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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00002-01

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00002-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 50 Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00002-01 Actor: LUIS ALFREDO LOZANO SALGAR PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 28 de julio de 2022 y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00002-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

8 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00002-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: LUIS ALFREDO LOZANO SALGAR

TESIS: LA ACCIÓN POPULAR ES IMPROCEDENTE PARA DEFINIR
ASUNTOS EN QUE EXISTE INCERTIDUMBRE ACERCA DE LA
TITULARIDAD DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO PÚBLICO DE
UNA COLECTIVIDAD

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE
DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS
BIENES DE USO PÚBLICO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los

apoderados de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y

REGISTRO1, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

TERRITORIO2 y, en forma adhesiva, por la sociedad PLAY PARK

S.A.S3, contra la sentencia de 28 de julio de 2022, proferida por la

Sección Primera -Subsección “B”- del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca4.

1
En adelante la Superintendencia.
2
En adelante el Ministerio.
3
En adelante Play Park.
4
En adelante el Tribunal.

2

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Actor: LUIS ALFREDO LOZANO SALGAR

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

El señor LUIS ALFREDO LOZANO SALGAR, en ejercicio de la

acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19985, presentó

demanda contra la SUPERINTENDENCIA, la ALCALDÍA LOCAL

DE KENNEDY6, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO7, la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL8 y la

sociedad PAR INURBE -EN LIQUIDACIÓN-9, tendiente a que se

protegiera el derecho colectivo al goce del espacio público y la

utilización y defensa de los bienes de uso público.

I.2. Hechos

Expuso que en la localidad de Kennedy - la Urbanización Castilla,

ubicada en la manzana 75 del plano núm. F-114/4-14, entre las

5
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6
En adelante la Alcaldía.
7
En adelante el DADEP.
8
En adelante UAECD.
9
En adelante INURBE.

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transversales 77 y 78 y la diagonal 7ª bis C y calle 7ª C bis, afectó

una zona de reserva de 1.640.47 m2.

Indicó que la zona de reserva, desde hace más de 30 años, ha sido

custodiada por la comunidad y las entidades distritales, como el

DAMA con la siembra de árboles, así como la Empresa de Energía

de Bogotá – hoy CODENSA S.A. mediante la instalación de postes

de alumbrado público y redes eléctricas.

Anotó que el 21 de diciembre de 2010, con la aquiescencia de las

autoridades locales, el área fue objeto de cerramiento con la

instalación de una franja verde de polisombra por particulares que

manifiestan ser propietarios del terreno, situación que ha sido

recurrente.

Afirmó que la zona donde se encuentran las urbanizaciones Castilla,

Rincón de los Ángeles y Madriles eran de propiedad del extinto

Instituto de Crédito Territorial, ahora INURBE.

Manifestó que la Urbanización Castilla funda su presunto derecho

sobre la zona de reserva porque figura la matrícula inmobiliaria

núm. 50S-1159234 de 17 de mayo de 1988 de la Oficina de Registro

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de Instrumentos Públicos Zona Sur, cuya apertura se realizó en

cumplimiento de una sentencia proferida en un juicio de pertenencia

por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá, cuya acción fue

incoada por la señora Soledad Ramírez contra el señor Guillermo

Martínez.

Sostuvo que la información registrada en la matrícula en mención

presenta inconsistencias en cuanto a la extensión del terreno, pues

difiere del área afectada por la Urbanización Castilla; y en la

nomenclatura y la cédula catastral asignadas al inmueble

identificado bajo dicho folio, comoquiera que la zona de reserva

carece de ambas.

Destacó que en Oficio núm. 5357 de 6 de julio de 2010, el DADEP

informó que luego de verificar el plano F-114-14 se advirtió que

existe una zona demarcada como de reserva, correspondiendo a un

área útil de la Urbanización Castilla de 1.640,47 m2, conforme con

el cuadro de áreas – loteo allí referido.

Adujo que a pesar de no existir un acta de entrega material ni

jurídica de la zona de reserva al Distrito Capital a través de la

Defensoría del Espacio Público, lo cierto es que la extinta

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Procuraduría de Bienes del Distrito, hoy DADEP, mediante Oficio

núm. PRB-1722 de 27 de junio de 1992 indicó que la zona objeto

de esta acción corresponde a una zona verde de propiedad del

Distrito Capital, destinado para la recreación.

I.3. Pretensiones

“[…] PRIMERA: Amparar el derecho colectivo al uso y goce del
espacio público “Zona de Reserva” que se encuentra dentro del
Plano No. F-114/4-14 que corresponde a la Urbanización Castilla,
Manzana No. 75 ubicada entre las Transversales 77 y 78 y la Diagonal
7 A Bis C Calle 7C de la Localidad de Kennedy y con un total de
1.640,47 m2.

Para ello, decrete lo siguiente:

-1.-1 Ordene a la Superintendencia de Notariado y Registro debe
revocar el folio de matrícula No. No. 50S-1159234 con fecha de
apertura de 17 de mayo de 1988, correspondiente al predio de la calle
7 C Bis No. 76 A 41 de Bogotá D.C. en razón que es espacio público
"Zona de Reserva".

-1.2 Ordene en consecuencia la cancelación de las Anotaciones Nos.
1, 2,3, 4, 5 y 6 del citado folio de matrícula inmobiliaria, como así
mismo de la Escritura Pública No. 1688 de fecha 16 de abril de 2010
de la Notaría 68 de Bogotá D.C.

-1.3 Decrete la nulidad de todo el proceso y de la sentencia dictada
por el Juez 1 Civil del Circuito de Bogotá D.C. dentro del juicio de
pertenencia incoado por Soledad Ramírez.

-1.4 Ordene que la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital debe revocar el acto de asignación de la nomenclatura y
cédula catastral asignada al predio de la Calle 7C Bis No. 76 A- 41 de
Bogotá D.C.

-1.5 Decrete la nulidad de todo el proceso ejecutivo que cursó en el
Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá D.C., promovido por Pilar

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Vanegas Roa. En consecuencia, también ordene la nulidad del Auto
de Adjudicación de Remate a favor de Julián Alirio Martínez Suárez.

-1.6 Decrete la nulidad de la diligencia de entregas de fechas junio de
2010 y noviembre 25 de 2010 realizadas por la Inspección 8 C
Distrital de Policía de Kennedy, dentro del Despacho Comisorio No,
039 procedente del Juzgado 20 Civil del Cto de Bogotá D.C.

-1.7 Ordene al Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público - DADEP - que proceda, previo amojonamiento y
alinderamiento, a levantar la correspondiente Acta de Aprehensión de
la totalidad de la "Zona de Reserva" señalada en el Plano No. F-114/4
-14 que corresponde a la Urbanización Castilla, Manzana No. 75
ubicada entre las Transversales 77 y 78 y la Diagonal 7 A Bis C y Calle
7 C Bis de la Localidad de Kennedy, con un total de 1640.47m2 y que
dicha zona de espacio público sea incorporada al Archivo Físico y al
Sistema SIDEP.

-1.8 Ordene al Alcalde Local de Kennedy, tomar las medidas
preventivas tendientes a la conservación y protección de la Zona de
Reserva". Para ello, a través del Comandante de la VI Estación de
Policía deberá impartir las órdenes pertinentes en tal sentido.

-1.9 ordene la nulidad del acto jurídico de "Actualización de Área y
Linderos" contenido en la Escritura Pública No. 1688 de abril 16 de
2010 de la Notarla 68 de Bogotá D.C., como consecuencia de la
anterior declaración, ordene la CANCELACIÓN de la citada Escritura
Pública. Ofíciese al Notario.

SEGUNDA: Conceder a las entidades demandadas un plazo razonable
para la ejecución de los actos y acciones tendientes a la protección y
conservación del Statu Quo (sic) de uso y goce de la "Zona de Reserva
para todos los ciudadanos de Bogotá D.C.

TERCERA: Se me conceda el estipendio o incentivo económico
establecido por el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- La SUPERINTENDENCIA indicó que las anotaciones en el

registro solo pueden ser modificadas cuando existe error y cuando

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son canceladas por orden judicial, amén de que tampoco ha recibido

ningún documento de alerta o prevención a notarios o registradores

en relación con el registro de escrituras relacionadas con la

Urbanización Castilla.

Propuso como excepciones:

“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”. Alegó

que no es la competente para determinar las zonas de reserva y su

registro, lo cual, a nivel distrital, le corresponde a la Secretaría de

Medio Ambiente y, además, cumplió con su deber legal de registrar

los actos que fueron solicitados respecto de la matrícula inmobiliaria

50S-11599235.

“RELACIÓN DE CAUSALIDAD”. Aseguró que no existe nexo

causal ente el servicio que presta y el presunto perjuicio alegado,

toda vez que la causa determinante del daño radica en los hechos

u omisiones de las entidades públicas que tiene por función informar

a las Oficinas de Registros de Instrumentos Públicos los actos que

afectan una zona declarada como reserva ambiental.

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“INDEBIDA ACCIÓN”. Sostuvo que a través de la acción popular

no puede pretenderse la reparación individual o colectiva del daño

presuntamente causado por la acción u omisión de autoridades o

particulares.

I.4.2.- El DADEP - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ manifestó

que conforme con lo expuesto por la Alcaldía Local de Kennedy en

Oficio núm. 20111083055911, con fundamento en concepto técnico

208EE7621 de la Defensoría del Espacio Público, el predio objeto de

la acción no hace parte del inventario de bienes de uso público o

fiscales de propiedad del Distrito Capital, así como tampoco existe

un acto administrativo de recibo o toma de posesión por parte este.

Aseveró que debe desestimarse el documento emitido por la

Procuraduría de Bienes del Distrito, porque en la actualidad, luego

de la respectiva verificación, se concluyó que el predio no es una

zona de reserva.

Refirió que no resulta procedente el reconocimiento del incentivo,

toda vez que las norma que lo tenía previsto fue derogada con la

promulgación de la Ley 1425 de 2010.

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Propuso las siguientes excepciones:

“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”. Alegó

que conforme con el Decreto 203 de 29 de junio de 200510, la

Secretaría General de la Alcaldía Mayor es la que tiene la

representación en acciones populares y de grupo que involucren al

Distrito o cualquiera de sus organismos del sector central.

“IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR”. Sostuvo que la

acción popular no es la vía para alcanzar el cometido que tiene el

actor popular, pues no cumple con los presupuestos del artículo 9º

de la Ley 472.

“INEXISTENCIA DE AMENAZA, DAÑO O VIOLACIÓN”. Afirmó

que la amenaza alegada no fue demostrada.

“INEXISTENCIA DEL DAÑO – NEXO CAUSAL”. Aseguró que no

existe daño ni nexo causal entre el servicio que presta y el presunto

perjuicio alegado, toda vez que la causa determinante radica en

hechos u omisiones de las entidades públicas que tienen por función

10
"Por el cual se efectúan unas delegaciones y asignaciones en materia de representación legal,
administrativa, judicial y extrajudicial del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones en la
materia".

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informar a las Oficinas de Registros de Instrumentos Públicos los

actos o hechos que afectan una zona declarada reserva ambiental.

I.4.3.- El PAR INURBE – en liquidación precisó que durante su

vigencia nunca tuvo entre sus facultades la defensa del espacio

público o vigilar la construcción de obras, actividades propias de los

municipios, y mucho menos en su proceso de liquidación, que

culminó el 31 de diciembre de 2007.

Destacó que en mesa de trabajo de 12 de octubre de 2010 se

precisó que la cesión gratuita de zonas para uso público se realiza

al Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público

cuando existe señalamiento expreso en los planos urbanísticos

aprobados por planeación distrital, lo que no ocurrió en este caso,

comoquiera que el plano aprobado por Planeación Distrital núm.

F.114/4-17 no prevé los lotes objeto de la acción como zonas de

cesión obligatorias, de manera que se trata de áreas de carácter

privado de dos propietarios, entre ellas el PAR INURBE.

Adujo que la acción promovida es improcedente porque lo

pretendido es la protección del espacio público respecto de bienes

de naturaleza privada.

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Indicó que el actor incurrió en una confusión al tratar

indistintamente una zona de cesión obligatoria y un área de reserva

en desarrollo de un programa de vivienda, esta última que al ser

trasladada de una entidad pública liquidada a un patrimonio

autónomo se convierte un bien fiscal de manejo privado.

Propuso, con fundamento en lo anterior, las excepciones de “falta

de legitimación en la causa por pasiva” e “improcedencia de la

acción”.

I.4.4.- La UAECD argumentó que no le es atribuible la vulneración

de derechos colectivos, puesto que la expedición de la certificación

de cabida y linderos expedida el 30 de marzo de 2010 tuvo por

fundamento los documentos aportados por el solicitante, entre

estos el levantamiento topográfico del predio, ante la falta de

precisión de los linderos reseñados en la sentencia de 30 de agosto

de 2008, proferida por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá,

D.C.

Afirmó que resultaba improcedente reconocer al actor el incentivo

económico, comoquiera que el mismo fue derogado por la Ley 1425

de 2010.

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I.4.5.- La sociedad PLAY PARK, vinculada al proceso por ser la

propietaria del pedio identificado con la matrícula inmobiliaria 50S-

1159234, manifestó que las anotaciones registradas en dicho folio

son producto de las actuaciones judiciales surtidas en el proceso de

pertenencia, así como los documentos emanados de UAECD, la

Secretaría de Hacienda Distrital, la Alcaldía Mayor de Bogotá,

Notarías y Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, todo lo cual

ofrece certeza sobre la naturaleza del inmueble.

Adujo que para esa época no había recibido físicamente el bien

porque al tratarse de un terreno sin construcciones, la comunidad

lo ha venido considerando como de uso público y se ha opuesto a

su entrega, siendo necesario que el juez que profirió la sentencia

comisionara al Juzgado 12 Municipal Civil de Descongestión de

Medidas Cautelares; sin embargo, no ha sido posible cumplir la

comisión porque, presuntamente, las autoridades distritales lo han

impedido.

I.5. Pacto de cumplimiento

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La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 26 de julio

de 2011, declarándose fallida por ausencia de fórmulas de acuerdo

entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 28 de julio de 2022, declaró la

vulneración del derecho colectivo al goce del espacio público y

utilización y defensa de los bienes de uso público, en relación con el

predio denominado “La Gloria”, identificado con folio de matrícula

inmobiliaria núm. 050S-1159234, con fundamento en lo siguiente:

Destacó que, de acuerdo con las conclusiones del informe técnico

allegado por la UAECD y lo indicado por el Distrito Capital en la

comunicación, en la que puso de presente hechos nuevos, aun

cuando en principio la franja de terreno del predio objeto de la

acción está reconocida como propiedad privada en virtud de la

sentencia de adjudicación proferida en favor de Julián Alirio Martínez

Suárez, las investigaciones realizadas por las entidades distritales

demostrarían que esta zona hace parte del espacio público, pues su

extensión no es de 4.643,50 m2, sino de 2.636 m2.

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Sostuvo que las pruebas demostraron que el predio presenta una

inconsistencia en su área y linderos que generó sobreposición con

una zona de reserva de la manzana 75 Urbanización Castilla, de

propiedad del DADEP y un predio fiscal del Ministerio de Vivienda,

Ciudad y Territorio, identificado con matrícula inmobiliaria núm.

50C-569481.

A su juicio, la vulneración del derecho colectivo invocado se acreditó

por el reconocimiento realizado por la UAECD sobre la existencia

de un error en el certificado de cabida y linderos expedido por esa

entidad en el año 2010 que llevó a que la titularidad del predio “La

Gloria” se radicara en particulares.

En consecuencia, impartió las siguientes órdenes:

“[…] 3º) ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital que en el término de seis (6) meses realice las gestiones
pertinentes con el fin de que se anule la certificación de cabida y
linderos radicación no. 2010-234306, del predio identificado con
nomenclatura calle 7C Bis – 76 A-41, expedida el 30 de marzo de
2010 y que se proceda a corregir la inscripción del mencionado predio
en el censo catastral.

4º) Ordénase a la Superintendencia de Notariado y Registro, al
Distrito Capital – Alcaldía Local de Kennedy – Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, a la Unidad
Administrativa de Catastro Distrital, al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio y la sociedad Play Park S.A.S, que en forma coordinada,
en un término de 6 meses adelanten las respectivas acciones

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administrativas y judiciales para obtener la anulación de los actos
(certificaciones de cabida y linderos y escrituras públicas) y decisiones
judiciales mediante las cuales se adjudicó a particulares el predio
identificado con la matrícula inmobiliaria no. 50S-1159234, ubicado
en la Calle 7 C Bis -76 A – 41 y/o Calle 7 C Bis 76 A D1, localizado en
el Barrio Kennedy [sic] Sector Banderas de la ciudad de Bogotá.
Realizado lo anterior el predio antes señalado deberá incorporarse
como bien de uso público, con el fin de eliminar su traslape con la
Urbanización Castilla.

5º) En consecuencia de lo anterior, ordénase a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – Dirección Seccional de Impuestos
de Bogotá – División de Gestión de Cobranzas – Grupo Coactiva I, en
coordinación con la Superintendencia de Notariado y Registro, al
Distrito Capital – Alcaldía Local de Kennedy – Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, a la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital, al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y la sociedad Play Park S.A.S, realizar las gestiones
correspondientes para la suspensión de las acciones tendientes a
obtener y/o lograr el remate del bien inmueble identificado con el
Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50S-1159234, ubicado en la Calle
7 C Bis No. 76 A -41 y/o Calle 7 C Bis 76 A D1 (Dirección Catastral),
denominado Laia, localizado en el Barrio Kennedy sector Banderas de
la ciudad de Bogotá, ya que le mismo deberá incorporarse como bien
de uso público de conformidad con lo ordenado en el numeral 4º de
la presente providencia.

6º) Confórmase un comité de verificación integrado por el Ministerio
Público, un delegado del Distrito Capital – Alcaldía Local de Kennedy,
un delegado de la Superintendencia de Notariado y Registro, un
delegado del Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público, un delegado de la Unidad Administrativa de Catastro
Distrital y un Delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
y un delegado de la sociedad Play Park S.A.S., para que se encarguen
de comprobar el cumplimiento de lo ordenado en el presente fallo.
Comité que deberá rendir ante esta Corporación un informe de las
gestiones adelantadas, a fin del cumplimiento total y efectivo a la
orden aquí impartida […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

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III.1 La SUPERINTENDENCIA manifestó que la orden relacionada

con las gestiones tendientes a obtener la anulación de los actos

(certificación de linderos y escrituras públicas) mediante los cuales

se adjudicó a particulares el predio objeto de la acción, y la

suspensión de las acciones para lograr el remate del inmueble,

constituyen asuntos de competencia de las alcaldías Mayor de

Bogotá y de Kennedy, del DADEP, de la UAECD, del Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio y de la DIAN.

Indicó que no existe posibilidad alguna que, sin desconocer sus

funciones y competencias, pueda dar cumplimiento a la sentencia

impugnada, toda vez que la función registral que está a su cargo es

meramente informativa antes que declarativa de los actos

susceptibles de registro.

Adujo que la sentencia omitió pronunciarse acerca de las demás

anotaciones que componen el folio de matrícula en mención y no

fueron objeto de reproche, dado que tienen relación e

interdependencia temporal, formal y sustancial.

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Solicitó revocar el fallo apelado y, en su lugar, declarar su falta de

legitimación por pasiva o, en su defecto, limitar las órdenes

impartidas por el a-quo atendiendo a la naturaleza de la función

registral.

III.2. El MINISTERIO afirmó que transfirió el predio al Distrito

Capital, a quien compete promover las acciones judiciales y

administrativas de protección de ese espacio público, de manera

que las órdenes impartidas en los numerales 4º y 5º de la parte

resolutiva de la sentencia le resultan de imposible cumplimiento y,

mucho menos puede atribuírsele la vulneración del derecho

colectivo amparado.

Alegó que, en su caso, se configura la falta de legitimación en la

causa por pasiva y, en consecuencia, deben modificarse los

numerales 1º, 4º, 5º y 6º.

III.3. La sociedad PLAY PARK sostuvo que aunque existen

pruebas sobre inconsistencias en la actualización del área y linderos

del predio el material probatorio no permite concluir que una vez

depurado el inmueble a su verdadera dimensión (2.636 m2), esta

área corresponda a bienes baldíos, concretamente al que identifica

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el fallo apelado como “Camino a Techo”, pues se trata de un

inmueble de propiedad privada del que no puede predicarse la

vulneración de derechos colectivos.

Indicó que el “área indebidamente” certificada en el 2010 por parte

de la UAECD, produjo una superposición del predio que adquirió de

forma legítima, sobre terrenos cuya titulación corresponde al

Estado, de acuerdo con el informe rendido por dicha entidad.

Destacó que el predio “La Gloria” cuenta con un título originario de

propiedad consistente en la sentencia declarativa proferida dentro

del proceso de pertenencia promovido en el año 1966 por Guillermo

Martínez y Soledad Ramírez, decisión que denota su naturaleza

particular; sin embargo, el Tribunal le restó relevancia a ello,

argumentando que dicha decisión judicial no obraba en el acervo,

sugiriendo que el proceso de pertenencia no existió y tampoco el

derecho allí declarado.

Adujo que aunque las pruebas allegadas sugieren que el predio en

mención está dentro del Camino a Techo, algunas refieren la

necesidad de consultar escrituras públicas y la cartografía de la zona

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para tener certeza sobre el trazado de dicho camino en todo su

recorrido.

Afirmó que las falencias probatorias en torno a la existencia y

extensión del presunto “Camino a Techo”, permiten plantear que

dicho camino no tiene naturaleza pública, incluso es posible que

hubiera sido pensado para servir a un proyecto de naturaleza

privada, como una vía de acceso particular al aeropuerto de ese

entonces, o bien una servidumbre sobre predios particulares.

Expuso que el Tribunal, sin estar suficientemente esclarecido y

dejando de lado la posibilidad de que bienes particulares sean

destinados a uso público sin que ello los convierta en bienes de

propiedad del Estado, asumió que era un bien estatal por tratarse

de un camino.

Resaltó que de asumir la existencia de ese camino y que el predio

La Gloria hacía parte de este, estaría demostrado que fue

interrumpido en ciertos tramos por construcciones privadas, como

la urbanización Castilla y Bavaria, lo cual pasó por alto el a quo, aun

cuando se trata de un hecho que lleva a inferir que el tramado

general del camino dejó de cumplir una función de uso público al

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punto de que algunas franjas de terreno a los que dio paso ahora

son predios particulares con un título de dominio privado.

En su sentir es “altamente preocupante” que el negocio que celebró

de buena fe, confiado en la cadena tradición del inmueble en la que

incluso se registran decisiones judiciales, quede desprovisto de

efectos y conlleve a la pérdida de su patrimonio, daño por el cual

debe responder el Estado, porque si en verdad es un bien público,

existió una falla en el servicio al otorgarle connotación privada e

ingresarlo al comercio, permitiendo negociaciones respecto de un

predio que tenía condición de inalienable.

Solicitó, en consecuencia, la revocatoria parcial del fallo de primera

instancia, por no existir vulneración de ningún derecho colectivo en

virtud de la titulación del predio “La Gloria”, si se entiende que ese

inmueble tiene un área privada de 2.636 m2.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La UAECD solicitó confirmar la sentencia impugnada en

razón a que cumple los requisitos previstos en el artículo 187 de la

Ley 1437 de 2011, pues está motivada, en ella se realiza el análisis

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crítico de las pruebas y los razonamientos legales de las partes en

controversia y se pronunció sobre la excepción de falta de

legitimación en la causa propuesta por las demandadas.

Sostuvo que promovió el proceso ordinario para obtener la

anulación de la certificación de cabida y linderos No. 2010- 234306

del predio identificado con nomenclatura calle 7 C Bis – 76 A - 41,

expedida el 30 de marzo de 2010, el cual se encuentra para fallo en

segunda instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

y al que, afirmó, se encuentra supeditadas las órdenes de los

numerales 3 y 4 de la sentencia objeto de apelación.

IV.2. La SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL, al igual que la

UAECD, expuso que el fallo cuestionado se ajusta a los

requerimientos fijados en la Ley 1437 en cuanto a motivación,

análisis crítico de pruebas y razonamientos legales, y resolución de

las excepciones propuestas.

Adujo que los cuestionamientos de la sociedad PLAY PARK que

sugieren una equivocación del a quo acerca de la extensión real del

predio una vez depurado a sus verdaderas dimensiones, carecen de

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sustento probatorio y, en esa medida, los cargos de la apelación

resultan insuficientes y deben desestimarse.

Destacó que en el proceso quedó demostrado que la dimensión real

del predio “La Gloria” corresponde a 2.636-0 m2 y no a 4,643.50

m2, de manera que el área circundante erróneamente certificada,

es y siempre ha sido espacio público.

IV.3.- Las demás partes guardaron silencio.

V.- CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público guardó silencio.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución

Política y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la

protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos

resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un

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daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas

o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para

el amparo de derechos colectivos como el invocado en el presente

asunto, cuya fuente de transgresión radica, presuntamente, en la

ocupación de una zona de uso público por parte de particulares.

Problemas jurídicos

En consideración a lo argumentado en los recursos de alzada, a la Sala

corresponde determinar:

i) ¿La acción popular constituye el instrumento judicial procedente para

dirimir la controversia suscitada en torno a la presunta vulneración de

los derechos colectivos invocados en la demanda? En caso afirmativo,

deberá establecerse:

ii) ¿Está acredita la vulneración de los derechos colectivos al goce del

espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público?

iii) ¿La SUPERINTENDENCIA y del MINISTERIO tienen competencia

para cumplir las órdenes impartidas por el Tribunal?

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Caso concreto

De la procedencia de la acción popular

Con miras a emitir pronunciamiento en relación con este asunto, a

continuación, se hará referencia al material probatorio relevante, a

saber:

-. Copia del Plano Urbanístico F. 114/4-14 correspondiente a la

Urbanización Castilla, en el cual se demarcan tres áreas como

“zonas de reserva”, así:

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• En memorando núm. 2008IE544 de 6 de octubre de 200811, el

subdirector de Registro Inmobiliario de la Defensoría del Espacio Público

indicó que:

“[…] De acuerdo con el sistema de información de la Defensoría del
Espacio Público, se estableció que el predio objeto de consulta se
encuentra incorporado en la plancha H-56, escala 1:2000 elaborada
por el IGAC y a su vez parte del predio se encuentra señalado en el
plano urbanístico No. F.114/4-14, correspondiente a la Urbanización
Castilla de la Localidad de Fontibón […].

. Revisado el plano F-114/4-14 de la Urbanización Castilla, se verificó
que existe una zona achurada demarcada como “ZONA DE RESERVA”,
sin embargo, no se especifica el tipo de reserva y corresponde
a un área útil de la urbanización de 1.640, 47 m2 de acuerdo
con el cuadro de Áreas – Loteo del mencionado plano […].

. […] En este sentido y por último se informa que una vez revisado el
archivo físico y el sistema de información (SIDEP) de esta Entidad, no
se encontró acto administrativo mediante el cual se haya hecho
entrega del predio de consulta a este Departamento
Administrativo, de igual manera, se verificó que el mismo no
hace parte del inventario de bienes de uso público o fiscales de
propiedad del Distrito Capital […]” (Resaltado de la Sala).

-. En memorando núm. 2011E6541 de 2011, la subdirectora de Registro

Inmobiliario del DADEP precisó que, en todo caso “[…] el predio objeto

de consulta […] no se encuentra incorporado al inventario de la

propiedad inmobiliaria distrital como bien de uso público, así como

tampoco se encuentra registrado en el inventario de bienes fiscales que

lleva esta entidad […]”12.

11
Folios 26 a 28, “4ED_CUAD3201100002.pdf”.

12
Folios 437 a 438, “4ED_CUAD3201100002.pdf”

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-. El plano F.114 4/1713 da cuenta de un reloteo en la Urbanización

Castilla y la reducción de la “zona de reserva” fijada en el plano

F.114/4-14, tal y como se evidencia en la parte superior izquierda

de la siguiente imagen:

La imagen que se presenta a continuación corresponde a una

ampliación de la anterior:

13
El plano completo obra a folio 197 de la AZ 2 del expediente físico.

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-. Acta de la audiencia de 30 de agosto de 2007 en la que se adjudicó a

Julián Alirio Martínez el predio identificado con matrícula inmobiliaria

núm. 50S-1159234, denominado “La Gloria”, en el marco del proceso

ejecutivo que cursó en el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá14 y Auto

de 6 de septiembre de 2007 mediante cual se aprobó el remate del bien

en comento, en el que se indica que su área corresponde a 4.118,75

varas cuadradas15, cuya información coincide con lo consignado en la

Escritura Pública núm. 1688 de 16 de abril de 201016, pero en la

certificación catastral de 13 mayo de 2008 se indicó que el predio en

cuestión comprendía un área de terreno de 4.986 m217.

14
Folios 53 a 55, “2ED_CUAD1201100002.pdf”.
15
Folios 302 y 303, ídem.
16
Folios 61 a 64, ídem.
17
Folio 56, ídem.

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-. Certificación de cabida y linderos expedida el 30 de marzo de 2010

por la UAECD18, en la que se estableció que “[…] el predio con la

nomenclatura CL 7C BIS 76A 41, CHIP AAA0082MCWF […] inscrito a

nombre de JULIÁN ALIRIO MARTÍNEZ SUÁREZ […] registra el área y

lindero que se encuentran contenidos en el reporte cartográfico anexo

[…]”19, cuyo plano es el siguiente:

18
Folio 65, “2ED_CUAD1201100002.pdf”.
19
Folios 340 a 342 “5ED_CUAD1201100002.pdf”.

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-. Memorando núm. 3-2012-03799 de 19 de abril de 2012, suscrito

por el director de Norma Urbana de la Secretaría de Planeación de

la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.20, en el que se indicó:

-. Mediante Resolución núm. 0018 de 14 de julio de 201421, el

Ministerio de Vivienda, en su calidad de Subrogatorio legal del

20
Folios 747 a 754 “5ED_CUAD2201100002.pdf”.
21
“Por la cual se transfiere a título gratuito la propiedad de bienes con vocación de uso público a
favor de Bogotá D.C – Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público”, expedida
por el Coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial de la Dirección del Sistema
Habitacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (fls. 260 a 262, AZ2, expediente físico).

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INURBE, transfirió al DADEP dos predios “con vocación de espacio

público”. De dicho acto administrativo se destaca lo siguiente:

“[…] Que el Instituto de Crédito Territorial (I.C.T.), adquirió un
inmueble en mayor extensión con un área aproximada de sesenta y
un (61) fanegadas nueve mil doscientos cuarenta y cuatro varas
cuadradas con cincuenta y cinco centésimos de varas cuadradas
(9.244,55 V2), a título de compraventa a la Compañía de Jesús,
mediante Escritura Pública número mil novecientos cuarenta y seis
(1946) de fecha 20 de mayo de 1967 otorgada en la Notaría 4 de
Bogotá registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-
569481 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá, Zona Centro.

Que dentro del folio de matrícula inmobiliaria antes anotado, se
registraron múltiples segregaciones particulares, no obstante, dicha
situación, quedaron zonas dispersas no segregadas del lote de
mayor extensión, individualizadas cartográficamente para futura
asignación de uso.

Que en el inmueble de mayor extensión se desarrolló la
urbanización "Castilla" reglamentada mediante Decreto
Distrital quinientos noventa y cuatro (594) del 1 de julio de
1963 y aprobado los planos urbanísticos definitivos mediante
oficio 10597 de 19 de noviembre de 1970 emitido por el
entonces Departamento Administrativo de Planeación
Distrital con los números F.114/4-7 al F.114/4-14.

Que posteriormente el lote correspondiente a la urbanización Castilla
presenta un reloteo efectuado por el Instituto de Crédito Territorial
con la URBANIZACIÓN CASTILLA-SA (LOS MADRILES)", cuyo plano
de modificación fue aceptado con el oficio número 14800 de fecha
24 de junio de 1976, aceptando el plano F.11414-17, hoy vigente
urbanísticamente.

Que posteriormente mediante Resolución CU2-2000-237 de fecha
24 de noviembre de 2000 emitida por la Curaduría Urbana 2 de
Bogotá Distrito Capital, se aprobó el lote 11 resultante de la
subdivisión del predio de mayor extensión ubicado en la carrera 77
No. 7B – 08 manzana 75, urbanización 5 etapa (los mandriles)
[SIC].

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Que realizado el análisis de las aerofotografías tomadas por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre la ciudad de Bogotá,
referenciadas con los vuelos C-1209 de fecha 2 de enero de 1967
foto 117 y C-1389 de fecha 16 de noviembre de 1971 foto 48 que
se adjuntan al presente acto administrativo, se corrobora que de una
parte, los terrenos objeto de esta transferencia, no cuentan con
construcción y ocupación alguna y se comprueba su colindancia con
el "antiguo camino a techo', situación descrita en los linderos
nominales del inmueble de mayor extensión e inscritos en la
Escritura Pública No. mil novecientos cuarenta y seis (1946), de
fecha 20 de mayo de 1967 otorgada en la Notaria 4 de Bogotá.

[…]

Que en el plano F.114/4-14 se determinó que los terrenos objeto de
esta transferencia tienen como destinación urbanística la
denominación de "zona de reserva” entendida ésta como un área
que podía eventualmente utilizarse para la adecuación e instalación
de servicios comunitarios.

Que con la modificación efectuada mediante el plano F.14/4-17, el
Instituto de Crédito Territorial aumentó las áreas privadas hasta el
máximo permitido de acuerdo con el diseño urbanístico proyectado
[…].

Que adicionalmente a lo anterior, se determinó mediante registro
fotográfico, que continuamente el Distrito Capital ejerce
mantenimiento a las zonas verdes y la arborización sobre los lotes
referidos, con inventario y control de parte de la entidad
competente. De igual manera, se evidenció la existencia de un
amoblamiento urbano (luminaria pública) al interior del mismo.

Es de aclarar que el predio objeto de esta transferencia, hace parte
del código de sector catastral identificado con el número
0065083701, conformado por los terrenos objeto de la transferencia
y parte de la zona donde se encontraba el antiguo camino techo.

[…]

Que de acuerdo con la solicitud efectuada por parte de la
Coordinación de Titulación y Saneamiento Predial, mediante oficio
número 2014EE9244 expedido por el Departamento Administrativo
Defensoría de Espacio Público de fecha 11 de julio de 2014, se
determinó que: "…con base en las consideraciones de carácter
legal y técnico anteriormente expuestas y en el uso y disfrute
colectivo dado al predio por la comunidad desde hace más de

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veinte (20) años, el cual apunta a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto,
los límites de los intereses individuales de los habitantes, y
en especial; en el hecho de asociación e interacción
ciudadana, el descanso, la instalación de algunos de los
servicios públicos básicos, la conservación y preservación del
paisaje y los elementos naturales del entono de la ciudad y
en general por todas las zonas existentes o debidamente
proyectadas en las que el interés colectivo ya es
expresamente manifiesto y conveniente.

[…]

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CESIÓN A TÍTULO GRATUITO, Ceder a título
gratuito a Bogotá Distrito Capital -Departamento Administrativo de
la Defensoría del Espacio Público representado por la Doctora
BLANCA INES DURÁN HERNÁNDEZ identificada con cedula de
ciudadanía No. … expedida en Bogotá en su calidad de Directora del
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público,
según Decreto 117 de 1 de abril de 2014 y Acta de posesión 146 de
1 de abril de 2014, los inmuebles descritos e identificados a
continuación:

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-. Informe técnico de 27 de febrero de 201522 en el que, tras el

análisis cartográfico del predio “La Gloria”, se indica lo siguiente:

“[…] FOLIO 50S-1159234

La Gloria, situado en el barrio Kennedy, sector Banderas señala en
la cabida y linderos del folio un área aproximada de 4.118,75 varas
cuadradas […]. Conforme al folio de matrícula inmobiliaria […]
según la anotación No. Uno (1) aparece que fue registrada la
Sentencia del Juzgado primero (1) del 05 de abril de 1966 – juicio
de pertenencia a Guillermo Martínez.

Posteriormente, de acuerdo a la anotación 4 del mencionado folio y
mediante AUTO 00 del 18 de abril de 2008 juzgado veinte (20) Civil
del circuito de Bogotá, se adjudica en REMATE el bien inmueble al
señor JULIAN ALIRIO MARTÍNEZ SUÁREZ relacionado a
continuación:

Lote de terreno situado en la ciudad de Bogotá en el área urbana de
Kennedy sector Banderas con un área aproximada de 4118,75
varas cuadradas.

[…]

En la Anotación 5 del folio, se registra la Escritura Pública No. 1688
del 16 de abril de 2016 Notaría 68 de Bogotá, por medio del cual se
actualizó el área y linderos expedido por la unidad Administrativa
Especial Catastro Distrital UAECD de fecha treinta (30) de marzo de
marzo de 2010 y su reporte cartográfico con un área terreno de
4643,50 m2.

De lo anterior se observa que el inmueble pasó de un área de terreno
inicial según títulos de 4118,75 v2 (2.662.77 m2 aproximadamente)
a un área de 4643,50 m2, área certificada que modificó la forma del
polígono y linderos inicial […].

De lo anterior encontramos que el área certificada a través de cabida
y linderos de la respuesta al trámite 2010-234306 varió la
conformación del polígono y los linderos del mismos, por
consiguiente, su extensión es superficiaria. Dicha certificación se
expidió con base en la información obtenida del LEVANTAMIENTO

22
AZ-1 anexa al memorial de 6 de abril de 2016, misma que reposa en el expediente físico.

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TOPOGRÁFICO CON NOMBRE PREDIO CL 7CBIS 76A 03/41 (según
consta en la mencionada certificación) documento cartográfico
aportado por el interesado en el estudio del mismo. No obstante, no
se encontró em la tradición jurídica de dicho folio, anterior a la
aclaración de linderos registrada en la anotación 5, el soporte debido
que conlleve a dicha modificación […].

LOCALIZACIÓN URBANÍSTICA

Urbanísticamente, el área del predio denominado La Gloria ubicado
en el sector catastral 006508 37 01 000 00000, cédula catastral D75
76A 11, dirección actual Cl 7C BIS 76A 41 y folio 50S-1159234 con
un área de 4643,50m² corresponde a:

Parte del área, a la ZONA DE RESERVA delimitada y señalada en la
de la manzana 75 de la Urbanización Castilla Planos F1 14/4-14 y
F114/4-17.

Y el resto del área del predio NO se ubica dentro de los sectores
catalogados como antiguos y consolidados definidos en la cartografía
expedida por la Secretaría Distrital de Planeación SDP como se
puede ver en la localización de los Urbanísticos que conforman el
sector y el área del denominado predio la Gloria […].

De lo anterior, encontramos que el Predio denominado La Gloria con
matrícula inmobiliaria 50S-1159234, se superpone sobre parte del
área de la Urbanización Castilla, planos F114/4-14 y modificatorio
Urbanización Castilla -5A Etapa - Los Madriles F114/4-17,
específicamente en el área denominada Área de Reserva señalada
en la manzana 75 de los mencionados planos Urbanísticos […].

CONCLUSIÓN

De la información anteriormente escrita encontramos

Que la información jurídica perteneciente al Predio denominado la
Gloria ubicado en la Localidad de Kennedy, sector catastral Las Dos
Avenidas con dirección actual calle 7 C Bis No. 76A-41 adjudicado
mediante juicio de pertenencia, sentencia del juzgado Primero (1)
de 1966- con folio 50S-1 159234, se inscribió en la cédula catastral
D7B 76A 11 (creada físicamente en 1977) el 29 de marzo de 2010
a través de la resolución 20 10- 3 1 196 en atención al trámite 2010-
1 10519 de Nueva Incorporación.

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Que la cédula catastral D7B 76A 11 fue creada en 1977 a nombre
del INSCREDIAL, escritura pública No. 1946/67 sin número de
matrícula inmobiliaria y un área de 197,27m²

De lo anterior, encontramos que la cédula catastral D7B 76A
11asociada al lote con matrícula inmobiliaria 50S-1 159234, e
incorporada en la base catastral con dirección CL 7C BIS 76A 41 y
área de terreno de 4643,50m²; no corresponde a dicho lote, toda
vez que dicha cédula catastral realmente pertenece al lote 1A
delimitado en el plano urbanístico de reloteo denominado Castilla -
5A Etapa los Mandriles - manzana 75, coincidente con el plano de
manzana Conservada 06508 37 de la UAECD- como se expuso en el
presente informe técnico.

Que La UAECD expidió certificación de cabida y linderos del predio
La Gloria con un área de 4986,60m². El folio 50S-1159234
correspondiente a la pertenencia, registra en su cabida y linderos un
área 4.188,75 v2 (2680,8m²aprox.). La certificación expedida por la
UAECD, fie protocolizada en la escritura pública No. 1688 del 16 de
abril de 2010, notaria 68 de Bogotá.

Dicha área certificada mediante cabida y linderos en respuesta al
trámite 2010-234306 varió la conformación del polígono y los
linderos del mismo, por consiguiente su extensión superficiaria.
Certificación que se expidió con base en la información obtenida del
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON NOMBRE PREDIO CL 7CBIS
76A 03/41 (según consta en la mencionada certificación) documento
cartográfico aportado por el interesado en el estudio del mismo.

Por tanto, el inmueble pasó de un área terreno inicial según títulos
de 4118,75 v2 (equivalente a 2662,77m² aproximadamente) a un
área de 4643,50m², área certificada.

La Zona de Reserva Manzana 75 de la urbanización Castilla,
señalada en el plano urbanístico F114/4-14 y posterior reloteo
modificado con plano F1 14/4-17 de la urbanización Castilla -5ª LOS
MADRILES), se encuentra inmersa dentro del área certificada del
predio La Gloria […]”23.

23
Fls. 14 a 27, AZ-1, expediente físico.

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-. Informe complementario del anterior24, allegado con los alegatos

de conclusión presentados en primera instancia por la UAECD25, en

el cual, con fundamento en los informes técnicos efectuados con

anterioridad, adujo lo siguiente:

<< […] [C]omo se menciona en el resumen presentado el pasado
30 de diciembre de 2014 el cual se anexa al presente, “El registro
Catastral D7B 76 A 11 fue inicialmente inscrito a nombre del
Instituto de Crédito Territorial con la escritura 1946 de mayo
20 de 1967, notaria 4 de Bogotá. Escritura que corresponde al
predio matriz propiedad del Instituto de Crédito Territorial con FMI
50C-569481 y registro catastral FB 11111, esta escritura no
corresponde a un loteo por lo que se requiere aclarar si ya existe
folio de matrícula individualizado para el registro catastral
D7B 76 A 11 o si continua siendo parte del área del predio
matriz”, lo anterior aclara que el Instituto de Crédito
Territorial es propietaria de un pedio matriz con matrícula
inmobiliaria 50C-569481, que corresponde a la Urbanización
Castilla, Plano No. F.114/1 anexo al presente informe.

[…]

Retomando nuevamente el tema del área de terreno, el registro
catastral D7B 76 A11 nace con un área es de 197.27 mt2 y la que
actualmente tiene inscrita en el SIIC es de 4.643.50 mt2 […].

Al analizar cartográficamente el predio que nos ocupa llamado
La Gloria identificado con código de sector
00650837010000000, chip AAA0082MCWF con área de
4,643.50 mt2 y matrícula 50S- 1159234 y el plano F114/1
Urbanización Castilla, el predio La Gloria se ubica parte
dentro del área o zona que corresponde a la Urbanización
Castilla con matrícula 50C-569481, es importante mencionar
que el predio La Gloria 50S-1 159234 no se segregó del predio Catilla
50C-569481 […].

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

24
Fls. 1a 12, AZ -1, expediente físico.
25
Dicho informe fue decretado como prueba de Oficio por el Tribunal mediante auto de 28 de
septiembre de 2016.

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Retomemos, las cuatro situaciones mencionadas al inicio de este
estudio a las que se pretende dar solución para resolver el asunto
del caso Predio La Gloria, matrícula 50S-1159234, en parte
generadas por la certificación de cabida y linderos emitida por la
UAECD en el año 2010 para el predio en mención.

1. Anulación del acto administrativo mediante el cual se emitió
certificación de cabida y Linderos del predio con chip
AAA0082MCWF, código de sector catastral 06508370100000000,
cédula Catastral 7B76A 11, matrícula inmobiliaria 50S-1159234,
solicitud realizada con radicación 2010-234306 certificando un área
de 4,643.50 m², cuando el área que se debió certificar era de
aproximadamente 2,636.00 m².

RTA/ Se debe proceder a la anulación del acto administrativo
mediante el cual se emitió la certificación de cabida y linderos para
el predio con sector 006508370100000000, matrícula inmobiliaria
50S-1159234 predio llamado la Gloria, la cual certifica un área de
4,643.50 m² y el área del predio es de 2,636.0 m2, por las siguientes
premisas:

A. El registro Catastral 7B 76 A 11 no le corresponde al predio
la Gloria, toda vez que menciona un área de 197.27 m², este
corresponde a un lote 1A señalado en la manzana conservada
06508 37 anexa al presente del año 1976, que corresponde a
la Urbanización los Mandriles (Manzana 75 de la Urbanización
Castilla), recordemos que el área actual que se encuentra inscrita en
la UAECD es de 4,643.50 mt2. La diferencia de área es bastante
considerable.

B. El cambio considerable de área para el registro catastral 7B 76A
11 se dio desde el proceso de formación para la vigencia 1992,
incorporando un área de 4,986. 60 m², recordemos que la UAECD
en sus procesos captura la información en campo directamente en
los predios ya que el deber de la entidad es reflejar la realidad de
los predios a la fecha de la correspondiente visita por lo que se
presume que en el momento de la formación no existía separación
física de la urbanización El Castillo con el predio La Gloria, por lo que
se incurrió en una inconsistencia.

C. Existe inconsistencia entre el área reportada en los documentos
jurídicos y el levantamiento topográfico anexado para el trámite de
certificación de cabida y linderos para el predio 0065083701000000
en el año 2010, recordemos que de conformidad con el artículo 83
de la constitución política de Colombia del año 1991 se presume la

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buena fe. El área Jurídica es de 4,118.74 v2 que equivalen a 2,636.0
m2 y el levantamiento topográfico reporta un área de 4,643.50 m2.

[…].

D. Al certificar cabida y linderos para el predio La Gloria matrícula
50S-1159234, se generó sobre posición con una zona de reserva de
la manzana 72 urbanización Castilla (antes Manzana urbanización
Mandriles) de propiedad del INSCREDIAL, que luego paso a ser
INURBE y hoy es Ministerio de Vivienda, zona que hacía parte de la
matrícula inmobiliaria 50C-569481 predio Castilla. Para realizar la
correspondiente corrección se requiere la anulación del acto
administrativo de cabida y linderos del año 2010.

E. Existe inconsistencia jurídica en los colindantes mencionados en
el documento jurídico aportado por el usuario en el año 2010, el cual
corresponde a la sentencia de remate de fecha 18-04-2008 del
juzgado 20 civil del circuito donde se mencionan los siguientes
linderos: “… con un área aproximada de 4,118.75 varas cuadradas,
cuyos LINDEROS SON: NORESTE en 25 mt con predios que son o
fueron de Antonio Sefair, SURESTE en 198 mt con predios de Antoni
Sefair, SUROESTE en línea curva de 3 mt...con predios que son o
fueron de Antonio Sefair y NOROESTE en 190 mt...con predios que
son o fueron de. Antonio Sefair …”.

Como se aprecia, linda por todos los costados con predio que son o
fueron del señor Antonio Sefair, sin embargo al estudiar la ubicación
del predio del señor Sefair corresponde a la Urbanización Rincón de
los Ángeles, por lo que se entendería que el predio La Gloria se
podría ubicar en cualquier parte dentro de la Urbanización de Rincón
de los Ángeles, sin embargo no es así porque por sus linderos en
sistema métrico decimal y las forma 10 ubican cartográficamente
entre la manzana 75 de la urbanización castilla ( manzana 37 para
la UAECD) y la Urbanización Rincón de los Ángeles, predios del señor
Sefair.

F. La existencia de Planos antiguos como el del predio Castilla y parte
de la Hacienda Techo planos protocolizados en las escrituras 1946
del 20-05-1967 otorgada en la notaría 4 de Bogotá predio castilla y
34 19 del 18-06-1946 otorgada a la notaría segunda de Bogotá
donde se señala el antiguo camino a techo en el lugar geográfico
donde se ubica el predio la Gloria.

Recordemos que estos caminos son predios Baldíos y por lo tanto
son de la Nación, por lo que no procedería emitir actos

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administrativos a favor de un particular. Le corresponde al DADEP
aclarar lo relacionado con este tema […]>26.

En virtud de lo anterior, se estableció que la realidad jurídica27 de

los lotes de terreno en cuestión está representada gráficamente así:

De la información obrante en los medios probatorios reseñados y,

especialmente de aquella obrante en el Informe realizado por la

UAECD a partir de la indagación y análisis de los datos históricos

catastrales del predio en referencia y los folios de matrículas

26
Fls. 10 a 12, AZ-1
27
Fl. 1 y 12, ibídem.

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inmobiliarias correspondientes a los predios involucrados, se

advierten los siguientes hechos relevantes para resolver el primer

problema jurídico planteado:

1.- En el año 1963, la autoridad urbanística expidió Decreto núm.

594 para reglamentar la urbanización Castilla, acto administrativo

del cual hicieron parte integrante los planos urbanísticos F 114/4-7

a F.114/4-14 y F. 114/4-17, que dan cuenta de la constitución de

una zona de reserva.

2.- En el año 1967, el Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá en

proceso de pertenencia adjudicó el predio “La Gloria” al señor

Guillermo Martínez, el cual es aledaño a las áreas que vienen siendo

destinadas para el uso público y tránsito de la comunidad residente

en el sector.

3.- El 6 de septiembre de 2007, el Juzgado 20 Civil del Circuito de

Bogotá, en el marco de un proceso ejecutivo contra el señor

Guillermo Martínez, aprobó el remate del predio “La Gloria” en favor

de Julián Alirio Martínez Suárez28, quien posterior a ello promovió

28
Fls. 15 y 16, AZ-2, expediente físico.

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ante la UAECD la actualización de los linderos del inmueble,

allegando para el efecto el levantamiento topográfico

correspondiente.

Sin embargo, conforme con la indagación y verificación llevada a

cabo por la autoridad catastral del Distrito Capital, cuyos apartes

pertinentes fueron reseñados anteriormente, la certificación de

cabida y linderos expedida el 30 de marzo de 2010 conllevó a la

superposición de inmueble “La Gloria” con aquellos catalogados

como “Zona de Reserva” en los planos de la Urbanización Castilla,

derivada de la información topográfica anexada por el solicitante de

la actualización de los linderos de dicho inmueble.

Como consecuencia de las inconsistencias advertidas en dichos

informes, la UAECD promovió demanda de nulidad contra la

certificación de cabida y linderos expedida en el año 2010, proceso

que se encuentra a la espera de decisión de segunda instancia por

parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Ahora, respecto de los lotes catalogados como “Zona de Reserva”,

la Sala destaca que para la época en que se construyó la

urbanización Castilla, la propiedad de esos lotes de terreno estaba

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en cabeza del Instituto de Crédito Territorial, pero con ocasión de

su liquidación, la titularidad pasó al INURBE y, finalmente, a

MINVIVIENDA en el año 2014, que mediante Resolución núm.

0018 de 14 de julio de 2014, cedió el derecho de dominio de estos

lotes de terreno al DADEP, en razón a la destinación dada a esas

áreas para el beneficio y aprovechamiento por parte de la

comunidad residente en ese sector, conforme con lo expuesto en

citada Resolución, de cuyo contenido se destaca los siguiente:

“[…] Que el Instituto de Crédito Territorial (I.C.T.), adquirió un
inmueble en mayor extensión con un área aproximada de
sesenta y un (61) fanegadas nueve mil doscientos cuarenta
y cuatro varas cuadradas con cincuenta y cinco centésimos
de varas cuadradas (9.244,55 V2), a título de compraventa a la
Compañía de Jesús, mediante Escritura Pública número mil
novecientos cuarenta y seis (1946) de fecha 20 de mayo de 1967
otorgada en la Notaría 4 de Bogotá registrada en el folio de
matrícula inmobiliaria No. 50C- 569481 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro.

Que dentro del folio de matrícula inmobiliaria antes anotado,
se registraron múltiples segregaciones particulares, no
obstante, dicha situación, quedaron zonas dispersas no
segregadas del lote de mayor extensión, individualizadas
cartográficamente para futura asignación de uso.

Que en el inmueble de mayor extensión se desarrolló la
urbanización "Castila" reglamentada mediante Decreto
Distrital quinientos noventa y cuatro (594) del 1 de julio de
1963 y aprobado los planos urbanísticos definitivos mediante
oficio 10597 de 19 de noviembre de 1970 emitido por el
entonces Departamento Administrativo de Planeación
Distrital con los números F.114/4-7 al F.114/4-14.

Que posteriormente el lote correspondiente a la urbanización
Castilla presenta un reloteo efectuado por el Instituto de

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Crédito Territorial con la URBANIZACIÓN CASTILLA-SA (LOS
MADRILES)", cuyo plano de modificación fue aceptado con el oficio
número 14800 de fecha 24 de junio de 1976, aceptando el plano
F.11414-17, hoy vigente urbanísticamente.

[…]

Que en el plano F.114/4-14 se determinó que los terrenos
objeto de esta transferencia tienen como destinación
urbanística la denominación de "zona de reserva” entendida
ésta como un área que podía eventualmente utilizarse para
la adecuación e instalación de servicios comunitarios.

Que con la modificación efectuada mediante el plano F.14/4-17, el
Instituto de Crédito Territorial aumentó las áreas privadas hasta el
máximo permitido de acuerdo con el diseño urbanístico proyectado

[…].

Que adicionalmente a lo anterior, se determinó mediante registro
fotográfico, que continuamente el Distrito Capital ejerce
mantenimiento a las zonas verdes y la arborización sobre los lotes
referidos, con inventario y control de parte de la entidad
competente. De igual manera, se evidencio la existencia de un
amoblamiento urbano (luminaria pública) al interior del mismo.

Es de aclarar que el predio objeto de esta transferencia, hace parte
del código de sector catastral identificado con el número
0065083701, conformado por los terrenos objeto de la transferencia
y parte de la zona donde se encontraba el antiguo camino techo.
[…]

Que de acuerdo con la solicitud efectuada por parte de la
Coordinación de Titulación y Saneamiento Predial, mediante oficio
número 2014EE9244 expedido por el Departamento Administrativo
Defensoría de Espacio Público de fecha 11 de julio de 2014, se
determinó que: "…con base en las consideraciones de carácter
legal y técnico anteriormente expuestas y en el uso y disfrute
colectivo dado al predio por la comunidad desde hace más de
veinte (20) años, el cual apunta a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los
límites de los intereses individuales de los habitantes, y en especial;
en el hecho de asociación e interacción ciudadana, el descanso, la
instalación de algunos de los servicios públicos básicos, la
conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales
del entorno de la ciudad y en general por todas las zonas existentes

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o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo ya es
expresamente manifiesto y conveniente […].

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CESIÓN A TÍTULO GRATUITO, Ceder a
título gratuito a Bogotá Distrito Capital -Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
representado por la Doctora BLANCA INES DURÁN HERNÁNDEZ
identificada con cedula de ciudadanía No. … expedida en Bogotá en
su calidad de Directora del Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público, según Decreto 117 de 1 de abril de
2014 y Acta de posesión 146 de 1 de abril de 2014, los inmuebles
descritos e identificados a continuación:

[…]” (Negrillas fuera del texto).

De lo expuesto, a juicio de la Sala, resulta evidente que respecto

de los predios catalogados como “Zona de Reserva” existe una

controversia respecto de su titularidad y naturaleza jurídica, la cual

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no debe ser zanjada en el marco de la presente acción popular,

pues ello impide la configuración de los presupuestos para declarar

la vulneración de los derechos colectivos invocados como

vulnerados.

En efecto, para que se configure la vulneración o amenaza de los

derechos colectivos al goce del espacio público y utilización y

defensa de los bienes de uso espacio público resulta necesario que

no exista controversia respecto de la naturaleza jurídica del bien

objeto de debate, pues el alcance de dichos postulados es la

protección material y efectiva del espacio público y de los bienes de

uso público frente a una afectación real y cierta con el propósito de

garantizar el acceso libre uso, goce y disfrute de la colectividad y,

asimismo, remover de forma eficaz cualquier circunstancia que

represente perturbación o limitación al ejercicio de tal derecho, en

pro de conservar la naturaleza y destinación de esos bienes. Sobre

el particular, la Sala en diferentes oportunidades ha precisado lo

siguiente29:

29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 26 de octubre de
2023, radicado: 700012333000201600328-01; sentencia de 23 de noviembre de 2023, radicado:
500012333000201900305-01; sentencia de 20 de junio de 2024, radicado:
660012333000201900764-01

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“[…] [E]l Constituyente de 1991 consideró necesario brindar al
espacio público una protección expresa de rango constitucional;
decisión que en criterio de la Corte Constitucional es compatible con
el Estado Social de Derecho. Al respecto, en la sentencia C-265 de
2002, la alta Corte consideró que “[…] [s]in duda, una de las
manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la
garantía de una serie de derechos sociales y colectivos como la
recreación (artículo 52 C.P.), el aprovechamiento del tiempo
libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente sano (artículo
79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del
texto).

39. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os
bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales
de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley,
son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.

40. El artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el
derecho al goce del espacio público implica el deber del
Estado de “[…] velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular […]”.

41. El derecho constitucional al espacio público, examinado en su
dimensión autónoma, es de carácter colectivo y puede ser protegido
por medio de las acciones populares. Dicho derecho está instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo
el título de los “Derechos Colectivos y del Ambiente”.

42. De allí que para los efectos de esta providencia, sea pertinente
enunciar los rasgos relevantes del espacio público, conforme a los
ya citados artículos 82 y 88 de la Constitución Política, así: 42.1. Es
deber del Estado, por ende, de sus autoridades, velar por la
protección de la integridad del espacio público.

42.2. Es deber del Estado y de sus autoridades, velar por su
destinación al uso común.

42.3. Es deber de las autoridades asegurar la efectividad del
carácter prevalente del uso común del espacio público sobre
el interés particular.

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42.4. Es deber de las entidades públicas ejercer la facultad
reguladora en materia de ordenamiento territorial, en
relación con la utilización del suelo y del espacio público para
la defensa del interés común, entre otros.

42.5. Es un derecho e interés colectivo.

43. Así las cosas, el buen uso, el libre acceso y la preservación
del espacio público son aspectos que en una sociedad
contribuyen a mejorar la calidad de vida y a garantizar la
existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a
todos los habitantes de una ciudad en condiciones de
igualdad […]”. (Negrillas fuera del texto original).

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que en eventos

como el sometido a consideración, en los que no existe certeza

sobre la titularidad del derecho de dominio de los bienes destinados

a la satisfacción de las necesidades colectivas de la comunidad que

reside en el entorno de la Urbanización Castilla y, por ende, una

afectación real de derechos colectivos, la acción popular no

constituye el mecanismo judicial idóneo para definir dicho asunto y

mucho menos cuando se advierte que el actor persigue controvertir

la legalidad de la certificación de cabida y linderos expedida en el

año 2010, la cual, por demás, ya está siendo discutida en un

proceso de nulidad adelantado por la UAECD.

En efecto, las pretensiones formuladas en la demanda plantean un

debate judicial que excede las facultades que le han sido atribuidas

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por el Legislador al juez constitucional para la protección de los

derechos colectivos, tal y como es dable concluir de los términos en

que fue estructurado el petitum del actor popular, a saber:

“[…] PRIMERA: Amparar el derecho colectivo al uso y goce del
espacio público “Zona de Reserva” que se encuentra dentro del
Plano No. F-114/4-14 que corresponde a la Urbanización Castilla,
Manzana No. 75 ubicada entre las Transversales 77 y 78 y la Diagonal
7 A Bis C Calle 7C de la Localidad de Kennedy y con un total de
1.640,47 m2.

Para ello, decrete lo siguiente:

-1.-1 Ordene a la Superintendencia de Notariado y Registro debe
revocar el folio de matrícula No. No. 50S-1159234 con fecha de
apertura17 de mayo de 1988, correspondiente al predio de la calle 7
C Bis No. 76 A 41 de Bogotá D.C. en razón que es espacio público
"Zona de Reserva".

-1.2 Ordene en consecuencia la cancelación de las Anotaciones
Nos. 1, 2,3, 4, 5 y 6 del citado folio de matrícula inmobiliaria,
como así mismo de la Escritura Pública No. 1688 de fecha 16
de abril de 2010 de la Notaría 68 de Bogotá D.C.

-1.3 Decrete la nulidad de todo el proceso y de la sentencia dictada
por el Juez 1 Civil del Circuito de Bogotá D.C dentro del juicio de
pertenencia incoado por Soledad Ramírez.

-1.4 Ordene que la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital debe revocar el acto de asignación de la nomenclatura
y cédula catastral asignada al predio de la Calle 7C Bis No. 76
A- 41 de Bogotá D.C.

-1.5 Decrete la nulidad de todo el proceso ejecutivo que cursó en el
Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá D.C., promovido por Pilar
Vanegas Roa. En consecuencia, también ordene la nulidad del Auto
de Adjudicación de Remate a favor de Julián Alirio Martínez Suárez.

-1.6 Decrete la nulidad de la diligencia de entregas de fechas junio
de 2010 y noviembre 25 de 2010 realizadas por la Inspección 8 C
Distrital de Policía de Kennedy, dentro del Despacho Comisorio No,
039 procedente del Juzgado 20 Civil del Cto de Bogotá D.C.

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49

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00002-01
Actor: LUIS ALFREDO LOZANO SALGAR

-1.7 Ordene al Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público - DADEP - que proceda, previo amojonamiento y
alinderamiento, a levantar la correspondiente Acta de Aprehensión de
la totalidad de la "Zona de Reserva" señalada en el Plano No. F-114/4
-14 que corresponde a la Urbanización Castilla, Manzana No. 75
ubicada entre las Transversales 77 y 78 y la Diagonal 7 A Bis C y Calle
7 C Bis de la Localidad de Kennedy, con un total de 1640.47m2 y que
dicha zona de espacio público sea incorporada al Archivo Físico y al
Sistema SIDEP.

-1.8 Ordene al Alcalde Local de Kennedy, tomar las medidas
preventivas tendientes a la conservación y protección de la Zona de
Reserva". Para ello, a través del Comandante de la VI Estación de
Policía deberá impartir las órdenes pertinentes en tal sentido.

-1.9 Ordene la nulidad del acto jurídico de "Actualización de
Área y Linderos" contenido en la Escritura Pública No. 1688 de abril
16 de 2010 de la Notarla 68 de Bogotá D.C., como consecuencia de
la anterior declaración, ordene la CANCELACIÓN de la citada Escritura
Pública. Ofíciese al Notario […]” (Resaltado fuera del texto).

Como consecuencia de lo anterior, la Sala revocará el fallo

impugnado y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción

popular, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

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50

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00002-01
Actor: LUIS ALFREDO LOZANO SALGAR

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 28 de julio de 2022 y, en su

lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción popular, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión de 8 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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