sentencia de 12 de marzo de 2020, accedió a las pretensiones
de la demanda y declaró la nulidad del oficio S-2015-178518 del 22 de
diciembre de 2015, con ello ordenó, reliquidar las cesantías con retroactividad
desde el 16 de enero de 1989 hasta el retiro el 27 de mayo de 2017 y condenó
en costas, por cuanto:
Señala que, según el formato único para expedición de certificado de la historia
laboral de la Secretaría de Educación de Bogotá, la actora tuvo las siguientes
vinculaciones en el sector docente del orden territorial.
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• De 16 de enero de 1989 al 3 de
Docente temporal tiempo completo: diciembre de 1989
• De 22 de enero de 1990 a 2 de
diciembre de 1990
• De 21 de enero de 1991 a 2 de
diciembre de 1991
• De 21 de enero de 1992 a 1° de
diciembre de 1992
Nombramiento en propiedad: • De 8 de febrero de 1993 a 27 de
mayo de 2017
Precisa «que tiene derecho al reconocimiento de sus cesantías con régimen retroactivo,
pues, la vinculación como docente “temporal tiempo completo” acaecida antes del 31 de
diciembre de 1989 y hasta el año de 1992, previo al nombramiento e propiedad el 08 de febrero
de 1993, debe tenerse en cuenta, toda vez que el legislador no distinguió la clase de
vinculación del docente para mantener el régimen retroactivo, razón por la cual, este tipo de
nombramientos de carácter temporal, no pueden desecharse para efectos del reconocimiento
pretendido».
Asevera que « el año lectivo comprende la época en la que los estudiantes se encuentran
en las instituciones educativas, es decir, entre enero y diciembre, sin que esto signifique una
interrupción en el vínculo laboral de la docente, pues, si bien en la certificación se consigna
unos periodos específicos como por ejemplo 16 de enero al 3 diciembre de 1989 y del 22 de
enero al 2 de diciembre de 1990 […] lo cierto es que la docente laboró sin interrupción, durante
la totalidad del año lectivo, en los años referenciados en el cuadro procedente.»
Que las interrupciones en la prestación del servicio son superiores a 15 días
en los años de 1989, 1990, 1991 y 1992, por la naturaleza de las vacaciones
escolares, dado que, la labor de docente solo se necesita durante el periodo
escolar o año lectivo. Por ello, entiende que no existe solución de continuidad,
siempre y cuando el docente este vinculado por todo el año escolar, así supere
el término de 15 días para que se presente tal suspensión de la vinculación
laboral.
En conclusión, considera satisfechos los presupuestos para mantener el
régimen retroactivo de la liquidación de las cesantías de la actora consagrados
en la Leyes 6ª de 1945, 65 de 1946, 91 de 1989, 344 de 1996 y el Decreto
1160 de 1947, a partir de la vinculación del demandante el 16 de enero de
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1989, por lo que concluye que el acto demandado esta incurso en la causal de
nulidad.
4. El recurso de apelación.
La parte demandada en la oportunidad procesal interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia, solicitando que se
revoque, por lo siguiente:
Expone que el régimen general de cesantías tiene origen en la Ley 6 de 1945
para los empleados y obreros nacionales de carácter permanente, para que
perciban, entre otras prestaciones, un auxilio de cesantías por cada año de
servicios en virtud del Decreto 2767 de 1945.
Que a partir de la Ley 344 de 1996, se estableció el nuevo régimen de
liquidación anual de cesantías dirigida a los servidores públicos del Estado a
partir del 30 de diciembre de 1996.
Asegura que la demandante en virtud de su fecha de vinculación en propiedad
el día 8 de febrero de 1993, como lo manifestó en los hechos de la demanda,
esto determina que no tiene derecho a que se realice la reliquidación de las
cesantías retroactivas pues en ese momento ya se contaba con norma
expresa sobre la forma de liquidación de cesantías anuales.
Que la primera instancia tuvo en cuenta una vinculación temporal de la actora
con fecha 16 de enero de 1989, pero el Decreto 1278 de 2002, establece que
dichos nombramientos serán por el tiempo que dure la respectiva situación
administrativa; además, se entenderá que existe solución de continuidad
cuando medien más de 15 días hábiles de interrupción en el servicio entre una
entidad y otra.
5. Alegatos de conclusión.
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En auto del 28 de abril de 20231, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA y
mediante auto del 30 de junio siguiente2, corrió traslado para alegar a las
partes.
Parte demandante3. Presentó alegatos finales en la cual solicita confirmar la
sentencia de primera instancia, por cuanto acredita con intervalos los
nombramientos como docente de tiempo completo que coinciden con los
periodos de recesos por vacaciones de los estudiantes y la planta de docente,
sin solución de continuidad.
Parte demandada. guardó silencio.
Ministerio Público. No emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 4, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
1
Índice 00017 Samai.
2
Índice 00025 Samai
3
Índice 00030 Samai
4
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia»
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Corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia de 12 de marzo de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, que accedió a las pretensiones de la demanda
interpuesta por la señora Nubia Amézquita de Enciso, para ello la Sala
estudiará los siguiente:
¿Si a la demandante en calidad de docente territorial nombrada el 1 de febrero
de 1993, le asiste el derecho del reconocimiento y reliquidación de las
cesantías con el régimen retroactivo establecido en la Ley 6ª de 1945 al tener
en cuenta la vinculación en el año de 1989 como docente temporal de tiempo
completo, o sí, por el contrario, se le debe aplicar el régimen de las cesantías
anualizadas prevista en la Ley 91 de 1989?
Para desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1.
Régimen de cesantías para los empleados públicos, 2.2. Régimen de
liquidación de cesantías de los docentes, 2.3. Caso en concreto y 2.4.
Condena en costas.
2.1. Régimen de cesantías para los empleados públicos.
La Ley 6ª de 1945, en el literal a) del artículo 17, estableció para los empleados
y obreros nacionales el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de
sueldo o jornal por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones
de año de acuerdo con lo señalado por el literal f) del numeral 12 de la misma
disposición legal.
Mediante el Decreto 2767 de 1945, se extendió la prestación social a los
empleados y obreros al servicio de los departamentos, intendencias,
comisarias, o municipios que tiene derecho a la totalidad de prestaciones
establecidas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945.
Posteriormente, la Ley 65 de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías,
para indicar que:
«Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la
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carrera administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo
trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en
adelante, cualquiera que sea la causa de retiro.
Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley
6 de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 12 y 36 de la misma Ley.»
Por su parte, el Decreto 2567 de 1946 definió los parámetros para su
liquidación, así:
«Artículo 1º. El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y
obreros al servicio de la Nación, los Departamentos y los Municipios, se liquidará
de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo
o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la
liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses,
o en todo el tiempo de servicio, si este fuere menor de doce meses».
Luego, el Decreto 1160 de 1947 estableció que los empleados al servicio de
la Nación, de cualquiera de las ramas del poder público, tienen derecho a
recibir el auxilio de cesantías y señaló que para liquidar las cesantías se
tomará como base el último sueldo o jornal a menos que este haya sufrido
modificaciones en los 3 últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por
el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo de
servicio, si éste fuere menor de 12 meses [artículo 6 ibidem].
Por otra parte, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro,
con el objetivo de efectuar el pago oportuno del auxilio de cesantías a
empleados públicos y trabajadores oficiales [artículo 2, literal a] y proteger este
auxilio frente a la depreciación monetaria [artículo 2, literal b]. A su vez, el
artículo 3 de esta norma, estableció que las cesantías de los empleados
públicos y trabajadores oficiales vinculados al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos
Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían liquidarse
y entregarse al Fondo. Por otro lado, ordenó a la Caja Nacional de Previsión
Social realizar la liquidación del auxilio de cesantía causado hasta el 31 de
diciembre de 1968 en favor de los empleados públicos y trabajadores oficiales
afiliados a ella.
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Por su parte, los artículos 275, 286 y 337 del precitado Decreto empezó un plan
de «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías”, en el cual se
estableció a partir del 1 de enero de 1969 el sistema de liquidación de
cesantías anualizadas para los empleados públicos y trabajadores oficiales de
las entidades antes enunciadas.
Posteriormente, la Ley 344 de 1996, dispuso en su artículo 13 que las
personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado tendrán un
régimen anualizado de cesantías, cuya liquidación se hará el 31 de diciembre
de cada año, sin perjuicio de la que debe realizarse cuando finalice la relación
laboral.
Por su lado, la Ley 432 de 1998, reorganizó el Fondo Nacional del Ahorro, pero
preservó la administración eficiente de las cesantías con las funciones de
recaudar y pagar a los afiliados y proteger el auxilio de las cesantías de la
pérdida del valor adquisitivo [artículo 3 literales a, b y c].
A su vez, el Decreto 1582 de 19988 destacó que la liquidación anual de los
empleados de nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996
que se afilien a los fondos privados de cesantías se debe hacer con aplicación
de la Ley 50 de 1990; mientras que la liquidación de quienes están vinculados
al Fondo Nacional del Ahorro debe efectuarse teniendo en cuenta lo dispuesto
en la Ley 432 de 1998.
Por otro lado, el Decreto 1252 de 2000, estableció que los servidores públicos
que al 25 de mayo de 2000 venían disfrutando del régimen retroactivo de
cesantías, conservarán dicho beneficio hasta la terminación de la relación
laboral.
5
ARTÍCULO 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1o. de enero de 1969, los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse aunque en años posteriores varíe
la remuneración del respectivo empleado o trabajador.
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ARTÍCULO 28. Liquidación año de retiro. En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo Ministerio,
Departamento Administrativo, Superintendencia, Establecimiento Público o Empresa Industrial y Comercial del
Estado, liquidará la cesantía que corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servido en el año de retiro.
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ARTÍCULO 33. Intereses en favor de los trabajadores. El Fondo Nacional de Ahorro liquidará y abonará en cuenta,
intereses del nueve (9) por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a favor de
cada empleado público o trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantía que se encuentre en poder de
establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el artículo
47.
8
Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación
con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
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Por último, el Decreto 1919 de 2002 en el artículo 3 extendió el régimen de
prestaciones sociales de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del orden nacional, a los servidores del orden territorial y
determinó que quienes son beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías,
continuarán disfrutando del mismo.
2.2. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes.
La Ley 91 del 29 de diciembre de 1989, en el artículo 3 creó el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, «como una cuenta especial de la Nación,
con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos
serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta […] » para atender
las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se
encuentren vinculados a la fecha de promulgación de la citada disposición
legal y los que se vinculen con posterioridad a ella, serán automáticamente
afiliados a este Fondo.
El artículo 2 de esta disposición especial estableció que la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán las obligaciones
prestacionales con los docentes, en ella destacó:
«Artículo 2. ° De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y
las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones
prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la
fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de
conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a
dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento
de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975».
Respecto a la vigencia y aplicación de la precitada Ley, el artículo 15 hizo la
siguiente precisión sobre la vinculación, así:
«Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
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1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el
régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de
conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990,
para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las
normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional,
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el
futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley».
[…]
Especialmente, en lo referente a las cesantías el numeral 3 de este mismo
artículo, destacó:
«3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para
los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo
con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará
un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre
de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la
suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de
la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación
del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del
orden nacional». [Destaca la Sala]
Con fundamento en las disposiciones normativas que anteceden, se identifica
una distinción de los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, para ellos, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio efectuará el pago de un auxilio equivalente a un mes de salario por
cada año de servicio o proporcionalmente por fracción laborado, en relación
con el último salario devengado, en otras palabras, con aplicación del régimen
retroactivo de cesantías y los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero
de 1990, a quienes este Fondo pagará un interés anual sobre el saldo de estas
cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas en la
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anualidad y sin retroactividad, en conclusión, las cesantías serán reconocidas
con el régimen anualizado.
Ahora bien, la Sección Segunda Subsección “A” de esta Corporación en
sentencia del 30 de noviembre de 20179, estableció sobre el régimen de las
cesantías de los docentes, así:
«De lo anterior se colige que: i). los docentes nacionalizados vinculados hasta el
31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la
normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y
ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1.º de enero de 1990
«lo que según la definición contenida en los artículos 1.º y 2.º, corresponde a los
nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal
calidad, sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las
disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir,
un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento
de intereses».
Siguiendo en esa misma dirección, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, en sentencia del 7 de febrero de 201910, precisó que los
docentes que ingresen con posterioridad al 1 de enero de 1990, las cesantías
serán liquidadas bajo el sistema anualizado, en ese sentido, destacó:
« […] se concluye que los docentes que ingresaron con posterioridad al 1 de
enero de 1990, por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador,
y ostentar la calidad de cofinanciados, no adquieren el carácter de territorial
regidos por normas prestacionales aplicables a los servidores públicos
que ostentan dicha calidad, puesto que por disposición de la Ley 91 de 1989,
artículo 15, numeral 3º, literal b), los maestros «[…] que se vinculen a partir del
1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se
regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se
expidan en el futuro.», como lo es la Ley 344 de 1996 11 que sin perjuicio de lo
previsto en la Ley 91 de 1989, consagró un sistema de liquidación anualizado de
cesantías para las «[…] personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del
Estado.».
En ese orden de ideas, a partir de la Ley 91 de 1989 se unificó el régimen
laboral de los docentes oficiales en el cual los equiparó al de los empleados
del orden nacional, es decir, bajo el sistema anualizado de cesantías, con
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Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección “A”. Expediente: 70-001-
23-33-000-2014-00290-01
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Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección B Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra
Vélez Radicación 54001-23-33-000-2016-00298-01
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«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
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Demandante: Nubia Amézquita de Enciso
Demandada: Nación- Ministerio de Educación- FOMAG
excepción de los educadores que estuvieren vinculados con anterioridad al 31
de diciembre de 1989 a quienes se les respetara los derechos adquiridos, en
otras palabras, el régimen de retroactividad de esta prestación social.
2.3. Caso en concreto
La señora Nubia Amézquita de Enciso, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento pretende la nulidad del Oficio S.2015-178518 de 22
de diciembre de 2015, proferido por la Secretaría de Educación de Bogotá y el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que le negó la
solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas.
El Tribunal de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda,
considerando que el certificado de la historia laboral de la actora se establece
las vinculaciones en los periodos de 1989, 1990, 1991 y 1992, son de carácter
temporal y de tiempo completo, por ello, concluye que existe una prestación
sin interrupción durante la totalidad del año lectivo, hasta su vinculación en
propiedad en el año de 1993, siendo acreedora de las cesantías retroactivas.
Inconforme con la decisión la demandada asegura que la vinculación en
propiedad de la actora es del 8 de febrero de 1993 y no tiene derecho a que
se realice la reliquidación retroactiva de cesantías pues en ese momento ya
se contaba con norma expresa que determina la forma de liquidación de
cesantías anual y no retroactiva.
Conforme al planteamiento de la demandada, en el expediente se encuentra
la certificación de tiempo de servicio de la demandante como docente oficial
de vinculación territorial, con la siguiente información:
Novedades Fecha de Desde Hasta Entidad de
posesión Previsión
Tipo de Vinculación
novedad
Plantel 15/1/89 3/12/89 Caja de
Educativo Previsión
Municipio Bogotá Social del
Tipo de Vinculación temporal Distrito
novedad tiempo completo
Plantel 22/1/90 2/12/90 Caja de
Educativo Previsión
Municipio Bogotá Social del
Tipo de Vinculación temporal Distrito
novedad tiempo completo
Plantel 21/1/91 2/12/91 Caja de
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Número Interno: 2761-2022
Demandante: Nubia Amézquita de Enciso
Demandada: Nación- Ministerio de Educación- FOMAG
Educativo Previsión
Municipio Social del
Bogotá
Tipo de Distrito
Vinculación temporal
novedad tiempo completo
Plantel 21/1/92 1/12/92 Caja de
Educativo Previsión
Municipio Bogotá Social del
Tipo de Vinculación temporal Distrito
novedad
tiempo completo
Novedad Nombramiento en Res. 202 Posesión Fondo de
propiedad Prestaciones
de 1/2/93 8/2/93
Plantel Sociales del
Educativo Magisterio
Municipio
Bogotá
Conforme a lo que precede, encuentra demostrado que la demandante para
el año de 1989, fue vinculada como docente temporal de tiempo completo,
labor que finalizó el 2 diciembre de ese mismo año; siguiendo bajo esta
modalidad de contratación hasta finales del año de 1992.
Forma de prestación del servicio para ese tiempo muy utilizada por los entes
territoriales cuando no contaban con docentes de carrera y tenían la necesidad
urgente de prestar el servicio educativo, por lo que acudían a este tipo de
vinculación al no poderlo realizar con el personal de planta.
En ese sentido, está probado que la demandante solo prestó un servicio por
el tiempo que la entidad lo requirió para satisfacer la necesidad de ese
momento, esto es, entre los periodos del 15 de enero al 3 de diciembre de
1989; del 22 de enero a diciembre de 1990; del 21 de enero al 2 de diciembre
de 1991; del 21 de enero al 1 diciembre de 1992; lo que demuestra que prestó
un servicio intermitente y discontinuo, consideraciones por las que se
concluye, no se cumplen con los presupuestos establecidos en la Ley 6ª de
1945, que exige la continuada dependencia para ser acreedora de la
prestación reclamada de forma retroactiva.
Bajo ese contexto, la Sala encuentra acreditado en el expediente que la única
vinculación que tiene la actora de manera continua e ininterrumpida en la
prestación del servicio de docente surge a partir del nombramiento en
propiedad, esto es, del 8 de febrero de 1993, es decir en vigencia de la Ley 91
de 1989, que establece de manera clara que el reconocimiento y liquidación
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de las cesantías se debe efectuar mediante el régimen anualizado.
El sub-lite da cuenta que las vinculaciones entre enero de 1989 y diciembre de
1992, tienen la particularidad que se hacían por el año lectivo. Es decir, entre
la terminación de uno y el inicio del otro, transcurrieron más de quince (15)
días hábiles de donde se concluye que hubo solución de continuidad.
Para esta deducción basta hacer el siguiente cálculo y se toman los datos de
las vinculaciones temporales tiempo completo como docente:
• El año lectivo de 1989, culminó el tres (3) de diciembre de ese año, y la
demandante fue vinculada nuevamente a partir del veintidós (22) de
enero de 1990, es decir, la solución de continuidad se contabiliza en
treinta y un (31) días hábiles.
• El año lectivo de 1990, culminó el dos (2) de diciembre de ese año, y la
demandante fue vinculada nuevamente a partir del veintiuno (21) de
enero de 1991, es decir, la solución de continuidad se contabiliza en
treinta y un (31) días hábiles.
• El año lectivo de 1991, culminó el dos (2) de diciembre de ese año, y la
demandante fue vinculada nuevamente a partir del veintiuno (21) de
enero de 1992, es decir, la solución de continuidad se contabiliza en
treinta y dos (32) días hábiles.
• El año lectivo de 1992, culminó el primero (1) de diciembre de ese año,
y la demandante fue vinculada nuevamente a partir del veintiuno (21)
de enero de 1993, es decir, la solución de continuidad se contabiliza en
treinta y dos (32) días hábiles.
El recuento precedente evidencia que, si bien la accionante tuvo
designaciones como docente por los años lectivos 1989, 1990, 1991 y 1992,
entre cada una de ellas existió solución de continuidad mayor a quince (15)
días lo cual impide, que además de tenerse como continua la vinculación, se
catalogue como retroactiva el régimen de cesantías que la cobija.
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Demandante: Nubia Amézquita de Enciso
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Esta sindéresis ha sido defendida por esta Sección. Por ejemplo, el once (11)
de noviembre de dos mil veintiuno (2021), con ponencia del C.P. Gabriel
Valbuena Hernández, Radicación:27001-23-33-000-2015-00134-01 (6628-
2019), Demandante: Mariela Arboleda Velásquez, Demandado: Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, se señaló:
“En ese contexto, no es de recibo para la Sala cuando en el curso de la
apelación manifiesta que se vinculó desde el 5 de octubre de 1988, pues
obedeció a tiempos discontinuos en los que hubo solución de continuidad
que como se indicó anteriormente, implicó la terminación de su vínculo
laboral, por lo tanto no se pueden tener en cuenta.
Por otro parte, cabe destacar que la accionante con posterioridad se
vinculó en propiedad mediante Decreto 1093 del 6 de diciembre de 1994
y se posesionó el 21 de diciembre de la misma anualidad como docente
del orden NACIONAL, cargo en el que permaneció hasta la fecha de la
solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías parciales, inclusive,
es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989
normativa que en su artículo 15 numeral 3º estableció para los docentes
de carácter nacional, nacionalizado o aquel que se vinculara con
posterioridad al 1º. de enero de 1990 un régimen de cesantías anualizado.
Ahora bien, no es de recibo para la Sala cuando en el curso de la apelación
la accionante manifiesta que por ser del orden territorial tiene derecho a
que se le liquiden sus cesantías en retroactividad, pues era del orden
NACIONAL, máxime cuando la norma en cita al referirse a los docentes
vinculados con posterioridad al 1º. de enero de 1990, incluyó a todos
aquellos cuya relación laboral iniciara con posterioridad a esa fecha, sin
importar si se trata de nacionales, nacionalizados o territoriales
(municipales o departamentales), es decir sin distinción alguna.
Al respecto, esta Subsección en asuntos similares ha señalado que en
cuanto a las vinculaciones a las plantas territoriales a partir del 1º. de enero
de 1990 se debe aplicar el régimen prestacional y salarial de los docentes
del orden nacional en los términos de la Ley 91 de 1989, es decir un
sistema anualizado, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de
intereses.
De ahí que, en criterio de la subsección, además de los docentes
nacionales y nacionalizados a que se refiere la primera frase de la norma,
se incluyen aquellos vinculados al servicio docente con posterioridad a la
fecha límite allí establecida, y comoquiera que no se hizo diferenciación
en relación con la autoridad de la que proviniera el nombramiento del
docente, debe entenderse que se encuentran incluidos todos.
En ese sentido, se debe aplicar el régimen prestacional y salarial de los
docentes del orden nacional contenido en la Ley 91 de 1989, toda vez que
las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 mantuvieron las previsiones
contempladas en la Ley 91 de 1989 para todos los docentes que se
incorporen sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones a las
plantas departamentales y distritales a partir del 1º. de enero de 1990.
Lo anterior permite concluir que teniendo en cuenta la fecha de vinculación
su régimen de cesantías aplicable es de conformidad con la Ley 91 de
1989 el cual planteó que las cesantías para los docentes vinculados a
partir del 1º. de enero de 1990 se liquidan anualmente y sin retroactividad,
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razón por la cual no procede el reconocimiento de la prestación en los
términos invocados en la demanda, pues se itera que se debe liquidar de
manera anualizada y sin retroactividad.”
Y el veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), C.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves, Radicación: 25000 23 42 000 2016 05198 01 (4748-
2022), Demandante: Gladys Rocha Guarque, Demandado: Nación – Ministerio
de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se señaló:
Del anterior recuento probatorio, advierte la Sala que la relación laboral de
la señora Gladys Pérez García no fue continua, si bien la actora prestó sus
servicios como docente en el Distrito Capital desde el 31 de mayo de 1985-
antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989-, lo cierto es que
tuvo varias vinculaciones existiendo solución de continuidad en la
prestación del servicio hasta su ingreso el 8 de febrero de 1993, pues entre
algunos periodos las vinculaciones superan más de un mes.
Cabe agregar que las vinculaciones al servicio por parte de la demandante
desde el año 1987 hasta el año 1992, fueron por año lectivo, existiendo
solución de continuidad hasta que se produjo su último nombramiento en
el año 1993 como docente desempeñándose en forma ininterrumpida
desde esa fecha hasta su retiro.
Lo expuesto, permite deducir que tal como lo sostuvo el a quo, la fecha
para efectos de determinar el régimen de cesantías aplicable a la señora
Gladys Rocha Charque, es el 8 de febrero de 1993. En este sentido, no le
asiste razón al recurrente al pretender que se considere el tiempo de
servicio anterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, en tanto si
bien prestó sus servicios con anterioridad a dicha fecha, lo hizo a través
de diferentes vinculaciones laborales, existiendo retiro en ellas, lo cual se
evidencia por las interrupciones de las que da cuenta su historia laboral.
En conclusión, siguiendo el lineamiento proferido por esta Sección, pese a que
la demandante tiene vinculación previa a la entrada en vigencia de la Ley 91
de 1989, esta era discontinua, característica que impide hacerse acreedora al
beneficio de las cesantías retroactivas, razón suficiente para revocar la
sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones y en su lugar
se procederá negar las súplicas de la demanda.
2.4. Condena en costas.
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha
sostenido que dichas normas otorgan al juez la facultad de valorar la
procedencia de las costas, lo cual implica examinar la actuación procesal de
la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que la
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conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple
resultado adverso del proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se
revocará la condena impuesta en primera instancia y se abstendrá de
imponerlas en esta sede.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia de 12 de marzo de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “A”, que accedió a las pretensiones de la demanda y en
su lugar negar las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de marzo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
y su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme lo dispuesto en
la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Demandante: Nubia Amézquita de Enciso
Demandada: Nación- Ministerio de Educación- FOMAG
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Salva voto
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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