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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-33-000-2018-00350-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 19001-23-33-000-2018-00350-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, el cual quedará así: “[…] SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE POPAYÁN que adelante, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, las acciones administrativas y/o policivas necesarias para levantar de manera definitiva la vara o “talanquera” que se encuentra en la vía pública de acceso al barrio Campo Bello. Para dar cumplimiento a esta orden, se le concederá el término improrrogable de quince (15) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, para que inicie las respectivas actuaciones. [...]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 3 de julio de 2025. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. 84 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 85 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate. 31 Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01 Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 19001-23-33-000-2018-00350-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 19001-23-33-000-2018-00350-01
Demandante: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
URBANIZACIÓN CAMPO BELLO
Demandados: COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S.
E.S.P. Y OTROS

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el municipio de Popayán
contra la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello en ejercicio del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, present ó
demanda contra la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., el municipio
de Popayán, el Concesionario de Alumbrado Público de Popayán, la
Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, con el propósito de obtener la salvaguarda de los derechos colectivos
establecidos en los literales b), j) y g) del artículo 4.° 1 de la Ley 472 de 5 de agosto
de 19982 y el derecho a la “[…] CALIDAD DE VIDA Y VIDA DIGNA […]” (negrilla
del texto).

2. La demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. - Proteger los derechos e intereses colectivos de la Comunidad de la
urbanización Campo Bello, a la MORALIDAD ADMINISTRATIVA, ACCESO AL
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA

1
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…]
b) La moralidad administrativa;
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas […]”.
2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.

2

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Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

EFICIENTE Y OPORTUNA, en la urbanización CAMPOBELLO en Popayán, A LA
SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA, LA CALIDAD DE VIDA Y VIDA DIGNA
DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

SEGUNDA. - Ordenar a la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.SP.
(sic), que preste el servicio público de ALUMBRADO, en todas las calles y zonas
comunes de la urbanización Campobello como las zonas verdes y casetas
comunales, de manera eficiente y oportuna, garantizando a los habitantes del sector
el acceso al servicio en óptimas condiciones.

TERCERA. - Ordenar a la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE, S.A.S.
E.S.P., que elimine del sistema de suscriptores, la Cuenta con Usuario; “Área Común
Urbanización Campo Bello”, NIT: 8170004370: Dirección; calle 34N con Cra 13Esq.
Popayán, Suscriptor N° 878513198” porque la misma no corresponde a servicio
domiciliario sino a alumbrado público, en detrimento de los derechos e intereses
colectivos de la urbanización Campo Bello.

CUARTA. - Ordenar al MUNICIPIO DE POPAYÁN, que, conforme el Decreto 2424
de 2006, Artículo (sic) 2, 4 y 11, garantice el acceso a la prestación efectiva y oportuna
al servicio de alumbrado público en toda la urbanización de Campobello, incluyendo
las áreas comunales que el urbanizador construyó como zonas verdes y casetas, las
cuales, por no haber sido entregadas oportunamente por el Liquidador al Municipio,
continúan siendo cuidadas y mantenidas por la Junta de Acción Comunal.

QUINTA. - Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, que a través del
agente liquidador que corresponda, entregue al Municipio de Popayán las áreas
comunes y zonas verdes que hay en la Urbanización Campobello, en cumplimiento
de la Resolución 03136 del 9 de mayo de 1990.

SEXTA. - Ordenar a la Superintendencia de Servicios Públicos, para que ejerza
efectivamente la vigilancia y control sobre la prestación efectiva y oportuna del
servicio público domiciliario de energía eléctrica en la urbanización Campobello por
parte de la CEO.

SEPTIMA. – (sic) Condenar a las accionadas en costas y agencias en derecho por
oposición temeraria. […]”3 (negrilla del texto).

3. Explicó que la urbanización Campo Bello en el municipio de Popayán no tiene la
condición de conjunto cerrado, unidad inmobiliaria cerrada o propiedad horizontal.
Dicha urbanización cuenta con una junta de acción comunal, reconocida con
personería jurídica núm. 328 de 24 de marzo de 1995 y N.I.T. 8170004379, cuyos
dignatarios fueron autorizados mediante Resolución núm. 20161200061544 de 22
de junio de 2016, expedida por la Secretaría de Gobierno del municipio de Popayán.

4.Manifestó que la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. en junio de
2011 creó la cuenta que denominó “[…] Áreas Comunes Urbanización Campo Bello
[…]”, con el N.I.T. 8170004370, suscriptor núm. 878513198 y ubicación del
suscriptor en la calle 34N con carrera 13 esquina del municipio de Popayán.

5.Señaló que la referida empresa procedió a facturar el servicio de energía eléctrica
que consumen las luminarias ubicadas en las calles y vías públicas de la
Urbanización Campo Bello, como si fueran domiciliarias de un conjunto cerrado, y

3
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00.

3

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Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

adelantó procesos sancionatorios contra la urbanización por el no pago del servicio,
que concluyeron con actos de cobro y medidas de suspensión de la energía
eléctrica.

6. Afirmó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante
diversas resoluciones ordenó a la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.
que se abstenga de realizar facturación y cobro del servicio de energía eléctrica por
los consumos de energía en las calles y vías públicas de la urbanización Campo
Bello.

7.Agregó que, a pesar de lo anterior, la Compañía Energética de Occidente S.A.S.
E.S.P. continuó cobrando el servicio de energía eléctrica a la junta de acción
comunal en uso de su posición dominante. Además, emitió facturas que llegaron
hasta $111.767.200 y tomó la decisión de suspender el servicio de alumbrado
público en la urbanización, lo que dejó a toda la comunidad sin luz.

8. Adujo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha sido
omisiva en su función de vigilancia y control y ha limitado sus actuaciones a revocar
las resoluciones expedidas por la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.,
lo que en su criterio es insuficiente porque mantiene la vulneración de los derechos
e intereses colectivos.

9. Precisó que el municipio de Popayán convalidó la actuación de la Compañía
Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., que no ha prestado ni garantizado la
prestación del servicio público de alumbrado público y permitió que se diera a la
urbanización el trato de conjunto cerrado pese a que sus dependencias han
certificado que la urbanización no tiene la condición de conjunto cerrado, unidad
inmobiliaria cerrada, o propiedad horizontal.

10. Complementó que la Superintendencia de Sociedades transgredió los derechos
colectivos invocados porque en 1990 realizó la toma de posesión para liquidación
de la sociedad que tenía el permiso para desarrollar el programa de vivienda
denominado “[…] Urbanización Campobello […]”, pero el agente liquidador de la
superintendencia omitió la cesión de las zonas que correspondían al municipio de
Popayán.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

11. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán mediante auto de 24
de julio de 20184 admitió la demanda, ordenó la notificación a las partes, al Ministerio
Público y a la Defensoría del Pueblo y decretó una medida cautelar consistente en
ordenar a la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. que se abstenga de

4
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 008AutoAdmiteInadmiteAccion […]”.

4

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Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

realizar cualquier corte de servicio de alumbrado público en la Urbanización Campo
Bello, mientras se resuelve la controversia.
5
12. El 13 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia de pacto de
cumplimiento, la cual se suspendió y se fijó fecha para su continuación.

13. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán mediante auto de 3
de diciembre de 20186 declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente
al Tribunal Administrativo del Cauca.

7
14. El Tribunal Administrativo del Cauca profirió auto de 5 de febrero de 2019
mediante el cual avocó conocimiento desde el estado en el que fue remitido el
proceso y posteriormente, mediante auto de 4 de abril de 2019, declaró la nulidad
“[…] a partir del proceso de notificaciones a las entidades demandadas […]” 8.

9
15. El día 19 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia de pacto de
cumplimiento, la cual se declaró fallida.

10
16. Mediante auto de 1.º de septiembre de 2023 se decretaron las pruebas del
11
proceso y la audiencia de pruebas se realizó los días 2 y 3 de noviembre de ese
mismo año.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Municipio de Popayán 12

17. El
municipio de Popayán se opuso a las pretensiones de la demanda con
fundamento en las excepciones denominadas “[…] INEXISTENCIA DE
AFECTACIÓN A DERECHOS COLECTIVOS […]” y “[…] FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA […]” (negrillas del texto).

18. Manifestó que no tiene conocimiento directo de los hechos mencionados en la
demanda. También cuestionó el motivo por el cual, si el demandante solicita la
protección del derecho al servicio de alumbrado público en la zona cuestionada,
trata a la Urbanización Campo Bello como un “conjunto cerrado”.

5
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 023ActaAudienciaPactoCumplimiento […]”.
6
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 031AutoDeclaraIncompetenciaRemite […]”.
7
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 037AutoAvocamiento […]”.
8
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 042AutoDeclaraNulidad […]”.
9
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 089AudienciaPactoCumplimiento […]”.
10
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 093AutoDecretaPracticaPruebas […]”.
11
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documentos
denominados “[…] 113ActaAudienciaPruebas02-11-2023 […]” y “[…] 116ActaAudienciaPruebas03-11-2023 […]”.
12
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 0049EscritoContestacionPopayan […]”.

5

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Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

19. Señaló que en la demanda no se precisa si las áreas identificadas como zonas
públicas, donde están instaladas las luminarias, fueron realmente entregadas al
municipio por parte del constructor, ni demuestra la vulneración o amenaza
atribuible al municipio de los derechos colectivos invocados, carga probatoria que
corresponde a la demandante.

20. Sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva explicó que el
municipio de Popayán no es el encargado de manejar la distribución de energía
eléctrica en la ciudad y que por ello no le es atribuible responsabilidad por cobros
debidos o indebidos del servicio. Agregó que la problemática en este caso
solamente gira en torno al cobro del servicio de energía eléctrica que el demandante
considera indebido, por parte de la empresa prestadora.

I.3.2. Superintendencia de Sociedades 13

21. La
Superintendencia de Sociedades se opuso a la pretensión quinta de la
demanda con fundamento en las excepciones de “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN
EN LA CAUSA POR PASIVA […]”, “[…] FALTA DE INTEGRACIÓN DEL
CONTRADICTORIO […]”, “[…] CADUCIDAD DE LA ACCIÓN […]”, “[…]
INEXISTENCIA DE ACCIÓN U OMISIÓN POR PARTE DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES […]” y “[…] FALTA DE REQUISITOS
PARA LA PROSPERIDAD DE LA ACCIÓN POPULAR […]” (negrillas del texto).

22. Refirió que, en su momento, designó al agente liquidador de la empresa que
actuó como constructora de diversos proyectos de vivienda, entre ellos, 35 lotes de
la Urbanización Campo Bello, cuyo trámite de liquidación concluyó, conforme a las
pruebas documentales anexas al escrito de contestación de la demanda.

23. Explicó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque el artículo 187
de la Ley 136 de 2 de junio de 199414 trasladó las facultades de vigilancia y control
de las actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda a los
concejos municipales. Por ello, entregó toda la documentación necesaria al Concejo
Municipal, quien continuó con el trámite correspondiente.

24. En relación con la falta de integración del contradictorio, señaló que es necesario
incluir como partes del proceso al Concejo Municipal de Popayán y a la agente
especial que asumió la liquidación de la empresa Urbanizadora Acetas Ltda,
quienes, en su momento, debieron llevar a cabo las gestiones solicitadas en relación
con la urbanización.

25. Señaló que la acción caducó respecto de la solicitud de entrega o cesión de las
zonas verdes comunes de la Urbanización, ya que, según el informe presentado por

13
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 056EscritoContestacionAccion […]”.
14
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

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la agente liquidadora al Concejo Municipal de Popayán el 21 de mayo de 2009,
dicha entrega se realizó.

I.3.3. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 15

26. LaSuperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se opuso a las
pretensiones de la demanda y argumentó que no se cumplió el requisito de
procedibilidad. Explicó que el alumbrado público no se considera un servicio público
domiciliario, no tiene competencias relacionadas con el control o vigilancia del
adecuado manejo de los recursos públicos y, por lo tanto, no vulneró el derecho a
la moralidad administrativa.

27. Sobre el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, afirmó que la superintendencia ha cumplido con todas sus obligaciones
legales y reglamentarias. Incluso según lo expuesto en la demanda, la
superintendencia no es la entidad competente para proteger la seguridad y la
salubridad pública.

28. Finalmente, explicó que el medio de control había caducado, pues se le atribuye
responsabilidad por la expedición de actos administrativos expedidos en el año
2011.

I.3.4. Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. 16

29. La Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. propuso las excepciones de
carencia de objeto y falta de legitimación en la causa por pasiva. Explicó que no es
la entidad responsable de prestar el servicio de alumbrado público ni se encuentra
probado que vulnere o amenace los derechos e intereses colectivos.

30. Indicó que la responsabilidad en la transgresión de los derechos colectivos recae
en los residentes de la urbanización Campobello, ya que ellos mismos restringen el
acceso de vehículos y peatones a su barrio. Por esta razón, el municipio de Popayán
se niega a pagar los valores adeudados, debido a que la urbanización funciona
como una unidad residencial cerrada. Además, el problema objeto de la demanda
es de índole contractual y no debe resolverse a través de una acción popular.

I.3.5. Unión temporal Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S. -
INTERASEO S.A.S. E.S.P.17

15
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 030EscritoContestacionAccion […]”.
16
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 058EscritoContestacionCEO […]”.
17
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 062EscritoContestacionUTElectricasMedellin […]”.

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Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

18
31. La referida sociedad argumentó que el único acceso al sector está bloqueado
por la comunidad, lo que limita la libre circulación. Por esta razón, el sector no puede
considerarse espacio público y no es posible prestar el servicio de alumbrado
público en el barrio.

32. Señaló que no está demostrada la amenaza o vulneración de los derechos o
intereses colectivos. Explicó que la Secretaría de Planeación municipal expidió una
constancia indicando que la urbanización Campo Bello no es un conjunto cerrado.
Sin embargo, no se cumple el requisito de tener espacios de libre circulación para
vehículos o peatones, necesario para que pueda prestar el servicio de alumbrado
público.

33. Manifestó que “[…] en las calles aledañas al barrio campo bello (las que se
encuentran por fuera del encerramiento y que son de libre circulación) el servicio se
presta de manera eficiente. […]”.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

19
34. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 3 de julio de 2025 ,
amparó los derechos e intereses colectivos establecidos en los literales d) y j) del
artículo 4.° de la Ley 472.

35. Indicó que los problemas jurídicos a resolver consistían en determinar si las
demandadas vulneran o no los derechos e intereses colectivos a la moralidad
administrativa, acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, y a la seguridad y salubridad pública, de los residentes del sector de
Campo Bello del municipio de Popayán y si se pueden amparar otros derechos
colectivos que no fueron alegados.

36. Explicó los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales sobre el papel del
juez de la acción popular, el servicio de alumbrado público y el derecho colectivo al
espacio público. Agregó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
si el juez de la acción popular encuentra que se configura la amenaza o vulneración
de otros derechos colectivos diferentes o adicionales al invocado, debe adoptar
todas las medidas que sean necesarias para su protección, siempre y cuando “[…]
tengan relación directa con la causa petendi de la demanda […]” 20.

37. Consideró que, según el material probatorio recaudado, Campo Bello es un barrio
abierto del municipio de Popayán perteneciente a la comuna núm. 1, y no un

18
Se aportó el compromiso de unión temporal para la concesión de alumbrado público del municipio de Popayán donde consta
que la unión temporal está conformada por Eléctricas de Medellín Ltda., hoy Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios
S.A.S., e INTERASEO S.A. E.S.P., hoy INTERASEO S.A.S. E.S.P.; y que, de conformidad con la cláusula sexta del
compromiso de unión temporal: “[…] SEXTA (sic) Para todos los efectos, los integrantes de la Unión Temporal designan a
ELECTRICAS DE MEDELLIN LTDA, como representante del proyecto, así mismo para todos los actos necesarios para el
desempeño de todos los actos de la propuesta y de la presente Unión Temporal. La sociedad ELECTRICAS DE MEDELLIN
LTDA acepta expresamente el cargo que se le ha otorgado, aceptación que se entiende con la firma del presente documento
por su representante legal. […]”.
19
Cfr. Índice 104 del expediente digital de primera instancia en el Tribunal.
20
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 24 de octubre de 2024, Expediente 8500123310002011001101, CP
Hernando Sánchez Sánchez.

8

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conjunto cerrado. Por lo tanto, la instalación de la barrera que impide el libre acceso
al barrio no lo convierte en un conjunto residencial ni le otorga la condición de
propiedad horizontal.

38. Manifestó que la situación que afronta el barrio Campo Bello evidencia la “[…]
nula presencia a través de los organismos competentes, en los barrios de la ciudad
y permiten que situaciones anómalas como las que se presenta en Campo Bello,
hayan dado lugar a la confusión que dio génesis a este conflicto […]”.

39. Explicó que, al ser un “[…] barrio abierto […]”, el municipio debe prestar el servicio
de alumbrado público conforme con el Decreto núm. 2424 de 18 de julio de 200621,
en forma directa o a través de una empresa de servicios públicos domiciliarios u otra
clase de prestadores.

40. Por ende, consideró que no existe justificación para que el municipio se abstenga
de prestar el servicio “[…] y negarse a cancelar a la CEO, lo correspondiente al
consumo de energía de las luminarias que brindan este servicio en el sector, bajo
el argumento que es un “conjunto cerrado”, por ser contrario a la realidad. […]”.

41. Explicó que el municipio de Popayán permitió que se construyera una caseta de
vigilancia y se instalara una barrera en la única entrada al barrio Campo Bello. Esta
barrera limitó el libre paso por una vía pública, que pertenece a todos y no puede
ser destinada para el uso de un grupo específico de habitantes. Esto significa que
el problema surgió porque el municipio no garantizó el acceso y goce del espacio
público de manera adecuada.

42. Concluyó que la vulneración del derecho al goce del espacio público condujo a
la transgresión del derecho a la prestación del servicio de alumbrado público. Por
tal razón, ordenó al municipio de Popayán que retire de forma definitiva la caseta de
vigilancia y la barrera instalada en la entrada al barrio, y que garantice la adecuada
prestación del servicio de alumbrado público para toda la comunidad de Campo
Bello.

43. Igualmente, ordenó a la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. quitar
los medidores de energía que había instalado para cobrar el consumo en las
llamadas “áreas comunes del Conjunto Cerrado Campo Bello”, pero aclaró que la
acción popular no es el medio para solucionar asuntos individuales de cobro, por lo
que la empresa podía utilizar los mecanismos legales correspondientes para
reclamar el pago de la energía consumida, si lo considera necesario.

44. Con fundamento en lo anterior, el tribunal resolvió:

“[…] PRIMERO.- AMPARAR los derechos colectivos al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público y el acceso a los servicios públicos

21
“[…] Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público. […]”.

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y a que su prestación sea eficiente y oportuna, los cuales están siendo vulnerados
por el MUNICIPIO DE POPAYÁN, por lo expuesto.

SEGUNDO.- ORDENAR al MUNICIPIO DE POPAYÁN levantar de manera definitiva
tanto la caseta de vigilancia como la vara o “talanquera” que se encuentra en la vía
de acceso al barrio Campo Bello.

Para dar cumplimiento a esta orden, se le concederá el término improrrogable de
quince (15) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

TERCERO.- ORDENAR al MUNICIPIO DE POPAYÁN prestar el servicio de
alumbrado público al barrio Campo Bello, conforme lo dispone el Decreto 2424 de
2006 y las resoluciones de CREG, referentes al tema.

Concédase el término de quince (15) días contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, para adelantar todas las labores técnicas que se requieran para que el
servicio se materialice en debida forma y en favor de la comunidad del Barrio Campo
Bello.

La Compañía Energética de Occidente retirará dentro de los cinco (5) días siguientes
a la ejecutoria de esta sentencia, los contadores que instaló para el cobro de las
denominadas “áreas comunes del Conjunto Cerrado Campo Bello”.

CUARTO.- NEGAR las pretensiones de la demanda respecto de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Sociedades y el
Concesionario de Alumbrado Público UT Eléctricas Medellín Ltda -INTERASEO
S.A.S. E.S.P, por lo expuesto.

QUINTO.- CONFORMAR un Comité de Verificación, de acuerdo con lo señalado en
el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por el magistrado
sustanciador (quien lo presidirá), la señora Procuradora 39 Judicial II para asuntos
Administrativos de Popayán, el/la presidente de la JAC del Barrio Campo Bello, un
representante del municipio de Popayán y un representante de la CEO. […]” (negrillas
del texto).

III. RECURSO DE APELACIÓN

45. Elmunicipio de Popayán en el escrito de 17 de julio de 2025 22, solicitó la
revocatoria de la sentencia de 3 de julio de 2025 para que, en su lugar, se declare
que carece de legitimación en la causa por pasiva y que no vulneró los derechos
colectivos amparados.

46. Argumentó que la sentencia de primera instancia no respeta el principio de
congruencia y excede las facultades “[…] extrapetita del juez popular […]”, dado que
en el proceso no se demostró que el municipio vulnerara los derechos amparados.
Además, las omisiones causantes de la transgresión son atribuibles a la
constructora, la Superintendencia de Sociedades y la Compañía Energética de
Occidente S.A.S. E.S.P.

47. Afirmó que el municipio carece de legitimación en la causa por pasiva porque no
ha recibido formalmente las zonas comunes de la urbanización Campo Bello, ni ha

22
Cfr. Índice 107 del expediente digital de primera instancia en el Tribunal.

10

Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01
Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

incorporado sus luminarias al censo oficial del sistema de alumbrado público. Por
ende, aun no tiene control ni posesión sobre tales zonas, condición indispensable
para asumir la responsabilidad de iluminación, pues “[…] la constructora ACETAS
Ltda., liquidadora del proyecto, nunca realizó la cesión formal al ente territorial […]”.
Adicionalmente, complementó que:

“[…] En el presente caso, no se acreditó que el Municipio haya obrado de forma dolosa
u omisiva respecto al servicio de alumbrado público en Campo Bello. Por el contrario,
se probó que la negativa a asumir el pago del servicio se deriva de la ausencia de
cesión de las áreas comunes, la inexistencia de registro en el censo de alumbrado
público y la imposibilidad de ingreso por el cerramiento informal que impide su
caracterización técnica como espacio público. […]”.

48. Manifestó que la sentencia de primera instancia no tiene en cuenta que los
habitantes del barrio Campo Bello instalaron el cerramiento que restringe el acceso
al espacio público, sin contar con autorización formal del municipio, ni de ninguna
autoridad competente. Por lo tanto, esos terceros realizaron la intervención en el
espacio público y les corresponde a ellos retirar dicho cerramiento.

49. Agregó que “[…] Solo en caso de que exista una orden administrativa o judicial
previa que lo autorice, y se haya agotado el debido proceso para identificar al
responsable de la ocupación, podría plantearse algún tipo de actuación
administrativa por parte del ente territorial. Mientras tanto, no puede atribuírsele al
Municipio una obligación que presupone una ilegalidad originada por terceros. […]”.

50. Explicó que la iluminación de las zonas comunes en las urbanizaciones cerradas,
según el Decreto 1073 de 26 de mayo de 2015, no se considera parte del servicio
público de alumbrado23. En este caso, la Compañía Energética de Occidente S.A.S.
E.S.P. consideró a la urbanización Campo Bello como un conjunto cerrado debido
al cerramiento instalado por los propios residentes en la entrada, lo que influye en
la prestación del servicio de iluminación.

51. Aclaró que no tiene responsabilidad ni participa como contratista en el servicio
que brinda la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., y tampoco tiene
autoridad alguna sobre las decisiones de cobro que toma dicha empresa.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24
52. Mediante auto de 25 de julio de 2025 , el Tribunal Administrativo del Cauca
concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación presentado por el
municipio de Popayán.

23
“[…] Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía
[…]”.
24
Cfr. Índice 109 del expediente digital de primera instancia en el Tribunal.

11

Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01
Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

53. Posteriormentemediante auto de 13 de agosto de 2025 25 rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte
demandante y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado.

26
54. A través de auto de 26 de septiembre de 2025 , se admitió el recurso de
apelación, se prescindió del traslado para alegar de conclusión, y se informó al
Ministerio Público que se encontraba habilitado para emitir concepto en la presente
causa.

55. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

56. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 27 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 2019 28, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos

57. El demandante atribuyó a la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.,
al municipio de Popayán, a la Unión Temporal concesionaria del servicio de
alumbrado público de Popayán, a la Superintendencia de Sociedades y a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la vulneración de los derechos
colectivos previstos en los literales b), j) y g) del artículo 4.° de la Ley 472, con
ocasión de la falta de prestación del servicio de alumbrado público en el barrio
Campo Bello del municipio de Popayán.

58. En la sentencia de 3 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca
amparó los derechos colectivos al goce del espacio público, a la utilización y
defensa de los bienes de uso público, al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, vulnerados por el municipio de Popayán.

59. El tribunal ordenó al municipio que levante de manera definitiva la caseta de
vigilancia y la “[…] vara o “talanquera” […]” que se encuentra en la vía pública de
acceso al barrio Campo Bello, y que garantice la prestación del servicio de
alumbrado público al barrio Campo Bello, conforme lo disponen las normas legales
y reglamentarias.

25
Cfr. Índice 115 del expediente digital de primera instancia en el Tribunal.
26
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
27
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
28
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

12

Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01
Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

60. Además, ordenó a la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. que retire
los contadores que instaló para el cobro de las denominadas “[…] áreas comunes
del Conjunto Cerrado Campo Bello […]” y negó las demás pretensiones de la
demanda.

61. El municipio de Popayán en el recurso de apelación señaló que la sentencia de
primera instancia carece de congruencia y que excede las facultades del juez al
atribuirle responsabilidades sin fundamento, pues no se demostró la vulneración de
los derechos colectivos amparados.

62. Argumentó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, ya que no ha
recibido formalmente las zonas comunes de Campo Bello ni ha incorporado sus
luminarias al censo oficial, lo que le impide asumir control y responsabilidad sobre
la iluminación.

63. Planteó que las omisiones que originaron la transgresión son atribuibles a la
constructora, la Superintendencia de Sociedades y la Compañía Energética de
Occidente S.A.S. E.S.P. y no al ente territorial.

64. Finalmente, explicó que la negativa a asumir el pago del servicio de alumbrado
se deriva de la ausencia de cesión de áreas comunes, la inexistencia de registro y
el cerramiento informal instalado por los propios residentes, quienes intervinieron el
espacio público sin autorización municipal. Además, aclaró que el Decreto 1073 de
26 de mayo de 2015 no considera la iluminación de zonas comunes en
urbanizaciones cerradas como parte del servicio público de alumbrado y que no
tiene autoridad sobre las decisiones de cobro de la empresa prestadora del servicio.

V.3. Análisis del caso concreto

65. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) el presunto
desconocimiento del principio de congruencia; y ii) la naturaleza de las vías de la
urbanización Campo Bello; iii) las causas de la vulneración de los derechos e
intereses colectivos en el barrio Campo Bello y la responsabilidad del municipio de
Popayán.

V.3.1. El presunto desconocimiento del principio de congruencia

66. El primer eje temático de la apelación alude a que la sentencia de primera
instancia no cumple con el principio de congruencia y sobrepasa las atribuciones
del juez popular, ya que durante el proceso no se probó que el municipio hubiese
infringido los derechos amparados, especialmente el derecho colectivo al goce del
espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público.

13

Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01
Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

67. Para resolver este planteamiento, es pertinente mencionar que la Sala Plena del
Consejo de Estado aclaró en las sentencias de 5 de junio de 2018 29 y de 26 de
enero de 2021 30, que el juez de la acción popular puede dictar fallos ultra y extra
petita que protejan derechos colectivos distintos a los mencionados por el actor
popular en la demanda, analizar hechos adicionales a los planteados inicialmente y
dictar órdenes diferentes a las solicitadas en las pretensiones, siempre y cuando
estos aspectos guarden relación con el hecho generador del daño expuesto en la
demanda y, en términos generales, con la causa petendi.

68. La sentencia de 5 de junio de 2018 precisó que el pronunciamiento sobre los
derechos colectivos que no han sido invocados en la demanda como vulnerados o
amenazados, requiere que estos tengan una estrecha relación con los derechos
respecto de los cuales sí haya existido una solicitud expresa de protección y cuando
la parte demandada se haya pronunciado sobre ellos a lo largo del proceso.

69. En el presente caso, la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello
no solicitó el amparo del derecho colectivo establecido en el literal d) del artículo
4.°31 de la Ley 472 y, sin embargo, el Tribunal Administrativo del Cauca amparó los
derechos colectivos al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los
bienes de uso público, y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna.

70. El a quo consideró que la problemática objeto del proceso se originó en el
cerramiento que realizó la comunidad de la única vía de acceso al barrio y en la
omisión del municipio de controlar y proteger el espacio público mediante la
adopción de medidas de restitución.

71. Para el tribunal ese cerramiento vulneró de forma conexa el derecho colectivo al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en
materia de transporte y alumbrado público. En consecuencia, ordenó “[…] levantar
de manera definitiva tanto la caseta de vigilancia como la vara o “talanquera” que
se encuentra en la vía de acceso al barrio Campo Bello […]”.

72. Para determinar si esa decisión respeta el principio de congruencia se advierte
que la causa petendi esbozada en la demanda señaló que la Compañía Energética
de Occidente S.A.S. E.S.P. cobra el servicio de energía eléctrica de las luminarias
públicas a la urbanización Campo Bello como si se tratara de un conjunto cerrado.

73. En la demanda se explicó que esa “[…] urbanización […]” es un barrio que no
está sujeto al régimen de propiedad horizontal y que la Superintendencia de

29
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación núm. 15001-33-31-001-
2004-01647-01.
30
Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión, C. P. Martín Bermúdez
Muñoz, radicación número: 54518-33-31-001-2007-00013-01(AP)REV.
31
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público […]”.

14

Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01
Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

Sociedades, en el proceso de liquidación de la sociedad promotora del proyecto
urbanístico, no gestionó adecuadamente la cesión de las zonas de uso público al
municipio, lo que ocasionó la controversia 32.

74. Durante el debate procesal, la temática en torno al espacio público fue objeto de
pronunciamiento por las partes. El municipio de Popayán en las intervenciones
realizadas en primera instancia argumentó que no podía asumir el servicio público
de alumbrado mientras la constructora no le entregue las zonas donde están
ubicadas las luminarias.

75. Por su parte, la Superintendencia de Sociedades se opuso a las pretensiones
dirigidas en su contra, respecto de las zonas verdes de la Urbanización Campo
Bello, porque participó en el trámite de entrega de áreas comunes y designó agentes
responsables, pero posteriormente la competencia pasó al Concejo municipal de
Popayán.

76. La Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. explicó que el problema
surge porque los mismos residentes de la urbanización instalaron un sistema de
seguridad de varillas que restringe el acceso de vehículos y peatones en la vía que
llega a su barrio. Por esta razón, no es posible suministrar el servicio de alumbrado
público porque el sector funciona como una unidad residencial cerrada.

77. En el debate probatorio y en los alegatos de conclusión de primera instancia los
sujetos procesales refirieron tanto a la existencia de la caseta de celaduría como a
la varilla instalada en la vía de acceso al barrio para controlar el ingreso de personas.

78. Esto significa que los hechos debatidos en el proceso evidencian una relación
directa entre la problemática del cerramiento de la vía pública y la afectación de los

32
Sobre este punto expresamente se mencionó lo siguiente: “[…] TRIGÉSIMO CUARTO. – Mediante Resolución 03136 del
9 de mayo de 1990, la Superintendencia de Sociedades, resolvió tomar inmediata posesión y ordenar la liquidación de los
negocios, bienes, y haberes de la sociedad Urbanizadora ACETAS LIMITADA con domicilio en la ciudad de Popayán Cauca,
constituida mediante escritura pública número 1268 del 30 de julio de 1982 otorgada en la notaría primera del círculo de esta
ciudad y representada legalmente por el señor José Manuel Gnecco Uribe.
TRIGÉSIMO QUINTO. – Para tal efecto, designó al Instituto de Crédito Territorial como Agente Especial de la
Superintendencia de Sociedades para que en nombre de la Sociedad interviniera adelante todas las actuaciones relacionadas
con la toma de posesión para liquidar.
TRIGÉSIMO SEXTO. – En su Artículo Tercero, la citada Resolución decretó el embargo y secuestro un lote de terreno sobre
el cual se desarrolla la urbanización Campobello, integrada por 135 lotes, situada en la ciudad de Popayán, en el sector Norte
de la ciudad hacia el costado occidental de la autopista Popayán Cali después de pasar el puente Tomás Castrillón,
identificado con el número catastral 0010006335 con una extensión superficiaria de 97.758 metros 2.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO. – Según la Resolución 03136 del 9 de mayo de 1990, la sociedad denominada URBANIZADORA
ACETAS LIMITADA, figuraba registrada en los términos de Ley orgánica de vivienda bajo el número 03-83003 y obtuvo
permiso para desarrollar el programa de vivienda denominado “Urbanización Campobello” mediante Resolución Nº 0168 del
18 de febrero de 1983 con 135 lotes. De igual forma, tuvo dos permisos más para desarrollar el programa de vivienda de la
urbanización El Recuerdo y Urbanización Los Naranjos mediante resoluciones 823 del 4 de marzo de 1983 y 3674 del 21 de
agosto de 1984 respectivamente.
TRIGÉSIMO OCTAVO. – Teniendo en cuenta que la Sociedad URBANIZADORA ACETAS LIMITADA fue intervenida por la
Superintendencia de Sociedades, le correspondía al Agente Liquidador Instituto de Crédito Territorial como Agente Especial
de la Superintendencia de Sociedades para que en nombre de la Sociedad intervenida adelantara todas las actuaciones
relacionadas con la toma de posesión para liquidar, entre ellas, la cesión de las zonas que correspondieran al Municipio de
Popayán.
TRIGÉSIMO NOVENO. - Le corresponde a la Superintendencia responder por la actuación que en derecho debió haber
realizado el Agente Liquidador en beneficio de la comunidad pobladora de la urbanización Campobello, a fin de garantizar
sus derechos colectivos que están siendo amenazados por la Compañía Energética de Occidente, toda vez que, la empresa
de servicios públicos no puede trasladar las cargas ni las pérdidas a los usuarios del servicio. […]”.

15

Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01
Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

derechos colectivos invocados. Además, durante el trámite procesal las partes se
pronunciaron sobre la naturaleza de los bienes y la titularidad de las zonas en
cuestión, lo que permitió el ejercicio del derecho de defensa y garantizó el principio
de contradicción.

79. En este contexto, la Sala considera que el tribunal de primera instancia podía
amparar el derecho al goce del espacio público, siempre y cuando se acreditaran
los supuestos fácticos exigidos para tal efecto.

33
80. Esta Sección en las sentencias de 18 de mayo de 2006 , 26 de abril de 2007 34,
9 de junio de 2011 35, 6 de mayo de 2010 36, 25 de marzo de 2010 37 y 31 de enero
de 201938, entre otras, analizó la forma en que se deben proteger los derechos
colectivos relacionados con el uso y disfrute del espacio público. En esos fallos, se
estudiaron casos donde se construyeron bienes o se instalaron obstáculos en
espacios públicos y urbanizaciones privadas, evaluando si contaban con la
autorización de la autoridad competente y si cumplían con la normativa legal.

81. La Sección Primera explicó que: i) toda construcción o instalación en espacio
público debe contar con autorización previa de la autoridad competente y ajustarse
a la normativa vigente; ii) el acceso libre y el uso compartido del espacio público
deben prevalecer sobre intereses privados; iii) la colocación de barreras físicas que
limiten el acceso a zonas públicas constituye una vulneración de los derechos
colectivos, salvo que existan razones debidamente justificadas y respaldadas por la

33
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Camilo Arciniegas Andrade radicación núm. 25000-23-25-000-2002-02203-01(AP). En este caso se alegaba que el espacio público en la mencionada intersección estaba invadido por cerramientos con rejas
metálicas de dos metros de altura instalados por la Unidad Residencial Villa Emilia, lo que impedía el libre tránsito peatonal y
vehicular. En la segunda instancia, la Sección Primera verificó que la constructora Prourbanismo S.A. incumplió la Resolución
69 de 1980 que prohíbe cerramientos en zonas verdes de uso público. Asimismo, se consideró errónea la decisión de eximir
de responsabilidad a la Alcaldía Local de Kennedy, porque tiene el deber legal de proteger y recuperar el espacio público.
incluso sin denuncias previas, conforme a normativas nacionales y distritales. 34
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Martha Sofia Sanz Tobon, radicación núm. 25000-23-27-000-2002-02356-01(AP). La
acción popular fue presentada contra la Alcaldía Local de Kennedy por la invasión y construcción ilegal en una zona verde
destinada al uso público en la Urbanización Bavaria Techo II. En este caso la Sección Primera estaba demostrada que la
constructora había realizado la cesión al distrito a través de la Procuraduría de Bienes del Distrito, conforme a unas actas
obrantes en el plenario. 35
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación núm. 68001-23-15-000-2003-00933-01(AP). El caso trata sobre la construcción ilegal de un garaje en la zona de antejardín de una vivienda en el barrio Bajos de Pan de
Azúcar, Bucaramanga. La Sala amparó el derecho colectivo al goce del espacio público porque se comprobó que el garaje
invadía el espacio público del antejardín sin permiso ni licencia, y que la autoridad municipal solo actuó tras la demanda y no
por iniciativa propia. Se precisó que el espacio público incluye zonas para circulación, recreación, seguridad y conservación
ambiental, que deben prevalecer sobre intereses particulares. 36
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, radicación núm. 68001-23-15-000-2003-01516-01(AP). Este
caso se relacionaba con la invasión del espacio público en la calle 33 A con carrera 23 del Municipio de Girón, porque los
residentes del sector instalaron unas rejas, una caseta de vigilancia y otros obstáculos que impedían la libre circulación y el
disfrute de una calle ciega que termina en un muro del Polideportivo Juan Pablo II. La Sección Primera revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander y negó las pretensiones de la demanda, al
verificar que la Secretaría de Planeación del Municipio de Girón inició la investigación administrativa en febrero de 2003,
apenas ocho días después de iniciadas las obras, impuso multa al responsable y ordenó la demolición de las construcciones
ilegales y la restitución del espacio público en un plazo de dos meses. 37
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, radicación núm. 25000-23-27-000-2004-02676-01(AP). En este
caso una constructora entregó al municipio, mediante escritura pública, varias zonas de uso público en la urbanización
OMNICENTRO (vías, zonas escolares, áreas verdes y parques), pero estas permanecían cerradas, impidiendo el libre acceso
de la comunidad. La Sala revocó la sentencia de primera instancia que desestimó las pretensiones, concedió la protección a
los derechos colectivos al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, y ordenó al
Alcalde de Facatativá adoptar medidas para normalizar el espacio público cedido en un plazo máximo de tres meses. 38
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm. 13001-23-31-000-2002-01856-01(AP).

La Sección
Primera negó el amparó de los derechos colectivos al goce del espacio público, a la defensa del patrimonio público y al respeto
a las disposiciones jurídicas en construcciones y desarrollos urbanos porque no se demostró que la estructura voladiza del
inmueble ocupara indebidamente la playa como bien de uso público ni que afectara el espacio público.

16

Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01
Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

ley; y iv) las autoridades están obligadas a garantizar la primacía del interés general,
adoptando medidas para restablecer el acceso y prevenir futuras afectaciones al
libre tránsito y disfrute colectivo.

39
82. Posteriormente, en la sentencia de 8 de mayo de 2025 esta autoridad judicial
precisó que la existencia de una controversia sobre la titularidad y la naturaleza
jurídica de un predio impide que, mediante la acción popular, se pueda declarar la
vulneración del derecho colectivo al goce y disfrute del espacio público.

83. Se explicó que la protección de este derecho a través de la acción popular
requiere certeza sobre la naturaleza jurídica de los bienes objeto de debate. Sin esta
certeza, el medio de control es improcedente al no configurarse los presupuestos
necesarios para su protección porque el ordenamiento jurídico contempló otras
acciones judiciales idóneas en las que es posible clarificar si esos bienes son
públicos o privados.

84. Conforme a la jurisprudencia citada supra, el tribunal de primera instancia tenía
la facultad de amparar de manera extra petita el derecho colectivo al goce del
espacio público, en la medida en que su decisión no abordara problemáticas en las
que existe controversia en torno a la titularidad y naturaleza jurídica del bien objeto
de debate.

85. Cuando no existe certeza sobre si el bien es público o privado, la acción popular
resulta improcedente, pues la discusión sobre la propiedad debe tramitarse a través
de los medios judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico para ello.

86. Por lo tanto, el tribunal solo podía amparar y ordenar medidas de protección del
espacio público en los sectores en donde esté plenamente acreditada la naturaleza
o uso público del bien, aspecto que se valorará en el siguiente acápite para el caso
concreto.

V.3.2. La naturaleza de las vías de la urbanización Campo Bello

87. La Sala considera que, antes de resolver los demás argumentos de la apelación,
es fundamental establecer con claridad cuál es la naturaleza jurídica de la
urbanización Campo Bello y de las vías que la conforman.

39
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 25000-23-24-000-2011-00002-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
De la providencia se destaca: “[…] De lo expuesto, a juicio de la Sala, resulta evidente que respecto de los predios catalogados
como “Zona de Reserva” existe una controversia respecto de su titularidad y naturaleza jurídica, la cual
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que en eventos como el sometido a consideración, en los que no existe
certeza sobre la titularidad del derecho de dominio de los bienes destinados a la satisfacción de las necesidades colectivas
de la comunidad que reside en el entorno de la Urbanización Castilla y, por ende, una afectación real de derechos colectivos,
la acción popular no constituye el mecanismo judicial idóneo para definir dicho asunto y mucho menos cuando se advierte
que el actor persigue controvertir la legalidad de la certificación de cabida y linderos expedida en el año 2010, la cual, por
demás, ya está siendo discutida en un proceso de nulidad adelantado por la UAECD.
En efecto, las pretensiones formuladas en la demanda plantean un debate judicial que excede las facultades que le han sido
atribuidas por el Legislador al juez constitucional para la protección de los derechos colectivos, tal y como es dable concluir
de los términos en que fue estructurado el petitum del actor popular,
[…] Como consecuencia de lo anterior, la Sala revocará el fallo impugnado y, en su lugar, declarará la improcedencia de la
acción popular, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. […]”

17

Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01
Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

88. En el proceso se demostró que la sociedad Urbanizadora Acetas Ltda., con
domicilio en el municipio de Popayán, desarrolló la actividad de enajenación de
inmuebles destinados a vivienda y, entre sus proyectos, se encontraba el desarrollo
de las urbanizaciones Campo Bello, con 135 lotes; El Recuerdo, con 21 lotes; y Los
Naranjos, con 196 lotes 40.

89. La Superintendencia de Sociedades, con ocasión de la suspensión del pago de
obligaciones por parte de la Urbanizadora Acetas Ltda, el manejo de los negocios
por la sociedad y la falta de información suministrada por la empresa con destino al
control y vigilancia dispuso mediante Resolución núm. 03136 de 9 de mayo de
199041 tomar posesión y ordenar la liquidación de los negocios, bienes y haberes
de la empresa.

90. Para el efecto, se designó al Instituto de Crédito Territorial como agente especial
liquidador y se ordenó el embargo y secuestro de los bienes 42.

43
91. Posteriormente, el artículo 187 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994
estableció
que la vigilancia y control de las actividades de enajenación de inmuebles
destinados a vivienda, correspondería a los concejos municipales.

92. Su parágrafo transitorio dispuso que, a partir de la entrada en vigor de esa Ley,
los municipios asumirían las funciones de vigilancia y control una vez transcurrieran
seis meses. Durante ese plazo, la Superintendencia de Sociedades tenía que
entregar a los municipios todos los documentos relacionados con dichas funciones
y proporcionar la capacitación necesaria para que las autoridades municipales
puedan ejercerlas adecuadamente.

93. En cumplimiento de dicha norma, el trámite de liquidación fue remitido por la
Superintendencia de Sociedades al Concejo Municipal de Popayán.

94. Lo anterior fue ratificado por la Superintendencia de Sociedades, mediante oficio
de 30 de septiembre de 2009 dirigido a la alcaldía municipal de Popayán, donde
informa que:

“[…] esta Entidad perdió toda competencia respecto de las personas naturales y
jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda,
entre ellas la relacionada con el cobro de la contribución derivada del sometimiento a
su inspección y vigilancia […]” y que “[…] como las funciones de inspección, vigilancia
y control sobre las personas naturales y jurídicas dedicadas a desarrollar la actividad
de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, se trasladaron a las entidades

40
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documentos y
archivos denominados “[…] 053AnexosContestacionSuperSociedades […]” y “[…] 052CdDvd […]“.
41
“[…] Por la cual se toma posesión de los negocios, bienes y haberes de una persona jurídica y se ordena su liquidación
[…]”.
42
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documentos y
archivos denominados “[…] 053AnexosContestacionSuperSociedades […]”, “[…] 055AnexosContestacionSuperSociedades
[…]” y “[…] 052CdDvd […]“.
43
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]“.

18

Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01
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territoriales con las mismas facultades que ejercía esta Superintendencia en los
términos de la Ley 66 de 1968 y el Decreto Reglamentario 2610 de 1979, son las
entidades territoriales las llamadas a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 03 de 1991. […]”44.

95. En el marco del trámite de toma posesión y liquidación de los negocios, bienes y
haberes de la Urbanizadora Acetas Ltda., la agente especial designada rindió
informe el 21 de mayo de 2009 45 dirigido al presidente del Concejo Municipal de
Popayán en el que realizó un recuento del desarrollo del proceso de liquidación
forzosa y solicitó apoyo económico del Concejo Municipal para realizar las últimas
actuaciones.

96. En dicho informe, en relación con los barrios Naranjo y la urbanización C ampo
Bello, la agente especial interventora indicó que “[…] Se realizó la etapa de
escrituración en los barrios Los Naranjos con 9 lotes, y 35 lotes de la
Urbanización Campobello (sic) los cuales se encuentra titulada en su totalidad.
[…] En el aspecto Técnico se llevaron a cabo las correspondientes cesiones
de las zonas verdes de la Urbanización Campobello y los Naranjos.Se (sic)
tramitó la aprobación por parte de planeación municipal de la manzana 1 de la
Urbanización Los Naranjos.Se (sic) elaboró escritura de reloteo (sic) de la
Urbanización los Naranjos y se elaboraron los planos respectivos. […]” (negrilla
fuera de texto).

97. En relación con la naturaleza de Campo Bello en el municipio de Popayán, el
Plan de Ordenamiento Territorial contenido en el Acuerdo núm. 06 de 5 de agosto
de 200246 establece que se trata de un barrio perteneciente a la comuna 1, de la
siguiente forma:

“[…] ANEXO 2
DIVISIÓN POR COMUNAS
Listado de Barrios por Comuna.
COMUNA 1.
Compuesta por 26 Barrios: Modelo, Loma Linda, Prados del Norte, La Cabaña, Santa
Clara, Casas Fiscales, Nueva Granada (Champagnat), Machángara, La Playa,
Campamento, Puerta de Hierro, Pubenza (Catay), Antonio Nariño, Villa Paula,
Campo Bello, El Recuerdo, La Villa, Bloques de Pubenza, Belalcázar, Los Laureles,
Los Rosales, Alcalá, Monte Rosales, Fancal, Ciudad Capri y Puerta del Sol. […]”.
(Negrilla fuera de texto).

47
98. Asimismo, está referenciado como tal en el Plano 2 del POT del municipio de
Popayán, veamos:

44
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 055AnexosContestacionSuperSociedades […]”, fl. 44.
45
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 055AnexosContestacionSuperSociedades […]”, fl. 50.
46
“[…] Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Popayán. […]”.
47
https://www.popayan.gov.co/MiMunicipio/Territorios/Comunas%20Popay%C3%A1n.pdf

19

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99. La naturaleza del barrio Campo Bello se encuentra ratificada por la Oficina de
Planeación Municipal de Popayán que, mediante oficio de 13 de marzo de 2014 48
suscrito por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, “[…] HACE
CONSTAR […] Que revisados los archivos que reposan en este despacho se logró
establecer que la Urbanización CAMPO BELLO localizada entre las carrera (sic)
14 y 17 entre calles 30N a 34N, no es Conjunto Cerrado, según consta en la
licencia de construcción expedidas en 1994 para viviendas unifamiliares del
sector. […]” (negrilla fuera de texto).

100.La misma Secretaría de Planeación Municipal de Popayán, en respuesta al oficio
de 8 de julio de 2015 49, informó mediante oficio de 22 de julio de 2015 50 lo siguiente:

“[…] En atención al asunto de la referencia, me permito informarle que según el
Acuerdo 006 de 2002 Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. en el plano U-13
denominado USO PROYECTADO, la urbanización Campobello se encuentra
clasificada como Área Residencial 4 (AR-4), las siguientes direcciones
relacionadas por usted hacen parte de la mencionada urbanización:

Calle 34N con Cra. 14, 15, 16 y 17 (sic)

48
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 3.
49
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 138.
50
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 137.

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Calle 33N con Cra. 14 A, 15A y 17 (sic)
Calle 32N con Cra. 14 A, 16, 17 (sic)
Calle 31N con Cra, 14 A, 15A, 16 (sic)
Calle 30N con Cra. 14ª, 15ª, 16, 18 (sic)
Calle 29N con Cra. 14, 14 A, 15, 15A, 16, 17 y 18 (sic)

Igualmente es importante aclarar que el urbanismo de este sector es de tipo
abierto (integrado a la infraestructura vial pública) […]” (negrilla fuera de texto).

101. Mediante oficio de 22 de julio de 2015, la Secretaría de Planeación indicó que
“[…] según el Acuerdo 006 de 2002 Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. la
urbanización abierta denominada Campobello (sic) si bien es cierto se
encuentra clasificada como área residencial 4 (AR-4) en el plano U-13, también
recibe la clasificación de zona comercial N° 5 según el plano U-14 denominado
ZONAS COMERCIALES del mismo acuerdo, en consecuencia se considera que
el sector no puede clasificarse como sector de uso exclusivamente residencial […]”
(negrilla fuera de texto).

102.En relación con las certificaciones expedidas por la Secretaría Municipal de
Planeación de Popayán en torno a que las vías del barrio de tipo abierto Campo
Bello se encuentran integradas a la infraestructura vial, la Sala resalta que el artículo
651 de la Ley 2044 de 30 de julio de 2020 52 establece que los municipios y distritos
procederán a realizar la declaratoria de espacio público sobre los predios o la parte
de ellos que hayan sido destinados urbanísticamente para este fin y que el acto de
declaratoria de espacio público servirá como reconocimiento urbanístico del espacio
público existente.

103.En armonía con lo anterior, la norma establece en su parágrafo que “[…] Las
oficinas encargadas, de planeación o de catastro municipal o distrital
procederán a la incorporación de la información de los espacios públicos
declarados, en sus cartografías oficiales. […]” (negrilla fuera de texto).

104. Adicional a lo anterior, la información de la Secretaría de Planeación fue
ratificada por el señor Juan Carlos Canecio Sánchez 53 quien se desempeñó como
presidente de la Junta de Acción Comunal.

105.En su declaración, cuando le preguntaron si la urbanización Campo Bello fue
creada como un conjunto residencial cerrado o como un barrio abierto, respondió:
“[…] es un barrio abierto; el conjunto siempre ha sido abierto desde el principio […]”.
Además, al ser consultado sobre si la empresa Urbanizadora Acetas entregó al
municipio las vías del barrio Campo Bello para que se consideraran como zonas de
uso público, señaló lo siguiente:

51
Modificado por el artículo 41 de la Ley 2079 de 14 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se dictan disposiciones en
materia de vivienda y hábitat. […]”.
52
“[…] Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se
dictan otras disposiciones. […]”.
53
Documento denominado “114RegistroDigitalAudienciaPruebas-02-11-2023”, a partir de 2:51:00.

21

Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01
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“[…] las vías sí porque el urbanismo sí lo entregó. Lo que no entregó fue las zonas
verdes. Pero lo que son las vías, son públicas porque esas las hizo el mismo
municipio. Las pavimentó el mismo municipio. […]” (negrilla fuera de texto).

106.La información anterior fue reiterada por el señor Silvio Arcadio López Valencia
en su declaración, quien es residente de la urbanización y fungió como presidente
de la Junta de Acción Comunal del barrio Campo Bello aproximadamente entre los
años 2015 y 2022. Del testimonio se destaca:

“[…] Nosotros, eso ha sido una discusión que se ha llevado por la naturaleza y por la
construcción. Es un barrio totalmente abierto y así está expresado en planeación
municipal. Así se contempla, como barrio abierto. Es tan así, que nosotros
tenemos calles, carreras y calles y nomenclatura de todas las casas. […]”
(negrilla fuera de texto).

107.Se destaca que el municipio y las demás autoridades no demostraron que la
infraestructura pública vial del barrio pertenezca a un conjunto cerrado, ya que fue
incorporada al ordenamiento territorial.

108.En este contexto, la Sala advierte que lo planteado por las demandadas no
evidencia una verdadera disputa sobre la naturaleza de las vías del barrio. Más bien,
los argumentos del municipio buscan justificar que, al instalar la comunidad una
“guadua”, vara o “talanquera” en la única entrada al barrio Campo Bello, se está
restringiendo la libre circulación de vehículos y peatones.

109.Esta restricción va en contra del artículo 2.º del Decreto 2424 del 18 de julio de
2006, que define el servicio público de alumbrado público como aquel destinado
exclusivamente a iluminar bienes de uso público y espacios por donde transitan
libremente vehículos y peatones, tanto en zonas urbanas como rurales de un
municipio o Distrito.

54
110. El oficio núm. 20161300486411 de 10 de octubre de 2016 de la Secretaría de
Hacienda del municipio de Popayán ratifica este punto en los siguientes apartados:

“[…] es de aclarar que así exista constancia por parte de la oficina de planeación
donde indica que la urbanización de Campobello entre las carreras 14 y 17, entre
calles 30N a 34N no es conjunto cerrado con base en lo dispuesto en el Artículo
2° del decreto 2424 de 2006, mientras no exista libre circulación en este sector,
no puede considerarse como espacio público motivo por el cual su iluminación
no es responsabilidad del municipio y son sus propietarios quienes deben
asumir, puede ser a prorrata, el valor que la Compañía está cobrando por el
consumo de energía de las zonas comunes, toda vez que el impuesto de alumbrado
público no se está cobrando en la factura desde junio de 2012. […]” (negrilla fuera de
texto).

111.En todo caso, la Sala concluye que conforme con las pruebas aportadas al
proceso, en armonía a lo considerado por el tribunal en la sentencia apelada, la
urbanización Campo Bello es un barrio abierto perteneciente a la comuna 1 del

54
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 132.

22

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municipio de Popayán con usos permitidos residencial y comercial; y no un conjunto
o unidad cerrada como lo argumentó el apelante.

112. Asimismo, la Sala destaca que existen vías en el precitado barrio integradas a
la “[…] infraestructura vial pública […]” del municipio, según lo informó la autoridad
competente y, por lo tanto, tienen la condición de vías urbanas y espacio público de
la ciudad.

113.En este contexto probatorio, la Sala considera que el tribunal de primera
instancia contaba con la facultad de amparar el derecho colectivo al goce del
espacio público, siempre que se acreditara plenamente que la vulneración del
derecho al alumbrado público derivaba de una restricción impuesta sobre un bien
cuya naturaleza pública no estuviera en discusión.

114.En el caso concreto, tal certeza solo se demostró respecto de la talanquera que
obstruía el libre tránsito en la vía de acceso, la cual está reconocida como parte de
la infraestructura vial pública del municipio. Por el contrario, no se probó que la
caseta de vigilancia constituyera una limitación sobre un bien de uso público, por lo
que la medida de protección, de ser procedente, solo podía recaer en relación con
la talanquera y no frente a la caseta.

V.3.3. Las causas de la vulneración de los derechos e intereses colectivos en
el barrio Campo Bello y la responsabilidad del municipio de Popayán

115.El Tribunal Administrativo del Cauca concluyó, con fundamento en las pruebas
documentales y testimoniales recaudadas, en especial, las certificaciones
expedidas por la Secretaría de Planeación del municipio de Popayán, que Campo
Bello es una urbanización de viviendas unifamiliares localizada en las carreras 14 y
17 y entre las calles 30N a 34N en la comuna 1 del municipio de Popayán.
Adicionalmente, indicó que sus vías internas son de uso público y hacen parte de la
estructura vial trazada y consolidada del municipio, catalogadas como urbanismo
abierto conforme al POT vigente.

116. El tribunal consideró que, al ser un barrio abierto, la prestación del servicio de
alumbrado público era responsabilidad del municipio de Popayán y que la
problemática tuvo origen en la omisión del municipio de controlar y proteger el
espacio público, en tanto toleró la instalación y permanencia de una caseta y una
talanquera o barrera de acceso al barrio.

117.Agregó que la instalación de estos elementos no mutó la condición de barrio
abierto de Campo Bello a conjunto cerrado o propiedad horizontal.

118.El municipio alegó en el recurso de apelación que carece de legitimación en la
causa por pasiva y no vulneró los derechos amparados porque: i) la iluminación de
las zonas comunes en urbanizaciones cerradas no se considera alumbrado público;
ii) la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. fue quien clasificó a la

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Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01
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urbanización como conjunto cerrado; iii) el municipio no es responsable, ni
contratista, ni emite facturas por el servicio prestado por dicha compañía; y iv) el
cerramiento informal fue realizado por terceros, lo que impide identificar
adecuadamente la zona.

119.Para resolver estos argumentos, y teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas en el capítulo V.3.2. de esta providencia, la Sala destaca que el municipio
de Popayán prestó el servicio de alumbrado público en las vías que integran el barrio
Campo Bello hasta el año 2011.

120.En esa época la Secretaría de Hacienda del municipio de Popayán notificó a la
Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. que no estaba permitido
descontar de la cuenta de concesión de alumbrado público el valor pendiente por el
servicio de alumbrado en las zonas comunes de la unidad residencial Campo Bello,
debido a que dicha unidad mantiene restringido el acceso vehicular y peatonal.

121. Mediante oficio de 12 de agosto de 2014 55 suscrito por la Secretaría de
Hacienda Municipal y dirigido a la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.
se informó lo siguiente:

“[…] es necesario recordar que la Administración Municipal en anterior oficio, no
autorizó que el valor adeudado por concepto de alumbrado público de las zonas
comunes de la unidad residencial Campobello fuera descontado de la cuenta
de concesión de alumbrado público, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo
2 del Decreto 2424 de 2006, el cual dispone que el servicio de alumbrado público
se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los
bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito
vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural del municipio; y en
consideración a que la unidad residencial Campo Bello tiene restringido el
acceso tanto vehicular como peatonal, son sus propietarios quienes deben
asumir a prorrata el valor que la Compañía Energética de Occidente le está
cobrando a la Administración Municipal.

Por lo anterior, consideramos que es a la Compañía a quien le corresponde realizar
los trámites que consideren pertinentes para el cobro del valor adeudado por concepto
de alumbrado público, a los propietarios de los inmuebles que conforman la unidad.

Reiterar por ultimo (sic) que, la Administración Municipal no autoriza que se realice
descuento alguno de la cuenta de concesión de alumbrado público para el pago del
alumbrado público de las zonas comunes de la unidad residencial Campo Bello. […]”
(negrilla del texto).

122.Estas afirmaciones fueron reiteradas por la Secretaría de Hacienda y por la
Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., en diversas comunicaciones . En
particular, mediante oficio de 4 de julio de 2018 56, la Coordinadora de Servicio al
Cliente de la compañía reiteró lo expresado previamente y aclaró que la empresa
reconocía que Campo Bello no estaba sujeto a las normas de propiedad horizontal.

55
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 0058EscritoContestacionCEO […]”, fl. 79.
56
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 31.

24

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Sin embargo, explicó que, debido a los cerramientos vehiculares y peatonales
instalados por la comunidad, no era posible prestar el servicio de alumbrado público
en esa zona, veamos:

“[…] Si bien es cierto el barrio Campobello no se encuentra sometido al régimen
de propiedad horizontal, de acuerdo al oficio emitido por la Alcaldía Municipal de
Popayán, los habitantes del barrio deben asumir el costo de la energía que se
suministra para las luminarias instaladas al interior del barrio, debido a que esta
iluminación no es considerada por el municipio como alumbrado público,
porque el acceso peatonal y vehicular se encuentra restringido. […]” (negrilla
fuera de texto).

123.La representante legal suplente de la Compañía Energética de Occidente S.A.S.
ES.P., en su interrogatorio 57, corroboró la información anterior al indicar que “[…]
después de que fuimos notificados por el municipio de Popayán que el alumbrado
del barrio Campo Bello no hacía parte del Sistema de Alumbrado Público que es
responsabilidad del municipio, procedimos a crear la cuenta para facturar la energía
eléctrica de las zonas comunes de Campo Bello. […]” e indicó al ser preguntada
sobre cuál fue el acto administrativo en virtud del cual se resolvió que el barrio
Cambo Bello no hacía parte del alumbrado público lo siguiente: “[…] Recibimos un
oficio de la Oficina de Planeación del municipio de Popayán donde indicaban tal
situación. […]”.

124.En atención a que el municipio de Popayán no autorizó que el valor por concepto
de alumbrado público de las zonas comunes de la Campo Bello fuera descontado
de la cuenta de concesión de alumbrado público, la Compañía Energética de
Occidente S.A.S. E.S.P. en su condición de prestadora del servicio público
domiciliario de energía eléctrica en el municipio, procedió a la creación del suscriptor
denominado “[…] AREA COMUN URBANIZACION CAMPO BELLO […]”, “[…]
Producto: 878513198 […]”, “[…] Contrato: 878513 […]”, ubicado en la dirección “[…]
CALLE 34N KRA 13 ESQ […]” del municipio de Popayán. Posteriormente, instaló
un medidor de energía eléctrica y empezó a facturar el servicio.

125.En relación con el contrato de condiciones uniformes, la Coordinación de
Servicio al Cliente de la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. mediante
oficio de 26 de junio de 201858 indicó que “[…] El Contrato de Condiciones
Uniformes de la Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P. fue publicado el
día 17 de diciembre de 2010 en el diario El Liberal a modo de separata y ha tenido
cinco modificaciones, la primera fue publicada el 14 de junio de 2011 en el diario El
Liberal, la segunda el 28 de marzo de 2012 en el diario La República, la tercera el
22 de junio de 2012, publicada en el diario La República, la cuarta el 29 de
septiembre de 2012 publicada en el diario El Liberal y la quinta el 10 de octubre de
2014 publicada en el diario El Liberal. […]”.

57
Documento denominado “114RegistroDigitalAudienciaPruebas-02-11-2023”, a partir del minuto 53:00
58
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 0058EscritoContestacionCEO […]”, fl. 84.

25

Radicación núm. 19001-23-33-000-2018-00350-01
Demandante: Junta de Acción Comunal de la Urbanización Campo Bello

126. La misma compañía indicó “[…] que no es necesario que se firme el contrato
para que este surta efectos contractuales […],” y mediante oficio de 31 de octubre
de 202359, informó con destino a este proceso que en relación con el contrato de
condiciones uniformes del producto 878513198, “[…] el usuario “Áreas comunes
Urbanización Campo Bello” ingresó al sistema comercial de CEO el veintidós (22)
de junio de dos mil once (2011) con el número de producto 878513198 […]”.

127.Con ocasión de lo anterior, la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.
procedió a la facturación del servicio de energía eléctrica, lo cual se encuentra
probado con las copias de las facturas números 0378738260 de 26 de septiembre
de 2011, 3217896961 de 12 de febrero de 2013, 3249812962 de 15 de marzo de
2013, 3278437063 de 12 de abril de 2013, 3309126064 de 15 de mayo de 2013,
3433555265 de 13 de septiembre de 2013, 3581054466 de 7 de febrero de 2014,
3872077167 de 8 de noviembre de 2014, 5490897168 de 6 de julio de 2018 y
5960696869 de 10 de junio de 2019.

70
128.En el plenario obra adicionalmente constancia de 11 de octubre de 2023 en la
que la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. certifica que la cuenta
contrato presenta a la fecha de expedición de la certificación de un “[…] Saldo
Pendiente a la fecha: $439.602.800 […]”.

129.Conforme al material probatorio supra, para la Sala, tal como lo señaló el tribunal
de primera instancia, la discusión relacionada con los cobros efectuados por el
servicio de alumbrado público a la junta de la urbanización Campo Bello trasciende
el objeto colectivo de la acción popular, ya que corresponde a intereses de
naturaleza particular. No obstante, el hecho de que la infraestructura vial municipal
no cuente con las garantías necesarias para su uso y que, además, persistan
restricciones de acceso que no se encuentran actualmente justificadas, sí constituye
una vulneración a los derechos e intereses colectivos protegidos.

59
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 109RespuestaOficioTCA-ORAL-LJ-137-23CEO […]”, fl. 3.
60
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 64.
61
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 62.
62
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 60.
63
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 58.
64
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 56.
65
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 54.
66
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 53.
67
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 51.
68
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 002AnexoDemanda […]”, fl. 27.
69
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 058EscritoContestacionCEO […]”, fl. 78.
70
Cfr. índice 119 del expediente digital de primera instancia, radicado núm. 19001-23-33-004-2018-00350-00. Documento
denominado “[…] 109RespuestaOficioTCA-ORAL-LJ-137-23CEO […]”, fl. 6.

26

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71
130.El artículo 5.° de la Ley 9 de 11 de enero 1989 definió el espacio público como
“[…] el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales
de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a
la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los
límites de los intereses individuales de los habitantes. […]”.

131.La misma disposición realizó la siguiente lista enunciativa de los elementos que
integran el espacio público:

“[…] Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal, como vehicular, […] las franjas de retiro de las
edificaciones sobre las vías, […] las necesarias para la instalación y mantenimiento
de los servicios públicos básicos, […] y, en general, por todas las zonas
existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea
manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso
o el disfrute colectivo. […]” (negrilla fuera de texto).

72
132. El numeral 3.° del artículo 1.° de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 , establece
que uno de los objetivos de esa legislación es “[…] garantizar que la utilización del
suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad
y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios
públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así
como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres […]” 73.

133. El artículo 3.° señaló que la función pública de urbanismo debe, entre otras
cosas, “[…] Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas,
infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al
uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y
los servicios públicos […]” (negrilla fuera de texto).

74
134. El artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de 1998 , compilado en el
artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 201575, indica que el espacio público está
integrado de elementos constitutivos y elementos complementarios. Los primeros
se subclasifican en naturales (relativos a la orografía y anexos) y artificiales o
construidos, entre los que se encuentran:

“[…] a. Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, […]

[…] Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales,
puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados,
andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardinales, cunetas,
ciclopistas, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para
motocicletas, estacionamientos bajo espacio público, zonas azules, bahías de
estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, carriles;

71
“[…] Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - Venta y Expropiación de Bienes y se
dictan otras disposiciones. […]”.
72
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
73
Artículo 1.º, numeral 3.º.
74
“[…] por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
75
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.

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ii) Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos;

[…] II Elementos complementarios

[…] Mobiliario

[…] c. Elementos de ambientación tales como: luminarias peatonales,
luminarias vehiculares, protectores de árboles, rejillas de árboles, materas, bancas,
relojes, pérgolas, parasoles, esculturas y murales; […]”. (Negrilla fuera de texto).

135. La Ley 1682 de 22 de noviembre de 201376 definió el concepto de
“infraestructura del transporte” en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 2o. La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad
integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se
encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del
Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las
personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las
diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y
mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos […]” (negrilla fuera del texto).

136. Respecto de la propiedad y de la responsabilidad de los elementos que integran
la infraestructura vial como espacio público, el artículo 17 de la Ley 105 de 30 de
diciembre de 199377 establece que “[…] Hace parte de la infraestructura distrital
municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean
propiedad del municipio […]” (negrilla fuera del texto).

137. Por lo tanto, las vías que integran el barrio Campo Bello integradas a la “[…]
infraestructura vial pública […]” urbana del municipio de Popayán tienen la condición
de vía urbana, espacio público y por ende se encuentran a cargo del ente territorial.

138. De otra parte, el servicio de alumbrado público fue definido por el artículo 2 del
Decreto 2424 de 18 de julio de 2006 como “[…] el servicio público no domiciliario
que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de
los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito
vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o
Distrito. […]” (negrilla fuera de texto).

139. La norma establece adicionalmente que el servicio de alumbrado público
comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado
público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la
reposición y la expansión del sistema de alumbrado público y su artículo 4 ibidem
complementa que:

76
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias […].
ARTÍCULO 1o. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a la infraestructura del transporte […]”.
77
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones […]”.

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“[…] Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del
servicio de alumbrado público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa o
indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros
prestadores del servicio de alumbrado público. […]” (negrilla fuera de texto).

140. El artículo 2.2.3.1.2. del Decreto núm. 1073 de 26 de mayo de 201578,
modificado por el Decreto núm. 943 de 30 de mayo de 201879, definió el servicio de
alumbrado público al indicar que es el “[…] Servicio público no domiciliario de
iluminación, inherente al servicio de energía eléctrica, que se presta con el fin de
dar visibilidad al espacio público, bienes de uso público y demás espacios de libre
circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de
un municipio o distrito, para el normal desarrollo de las actividades […]”. La norma
indicó que su prestación corresponde al respectivo municipio o distrito.

141.Según esas definiciones, el objeto de la prestación del servicio público esencial
bajo análisis consiste en la provisión del alumbrado en los bienes y espacios de uso
público y libre circulación con tránsito peatonal y vehicular como parques o vías que
se encuentren localizadas en el perímetro urbano y rural del respectivo municipio o
distrito.

142.Adicionalmente, las disposiciones transcritas indican que el municipio o distrito
será responsable de garantizar ese servicio en las áreas urbanas y en los centros
poblados de las zonas rurales en donde técnica y financieramente resulte posible
su prestación, así como en los espacios de libre circulación, con tránsito peatonal o
vehicular, dentro del perímetro urbano y rural del municipio o distrito.

143.Lo anterior en armonía con lo dispuesto en los artículos 311 y 365 de la
Constitución Política80; 281 y 5 de la Ley 142 de 11 de julio de 199482; y 76 de la Ley
715 de 21 de diciembre de 200183, según los cuales corresponde al Estado asegurar
a sus habitantes la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos, por lo

78
“[…] Reglamentario del Sector de Minas y Energía. […]”.
79
“[…] Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título III del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público
[…]”.
80
“[…] Articulo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control
y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la
mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades
estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden
privadas del ejercicio de una actividad lícita. […]”.
81
“[…] Artículo 2o. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado intervendrá en los servicios públicos,
conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a
370 de la Constitución Política, para los siguientes fines:
2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad
de vida de los usuarios.
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico.
2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito
o de orden técnico o económico que así lo exijan.
2.5. Prestación eficiente. […]”.
82
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. […]”.
83
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. […]”.

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que debe adoptar medidas necesarias para garantizar el servicio de alumbrado
público en óptimas condiciones de funcionalidad.

144.En ese orden de ideas, para la Sala, los argumentos planteados por el municipio
en su recurso, mencionados al inicio de este apartado, no son de recibo, pues
Campo Bello es un barrio del municipio de Popayán.

145. El ente territorial es el encargado de prestar el precitado servicio público en los
términos del artículo 4.° del Decreto núm. 2424 de 18 de julio de 2006, ya sea
directamente o a través de una empresa de servicios públicos domiciliarios u otros
prestadores del servicio.

146.Las vías de ese municipio forman parte de la infraestructura pública vial urbana.
Por lo tanto, corresponde al ente territorial realizar el censo del sistema de
alumbrado público, y dicha omisión no lo justifica para no prestar este servicio
esencial.

147. En el proceso se acreditó que el obstáculo que limita la libre circulación y el
tránsito vehicular y peatonal en la zona está relacionado con la instalación de la
talanquera, guadua o “vaya” por los habitantes de Campo Bello y que ello constituyó
el fundamento de la administración municipal para negar la prestación del servicio
de alumbrado público.

148. Prueba de ello lo constituyen los diversos oficios e informes suscritos por la
Secretaría de Hacienda Municipal y la Compañía Energética de Occidente S.A.S.
E.S.P. en los que se indica que no se presta el servicio porque los habitantes del
barrio tienen restringido el acceso tanto vehicular como peatonal a la zona.

149.Ello fue ratificado en las declaraciones rendidas por la señora Paola Jimena
Ramos Caicedo, representante legal suplente de la Compañía Energética de
Occidente S.A.S. E.S.P., y por el ingeniero electricista, señor Edison Fabián Rendón
Cadavid, quienes advirtieron que existe un cerramiento que impide la libre
circulación en el sector y que se relaciona con la presencia de una vara o “guadua”
que es operada por personal de vigilancia.

150. Aún así, como se indicó anteriormente, la acción popular resulta improcedente
respecto de la afectación al goce del espacio público por la construcción de la caseta
ubicada al costado de la talanquera, al existir una controversia pendiente en torno
a la naturaleza de este bien. Sin embargo, como tal aspecto no es parte de las
pretensiones de la demanda, la Sala se releva de emitir un pronunciamiento frente
a este.

151. Por lo tanto, se modificará el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia de 3 de julio de 2025, en el sentido de establecer que, en este caso, para
la protección de los derechos amparados, es necesaria la adopción de una medida
que garantice el espacio público y la libre circulación al interior del barrio,

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consistente en el levantamiento de la vara o “talanquera” que se encuentra en la vía
de acceso al barrio Campo Bello. Para ello, el municipio de Popayán ejercerá sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en el sentido de adelantar
las acciones administrativas y/o policivas necesarias, teniendo en cuenta que dicho
obstáculo fue instalado por terceros.

152. Finalmente, la Sala confirmará las demás órdenes de amparo, y según lo
previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201284 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión núm. 27
en la providencia de 6 de agosto de 201985, no se condenará en costas en esta
instancia porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
de 3 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, el cual quedará
así:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE POPAYÁN que adelante, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, las acciones
administrativas y/o policivas necesarias para levantar de manera definitiva la vara o
“talanquera” que se encuentra en la vía pública de acceso al barrio Campo Bello.

Para dar cumplimiento a esta orden, se le concederá el término improrrogable de
quince (15) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, para que inicie
las respectivas actuaciones. [...]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 3 de julio de 2025.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

84
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
85
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia de Unificación
de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posteri or
consulta, de conformidad con la ley.

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