Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00184-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2019-00184-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2019-00184-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de febrero de 2025
Radicado: 19001-23-33-000-2019-00184-01
Demandante: Nivia Bioledy Álvarez Males
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2019-00184-01 (3171-2022)
Demandante: Nivia Bioledy Álvarez Males
Demandado: municipio de Almaguer - Cauca
Temas: Sanción moratoria por el no pago oportuno de prestaciones sociales
derivadas del reconocimiento de una relación laboral declarada en
sentencia. Confirma la decisión de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 21 de abril de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones de la demanda.
La señora Nivia Bioledy Álvarez Males por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la
nulidad del acto ficto o presunto, producto de la no respuesta del municipio de
Almaguer – Cauca a la petición del 16 de marzo de 2012.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en
la Ley 244 de 1995, causada desde el día setenta y uno (71) siguiente a la radicación
de la solicitud y hasta el día en que se haga efectivo el pago de la prestación y ii) se
indexe la suma a reconocer en los términos del artículo 178 del CPACA, de acuerdo
con el IPC certificado por el DANE.
1.1. Hechos
Como hechos, se señalaron los siguientes:
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Demandante: Nivia Bioledy Álvarez Males
«2.1 La señora NIVIA BIOLEDY ÁLVAREZ MALES estuvo vinculada al MUNICIPIO DE
ALMAGUER, Cauca, en calidad de docente en la Escuela rural integrada de Caquiona,
mediante contratos de prestación de servicios entre 01 de enero de 1997 hasta el 30 de
noviembre de 2002, relación caracterizada por contar con los elementos propios de una
relación laboral.
2.2. Conforme a lo anterior, la señora NIVIA BIOLEDY ÁLVAREZ MALES en ejercicio del
medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, formuló demanda,
la cual fue resuelta por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Popayán
mediante sentencia No.51 del 28 de octubre de 2011, debidamente ejecutoriada el 23
de noviembre del mismo año.
En la citada providencia, se condenó al MUNICIPIO DE ALMAGUER a título de
restablecimiento del derecho, a pagar a la señora NIVIA BIOLEDY ÁLVAREZ MALES el
valor equivalente a las prestaciones sociales, tales como cesantías, intereses a las
cesantías, vacaciones, prima de servicios y demás, que hayan devengado los docentes
oficiales del municipio de Almaguer Cauca, causadas entre el 1 de enero de 1997 y el 12
de diciembre de 2002, con el consecuente computo de ese tiempo para efectos
pensionales junto con el pago de las cotizaciones correspondientes.
2.3. EI MUNICIPIO DE ALMAGUER contaba con dieciocho (18) meses a partir del día
siguiente de ejecutoria de la sentencia para hacer efectivo el pago de las prestaciones
reconocidas, sin embargo, no lo hizo.
2.4. El día 24 de mayo de 2013 expiró el plazo para efectuar el pago a mi mandante por
parte de la ALCALDÍA DE ALMAGUER.
2.5. El día 16 de marzo de 2012 en ejercicio del derecho de petición, se solicitó mediante
escrito con radicado No. 323 al MUNICIPIO DE ALMAGUER la expedición de los actos
administrativos correspondientes para materializar el reconocimiento de las
prestaciones sociales de la señora NIVIA BIOLEDY ÁLVAREZ MALES, así como de la
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas.
2.6. El día 30 de mayo de 2013, se presentó ante el Alcalde del MUNICIPIO DE
ALMAGUER la CUENTA DE COBRO correspondiente a la sentencia No. 51 del 28 de
octubre de 2011 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán
por Descongestión.
2.7. Pese a transcurrir el plazo legal, la solicitud del 16 de marzo de 2012 no fue resuelta
por el MUNICIPIO DE ALMAGUER configurándose de esta manera el acto ficto producto
del “Silencio administrativo negativo”.
2.8. En ese orden de ideas, el MUNICIPIO DE ALMAGUER tuvo setenta (70) días hábiles
siguientes a partir del día siguiente a los dieciocho (18) meses para hacer efectivo el
pago, es decir, desde el 24 de mayo hasta el 6 de septiembre de 2013.
[…]
2.12. A la fecha, el pago de las Cesantías no ha sido efectuado por el MUNICIPIO DE
ALMAGUER.
2.13. Actualmente, cursa proceso ejecutivo en el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Popayán, tendiente a obtener el pago de las prestaciones sociales de la
señora NIVIA BIOLEDY ÁLVAREZ MALES
[…]».
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación
Señaló como vulnerado el artículo 2 de la Ley 244 de 1995.
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En síntesis, en el concepto de violación explicó que el artículo 2 en mención señala
que la entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días
hábiles a partir del cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación
de las cesantías definitivas o parciales del servidor público para cancelar esta
prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional del Ahorro.
Por consiguiente, se incurre en causal de nulidad por parte del municipio al expedir el
acto demandado negando la sanción reclamada fundamentándola en la “falta de
recursos económicos” e inaplicando lo dispuesto en la norma referida, que establece
que la sanción moratoria opera de manera automática por el solo transcurso del
tiempo.
El acto acusado que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria desconoce
la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, por cuanto negó el derecho
a la penalidad por el no pago oportuno de las cesantías.
1.3. Contestación de la demanda
La entidad territorial guardó silencio.
1.4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 21 de abril de 2022 negó
las pretensiones de la demanda. Como sustento de su decisión, argumentó lo
siguiente:
El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Popayán profirió sentencia
el 28 de octubre de 2011 en donde resolvió: i) condenar al municipio de Almaguer, «a
título de restablecimiento del derecho, a pagar a la señora NIVIA BIOLEDY ÁLVAREZ,
el valor equivalente a todas las prestaciones sociales, tales como cesantías, intereses
a las cesantías, vacaciones, prima de servicios y demás, que hayan devengado los
docentes oficiales del municipio de Almaguer Cauca, causadas entre el 01 de enero
de 1997 y el 12 de diciembre de 2002, con el consecuente cómputo de ese tiempo
para efectos pensionales con el pago de las cotizaciones pendientes…»
Así, la providencia que ordenó el pago de las prestaciones sociales a favor de la señora
Álvarez Males, lo hizo teniendo en cuenta que se acreditó en aquel proceso que existió
entre las partes una relación laboral, y no un vínculo contractual, sin que ello implicara
que a la demandante se le otorgara la calidad de empleada pública.
En esos términos, precisó que no se cumplen los presupuestos establecidos en la Ley
244 de 1996; dado que, su objeto es fijar “los términos para el pago oportuno de
cesantías para los servidores públicos”; calidad que se insiste, no se la otorgó la
sentencia constitutiva del contrato realidad. Luego, la sanción ahí prevista no le resulta
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aplicable, pues como es sabido, las sanciones deben ser expresamente consagradas
en la ley, sin que sea posible aplicar o extender por analogía a situaciones diferentes
a los supuestos de hecho o derechos previstos expresamente en la norma.
Refirió que, el municipio de Almaguer debió dar cumplimiento a la sentencia en los
términos dispuestos en el extinto Código Contencioso Administrativo. Y en tal sentido,
lo procedente en este caso, era reclamar ante el juez competente, los intereses
moratorios derivados de la tardanza en el pago de una condena dispuesta por vía
judicial.
Luego entonces, concluyó que la señora Álvarez Males no tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria pretendida y, la condenó en costas.
1.5. Recurso de apelación.
El apoderado de la parte demandante1, interpuso recurso de apelación contra la
decisión de primera instancia, el cual sustentó en los siguientes términos:
La sentencia recurrida desconoce la hermenéutica constitucional en materia laboral,
toda vez que opta por escoger la tesis más lesiva a los intereses del trabajador, al
considerar que pese a la declaratoria del contrato realidad, al docente no le es
concedida la calidad de servidor público y por no tener esta característica, no le es
aplicable la Ley 244 de 1996; y, por ende, no se le puede reconocer la sanción
moratoria.
La interpretación dada a las sentencias invocadas como sustento contradice lo
expuesto en estas, por cuanto en la sentencia SU-448 del 2016, se afirma que «la
sanción moratoria procede una vez quede en firme la sentencia que haya reconocido
la cesantía o derecho en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades», y no como negación de la sanción moratoria como lo entiende el
tribunal.
Y la sentencia del 21 de abril de 2016 tiene connotaciones distintas, dado que en ese
proceso se pretendía la indemnización que trata el artículo 408 del Código Sustantivo
del Trabajo, esto es la indemnización por despido injusto a quien tenía fuero sindical.
La hermenéutica que se aplica para resolver los conflictos en materia laboral exige la
aplicación del principio de favorabilidad, máxime que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha sido pacífica en asuntos relativos a la declaratoria de una relación laboral
encubierta, al considerar que el reconocimiento y pago de las cesantías solo surge a
partir de la declaratoria de la relación laboral, razón por la que la sanción moratoria no
se podía reclamar en una fecha anterior.
1 Folios 140 a 174 del expediente físico.
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1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Por medio del auto del 10 de agosto de 20222 se admitió el recurso de apelación.
Dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público guardaron
silencio.
Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma,
sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá
a resolver la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
2. Competencia
Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de
acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo3.
De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto
por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.
2.1. Problema jurídico
Le corresponde a la Subsección determinar si la señora Nivia Bioledy Álvarez Males
tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 244
de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, originada por el no pago de sus
cesantías reconocidas en sentencia judicial, que declaró la existencia de una relación
laboral encubierta.
A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.2. Cesantías, 2.3. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y
pago de la sanción moratoria, 2.4. Cumplimiento de las sentencias en el CCA y en el
CPACA, 2.5. Hechos probados y 2.6. Caso concreto.
2.2. Cesantías
El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un ahorro
para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es una ayuda
económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador, sino «en lo que
2 Folio 184 del expediente físico.
3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo que no
comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.»4
La Corte Constitucional ha resaltado con relación a la cesantía, que dentro de los
principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el pago de las
acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a la dignidad humana
y la manutención familiar en el marco de las relaciones laborales, y dentro de esas
prestaciones se encuentra el auxilio de cesantía5.
Con relación a esta prestación, la misma Corporación ha dicho que dado su contenido
opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.
La Ley 6 de 19456 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año
de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal a),
ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente7.
Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder
público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las cesantías se
tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones
en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los
últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.
2.3. Solicitud de cesantías definitivas, parciales y pago de la sanción
moratoria.
La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006 8, establece que:
«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
4 SU 448 de 2016, SU 098-18.
5 Sentencia C-486 de 2016
6 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
7 La Ley 65 de 1946, en el artículo 1º, consagró tal derecho a favor de todos los servidores públicos.
8 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”
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Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» ( subraya
fuera del texto)
De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora tendrá
un plazo máximo para cancelar dicha prestación, así:
«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.» (Subraya fuera del texto)
Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos para
resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia en el
parágrafo del artículo en comento:
«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)
Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó jurisprudencia
frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se consideró en esa
oportunidad que:
«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva
la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de
manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de
la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)
Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en cuanto a
la exigibilidad de la sanción moratoria se sintetizan así:
«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se
puede evidenciar en el siguiente cuadro:
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TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a 70 días posteriores a
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir
cómputo del término la ejecutoria la petición
(después de 15 días) el acto
de pago
ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018
2.4. Cumplimiento de las sentencias en el CCA y en el CPACA
Los artículos 173, 176 y 177 del Decreto Ley 01 de 19849, antiguo Código Contencioso
Administrativo, establecían las condiciones y regulaban el trámite para hacer efectivas
las condenas impuestas a las entidades públicas.
El artículo 17310 de la norma mencionada señalaba que proferida la sentencia y una
vez en firme, el juez administrativo debía comunicarla a la entidad vencida en el
proceso, con copia íntegra de su texto. Recibida la comunicación, el artículo 176 11
ibídem ordenaba a las autoridades a quienes correspondiera la ejecución de una
sentencia dictar dentro del término de treinta (30) días contados desde su
comunicación, la resolución mediante la cual se adoptarán las medidas necesarias
para su cumplimiento.
9 Norma vigente para la fecha en que se profirió la sentencia que reconoció la existencia de la primacía de la realidad
sobre las formas y ordenó a título de indemnización el pago de las prestaciones sociales de la demandante.
10 Artículo 173. Sentencia. Notificación. Una vez dictada la sentencia conforme lo dispone el artículo 103 de este
Código se notificará personalmente a las partes, o por medio de edicto, en la forma prevista en el artículo 323 del
Código de Procedimiento Civil tres (3) días después de haberse proferido. Al ministerio público se hará siempre
notificación personal. Una vez en firme la sentencia deberá comunicarse con copia íntegra de su texto, para su
ejecución y cumplimiento.
Ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios
correspondientes.
11 Artículo 176. Ejecución. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro
del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se
adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.
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También, el canon 177 indicaba que en firme una sentencia condenatoria, contaba la
entidad pública a cargo de su cumplimiento con un plazo de 18 meses para ese efecto,
so pena de ser ejecutable ante la justicia. Y en cuanto a la tasa aplicable a los intereses
de mora, el inciso final del citado artículo disponía que las cantidades líquidas
reconocidas en tales sentencias devengarían intereses comerciales y moratorios.
Norma que a la letra dice:
«Artículo 177 Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se
condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución
de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a
quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la
entidad condenada.
El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y
dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos
básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en
forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del
presupuesto.
El Congreso, las Asambleas, los Concejos, el Contralor General de la República, los
Contralores Departamentales, Municipales y Distritales, el Consejo de Estado y los
tribunales contencioso-administrativos y las demás autoridades del caso deberán
abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas
o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya
relacionado el Ministerio Público.
Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los
presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más
lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia
ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses
comerciales y moratorias.
Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide
una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan
acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la
documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo
desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.
En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro del término
de seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no
pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la
causación de emolumentos de todo tipo».
En ese escenario, las reglas para la efectividad de las sentencias condenatorias y las
conciliaciones debidamente aprobadas por la jurisdicción contenciosa bajo el Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), se sintetizan así:
(i) Las entidades públicas tienen un término de 18 meses para el cumplimiento de las
sentencias condenatorias en firme que les impongan el pago o devolución de una
cantidad líquida de dinero y o el término pactado en los casos de los acuerdos
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conciliatorios y, una vez vencidos estos plazos sin que se hubieran satisfecho esos
créditos judiciales pueden ser exigidos mediante juicio ejecutivo promovido por sus
beneficiarios ante la jurisdicción.
(ii) Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias o en acuerdo conciliatorio
devengarán intereses moratorios dependiendo del plazo con que cuente la entidad
pública obligada para efectuar el pago: a) en cuanto a las sentencias los intereses
moratorios se causan desde el momento de su ejecutoria, excepto que esta fije un
plazo para su pago, caso en el cual dentro del mismo se cancelarán intereses
comerciales; y b) en el evento de la conciliación, se pagarán intereses comerciales
durante el término acordado y, una vez fenecido este, a partir del primer día de retardo,
se pagarán intereses de mora.
Ahora, la Ley 1437 de 2011 o CPACA, consagró en los artículos 192 y 195 nuevas
reglas a efectos del cumplimiento de las sentencias y conciliaciones, así como el
trámite para su pago, por parte de las entidades públicas condenadas y estableció el
procedimiento para hacer efectivos los fallos judiciales12 .
También, en lo concerniente al trámite para el cumplimiento de la sentencia, el artículo
195 dispuso:
«Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de
pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación
cuya contingencia haya sido provisionada en el Fondo de Contingencias, la entidad
obligada, en un plazo máximo de diez (10) días, requerirá al Fondo el giro de los
recursos para el respectivo pago.
2. El Fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la entidad
obligada en el menor tiempo posible, respetando el orden de radicación de los
requerimientos a que se refiere el numeral anterior.
3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.
4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa
equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los
diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de
los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la
entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente
reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa
comercial (…)».
12 ARTÍCULO 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la
sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la
autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación,
adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento (…).
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Demandante: Nivia Bioledy Álvarez Males
Así las cosas, y, en atención a lo normado en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011,
para el cumplimiento de una condena que implique el pago de una suma de dinero
como en el sub judice se requiere:
(i). Que la respectiva providencia esté debidamente ejecutoriada, para lo cual, los
beneficiarios deberán presentar la solicitud de pago o cuenta de cobro a la entidad
responsable para hacerla efectiva.
(ii). Las sumas de dinero objeto de la condena devengarán intereses moratorios desde
su ejecutoria. Sin embargo, vencido el término de 10 meses para el pago previsto en
el artículo 192 ibidem, o los cinco días siguientes a la provisión de los recursos en el
fondo de contingencias, sin que se hubiere efectuado el pago, estas causarán un
interés moratorio a la tasa comercial.
2.5. Hechos probados
El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Popayán mediante la
sentencia del 28 de octubre de 201113, dentro del proceso de la señora Nivia Bioledy
Álvarez contra el Municipio de Almaguer14, resolvió lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio de
fecha 7 de octubre de 2006, emanado del Alcalde del Municipio de Almaguer Cauca,
mediante el cual negó el reconocimiento de las prestaciones sociales solicitadas por
la demandante, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR al municipio de Almaguer Cauca, a título de
restablecimiento del derecho, a pagar a la señora NIVIA BIOLEDY ÁLVAREZ, el
valor equivalente a todas las prestaciones sociales, tales como cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios y demás, que hayan
devengado los docentes oficiales del municipio de Almaguer Cauca, causadas
entre el 01 de enero de 1997 y el 12 de diciembre de 2002, con el consecuente
cómputo de este tiempo para efectos pensionales junto con el pago de las
cotizaciones correspondientes.
Para tasar la liquidación de las prestaciones reconocidas se partirá de lo que
hubiese correspondido a cada mensualidad según el valor pactado en cada uno
de los contratos u órdenes de prestación de servicios.
Las sumas resultantes serán indexadas, conforme quedó establecido en la parte
motiva de esta providencia, en aplicación de lo previsto en el artículo 178 del CCA, y
devengarán los intereses previstos en el artículo 177 ibídem.
TERCERO: El municipio de Almaguer- Cauca, dará aplicación a lo previsto en los
artículos 176 del C.C.A.
[…]». (negrillas de la sala)
13 Folio 7 a 11 del expediente físico.
14 La anterior decisión quedó ejecutoriada el 23 de noviembre de 2011.
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Demandante: Nivia Bioledy Álvarez Males
Como fundamento del restablecimiento del derecho, consideró que lo ordenado era el
pago de una indemnización equivalente a las prestaciones sociales, pero no en calidad
de servidor público, porque para obtener tal condición es necesario que se profiera un
acto administrativo que ordene la respectiva designación; se tome posesión del cargo;
que la planta de personal contemple el empleo; y que exista disponibilidad
presupuestal para atender el servicio, hechos que no se probaron en el expediente.
El 16 de marzo de 201215, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas de conformidad
con la Ley 244 de 1995 como consecuencia de la declaratoria de la relación laboral
entre las partes.
Y en petición de 30 de mayo de 201316, presentó «CUENTA DE COBRO
correspondiente a la Sentencia de Condena de Primera Instancia No. 51 de octubre
28 de 2011 proferida en el proceso de la referencia por el JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE POPAYÁN, por el no
reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones sociales a la señora NIVIA
BIOLEDY ÁLVAREZ MALES (...), en cuantía de $54.954.743.49».
2.6. Caso Concreto
La demandante pretende la nulidad del acto ficto, producto de la no respuesta a la
petición del 16 de marzo de 2012, donde solicitó la sanción moratoria consagrada en
la Ley 244 de 1995, por el no pago de las cesantías reconocidas mediante sentencia
de una sentencia.
El tribunal negó las súplicas de la demanda, al considerar que no se cumplen los
presupuestos establecidos en la Ley 244 de 1995; dado que, su objeto es fijar «los
términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos»; calidad
esta, que no ostenta y que no otorgó la sentencia de primera instancia. Así, no resultan
aplicables las disposiciones antedichas, dado que las sanciones deben ser
expresamente consagradas en la ley, sin que sea posible aplicar por analogía a
situaciones diferentes.
Inconforme con la decisión, la parte apelante alega que la sentencia del tribunal
desconoce la hermenéutica constitucional en materia laboral, toda vez que opta por
escoger la tesis más lesiva a los intereses del trabajador, al considerar que, a la
docente al reconocerle la relación laboral, no le fue concedida la calidad de servidor
público y, por consiguiente, no le es aplicable la Ley 244 de 1995.
15 Folio 2 del expediente físico.
16 Folios 3 y 4 del expediente físico.
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Pues bien, de conformidad con el marco normativo de esta providencia, en conjunto
con los medios de prueba obrantes en el plenario, la Sala precisa que la orden que
impartió el operador judicial respecto del reconocimiento de las prestaciones sociales
de la demandante se hizo en atención a que en dicho proceso se acreditó que entre
las partes existió una relación laboral, y no un vínculo contractual, sin que ello
implicara que a la señora Álvarez Males se le otorgara la calidad de empleada pública,
tal y como lo advirtió el a quo. Véase que en la sentencia textualmente se mencionó:
«... pero si se debe ordenar el pago de la indemnización equivalente al pago de las prestaciones
sociales que devenga cualquier docente al servicio del municipio y no en calidad de servidor
público, puesto que para alcanzar tal condición es necesario que se profiera un acto
administrativo que ordene la respectiva designación; que se tome posesión del cargo; que la
planta de personal contemple el empleo; y que exista disponibilidad presupuestal para atender
el servicio, hechos que no se probaron en el presente asunto.» (Negrilla de la Sala)
En ese orden de ideas, esta Sala no comparte la interpretación de la demandante, en
tanto como se ha considerado en asuntos similares por esta Sección, aun cuando se
acrediten los mencionados elementos de un contrato de trabajo, lo que emerge entre
el contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, el
otorgamiento o el reconocimiento de una vinculación legal y reglamentaria, por lo que
no es posible darle la categoría de servidor público, en la modalidad de empleado
público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del artículo 122 de la
Carta Política17.
Por tal motivo, la existencia de la relación laboral encubierta y el reconocimiento de
derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato
de prestación de servicios se plantea como una forma de compensar económicamente
al trabajador, pero no tiene la vocación de otorgar la calidad de empleado público, sino
que se establece como una ficción que busca compensar la mala práctica de la entidad
contratante. Por lo que, no se encuentra en la misma situación de aquellos que tienen
la calidad de empleados públicos.
Máxime cuando el artículo 177 del Decreto 01 de 198418, estableció que de las
cantidades líquidas reconocidas en las sentencias solo se desprendían los intereses
comerciales y moratorios, por lo que no es posible ordenar el pago de una sanción
moratoria, pues además se estaría incurriendo en un doble pago.
Sobre el particular, en providencia de 27 de agosto de 202019, esta Sección consideró:
«16. Entonces, si bien es cierto que la sentencia anteriormente citada ordenó el pago a
título de indemnización de unas prestaciones sociales como lo son las cesantías
17 Ver entre otras, las sentencias con radicado 66001-23-33-000-2019-00669-01 (3573-2022), 250002342000-2019-
00919-01 (3383-2022).
18 Vigente al momento de la expedición de la sentencia que reconoció la relación laboral encubierta.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B. C.P. SANDRA
LISSET IBARRA VÉLEZ radicado 270012333000201700098-01. Interno No 2437-2019.
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dejados de recibir con ocasión a la ejecución de la relación contractual de prestación
de servicios que regía entre la reclamante y el hospital accionado, también lo es que,
ello no implica que por corresponder a obligaciones de naturaleza prestacional deban
ser reconocidas y pagados en los términos que la ley dispone para esa clase de
obligaciones a cargo del empleador, pues es evidente que al haberse reconocido tales
conceptos dentro de una orden judicial, el pago y acatamiento de la sentencia e incluso
las sanciones por incumplimiento o mora, están sometidos a los términos que la ley
dispone para el cumplimiento de la decisión judicial, máxime, si se tiene que los
derechos reconocidos se dieron a título de indemnización. »
Asimismo, a juicio de la Sala la sanción moratoria es una penalidad propia del derecho
sancionador y, para que haya lugar a la misma, tal conducta debe estar descrita y
determinada en una norma previa. Ello impide su aplicación analógica o por vía de
interpretación20, tal como lo ha sostenido esta Corporación, entre otros en la sentencia
ya mencionada, donde se precisó que21:
«Los supuestos de hecho establecidos en la Ley 244 de 1995 no son extensivos a los
casos en los que la entidad pública incurrió en demora en el pago del auxilio de cesantías
reconocidas en una sentencia judicial, así mismo, el ordenamiento jurídico cuenta con
términos y sanciones para el cumplimiento de las decisiones judiciales».
De tal manera, que el hecho que da lugar a la sanción moratoria es diferente al que
deviene del incumplimiento de una orden judicial en la que se dispuso a título de
indemnización o compensación un equivalente al pago de prestaciones sociales a los
que tienen derecho los empleados públicos; por lo que para la Sala no se desconoció
el principio de favorabilidad en tanto se trata de situaciones jurídicas distintas, y no de
diferentes interpretaciones de una misma norma.
Por último, advierte la Sala que en la sentencia SU448 DE 2016 que aduce el
recurrente fue mal interpretada por el tribunal, la Corte Constitucional llegó a la
conclusión de que «La argumentación utilizada por el Consejo de Estado para negar
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías y
prestaciones sociales originadas en la declaratoria de existencia de un contrato
realidad es coherente con los precedentes horizontales que ha emitido esa
Corporación en casos análogos» y en consecuencia, confirmó la decisión que negó
las pretensiones.
Decisión en la cual esa Corporación consideró que la declaratoria de la relación laboral
«no implica que se constituya un vínculo legal y reglamentario entre las partes porque
no se dan los presupuestos del acto de nombramiento o elección y su correspondiente
posesión, y por ende, tampoco provoca el reintegro, ni el pago de los emolumentos
dejados de percibir, por el contrario lo que surge es una sanción a la entidad Estatal
que se traduce en el pago de prestaciones sociales y seguridad social a la persona
cuya contrato de prestación de servicios le fue desdibujado y convertido en un contrato
de trabajo; es decir que mal haría el juez en sancionar doblemente al empleador por
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Gabriel Valbuena Hernández. Bogotá D.C., sentencia
del 22 de marzo de 2018 con radicado 08001-23-33-000-2012-00170-01 (1301-2014).
21 Radicado: 270012333000201700098-01, de 27 de agosto de 2020. MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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una misma situación fáctica, que como en el presente asunto genera la existencia de
un contrato realidad».
Y a juicio de la Sala, si bien, la decisión que declara la relación laboral se trata de una
providencia constitutiva de derechos, de ahí no se desprende el nacimiento de otros
no reconocidos en la sentencia, y que surgen de la condición de empleado público no
otorgada a la demandante.
Con relación a la sentencia del 21 de abril de 2016 proferida por esta Subsección, si
bien se trató del despido de un trabajador, para la Sala no existió una indebida
aplicación por parte del a quo, ya que en ella se pretendía la sanción moratoria de las
cesantías ordenada en sentencia del 28 de noviembre de 2002 proferida por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Popayán, por lo que no va en contravía de la postura
actual de esta Corporación y de contera, se negaron las pretensiones de la demanda22.
Por lo previamente expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.
2.7. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas. Lo
expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de
revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación, por lo que, se repite,
no se condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
22 « No obstante, y a pesar de que la condena anteriormente citada tenga por objeto el pago de las sumas que
conciernen a salarios y prestaciones sociales dejados de recibir a causa de la terminación de la relación laboral,
ello no implica que por corresponder a obligaciones de esa naturaleza, deban ser reconocidos y pagados en los
términos que la ley dispone para ese tipo de obligaciones dentro del devenir de la relación laboral, pues es evidente
que al haberse reconocido tales conceptos dentro de una orden judicial, el pago y acatamiento de la sentencia e
incluso las sanciones por incumplimiento o mora, están sometidos a los términos que la ley dispone para el
cumplimiento de la sentencia.
La Ley 244 de 1995 es precisa en fijar los términos con que cuenta el empleador para expedir el acto administrativo
y pagar las cesantías definitivas a sus trabajadores cuando termina la relación laboral, pero en modo alguno esa
disposición puede hacerse extensiva a las cesantías que se ordenan pagar en una sentencia judicial, pues aunque
tal decisión haya prolongado en el tiempo la relación laboral y, en casos como el del actor, modifique la fecha de
finalización de la misma, los valores que surgen del cumplimiento de la sentencia están sometidos a la norma
contenida en el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como se señaló en la presente sentencia.»
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Demandante: Nivia Bioledy Álvarez Males
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 21 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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