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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00142-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00142-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Ana Lilia Mendoza Fernández contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. 24 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 20 Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023) Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 21

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2022-00142-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1

Tema: Régimen de liquidación de cesantías definitivas docente

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 16 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Ana Lilia Mendoza Fernández presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 1310 del 15 de marzo de
2021 por medio de la cual el director de Talento Humano de la Secretaría de
Educación del distrito de Bogotá le reconoció y ordenó el pago de unas cesantías
definitivas.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas con aplicación del

1 En lo que sigue Fomag.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

régimen de liquidación retroactiva con el pago del último salario devengado de
acuerdo con lo establecido en la Ley 91 de 1989; ii) la indexación de las sumas
que resultaren en los términos de los artículos 192, 193 y 195 del CPACA; y iii) la
condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Ana Lilia Mendoza Fernández laboró como «docente oficial con vinculación
temporal tiempo completo» desde el 11 de junio de 1985 «cotizando al sistema de
seguridad social a través de la CAJA DE PREVISION SOCIAL DEL DISTRITO; y desde
el 08 de febrero de 1993 hasta la fecha de retiro el 08 de enero de 2021; cotizando al
sistema integral de seguridad social a través del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio» (sic).

3.2. El 8 de marzo de 2021, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas, petición que fue resuelta por medio de la Resolución 1310 del 15 de
marzo de 2010, suscrita por el director de Talento Humano de la Secretaría de
Educación del distrito de Bogotá, a través de la cual se accedió al pago de la
prestación solicitada. La liquidación del emolumento fue con el régimen
anualizado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 16, 25, 29, 48, 53, 58 y 228 de la
Constitución Política; y las leyes 57 y 153 de 1887, 91 de 1989, 4ª de 1992, 344
de 1996, y el Decreto 2277 de 1979.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

5.1. El acto administrativo acusado desconoció la aplicación del régimen previsto
en la Ley 91 de 1989 para la liquidación y reconocimiento retroactivo de las
cesantías de los docentes afiliados al magisterio, y en su lugar tuvo en cuenta
«normas procedimentales» diferentes y desfavorables, tanto en lo relativo en
materia probatoria como en la forma de la liquidación de la prestación, pese a que
la mencionada ley excluye su aplicación a quienes gozan de un régimen especial
de cesantías definitivas.

3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo
«ED_EXPDIGITA_25000234200020220014(.zip) NroActua 2», carpeta
25000234200020220014200, documento 01.Demanda.pdf.

2

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Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

5.2. Tal actuación derivó en una vulneración de los principios constitucionales de
in dubio pro operario y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así
como «los derechos adquiridos con justo título», al haberse negado sin justificación
la retroactividad en el pago de la prestación.

5.3. Para el reconocimiento de las cesantías definitivas se debió tener en cuenta la
vinculación «temporal tiempo completo», tal y como lo ha considerado la
jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca4 y del Consejo de
Estado5 en la que se ha precisado que los docentes oficiales vinculados en la
indicada modalidad con anterioridad al 31 de diciembre de 1989 tienen derecho
al reconocimiento de las cesantías definitivas bajo el régimen de retroactividad,
por cuanto el legislador no distinguió la naturaleza del vínculo para efectos de
conservar el citado régimen.

5.4. En tal sentido, se estableció que las vinculaciones temporales que se
desarrollan en el año electivo no pueden descartarse para el cómputo del tiempo
de servicio, toda vez que el año escolar transcurre entre enero y diciembre y no
supone una interrupción del vínculo laboral; así pues, el tiempo prestado en los
años lectivos deben entenderse continuos para efectos prestacionales, incluido
para el reconocimiento de las cesantías bajo el régimen retroactivo.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag se opuso a las súplicas de la demanda por considerar que carecía de
fundamentos fácticos y jurídicos, bajo las siguientes consideraciones6:

6.1. El régimen de cesantías es anual a partir del 1º de enero de 1990 sin distinción
de la calidad del docente, sea nacional, nacionalizado o territorial. Por tanto, al
haber sido vinculado la demandante con posterioridad a esa fecha, esto es el 8
de febrero de 1993 le resultaba aplicable el mencionado régimen y no el
retroactivo.

4 Sentencias del 19 de octubre de 2017, Sección Segunda, Subsección A, Radicado: 11001-33-

35-007-2015-00508-01 y del 23 de agosto de 2018, Sección Segunda, Subsección D, Radicado
11001-33-42-047-2016-00612-01
5 Sección Segunda, sentencias del 2 de febrero de 2006, radicado 08001-23-31-000-1996-11550

(4250- 2005), C.P. Alberto Arango Mantilla y del 4 de mayo de 2017, Radicado: 2007 - 00062-01
(1736-15), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo
«ED_EXPDIGITA_25000234200020220014(.zip) NroActua 2», carpeta
25000234200020220014200, documento 11
ContestacionDemandaMinisterioDeEducacionNacional.pdf

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Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

6.2. En esas condiciones, pese a que hubiese sido vinculada como docente del
ente territorial, ello no implicó que adquiriera el carácter de territorial, por cuanto
el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 excluyó de su aplicación a los docentes
vinculados con posterioridad a la Ley 91 de 1989, es decir, a partir del 1° de enero
de 1990.

6.3. Por último, propuso las excepciones de: i) falta de competencia por factor
cuantía; ii) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad; ii)
inexistencia de la obligación con fundamento en la ley; y iii) falta de agotamiento
de la actuación administrativa como requisito para acudir a la vía judicial7.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en sentencia proferida el 16 de marzo de 2023 negó las pretensiones de la
demanda. A su vez, se abstuvo de condenar en costas. Para tal efecto, luego de
realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto, fundamentó su
decisión en lo siguiente8:

7.1. La Ley 91 de 1989 dispuso que los docentes que se hubieran vinculado con
posterioridad al 1 de enero de 1990, fecha de entrada en vigencia de esa ley,
tenían derecho a que las cesantías les fueran liquidadas anualmente y sin
retroactividad, en consecuencia, el parámetro determinante para establecer a qué
régimen pertenecía la docente era su fecha de vinculación, al margen de que este
tipo de vinculación fuera nacional o territorial.

7.2. Así las cosas, Ana Lilia Mendoza Fernández se vinculó a la Secretaría de
Educación de Bogotá, como docente «Vinculación Temporal Tiempo Completo» así:
i) del 11 de junio al 30 de noviembre de 1985; ii) del 3 de febrero al 28 de
noviembre de 1986; iii) del 16 de febrero al 30 de noviembre de 1987; iv) del 18
de enero al 30 de noviembre de 1988; v) del 25 de enero al 30 de noviembre de
1989; vi) 30 de enero al 30 de noviembre de 1990; vii) 29 de enero al 30 de
noviembre de 1991; y viii) del 4 de febrero al 30 de noviembre de 1992.
Posteriormente, en propiedad desde el 8 de febrero de 1993 hasta el 8 de enero

7 Excepción previa declarada no probada mediante el auto del 15 de noviembre de 2022, visible a

índice 2 de Samai, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo
«ED_EXPDIGITA_25000234200020220014(.zip) NroActua 2», carpeta
25000234200020220014200, documento 18.2022-00142OK ResuelveExcepciones falta actúa
adtiva.
8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo
«ED_EXPDIGITA_25000234200020220014(.zip) NroActua 2», carpeta
25000234200020220014200, documento 27.Sentencia.pdf.

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Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

de 2021, esto es con posterioridad al 1° de enero de 1990, el régimen de cesantías
al que pertenecía era el anualizado sin retroactividad.

7.3. Lo anterior, porque, aunque prestó sus servicios al Estado en calidad de
docente distrital, con vinculación temporal tiempo completo, desde el 11 de junio
de 1985 hasta el 30 de noviembre de 1992, tales vinculaciones fueron
discontinuas. Es decir, existió interrupción en el vínculo laboral, sin que se
acreditara que dicha discontinuidad se debiera a alguna situación administrativa
que no generara el rompimiento del vínculo.

7.4. Ahora, si bien es cierto que la demandante tenía derecho al reconocimiento de
las cesantías con el régimen de retroactividad, por el periodo comprendido entre
el 11 de junio de 1985 y el 30 de noviembre de 1989, también es cierto que debió
haber reclamado de forma oportuna la reliquidación de las cesantías por ese
tiempo con dicho régimen. No obstante, para el 8 de marzo de 2021, fecha en la
que presentó la reclamación, «ya habían prescrito dichas cesantías y por lo tanto
la Sala no las puede reconocer, y respecto a los periodos posteriores no tiene
derecho a las cesantías retroactivas, sino a las anualizadas» (sic).

7.5. La condena en costas era improcedente, pues no se demostró su causación,
en consideración a lo previsto en el artículo 188 del CPACA y 365 del CGP.

1.4. El recurso de apelación

8. Ana Lilia Mendoza Fernández interpuso recurso de apelación en el que reiteró
los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales aludidos en la demanda y señaló
que9:

8.1. «Laboró como docente oficial al FOMAG con vinculación Territorial DISTRITAL-
Recursos propios desde el día 11 de junio de 1985 realizando aportes a la seguridad
social a través de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL DISTRITO y desde el 08 de
febrero de 1993 a través del FOMAG, tal y como se certifica en el FORMATO ÚNICO
PARA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE SALARIOS que obra dentro de los anexos
del escrito de demanda, es decir, como se señaló anteriormente por ser docente con
fuente de recursos DISTRITAL-RECURSOS PROPIOS que se vinculó con anterioridad
al 29 de diciembre de 1989, laborando por el calendario escolar de cada año desde el
año 1985 hasta el retiro del servicio, se le debe reconocer y pagar sus cesantías de forma
RETROACTIVA, conforme lo señalado en el artículo17 de la Ley 6ªde 1945; el artículo
1º del Decreto 2767 de 1945; el artículo 1º de la Ley 65 de 1946; los artículos 1º y 2º del

9 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo
«ED_EXPDIGITA_25000234200020220014(.zip) NroActua 2», carpeta
25000234200020220014200, documento 29RecursoApelacionContraSentenciaParteActora.

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Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

Decreto 1160 de 1947 y los Decretos 2755 de 1966, 899 de 1991 y ley 91 de 1989. En
este punto es importante no perderse de vista que, los docentes con vinculación
Temporal tiempo completo prestaban los servicios en igualdad de condiciones y
obligaciones a los demás docentes así mismo, a la docente al realizarse la vinculación a
través de la Resolución N° 202 de fecha 01 de febrero de 1993, se dio sin que realmente
la intención de la administración fuera la interrupción del servicio de cada docente con la
administración, y por el contrario se dio urgencia en la continuidad de la prestación del
servicio del docente para garantizar el servicio de Educación pública» (sic).

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. Concepto del Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto11.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 12, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si a la demandante le asiste el derecho
a la liquidación del auxilio de cesantías definitivas de conformidad con el régimen
retroactivo comoquiera que tuvo vinculaciones anteriores al 1° de enero de 1990
o si, por el contrario, es destinataria de la Ley 91 de 1989 y, por consiguiente, se
encuentra bajo el sistema de liquidación anualizada?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes

12. La Ley 91 de 1989 creó al Fomag como una cuenta especial de la nación con
el fin de atender «las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre
con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y

10 Según consta en el auto admisorio del 30 de enero de 2024, a índice 10 de Samai.
11 De acuerdo con la constancia secretarial del 10 de abril de 2024, a índice 15 de Samai.
12 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece

el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

estableció la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas
circunstancias excepcionales en el momento de su promulgación, así:

«Artículo 2. (…)

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con
las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de
conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de
entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.

(…)

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con
las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones
consagradas en esta Ley.

(…)

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre
saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas
anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa
de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya
sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo
período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de
diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

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Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional» (se resalta).

13. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes el Fomag pagará un auxilio equivalente a 1 mes de salario por cada año
de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último
salario devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías
y los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales
vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde
el 1° de enero 1990, a quienes el fondo les pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas
anualmente y sin retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán
con el régimen anualizado.

14. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017
la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que «i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1
de enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde
a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»13.

15. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación14, al decidir casos similares
ha establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad
al 1° de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 15, sostuvo lo
siguiente:

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez,
sentencia del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01
(4992-15)
14 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018,

Rad. 2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B, Sentencia
del 13 de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad.
2015- 00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero
de 2019, Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;
15 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

«(…) la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con
anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que
gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6
de 1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de
enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados,
quienes estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden
nacional, cuyo sistema de liquidación reviste las siguientes características:

i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de
cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la
Superintendencia Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación
del sistema financiero durante el mismo período.

Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 201616, sostuvo que la finalidad del
legislador al expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los
docentes a partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales
que regulaban a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes
mantendrían el sistema que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia
de los educadores que ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción
entre nacionales o territoriales, los cuales se regularían por las normas de los
empleados públicos del orden nacional (…)» (se resalta).

16. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear al Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago de sus prestaciones sociales,
unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto
de vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin
desconocer los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen
vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1989.

2.2.2. Régimen de liquidación de cesantías de los empleados públicos

17. Ahora bien, en relación con el régimen de cesantías de los empleados públicos
es preciso realizar el recuento normativo para advertir su regulación y
modificaciones.

16 «Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección B, Sentencia de 14 de abril de 2016 con

Rad. 2013-00134-01. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez».

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

18. La Ley 6ª de 1945 regula el régimen de cesantías retroactivo que consiste en
liquidar esta prestación con el último salario devengado, así en su artículo 17
precisó que:

«Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de
las siguientes prestaciones sociales: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de
sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente
se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero
de 1942 (…)».

19. Derecho prestacional que se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios con el Decreto 2767 de 1945 «(p)or el cual
se determinan las prestaciones sociales de los empleados y obreros al servicio de los
Departamentales y Municipios» (sic).

20. Luego, la Ley 65 de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías, para
indicar que:

«Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante, cualquiera
que sea la causa de retiro.

Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6 de
1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los artículos
12 y 36 de la misma Ley».

21. Por su parte, el Decreto 2567 de 1946 definió los parámetros para su
liquidación, así:

«Artículo 1º. El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al
servicio de la Nación, los Departamento y los Municipios, se liquidará de conformidad
con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido
modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el
promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio,
si este fuere menor de doce meses».

22. Con posterioridad, el Decreto 1160 de 1947 otorgó el derecho a percibir el
auxilio de las cesantías a los empleados al servicio de la nación de cualquier rama
del poder público independiente de su vinculación y causal de retiro de servicio,
con la aclaración de que el monto de la prestación era equivalente a un mes de
salario por cada año de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era
inferior a ese lapso.

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

23. En efecto, del anterior recuento es claro que hasta este punto el régimen de
cesantías de los empleados públicos era de carácter retroactivo, por cuanto
para su liquidación se tenía en cuenta todo el tiempo de servicio y el último salario
devengado.

24. No obstante, con posterioridad y paulatinamente la forma de liquidación de las
cesantías fue modificado al régimen anualizado. Así, con el Decreto 3118 de
1968 «(p)or el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre
auxilio de cesantía de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras
disposiciones» se estableció la liquidación anual de las cesantías para los
empleados públicos y trabajadores oficiales de los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas
Industriales y Comerciales del Estado del orden Nacional, con excepción de las
de los miembros de las cámaras legislativas y de sus empleados, los miembros
de las Fuerzas Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la defensa
nacional y en su artículo 27 sobre la forma de liquidación precisó:

«Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969,
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que
anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador (…)».

25. De igual forma en el sector privado la Ley 50 de 1990 17 cambió el régimen de
cesantías al anualizado y con la expedición de la Ley 344 de 1996 «(p)or la cual se
dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones» se dispuso la liquidación
anual de los auxilios de cesantías a quienes se vincularán a las entidades del
Estado a su entrada en vigencia, esto es el 31 de diciembre de 1996. Para tal
efecto señaló:

«Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

17 [p]or la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo (…)».

26. Estesistema de liquidación en principio no cobijó específicamente a los
servidores públicos del orden territorial, quienes seguían sujetos al régimen de
cesantías dispuesto en las leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, esto es al retroactivo.
Fue con el Decreto 1582 de 1998 «por el cual se reglamenta parcialmente los artículos
13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores
públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia» que se
extendió el régimen anualizado de liquidación de cesantías a los empleados del
nivel territorial por disposición del artículo 1 que remitió a las normas pertinentes
sobre el auxilio anualizado a la Ley 50 de 1990, en el que se había determinado
la liquidación de cesantías anualizadas en el sector privado. Esto señaló la norma:

«Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104
y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el
artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432
de 1998».

27. Lo anterior fue complementado con lo dispuesto en el Decreto 1919 de 2002
«(p)or el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y
se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial»
que en su artículo 3 fijó la siguiente regla: «[l]os empleados públicos a quienes se
les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del
mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».

28. Adicionalmente, el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000 estableció que los
servidores públicos que al 25 de mayo de 2000 disfrutaban del sistema retroactivo
de cesantías, continuarían en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación
laboral en el organismo o entidad en la que se aplicara esa modalidad
prestacional. Por ende, la disposición les permitió continuar con esta prerrogativa
a aquellos que estuvieran vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344
de 1996.

29. En consecuencia, a los empleados públicos le son aplicables el régimen de
cesantías retroactivas para quienes se vincularon a la administración pública

12

Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

hasta el 30 de diciembre de 1996 y anualizadas creadas por la Ley 50 de 1990,
inicialmente para el sector privado y extendidas por la Ley 344 de 1996 a los
servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (el 31
de diciembre de 1996), incluidos los del nivel territorial «(s)in perjuicio de los
derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989» que se insiste
contiene el régimen especial de los docentes.

2.3. Lo probado dentro del proceso

30. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente18:

30.1. Ana Lilia Mendoza Fernández nació el 8 de noviembre de 195519 y fue
nombrada en propiedad en el cargo de docente por el alcalde de Bogotá,
mediante la Resolución 202 del 1° de febrero de 1993, y según el acta del 5 de
febrero de igual año tomó posesión el 8 de ese mes y año.

30.2. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral expedido el 22 de febrero de 2021 por la Secretaría de Educación de
Bogotá, a la docente, Ana Lilia Mendoza Fernández, con tipo de vinculación
territorial y de nombramiento en propiedad, se le reportaron las siguientes
novedades:

Novedad Tipo de Desde Hasta Entidad de Interrupción
A.A. previsión en días
20
hábiles
Vinculación Caja de
30 de
Temporal Sin 11 de junio previsión social
noviembre de
Tiempo información de 1985 del distrito
1985
Completo
Vinculación Caja de 42
28 de
Temporal Sin 3 de febrero previsión social
noviembre de
Tiempo información de 1986 del distrito
1986
Completo
Vinculación Caja de 51
30 de
Temporal Sin 16 de febrero previsión social
noviembre de
Tiempo información de 1987 del distrito
1987
Completo

18 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo
«ED_EXPDIGITA_25000234200020220014(.zip) NroActua 2», carpeta
25000234200020220014200, documento 03.Pruebas.pdf.
19 Según consta en la cédula de ciudadanía
20 Columna incluida por el despacho sustanciador

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

Vinculación Caja de 30
30 de
Temporal Sin 18 de enero previsión social
noviembre de
Tiempo información de 1988 del distrito
1988
Completo
Vinculación Caja de 37
30 de
Temporal Sin 25 de enero previsión social
noviembre de
Tiempo información de 1989 del distrito
1989
Completo
Vinculación Caja de 38
30 de
Temporal Sin 30 de enero previsión social
noviembre de
Tiempo información de 1990 del distrito
1990
Completo
Vinculación Caja de 38
30 de
Temporal Sin 29 de enero previsión social
noviembre de
Tiempo información de 1991 del distrito
1991
Completo
Vinculación Caja de 43
30 de
Temporal Sin 4 de febrero previsión social
noviembre de
Tiempo información de 1992 del distrito
1992
Completo
Resolución Fondo de 45
Nombramient
202 del 1 de 8 de febrero prestaciones
o en -
febrero de de 1993 sociales del
propiedad
1993 magisterio
Resolución
Ascenso 9786 del 19 19 de
escalafón de diciembre de -
diciembre 1997
de 1997

30.3. Fue afiliada al Fomag desde el 8 de febrero de 199321.

30.4. A través de la Resolución 006 del 4 de enero de 2021 se le aceptó la renuncia
al cargo de docente perteneciente a la planta de personal de la Secretaría de
Educación del Distrito, a partir del 8 de enero de 2021.

30.5. A través de la Resolución 1310 del 15 de marzo de 2021, suscrita por el
director de Talento Humano de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, se
le reconoció y ordenó el pago a su favor de unas cesantías definitivas, cuya
liquidación se realizó en consideración con el régimen anualizado. La prestación
correspondió al tiempo comprendido entre 1993 y 2021 por el monto de
$64.445.283. En este acto administrativo se consideró lo siguiente:

«Que mediante solicitud radicada bajo el No. 2021-CES-015574 de fecha 08/03/2021,

21 Conforme con el formato único para la expedición de historia laboral del 22 de febrero de 2021.

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

la docente ANA LILIA MENDOZA FERNANDEZ identificada con la Cédula de
Ciudadanía número 41.756.281, solicita el reconocimiento y pago de la Cesantía
Definitiva, que le corresponde por los servicios prestados como docente de vinculación
DISTRITAL-RECURSOS PROPIOS.

Que según certificación No. 169586 de fecha 18/01/2021, expedida por el Jefe de
Grupo de Certificaciones Laborales de la Secretaría de Educación del Distrito, se
comprobó que la docente, ya identificada, prestó sus servicios desde el 08/02/1993,
fecha en la que fue nombrada según Resolución/Decreto 202 del 01/02/1993, y se
presenta su retiro por RENUNCIA, a partir del 08/01/2021, según resolución 006 del
04/01/2021.

Que según el reporte de Cesantías expedido por la Oficina de Nómina de la Secretaría
de Educación del Distrito y el Extracto de Intereses a las Cesantías expedido por la
Fiduciaria La Previsora, Fiduprevisora S.A., anexo al expediente de la solicitud, los
reportes de cesantías tenidos en cuenta para la presente liquidación son:

AÑO VALOR
+ Cesantía año 1993 $205.896
+ Cesantía año 1994 $277.639
+ Cesantía año 1995 $388.602
+ Cesantía año 1996 $658.413
+ Cesantía año 1997 $888.108
+ Cesantía año 1998 $1,262.790
+ Cesantía año 1999 $1.452.184
+ Cesantía año 2000 $1.585.369
+ Cesantía año 2001 $1.659.648
+ Cesantía año 2002 $1.724.027
+ Cesantía año 2003 $1.813.840
+ Cesantía año 2004 $1.901.804
+ Cesantía año 2005 $2.006.395
+ Cesantía año 2006 $2.106.707
+ Cesantía año 2007 $2.201.503
+ Cesantía año 2008 $2.326.759
+ Cesantía año 2009 $2.505.210
+ Cesantía año 2010 $2.555.311
+ Cesantía año 2011 $2.636.310
+ Cesantía año 2012 $2.768.118
+ Cesantía año 2013 $2.863.336
+ Cesantía año 2014 $3.034.299
+ Cesantía año 2015 $3.403.656
+ Cesantía año 2016 $3.741.465
+ Cesantía año 2017 $4.073.879
+ Cesantía año 2018 $4.427.874
+ Cesantía año 2019 $4.788.452
+ Cesantía año 2020 $5.103.213
+ Cesantía año 2021 $84.476
TOTAL, CESANTÍAS $64.445.283

Que según certificación expedida por el Jefe de Grupo de Certificaciones Laborales
de la Secretaría de Educación del Distrito, a la peticionaria no se le han cancelado
cesantías parciales, de acuerdo al expediente del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital
-FAVIDI-(FONCEP) que reposa en esta Entidad.

15

Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

Que de acuerdo con el Extracto de Intereses a las Cesantías y lo reportado en las
bases de datos remitidas por La FIDUPREVISORA S.A., como entidad administradora
de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la
peticionaria no se le han cancelado cesantías parciales
(…)

En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a la docente ANA LILIA MENDOZA FERNANDEZ,
identificada con la Cédula de Ciudadanía número 41.756.281, la suma de
$64.445.283, por concepto de liquidación definitiva de Cesantías, que le corresponde
por el tiempo de servicios como docente DISTRITAL-RECURSOS PROPIOS.

ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar un valor neto de $64.445.283 a la docente ANA LILIA
MENDOZA FERNANDEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía número
41.756.281.

ARTICULO TERCERO: El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
a través de la entidad Fiduciaria que lo administra, pagará al interesado las sumas a
que se refieren los artículos anteriores, previas deducciones ordenadas por la ley.

PARÁGRAFO: Cuando el cobro lo realice por intermedio de tercera persona, deberá
comprobar su supervivencia.

(…)» (sic).

2.3. Caso concreto

31. Eltribunal negó las pretensiones de la demanda al encontrar que la
demandante prestó sus servicios como docente con vinculaciones temporales y
discontinuas entre los años 1985 y 1992, «sin que se acreditara que dicha
discontinuidad se debiera a alguna situación administrativa que no genere rompimiento
del vínculo laboral» (sic). Por tal razón, aquella tuvo derecho al régimen retroactivo
por los periodos laborados antes del 1° de enero de 1990 (esto es de 1985 a 1989)
pues, con posterioridad entró en vigencia el sistema de liquidación anualizado. No
obstante, para la fecha de presentación de la reclamación [8 de marzo de 2021]
ya había prescrito el derecho.

32. Para tal efecto, consideró que la Ley 91 de 1989 dispuso que los docentes que
se hubieran vinculado con posterioridad al 1° de enero de 1990, fecha de entrada
en vigencia de esa ley, tenían derecho a que las cesantías les fueran liquidadas
anualmente y sin retroactividad, en consecuencia como Ana Lilia Mendoza
Fernández se vinculó como docente oficial el 8 de febrero de 1993, esto es, con

16

Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

posterioridad al 1° de enero de 1990, el régimen de cesantías al que pertenecía
era el anualizado sin retroactividad.

33. Por su parte, la actora estimó que había laborado como docente oficial con
vinculación territorial distrital y recursos propios desde el 11 de junio de 1985, y
realizó aportes inicialmente a la Caja de Previsión Social del Distrito y, a partir del
8 de febrero de 1993, al Fomag. Luego, al haberse vinculado con anterioridad al
29 de diciembre de 1989 y prestado sus servicios de manera continua según el
calendario escolar desde el año 1985 hasta su retiro, le asistía el derecho al
reconocimiento y pago de las cesantías bajo el régimen retroactivo.

34. Además, resaltó que los docentes con vinculación temporal cumplían iguales
funciones y obligaciones que los demás docentes, y que el nombramiento que
tuvo lugar con la Resolución 202 de 1993 no tuvo como finalidad interrumpir el
servicio, sino garantizar la continuación de este.

35. Para resolver el problema jurídico planteado, se advierte que i) Ana Lilia
Mendoza Fernández laboró como docente territorial al servicio de la secretaría de
educación de Bogotá desde el 8 de febrero de 1993 de manera ininterrumpida; ii)
previa solicitud, por medio de la Resolución 1310 del 15 de marzo de 2021, le
fueron reconocidas las cesantías definitivas en cuantía de $64.445.283,
correspondientes al tiempo comprendido entre 1993 y 2021 y cuya liquidación se
realizó con el régimen anualizado.

36. Dicha resolución es el acto acusado en el presente proceso, pues consideró la
demandante que el auxilio de cesantías debió liquidarse con el régimen
retroactivo y no con aplicación del anualizado.

37. De conformidad con el recuento normativo relacionado en precedencia, en
cuanto a las cesantías, se establece en el numeral 3, literal b), del artículo 15 de
la Ley 91 de 1989 que los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de
1990, como sucede en el presente asunto (8 de febrero de 1993), el Fomag
reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes
al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad,
sin distinción de si se trata de un docente nacional, nacionalizado o territorial,
como los define el artículo 1 ibidem22 pues los incluye a todos.

22 Ley 91 de 1989, artículo 1°: «Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán

el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

17

Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

38. Al tener en cuenta que todas las vinculaciones acreditadas en el proceso
demuestran que la demandante tuvo su vinculación de manera continua e
ininterrumpida con posterioridad al 31 de diciembre de 1989, se establece que
no tiene derecho al reconocimiento y pago de dicha prestación social con base en
el sistema retroactivo, pues para ello es requisito necesario haber sido vinculada
como docente con anterioridad al 1° de enero de 1990, es decir, hasta el 31 de
diciembre de 1989 de conformidad con lo dispuesto la Ley 91 de 1989, situación
fáctica que no acredita la demandante.

39. Ahora bien, Ana Lilia Mendoza Fernández adujo que el a quo desconoció que
estuvo vinculada desde 1985 a la docencia oficial, de manera que la liquidación
de su prestación social debió ser con aplicación del régimen retroactivo. Al
respecto se observa que, en efecto, la recurrente tuvo vínculos con anterioridad
al 1° de enero de 1990 como docente con «Vinculación Temporal Tiempo
Completo», es decir, prestó el servicio por el tiempo que la entidad lo requirió para
satisfacer la necesidad de ese momento, no obstante lo hizo de forma intermitente
y discontinua, consideraciones por las que se concluye, que no se cumplen con
los presupuestos establecidos en la Ley 6ª de 1945, que exige la continuada
dependencia para ser acreedora de la prestación reclamada de forma
retroactiva23.

40. Ha de precisarse que la negativa al reconocimiento y pago de las cesantías
retroactivas frente a las vinculaciones temporales de la docente obedece a la falta
de continuidad del vínculo, en la medida en que los nombramientos efectuados
bajo la mencionada modalidad se efectuaron de manera interrumpida. En ese
sentido, se advierte en el cuadro relacionado en el párrafo 30.2 que las
interrupciones entre las vinculaciones superaron incluso el periodo de vacaciones,
circunstancia que permite concluir que se produjo el rompimiento del vínculo
laboral. Tal es el caso, por ejemplo, de la vinculación que finalizó el 28 de
noviembre de 1986 y la que inició el 16 de febrero de 1987 entre las cuales
transcurrieron 51 días hábiles.

41. De acuerdo con lo expuesto, se concluye que la fecha para efectos de

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir
del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43
de 1975».
23 Esta es la posición adoptada por esta Sala tal y como se ha considerado, por ejemplo, en la

sentencia del 6 de febrero de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2016-05611-02 (2761-2022)

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Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

determinar el régimen de cesantías aplicable a la demandante es el 8 de febrero
de 1993. En este sentido, no le asiste razón a la recurrente al pretender que se
considere el tiempo de servicio anterior a la entrada en vigencia de la Ley 91 de
1989, en tanto si bien se acreditó la prestación del servicio, lo hizo a través de
diferentes vinculaciones laborales, existiendo interrupciones entre ellas.

42. Por lo tanto, como su vinculación laboral continua fue posterior a la Ley 91 de
1989, es decir, con posterioridad al 1 de enero de 1990, fecha establecida en el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 para que entrara en vigor el sistema de liquidación
de cesantías allí previsto y que regía en caso de nuevas vinculaciones docentes,
la liquidación de sus cesantías se debió someter al régimen anualizado allí
establecido, sin distinción sobre la naturaleza de la vinculación, como en efecto
ocurrió.

43. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada, a través de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

44. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

45. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

46. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar

19

Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

paso a una aplicación razonable de la norma24.

47. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

48. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

49. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Ana Lilia Mendoza
Fernández no tiene derecho a beneficiarse del régimen retroactivo de cesantías,
en cuanto la liquidación anual se aplica a todos los docentes designados después
de la vigencia de la Ley 91 de 1989 como en su caso. Por lo tanto, para su
liquidación era preciso tener en cuenta la vinculación ocurrida el 3 de febrero de
1993.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Ana Lilia
Mendoza Fernández contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

24 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

20

Radicado: 25000-23-42-000-2022-00142-01 (4393-2023)
Demandante: Ana Lilia Mendoza Fernández

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

MAG

21

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