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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00038-01

Fecha
7 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2020-00038-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 28 de abril de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca , que negó las súplicas de la de manda presentada por la señora Felisa Romero Montaño contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecció n Social – UGPP–, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia. www.consejodeestado.gov.co 21 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 19001-23-33-000-2020-00038-01 Demandante: Felisa Romero Montaño TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2020-00038-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

7 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 19001-23-33-000-2020-00038-01 (3251-2022).
Demandante: Felisa Romero Montaño
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP.

Temas: Pensión gracia. Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la demandante contra la sentencia del 28 de abril de
2022, proferida por el Tribunal A dministrativo del Cauca, que negó
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda. 1

Felisa Romero Montaño , por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 008975 del 18
de marzo y RDP 015173 del 16 de mayo, ambas del 2019 , proferida
por la UGPP, por medio de las cuales le negó reconocimiento y pago
de una pensión gracia y confirmó la decisión, respectivamente.

Como restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la UGPP
(i) concederle la pensión gracia a pa rtir de la fecha en que adquirió
el estatus pensional; (ii) reajustar las sumas reconocidas de acuerdo
con el IPC; (iii) indexar las mesadas pensionales; y (iv) reconoc er y

1 Folios 48 y 49 del expediente.

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Demandante: Felisa Romero Montaño

pagar los intereses moratorios correspondientes.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda.

La demandante relató que nació el 7 de mayo de 1952, razón por la
cual cumplió los 50 años de edad el 7 de mayo de 2002 . Así mismo,
que prestó servicio docente en el municipio de Guapi , Cauca, de la
siguiente manera:

Fechas
Actos de nombramiento Desde Hasta

Resolución 003 del 10 de 21 de febr ero de 1977 Vigente a la fecha de
enero de 1977 radicación de la
demanda.

Precisó que, habiendo cumplido todos los requisitos necesarios,
radicó reclamación para el reconocimiento y pago de la pensión
gracia ante la UGPP, la cual fue resuelta de manera negativa con las
Resoluciones RDP 008975 del 18 de marzo RDP 015173 del 16 de
mayo, ambas del 2019.

1. 3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

La demandante, como concepto de violación, argumentó que la
entidad demandada inaplicó las siguientes disposiciones normativas:
artículos 13 y 29 de la Constitución Política; Ley 114 de 1913; Ley
116 de 1928; Ley 37 de 1933; Ley 33 de 1985; Ley 91 de 1989 y Ley
43 de 1975 y; artículo 137 de Ley 1437 de 2011.

Sostuvo que como docente de una entidad oficial y en virtud del
principio de igualdad, tiene derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, pues además de que percibió bajas asignaciones salariales,
cumplió con todos los requisitos exigidos.

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1.4. Contestación de la demanda 2.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
manifestó que la demandante no cumple con los requisitos para
hacerse beneficiaria de la pensión gracia, por cuanto tuvo una
vinculación bajo la modalidad de educación nacional contratada a
través del Vicariato Apostólico del municipio de Guapi de
conformidad con la Resolución 003 de 1977.

Finalmente, propuso como excepciones: (i) inexiste ncia de la
obligación y cobro de lo no debido; (ii) au sencia de vicios en los
actos administrativos demandados ; y (iii) prescripción.

1.5. Trámite en primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Cauca , a través de auto del 10 de
diciembre de 2021 3, fijó el litigio de la siguiente manera:

«[…]

El Despacho Sustanciador considera que la litis consiste en
determinar si la resoluciones No. RDP 008975 de 18 de marzo
de 2019 y RDP 015173 del 16 de mayo de 2019, se encuentran
viciadas o no de nulidad y si proce de el reconocimiento de
una pensión gracia a favor de la señora Felisa Ro mero
Montaño ».

1.6. Decisión de primera instancia objeto de apelación . 4

El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del 28 de abril de
2022, negó las pretensiones de la demanda al considerar que la
demandante no cumplió con el requisito de vinculación al servicio

2 Fo l ios
85 a l 91 d e l ex pe d i en te
3 Fo l ios
10 8 y 10 9 d e l e x pe d i en te
4 Folios 233 al 255 del expediente.

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docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de
1980.

Lo anterior, teniendo en cuenta que su nombramiento como docente
a partir del 21 de febrero de 1977 , se realizó directamente con la
Prefectura Apostólica de Guapi, ratificada por el Ministerio de
Educación Nacional, por lo que su nombramiento fue del orden
nacional y, en consecuencia, no le asiste el derecho al
reconocimiento de la prestación reclamada.

1.7. Recurso de apelación. 5

La señora Felisa Romero Montaño , en escrito de apelación , sostuvo
que contrario a lo manifestado por el a quo, sí cumplió con todos los
requisitos para hacerse beneficiaria de la pensión gracia y su
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 se efectuó en un
centro educativo de estudios primarios , prestó sus servicios como
docente por 45 años con un excelente comportamiento como
servidora pública.

En ese orden de ideas, y en virtud del derecho a la igualdad, solicitó
revocar el fallo de primera instancia, para en su lugar acceder al
reconocimiento y pago de la prestación que reclama.

1.8. Trámite correspondi ente a la segunda instancia

La parte demandante, la demandada, el Procurador delegado y el
Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

5 CD visible a folio 129 del expediente.
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El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto , de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6,
así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso 7.

2.2. Problema jurídico

Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior
decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:

¿Felisa Romero Montaño , en su calidad de docente oficial ,
tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión
gracia?

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente:
i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración
y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguient es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a cont inuaci ón de ca da
uno de ellos:
Per sonal naci onal . Son los docen t es vinculados p or
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vinculados p or
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o de
1976 y los vinculad os a par t ir de est a f echa, de conf or m idad
con lo dispuest o por la Ley 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los docent es vinculados po r
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al , a par t ir del 1 de ener o
de 1976, sin e l cu m plim ient o de l r equ isit o est ab lecid o en el
ar t í culo 10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

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«A rt í cul o 15. A par t ir de la vigencia de la pr esent e Ley el
per sonal docent e na ciona l y nacional iza do y el que se vincule
con post er ior idad a l 1. de ener o de 1990 ser á r egido por la s
sigui ent es dispos ici ones:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 11 4 de 1 913, 116 de 1928, 3 7
de 1933 y dem ás nor m as que las hu bier an desar r ol lado o
m odif icado, t uviese n o llegar en a t ener der echo a la pensi ón
de gr acia, se les r econocer á siem pr e y cuando cum plan con l a
t ot alidad de los r equisit os . Est a pensión segu i r á
r econociéndos e por la Caj a Naci onal de pr evisión S oci a l
conf or m e al Decr et o 081 de 1 976 y s er á com pat ible co n la
pensión or d inar ia d e j ubilaci ón, aún en e l event o de est ar ést a
a car go t ot al o par cial de la naci ón. [ …]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacion alizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón graci a
no quedan i ncl ui dos l os docent es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que , com o dice la Ley 91
de 1989, adem ás d e haber est ado vinc ulados hast a e l 31 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o lle gar en a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la
t ot alidad de r equis it os” . [ …] . » 8

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de

8 Consejode Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.

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unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 9 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal que ot r or a t r ansf er í a o
cedí a la Nac ión a la s ent idades t er r it or i ales, en vi genci a de la
Car t a de 1886 y hast a cuando per m anecier on en vigor en la
Const it ución de 199 1, no obst ant e su or igen o f uent e nacion al,
una vez se incor poraban a los pr esupuest os locales pasaba n a
ser de pr opiedad ex clusiva d e los r ef er id os ent es en calid ad de
r ent as exógenas .
ii) Los ent es t er r it or iales son los t it ular es dir ect os o
pr opiet ar ios de lo s r ecur sos que les gir a la Nació n,
pr ovenient es del si st ema general de part i ci paci ones , por
asignac ión dir ect a del ar t í culo 356 de la Car t a Polí t ica de
1991.
ii i) La f inanciación de los gast os que gener aban los f ond os
educat i vos regi ona l es no solo dependí a de los r ecur sos q ue
gir aba la Nación a las ent idades t er r it or iales por concept o
del si t uado f i scal , sino que t am bién cor r espondí a a los entes
local es dest inar par t e de su pr esupuest o par a at ender al
sost enim ient o de los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í culos 29
del Decr et o 31 57 d e 1968; y 60, inc is o 2. º , de la Ley 24 de
1988) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener aban los ser vicios educat ivos de los docent es
naciona les y nac io naliz ados 1 2 , r esult a f act ible cole gir d e
m aner a r azonada que lo pr opi o acont e cí a con algunas de las
er ogaciones sa lar ia l es or iginad as por el ser vicio que pr est ab an
los educador es t er r it or iales, ya que lo s r ecur sos dest inados
par a t al f in pr ovení an t ant o de la Nación —si t uado f i scal—
com o de las ent ida des t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o
caso, el univer so d e esos r ecur sos le per t enecí a de f orm a
exclusiv a a los ent es loca les dado q ue ingr esaba n a s us
pr esupuest os en cal idad de r ent as exógenas y endógenas .
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t er r it or ial es
y/ o nacional izados s e convier t en en educador es naciona les ( i)
cuando en el act o de su vinculac ión i nt er viene, adem ás del
r epr esent ant e legal de la ent idad t er r it o r ial, el delega do
per m anent e del M inist er io de E duca ción Nac iona l com o
m iem br o de la j unt a admi ni st radora del r espect ivo f ond o
educat i vo regi onal , así , est e últ im o, cert if ique la vacanc ia d el
car go j unt o con la dispon ibi li dad pr esu puest al 1 3 ; y ( ii) por el

9Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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ar gum ent o de que los r ecur sos dest inados par a su
sost enim ient o t iene n su or igen o f uent e en la Nación.
vi) Prueba de cal i dad de docent e t e rri t ori al . Se r equier e
copia de los act os a dm inist r at ivos dond e const e el ví ncul o, en
los que adem ás se pueda est a blec er con suf icient e c lar id ad
que la plaza a ocupar sea de aquella s que el legisl ador ha
pr evist o com o t err it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede
acr edit ar con la r espect iva cer t if icac ión de l a aut or ida d
nom inador a que dé cuent a de m aner a inequí voca que el t i po
de vincul ación a l cu al se encuent r a som et ido el docent e of ic ial
es de car áct er t er r itor ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a enti dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, f r ent e al reconocim ie nt o de la
pensión gr acia, es la acr edit ación de la plaza a ocupar , esto
es, que sea de car áct er t er r it or ial o nacional izada, pues
conf or m e a los lin eam ient os f ij ados por la Sala en est a
pr ovidenc ia, en lo que r espect a a los educador es t er r it or iales,
el pago de sus acr eencias pr ovení a dir e ct am ent e de las r entas
endógenas de la r espect iva local idad, o de las exógenas —
si t uado f i scal — cuando se suf r agaban los gast os a tr avés de
los f ondos educat i vos regi onal es ; y en lo que t iene que v er
con los educador es naciona liz ados, las er ogaciones que est os
gener aban se enm ar can en los r ecur sos del si t uado f i scal , hoy
si st ema general de part i ci paci ones . » ( Resalt ado del t ext o
or igina l)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docent es pue den acceder a la p ensión gr ac ia ant es y
después del 29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando
acr edit en una vinc ulaci ón t er r it or ial o naciona lizad a con
ant elació n al 31 de d iciem br e de 1980 y c um plan con los dem ás
r equisit os le galm ent e est ablecidos par a su r econocim ient o». 10

10Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipa les, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2 La educación contratada

En relación con la educación contratada, esta Corporación en
sentencia del 24 de julio de 2008 11, con ponencia de la doctora
Bertha Lucía Ramírez de Páez, sostuvo lo siguiente:

«M ediant e la Ley 20 de 1974, se apr obó el Concor dat o y el
Pr ot ocolo Fina l ent re la Repúblic a de Colom bia y la Sant a Sede,
suscr it o en Bogot á el 12 de j ul io de 1 973 y sur ge la Edu cación
M isiona l Cont r at ada . Est a m odalidad de pr est ación de l s er vicio
educat ivo pos ib il it ó la am pl iaci ón de la educación en l os se ct or es
m ás apar t ados del paí s y en los ant iguos t er r it or ios nacionales a
t r avés de la suscr ipción de cont r at os ent r e el G obier no Naci onal y
la I glesia Cat ól ica.

“ ( …) Com o ser vicio a la com unidad en las zonas m ar ginadas,
necesit adas t em por alm ent e de un r égim en canónic o especi a l, la
I glesia colabor ar á en el sect or de la educación of icia l m ediant e

11 R ad ic ac ió n i n ter n a 2 3 87 - 2 0 06 .

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cont r at os que desarr ollen los pr ogr am as of iciales r espect iv os y
cont em plen las cir cunst ancias y exigen cias especí f icas de cada
lugar . Tales cont r at os celebr ados con el G obier no Naci on al se
aj ust ar án a cr it er ios pr eviam ent e acor dados ent r e ést e y la
Conf er encia Ep isco pa l, de conf or m idad con lo dispuest o en el
Ar t í culo VI . ( …) ”

Con el f in de des ar r ollar los cont r at os m encionados en la nor m a
t r anscr it a, el G obier no expidió e l Dec r et o 2768 de 1975, que
consagr ó nor m as par a la celebr ac ión de los cont r at os ent r e el
G obier no Naciona l y la I glesia Cat ól ic a y est ableció que ser í an
f ir m ados por el M in ist er io de Ed ucació n Nacion al a nom b r e del
G obier no Nacio nal y por el r espect ivo O r dinar io Com pet ent e a
nom br e de la I glesia, y t ienen com o obj et o la adm inist r ación por
par t e de est a de los cent r os educat ivos en el sect or de la educación
of icia l, su t enor lit er al es el sigu ient e:

“ Ar t í culo cuar t o. El nom br am ient o de r ect or es y dir ect or es, del
per sonal docent e, a dm inist r at ivo y de ser vicio, en los cent r os
educat ivos baj o cont r at o, se har á de acuer do con el sigui ent e
pr ocedim ient o:

1. El nom br am ient o de los r ect or es o dir ect or es de cada cen t r o
educat ivo o de cada conj unt o de cent r os educat ivos baj o r égi m en
cont r act ual, lo har á el M in ist er io de E du cación N acion al ent r e los
candidat os qu e pr es ent e el O r dinar io com pet ent e. ( …)”

El Decr et o 2484 de 1976 m odif icó el Decr et o 2768 de 1975 y
est ableció qu e el O r dinar io Com pet ent e ( I glesia Cat ólica)
pr esent ar á al M inist er io de Educación Nacion al los nom br es del
per sonal dir ect ivo, docent e y adm inist r at ivo de cada Cent r o
Educat ivo o de cada conj unt o de Cent r os Educat ivos, par a que est e
r at if ique las noveda des de per sona l, su t enor lit er al es el s ig uient e:

“ El M inist er io de E ducación N acion al pr oceder á a r at if icar las
novedades de per so nal de los Cent r os Educat ivos baj o cont r at o
de acuer do con el si guient e pr ocedim i en t o:
1. El Or dinar io Com pet ent e pr esent ar á al M inist er io de Educación
Nacion al los nom br es del per sonal dir ect ivo, docente y
adm inist r at ivo de ca da Cent r o Educat ivo o de cada conj unt o de
Cent r os Educat ivos. ( …) ”

M ediant e el Decr et o 2155 de 1987, se der ogar on los De cr et os
ant er ior es y en su lugar dispuso:

“ Ar t í culo 1º Los cont r at os que de conf orm idad con el ar t í culo
t r ece del Concor dat o, se celebr en ent r e el G obier no Nacional
y la I gle sia Cat ó lic a en el sect or de la educación of ic ial en la s

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zonas cont em plada s en el ar tí culo sext o del Tr at ado, se
aj ust ar án a las sigui ent es r eglas:

1. Los cont r at os ser án celebr ados po r el Pr esident e de la
Repúb lica y el M ini st r o de Educación Nacion al, o por este
últ im o, de conf orm idad con las nor m as sobr e com pet encia
vigent es al m om ent o de la f ir m a, en nom br e del G obier no
Nacion al y p or el r es pect ivo or din ar io co m pet ent e a nom br e de
la I glesia Cat ól i ca.

2. Los cont r at os t ienen com o obj et o la adm inist r ación por par t e
de la I glesia Cat ólic a de los Cent r os Educat ivos del Est ado y
de la I gles ia Cat ól ic a que se r igen por l as nor m as del Est ado
y cum plan los r equis it os f ij ados en est e Decr et o.

3. Par a ca da j ur isdicción ecl esiást ic a se celebr ar á un solo
cont r at o, en cuyos anexos quedar án enum er ados, por
r egiones, los inst it ut os docent es que sean obj et o de est e
r égim en cont r act ual.
En caso de que un a j ur isdicción ec lesi ást ica abar que var i as
j ur isdiccion es civi l es, se podr án hacer t ant os contr atos
cuant as sean la s j ur isdicciones civi les, según la s
convenienc ias o exi gencias le gales.

4. En cada cont r at o se est ablecer á la po sibi lid ad de su r evisi ó n
y act ualizac ión se gú n lo ex ij a el cam bi o de las c ir cunst ancia s
dur ant e su vigencia.

5. La dur ación de cada cont r at o ser á por un t iem po mí nim o de
t r es años y m áxim o de cinco, y podr án ser r enovados p or
acuer do ent r e las par t es.

6. Com o anexo de cada cont r at o f igur a un invent ar i o de lo s
bienes m ueb les e i nm uebles que p er t enezcan a cada cent r o
educat ivo.

7. Cuando el edif icio de l cent r o e ducat ivo de l Est a do
per t enezca a la I glesia Cat ólica, en el cont r at o se m encionar á
expr esam ent e el car áct er eclesiást ico de la pr opiedad d el
edif ic io.

8. Con car go a las sum as señaladas en l a ley de pr esupuest o
de cada año y su s adici ones, se pa gar án los sue ldos y
pr est aciones social e s del per sonal dir ect ivo docent e, docente
y adm inist r at ivo de los cent r os educat ivos baj o cont r at o, así
com o los gast os inh er ent es a la buen a m ar cha de los cent r os
educat ivos, sost eni m ient o de edif ic ios , ser vicios púb lico s,
m at er ial pedagóg ico y dem ás concept os que apar ezcan de nt r o

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de la ley de pr esupuest o. Las par t idas por apor t e de cesantías
y Ley 27 de 1974, las gir ar á dir ect ament e el M inist er io de
Educació n Nac iona l al Fond o Nac iona l d e Ahor r o y al I nst it ut o
Colom bi ano de B i enest ar Fam ili ar , de acuer do con l a
apr opiac ión pr esupu est al r espect iva.

9. Cada cont r at o r equier e par a su valide z:
a) Pago de im puest o de t im br e en la Adm inist r ación de
Hacien da Naci onal;
b) Apr obación y r egi st r o pr esupuest al;
c) Publicac ión en el DI ARI O O FI CI AL. (…) ”

Con la exped ición del Decr et o 1268 de 2001 que r eglam ent ó el
ar t í culo 200 de la Ley 115 de 1994 la com pet encia par a la
suscr ipción d e est os cont r at os con I glesias y C onf esione s
Rel igios as se t r aslado a las Ent idades Ter r it or iales con ca r go de
sus pr esupues t os, baj o la cont inua in spección y vig ilanc ia de l
M inist er io de Educa ción Nac iona l.

Lo ant er ior per m it e conclu ir que el cuer po docent e adscr it o a los
Cent r os Educat ivos Cont r at ados, cuyos nom br am ient os pr ovení an
por r at if icación del M inist er io de Educa ció n Nacio nal, ost ent aban el
car áct er de docent es Naciona les.

Lo ant er ior signif ica que los sueldos y pr est aciones socia l es del
per sonal d ir ect ivo d ocent e, docent e y a dm inist r at ivo de los cent r os
educat ivos baj o cont r at o, est ar án a car go de la Nación.

La educac ión cont r at ada se t r at a de una de las div er sas f or m as de
pr est ar educación p úblic a, ent endida c o m o aquell a que se f inanc ia con
r ecur sos of iciales, se of r ece en condicio nes de gr at uidad y debe llegar
a los sect or es soci ales m ás pobr es, en los que e l Est ad o no puede
pr opor cionar educa ción dir ect am ent e sino por int er m edi o de est os
cont r at os que quedan a car go de la Naci ón. [ …] » .

2.4 Caso concreto

En atención a las anteriores p recisiones, la Sala p rocederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verifica r si
a la demandante le asiste el derecho al reconocimie nto de la
pensión gracia, por cumplir con los requisitos legales.

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2.5 Análisis del caso concreto

Resulta necesario precisar que para acceder a la pensión gracia, la
interesada debe cumplir la totalidad de los requisitos, a saber: (i)
tener 50 años de edad o más; (ii) acreditar una vinculación
territorial o nacio nalizada con antelación al 31 de diciembre de
1980; (iii) haber servido en el magisterio como docente oficial un
por un término no menor a 20 años con una naturaleza jurídica del
vínculo territorial o nacionalizado; (iv) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta.

Así las cosas, revisado el expediente y con el objeto de resolver el
problema jurídico planteado, la Sala encuentra como probado lo
siguiente:

2.5.1 Edad

La señora Felisa Romero Montaño nació 7 de mayo de 1952 , por lo
que el 7 de mayo de 2002 cumplió 50 años de edad.

2.5.2. Tiempo de servicio

2.5.2.1 Vinculación entre el 21 de febrero de 1977 12 y el 21 de
noviembre de 2018 13.

Sobre el particular, se tiene que el Prefecto Apostólico de Guapi,
Fray José Miguel López Hurtado O.F.M. Coordinador de Educación
Pública, mediante Resolución 003 del 10 de enero de 1977 14,
nombró a la señora Felisa Romero Montaño como maestra del
municipio de Guapi, a saber:

12 De c on for m i da d c o n l a f ec ha de l ac ta d e p os es i ó n v is i bl e a fo l i o 4 0 de l
ex p e d ie nt e .
13 Fec ha de l ú l t im o c er t i fic a do de h is to ri a l a bo ra l ex p e d id o p or e l FO M AG ,

v is ib l e a f o li o 3 1 y 32 de l ex p ed i e nt e.
14 F o l i o s 3 7 y 3 8 d e l e x p e d i e n t e .

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«DEC RETO 003 de 1977
( Ener o 10)

«Por el cual se no m br a el per sonal A dm inist r at ivo, Dir ect ivo,
Docent e y de Ser v ic ios de l M inist er i o de Educació n Nac iona l de
la Pr ef ect ur a Apost ólica de G uapi

[ …] EL PREFEC T O APO STÓ LI CO DE G UAPI , FRAY J O SÉ
M I G UEL LÓ PEZ HURT ADO O . F.M . CO O RDI NADO R DE
EDUC ACI Ó N PÚBLI CA, d e conf or m idad con el cont r at o celebr ado
ent r e el M inist er io de Educación Na ciona l y la Pr ef ect ur a
apost ólica de G uapi , y en uso de las f acult ades que le concede
el decr et o Leg islat i vo No. 2768 de l 17 de dic iem br e de 1 97 7,
ar t í culo9°,
RESU ELVE

Nóm br ase el sigu ient e per sonal Ad m inist r at ivo, Dir ect ivo,
Docent e y de Ser v ic ios de l M inist er i o de Educació n Nac iona l de
la Pr ef ect ur a Apost ólica de G uapi, así :

[ …]
109. - FELI SA RO M ERO MO NTAÑO [ …]
CO M UNI Q UESE Y C UM PLASE
Fir m a Pr ef ect o Apost ólico de G uapi y Co or dinador de Educac ión
Públ ica
Fir m a Secr et ar ia G ener al de Super vis ión Naciona l de Educac ión de
G uapi».

De la vinculación de la referencia, la demandante tomó posesión
mediante Acta del 21 de noviembre de 1977 15, de conformidad con
lo siguiente:

15 F o l i o 40 del expediente.
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De conformidad con lo anterior, se advierte que el Prefecto
Apostólico de Guapi el Ministe rio de Educación Nacional y la
Prefectura Apostólica de Guapi, y en uso de las facultades que le
concede el Decreto Legislativo 2768 del 17 de diciembre de 1977 ,
efectuó el nombramiento .

Así las cosas, s e observa que la señora Felisa Romero Montaño,
desde el 21 de febrero de 1997 fungió como docente vinculada
mediante la educación contratada, en virtud del contra to suscrito
entre el Min isterio de Educación Nac ional y la Prefectura Apostólica
de Guapi.

Sobre el particular, se destaca que el Fondo Nac ional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, el 1 de noviembre de 2018,
certificó lo siguiente:

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Sumado a lo anterior, obra en el plen ario otra cert ificación emitida
el 5 de octubre del 2018 16 por el rector de la Institución Educativa
San José de Guapi por medio de la cual certificó que la actora
prestó sus servicios desde el 2 de febrero de 1977.

Ahora bien, el 15 de septiembre de 1977 17, se presentó ante el
Despacho del Ministerio de Educació n Nacional, con el fin de tomar

16 F o l i o 42.
17 CD d e h is tor i a l a bor a l o br an te a fo l i o 1 07 d e l ex pe d i en te .
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posesión del cargo de maestra de alfabetización de adultos, en
virtud de la Resolu ción 004 del 10 de enero de 1977 18, proferida por
el Prefecto Apostólico de Guapi, Fray José Miguel López Hurtado
O.F.M, a saber:

El anterior ca rgo, fue ratificado mediante Resolución 350 del 31 de
enero de 1978.

De esta manera, lo que constituye relevancia para determinar si la
docente tiene el derecho , o no, al reconocimiento de la pensión
gracia, es si ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980, y si se trató
de una vinculación de carácter territo rial o nacionalizad a.

18 Ib i d em .

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En ese o rden, es preciso resaltar que las vinculaciones que acreditó
la señora Felisa Romero Montaño con antelación al 31 de diciembre
de 1977, provienen de la educación contratada , lo anterior en
desarrollo del pro cedimiento dispuesto por el Decret o 2768 de
1975, modificado por el Decreto 2484 de 1976, aplicable al presente
caso según se expuso en el marco normativo relacionado ut supra .

Por tanto, el cuerpo docente adscrito a los centros educativos
contratados, cuyos nombramientos provenían por ratificación de l
Ministerio de Educación Nacional , en tanto el Ordinario Competente
(Iglesia Católica ) presentaba a dicho ministerio los nombres del
personal directivo , docente y administrativo de ca da Centro
Educativo o de cada conjunto de Centros Educativos, para que est e
ratificara las novedades de personal, ostentaban indudablemente el
carácter de docentes nacionales 19, pues tal y co mo se ha
mencionado previamente por esta Sala, el tiempo en que la
educación fue administrada por las denominaciones católicas, se
encontraban sujetas a las disposiciones y directrices expedidas por
el Ministe rio de Educación Nacional y financiadas con recursos
directos de la Nación.

Así, se colige que el carácter oficial de la Educación Misional
Contratada que se desarrolló en el p aís desde 1975 hasta el año
2001 y del cuerpo docente adscrito a los centros educativos
contratados cuyos nombramientos provenían por ratificación de
dicho ministerio , son de naturaleza jurídica nacional.

En esos términos , dado que el nombramiento de la aquí demandante
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 proviene del Ministerio
de Educación Nacional, no cabe duda de que se encuentra en la
literalidad del artículo 1 de la Ley 91 de 1989 que determinó que el

19 A l
respecto, véase la sentencia de 7 de abril de 2016 con radicado 15001-
23-31-000-2008-00002-01 (3261-2014) proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda.

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personal nacional corresponde a los docen tes vinculados por
nombramiento del Gobierno nacional.

Sumado a ello, la S ección Segunda de esta Corporación en reciente
sentencia de unifi cación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 20, dejó claro que para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, los docentes deben acreditar la vinculación
territorial o nacion alizada con antelación al 31 de diciem bre de 1980
y cumplir con los d emás requisitos legales, siendo así un requisito
indispensable para conceder esa prestación.

Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le queda duda que la accionante no
colmó los requisit os necesarios para acce der a la pensión gracia
dado que no acreditó la vinculación antes del 31 de diciembre
de 1980 del orden territorial o nacionalizado , sit uación que
impide continuar con el análisis de los demás requisitos
contemplados en las normas que regulan la materia.

En estas condicio nes, los argumentos expuestos por la apelante
carecen de fundamento fáctico y legal , por cuanto como quedó
demostrado, no cumpli ó la totalidad de los requisito s legales y
jurisprudenciales exigidos para ser beneficiari a de la pensión
reclamada.

3. Conclusión

Conforme a lo expuesto, a la señora Felisa Romero Mo ntaño no le
asiste el derecho a la pensión gracia, por lo que esta Subsección
confirmará la sentencia del 28 de abril de 2022 , proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca , por medio de la cual negó las

20Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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pretensiones de la demanda.

4. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas a la actora comoquiera que si bien en anteriores
oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectu ar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de las actuaciones
desplegadas por la demandante en las dif erentes etapas del
proceso, no puede observarse dicha situación, contrario a ello,
sustentó las razones en defensa jurídica de sus intereses y, por
ende, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Adm inistrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 28 de abril de 2022 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca , que negó las
súplicas de la de manda presentada por la señora Felisa Romero
Montaño contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecció n Social –
UGPP–, de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia.

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TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023 ).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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