Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2020-00001-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 88001-23-33-000-2020-00001-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 88001-23-33-000-2020-00001-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cinco (05) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 88001 23 33 000 2020 00001 01 (3337–2021)
Demandante: Lirva Martínez Watson
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de la
vinculación docente. Educación contratada. Vinculación nacional.
Carga de la prueba. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Confirma sentencia que niega pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 24 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
La señora Lirva Martínez Watson, por intermedio de apoderada judicial, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 006758 del 28 de febrero de 2019 y
RDP 014236 de 8 de mayo del mismo año, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP –, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia
y resolvió negativamente un recurso de apelación, respectivamente.
Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión en cita,
a partir del cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios, cuya
liquidación deberá efectuarse con inclusión de todos los factores salariales
devengados en el año anterior a la adquisición del status pensional. Y además
deprecó el pago de indemnización moratoria con fundamento en el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993.
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
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Demandante: Lirva Martínez Watson
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
La señora Lirva Martínez Watson nació el 12 de marzo de 1953 y prestó servicio
como docente en la Secretaría de Educación de San Andrés Islas así:
• Desde el 17 de febrero de 1975 hasta el 31 de enero de 1976.
• Desde el 28 de junio de 1976 hasta el 2 de febrero de 1993.
• Desde el 23 de marzo de 1993 en adelante.
Precisó que el 12 de marzo de 2003 se configuró el status pensional, fecha en la
cual cumplió 50 años de edad y contaba con más de 20 años de servicio como
docente nacionalizado.
Relató que el 26 de noviembre de 2018 radicó solicitud de reconocimiento y pago
de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa mediante los actos acusados de nulidad.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 2, 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política, así como las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989; que se cumplieron
con todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, sin
embargo, la entidad demandada negó el derecho prestacional de la docente, en
clara omisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
sobre el asunto.
1.4. Contestación de la demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, presentó escrito con el que se
opuso a las pretensiones de la demanda; señaló que la demandante no acreditó los
requisitos exigidos por la ley para ser beneficiario de la pensión gracia,
principalmente el haber estado vinculado como docente departamental, distrital,
municipal o nacionalizado por veinte años, por lo que considera que los actos
administrativos demandados se dictaron acorde a derecho. Así mismo, adujo que la
demandante acreditó tiempos de servicio de carácter nacional, pagados con
recursos del situado fiscal, tiempos que no pueden ser tenidos en cuenta para el
computo de la pensión gracia.
1.5. Sentencia de primera instancia
En decisión de 24 de marzo de 2021 el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina negó las pretensiones de la demanda.
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Demandante: Lirva Martínez Watson
Como sustento de lo anterior, indicó que las pruebas allegadas al expediente
demostraron que la mayor parte del tiempo laborado por Lirva Martínez Watson
como docente fue de vinculación del orden nacional; en ese sentido, expuso que
antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 la demandante únicamente
acreditaba 11 meses de servicio del orden territorial, por tanto, en consideración de
la sentencia C – 489 de 2000, proferida por la Corte Constitucional, no se acreditó
el cumplimiento de los requisitos con anterioridad al 29 de diciembre de 1989, esto
es, 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada y 50 años de edad,
razón por la cual determinó que no es beneficiaria de la pensión gracia.
1.6. Recurso de apelación
Lirva Martínez Watson, por intermedio de apoderada, presentó recurso de
apelación con el que solicitó revocar la decisión de primera instancia, pues
considera que, en atención a la jurisprudencia que sobre el tema se ha proferido, se
acreditó el cumplimiento de todos los requisitos para ser beneficiaria de la pensión
gracia, en tanto cumplió con la edad mínima requerida y prestó servicio docente con
una vinculación de naturaleza nacionalizada. De igual manera, señaló que los
dineros con los que fueron cancelados los salarios provenían del situado fiscal, hoy
Sistema General de Participaciones, y de acuerdo con ello la vinculación podría ser
de naturaleza territorial o nacionalizada, más no nacional.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Lirva Martínez Watson, la UGPP, el agente del Ministerio Público y la Agencia de
Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio en esta etapa procesal.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la
Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
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Demandante: Lirva Martínez Watson
en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Lirva Martínez
Watson, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con
anterioridad al 1° de enero de 1980, y los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para dicho
reconocimiento.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Así
mismo, la Ley 91 de 1989 requiere que el docente se haya vinculado al servicio
oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible
con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
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Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20185
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2 La educación contratada
En relación con la educación contratada, esta Corporación en sentencia del 24 de
julio de 20087, en demanda radicada en contra de CAJANAL, sostuvo lo siguiente:
«Mediante la Ley 20 de 1974, se aprobó el Concordato y el Protocolo Final entre
la República de Colombia y la Santa Sede, suscrito en Bogotá el 12 de julio de
1973 y surge la Educación Misional Contratada. Esta modalidad de prestación
del servicio educativo posibilitó la ampliación de la educación en los sectores
más apartados del país y en los antiguos territorios nacionales a través de la
suscripción de contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica.
“(…) Como servicio a la comunidad en las zonas marginadas, necesitadas
temporalmente de un régimen canónico especial, la Iglesia colaborará en el
sector de la educación oficial mediante contratos que desarrollen los
programas oficiales respectivos y contemplen las circunstancias y exigencias
específicas de cada lugar. Tales contratos celebrados con el Gobierno
Nacional se ajustarán a criterios previamente acordados entre éste y la
Conferencia Episcopal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo VI.
(…)”
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
7 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 88001-23-31-000-2004-00042-01 (2387-2006).
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Con el fin de desarrollar los contratos mencionados en la norma transcrita, el
Gobierno expidió el Decreto 2768 de 1975, que consagró normas para la
celebración de los contratos entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica y
estableció que serían firmados por el Ministerio de Educación Nacional a
nombre del Gobierno Nacional y por el respectivo Ordinario Competente a
nombre de la Iglesia, y tienen como objeto la administración por parte de esta
de los centros educativos en el sector de la educación oficial, su tenor literal es
el siguiente:
“Artículo cuarto. El nombramiento de rectores y directores, del personal
docente, administrativo y de servicio, en los centros educativos bajo contrato,
se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El nombramiento de los rectores o directores de cada centro educativo o
de cada conjunto de centros educativos bajo régimen contractual, lo hará el
Ministerio de Educación Nacional entre los candidatos que presente el
Ordinario competente. (…)”
El Decreto 2484 de 1976 modificó el Decreto 2768 de 1975 y estableció que el
Ordinario Competente (Iglesia Católica) presentará al Ministerio de Educación
Nacional los nombres del personal directivo, docente y administrativo de cada
Centro Educativo o de cada conjunto de Centros Educativos, para que este
ratifique las novedades de personal, su tenor literal es el siguiente:
“El Ministerio de Educación Nacional procederá a ratificar las novedades de
personal de los Centros Educativos bajo contrato de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
1. El Ordinario Competente presentará al Ministerio de Educación Nacional
los nombres del personal directivo, docente y administrativo de cada Centro
Educativo o de cada conjunto de Centros Educativos. (…)”
Mediante el Decreto 2155 de 1987, se derogaron los Decretos anteriores y en
su lugar dispuso:
“Artículo 1º Los contratos que de conformidad con el artículo trece del
Concordato, se celebren entre el Gobierno Nacional y la Iglesia Católica
en el sector de la educación oficial en las zonas contempladas en el
artículo sexto del Tratado, se ajustarán a las siguientes reglas:
1. Los contratos serán celebrados por el Presidente de la República y el
Ministro de Educación Nacional, o por este último, de conformidad con las
normas sobre competencia vigentes al momento de la firma, en nombre
del Gobierno Nacional y por el respectivo ordinario competente a nombre
de la Iglesia Católica.
2. Los contratos tienen como objeto la administración por parte de la
Iglesia Católica de los Centros Educativos del Estado y de la Iglesia
Católica que se rigen por las normas del Estado y cumplan los requisitos
fijados en este Decreto.
3. Para cada jurisdicción eclesiástica se celebrará un solo contrato, en
cuyos anexos quedarán enumerados, por regiones, los institutos docentes
que sean objeto de este régimen contractual.
En caso de que una jurisdicción eclesiástica abarque varias jurisdicciones
civiles, se podrán hacer tantos contratos cuantas sean las jurisdicciones
civiles, según las conveniencias o exigencias legales.
4. En cada contrato se establecerá la posibilidad de su revisión y
actualización según lo exija el cambio de las circunstancias durante su
vigencia.
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5. La duración de cada contrato será por un tiempo mínimo de tres años
y máximo de cinco, y podrán ser renovados por acuerdo entre las partes.
6. Como anexo de cada contrato figura un inventario de los bienes
muebles e inmuebles que pertenezcan a cada centro educativo.
7. Cuando el edificio del centro educativo del Estado pertenezca a la
Iglesia Católica, en el contrato se mencionará expresamente el carácter
eclesiástico de la propiedad del edificio.
8. Con cargo a las sumas señaladas en la ley de presupuesto de cada
año y sus adiciones, se pagarán los sueldos y prestaciones sociales del
personal directivo docente, docente y administrativo de los centros
educativos bajo contrato, así como los gastos inherentes a la buena
marcha de los centros educativos, sostenimiento de edificios, servicios
públicos, material pedagógico y demás conceptos que aparezcan dentro
de la ley de presupuesto. Las partidas por aporte de cesantías y Ley 27
de 1974, las girará directamente el Ministerio de Educación Nacional al
Fondo Nacional de Ahorro y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
de acuerdo con la apropiación presupuestal respectiva.
9. Cada contrato requiere para su validez:
a) Pago de impuesto de timbre en la Administración de Hacienda
Nacional;
b) Aprobación y registro presupuestal;
c) Publicación en el DIARIO OFICIAL. (…)”
Con la expedición del Decreto 1268 de 2001 que reglamentó el artículo 200 de
la Ley 115 de 1994 la competencia para la suscripción de estos contratos con
Iglesias y Confesiones Religiosas se trasladó a las Entidades Territoriales con
cargo de sus presupuestos, bajo la continua inspección y vigilancia del
Ministerio de Educación Nacional.
Lo anterior permite concluir que el cuerpo docente adscrito a los Centros
Educativos Contratados, cuyos nombramientos provenían por ratificación del
Ministerio de Educación Nacional, ostentaban el carácter de docentes
Nacionales.
Lo anterior significa que los sueldos y prestaciones sociales del personal
directivo docente, docente y administrativo de los centros educativos bajo
contrato, estarán a cargo de la Nación.
La educación contratada se trata de una de las diversas formas de prestar
educación pública, entendida como aquella que se financia con recursos
oficiales, se ofrece en condiciones de gratuidad y debe llegar a los sectores
sociales más pobres, en los que el Estado no puede proporcionar educación
directamente sino por intermedio de estos contratos que quedan a cargo de la
Nación. […]».
La anterior postura fue reiterada por esta Subsección A, en sentencia de 5 de
octubre de 2023.8
Lo anterior, quiere decir que los nombramientos de docentes a través de la figura
de la educación contratada tienen una vinculación de naturaleza nacional, en la
medida que se trataba una intermediación utilizada por el gobierno nacional para
8 Expediente 25000-23-42-000-2014-01786-01 (3442-2018) - C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez
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llegar a zonas apartadas del territorio nacional para suministrar servicios educativos
financiada con dineros del orden nacional.
2.4. Actuación administrativa
Lirva Martínez Watson radicó el 26 de noviembre de 2018 solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, lo cual fue negado a través de la Resolución RDP 006758 de 28 de febrero
de 20199, así:
«[…] conforme a los tiempos de servicio aportados se puede observar que estos
fueron prestados con nombramiento del orden nacional, en consecuencia no
hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada por
cuanto su vinculación a la docencia fue de carácter NACIONAL.»
Inconforme con la precitada decisión, la peticionaria interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto negativamente con la Resolución RDP 014236 de 8 de mayo
de 201910 expedida por el director de pensiones de la UGPP.
2.5. Caso concreto
En atención a lo anterior, para efectos de desatar la alzada estima la Sala que se
deberá verificar si la demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley
114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, principalmente las sentencias de unificación jurisprudencial previamente
descritas, para el reconocimiento de la acreencia pensional en discusión, como a
continuación se procede.
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
A. Edad
Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra probado que Lirva Martínez Watson nació el 12 de marzo de
195311, razón por la cual, el 12 de marzo de 2003 cumplió 50 años de edad.
B. Buena conducta
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
9 Folios 22 a 27 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del expediente digital que
se encuentra en SAMAI.
10 Folios 31 a 36 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del expediente digital que
se encuentra en SAMAI.
11 Copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 51 de los anexos de la demanda disponibles en el
índice 2 del expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.
C. Tiempo de servicio
Se rememora que en torno a exigencia legal gira la controversia, por lo que se
pasará a establecer si la actora cumple con el requisito de los 20 años de servicio,
como docente nacionalizado o territorial, según lo aduce en el recurso.
Pues bien, se observan las siguientes novedades laborales como docente oficial:
• De 17 de febrero de 1975 a 31 de enero de 1976.
En primer lugar, se observa que a través del Decreto 018 de 6 de febrero de 197512
la intendente de San Andrés y Providencia, en uso de sus atribuciones legales,
nombró a la señora Lirva Martínez Watson en la escuela Rubén Darío de la
Intendencia Especial de San Andrés y Providencia; de la copia del acto
administrativo anexada al expediente se observa lo siguiente:
«DECRETO NUMERO 016 de 1.975
(Febrero 6)
Por la cual se aprueba la Resolución No. 004 BIS de 1.975 de la
Inspección Nal. de Educación.
LA INTENDENTE DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
En uso de sus atribuciones legales,
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO, - Apruébase la Resolución 004 del veintisiete (27) de
enero de 1.975, emanada de la Inspección Nal. De Educación.
RESOLUCIÓN NUMERO 004 DE 1.975
(Enero 27)
Por el cual se aceptan unas renuncias, se hacen unos nombramientos, unos
ascensos, unos traslados y se declaran insubsistentes unos nombramientos en
el ramo de la educación.
El Prefecto Apostólico e Inspector Nacional de Educación Pública de la
Intendencia Especial de San Andrés y Providencia, en uso de sus atribuciones
que le confiere el artículo 9° del Convenio de Misiones de 1.953,
RESUELVE:
[…]
ARTICULO 2o. – Nómbranse a los siguientes profesores a partir del día 1o de
febrero del año en curso:
[…]
LIRVA MARTINEZ WATSON, para la Escuela Rubén Darío, en reemplazo de
ANIS LIVINGSTON, quien pasa a otra escuela, sueldo $3.630.o.
JUANA GOMEZ GOMEZ, para el Colegio de la Sagrada Familia, sueldo $3.630.o
[…]
12 Documento visible a folio 53 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del expediente
digital que se encuentra en SAMAI.
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Demandante: Lirva Martínez Watson
ARTICULO 6o. – Sométese la presente resolución a la aprobación de la señora
Intendente Especial de San Andrés.
ARTICULO 7o. – Los nombrados para Providencia Isla deberán tomar posesión
de sus cargos ante el señor Alcalde Municipal de esa Isla, y los de San Andrés,
ante la señora Intendente de San Andrés y Providencia, previos los requisitos
legales.
Dada en San Andrés, Isla, Intendencia Especial de San Andrés y Providencia, a
los veintisiete (27) días del mes de enero de mil novecientos setenta y cinco
(1.975). – FDO. Monseñor Antonio Ferrándiz Morales, Inspector Nacional de
Educación – FDO. Padre Antonio Otalvaro Zapata Secretario.
ARTICULO SEGUNDO, - El presente decreto rige a partir de la fecha de su
expedición.
Dado en San Andrés, Isla a los seis (6) días del mes de febrero de 1.975.»13
En consideración del acto antes transcrito, el 17 de febrero de 197514, la señora
Martínez Watson tomó posesión ante el Intendente encargado de San Andrés Islas,
como docente.
Sobre el mencionado tiempo de servicio, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina en certificado de 23 de abril de 2018, indicó que el tiempo de
vinculación de la docente Lirva Martínez Watson fue nacionalizado, así:
13 Documento visible a folios 39 a 43 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del
expediente digital que se encuentra en SAMAI.
14 Documento visible a folios 37 y 38 de los anexos de la demanda disponibles en el índice 2 del
expediente digital que se encuentra en SAMAI.
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Sobre el particular, se observa que en efecto la señora Lirva Martínez Watson prestó
servicio docente en San Andrés Isla desde el 17 de febrero de 1975 hasta el 31
de enero de 1976, tiempo que fue certificado por el FOMAG – Secretaría de
Educación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como una vinculación de
naturaleza nacionalizada, sin embargo, con el objeto de determinar si lo mencionado
está ajustado a la realidad, se entrará a analizar las circunstancias que rodean la
prestación del servicio.
Del Decreto 018 de 6 de febrero de 1975, se observa que fue expedido por la
Intendencia de San Andrés y Providencia, con el que se da cumplimiento a la
Resolución 004 de 27 de enero de 1975, proferida por el Prefecto Apostólico e
Inspector Nacional de Educación Pública.
Al respecto, se debe recordar que el cuerpo docente adscrito a los centros
educativos contratados, cuyos nombramientos provenían de la iglesia católica,
ostentaban indudablemente el carácter de docentes nacionales, pues tal y como se
ha mencionado previamente, el tiempo en que la educación fue administrada por
las denominaciones católicas, se encontraban sujetas a las disposiciones y
directrices expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y financiadas con
recursos directos de la Nación.15
Así, se colige que el carácter oficial de la Educación Misional Contratada que se
desarrolló en el país desde 1975 hasta el año 2001, así como del cuerpo docente
adscrito a los centros educativos contratados cuyos nombramientos provenían de
la iglesia católica, son de naturaleza nacional.
En esos términos, dado que los nombramientos de la aquí demandante con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 provienen de la figura de educación
15 Al respecto, véase la sentencia de 7 de septiembre de 2023 con radicado: 19001-23-33-000-2020-
00038-01 (3251-2022).
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contratada a través del Ministerio de Educación Nacional, no cabe duda de que se
encuentra en la literalidad del artículo 1 de la Ley 91 de 1989 que determinó que el
personal nacional corresponde a los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno nacional.
Por tanto, el periodo comprendido entre el 17 de febrero de 1975 al 31 de enero de
1976, en el cual la señora Lirva Martínez Watson prestó servicio docente en San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, no resulta válido para ser tenido en cuenta
en el computo para la obtención de la pensión gracia, pues como se explicó
previamente, este corresponde a una vinculación de naturaleza nacional.
• Del 28 de junio de 1976 al 2 de febrero de 1993.
Ahora bien, en cuanto a la segunda vinculación descrita por la demandante, la cual
se desarrolló entre junio de 1976 y febrero de 1993, al expediente se allegó
únicamente certificación expedida por el FOMAG – Secretaría de Educación de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde indicó que el tipo de vinculación fue
del orden nacional y contó con las siguientes novedades:
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En línea de lo anterior, el gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
en memorial allegado el 22 de octubre de 2020, por medio del cual se dio respuesta
a un requerimiento realizado por el tribunal en el trámite de la primera instancia,
indicó lo siguiente:
«En atención al oficio del asunto Radicado 88-001-23-33-2020-00001-00, me
permito informar que la docente pensionada y retirada LIRVA MARTINEZ
WATSON, identificada con la cedula de ciudadanía No.39.150.965 de San
Andrés, Isla, prestó sus servicios como docente con vinculación Nacional a
partir del 28 de junio de 1976 al 02 de febrero 1993 y del 23 de marzo de 1993
al 31 de agosto de 2017, según certificados de tiempo de servicio con números
consecutivos 1.131 y 1.132 de fecha 19 de octubre de 2020, adjuntos.
La docente fue de vinculación Nacional y desde su fecha de ingreso los recursos
para el pago de los salarios se transferían del Ministerio de Educación Nacional
al Fondo Educativo Departamental (Antiguo FER) por situado Fiscal y a partir
del ario 2001 con la ley 715 los recursos se asignan por el Sistema General de
Participaciones al Departamento Archipiélago.» (negrilla de la Sala)
De lo descrito previamente, se concluye que la demandante prestó servicio desde
el 28 de junio de 1976 hasta el 2 de febrero de 1993 como docente en la Institución
Educativa de la Sagrada Familia en San Andrés, actuación de la cual no se allegó
copia del acto administrativo de nombramiento o posesión. No obstante, de las
certificaciones allegadas y puestas de presente en los párrafos precedentes, se
desprende que la naturaleza de su vinculación fue nacional, circunstancia que no
logró desvirtuar la parte demandante, pues no se allegó documentación o material
probatorio suficiente para demostrar que se trataba de una vinculación de
naturaleza diferente, bien sea, territorial o nacionalizada.
Al respecto, vale la pena poner de presente que quien demanda tenía pleno
conocimiento que el motivo que generó el rechazo de la pensión gracia por parte de
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Demandante: Lirva Martínez Watson
la UGPP, fue la naturaleza de la vinculación docente, pues ante la mencionada
entidad se allegaron los mismos certificados laborales que indicaron que el carácter
de la vinculación era nacional, sin embargo, la interesada no aportó nuevos
elementos de prueba que pudieran llevar al convencimiento pleno de la prestación
real del servicio docente en la modalidad exigida para efectos del reconocimiento
de la prestación en comento, es decir, territorial o nacionalizado.
Resulta relevante indicar, que el escrito de apelación se encaminó a controvertir la
sentencia de primera instancia por no considerar la prestación del servicio antes de
diciembre de 1980 como docente del orden territorial o nacionalizado, sino como
nacional, sin que la parte demandante hubiere aportado, como se dijo, material
probatorio que respaldara su reclamación.
En punto a la carga de la prueba, se tiene que el artículo 167 del Código General
del Proceso, prevé que «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», por lo que era la actora la que
tenía la carga de demostrar el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento
de la pensión gracia deprecada, lo cual, se itera, no ocurre, en tanto no demostró
haber desempeñado la labor docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980
con una vinculación de naturaleza municipal, departamental, distrital o
nacionalizada.
En similar sentido, la Corte Constitucional se pronunció respecto de la carga de la
prueba en materia pensional cuando existan inconsistencias en la historia laboral
del solicitante, al respecto, la sentencia SU-182 de 2019 señaló:
«En este punto es importante precisar que la carga de la prueba sobre las
posibles inconsistencias o irregularidades recae, en principio, sobre la
administradora de pensiones, pues “el trabajador sigue siendo el sujeto jurídico
más débil del sistema, por lo cual merece una especial protección del Estado”16.
Además, la administradora cuenta con “mejores y mayores elementos de juicio
que le permitan adoptar una decisión más fiel a la realidad de los hechos que
se le plantean”17. Pero cuando la administradora de pensiones presenta una
“justificación bien razonada”, soportada en medios probatorios que
advierten razonablemente sobre una inconsistencia o una irregularidad en
la historia laboral, le corresponde al afiliado desvirtuar tal hecho. En
términos similares, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que, frente
a una “censura fundada” de la administración, la carga de la prueba se traslada
al afiliado, quien podrá hacer uso de los distintos medios probatorios a su
alcance.18 » (Negrilla de la Sala)
16 «Sentencia C-177 de 1998. MP. Alejandro Martínez. Reiterada recientemente en la Sentencia T-
376 de 2018. MP. José Fernando Reyes.»
17 «Sentencia C-177 de 1998. MP. Alejandro Martínez. Reiterada recientemente en la Sentencia T-
376 de 2018. MP. José Fernando Reyes.»
18 «“En su defensa el demandante se limitó a hacer apreciaciones generales sobre la presunción de
buena fe sin desvirtuar el cargo que le hizo la demandada, el cual fue reiterativo en señalar que
nunca prestó servicios al Municipio. En este aspecto confunde el demandante la carga de la prueba,
pues en este caso, frente a una censura fundada de la administración, le correspondía desvirtuar tal
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Así, es claro que la señora Lirva Martínez Watson al conocer la circunstancia que
rodea su historia laboral, que impide el reconocimiento perseguido, tenía la
obligación de aportar el material que consideraba podía corregir la presunta
inconsistencia presentada y así la prosperidad de sus pretensiones.
De manera que, en cuanto a la naturaleza de la vinculación acá estudiada, es decir,
correspondiente al periodo transcurrido entre el 28 de junio de 1976 y el 2 de febrero
de 1993, la Sala considera que la parte demandante no aportó elementos
necesarios para demostrar que fueron del orden territorial o nacionalizado y, por
tanto, se le da plena validez a las certificaciones allegadas al expediente en donde
se indica de manera clara y expresa que el carácter de la vinculación acaecida en
junio de 1976 fue del orden nacional, por lo que se encuentra excluida la actora de
la prestación deprecada. Al respecto, la Sección Segunda en sentencia unificación
SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022 se sentó la siguiente regla
jurisprudencial:
«Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar la
siguiente regla en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo 15,
numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión
gracia de jubilación:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.»
(Negrilla de la Sala)
Sin mayores disquisiciones sobre el particular, no existe duda de que la vinculación
como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 es un
requisito sine qua non para la obtención de la pensión gracia, y al no acreditarse la
prestación del servicio es claro que no se tiene derecho a lo reclamado, relevándose
la Sala de revisar el cumplimiento de los demás requisitos de ley.
Ahora bien, vale la pena aclarar que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no se ajusta a las
normas y a la jurisprudencia vigente para el estudio de la pensión gracia, pues no
resulta correcto exigir el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicio
para la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, en la medida que la norma en
mención no determina ese presupuesto dentro de su texto, circunstancia aclarada
en la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022
en que la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
acusación, demostrando por los diversos medios probatorios que efectivamente fue empleado del
citado Municipio, en las fechas que dice haber desempeñado los diferentes empleos a que hace
alusión en su demanda”. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP: Ana
Margarita Olaya Forero Sentencia del 16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000-
1997- 8732-02 (IJ 029).»
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Demandante: Lirva Martínez Watson
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».19
La anterior sentencia de unificación jurisprudencial definió que tendría efectos
retrospectivos, razón por la cual resulta de obligatoria aplicación para aquellos
casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
2.6. Conclusión
Conforme el análisis anterior, estima la Sala que la señora Lirva Martínez Watson
no cumplió con el requisito mínimo de haber contado con una vinculación como
docente del orden territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, por tanto, se confirmará la decisión dictada en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el sentido
de negar las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
2.7. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 24 de marzo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio del
19 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Demandante: Lirva Martínez Watson
cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por la señora Lirva
Martínez Watson en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de
acuerdo con las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
AUSENTE EN COMISIÓN
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
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