Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04998-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04998-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04998-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001 03 15 000 2025 04998 00
Accionante: NIVIA BIOLEDY ÁLVAREZ MALES
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A.
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la controversia
planteada es de naturaleza meramente legal y económica
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Nivia Bioledy Álvarez
Males en contra de la providencia proferida el 20 de febrero de 2025 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro. 19001 23 33 000 2019
00184 01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Nivia Bioledy Álvarez Males, actuando por conducto de apoderado
judicial, promovió acción de tutela en contra de la providencia indicada supra, y
formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] 1. Que se deje sin efectos la sentencia del Consejo de Estado del 20
de febrero de 2025.
2. Que se ordene emitir una nueva sentencia ajustada a la Constitución y al
bloque de constitucionalidad.
3. Que se reconozca el derecho a la sanción moratoria conforme a la Ley
244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006.
4. Que se adopten medidas provisionales para la protección de los derechos
fundamentales de la accionante, si el juez lo estima necesario […].”2
1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04998 00.
2 Ibidem.
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Accionante: Nivia Bioledy Álvarez Males
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que fue vinculada por el municipio de Almaguer (Cauca) para
desempeñar funciones como docente bajo la modalidad de contratación por
prestación de servicios, desde el 1.° de enero de 1997 hasta el 30 de noviembre de
2002.
Manifestó que “(…) mediante sentencia judicial proferida dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, se reconoció que entre la actora y el
municipio existió una relación laboral de carácter permanente, y que se configuró
una situación de contrato realidad, con derecho al reconocimiento de las
prestaciones sociales correspondientes”.
Señaló que “entre dichas prestaciones, se reconoció la cesantía definitiva, cuyo
pago debía efectuarse dentro del término legal establecido por el ordenamiento
jurídico (…)”.
Indicó que “(…) el municipio de Almaguer no cumplió con dicha obligación dentro
del término legal, lo que motivó a la señora ÁLVAREZ MALES a presentar derecho
de petición el día 16 de marzo de 2012 solicitando el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071
de 2006 (…)”.
Agregó que “(…) dicha petición no fue respondida por la administración,
configurándose así el silencio administrativo negativo y, con ello, un acto ficto
presunto de contenido desfavorable, susceptible de control jurisdiccional (…)”.
Expuso que “(…) en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
la actora demandó dicho acto ficto, solicitando la declaratoria de nulidad y el
reconocimiento de la sanción moratoria (…)”.
Igualmente, puso de presente que “el Consejo de Estado, Sección Segunda,
mediante sentencia del 20 de febrero de 2025, confirmó la negativa del Tribunal
Administrativo del Cauca y desestimó las pretensiones de la demanda, negando la
sanción moratoria con fundamento en una interpretación restrictiva de la ley
aplicable y desconociendo precedentes jurisprudenciales relevantes y vigentes”3.
Alegó que los derechos fundamentales vulnerados por la precitada sentencia son el
debido proceso, la igualdad, el trabajo digno, las garantías mínimas laborales y el
acceso a la administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica.
Anotó que “(…) la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 20 de febrero de 2025, dentro del expediente 19001-23-33-000-2019-
3 Ibidem.
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00184-01, (…) constituye una vulneración directa a derechos fundamentales: La
providencia desconoce abiertamente el artículo 2° de la Ley 1071 de 2006, el cual
extendió la aplicación de la sanción moratoria a todos los trabajadores del Estado.
La accionante fue reconocida judicialmente como trabajadora oficial, por lo que su
exclusión carece de respaldo legal y constituye un acto discriminatorio e irrazonable,
contrario a los principios de igualdad y favorabilidad (…)”4.
Cuestionó que la sentencia “(…) confunde figuras jurídicas de naturaleza y finalidad
distintas. Los intereses del artículo 192 del CPACA compensan la mora en el
cumplimiento de una sentencia judicial, mientras que la sanción moratoria sanciona
la mora en el pago de cesantías en el marco de una relación laboral. La coexistencia
de ambas figuras ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional y
contenciosa. Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en la Sentencia SU-041 de
2020, al indicar que el pago de la sanción moratoria no excluye la obligación de
reconocer intereses cuando existe mora en el cumplimiento de una decisión judicial.
De igual forma, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 18 de julio de
2018 (Radicado 73001-23-33- 000-2014-00580-01), señaló que cuando se declara
la existencia de una relación laboral de carácter permanente mediante sentencia
judicial, se deben reconocer las prestaciones sociales correspondientes y, en caso
de mora, la sanción moratoria legalmente prevista. En consecuencia, la tesis
excluyente adoptada en la sentencia que aquí se impugna desconoce el principio
de integralidad de la protección laboral, desnaturaliza el objeto de la sanción legal y
vulnera el bloque de constitucionalidad (…)”5.
Resaltó que “(…) la sanción moratoria no depende de que haya sido reconocida en
la sentencia de contrato realidad, pues es un efecto legal autónomo que nace del
incumplimiento de una obligación prestacional, posterior al fallo. Pretender que todo
derecho debe estar expresamente declarado en una sentencia constitutiva
desconoce la naturaleza de los efectos jurídicos derivados de la cosa juzgada y del
silencio administrativo (…)”6.
Afirmó que “(…) la sentencia impugnada niega la aplicación del principio de
favorabilidad laboral bajo el argumento de que no hay una ambigüedad normativa.
Sin embargo, lo que existe es una omisión grave de lectura armónica entre normas
y precedentes. La interpretación adoptada es restrictiva y regresiva, lo que configura
una violación de los artículos 25 y 53 de la Constitución (…)”7.
Alegó que “no solicitó la aplicación de la Ley 244 de 1995 por analogía, sino por
aplicación directa del artículo 2 de la Ley 1071 de 2006. El Consejo de Estado
incurre aquí en una falsa premisa, desvirtuada fácilmente por el texto normativo
vigente” y precisó que “la providencia judicial que se impugna en esta acción de
tutela constituye una decisión incompatible con la Constitución, con el bloque de
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
3
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constitucionalidad y con la jurisprudencia unificada de las altas Cortes, razón por la
cual debe ser dejada sin efectos y sustituida por una nueva que restablezca los
derechos fundamentales vulnerados”8.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 12 de agosto de 20259 a través de correo electrónico
y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 19 de agosto de 202510,
la admitió y dispuso notificar11 a la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación, como parte accionada, así como vincular12 al Tribunal Administrativo
del Cauca y al municipio de Almaguer (Cauca), como tercero interesado en el
resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Cauca y al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, para que allegaran copia digital del
expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con el radicado nro. 19001 23 33 000 2019 00184 00/01, el cual fue remitido13.
3.2. El consejero ponente de la sentencia cuestionada14, solicitó que se niegue las
pretensiones invocadas por la accionante15, en razón a que la sanción moratoria
invocada, lejos de ser un derecho laboral, constituye una penalidad económica
contra el empleador por su retardo en el pago de dicha prestación social, en favor
del servidor público, de manera que su propósito se orienta a procurar el pago
oportuno de la prestación y no a resarcir o indemnizar al trabajador por los perjuicios
derivados de ese retardo.
Precisó que “(…) por su naturaleza sancionatoria, la penalidad contenida en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 solo procede en las hipótesis antes enunciadas,
entre las cuales no se encuentra el retardo en el cumplimiento de una sentencia
judicial que ordene el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, como las
cesantías. Esta posición ha sido pacificante reiterada al interior de Sección y
corresponde a la postura actual de la Subsección adoptada en casos semejantes a
aquí estudiado, esto es, cuando la providencia judicial ordena el pago de las
8 Ibidem.
9 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
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10 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04998 00.
11 Esta orden se cumplió el 21 de agosto de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04998 00.
12 Ibidem.
13 Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2025 04998 00.
14 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 04998 00.
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cesantías como consecuencia de la declaración de una relación laboral encubierta
(…)”16.
Añadió que el cumplimiento de las sentencias judiciales tiene en la ley términos y
sanciones que en forma especial lo rigen y que, para este caso, el artículo 192 del
CPACA establece el pago de intereses moratorios por la tardanza en el pago de las
sumas reconocidas en la condena, consecuencia jurídica que difiere de la penalidad
por mora en la cancelación de las cesantías.
3.3. El Tribunal Administrativo del Cauca y el municipio de Almaguer (Cauca),
guardaron silencio en el presente proceso.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo
previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199117 y el
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 18 modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202119, así como con fundamento en el
artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 20, modificado por el
Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente21:
4.2.1. La señora Nivia Bioledy Álvarez Males, por conducto de apoderado, interpuso
demanda bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendiendo que se declare la nulidad del acto ficto que negó el pago de la sanción
moratoria prevista en Ley 244 de 29 de diciembre 199522, como consecuencia de la
anterior declaración y a título de restablecimiento solicitó que se (i) reconozca y
16 Ibidem.
17 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”
18 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y
establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
19 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela”.
20 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado
el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
21 Lo que se desprende del expediente del proceso identificado con el radicado nro. 19001 23 33 000
2019 00184 01. Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 04998 00.
22
“por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores
públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
5
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pague la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, y ii) se indexe la
suma a reconocer en los términos del artículo 178 del CPACA, de acuerdo con el
IPC certificado por el DANE.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Cauca
que en sentencia del 21 de abril de 2022 negó las pretensiones.
4.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de
apelación y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 20 de febrero de 2025 la confirmó.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el
(ii) caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”23.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro
modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver
23 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
6
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al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen
del requisito de relevancia constitucional24.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional
ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la
sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades25:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 26. De
manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá
en el examen del segundo criterio que la compone, el cual busca preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica.
Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha dicho que 27 “(…) la
controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal
y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden
legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben ser
resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse
24 En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los
fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia
la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta
cuestión y ninguna otra”.
25 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
26 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia
del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente
nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
27
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal
Pulido.
7
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en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” (…)”. (Subrayado
fuera del texto).
En ese sentido, anotó que28 “en tales términos, un asunto carece de relevancia
constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a
la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que
de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes
constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general”.
(Subrayado fuera del texto).
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la compone, esto es,
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica, no está
superado.
Lo anterior, debido a que la discusión planteada por la parte actora tiene que ver
exclusivamente con que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 y en la Ley 1071 de 2006. En efecto,
en el escrito de tutela, alegó que “el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante
sentencia del 20 de febrero de 2025, confirmó la negativa del Tribunal Administrativo
del Cauca y desestimó las pretensiones de la demanda, negando la sanción
moratoria con fundamento en una interpretación restrictiva de la ley aplicable y
desconociendo precedentes jurisprudenciales relevantes y vigentes”. Asimismo,
adujo que “(…) la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 20 de febrero de 2025 (…) desconoce abiertamente el artículo 2° de la
Ley 1071 de 2006, el cual extendió la aplicación de la sanción moratoria a todos los
trabajadores del Estado”.
En esa medida, se trata de un debate meramente legal y económico porque la
discusión planteada por la accionante gira en torno a la aplicación e interpretación
de la norma para determinar si le asiste o no a la accionante el derecho al
reconocimiento y pago de una sanción moratoria por el retardo en la cancelación de
las cesantías derivadas de la declaración de una relación laboral en sentencia
judicial.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.
28
Ibidem.
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Accionante: Nivia Bioledy Álvarez Males
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, según lo expuesto
en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en los
artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si la presente providencia no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de estado (E)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
9
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