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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00154-01

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00154-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, en el proceso promovido por la señora Mariela Ofelia Palta Morales contra el municipio de Popayán, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas de la segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2018-00154-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de noviembre de 2023

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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2018-00154-01 (0520-2023)
Demandante: Mariela Ofelia Palta Morales
Demandado: Municipio de Popayán

Temas: Régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y causación de la
pensión en vigencia de la Ley 100 de 1993. CONFIRMA.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Cauca, en la que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Mariela Ofelia Palta Morales instauró demanda contra el municipio de
Popayán, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 163 de 1995, y total de los actos
administrativos contenidos en los oficios GTH-112 del 21 de abril de 2015, del 27 de
diciembre de 2016 y del 19 de octubre de 2017 y de las Resoluciones GTH-12 del 27
de febrero y DPE-100 del 26 de diciembre de 2017, expedidos por el coordinador de
Talento Humano y el alcalde del municipio de Popayán, respecto de la liquidación de
su pensión de jubilación.

A título de restablecimiento del derecho, que se ordene reliquidar su mesada pensional
con el ingreso base de liquidación (IBL) señalado en los artículos 21 y 36 (inc. 3) de la
Ley 100 de 1993, sobre un monto del 75% de todos los factores salariales que devengó
en los últimos diez años de servicio, esto es, sueldos, bonificación por servicios y primas

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00154-01 (0520-2023)

de vacaciones, servicios y navidad. Que la diferencia que se genere se pague desde el
12 de diciembre de 1995, con intereses de mora e indexación, y que pague las costas
del proceso.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 12 de diciembre de 1945 y estuvo vinculada laboralmente al municipio de
Popayán desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1995, y dicho ente
territorial le reconoció una pensión de jubilación a través de la Resolución 163 de ese
año, aplicando el régimen de transición previsto en el parágrafo segundo del artículo 1
de la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988.

Que entre los años 2015 y 2016 solicitó la reliquidación de su pensión conforme con los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y tal petición fue negada a través de los actos
acusados.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 11 de septiembre de 20181, notificada al municipio de
Popayán2, quien no la contestó. El magistrado sustanciador en la primera instancia
dispuso emitir sentencia anticipada por virtud de lo señalado en el literal c, numeral 1
del artículo 182A del CPACA3, para lo cual prescindió de la audiencia inicial, incorporó
como medios de prueba los documentos aportados con el libelo, fijó el litigio y corrió
traslado para alegar de conclusión4.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 21 de julio
de 2022, negó las pretensiones, estimando que no es procedente la reliquidación de la
pensión de la accionante con la inclusión de todos los factores salariales indicados en
la demanda, en la medida en que, según la sentencia de unificación de la Sala Plena
del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, estos solo pueden ser los enlistados en el artículo 1 del Decreto 1158
de 1994 y respecto de los cuales se hayan realizado cotizaciones, que para el presente
asunto únicamente fueron la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.

1 Folio 82 del c. ppal.
2 Folio 89 del c. ppal.
3 «Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y

sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento».
4 Folios 96 a 98 del c. ppal.
5 Folios 122 a 130 del c. ppal.

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En ese sentido, no obstante que el IBL que tuvo en cuenta el municipio para reconocer
la pensión de la señora Palta Morales no fue el que legalmente debía aplicar, a saber,
el de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, sino que este se calculó a partir de
todo lo recibido en el último año de servicio, no hay lugar a declarar la nulidad de los
actos administrativos acusados para proceder a liquidar la prestación con base en los
parámetros del sistema general de pensiones, ya que el resultado sería una mesada
inferior a la que viene percibiendo la accionante y ello desconocería el principio de
favorabilidad.

RECURSO DE APELACIÓN6

La demandante apeló la sentencia asegurando inicialmente que se le vulneró, entre
otros, el derecho al debido proceso, porque no se cumplieron los requisitos para emitir
sentencia anticipada en este caso, ya que la causal que aplicó el tribunal requiere que
tanto en la demanda como en la contestación se hayan aportado documentos para ser
tenidos como prueba y, en la medida en que el municipio de Popayán no contestó el
libelo, no se consumó el supuesto de hecho de la norma. Además, tampoco se observó
el trámite legal previsto para tales efectos, dado que no se enteró de la decisión que fijó
el litigio, incorporó los medios probatorios y corrió traslado para alegar de conclusión.

Que en lo que tiene que ver con el fondo del asunto, su pensión sí debió liquidarse con
base en el IBL señalado en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, incluyendo los
factores salariales que devengó durante los últimos diez años de servicio, ya que así
se obtiene una mesada indexada de $1.112.819,40 para enero de 1996, la cual es
superior a la reconocida por el municipio que fue de $423.435. Que en todo caso, al 1
de abril de 1994, cuando empezó a regir la Ley 100 de 1993, ella tenía consolidado su
derecho, por lo que no se puede aceptar que pierda los factores salariales de toda su
vida laboral.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto del 24 de febrero de 2023 se admitió7, y por no haber pruebas que
decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar. Se advierte
que la parte demandante radicó un escrito en el que amplió los argumentos de la
apelación8, sin embargo, este no será tenido en cuenta toda vez que, de acuerdo con
el numeral 4 de la mencionada normatividad9, la oportunidad para pronunciarse sobre
el recurso, desde la notificación del auto que lo concede y hasta la firmeza del que lo
admite, es para los demás sujetos procesales que no lo interpusieron. En ese orden,

6 Folios 137 a 146 del c. ppal.
7 Índice 4 del expediente digital.
8 Índice 9 del expediente digital.
9 «4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda

instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los
demás intervinientes».

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en la providencia del 24 de febrero se indicó que era la entidad demandada la que
disponía de la facultad de manifestarse sobre la impugnación, hasta la ejecutoria de
dicha decisión.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En un comienzo la Subsección resalta que, si bien la parte demandante se refiere a
supuestas irregularidades en la expedición de la sentencia anticipada que aquí se
estudia, no invoca en concreto ninguna causal de nulidad de las previstas en el artículo
133 del Código General del Proceso (CGP), aplicable en virtud de la remisión normativa
establecida en el artículo 208 del CPACA, ni expone razones que lleven a inferir que la
decisión hubiese sido diferente con el adelantamiento de todas las etapas del trámite.
Sin embargo, no se advierte defecto alguno, toda vez que, al no ser necesario practicar
pruebas distintas a las documentales aportadas en la fase inicial del proceso, la primera
instancia estaba facultada para emitir fallo anticipado, como en efecto lo hizo, y en nada
influye que no se haya contestado la demanda, teniendo en cuenta además que era su
deber procurar la mayor celeridad y economía en el asunto10, que son los principios
implícitos en esta figura11.

Tampoco se observa vulneración del derecho de la demandante a presentar alegatos
de conclusión de primera instancia, el cual no ejerció, pues en el expediente se
evidencia que a su apoderado le fue enviado el 2 de noviembre de 2021 un mensaje de
datos en los términos del artículo 201 del CPACA para las notificaciones por estado, al
correo electrónico indicado por él en el libelo12, con el fin darle a conocer que se profirió
el auto mediante el cual se dispuso el trámite de sentencia anticipada y también se
corría traslado para alegar, y este término empezó a contar el día 5 del mismo mes y
año13.

Así, descartado lo anterior, la Sala deberá establecer si se debe revocar la sentencia
emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca por las razones expuestas
por la demandante en el recurso de apelación, esto es, porque en su sentir, sí tiene
derecho a que se reliquide su pensión de vejez en un mayor valor al que actualmente
se le reconoce, con base en las reglas establecidas en los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993, teniendo en cuenta todos los factores salariales que devengó durante los
últimos diez años de servicio, esto es, asignación básica, bonificación por servicios y
primas de vacaciones, servicios y navidad.

10 Artículo 42, numeral 1 del CGP: «Deberes del juez. Son deberes del juez: 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida

solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso
y procurar la mayor economía procesal».
11 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto de ponente

del 4 de septiembre de 2023, rad. 11001-03-26-000-2019-00133-00 (64.566) y Sección Cuarta, auto de ponente del
14 de octubre de 2022, rad. 11001032700020210004000 (25590), entre otros.
12 chegueja@hotmail.com
13 Folios 110 a 111 del c. ppal.

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Marco normativo y jurisprudencial. Aplicación de la transición dentro de la Ley
33 de 1985

El parágrafo segundo del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, previó un régimen de
transición para aquellos servidores que para el momento de su entrada en vigor tuvieran
15 años de servicios, otorgándoles la prerrogativa de regirse por la normatividad
anterior, en relación con las exigencias sobre edad, así:

«[…] Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido
quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las
disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales,
actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los
cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a
una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones
que regían en el momento de su retiro. […]».

Por su parte, la Ley 6 de 1945, en su artículo 17, literal b), estableció una pensión
vitalicia de jubilación en favor, en principio, de los empleados y obreros nacionales de
carácter permanente que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios.

La norma en mención fue modificada expresamente por el artículo 3 de la Ley 65 del
20 de diciembre de 1946, en los siguientes términos: «[l]a pensión mensual vitalicia de
jubilación de que trata el inciso b) del artículo 17 de la Ley 6 de 1945 será equivalente
a las dos terceras partes del promedio de los salarios devengados en el último año de
servicio».

Por su parte, el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, modificó el literal b) del artículo 17 de la
Ley 6 de 1945, en el sentido de que la pensión sería equivalente al 75% del promedio
mensual obtenido en el último año de servicio, siempre que cumplieran 50 años de edad
y 20 de servicio al Estado.

Más adelante, el Decreto Ley 3135 de 1968 definió que los servidores públicos tendrían
derecho a una pensión de jubilación cuando acumularan 20 años de servicio y
cumplieran 50 años de edad para las mujeres, o 55 para los varones; prestación que
sería liquidada en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados
en el último año de servicio.

Esta Corporación al analizar las normas precitadas desde hace algunos años consideró
que con la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 quedó derogado el artículo 27 del
Decreto 3135 de 1968 y, por ende, la transición que opera en virtud del parágrafo 2°

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del artículo 1° de aquella ley, remite a la Ley 6 de 194514.

Posteriormente, ante las diferentes interpretaciones jurisprudenciales en la forma como
se aplica el régimen de transición pensional, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, estableció, también, que los beneficiarios del régimen de transición de la Ley
33 de 1985 consoliden su estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, se les
aplicaran las siguientes condiciones15:

i) Conservan el requisito de edad de 55 años para los hombres y 50 para las
mujeres, previsto en el Decreto 3135 de 1968,
ii) Les son aplicables los requisitos de tiempo y monto previstos en la Ley 33 de
1985, esto es, 20 años de servicios al Estado y la tasa de remplazo del 75%,
iii) El ingreso base de liquidación que los rige es el establecido en el inciso
tercero del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con
el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el
estatus pensional o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior
y;
iv) Los factores salariales a incluir en la base de liquidación son aquellos sobre
los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes sobre los que
cotizó y que se encuentren en la norma reglamentaria del sistema general de
pensiones.

En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.

Resolución del caso concreto

En el expediente consta que la señora Mariela Ofelia Palta Morales nació el 12 de
diciembre de 1945 y que el municipio de Popayán le reconoció una pensión mensual
vitalicia de jubilación mediante la Resolución 163 de 1995, por sus servicios prestados
en el cargo de jefe Sección II de Impuestos Varios de la Secretaría de Hacienda y por
haber cumplido 50 años de edad16. Allí se indica que laboró para ese ente territorial
entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1995, para un total de 27 años, 11
meses y 31 días. Igualmente, que la liquidación de su pensión se hizo con base en el
sueldo promedio del último año y las doceavas partes de las primas, arrojando un IBL
de $564.579,34, que con una tasa de remplazo del 75%, dio como resultado una
mesada de $423.435, a partir del 1 de enero de 1996; asimismo que el Fondo Territorial
de Pensiones de la Alcaldía Mayor se haría cargo de la prestación, y que esta se

14 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19

de abril de 2007, rad. 150012331000199902187-01(1114-03).
15 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24

de marzo de 2022, rad. 11001-03-25-000-2019- 00699-00 (5398-2019); y Subsección B, sentencia del 30 de
septiembre de 2021, rad. 17001-23- 31-000-2012-00247-01 (4631-14).
16 Folios 27 a 28 del c. ppal.

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otorgaba en aplicación de las Leyes 71 de 1988, 33 de 1985 y 100 de 1993.

Del mismo modo se tiene que, a través de oficio de 21 de abril de 2015, el coordinador
de Talento Humano de la Alcaldía de Popayán respondió negativamente una solicitud
de reliquidación de la mesada de la accionante y precisó que el cálculo de esa
prestación se hizo promediando los salarios del último año de servicio y las doceavas
partes de los factores previstos en el Decreto 1048 de 1978, de la siguiente manera17:

«Salario de 1995: 465.000
Bonificación por servicios: 162.750
Prima de vacaciones: 266.567
Prima de navidad: 519.573
Prima de servicios: 246.062

AÑO PERIODO SALARIO 1/12 1/12 1/12 1/12 prima TOTAL
Bonificación prima de prima vacaciones
por servicio servicios navidad
1995 Enero 465.000 13.562 20.505 43.298 22.214 564.579
1995 Febrero 465.000 13.562 20.505 43.298 22.214 564.579
1995 Marzo 465.000 13.562 20.505 43.298 22.214 564.579
1995 Abril 465.000 13.562 20.505 43.298 22.214 564.579
1995 Mayo 465.000 13.562 20.505 43.298 22.214 564.579
1995 Junio 465.000 13.562 20.505 43.298 22.214 564.579
1995 Julio 465.000 13.562 20.505 43.298 22.214 564.579
1995 Agosto 465.000 13.562 20.505 43.298 22.214 564.579
1995 Septiembre 465.000 13.562 20.505 43.298 22.214 564.579
1995 Octubre 465.000 13.562 20.505 43.298 22.214 564.579
1995 Noviembre 465.000 13.562 20.505 43.298 22.214 564.579
1995 Diciembre 465.000 13.562 20.505 43.298 22.214 564.579
IBC 564.579
MENSUAL
75% 423.434
[…]».

También se evidencia que, mediante oficio del 27 de diciembre de 2016, el mencionado
coordinador aclaró que a la demandante se le aplicó la Ley 6 de 1945 en lo relativo a la
edad de 50 años para pensionarse, y negó la reliquidación de la mesada con los
parámetros del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, bajo el argumento de que no es
compatible con la edad con la que se le reconoció la prestación18. Esa decisión fue
recurrida y confirmada por el alcalde encargado de Popayán por medio de la Resolución
20171120015414 del 27 de febrero de 201719, la cual fue reiterada luego a través del
oficio de 19 de octubre20 y de la Resolución 20171120132024 del 26 de diciembre de
ese año21.

17 Folios 39 a 41 del c. ppal.
18 Folios 29 a 31 del c. ppal.
19 Folios 46 a 47 del c. ppal.
20 Folios 59 a 62 del c. ppal.
21 Folios 63 a 67 del c. ppal.

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Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto se debe confirmar la
sentencia apelada, toda vez que no es procedente reliquidar la pensión de la señora
Palta Morales en los términos solicitados por ella, pues, por un lado, el IBL que
establecen los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 no admite todos los factores
salariales que pretende le sean reconocidos, y por el otro, la mesada resultante de la
aplicación de esos preceptos sería inferior a la que fue otorgada por el municipio de
Popayán.

En efecto, acerca de lo primero, se recuerda que esta Sección del Consejo de Estado
ha decantado su jurisprudencia para señalar que el IBL de la pensión de personas como
la demandante, que son beneficiarias del régimen de transición de la Ley 33 de 1985
por haber contado con 15 años o más de servicios prestados cuando esta empezó a
regir (tenía 17 años laborados), y que consolidaron su derecho en vigencia de la Ley
100 de 1993 (cumplió el requisito de la edad el 12 de diciembre de 1995), se debe
calcular conforme con lo establecido en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo
21 de la Ley 100, con el que fuere superior entre el promedio de lo devengado en el
tiempo que le hiciere falta para adquirir el estatus pensional o el cotizado durante todo
el tiempo, y los factores salariales a incluir son únicamente aquellos sobre los que se
hicieron aportes y que se encuentren en la norma reglamentaria de la mencionada ley,
que en concreto es el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 1
del Decreto 1158 de ese mismo año.

A ese respecto, los factores salariales que pueden incluirse para calcular el IBL son:
«a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación; c) La prima técnica,
cuando sea factor de salario; d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación
cuando sean factor de salario; e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La
remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada
nocturna; g) La bonificación por servicios prestados».

De esta forma, tal y como lo expuso el tribunal, los únicos factores que podían ser
tenidos en cuenta para calcular su mesada son la asignación básica mensual y la
bonificación por servicios prestados, mientras que las primas de vacaciones, servicios
y navidad no son admisibles para determinar el IBL a la luz de la Ley 100 de 1993.
Además, se destaca que tampoco es jurídicamente viable hacer el cómputo con los
últimos diez años de servicio, en la medida en que, cuando entró en vigor esa norma
en el nivel territorial (30 de junio de 1995), le faltaban menos de diez años para cumplir
los requisitos para pensionarse (5 meses y 12 días); por ende, el IBL se habría de
calcular ya sea con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para
adquirir el derecho o el cotizado durante todo el tiempo, dependiendo de cual sea más
favorable.

En ese sentido, sobre lo segundo, si se liquida la pensión de la señora Palta Morales
solo con el promedio de su asignación básica y la bonificación por servicios de los

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últimos 5 meses y 12 días de labores, su primera mesada sería de $358.921 22, inferior
a los $423.434 que le fueron reconocidos por el municipio de Popayán. Y si se
computara con la media aritmética de estos mismos factores durante toda su vida
laboral, el resultado sería indefectiblemente más bajo, pues en la certificación de
salarios y prestaciones de la demandante se observa que sus ingresos fueron
aumentando progresivamente cada año, por lo que incluir cifras menores en el cálculo
del promedio lo haría disminuir23.

De ese modo, si bien es cierto que el IBL con el que fue determinada la pensión de
jubilación de la accionante no es el que legalmente correspondía, esto es, el de la Ley
100 de 1993, no se debe revocar la sentencia impugnada para aplicar esta norma
porque ello sería menos beneficioso para ella y además en esta instancia desconocería
el principio de no reformatio in pejus o de no reforma en peor para el apelante único.

Para concluir, se advierte que no es procedente comparar el monto de una mesada
indexada a la fecha de presentación del recurso de apelación con la reconocida en 1996
a la señora Palta Morales sin actualizar, como lo hizo su apoderado, pues las cifras no
son equiparables para efectos de determinar que la propuesta por la parte demandante
es superior. Igualmente, no es cierto que ella tenía consolidado su derecho cuando
empezó a regir la Ley 100 de 1993, dado que, como se vio, solo cumplió los 50 años
de edad el 12 de diciembre de 1995.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que
la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a la
luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el
proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme
a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

22 La asignación básica en esa época era de $465.000 y la doceava parte de la bonificación por servicios

era $13.562. Así, el IBL de esos últimos 5 meses y 5 días sería de $478.562, al que aplicándole la tasa
de remplazo del 75% da como resultado una mesada de $358.921.
23 Folios 69 a 73 del c. ppal.

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Radicación: 19001-23-33-000-2018-00154-01 (0520-2023)

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el veintiuno (21) de julio de dos mil veintidós
(2022) por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, en el proceso promovido
por la señora Mariela Ofelia Palta Morales contra el municipio de Popayán, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas de la segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Los consejeros,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

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